domingo, 18 de mayo de 2008



Veinte meses de López





Hoy se cumplen veinte meses de la desaparición de Julio López. En ese contexto, varios organismos de derechos humanos harán una jornada de protesta y marcharán a las 18 a la Casa de Gobierno de La Plata para reclamar por la aparición con vida del testigo del juicio al represor Miguel Etchecolatz y en contra de la paralización de la causa. Tal como sucede en los últimos meses, las organizaciones levantarán como consigna “aparición con vida” del albañil en la programación de actividades que comenzarán con una radio abierta instalada desde las 14 en la Plaza Italia, calles 7 y 44.


NO SIEMPRE LO LEGAL ES JUSTO…


Argentina, es el país que lidera la defensa inclaudicable de los Derechos Humanos en América Latina por eso me llama poderosamente la atención que la Fiscalia Federal de Azul, no haya actuado oportunamente respecto a la nota Editorial del Diario EL TIEMPO que consideró "como un acto de amor la apropiación de los hijos de detenidos/desaparecidos,as, nacidos en cautiverio". hecho que ocurrió en el marco de la OPERACIÓN CONDOR. PACTO CRIMINAL, planificada y monitoreada desde Washington.

Comparto y apoyo solidariamente a la Asamblea por la Memoria, la Justicia y la Verdad de Azul en su condena a tan atrevida, ofensiva afirmación y espero la reaccion de la Fiscalia acusando al Director propietario del Diario El Tiempo por el grave delito de la APOLOGIA DEL CRIMEN que se merece Pena de Cárcel, según la legislación penal argentina. La lucha contra la impunidad de las más graves violaciones a los DDHH ocurridas en Argentina y en los países de nuestra América, debe ser sostenida en todos los frentes hasta lograr que la Justicia sea la garantía de una sociedad auténticamente democrática.

El mundo al revés. La Justicia de Azul finalmente se convierte en verdugo de los Miembros de la APDH, Luz Ramallo y José Luis Álvarez a quienes debiera resguardar o proteger. Esto es una aberración Jurídica que vengo a denunciar públicamente en mi condición de PREMIO NOBEL ALTERNATIVO DE LA PAZ, MIEMBRO DEL COMITÉ EJECUTIVO DE LA ASOCIACION AMERICANA DE JURISTAS y como descubridor de los ARCHIVOS DEL TERROR DEL PARAGUAY, llamado también ARCHIVOS SECRETOS DE LA OPERACIÓN CONDOR.

Como una medida de garantía, solicito que representantes de la Secretaria de DD.HH., de Amnistía Internacional y del Servicio de Paz y Justicia asistan en calidad de OBSERVADORES en el Juicio Oral y Público que tendrá lugar en la Ciudad de Azul el próximo 19 de mayo a las 9.oo am.


DR. MARTIN ALMADA










El paísDomingo, 18 de Mayo de 2008
A COMIENZOS DEL AÑO PROXIMO SE REALIZARIA EL PRIMER GRAN JUICIO ORAL SOBRE LOS CRIMENES DE LA ESMA
El esperado banquillo de Astiz y Cía.

El juez Sergio Torres elevó a juicio oral 80 casos de torturas y desapariciones de la ESMA. Es el expediente que estuvo paralizado durante cuatro años en Casación. El tribunal prepara un proceso emblemático para principios de 2009.
Por Irina Hauser
Un tramo fundamental de la causa sobre los crímenes cometidos en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), el mismo que usó la Cámara de Casación Penal para trabar su reapertura durante los cuatro años posteriores a la anulación legislativa de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, finalmente fue elevado a juicio la semana pasada. Así lo dispuso el juez federal Sergio Torres en una resolución que envía al banquillo a nueve represores acusados por 80 casos de secuestros, torturas y desapariciones en el centro clandestino que conducía Emilio Eduardo Massera. Entre ellos figuran Alfredo Astiz y Jorge "El Tigre" Acosta. El expediente ya está en manos del Tribunal Oral Federal No 5 (TOF 5), que lo juntará con otros casos de la ESMA que esperan sentencia. Con este nuevo escenario, a comienzos del año que viene se realizaría el primer gran juicio oral sobre los crímenes cometidos en el emblemático campo de tormentos y exterminio de la Armada.
Los casos que Torres elevó la semana pasada estaban en condiciones de ser llevados a juicio en septiembre de 2003, cuando la Cámara Federal ordenó desarchivar las megacausas sobre violaciones a los derechos humanos como consecuencia de la anulación de las leyes de impunidad resuelta por el Congreso. Pero el represor Raúl Scheller apeló y la Cámara de Casación omitió pronunciarse sobre el tema hasta que tuvo que hacerlo por orden de la Corte Suprema en octubre del año pasado, que advirtió que semejante demora reflejaba una "gravedad inusitada". El caso se convirtió en el símbolo de las trabas de Casación para enjuiciar a los responsables de los crímenes dictatoriales.
Finalmente Torres pudo firmar el 8 mayo la elevación a juicio de nueve integrantes de la patota de la ESMA: el capitán de fragata Jorge "El Tigre" Acosta, el ex teniente Alfredo Astiz, el prefecto Juan Antonio Azic, el médico Carlos Octavio Capdevilla, el ex jefe de Operaciones Adolfo Miguel Donda (tío de la diputada Victoria Donda, nacida en cautiverio precisamente en la ESMA), el prefecto y ex jefe de Operaciones Navales Manuel Jacinto García Tallada, el vicealmirante Oscar Antonio Montes, el oficial Raúl Enrique Scheller y el teniente Antonio Pernías. La lista original incluía también al prefecto Héctor Febres, el primero que llegó a juicio por crímenes en la ESMA, aunque el proceso terminó abruptamente días antes de la sentencia con su muerte por envenenamiento. Febres no estaba preso en una cárcel común sino en una sede de la Prefectura, donde gozaba de condiciones de privilegio.
Por el campo de concentración que funcionó en la ESMA pasaron más de cinco mil víctimas. La megacausa a cargo de Torres tiene 124 implicados, de los cuales 50 se encuentran procesados con prisión preventiva, según los últimos datos recogidos por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS). Alrededor del 50 por ciento de los detenidos está alojado en el penal de Marcos Paz y un porcentaje similar cumple arresto domiciliario. El organismo ha planteado que por la magnitud del caso y por representar con claridad el plan de exterminio de la última dictadura, sería necesario realizar un solo juicio sobre la
ESMA, algo prácticamente imposible a esta altura, señalan, en la medida en que el expediente se fue haciendo por partes, separando hechos puntuales y grupos de imputados.
Antes del juicio a Febres, de hecho, la fiscal de la Procuración General Mirna Goransky, asignada a la megacausa ESMA, le pidió a la Corte que usara sus facultades de superintendencia para ordenar la unificación de las causas. Pero no hubo respuesta.
Hasta ahora, el Tribunal Oral 5 recibió expedientes muy específicos vinculados a la Marina. Uno es el que se refiere al asesinato del escritor y periodista Rodolfo Walsh. Por este crimen fueron procesados una decena de represores, entre ellos, Astiz, Acosta y el fallecido Febres. También están listos para enjuiciamiento Donda, por trece hechos aparte, Capdevilla por uno y Montes por dos. Incluso fue cerrada y elevada parte de la investigación sobre la apropiación de bienes de los desaparecidos, para lo cual los represores de la Marina montaron una estructura paralela a la que se dedicaba a la tortura y el exterminio.
Fuentes judiciales consultadas por este diario señalaron que, esta vez, la intención del tribunal oral es "acumular" todos estos casos en un solo juicio que se iniciaría en el primer semestre de 2009. Luego se realizaría, al menos, un segundo proceso sobre la ESMA. Estos juicios se diferenciarían del flaco expediente de Febres. Serían representativos de lo ocurrido en la ESMA ya que incluirían una cantidad importante de represores y de víctimas.
La resolución firmada por Torres la semana pasada incluye un relato pormenorizado acerca de 80 casos de secuestros, torturas, asesinatos y desapariciones cometidos por los grupos de tareas de la ESMA, que fueron reconstruidos con los relatos de los sobrevivientes. También se describen las responsabilidades de cada uno de los genocidas que irán al banquillo, varios de ellos verdaderos iconos del terrorismo de Estado.
Entre los hechos descriptos se incluye el secuestro de las monjas francesas Alice Domon y Léonie Duquet y el grupo de fundadoras de Madres de Plaza de Mayo, en diciembre de 1977, que se reunían en la Iglesia Santa Cruz en busca de sus hijos desaparecidos. Astiz se había infiltrado entre ellos haciéndose pasar por hermano de un desaparecido y fue una pieza determinante en el operativo con que la Armada intentó desarticular ese naciente movimiento de derechos humanos en plena dictadura.
Cuando el represor Scheller cuestionó en 2003 la reapertura de la megacausa ESMA ante la Cámara de Casación, el planteo quedó en manos de la Sala IV de ese tribunal conocida también como "sala militar". Desde un comienzo, los abogados Rodolfo Yanzón y Mónica González Vivero, representantes de víctimas de la ESMA, advirtieron sobre los malos precedentes de los camaristas de esa sala para avanzar en juicios por violaciones a los derechos humanos. Por si quedaban dudas, el propio ex presidente de la Cámara, Alfredo Bisordi, llamó "delincuente terrorista" a la ex detenida desaparecida Graciela Daleo. Casación, como mostró este diario en febrero del año pasado, se convirtió en el principal obstáculo para llegar a los juicios. Desde el año pasado, renunciaron varios camaristas en proceso de juicio político y la situación de Bisordi –a quien el Gobierno no le aceptó la renuncia– todavía está en veremos.
La apelación de Scheller y su indefinición se convirtieron en un caso emblemático de aquella máquina de impedir y podría decirse que recién ahora comienza el fin de un proceso en el que los organismos de derechos humanos vienen luchando por desatar el nudo.
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El paísDomingo, 18 de Mayo de 2008
OPINION
Descentralizar las causas

