jueves, 22 de mayo de 2008

TRAS SER EXTRADITADO
Traban millonario embargo al represor Cavallo

Es en el marco de la causa por los crímenes de las monjas Domon y Duquet y de Azucena Villaflor. Uruguay concede extradiciones.
15:31
22.05.2008

Embargado. El represor Cavallo llegó al país a pedido de la Justicia argentina para enjuiciarlo por los delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar.
El juez federal Sergio Torres amplió hoy el procesamiento, con prisión preventiva, del ex capitán de la Armada Ricardo Miguel Cavallo en la causa que se investigan las muertes de las monjas francesas Alice Domon y Leonnie Duquet y de la Madre de Plaza de Mayo Azucena Villaflor, entre otra decena de víctimas. En una resolución de más de un centenar de carillas a la que la agencia oficial Télam tuvo acceso, el magistrado también embargó los bienes del represor recientemente extraditado desde España, en 12 millones de pesos.Cuando fue interrogado por Torres, el ex marino rechazó los cargos en lo general y luego se negó a responder las preguntas puntuales sobre las religiosas secuestradas entre el 8 y el 10 de diciembre de 1977 en una iglesia porteña por un grupo de tareas que comandaba Cavallo.Cavallo permanece preso en el penal federal de Marcos Paz, donde fue recluido desde que llegó de España. Alfredo Solari, su abogado defensor, solicitó la liberación de Cavallo, bajo el argumento de que ya estuvo preso durante siete años -tres en México y cuatro en España- sin haber sido sentenciado. Torres ya la rechazó en dos ocasiones.

EN LA RIOJA, EN EL `76
Ex comisario detenido por el crimen de dos curas

Domingo Vara fue arrestado por los asesinatos de los religiosos Murias y Langueville. Sus muertes fueron seguidas por la del obispo Angelelli.
13:59
22.05.2008

Angelelli en sus misiones en La Rioja. Su homicidio siguió al de los curas Murias y Longueville.
El ex comisario de la policía riojana Domingo Benito Vera quedó detenido por los asesinatos en 1976 de los sacerdotes Carlos de Dios Murias y Gabriel Longueville, un crimen político que luego desembocaría en el homicidio del obispo Enrique Angelelli, informaron fuentes judiciales hoy a la agencia de noticias DyN.Las fuentes precisaron que el policía quedó detenido anoche luego de negarse a prestar declaración indagatoria ante el juez federal Daniel Herrera Piedrabuena, que ordenó su traslado a prisión junto a dos oficiales de la Fuerza Aérea, detenidos por la misma causa.En 1976 Vera era un oficial principal que estaba a cargo de la comisaría de Chamical, población en la que el 18 de julio de aquel año Murias y Longueville fueron secuestrados, torturados y asesinados.
POR PEDIDO DE OYARBIDE
Uruguay concedió la extradición represores a la Argentina

