miércoles, 21 de mayo de 2008

H.I.J.O.S ROSARIO HACE PUBLICA SU INDIGNACION POR LOS DICHOS DE LA ACTUAL SECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS DE LA PROV DE SANTA FE


No puede estar al frente de la Secretaría de Derechos Humanos

La agrupación H.i.j.o.s. Rosario quiere hacer pública su indignaciónpor los dichos de la actual secretaría de Derechos Humanos de laprovincia de Santa Fe, quien no sólo hasta el momento no puede mostrarun solo programa que se esté ejecutando desde su Secretaría –hecho queya ha rebasado la paciencia de las organizaciones de derechos humanos–, sino que ahora encima y según las declaraciones publicadas, pone enun mismo lugar a víctimas y victimarios, actualizando una vez más lateoría de los dos demonios, estrategia discursiva que sólo tiende aencubrir el verdadero rostro del terrorismo de estado.La única actividad que venía desarrollando la Secretaría , era laelaboración de un programa de protección a testigos, que vieneincreíblemente demorado, y sobre el cual lo único que se ha hecho almomento de hoy, es la conformación de un necesario equipo deprofesionales. Equipo que ahora nos anoticiamos que tratará de igualmanera a genocidas y víctimas del terrorismo de estado.Queremos repudiar esa lógica con la que se quiere gestionar yplanificar política de derechos humanos desde la Secretaría. No puedeun funcionario que debe proteger los derechos humanos, confundir lanecesidades de una persona que sufrió violaciones de sus derechoshumanos como las torturas, el secuestro en campos clandestinos dedetención, la desaparición de familiares, el robo de hijos, hermanos onietos, con las vicisitudes que tienen que enfrentar los genocidas enla actualidad, que no son otras que las que le garantiza un estado dederecho: un juicio justo a causa de la participación en el genocidio.Desde H.i.j.o.s. hemos sido más que prudentes en la espera de que laSecretaría de Derechos Humanos comience a mostrar a qué piensadedicarse. Desde que fue nombrada la actual Secretaria, esperamos lapuesta en marcha del necesario programa de protección a testigos, perotambién anhelamos a que no sea ésta la única actividad que desarrollela Secretaría. Las necesidades de políticas estatales sobre los derechoshumanos, no se agotan en un programa para víctimas del terrorismo de estado,esa es otra lógica que esperamos se empiece a cambiar y que también queremosdiscutir abiertamente, pero no con un funcionario que confunda a losgenocidas con sus víctimas.

ESCRACHE MOVIL A LOS GENOCIDAS

Los Organismos de DDHH de la ciudad de Córdoba organizan para el día miércoles 21 de mayo, un escrache móvil que se llevará acabo frente a los domicilios de los genocidas Humberto SANTIAGO, Cristino NICOLAIDES y Luciano B. MENENDEZ.Esta modalidad, significa que se trazará un recorrido que incluye las viviendas de los mencionados asesinos. Se recomienda en lo posible, que asistan con algún tipo de vehículo o transporte (automóvil, bicicletas, motos, etc)CRONOGRAMA
(Horarios estimativos)A partir de las 17.00 horas se convoca a los cordobeses a la concentración en la ex Plaza Vélez Sarsfield (Frente Patio Olmos) desde donde saldrán los colectivos en forma gratuita para llevar a los manifestantes. 18:00 Concentración y caravana en Rafael Núñez y Gregorio Gavier (Cerro de las Rosas) para comenzar a marchar 18.15 Escrache en el domicilio de Humberto SANTIAGO, sito en G. Gavier 1936.Humberto SANTIAGO es un General retirado, fue sobreseído de todas los delitos cometidos, siendo declarado "inimputable" por padecer Alzheimer. Sin embargo su desempeño como Jefe de la subzona 31 y 33, y Subjefe de la zona 4, lo hacen responsable de los delitos cometidos en Córdoba, San Luis, Mendoza, San Juan, La Rioja y Buenos Aires, en el marco del terrorismo de Estado.18:30 Escrache en el domicilio de Cristino NICOLAIDES en Hilarión Plaza 3866Cristino Nicolaides :Último jefe del ejército durante la dictadura, ordenó la quema de los archivos de la represión. A partir del 5 de febrero volverá a ser juzgado en Corrientes, tras ser condenado en diciembre pasado, junto con otros siete represores integrantes del Batallón 601, a 25 años de prisión por el secuestro y desaparición de militantes montoneros entre 1979 y 1980.19.00 Escrache en el domicilio de Luciano B. MENEDEZ, Ilolay 3269Luciano B. Menendez: Fue Comandante del Tercer Cuerpo del Ejército desde septiembre de 1975 hasta septiembre de 1979. Torturador y asesino que supervisó y dirigió personalmente las torturas y los fusilamientos. Desde el año 2004 se encuentra en prisión preventiva domiciliaria por las causas Palacios, Brandalisis, Lajas y Cardozo. Además esta imputado en causas de otras provincias que formaban parte del III Cuerpo de EjercitoEstos siniestro personajes cumplen prisión domiciliaria en nuestro barrio, cerca de nuestros hogares; e inclusive muchas veces con permiso para salir, transitando por las mismas calles que cualquiera de nosotrosOrganizan: H.I.J.O.S – Regional Córdoba, Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas de Córdoba, Abuelas de Plaza de Mayo Filial Códoba, La Bisagra, El Andén, La Revuelta Murguera.