Por Rodolfo Yanzón *
El juez federal Sergio Torres envió al tribunal oral parte de los hechos cometidos en la Escuela de Mecánica de la Armada. Se trata de unas ochenta víctimas por las que deberá responder una decena de represores, entre los que están el Tigre Acosta y el Cuervo Astiz. Este tramo de la investigación es el que la Cámara Nacional de Casación Penal había obstruido a fines de 2003. Se sumará a los casos que estaban en el tribunal oral –respecto de los represores Donda, Montes y Capdevilla–; al de Rodolfo Walsh y al de la masacre de la iglesia de la Santa Cruz. Implica que el próximo juicio por los crímenes cometidos en la ESMA será por casi un centenar de víctimas y por una parte del elenco estable de represores.
Existen dos puntos que continúan siendo inquietantes: la protección a los testigos y la agilización de las causas. A la ausencia de decisiones se suma la falta de resultados positivos en las investigaciones por Jorge Julio López, Gerez, Puthod y distintas amenazas. En el plano judicial, en la ciudad de Buenos Aires el principal escollo es que un solo tribunal oral (el número 5) tiene asignado todos los casos de los centros clandestinos que dependieron del I Cuerpo de Ejército y el de la ESMA. La causa por el Plan Cóndor (asociación ilícita conformada por dictaduras para perseguir y eliminar a opositores políticos y que en nuestro país utilizó el centro clandestino Automotores Orletti) está radicada en el Tribunal Oral 1. Teniendo en cuenta que se realizará un juicio oral grande por la ESMA, y que en breve el juez Daniel Rafecas –a cargo de la causa I Cuerpo de Ejército– elevará a juicio oral múltiples casos de los centros Vesubio, Orletti y del circuito Atlético, Banco y Olimpo, dichas causas deberían distribuirse en otros tribunales orales. La causa por el centro clandestino Orletti debería quedar radicada en el Tribunal Oral
N 1 (porque tiene la del Plan Cóndor) y las otras causas deberían ir a otros. Para ello sólo se necesitan pocas decisiones de parte de los jueces involucrados. Ello implicará la agilización de los juicios y un paso importante para comenzar a proteger a los testigos.
* Fundación Liga Argentina por los Derechos Humanos.
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Santa Fe Domingo, 18 de Mayo de 2008
OSCAR BLANDO, EL DIRECTOR PROVINCIAL DE PROGRAMAS DE DERECHOS HUMANOS
Decisiones para proteger a testigos
Será encargado del programa de protección de testigos en las causas por Terrorismo de Estado de Santa Fe. Algo que no es sencillo porque muchos no quieren protección policial.