Están vinculados al secuestro y desaparición de la nuera del poeta Juan Gelman. Serán enviados cuando resuelvan otras causas pendientes en el país vecino
13:50
22.05.2008
La justicia uruguaya concedió la extradición a Argentina de seis represores vinculados al secuestro y desaparición de la nuera del poeta Juan Gelman. Sin embargo, el envío de los militares y policías está condicionado a que el caso se reabra en Uruguay ya que las actuaciones fueron cerradas hace unos meses. Los represores son Jorge "Pajarito" Silveira, José "Nino" Gavazzo, el aviador José Araújo Umpiérrez, Gilberto Vázquez, Ricardo Arab y el policía Ricardo Medina. Y según consigna la agencia alemana Dpa, todos están detenidos por otras causas, razón por la cual sólo podrán ser enviados al vecino país cuando se defina su situación procesal, indicaron fuentes judiciales. El pedido de extradición del juez argentino Jorge Oyarbide data de agosto del año 2006, pero en este tiempo fueron interpuestos una serie de recursos por parte de la defensa de los represores, que están detenidos en Montevideo. El juez argentino solicitó la extradición de los militares por los delitos de supresión y suposición del estado civil, falsificación de documento público y falsedad ideológica, sustracción de menores y privación de libertad calificada, a lo que la Fiscalía resolvió "no oponerse", expresaron las fuentes. La causa sobre María Claudia García Irureta Goyena, nuera de Gelman, el premiado poeta argentino, fue cerrada el año pasado, pero en febrero, su hija Macarena Gelman, que vive en Uruguay, solicitó la reapertura. El pedido se fundamenta en el hecho de que la Fuerza Aérea Uruguaya (FAU) admitió la existencia de vuelos clandestinos desde Buenos Aires a Montevideo en 1976, con militantes opositores, algunos de los cuales fueron asesinados y desaparecidos. Lo que se ha podido saber del llamado "Caso Gelman" es que María Claudia García habría sido secuestrada en Buenos Aires junto a su esposo y trasladada a Uruguay. Algunos presos de la última dictadura uruguaya (1973-1985) han reconocido haber visto a la mujer en alguna dependencia militar, pero no se ha podido establecer totalmente el hecho.



restricción política por delitos de lesa humanidad
Marche una ley Patti

Se modificarán las leyes de Ética Pública y el Código Penal. No podrán ser candidatos si tienen causas por violaciones a los derechos humanos.
22.05.2008

Sin banca. La ley impedirá que se postulen los acusados por torturas, como el ex policía.
El Congreso comenzó a dar los primeros pasos para aprobar una ley que impida el acceso a cargos públicos a quienes estén involucrados en casos de delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar. La comisión de Asuntos Constitucionales de la cámara baja planteó ayer el primer debate para la modificación de la normativa. La reacción parlamentaria se aceleró luego del proceso contra el ex subcomisario Luis Abelardo Patti, quien reclamaba un lugar en el cuerpo como diputado electo, a pesar de que la Cámara baja había rechazado su ingreso por “inhabilidad moral”. Patti está acusado de torturas cuando se desempeñaba como policía en Escobar.Para evitar el largo debate que provocó el caso Patti y sentar posición política en materia de derechos humanos, la comisión que preside Graciela Camaño tomó en sus manos la discusión sobre el texto que establecerá las limitaciones para acceder a cargos públicos y electivos. La nueva normativa requerirá introducir modificaciones a las leyes de Ética Pública, de Partidos Políticos y al Código Electoral nacional.El debate se centró en el texto del proyecto presentado por la diputada e hija de desaparecidos Victoria Donda, que establece inhabilitar para el ejercicio de la función pública cuando sobre una persona “existan pruebas suficientes de participación en graves violaciones de los derechos humanos que puedan implicar delitos de lesa humanidad”. En el transcurso del primer debate en comisión, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) planteó la necesidad de explicitar el término de “pruebas suficientes” para establecer el alcance de la prohibición del ejercicio de cargos públicos que deberán tomar los jueces para decidir acerca de las candidaturas que se presenten y que puedan ser susceptibles de impugnación, y si debe ser competencia de los juzgados electorales.Se trata del inicio de un largo debate legislativo para el cual fueron convocados distintos sectores, como la organización Poder Ciudadano, la Secretaría de Derechos Humanos y juristas, entre quienes se cuentan el ex camarista que juzgó a las juntas militares Ricardo Gil Lavedra.Por el CELS concurrieron ayer a la Comisión de Asuntos Constitucionales Gastón Chiller, Diego Morales y Damián Sánchez, integrantes del Programa de Justicia de la organización, quienes plantearon la necesidad de ampliar el alcance de la norma y extender la inhabilitación a quienes hubieran cometido “delitos de reducción a servidumbre y violencia sexual en el período de la dictadura militar”.