ARCHIVO PROVINCIAL DE LA MEMORIA
COMISIÓN PROVINCIAL DE LA MEMORIA

PROGRAMA DE ACTIVIDADES DE MAYO

'TIEMPO DE JUSTICIA'


En el marco del inicio del primer juicio contra el ex Comandante del III Cuerpo de Ejercito Luciano B. Menéndez y la evocación de los 39 años del Cordobazo, el Archivo y la Comisión Provincial de la Memoria invitan a las actividades programadas para el mes de mayo.

Jueves 22 de mayo
11hs. Clases Públicas sobre los juicios por delitos de lesa humanidad, a cargo de la Dra. Lyllan Luque (Área Legal Archivo Provincial de la Memoria). Lanzamiento del informe sobre la Causa Brandalisis.
Pasaje Santa Catalina 66. Archivo y Comisión Provincial de la Memoria.

Viernes 23 de mayo
11hs. Señalización del lugar donde fueron asesinados Hilda Flora Palacios, Humberto Horacio Brandalisis, Carlos Lajas y Raúl Osvaldo Cardozo, durante la última dictadura militar. Causa por la que hoy es juzgado Luciano B, Menéndez.
Av. Colón y Sagrada Familia.


Lunes 26 de mayo 11hs Inauguración de la segunda y tercera huella del memorial a los asesinados y los desaparecidos por el accionar represivo del Estado en Córdoba que incluyen los nombres entre 1969 y 1983.
Archivo y Comisión Provincial de la Memoria. Pasaje Santa Catalina 66.

Martes 27 de mayo
9:30 hs. Primera audiencia del juicio Oral y Público por la causa 'Brandalisis...', contra Luciano B. Menendez y otro siete imputados.
Concepción Arenales 700, Tribunales federales.

Jueves 29 de mayo
16 hs. 'El Cordobazo', una mirada desde la militancia obrero estudiantil. Relatos y vivencias para compartir con los jóvenes de hoy.
Archivo y Comisión Provincial de la Memoria. Pasaje Santa Catalina 66.
18 hs. Colocación de la Baldosa de la Memoria en el lugar donde asesinaron al obrero y estudiante Máximo Mena, durante el Cordobazo.
Bv. San Juan y Arturo M. Bas.
Archivo y Comisión Provincial de la Memoria. Pasaje Santa Catalina 66.


COLECTIVO
DE EX – PRESOS POLITICOS
Y SOBREVIVIENTES
ROSARIO



Rosario, 20 Mayo de 2008


Ante las declaraciones de la Secretaria de Derechos Humanos de la Provincia de Santa Fe, desde el COLECTIVO DE EX PRESOS POLITICOS Y SOBREVIVIENTES ROSARIO, queremos expresar públicamente nuestro repudio por sus expresiones, que equiparan a testigos y querellantes, de los juicios contra el terrorismo de Estado, a los responsables del genocidio.

Las víctimas de ese terrorismo, además de sufrir secuestros, torturas, encarcelamiento, desapariciones de compañeros, etc., padecimos por mucho tiempo un secuela de políticas y de accionar, que iba desde minimizar esa actitud terrorista, a directamente darle impunidad. Así pasaron la teoría de los demonios,( cuya actualización sostiene con sus dichos la Dra. Bresa), las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, el Indulto, y la política de considerar a Madres, Abuelas, Hijos, asociaciones de ex detenidos, organizaciones de derechos humanos, y a cualquier persona u organismo, que enfrentará esa posición como retrógrados, revanchistas, rencorosos.

Pero la persistencia en el convencimiento que solo con la verdad se lograría la justicia, y con ella la sociedad podría avanzar sabiendo que las heridas fueron cerradas, como se lo hace en una democracia: con un juicio justo a todos los genocidas, se llegó a la situación actual, en el comienzo que los juicios a los responsables del genocidio. En la Provincia de Santa Fe estamos este punto: a vísperas del inicio de los juicios.

Ante los antecedentes recientes como el caso López, Geréz y últimamente Puthod, desaparición, secuestro y tortura, de testigos y querellantes, la Secretaria de Derechos Humanos de la Provincia, que no ha llevado hasta ahora ninguna actividad, salvo la demorada elaboración del Programa de Protección de testigos, nos regala esta declaración.