Blando es un abogado de larga experiencia en derechos humanos.
Por José Maggi
Oscar Blando fue designado en la Dirección Provincial de Programas de Derechos Humanos, del que depende el Programa de Protección de testigos y querellantes. Desde ese lugar esta diseñando el programa dirigido a las víctimas de la represión durante la última dictadura que este mismo año van a sentarse frente a sus victimarios en la justicia federal . Este abogado ligado a la defensa de los derechos humanos, es hijo de Manuel Blando quien fuera presidente de la CONADEP Rosario, que recabara las primeras denuncias contra el terrorismo de estado. Entre los puntos destacados Blando propuso que el personal policial que brinde la seguridad entre los testigos sea seleccionado por los propios organismos de derechos humanos entre los hombres de las Tropas de Operaciones Especiales, la tropa de elite de la fuerza provincial.
"La decisión de crear este programa surge del propio gobernador Hermes Binner que lo remarcó en su discurso del 1º de mayo. La idea básica del programa de protección de testigos de causas federales por genocidio o delitos de lesa humanidad, es la de la prevención, por lo tanto es una desafío pensarla en términos de seguridad y dentro del estado democrático. Hoy el Estado tiene el desafío de proteger a sus ciudadanos, y muy particularmente a estos ciudadanos: la otra gran cuestión es la necesidad de que estos testigos con su prueba testimonial lleguen a las causas federales y aporten a las mismas" señala Blando.
En el mismo sentido remarca que "esto tiene que estar alejado de las políticas oficiales y de la oposición. Concretamente pienso en el justicialismo que es oposición, del que necesitamos apoyo y colaboración como principal partido opositor. Más aun cuando muchos de sus militantes son testigos y fueron víctimas. Por lo tanto desde este punto de vista esto debe estar alejado de cualquier cuestión en ese sentido". Para el flamante funcionario es importante que "sea un civil el que esté a la cabeza de este programa, como es mi cargo".
"La otra gran cuestión -apunta- es el involucramiento de los organismos de derechos humanos que son parte fundamental de la cuestión, además de los abogados patrocinantes en las causas, y con ellos vamos a hablar ya que son quienes pueden dar las mejores y más fidedignas informaciones. Por eso vamos a hacer esta semana con la secretaria de Derechos Humanos Maria Bressa, la primera reunión con la Comisión de Derechos y Garantías de Diputados y los abogados patrocinantes, así como con los organismos de derechos humanos de Rosario para darle información concreta acerca de la idea que tiene el gobierno sobre este tema. Por eso los detalles técnicos se los vamos a brindar primero a ellos.
-¿Cuáles son las ideas fuerza del programa de protección de testigos?
-Está en marcha un decreto provincial que establece las reglas generales. La idea es que este no es un programa de protección eminentemente de seguridad en términos tradicionales policiales, sino que hay ejes esenciales: uno es el de la Seguridad, el otro el de la Asistencia y el restante del Monitoreo de las causas judiciales. En a cuanto a la Asistencia se prevé que sea jurídica, médica, psicológica, asi como las necesidades básicas que requieran, asi como la gestión de trámites. Es decir todo lo que tienen que ver con facilitarle lo que necesiten los testigos. En cuanto a la seguridad es el tema más sensible: aquí se crea una Unidad Especial que con personal capacitado y especializado, que dependerá directamente el Ministro Daniel Cuenca.
-¿Cuál es la premisa en este programa de protección?
La protección de la vida y la integridad es lo sustancial, la idea es proteger y prevenir, por lo cual habrá normas que regirán el trabajo del personal que va a trabajar en este tema. Estas reglas marcaran como serán usadas las armas en casos necesarios, anteponer al éxito de la actuación la preservación de la vida en general y la integridad física, psíquica y moral de las personas a proteger así como el respeto irrestricto a los derechos humanos. Estas son las líneas que se van a bajar para que se trabaje.
-En la anterior administración se habían adquirido pulseras para identificar el lugar donde se encontraba cada testigo. ¿Qué piensan hacer con este tema?
-Hay un convenio que se cayó, pero las críticas que se hacían es por el poco alcance y duración de esas pulseras, y el otro punto criticado por los posibles usuarios es que los tenían identificados las 24 horas.
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Los organismos de derechos humanos exigimos un eficaz sistema de protección a testigos y ser recibidos por el gobernadorRepresentantes de organismos de derechos humanos de la provincia manifestaron su preocupación por el secuestro de Juan Evaristo Puthod, quien estuvo desaparecido durante 24 horas. Ante ello exigieron la implementación de un efectivo sistema de protección a testigos en el ámbito provincial ante el avance que han registrado las causas tanto en Paraná como en Concepción del Uruguay. En ese marco, consideraron que hechos como el de Puthod demuestran la gravedad de la situación que están viviendo quienes tienen que atestiguar y por eso volvieron a reclamar que los represores estén presos en cárceles comunes y con prisiones efectivas. En ese marco, volvieron a reclamar ser atendidos por el gobernador Sergio Urribarri (foto), tal como vienen planteando desde octubre pasado sin respuestas, para discutir sobre este tema y la política oficial en el tema, como también la permanencia de funcionarios vinculados a la dictadura en la estructura del Estado. Asimismo, coincidieron en que se trata de un problema "que excede a los ex presos o a las víctimas de la dictadura y que es parte de todos los argentinos".María Luz Piérola abrió la conferencia manifestando que "siempre hemos exigido que la garantía para que estos hechos no sucedan y que los juicios sean efectivos, que se lleven a cabo todos los juicios en Argentina y que los genocidas estén en cárceles comunes y con prisión efectiva", al tiempo que remarcó que "hemos solicitado la protección a testigos, querellantes, abogados y jueces, porque las intimidaciones se han repetido, no son menores y demuestran que los represores siguen siendo fuertes, que siguen estando y que no van a soportar sus prisiones. Entonces debemos contrarrestar esto con una movida colectiva y la exigencia para que de una vez por todas haya juicios para todos los genocidas". En ese sentido, insistió en el pedido de audiencia con el gobernador Urribarri, ya que "hemos solicitado que nos reciba en forma individual y también en forma colectiva, para trabajar esta política de derechos humanos y un sistema de protección a testigos, porque consideramos que la única forma