La Masacre de Fatima
“Se sentían impunes”

Por Diego Martínez
“Se sentían necesarios, casi héroes. Decían que todos los gobiernos los iban a buscar”, explicó. “Nos llevaban al baño, nos violaban. Todo se escuchaba. Se sentían impunes”, agregó. Incluso “camino a la sala de torturas pasábamos por oficinas con gente que hablaba, escribía a máquina y les daban de comer a chicos”. La descripción de Superintendencia de Seguridad Federal y su gente en 1976 pertenece a María del Socorro Alonso, sobreviviente que declaró ayer en la novena audiencia del juicio oral por la “Masacre de Fátima” ante el Tribunal Oral Federal Nº 5. “Eran unos psicópatas totales. En la sala de torturas te decían ‘sacate la ropita, sentate, subite a la parrilla’”, relató. A los imputados Juan Carlos Lapuyole y Carlos Gallone los mencionó entre quienes “tomaban declaraciones”. A Miguel Angel Timarchi como “un operativo”.
La primera testigo, Marta Ocampo, contó que tras el secuestro de su hermana Selma su padre recurrió a un amigo: el coronel Carlos Romanella. “Primero se preocupó, nos dijo ‘está en Coordinación Federal, no hay acusación seria, sólo asociación ilícita’. Después se borró porque lo amenazaban. No supimos más de él, pobre hombre”, contó. Horas después Romanella, de 83 años, dijo no recordar su gestión. “Pienso que traté de averiguar algo pero no averigüé nada”, resumió.
Miguel Bianco contó que durante su cautiverio habló con Jorge Argente, víctima de la masacre. “Yo te limpié, no me tires mierda”, le pidió Argente. “Quedate tranquilo, somos amigos, no tengo nada que decir. Ni vos ni yo tenemos que estar acá”, le aclaró Bianco. Al liberarlo le notificaron: “naciste de nuevo, pibe”. Adrián Merajver contó que el 19 de agosto “abrieron mi celda, uno preguntó ‘¿éste va o no va?’ y otro respondió ‘no, sigue’”. Al día siguiente un guardia dijo “se fueron treinta, y cinco por separado”. “Pensé ‘treinta en libertad y cinco a la cárcel’ o al revés. Todavía no teníamos idea de los de-saparecidos.” Lilia Amparo Jons contó que estuvo once días en Superintendencia junto con su marido. Una noche escucharon los gritos de su hijo Pantaleón Daniel Orfano, desaparecido, a quien un ex servicio del Ejército identificó ante la Justicia como una de las víctimas de Fátima.
María del Socorro Alonso contó que la detuvieron en la comisaría 24, de donde salió vendada hacia Superintendencia. “Era una carnicería, gritos, aullidos, personas tiradas como fardos”, relató. Durante su cautiverio contactó a ocho de las víctimas de la masacre. Contó que los guardias “se cebaron” con una chica judía de 16 años a quien violaban. “Nos habíamos convertido en gusanos humanos, seres humillados, pero era doblemente cruel lo que hacían con esta criatura.” Por otra secuestrada que entabló relación con un guardia supo que el “Francés” era Lapuyole. “No sé si el apodo era por el apellido o por el perfume”, aclaró. “Gallone se divertía diciendo que yo era livianita, me agarraba y me tiraba”, declaró. El policía, con anteojos de sol de marco dorado, la miraba impávido. El 19 de agosto un guardia les acercó Crónica con la noticia del asesinato del general Omar Actis. “Ahora van a pedir que entreguemos gente”, les anticipó. Esa noche hubo “un silencio muy especial” en el edificio. Al día siguiente “era vox populi que había pasado algo”. Entre los cautivos enumeró “peronistas, parte de la Columna Norte de Montoneros, dirigentes gremiales como los de Bendix y gente de la JTP de Judiciales”.