Por todo esto, reiteramos nuestro repudio a las declaraciones de la Secretaria de Derechos Humanos Dra. María Bresa, y ponemos en duda su idoneidad para ocupar la Secretaría a su cargo.


POR QUE TENEMOS MEMORIA Y SABEMOS LA VERDAD,
LUCHAMOS POR LA JUSTICIA.

COLECTIVO DE EX PRESOS POLITICOS Y SOBREVIVIENTES
ROSARIO




El blooper de Bressa
La secretaria de derechos humanos de la provincia de Santa Fe, María Bresa, ha anunciado que el programa de protección a los testigos , abogados y militantes de derechos humanos que actúan en las causas por terrorismo de Estado que se sustancian en la provincia, se extenderá a los represores, perpretadores de un genocidio.
Como víctima de los represores, denunciante de sus crimenes desde hace 18 años (mucho antes de que se abran las causas y muchisimo antes que aparezcan los "especialistas" en derechos humanos como la citada funcionaria) y secretario nacional de la Liga argentina por los derechos del hombre, entidad decana de los organismos de derechos humanos en toda América (fue fundada el 20 de diciembre de1937) y protagonista de la lucha contra la impunidad desde el momento mismo que los crimenes se cometieron, deseo hacer público mi repudio a dicha decisión que denota absoluta incomprensión de la temática y una supuesta "equidistancia", que en la lucha contra la impunidad de crimenes cometidos hace más de treinta años, implica una toma de partido para el lado de los victimarios, de los torturadores, de los asesinos, de los apropiadores de bebés y respondables de la puesta en marcha de un modelo de país, el capitalismo neoliberal, que de por sí constituye un modo de organización social que niega los derechos humanos a millones de argentinos sometidos al hambre, las enfermedades evitables, y la miseria crónica en el país de la soja y la leche.
Como parte de una delegación de la Liga, en el día de ayer mantuvimos en la ciudad de Santa Fe, una entrevista con el Dr. Iparraguirre, secretario de seguridad pública de la provincia, para exigirle –una vez más- que el sitio donde funcionaba el Centro Clándestino de Detención y Torturas conocido como la Cuarta, sito en Bv. Zavalla y Tucumán, deje de ser un centro legal de detención y torturas como pudimos comprobar directa y personalmente en ocasión del reconocimiento judicial de la Comisaría Cuarta. El citado funcionario se comprometió –y no tenemos razones para dudar de su palabra- que en dos o tres semanas no quedarían presos en ninguna comisaría de la ciudad de Santa Fe, aunque nada dijo de nuestro planteo de transformar la Cuarta en un sitio de memoria, tal como se hizo con otros centros clándestinos: Esma, Olimpo, etc.
También le planteamos nuestra posición sobre el plan de protección a los testigos, que queremos hacer pública ante el insolito aviso de la Secretaría de derechos humanos: que para proteger a los testigos hay que vigilar a los represores, hay que esclarecer los hechos que ya ocurrieron en Santa Fe y que siguen impunes: las amenazas a las Madres y la Casa de los derechos humanos de Santa Fe, el ataque contra un mural conmemorativo del golpe de estado y sobre todo el envío de un cajón con restos humanos en su interior al Dr. Rodriguez, juez federal, que en ese momento estaba a cargo de la investigacion de los crimenes del grupo de tareas de Ramos, Brusa, Facino y demás asesinos. Cómo en cualquier otro delito no esclarecido, las líneas de investigación deben dirigerse hacia quienes podrían estar interesados en amedrentar a jueces y testigos, que no son otros que los acusados de criemenes de lesa humanidad cometidos desde el Estado.
Pareciera que la funcionaria ignora lo más elemental: la responsabilidad del Estado en reparar los efectos de los crimenes cometidos por el Estado, responsabilidad que no solo es un reclamo histórico de los organismos de derechos humanos sino de la propia comisión de derechos humanos de las Naciones Unidas que una y otra vez han exigido al Estado Argentino que depure de represores las fuerzas de seguridad y todo otro ámbito estatal (recordemos que Brusa llegó a Juez Federal, Facino a jefe de comuna y Ramos era funcionario municipal casi hasta el momento de su detención) y, sobre todo, que investigue los crimenes en serio, no como una ficción de justicia sino como una acción encaminada a revelar la verdad, que hubo un genocidio, y castigar a los represores superando la trama de impunidad que construyeron desde el momento mismo del acto represivo hasta las leyes especiales a su servicio. Y que para ello, se debe adjudicar valor de prueba al testimonio de los sobrevivientes, casi la única prueba con que se cuenta para hacer Justicia.
La funcionaria pareciera creer que se trata de causas comunes sobre delitos más o menos comunes y no de crimenes de lesa humanidad cometidos bajo una operatia pensada para garantizar la impunidad que requieren de un esfuerzo gigantesco para desarmarla, perseguir a los represores y hacer justicia. Se requiere imparcialidad ante los acusados pero no ante el Terrorismo de Estado, los pactos internacionales y aún la reforma constitucional de 1994 exigen compromiso con la causa de los derechos humanos, que implica compromiso de luchar contra la impunidad. No conocemos antecedentes de una práctica de compromiso con la lucha por los derechos humanos por parte de la funcionaria y provocaciones como estas nos habilitan a reclamar su remoción del cargo, abrir un debate franco (no que seamos "consultados" para que despues se resuelva cualquier cosa) sobre la política de derechos humanos en la provincia.
El estado provincial, que poco o nada ha hecho al respecto, que mantuvo a connotados represores en funciones de alta jerarquía bajo los gobiernos de Reutemann y Obeid, sigue en mora y pareciera que la secretaria de derechos humanos está más preocupada por contener emocionalmente a los represores que en colaborar en la lucha contra la impunidad.
Nadie ha invocado el derecho a la venganza, ningún represor ha sido molestado en más de treinta años y ninguno de ellos tiene la menor razón para temernos. En cambio, la desaparición forzada de Julio López y lo secuestros sufridos por Gerez y Puthod, dan cuenta de grupos de tareas que siguen actuando con recursos suficientes para espiar, amenazar y secuestrar compañeros. Grupos de tareas como los que amenazan en Santa Fe y que siguen gozando de impunidad.
Como primer acto de compromiso del gobierno provincial con la lucha histórica contra la impunidad reclamamos ya el esclarecimiento de los hechos denunciados más de una vez, el inmediato desalojo de la Cuarta de efectivos policiales y su transformación en un sitio de memoria y un compromiso publico de respaldo a la lucha contra la impunidad de Brusa, Facino, Ramos, Marcellini, Rolón y compañía.