de protección es que la provincia se haga parte y garantice lo garantice. Pero hasta ahora no hemos tenido respuestas".Por su parte, el referente de la Asociación de ex Presos La Solapa Darío Olivera expresó que "los hechos que se han venido sucediendo, primero con Jorge Julio López y ahora con Juan Puthod demuestran la gravedad de la situación que están viviendo los que tienen que atestiguar en las causas por violaciones a los derechos humanos; pero eso nuestra preocupación es que esto siga sucediendo en momentos en que los juicios avanzan".Eduardo Ayala, también de La Solapa, acotó que "si bien esto trasciende el ámbito provincial, es bueno remarcar que el objetivo es lograr un contacto con el gobierno porque lamentablemente estamos ante una problemática que está vigente. Nosotros tenemos antecedentes de amenazas, hay procesos iniciados y eso se pondrá más caliente con el tiempo a partir del avance de los juicios. Por eso sería importante tener un contacto con el gobierno para avanzar en la garantía de protección a los testigos".En tanto, Cristela Piérola, de Afader, advirtió que "no sólo queremos reclamar al gobierno, sino que pretendemos llegar a toda la sociedad, para que entendamos que esto nos está pasando a todos; es un problema que excede a los ex presos o a las víctimas de la dictadura, sino que es parte de un problema de todos los argentinos y todos debemos hacernos cargo de lo que está pasando", insistió.Asimismo, Julián Froidevaux, de H.I.J.O.S. Regional Paraná, remarcó que "los responsables y ejecutores del genocidio se mueven sobre una base de impunidad y en un pacto de silencio que lo mantienen entre todos y no están dispuestos a romperlo. En algunos momentos revienta para el lado de Paúl Navone; pero cuando pueden organizarse mejor, pasa lo que ocurrió con Juan Puthod, Luis Gerez y Jorge Julio López. Quien tiene que responder principalmente es el Poder Judicial en su conjunto, es su deber histórico hacerlo y los jueces federales deben llevar a las cárceles comunes, con prisión perpetua y efectiva a todos los genocidas y sus cómplices".Respecto de la forma de implementación de un sistema eficaz para la protección de testigos, querellantes, abogados y funcionarios judiciales, María Luz Piérola remarcó que "la garantía fundamental es que estos tipos estén presos, quitándoles cada vez más el poder que tienen. Pero paralelamente, el Estado debe garantizar las custodias, aunque cada uno tiene derecho a decidir si la quiere o no; además de afinar los detalles para garantizar entre nosotros la seguridad porque estos tipos han demostrado que siguen siendo peligrosos".Ayala acotó que "nosotros no estamos en condiciones de desarrollar tareas de inteligencia o contrainteligencia, nuestro objetivo es mantener viva la memoria y con la verdad llegar a la justicia; es el Estado el que debe abusar de todos sus mecanismos para garantizar la seguridad. Otro punto a tener en cuentas es que si hay funcionarios que tienen la ideología de la dictadura, no se puede tener la garantía de que no se cuelen cosas y que no haya una seguridad plena. Por eso, lo primero que hay que hacer es desmantelar este aparato y apartar a esta gente, ellos no pueden participar de los ámbitos de gobierno porque es como tener el zorro dentro del gallinero".Olivera coincidió y apuntó además que "estas cuestiones exigen que las autoridades mantengan un diálogo con los organismos de derechos humanos para coordinar cómo se hace efectiva la protección pero hasta ahora no hemos tenido oportunidades para conversar ni siquiera cuál es la política de derechos humanos de este gobierno. Entonces, el Poder Ejecutivo debe hacerse cargo de llevar adelante una política concreta de derechos humanos, protección a testigos y aceleración de las causas".Hacia fines de 2006, Piérola fue amenazada por carta y un automóvil estuvo apostado en la puerta de su casa. Sin embargo, la dirigente señaló que "no sólo no se llegó nada sino que la causa se archivó y se desarchivó nuevamente por pedido de Jorge Auat (titular de la Unidad de Coordinación y Seguimiento de las causas). Evidentemente, también en el Poder Judicial hay cómplices de la dictadura. Pero aquí no hay una custodia en serio, porque se ponen por un período y luego se sacan".En ese sentido, comentó que el propietario del automóvil que estuvo apostado en su casa es el sargento Carlos Roberto Piriz, uno de los militares que está siendo juzgado en Corrientes por su actuación en el centro clandestino de detención que funcionó en el Regimiento de Infantería 9 de la capital provincial. "Esto demuestra que no es casual lo que pasó, que los tipos siguen operando, que mantienen sus conexiones en todos los puntos del país y que manejan un dinero importante para hacer este tipo de cosas".En el mismo sentido, el abogado de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, José Iparraguirre, manifestó que "los organismos de derechos humanos no pueden sino presionar públicamente y reclamar al Estado para que tome las medidas que debe tomar, pero la responsabilidad principal de dar seguridad es del Estado. La detección de focos neonazis, fascistas y pro-dictadura que existen en la provincia es parte de una tarea de inteligencia que debe desarrollar el Estado a través de la policía o de los mecanismos administrativos y también del poder Judicial, para detectarlos y desmantelarlos", y agregó que "claramente se ve un avance de sectores de derecha y reaccionarios que demuestran que pueden hacer actos como el de Puthod en la provincia de Entre Ríos, porque las prácticas aquellas se reproducen hoy en casos de gatillo fácil, apremios ilegales, abusos, amenazas constantes a los sectores populares y la ideología es la misma que tenía la dictadura".Por último, Olivera destacó que "la sociedad argentina ha ido avanzando en todos estos años en la comprensión de lo que fue el genocidio y el terrorismo de Estado. Pero también existen sectores de la sociedad exigen dejar de lado esto porque se trata de hechos del pasado, pero creo que hechos como el que le ocurrió a Puthod demuestran la vigencia y la actualidad de estos temas. Desde los organismos de derechos humanos y desde el conjunto de la sociedad debemos controlar que este tipo de hechos no ocurran, porque queremos evitar tener que actuar sobre los hechos consumados y tener una actitud de prevención y custodia sobre quienes deben declarar en las causas".De la convocatoria también participaron la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (AGMER), la Central de Trabajadores Argentinos (CTA), el equipo de derechos humanos de la Universidad Autónoma de Entre Ríos (UADER), la Facultad de Ciencias de la Gestión de la UADER, el Partido Comunista y el Centro de Estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Educación.