Crean un sistema de recompensas y una oficina para buscar profugos
Un paquete de leyes para acelerar los juicios

Subnotas
Intelectuales en el Congreso

Por Miguel Jorquera
El Senado convirtió en leyes un paquete de proyectos impulsado desde el Gobierno para “acelerar” las causas penales vinculadas a violaciones de derechos humanos durante la dictadura. Entre ellos, la creación de un Fondo de Recompensas para “incentivar” el aporte de datos para la captura de los represores prófugos en causas por crímenes de lesa humanidad y que apunta a “quebrar el silencio y la complicidad con los genocidas”. Otra de las leyes sancionadas crea en el Ministerio de Justicia una “unidad especial para la búsqueda de personas ordenada por la Justicia”. El conjunto de iniciativas también incluyó modificaciones al Código Procesal Penal y la creación de una nueva Cámara de Casación en los tribunales porteños. La oposición no acompañó las medidas “por la falta de debate previo” y cuestionó duramente el sistema de recompensas y la “violación” a la autonomía de la ciudad.
El oficialismo tuvo que invertir más esfuerzo en justificar el tratamiento del paquete de medidas sobre tablas que en explayarse sobre cada uno de ellos. El jefe de la bancada K, Miguel Angel Pichetto, sostuvo que las leyes apuntan “a agilizar las causas por violaciones a los derechos humanos y de delitos comunes”. Pidió el acompañamiento de las iniciativas por la “urgencia” que exigen los temas. Antes, el oficialismo había garantizado la masiva presencia de sus senadores.
El bloque radical votó en contra del tratamiento sobre tablas. “El Senado debe recuperar su función y debatir a fondo los proyectos. No es posible que de un día para el otro tengamos que aprobar las iniciativas del Gobierno sin debate. El Congreso no puede ser una escribanía del kirchnerismo”, remarcó el jujeño Gerardo Morales.
“Es necesario establecer normas serias –insistió– que las discutamos profundamente para terminar los juicios por delitos de lesa humanidad. Nuestra propuesta es la de una profunda modificación al Código Procesal Penal, que evitará el colapso de más de mil causas en los juzgados federales.”
La porteña María Eugenia Estenssoro (CC) fue de las más duras: “Se mezclan peras y manzanas. Se va desde la creación de una Cámara de Casación en la Justicia porteña, en contra de la Constitución y la autonomía de la ciudad. Tampoco estamos de acuerdo con un régimen de recompensas en delitos de lesa humanidad, como si se tratara de crímenes comunes: no les podemos pagar a torturadores y cómplices para que delaten a sus pares. Para romper el pacto de silencio de los represores, el Gobierno aplica la obediencia debida a sus legisladores”.
Para el socialista Rubén Giustiniani, “el fin no justifica cualquier medio. No es correcto mercantilizar la obligación que cada ciudadano tiene en proveer información a la Justicia. Con este criterio se puede llegar a recompensar a integrantes de las fuerzas de seguridad, cómplices del silencio de más de 20 años”, dijo. “Las recompensas no solucionan nada. El tema no es económico, sino de seguridad. Para que avancen las causas sobre violaciones a los derechos humanos se debe brindar a los testigos un sistema de protección adecuado para que no vuelva a pasar lo de Julio López”, definió el arista fueguino José Martínez. Los cuestionamientos no alcanzaron para que el oficialismo admitiera revisión de los proyectos.

Despues de los duros reproches de los organismos, removieron a Maria Bressa de Derechos Humanos
Un enroque, la respuesta a la indignación
Tras la reunión con la Comisión de Derechos y Garantías, donde se pidió la renuncia de la funcionaria que pretendía ampliar la contención a represores, el gobernador decidió reemplazarla por Rosa Acosta, una persona de su confianza.