José Schulman, querellante en la causa Brusa y secretario nacional de la Liga Argentina por los derechos del Hombre-- Liga Argentina por los Derechos del Hombrehttp://www.liga.org.ar/

El próximo lunes 2 de junio comenzará el juicio oral al ex Comandante del Servicio de Inteligencia de la Gendarmería Nacional, Víctor Enrique Rei, responsable de la apropiación del hijo de Liliana Fontana y Pedro Sandoval. Se llevará a cabo en el TOF Nº6 de Comodoro Py (Capital Federal). Víctor E. Rei fue uno de los militares entrenados por las Fuerzas Armadas de Estados Unidos en Fuerte Gulick en Panamá, donde aprendió las estrategias de torturas, represión clandestina y desaparición de personas, aplicadas en Argentina, así como en otros países de América Latina. Participó también en el Operativo Independencia en Tucumán en 1975, también tuvo una participación activa en la inteligencia de los grupos de tareas que llevaron adelante la represión ilegal durante la dictadura militar, (reconocido por él mismo en el Juicio a las Juntas en 1985).Se desempeñó en el Centro Clandestino de Detención que funcionó en la Cárcel de Encausados de Campo de Mayo.Después de haber esperado 30 años con el permanente dolor de la ausencia y la búsqueda de VERDAD Y JUSTICIA, resulta necesario acompañar, lo que seguramente será: El juicio y condena de este represor, asesino y ladrón de niños.A esta altura es imprescindible que los compañeros del campo popular dejemos de ver cada juicio como un caso individual. Busquemos en cada condena, la condena de TODOS los asesinos, y reafirmemos en cada caso el compromiso colectivo con todos los compañeros muertos o desaparecidos, que siguen siendo la llama de la esperanza y el reclamo de una justicia verdadera.Los esperamos en Comodoro Py, el lunes 2 de junio a las 10 Hs.¡¡¡30.000 COMPAÑEROS DETENIDOS-DESAPAREC IDOS PRESENTES!!!

