martes, 20 de mayo de 2008

Fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos
El Estado debará anular la condena al periodista Eduardo Kimel

El gobierno argentino deberá reformar el alcance de los delitos de calumnias e injurias y anular una condena impuesta al periodista Eduardo Kimel por haber criticado la actuación de un juez durante la última dictadura, según un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.



Verbitzky, Kimel y Loretti en el CELS al anunciar el fallo de la CIDH

En su sentencia, el máximo tribunal regional intimó al Estado argentino a "dejar sin efecto en un plazo de seis meses" la condena penal impuesta a Kimel por haber criticado la actuación del ex juez Guillermo Rivarola en la investigación de la denominada "masacre de los palotinos".
Además de sentar jurisprudencia para otras demandas de calumnias e injurias, la CIDH ordena al Estado argentino realizar un acto público de reconocimiento de su responsabilidad en el caso Kimel, y pagar costas y gastos, entre otras intimaciones. "La opinión no puede ser objeto de sanción, más aún cuando se trata de un juicio de valor sobre un acto oficial de un funcionario público en el desempeño de su cargo", remarcó el tribunal.
En 1999 la Corte Suprema había condenado a Kimel a un año de prisión en suspenso y al pago de 20 mil pesos como indemnización a Rivarola por el delito de calumnias e injurias, supuestamente cometido en el libro "La masacre de San Patricio".
Con el fallo del último 2 de mayo de la Corte Interamericana, que fue dado a conocer hoy por el Centro de Estudios Sociales y Legales (CELS), el alto tribunal entendió que "son ambiguas y que violan la libertad de expresión" las condenas por calumnias e injurias iniciadas por funcionarios. Así fue explicado hoy por los responsables del CELS, Horacio Verbitsky, Andrea Pochak y Damián Loreti, en una conferencia de prensa que ofrecieron junto a Kimel para celebrar el alcance de la sentencia.
"Nuevamente un caso argentino abre camino para evitar que se puedan repetir en el futuro violaciones a la libertad de expresión", destacó Verbitzky. Kimel dio algunos ejemplos del agobio que padeció durante los 17 años que duró el proceso judicial en su contra, y bromeó: "Es una cifra significativa en la biología de un muchacho de 55", que buscó "sacar a la luz uno de los hechos más atroces cometidos por el terrorismo de Estado". "La masacre de San Patricio", publicada su primera edición en 1989, investigó el asesinato de los sacerdotes palotinos Alfredo Kelly, Alfredo Leaden y Pedro Duffau, y de los seminaristas Salvador Barbeito y Emilio Barletti, todos cometidos el 4 de julio de 1976, durante la última dictadura militar. En 1991 Kimel fue querellado por Rivarola, quien como juez tuvo a su cargo la investigación en los años 1976 y 1997, y quien actualmente es camarista del fuero penal. Tras largas idas y vueltas del expediente en la justicia argentina, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) decidió el año pasado demandar al Estado argentino ante la Corte Interamericana. En agosto de 2007, el Estado asumió responsabilidad internacional por las violaciones a los derechos humanos en el caso y reconoció que se había violado la libertad de expresión y las garantías del debido proceso por haberse condenado penal y civilmente a Kimel.
"El Estado debe eliminar inmediatamente el nombre del señor Kimel de los registros públicos en los que aparezca con antecedentes penales relacionados con el presente caso", determinó la CIDH en su fallo del 2 de mayo.
Un mosaico de lo que fue la masacre de los palotinos, y que toma parte del relato del libro de Kimel, podrá verse a partir del 3 julio en un documental, que ya recibió premios internacionales y que se estrenará en salas de la Capital Federal.

La secretaria de Derechos Humanos pretende contener a represores
Proteger y servir a los victimarios

María Bressa indicó que el Programa de Protección a Testigos incluye a procesados por delitos de lesa humanidad y sus familiares. "Queremos garantizar todos sus derechos", dijo.



Bressa no hace distinciones entre víctimas y verdugos.
Subnotas
Reuniones con los organismos