Bressa pasará a ocupar la Secretaría de Desjudicialización de Conflictos Interpersonales

Por Juan Carlos Tizziani
La comisión de Derechos y Garantías de la Cámara de Diputados no alcanzó ayer a pedirle explicaciones a la secretaria de Derechos Humanos de la provincia, María Bressa por su propuesta de ofrecer asistencia psicológica a genocidas. El repudio de militantes de Hijos y víctimas del terrorismo de Estado hizo estallar la política de derechos humanos de Hermes Binner, porque no sólo exigieron la renuncia de Bressa en su propia cara; también acusaron al ministro de Justicia y Derechos Humanos, Héctor Superti y a los sectores del gobierno que "hicieron lobby y la avalaron" para que ocupara el cargo. "Acá no hay ambivalencia ni medio pelo: o se está de un lado o se está del otro. Entonces, no sólo tiene que renunciar la doctora Bressa, también debería ser seriamente cuestionado su superior y quién avaló su nombramiento", disparó uno de los querellantes. Un directo para Superti. Tres horas después, el ministro anunció la remoción de Bressa y su reemplazo por una abogada de confianza de Binner, Rosa Acosta, quien a su vez dejará su cargo en la Casa Gris ?la Secretaría de Desjudicialización de Conflictos Interpersonales? en manos de la desplazada. Un enroque político con título rimbombante: "Reestucturación en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos", que habrá que ver si alcanza para repechar el primer fracaso de Binner en un área muy sensible: la falta de política frente a la impunidad.
La comisión de Derechos y Garantías había convocado a Bressa y el ex diputado Oscar Blando ?designado hace dos semanas al frente de los programas de Derechos Humanos del gobierno? para que expliquen el plan de protección a testigos y víctimas de delitos de lesa humanidad que se diseñaba en la Casa Gris. Pero la propuesta de Bressa para brindar asistencia psicológica a verdugos alteró la agenda.
La reunión comenzó entonces con una exposición de Blando, que se esmeró durante 20 minutos por explicar el nuevo programa del gobierno. Pero la intentona se desplomó en segundos. "Nosotros teníamos entendido que la doctora Bressa no iba a estar acá", lo cruzó la abogada Nadia Schujman, de la agrupación Hijos de Rosario. "Nosotros no vamos a discutir políticas con la doctora Bressa luego de sus declaraciones. Creemos que tiene que renunciar. La única manera que quede claro que este gobierno no avala los dichos de la señora es que renuncie, sino no podremos discutir más políticas con la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia. Quedará claro que esta es la concepción de este gobierno. Si es así, nosotros no tenemos nada que discutir con ustedes. Nosotros esperábamos otra cosa, porque si no, ni siquiera hubiéramos venido", advirtió Schujman.
Bressa ensayó un descargo tibio. "Lo único que voy a decir es que nunca aboné a la teoría de los dos demonios, en mi vida. Quienes me conocen y pueden rastrear lo poco que hice, porque tampoco hice grandes cosas, verán quién soy yo, qué hice yo y dónde estuve parada, siempre. Yo no abono la teoría de los dos demonios. Desgraciadamente, no fui clara para explicarlo. Es todo lo que puedo decir. Me siento mal si alguien se sintió mal. Pero no pido disculpas porque no es una cosa que hice adrede ni a propósito. Simplemente, a lo mejor, comuniqué mal", dijo Bressa. Ya sonaba a despedida.
Otra abogada de Hijos de Santa Fe metió más presión. "Creemos que el único gesto del gobierno de la provincia tiene que ser la renuncia de la actual secretaria de Derechos Humanos, dijo Lucila Puyol. Su colega, Lucas Ciarnello insistió en el planteo: "Hasta tanto no se rectifique la política del Poder Ejecutivo y la única forma de hacerlo es a través de la renuncia de la doctora Bressa, no nos vamos a sentar a discutir", agregó.
La situación era tan tensa que hasta los diputados del Frente Progresista enmudecieron. Ninguno de ellos jugó una sola palabra en defensa de Bressa: Inés Bertero optó por una retirada estratégica y el jefe del bloque, Raúl Lamberto, sólo agachó la cabeza.
Bressa estaba al borde del llanto. La ola de repudios había comenzado con Daniel García, quien denunció un centro clandestino en Rincón, donde estuvo secuestrado junto con su esposa, Alba Sánchez, durante la dictadura. Ayer, Alba estaba sentada a su lado. "Doctora Bressa: sus declaraciones en el diario no dejan lugar a equívocos", dijo García, mientras señalaba un ejemplar de Rosario 12 del martes. "Ya transcurrieron más de 24 horas y se tiene que haber dado cuenta de la barbaridad que dijo. Entonces, tengo que hacerle un pedido: cuando salga de acá, vuelva a su despacho, presente su renuncia y ¡váyase!".
Pero García también apuntó más arriba. "La responsabilidad de esto excede a la doctora Bressa ?dijo?. Yo tengo 24 años en la administración pública y nadie hace nada si el superior no lo sabe. Esto va más allá de la doctora Bressa".
La reunión terminó entre silencios y voces bajas que Bressa aprovechó para salir lo más rápido que pudo. Tres horas después, apareció en la Casa Gris. Eran casi las dos de la tarde. "¿Cuál es su situación?", le preguntó Rosario/12 cuando ingresaba al despacho de Binner. Bressa contestó con un portazo que retumbó en el primer piso. El secretario del ministro de Gobierno, Antonio Bonfatti, trató de disimular el golpe. Fue su último acto como secretaria de Derechos Humanos de la provincia. Adentro, la esperaban Bonfatti y Superti. Binner ya había hablado por teléfono con Acosta: "¿Quéres ser secretaria de Derechos Humanos?", le había preguntado el gobernador. "Vos sabés que yo siempre quise ese cargo", le contestó su amiga.