LA DISOLUCION DE LOS CENTROS DE ESTUDIOS DE LAS FUERZAS ARMADAS
Sin lugar para ideas del pasado

Los cambios anunciados por Cristina Fernández y la ministra de Defensa, Nilda Garré, afectan los intereses de los militares retirados recontratados, como el contraalmirante José Acuña, seguidor de Cecilia Pando.

La Presidenta en la inauguración del Centro de Estudios Estratégicos.

Por Nora Veiras
Frente a la plana mayor de las Fuerzas Armadas, la Presidenta y la ministra de Defensa, Nilda Garré, anunciaron la creación del Centro de Estudios Estratégicos Manuel Belgrano. La decisión se enmarca en la política de coordinar las acciones del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea y, al mismo tiempo, ampliar la definición de las investigaciones sobre defensa y seguridad internacional a la relación con académicos civiles. “La idea es validar los temas con el resto de la sociedad que no sean producto de un pensamiento militar cerrado, sino que se abra la discusión”, explicó a Página/12 uno de los encargados de darle forma al nuevo centro. En treinta días, las tres fuerzas tendrán que “disolver” sus propios centros de estudios. El proceso toca intereses de retirados recontratados que se refugiaban bajo ese paraguas para seguir influyendo. En el caso de la Armada, el contraalmirante José Luciano Luis Acuña, asistente a las exiguas concentraciones de Cecilia Pando en pro de la libertad de los represores, es uno de los que serían afectados por el rediseño estratégico.
En enero pasado, este diario reveló el caso del contraalmirante Roberto Pertusio, contratado como asesor permanente del Centro de Estudios Estratégicos –que preside Godoy–, mientras cumplía prisión domiciliaria por homicidios y secuestros durante la última dictadura. Pertusio fue profesor en la Escuela de Guerra hasta 2003. En 2006 fue detenido como uno de los responsables del centro clandestino que funcionó en la Base Naval de Mar del Plata. A principios de marzo, fue trasladado a la prisión de Marcos Paz al serle revocado el beneficio de la prisión domiciliaria. El caso derivó en un llamado de atención de Garré a Godoy, en sanciones a otros integrantes de ese centro y en la desaparición de la página web que daba cuenta de los integrantes y actividades.
Un par de meses después apareció el capitán de navío retirado en servicio Ricardo Horacio Aumann, profesor de la Escuela de Guerra, donde se forman los oficiales que acceden a los puestos de comando, y activo participante de las marchas de Pando. Al conocerse su militancia, le fue revocado el conchabo. En la última convocatoria de la esposa del mayor retirado Rafael Mercado se lo vio también al contraalmirante Acuña, que además de desempeñarse como docente en la Escuela de Guerra figura como asesor del Centro de Estudios Estratégicos. Estos ejemplos que muestran el apego a ideas y metodologías perimidas y condenadas alimentaron la decisión de rever la función y el contenido de los centros en cada fuerza.
“Nuestra historia reciente había colocado a nuestras Fuerzas Armadas como un instrumento frente al conflicto limítrofe o al conflicto interno, hoy exige que repensemos todo un sistema de defensa porque ha cambiado el país, porque ha cambiado el mundo y porque también hemos cambiado todos nosotros. Hace poco estaba en Misiones y me decía el gobernador que todavía en los puentes que se construyeron están los huecos donde debían colocarse los explosivos para volarlos en caso de que fuéramos invadidos por Brasil”, recordó la Presidenta al presentar en sociedad el nuevo centro de Estudios el viernes 9 en el Edificio Libertador.
El comunicado de la cartera de Defensa detalló que “la flamante entidad reemplazará a los entes similares existentes en las Fuerzas Armadas. Los jefes del Estado Mayor Conjunto de las FF.AA. y de los estados mayores generales del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea disolverán en un plazo de 30 días los Centros de Estudios existentes en los mismos” y explicó que “el objetivo de creación del Centro de Estudios Estratégicos Manuel Belgrano es acentuar la perspectiva de considerar a la defensa como un problema de todos los sectores de la Nación, civiles y militares. Al sumar a universidades y especialistas civiles a los estudios militares de la materia se propone elevar la consideración de la temática, plantearla en una perspectiva integral donde se analicen con el mayor nivel científico las capacidades y déficit de la Nación en esa esfera”.
El viceministro de Defensa, Germán Montenegro, será el secretario ejecutivo del centro que presidirá Garré. Los institutos universitarios de cada una de las armas tendrán que elevar sus propuestas de trabajo y el personal con el que cuentan al consejo académico. La decisión de Defensa es que sea personal en actividad el que desarrolle las investigaciones.
Una primera prueba será la organización del Ciclo almirante Storni junto con la Armada y la Liga Naval, una organización que actúa como apéndice de esa fuerza. El vicepresidente a cargo de la entidad es Jorge Alvarez, presidente de la Cámara Naviera Argentina y titular de la megaempresa de capitales chilenos.
Durante este mes, almirantes, generales y brigadieres tendrán que desactivar sus centros de estudios y Defensa tendrá que organizar y monitorear cómo se organiza la nueva institución. “La idea es que lo que se investigue no sea para guardar en los cajones”, dijo uno de los encargados de coordinar las tareas con los militares, los académicos civiles y la Cancillería.

UN COUNTRY JUZGA A UN CHICO DE 15 AÑOS POR UNA SUPUESTA INFRACCION
Justicia VIP
El adolescente está acusado por una contravención de tránsito en el tradicional country Los Lagartos, de Pilar. El Tribunal de Etica inició el sumario a partir de una denuncia. Y lo llamó a declarar. El caso reabre la polémica por la Justicia paralela que rige en muchos barrios cerrados.
Subnotas
Privilegios por ley
El supuesto “vacío legal”