http://www.primerafuente.com.ar/

EL GENOCIDA PIDE QUE EL ESTADO DESIGNE SU DEFENSOR

Antonio Domingo Bussi pidió que sea el Estado el que lo defienda de ahora en más. "Si un gobierno democrático ordenó las operaciones (militares), corresponde que otro gobierno democrático asuma mi defensa a través de la Defensa Oficial", expresó Bussi el viernes pasado ante la Justicia Federal. También argumentó que ya no tiene recursos para un abogado privado. Por ahora, la defensora oficial de Tribunales Federales no fue notificada sobre la decisión del represor. Justificó su accionar dentro de una "guerra revolucionaria".
Por estos días, el represor Antonio Domingo Bussi no tiene quien lo defienda. En el marco del infructuoso acto de declaración indagatoria del viernes pasado, el ex gobernador de facto pidió que sea el Estado el que lo represente a través de un defensor oficial en las causas de la última dictadura y por sobre todo en el juicio oral y público al que tendrá que someterse en los próximos meses por el secuestro y desaparición del ex senador provincial Guillermo Vargas Aignasse.
"Si un gobierno democrático ordenó las operaciones (militares), corresponde que otro gobierno democrático –en el caso supuestamente del mismo signo ideológico- asuma mi defensa a través de la Defensa Oficial", expresó Bussi según el acta que realizó la Justicia Federal en el Country Golf Club de Yerba Buena, donde cumple arresto domiciliario desde diciembre pasado.
Hasta ayer la defensora oficial de Tribunales Federales, Amalina Asaf, no había sido notificada sobre la decisión de Bussi, por lo que por estas horas sigue sin abogado. Bussi fue visitado el viernes pasado por el juez federal subrogante Nº 1, Daniel Bejas, quien dispuso tomarle indagatoria por dos causas de delitos de lesa humanidad, pero el acto no pudo realizarse debido al cambio de defensa del militar retirado. Cabe recordar que hace menos de un mes renunció su abogado Horacio Conesa Mones Ruiz, y la tramitación de las causas había quedado en manos del letrado Enrique Brandán.
Para pedir la representación del Estado, Bussi no alegó tan solo razones políticas sino también económicas. "También influyen en mi reclamo el agotamiento de mis recursos al continuar financiando una asistencia profesional privada", señaló.
Ahora, una vez que se defina la defensa de Bussi, el juez Bejas tendrá que poner nueva fecha de indagatoria para que responda por el secuestro y desaparición de Ramón Rufino Gómez, ocurridos el 13 de junio de 1977, y por la supuesta usurpación de tierras de Yacuchina (conocida actualmente como Capitán Cáceres en el departamento Monteros), de propiedad de Julia Rita Ariza, quien habría sido obligada, bajo extorsiones, a entregar sus parcelas a las fuerzas militares. Justamente para responder por estos casos, el ex jefe del III Cuerpo del Ejército, Luciano Benjamín Menéndez, vino a Tucumán el jueves pasado. Manteniendo su estrategia se abstuvo de declarar y rechazó la competencia de la Justicia Federal.`

POSDATA: Red de Noticias Derechos Humanos acota que su histórico defensor Horacio Conesa Mones Ruiz, es un defensor no solo de Bussi sino de la mayoría de los represores de los juicios del norte y esta acusado por los organismos de derechos humanos de Jujuy, por cuanto se dsemepeñó como Fiscal de Estado en esa provincia durante la dictadura militar.

May 2008 16:54:36 -0300Subject: BOLETIN AEDD N° 421- RICARDO ALBERTO FRANK- PRESENTE!

Boletín Electrónico de noticias y actividades de la AEDD nro 421
Asociación de ex Detenidos Desaparecidos
Buenos Aires, Argentina

RICARDO ALBERTO FRANK
1957- 20 de mayo-2008

Detenido desaparecido el 10/11/78
visto en la ESMA
Hoy Ricardo cumpliría 51 años.

”…hasta que mi imagen desaparezca, y solamente se haga ver dentro de la imaginación de cada uno, yo soy lo que soy…“ escribías en uno de tus cuadernos encontrados en el departamento donde viviste tus últimos días de libertad, tejiendo sueños de militancia, compromiso social, estudio.

Hoy, en este día y en este año que se cumplen los 30 de tu secuestro, puedo decir, que esa imagen tuya no desapareció. Muy por el contrario, se expandió, se reproduce momento a momento en cada acto, en cada lugar donde se recuerda a nuestros 30.000 compañeros detenidos desaparecidos.

Y se agiganta en la lucha inclaudicable de quienes en el día a día seguimos transitando un duro, difícil camino para lograr JUSTICIA.

Esa Justicia que no termina de llegar, a pesar de nuestros esfuerzos, de los juicios que se abrieron a partir de la nulidad de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, que permitieron que volviésemos a los tribunales tanto los organismos de derechos humanos como los familiares que nos hemos presentado como querellantes de las causas para ser PARTE de este reclamo, para seguir exigiendo que los represores sean juzgados y condenados por GENOCIDIO a PRISION PERPETUA en CARCEL COMUN Y EFECTIVA!



En el juicio a Febrés la mayoría de los compañeros ex detenidos desaparecidos los nombraron tanto a vos como a Yoyi, Titín y Dina, su novia. Estuve presente en varias audiencias, casi todos manifestaron: “había un grupo de tres jóvenes de la ciudad de Trenque Lauquen”
Pero, en ese juicio, solo se juzgaba al imputado por cuatro sobrevivientes. Y ni siquiera tuvimos una sentencia. Lo asesinaron!


Y así seguiremos, transitando los tribunales de Comodoro Py, esperando que algún día llegue el momento que juzguen a TODOS POR TODOS,



También me pregunto:
Cuántas veces más tienen que declarar los sobrevivientes?

Cuántos juicios más tendrán Donda, Astiz, Azic, Cavallo, etc, etc, hasta que llegue el día de verlos ahí sentados escuchando (y negando) cómo te arrancaron aquella noche para llevarte definitivamente de nuestras vidas, momento que empezamos a transitar el dolor más grande que puede tener una persona: que a un ser querido, que a un hermano lo conviertan en DESAPARECIDO!!