No se puede tapar el sol con la mano

Por José Maggi
"No pido disculpas porque no es una cosa que hice adrede ni a propósito. Simplemente, a lo mejor, comuniqué mal". Con esta frase, Maria Bressa se despidió de su cargo como secretaria de Derechos Humanos, ante la crítica frontal que le hicieran ayer las organizaciones de derechos humanos. La frase podría dar lugar a interpretaciones varias: si se comunica mal es porque no hay claridad en el pensamiento. Sin embargo en un rápido chequeo de la cinta se despeja cualquier duda. Y esto es tan claro porque el alerta lo dan los propios profesionales encargados de afrontar el mal trago: hacerse cargo de los represores compungidos (si los hubiera) y sus entornos familiares. Es decir que por poco tiempo Bressa podría haber tapado el sol con la mano. Tal vez la explicación haya que buscarla un poco más allá y mirar esta historia que tiene cuatro capitulos. Los cuatro pasos que eligió el gobierno provincial en este área tan sensible para una parte importante de la población: bajar de categoría a la Secretaría de Derechos Humanos que antes tenía rango ministerial; poner allí a Bressa, que provoca este dislate; intentar taparlo criticando al mensajero y finalmente, probar con un enroque.
Fue un error colocar a Bressa en el cargo cuando no estaba empapada en el tema, por su nula militancia, su desconocimiento de sus protagonistas, y su perfil técnico. Pero hay que decirlo: Bressa llega a ese sitial luego de las diferentes opciones que se barajaron: uno los nombres que acercó la vicegobernadora Griselda Tessio -que fue incluída en la fórmula como vice con la espalda que le daba haber sido fiscal federal e implusora de causas de terrorismo de estado- fue el abogado santafesino Jorge "Coco" Pedraza. Pero el tema quedó en manos del ministro de Justicia Héctor Superti. Aquella decisión tuvo consecuencias: el primer fracaso en una área en donde el socialismo no puede exhibir nombres de valía.

Victima del terrorismo de Estado sumo acusaciones contra Bressa
Un espacio para saldar las cuentas pendientes