Por Mariana Carbajal
Una inédita polémica estalló en el tradicional country Los Lagartos, de Pilar. Su Tribunal de Etica y Disciplina está “juzgando” la conducta de un adolescente de 15 años, pero el padre –que no vive intramuros– cuestiona la legalidad de ese cuerpo para llevar adelante el proceso y lo acusa de constituir “una suerte de Justicia paralela”. El caso reabre el debate sobre la “privatización” de la Justicia en los barrios cerrados, en momentos en que un proyecto de ley que la convalida y les da un poder omnímodo a los consejos de disciplina de cada urbanización amurallada comenzó a discutirse en la Comisión de Legislación General del Senado. Se trata de una iniciativa presentada por la justicialista Hilda “Chiche” González de Duhalde, consensuada con la Federación de Clubes de Campo y Barrios Privados. La entidad, que agrupa a unos cuarenta countries de los más grandes y más cotizados en el mercado inmobiliario, busca desde hace más de una década la sanción de una norma que regularice el funcionamiento de ese tipo de emprendimientos, pero con un régimen especial, con ciertos privilegios.
El caso de Los Lagartos está en pleno trámite. El 13 de abril llegó una notificación al chalet de la madre del adolescente R.T., sobre las “actuaciones” iniciadas por el Tribunal de Etica y Disciplina del club de campo. El sumario se abrió a partir de una denuncia elevada por uno de los vigiladores privados del country. La acusación no es clara ni precisa: simplemente se informa que un guardia lo encontró unas dos semanas antes, el 20 de marzo, junto a un grupo de chicos de entre 14 y 16 años, “circulando en motos y cuatriciclos” y que procedió a sacarles “placas fotográficas” en el marco de los controles internos establecidos por los reglamentos del barrio cerrado. Según el “parte de novedad de seguridad”, firmado por el vigilador Pablo Núñez –a cuya copia accedió Página/12– los jóvenes le dijeron “en un tono amenazante” que debía suspender la toma de fotos.
El padre de R.T. es abogado. Se llama Roberto Oscar V. Terrile y considera que ese tribunal no tiene atribuciones para juzgar la conducta de su hijo ni la de ningún vecino de Los Lagartos. En una carta enviada al presidente del country, Héctor Lucio Ruiz, Terrile fundamentó su posición. “La Sociedad Anónima que Ud. preside se rige por la Ley 19.550 de Sociedades Comerciales, y no autoriza la creación de Tribunal alguno para juzgar a sus socios. Menos aún a los hijos de sus socios y menos aún si éstos son menores de edad. En Argentina, solamente el Poder Judicial tiene facultades judiciales, salvo que el Legislativo autorice a otras organizaciones y por ley a crear sus propios tribunales. Así, por ejemplo, se ha reconocido la legitimidad de los tribunales de las organizaciones como los colegios de abogados o de la Asociación de Fútbol Argentino, etc.”, señaló Terrile en la nota dirigida a Ruiz. Para Terrile esta “ley propia” que impera en el country “configura un hecho ilícito en virtud de que nadie puede asumir o ejercer funciones públicas, como lo es administrar justicia, sin título o nombramiento expedido por la autoridad competente, según lo establece el artículo 246, inciso 1º del Código Penal”, señaló el abogado a Página/12. Y adelantó que analiza denunciar al country en la Justicia. “Mi hijo no tiene moto ni cuatriciclo y ese día, además, no conducía ningún vehículo”, agregó. Terrile está divorciado de la madre de su hijo y no vive en Los Lagartos.
En su Reglamento Interno, Los Lagartos deja asentado que se arroga “el ejercicio del poder de policía” respecto “de la circulación en las vías interiores”. “Para conducir cualquier vehículo automotor, de cualquier clase y categoría, deberán cumplirse los requisitos establecidos en las leyes vigentes y contarse con la licencia habilitante, considerándose falta grave a la seguridad hacerlo de otra manera”, establece el reglamento.
“Está claro que los menores de 16 años no pueden conducir motos y cuatriciclos, es una contravención grave, pero el country no puede hacer justicia por mano propia, aunque la mano propia sea un ente creado por la institución. Lo único que puede hacer es denunciar el hecho a la policía como en el caso de ruidos molestos. Los tribunales de disciplina no tienen ninguna validez. Pueden desde el country llamarles la atención a los adolescentes si no cumplen alguna disposición de convivencia, como jugar al fútbol en un espacio que no está permitido, pero no pueden pasarse de esa raya”, opinó la asesora general tutelar de la ciudad de Buenos Aires, Laura Musa, al ser consultada por este diario.
Policía interna
Los Lagartos tiene casi cuarenta años de antigüedad: fue fundado en 1969. Es uno de los countries más tradicionales de la zona de Pilar. Supo ser propietario de una parcela Víctor Alderete, el ultramenemista que ocupó la presidencia del PAMI; y también lo eligió Miguel Angel Toma, el ex jefe de la SIDE. En las inmobiliarias de la zona no niegan que existen sospechas de que allí no aceptan como socios a miembros de la comunidad judía. En sus doscientas hectáreas viven alrededor de 750 familias –algunas van sólo los fines de semana–, hay dos canchas de polo, unas treinta de tenis, tres de golf de nueve hoyos cada una, dos de fútbol, ocho de hockey, dos de básquet, otras dos de vóley, gimnasios y piscinas.
Su Tribunal de Etica y Disciplina tiene siete miembros titulares. Todos son varones. Tres son abogados; uno de ellos, Bautista Kuyumdjian, es el presidente. En diálogo con Página/12, Kuyumdjian defendió la legalidad del cuerpo para juzgar la “inconducta” de los copropietarios del country y de sus hijos. “El Tribunal de Etica y Disciplina está estructurado en conformidad al reglamento del club, que está aprobado por la Inspección General de Justicia. Todos los clubes de campo lo tienen”, sostuvo Kuyumdjian.
–¿Qué atribuciones tiene ese tribunal? –le preguntó este diario.
–Hace de policía interna en lo que se refiere al exceso de velocidad, otras infracciones de tránsito como conducir sin registro, o cuando menores de edad manejan cuatriciclos. Tratándose de chicos, en general, son travesuras, rompen farolas, pintan paredes. Hay muchos problemas de vecindad, con los límites de los terrenos, con ruidos molestos, con perros y gatos.
–¿Cómo actúa el tribunal?
–Primero trata de avenir a las partes. Hay todo un procedimiento fijado. Cuando hay una denuncia, se da traslado a las partes, tienen que contestar, ofrecer pruebas, hay previstas audiencias y finalmente el tribunal resuelve. La decisión se vota por mayoría simple y es apelable ante la asamblea de socios. Por mayoría de votos, se revoca o se confirma. En general, a los menores les caben sanciones de suspensión, para que no puedan realizar actividades deportivas (en las áreas comunes).
–¿Alguna vez se cuestionó la legalidad del cuerpo para actuar?
–Es la primera vez. En el 99 por ciento de los casos se acata la decisión del tribunal.
Consorcios
En la Federación de Clubes de Campo y Barrios Privados defienden la legalidad de los tribunales de disciplina de los countries. El secretario de la institución –en la que están asociados Nordelta, San Jorge Village, Maraflores, San Diego, Martindale, Mapuche, Mailing y Tortugas, entre otros– es Juan Carlos Pratesi, jurista y vecino de Los Lagartos. Pratesi fue invitado a la Comisión de Legislación General de la Cámara alta a opinar sobre el proyecto que la misma entidad elaboró y que impulsa la senadora Chiche Duhalde. En los fundamentos de la iniciativa, Duhalde transcribe un artículo publicado por Pratesi en Abogados, la revista del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, en el que elogia su (de ella y de ellos) propuesta legislativa. Todo queda en familia.
“Los countries son como clubes, aunque tengan la forma de una sociedad anónima. Como cualquier club deportivo tienen una forma disciplinaria dada por los pares. Si un chico o un mayor comete alguna falta, están previstas una serie de sanciones, sumarios y procedimientos, que tienen que respetar el derecho a la defensa del imputado. Aun después de que se le imponga algún tipo de sanción, cuando termina el proceso, queda abierta la vía judicial para reclamar”, argumentó Jorge Juliá, gerente de la Federación.
–Pero todavía no hay legislación que avale el accionar de estos tribunales –le planteó este diario.
–No está legislado. Es una interpretación jurisprudencial la que hacemos. Pero no es Justicia privada, como dicen algunos porque en última instancia el que actúa es un juez.
Para el abogado Terrile es una falacia, como sostienen algunas voces, decir que existe un vacío legal para regular la conducta de los habitantes de los countries. “Cualquier ciudadano de este país, viva donde viva, cuenta con un completo ordenamiento jurídico que lo protege y ampara si sus derechos son conculcados o violados”, indicó.
La diputada radical Silvana Giúdici tampoco comparte la postura de la Federación. Desde hace varios años, Giúdici viene estudiando el tema. Está convencida de que hace falta una ley que regule la propiedad de los countries, pero considera que “tiene que ser similar a la ley de propiedad horizontal”. Sin más privilegios. “Un tribunal de disciplina es un disparate. Si bien algunos countries pueden parecer un club, no hay que olvidar que se trata de consorcios de propietarios. No pueden de ninguna manera considerarse un gobierno autónomo. No pueden tener tribunal de disciplina y mucho menos juzgar a menores. Va en contra de la Constitución y del Código Civil. Es un despropósito que se piense que dentro de los countries rigen otras leyes y otros jueces”, sostuvo en diálogo con Página/12.
El proceso contra R.T., de 15 años, mientras tanto, sigue en Los Lagartos: pronto será llamado a prestar declaración como imputado de acompañar a sus amigos, todos menores de edad, que al parecer conducían motos y cuatriciclos dentro del country. La discusión seguirá, seguramente en la Justicia ordinaria. El padre promete dar batalla. Otro debate deberá darse en el Congreso.
Sociedad
SIN PRECEDENTES EN NEUQUÉN
28 guardiacárceles a juicio por torturas
Los apremios ocurrieron entre el 24 y el 27 de abril de 2004. Presos denunciaron represalias por declarar. Pérez Esquivel participará del juicio.
12:52
Carolina Ricaldoni
18.05.2008