Dolor, angustia, parálisis que luego se convirtió en lucha, que es en definitiva una elección de vida, no bajar los brazos, no dejarte desaparecer , para que, en algún momento, podamos decir que las utopías también existen!


Te abrazo en este día
Hasta la victoria!!!
Tu hermana

Lidia Frank
20-05-08

Nota escrita para el Diario LA OPINION de Trenque Lauquen





La Corte Interamericana intimo a la Argentina a modificar la legislacion sobre calumnias e injurias
Para que la ley no se use como mordaza

El tribunal internacional sostuvo que debe anularse el fallo contra el periodista Eduardo Kimel, condenado por criticar al juez que estuvo a cargo de la causa de la masacre de San Patricio. Reclamó cambios para evitar violaciones a la libertad de expresión.



El presidente del CELS, Horacio Verbitsky, y Eduardo Kimel, en la conferencia de prensa en la que anunciaron el fallo de la Corte IDH.
Imagen: Télam
Subnotas
Seis meses para cambiar
Requisitos y antecedentes
Una obligación


Por Diego Martínez
La Corte Interamericana de Derechos Humanos sancionó al Estado argentino por el caso del periodista Eduardo Kimel: le exigió que dejara sin efecto la condena en su contra, que lo indemnizara, reconociera su responsabilidad en un acto público, y lo intimó a modificar su legislación en materia de calumnias e injurias para evitar nuevas violaciones a la libertad de expresión. Kimel había sido condenado por criticar la actuación del juez Guillermo Rivarola durante la investigación de la “masacre de San Patricio”, el asesinato de cinco sacerdotes y seminaristas palotinos el 4 de julio de 1976. Durante la conferencia de prensa que ofreció ayer en el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), que lo patrocinó ante el sistema interamericano, Kimel celebró la resolución del máximo tribunal regional en materia de derechos humanos, recordó que el proceso judicial le insumió 17 de sus 55 años y lamentó no poder compartir la buena nueva con su compañera Griselda Kleiner, fallecida en 2006.
La investigación sobre el más importante hecho de sangre sufrido en el país por la Iglesia Católica, que aún no se presentó como querellante, se publicó en 1989. “¿Se quería realmente llegar a una pista que condujera a los victimarios?”, se preguntó Kimel tras analizar el expediente. Recordó que la Justicia durante la dictadura fue “condescendiente cuando no cómplice”, destacó que “elementos decisivos” para esclarecer el caso “no fueron tomados en cuenta” y que “la evidencia de que la orden del crimen había partido de la entraña del poder militar paralizó la pesquisa”.
Rivarola lo querelló por calumnias (falsa imputación de un delito) e injurias (deshonra o descrédito). En 1995 la jueza Angela Braidot condenó a Kimel a un año de prisión y 20 mil dólares de indemnización por injurias. Incurrió en “un exceso injustificado, arbitrario e innecesario”, sostuvo. Un año después la Cámara de Apelaciones revocó la condena. Calificó al libro como “una breve crítica histórica” que “no ha excedido los límites éticos de su profesión”. En 1998 la Corte Suprema de Justicia menemista revocó la absolución y ordenó dictar una nueva sentencia. Adolfo Vázquez, Julio Nazareno, Eduardo Moliné O’Connor, Guillermo López y Carlos Fayt apuntaron “falsedad de las imputaciones delictivas” y “dolo” del escritor “con la única intención de desacreditar al juez”. Los camaristas Alfredo Barbarosch y Carlos Gerome acataron el lineamiento y condenaron a Kimel, entonces por calumnias. El rechazo de los recursos ante la Corte presentados por los abogados de la Unión de Trabajadores de Prensa de Buenos Aires (Utpba) abrieron la instancia interamericana.
A fines de 2000, el CELS y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil) demandaron al Estado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por violar el derecho a expresarse libremente y utilizar los “delitos contra el honor” para criminalizar la labor de la prensa. La Comisión se tomó su tiempo: en 2006 formuló al Estado una serie de recomendaciones y “ante la falta de avances” presentó el caso a la Corte. Consideró que “la mera existencia” de los tipos penales de calumnias e injurias, con la “ambigüedad, amplitud y apertura” con la que están formulados, “disuade a las personas de emitir opiniones críticas” sobre funcionarios. En octubre pasado, durante una audiencia pública en Bogotá, Colombia, funcionarios argentinos admitieron la violación al derecho a la libre expresión, a ser juzgado en un plazo razonable (el proceso duró nueve años) y se comprometieron a “adoptar medidas legislativas” para garantizar el cumplimiento de la Convención Americana sobre Derechos Humanos que Argentina suscribió en 1984.
El 2 de mayo, en la sentencia que se conoció ayer, la Corte consideró que la actual “tipificación amplia” de calumnias e injurias viola el principio de legalidad y recordó que en sociedades democráticas los funcionarios se exponen voluntariamente “al escrutinio y la crítica”. Consideró que en el caso Kimel “las autoridades judiciales no actuaron con la debida diligencia y celeridad” y que “la afectación a la libertad de expresión fue manifiestamente desproporcionada, por excesiva, en relación con la alegada afectación del derecho a la honra”. Sentenció al Estado a dejar sin efecto la condena, publicar la sentencia en el Boletín Oficial y un diario de amplia circulación, reconocer su responsabilidad en un acto público e indemnizar a Kimel con 30 mil dólares por daño material e inmaterial, que incluye desde la angustia y el descrédito sufridos hasta su alejamiento del periodismo de investigación. Finalmente, exigió al Estado “adecuar en un plazo razonable su derecho interno” a la Convención Americana, de modo que “las imprecisiones” de los tipos penales “no afecten el ejercicio del derecho a la libertad de expresión”.
La sentencia “forma parte de una lucha por la libertad de expresión que lleva dos décadas” y “complementa el fallo que en 1993 derogó el delito de desacato”, destacó ayer Horacio Verbitsky, presidente del CELS. Kimel agradeció a las organizaciones que lo respaldaron a lo largo del proceso y relató que la acusación de Rivarola, quien “no paradójicamente comenzó su carrera en 1955”, lo colocó “en un terreno que no esperaba: el de la lucha inevitable por salvar el pellejo ante una condena penal”. Verbitsky recordó que en 1999, a partir de una denuncia de Carlos Menem en su contra, “la Argentina asumió el compromiso de modificar el Código Penal” en materia de calumnias e injurias. “Los sucesivos gobiernos ratificaron ese compromiso pero nunca lo cumplieron”, concluyó.