El ex detenido desaparecido Daniel García aprovechó la reunión de ayer en la comisión de Derechos y Garantías de la Cámara de Diputados para decirle en la cara todas las cuestiones que tenía pendientes con María Bressa. "Lo que usted dijo es una barbaridad", le planteó a la funcionaria que propuso contención sicológica a los represores y a sus familias. "Y ahora están tratando de dar vuelta la cosa y decir: 'No dije eso, ni lo quise decir'. Lo que dijo es lo que dijo", disparó el querellante en causas por terrorismo de Estado en la capital provincial, quien aprovechó para reprocharle otras actitudes.
"Acá no hay ambivalencia, no hay medio pelo: o se está de un lado o se está del otro", disparó la víctima de terrorismo de Estado. "Porque cuando uno es ambivalente siempre favorece a quien no debe favorecer", dijo también García.
Las durísimas palabras de García fueron también para recordar la presencia de un represor, durante años, en la Defensoría del Pueblo. "Doctora Bressa: Usted tuvo como compañero (en la Defensoría del Pueblo de la provincia, al represor prófugo, Andrés) Cabrera durante un montón de años y nadie le avisó", ironizó García.
No era la única cuenta pendiente. "Cuando se produjo el gran mamarracho de las excusaciones y los sorteos de conjueces (en la causa que investiga la represión en Santa Fe), nosotros le pedimos a usted una audiencia urgente, porque pretendíamos que una voz oficial se manifestara ante ese verdadero mamarracho que estaba haciendo la justicia, de elegir 18 suplentes para conformar un tribunal", dijo también el querellante en las causas santafesinas.
"Le hicimos saber a su secretaria el día que presentamos la nota cuál era el motivo del pedido de reunión, y la urgencia, porque había necesidad de salir a la palestra, de que alguien de un organismo oficial saliera a la palestra", rememoró García, todavía indignado por la respuesta que recibió entonces de Bressa. "Y usted nos mandó a decir que podía concedernos la audiencia para 25 días después, cuando ya no tenía sentido. Por supuesto, la Secretaría de Derechos Humanos de Santa Fe no tuvo ninguna posición oficial con respecto a ese mamarracho", recordó.
Unos minutos después, la esposa de García, Alba Sánchez, que también estuvo desaparecida, le pasó otra fractura. "Ayer intenté comunicarme con usted y fue imposible. Le quiero hablar como mujer. Las mujeres de los represores no necesitan apoyo psicológico porque fueron cómplices de sus maridos. Fueron cómplices cuando llegaban con cosas que no eran de ellos, cuando permitieron alimentar y darle a sus hijos lo que no era de ellos, lo que no se ganaron. Y fueron cómplices cuando se callaron la boca y hoy tienen la posibilidad de hablar y no lo hacen. Entonces, no necesitan ayuda psicológica. Nosotros salimos adelante como hemos podido y llevamos adelante la causa solos, a veces sin ningún tipo de ayuda. Y hasta salimos de la torturas sin ayuda psicológica", disparó Alba.
Bressa se hundió en el silencio.

Jueves 22 de mayo de 2008
Edición impresa Politica Nota
Hijos escrachó a represores
A seis días de que se siente en el banquillo, acusado de cometer delitos de secuestros, aplicación de tormentos y asesinatos, Luciano Benjamín Menéndez fue objeto ayer de un escrache frente a su vivienda de barrio Bajo Palermo de la ciudad de Córdoba, donde cumple arresto domiciliario por orden de la Justicia federal. La movilización fue fogoneada por la agrupación Hijos, que organizó similares muestras de repudio en los domicilios de los generales retirados Fernando Humberto Santiago y Cristino Nicolaides. “Ellos no creen en la democracia, por eso intentan imponer el terror y la impunidad. Nosotros sí creemos en ella, por eso elegimos el camino de la justicia y por eso estamos comprometidos en marchar a los Tribunales Federales el martes 27 de mayo exigiendo ‘juicio y castigo a Menéndez y sus cómplices’”, señala un pronunciamiento de la organización, con lo que anticiparon una movida para la apertura de las audiencias en las que serán juzgado Menéndez y otros siete represores. Hijos recordó que además del inminente juicio en Córdoba, Menéndez está imputado por similares delitos en otras provincias que durante la dictadura formaban parte de la jurisdicción del Tercer Cuerpo de Ejército, como Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja, Mendoza, Santiago del Estero y Tucumán.

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