Acusados. Entre los imputados figuran miembros de la Policía Provincial, del Servicio Penitenciario y del Grupo Especial Antimotines y Requisa. (DyN)
Mañana comenzará en Nuequén el juicio oral y público contra 28 guardiacárceles de la unidad penitenciaria provincial 11 acusados de torturas reiteradas y apremios ilegales cometidos entre el 24 y el 27 de abril de 2004 contra 55 internos de los pabellones 1, 2 y 5 de esa cárcel. Si bien son conocidos los casos de violencia en las cárceles, este juicio no tiene precedentes en nuestro país por la cantidad de efectivos policiales acusados y la repercusión del caso en la capital neuquina.Los detenidos denunciaron en sus declaraciones que les arrojaron gases lacrimógenos dentro de los pabellones, les dispararon con balas de goma directamente sobre sus cuerpos y los golpearon con bastones en la planta de los pies. Además dijeron que fueron sometidos por parte de los efectivos a golpes de puño, puntapiés, con los bastones reglamentarios e incluso con elementos metálicos. La violencia sobre los detenidos comenzó el 24 de abril y terminó tres días después. “Fueron interviniendo distintas fuerzas cada día” explicó a Críticadigital Gladys Rodríguez de la Asociación Zainuco, que defiende los derechos de las personas privadas de su libertad y es parte querellante en la causa.Entre los imputados figuran miembros de la Policía Provincial, del Servicio Penitenciario y del Grupo Especial Antimotines y Requisa, así como altos mandos de la Unidad en ese momento, responsables directos del accionar de sus subordinados. Los presos además denunciaron que, en otras oportunidades, fueron obligados o adoptar posiciones humillantes y a soportar los químicos de los gases lacrimógenos sobre la piel. Asimismo, a varios de ellos se les quitaron sus pertenencias para luego ser quemadas por los guardiacárceles.La agrupación Zainuco señala que a partir de las declaraciones de los internos y las evidencias físicas y médicas, se evidencia la intencionalidad de violentar y someter física y psicológicamente de los imputados.El Comisario Inspector Renee Fuentes, el Comisario Manuel Montoya y el Comisario Mayor Oscar Roberto Pincheira “tenían la autoridad suficiente como para evitar o detener las acciones de los efectivos policiales, por encontrarse a cargo de la U-11 en los días en que ocurrieron las torturas reiteradas”, señaló el organismo.Pero las agresiones no terminaron en el 2004. Quince de los presos que aún cumplen condena fueron amenazados y golpeados este año para que no declaren.Del juicio también participará el premio Nóbel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, dado que el Comité Contra la Tortura de La Plata -organismo encargado de velar por el respeto a los derechos humanos en la actualidad- se presentó como amicus curiae (“amigos de la corte”) en la causa.En la lista de imputados figuran el comisario inspector Renee Fuentes, el comisario Manuel Montoya y el comisario mayor Oscar Roberto Pincheira.

PEDIDO DE ELEVACIÓN A JUICIO http://www.primerafuente.com.ar/
Quieren que se juzgue a cuatro represores por el fusilamiento de montoneros
El fiscal Emilio Ferrer impulsa la causa.
El fiscal federal Nº1, Emilio Ferrer, pidió la elevación a juicio oral y público contra los represores Luciano Benjamín Menéndez, Roberto "Tuerto" Albornoz, Mario Alberto Zimmermann y Alberto Luis Cattáneo. Están imputados por el fusilamiento de cinco militantes montoneros ocurrido el 20 de mayo de 1976 en el Barrio Echeverría. El fiscal los acusa de ser coautores penalmente responsables de los delitos de violación de domicilio, homicidio y de asociación ilícita en el marco del delito de genocidio. En la causa está pendiente el pedido de juzgamiento a Bussi y otros imputados.
Cuando se acerca el primer juicio oral y público por los delitos de lesa humanidad que se realizará en Tucumán contra Antonio Domingo Bussi y Luciano Benjamín Menéndez por el secuestro y la desaparición del ex senador provincial Guillermo Vargas Aignasse, ya está en marcha un nuevo requerimiento de elevación a juicio contra cuatro represores que actuaron como máximas autoridades militares durante el último gobierno de facto, entre los que se encuentra Menéndez. Si bien Bussi está imputado en la causa, no está citado en el requerimiento debido a demoras procesales que se produjeron por su estado de salud.
El fiscal federal Nº1, Emilio Ferrer, hizo la presentación en el marco de la causa en la que se investigó el fusilamiento de cinco militantes políticos integrantes de la Organización "Montoneros": María Alejandra Niklison; Fernando Saavedra Lamas alías "Pepo"; Juan Carlos Meneses (cuyo nombre falso era Miguel Angel Gonzalez Cano); Atilio Brandsen y Eduardo Gonzalez Paz alias "Tomas" o "Martín". El hecho sangriento ocurrió el 20 de mayo de 1976 en el Barrio Echeverría (ver aparte).
Pese a no tener la indagatoria de Bussi, Ferrer avanzó y acusó a Menéndez, quien se desempeñaba en ese entonces como Comandante del III Cuerpo del Ejército (1975-1979), de ser coautor penalmente responsable de los delitos de violación de domicilio, de homicidio y de asociación ilícita en el marco del delito del derecho internacional penal de genocidio.
"Se le imputa de haber integrado la asociación ilícita que actuando desde la estructura estatal tenía por objetivo perpetrar múltiples delitos que formaron parte del accionar criminal del terrorismo de Estado implementado en el país, y en especial en la provincia de Tucumán, desde fines de 1974 hasta 1983", expresó el fiscal en uno de los párrafos de los argumentos acusatorios.
Por los mismos delitos y en las mismas circunstancias, Ferrer pidió que sean sentados en el banquillo de acusados Roberto "El Tuerto" Albornoz (ex jefe del Servicio de Información Confidencial de la Policía de Tucumán entre 1975 y 1978); Albino Mario Alberto Zimmermann (ex teniente coronel del Ejército a cargo de la Jefatura de la Policía); y Alberto Luis Cattáneo (ex segundo comandante de la V Brigada de Infantería del Ejército entre 1975 y1976).
Entre las pruebas que recogió durante la etapa investigativa, Ferrer concluyó que la "más contundente" es el informe médico legal en el que se constata a través de las autopsias que los cadáveres tenían impactos de proyectiles de arma de fuego en la cabeza, con estallido de cráneo. Además cita algunas declaraciones testimoniales en las que se asegura la participación directa en el hecho de personal del SIC y de su jefe, el "Tuerto" Albornoz. También agrega que la orden de aniquilamiento vino de la máxima autoridad militar, es decir del III Cuerpo del Ejército, a cargo de Menéndez Y detalla las publicaciones periodísticas de diarios provinciales y nacionales que informan sobre el fusilamiento..
Ahora, el requerimiento está en manos del juez federal subrogante Nº1, Daniel Bejas, quien se encuentra en la etapa de notificaciones a las partes. Luego, decidirá si da lugar o no al pedido del fiscal. En caso afirmativo, el expediente se remitirá al Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Tucumán, con lo cual se tramitará el segundo juicio de derechos humanos que se realizará en la provincia a 33 años del sangriento golpe militar.