Una obligación

Nota madre:Para que la ley no se use como mordaza

Por Horacio Verbitsky
El 4 de julio de 1976 los sacerdotes católicos Alfredo Leaden, Alfredo Kelly y Pedro Duffau y los seminaristas Salvador Barbeito y Emilio Barletti fueron asesinados por un grupo de tareas de la dictadura mientras dormían en la iglesia porteña de San Patricio. El único condenado por ese crimen horrendo fue Eduardo Kimel, un historiador y periodista cuya investigación sobre lo sucedido aquella madrugada no fue complaciente con el desempeño de la justicia. Esa condena fue ratificada por la antigua mayoría automática en la Corte Suprema de Justicia.
Treinta y dos años después del crimen y a diecisiete de la publicación del libro, la Corte Interamericana de Derechos Humanos resolvió que la condena a Kimel violó el Pacto de San José y como reparación ordenó al Estado argentino dejarla sin efecto y realizar un acto público de reconocimiento de responsabilidad. Al mismo tiempo, el fiscal Eduardo Taiano retomó la investigación sobre el asesinato de los palotinos, que podría sumarse a la causa por los delitos de lesa humanidad cometidos en la ESMA.
Durante el proceso ante el sistema interamericano el Estado argentino ya había reconocido la violación a los derechos de Kimel a la libertad de expresión y a un juicio justo en un tiempo razonable. Pero como no se trata sólo del derecho de Kimel a expresarse, sino también del que la sociedad tiene a estar informada sobre temas de relevante interés público, la Corte Interamericana también dispuso que el Estado argentino deberá modificar la legislación sobre calumnias e injurias, de modo de impedir ataques similares a la libertad de expresión.
La Constitución reconoce en su artículo 75 que los tratados internacionales que enumera en su inciso 22 tienen jerarquía constitucional “en las condiciones de su vigencia”. Esto quiere decir según la interpretación que de la Convención Americana de Derechos Humanos hagan sus propios órganos. El superior de todos ellos es la Corte Interamericana. La obligatoriedad de sus sentencias fue reconocida por la Corte Suprema de Justicia.
Por eso, cuando la Corte Interamericana dice que una ley o incluso un artículo constitucional contradicen la Convención, el Estado está obligado a modificar esa norma interna para adecuarla a la Convención. Por esta vía en las últimas décadas se ha ido afirmando una jurisdicción supranacional en materia de derechos humanos, que protege a los ciudadanos contra las arbitrariedades de los Estados.
Con esta sentencia de la Corte Interamericana se acerca a su culminación un proceso iniciado a principios de la década pasada cuando el Estado argentino se vio obligado a derogar el tipo penal de desacato. Desde entonces, los funcionarios que intentaron silenciar a la prensa recurrieron a los juicios por calumnias e injurias. Su descalificación por la Corte Interamericana equivale a su declaración de inconstitucionalidad, dada la jerarquía constitucional de la Convención. Además de proteger a Kimel debería conducir al cierre de todas las causas aún abiertas por esos delitos, salvo cuando se trate de litigios entre particulares y/o sin interés público. A partir de 1999 todos los gobiernos han ratificado el compromiso asumido ante la Comisión Interamericana de modificar esos artículos del Código Penal. Ese compromiso, que no se cumplió en forma voluntaria, se ha convertido ahora en una obligación.