Sábado, 17 de Mayo de 2008
El homenaje a las victimas de Patti organizado por Juan Puthod
Un monumento que pide justicia

La Casa de la Memoria de Zárate recordó a Eduardo Pereira Rossi y Osvaldo Cambiaso cerca del lugar en el que Patti los asesinó. El homenaje lo organizó Juan Puthod, quien fue secuestrado durante 28 horas e interrogado sobre este evento.
Por Diego Martínez
Juan Evaristo Puthod fue secuestrado después de hacer pública la organización de este acto.
"Convoco a los que todos los días se levantan y salen a yugarla por migajas que no alcanzan, a que se rebelen... Y si a esta convocatoria vienen todos los convocados, la cordura habrá invadido en revolución nuestro país para siempre." La primera y la última oración del poema de Eduardo Pereira Rossi, moldeadas sobre una estrella roja de ocho puntas, pueden leerse desde ayer en el kilómetro 103 de la ruta 9. Dos mil metros tierra adentro, hace hoy 25 años, el entonces oficial principal Luis Abelardo Patti terminó de matar a Pereira Rossi y Osvaldo Cambiaso, militantes montoneros secuestrados tres días antes en Rosario. Acto y monumento corrieron por cuenta de la Casa de la Memoria de Zárate, cuyo presidente Juan Evaristo Puthod fue secuestrado durante 28 horas después de hacer pública la organización del homenaje.
Cambiaso y Pereira Rossi fueron secuestrados el 14 de mayo de 1983. Los sacaron de un bar amordazados y vendados frente a testigos que vieron los abrazos de los captores. Tres días después un comunicado informó que habían sido "abatidos en un enfrentamiento" por Patti y los suboficiales Rodolfo Diéguez y Juan Amado Spataro. En base a pericias que mostraban torturas y disparos a quemarropa, el juez Juan Carlos Marchetti los apresó por homicidio calificado. Pero ante las presiones se desdijo. La Cámara de San Nicolás confirmó el sobreseimiento provisorio. Un cuarto de siglo después justicia o impunidad dependen de la Cámara Federal de Rosario, que debe resolver el incidente de nulidad del sobreseimiento.
"¿A quién se le ocurrió la idea del monumento? ¿Qué tiene que ver (Sara Derotier de) Cobacho (secretaria de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires)? ¿Para qué refrescar la muerte de esos terroristas?", fueron algunas de las preguntas que uno de los captores le formuló a Puthod el 1º de mayo. El hombre frágil, atado a una cama en el piso de una habitación, con una venda sobre el único ojo que la dictadura le dejó, le respondió que la idea era propia y nada tenía que ver Cobacho, Madre de Plaza de Mayo y única funcionaria que ayer se hizo presente.
El acto comenzó con el himno. En primera fila, cuatro Madres con sus pañuelos. En el fondo, la mirada profunda de Julio López y una leyenda: "Sin López no hay nunca más". A treinta metros un paisano preparaba hamburguesas en una parrilla sobre un par de ladrillos. Hombres de 50, 60 años, que parecían reencontrarse, se abrazaban con fuerza. Con un largo sobretodo negro, Juan Puthod, que el jueves terminó de revocar el monumento, aclaró que sufría "problemas de salud" y lamentó "la muerte de un compañero que no soportó mi secuestro". Destacó la necesidad de "resucitar la memoria, la identidad política de Carlón y el Viejo". Y lo hizo: "Hoy estamos recordando a dos compañeros del peronismo revolucionario, dos montoneros". Tenía en su mano el poema "Convocatoria", pero "no quiero darle el gusto al otro sector de que me vean llorar", aclaró. Esbozó una sonrisa y bajó del escenario.
Gladys Cambiaso explicó que el homenaje era "una reivindicación a todos los caídos en luchas populares". Su hermana Ethel se limitó a decir "sinceras gracias". Analía Pereira Rossi, de poncho negro, agradeció "a Sara, que me llevó por el camino de la verdad". El diputado provincial Emir Gorostiza recordó que "en 1983 recuperamos el estado de derecho, pero aún no recuperamos el estado de justicia: eso ocurrirá sólo cuando la verdad esté en manos de las familias de cada compañero desaparecido". Luego la cantante y compositora Teresa Parodi recitó "Convocatoria", que provocó el mayor aplauso de la tarde.
Antonio Moreno, delegado municipal de Lima, explicó que "los pueblos se suicidan si no tienen memoria", pero "la memoria sola no alcanza: necesitamos verdad y justicia". El bancario Juan Argüello, el Negro, historió con orgullo que "tuvimos el coraje para empuñar las armas y enfrentar dictaduras" y rezongó de "la versión descafeinada de la historia". "El Viejo Cambiaso, jefe indiscutido de los Montoneros presos, no era un utópico. Pasó en la cárcel dos dictaduras enteras. Carlón no sólo escribía poesía. Se jugaba la vida cotidianamente. Por eso eligió Argentina y no el exilio", remarcó.
"Soy dura pero hoy estoy aflojando", admitió Cobacho, que cerró el acto. Recordó que "el 9 de mayo de 1983, en mi casita de Merlo, Carlón me dio un beso y dijo 'vuelvo el 15'. Nunca volvió". Luego rememoró "cuando trajeron al Viejo al Regimiento de Santa Fe donde yo estaba secuestrada". Admitió que su rol en la secretaría, querellante en 32 causas de la provincia, "es lo que me mantiene viva". "Quizás no podamos llevar a todos a juicio, muchos represores están muriendo, pero es importante que vean que pedimos justicia, que no somos como ellos", concluyó.

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