La decision de la secretaria de Derechos Humanos causo sorpresa y repudios.
Una protección que sumó rechazos

La Comisión de Derechos y Garantías de la Cámara de Diputados le pedirá hoy explicaciones a María Bressa por la ampliación del Programa de Protección a testigos a los requerimientos de represores. La Casa Gris mantuvo silencio.

Alicia Gutiérrez, querellante en la causa de la Quinta de Funes, cuestionó a Bressa.
Subnotas
La aclaración que oscurece

Por Juan Carlos Tizziani
La comisión de Derechos y Garantías de la Cámara de Diputados le pedirá hoy explicaciones a la secretaria de Derechos Humanos de la provincia, María Bressa, por su decisión de ampliar el Programa de Protección de Testigos y víctimas del terrorismo de estado a los propios verdugos de la dictadura, a quienes prometió "asistencia psicológica" -si la piden- para afrontar los juicios en los que deben responder por sus crímenes. La reunión se realizará a las 10 y había sido convocada antes de que Bressa revelara a Rosario/12 su interés en "garantizar (a los represores) la protección física y la atención psicológica que ellos mismos vulneraron a sus víctimas", dijo. Bressa recibió ayer el respaldo del silencio en la Casa Gris, mientras le llovían las críticas de militantes de derechos humanos, entre ellos la diputada del Frente Progresista, Alicia Gutiérrez. "El gobierno debe proteger a las víctimas y no a los victimarios", advirtió la legisladora. Mientras tanto, la funcionaria de la polémica publicó un comunicado en el que relativiza sus dichos (ver aparte).
Bressa y el director del Programa de Protección de Testigos, Oscar Blando, fueron convocados por la presidenta de la comisión de Derechos y Garantías, Mónica Peralta (UCR) para "intercambiar opiniones sobre la aplicación" del plan en la provincia, ante los juicios orales y público a represores que se realizarán en Rosario y Santa Fe. También fueron invitados los abogados patrocinantes de las causas que investigan delitos de lesa humanidad.
El anuncio de Bressa de incluir a los represores en un programa destinado -en principio- a víctimas de la represión ilegal causó sorpresa en la Casa de Gobierno y en la Legislatura. La vicegobernadora Griselda Tessio se excusó de opinar. "No va a hacer declaraciones sobre este tema", deslizó uno de sus colaboradores. El ministro de Gobierno y Reforma del Estado, Antonio Bonfatti, dijo no estar informado. "No sé de que se trata", contestó ante una consulta de Rosario/12. Y más tarde, la espera de una definición pública de Hermes Binner resultó infructuosa: el gobernador concedió la última audiencia de su agenda a una madre que lucha contra el narcotráfico, Norma Castaño (ver página 2) y después salió de la Casa Gris por la puerta de atrás.
El silencio oficial dejó a Bressa en la soledad política. Nadie salió a defenderla y menos, a explicar lo inexplicable. "Yo no me voy a borrar", planteó la diputada Gutiérrez. "Lo que dijo Bressa no es lo que se conversó en su momento, tanto con las autoridades del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, como en las distintas reuniones que organizamos en la comisión de Derechos y Garantías de la Cámara. En lo personal, no acuerdo con un programa que proteja a los represores", disparó la legisladora del ARI rebelde.
"Lo que sí conversamos -aclaró- es que si algún represor hablaba o daba información, como en el caso de (Eduardo) Constanzo, sería importante protegerlo para que llegara vivo al momento del juicio, pero eso lo determinará el juez federal de la causa y no el Programa de Protección de Testigos en Santa Fe", explicó.
Gutiérrez dijo ignorar sobre qué normas se fundamentó Bressa para hacer su anuncio. "No hay ningún decreto o resolución del Ministerio, o por lo menos yo la desconozco, que garantice (a los represores) lo que ella dice que están en su derecho de pedir".
-La secretaria de Derechos Humanos habló de una contención psicológica de los represores.
-Pero el programa de protección de testigos, como su nombre lo indica, está dirigido a testigos, querellantes y familiares de víctimas del terrorismo de estado. Por lo tanto, cualquiera de las acciones del gobierno que implique esto, seguridad o apoyo psicológico, tienen que estar dirigidas a ellos.
-¿Cómo surge esta decisión de asistir también a los represores, si ellos lo piden?
-No lo sé.
-¿Cree que la señora Bressa debería dejar el cargo? Algunos organismos de derechos humanos y expresiones políticas ya pidieron su renuncia.
-El Poder Ejecutivo tomará las medidas que crea conveniente. Yo soy legisladora, pero en primer lugar soy querellante (en la causa de la quinta de Funes) y militante de derechos humanos. Por lo tanto, no acuerdo con todo esto -concluyó Gutiérrez.

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