Por José Maggi
La secretaria de Derechos Humanos de la provincia María Bressa, extendió ayer la cobertura del Programa de Protección de Testigos y Querellantes en causas de lesa humanidad, a quienes están procesados por esos delitos y su entorno familiar. "Queremos garantizar todos sus derechos, incluso la protección física y la atención psicológica, otorgándoles aquellos beneficios que ellos mismos vulneraron a su víctimas", aseguró Bressa. Y lo justificó: "Debemos hacerlo si queremos vivir en un estado de derecho y no en un régimen totalitario".
Bressa explicó ayer a Rosario/12 que "el eje sobre el que va girar este Programa va ser el de proteger psicológicamente a testigos, con un equipo de diez psicólogos y dos psiquiatras, cinco de los cuales son de la Secretaría de Derechos Humanos, y ya vienen formándose antes de esta gestión en la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, como Mariana Storero". Mientras tanto, subrayó que la integración del equipo rosarino será diferente. "Estará formado por profesionales de Salud Mental de la provincia", indicó.
La funcionaria afirmó que tienen prevista la capacitación de los profesionales. "También desde la Secretaría nacional van a llegar para dar algunos cursos con nuestros psicólogos para que se sientan más seguros en la tarea que les toca realizar", indicó. Pero también apuntó que no sólo se trata de contención. "En la parte de protección física real trabajamos con el ministro de Seguridad, que va a elegir un grupo de policías, a cargo del mismo Daniel Cuenca. Finalmente cuando se haya completado la lista de custodios, los organismos de derechos humanos chequearán sus antecedentes. Todo esto va estar coordinado por el doctor Oscar Blando" remarcó Bressa en alusión al Programa que anunció este diario el último domingo.
--¿De qué manera está pensada la contención psicológica?
--Esto será a requerimiento de la gente, no es para hacer un tratamiento, sino para atenderlos en un momento crítico, cuando se estén acercando las audiencias.
--¿A quiénes va a ser comprender la asistencia psicológica y la protección de este programa?
--A todas las personas que lo soliciten, no va a ser sólo para los testigos, sino también para querellantes, abogados, incluso aquellos que tengan el doble rol, como denunciantes y patrocinantes. Y todo aquel que lo solicite, sus familiares, su entorno que tenga algún grado de angustia, algún grado de miedo, se les ofrece a todos ellos.
--¿Cuando habla de todos, habla también de los procesados por esos delitos, es decir de los victimarios?
--Sí, no podemos olvidarnos que estamos en un estado de derecho y a todos aquellos que hoy son víctimas y están haciendo juicios, no se les reconoció nada de esto.
--¿Con esa premisa se pensó este programa de Protección de Testigos, Víctimas y también Victimarios?
--Por supuesto.
--Hay una programa similar de estas características en otro lugar del país?
--Sí, hemos estado viendo en Córdoba, La Plata, en Corrientes, tal vez no tan articulado en un decreto como el nuestro. Algunos hacen hincapié en lo psicológico, otros en la policía, en provincia de Buenos Aires se trabaja con la Policía Federal.
--¿No le parece polémico ofrecerle custodia y apoyo psicológico a los represores y sus familias?
-- Esperemos que no sea polémico porque tenemos que demostrar que sabemos vivir en una sociedad, y en un estado de derecho. Y fundamentalmente demostrar que podemos darles lo que ellos mismos no les dieron a otros. Nosotros no podemos repetir eso.

Ronchetti promovio un juicio contra la APDH y no se presento
Un querellante poco confiable

El director del diario El Tiempo, de Azul, quien consideró que la apropiación de bebés era un “acto de amor” y fue criticado por la APDH, le inició un juicio al organismo. Ayer no se presentó a la audiencia. La Asamblea abrirá un proceso en su contra.



El director y propietario de El Tiempo, Alfredo Ronchetti.



Por Adriana Meyer
El director de un diario de Azul consideró como un “acto de amor” la apropiación de bebés durante la dictadura; las autoridades de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) lo cuestionaron por adherir al genocidio y ahora enfrenta un juicio por injurias. Pero ayer, en la que podría haber sido la primera y última jornada del proceso, el querellante no se presentó, pidió una nueva audiencia y logró que fuera fijada para agosto. “De por sí es una paradoja que nos lleven a juicio, pero, además, no te dejan defenderte, la Justicia está en otro lado”, dijo a Página/12 Luz Ramallo, de la delegación azuleña de la APDH. “Es incomprensible que un juez haya impulsado esto cuando las leyes internacionales consideran que esta temática merece total condena”, expresó el obispo metodista Aldo Etchegoyen, copresidente de la APDH a nivel nacional. El organismo decidió, además, iniciarle a Alfredo Ronche-tti un juicio por apología del delito.
En febrero de 2006, las Abuelas de Plaza de Mayo recuperaron otro nieto, hijo de un militante montonero de Azul que permanece desaparecido. El 28 de marzo, el director y propietario del diario El Tiempo, Ronchetti, le dedicó un editorial a la noticia. “No es el momento de juzgar cuál debería ser el proceder de los responsables en esa época. Si actuaron bien o mal. Si entregaban los recién nacidos como acto de amor o los dejaban morir junto a quien los habían parido”, escribió Ronchetti sobre la apropiación de menores durante la dictadura. La reacción de la APDH local no se hizo esperar y llegó como una carta de lectores que publicó el mismo matutino. La presidenta de la delegación, Luz Ramallo, y el secretario, José Luis Alvarez, mostraron su rechazo a las expresiones de Ronchetti, argumentando que “cuando exhorta a reconocer en el acto de apropiación de los hijos de los desaparecidos un acto de amor”, el director del matutino expresa “su entera adhesión al genocidio”. Ronchetti resolvió iniciar una querella por “injurias” contra los dirigentes de la APDH. La Justicia le hizo lugar y ayer debió haber comenzado el proceso en el juzgado correccional de Tandil, a cargo de Carlos Alberto Pocorena.
Sin embargo, Ronchetti no apareció y mandó a su hijo, Fernando, con un pedido de suspensión del juicio en el que alegó padecer una cardiopatía, de la que adjuntó un certificado médico, y dijo temer agresiones y “escraches” por las manifestaciones de repudio que se generaron. De hecho, acudieron a los tribunales tandilenses la secretaria de Derechos Humanos bonaerense, Sara Derotier de Cobacho, miembros de la Comisión Provincial de la Memoria y de la APDH nacional, como el obispo Etchegoyen. El juez fijó la nueva audiencia para el 18 de agosto, pero el hijo de Ronchetti anticipó que su padre no se presentará en ese momento, sino que enviará a un apoderado. “No puede sostener lo que empezó, dilata y juega al desgaste”, se quejó Ramallo, la dirigente querellada, sin ocultar su frustración. Los abogados de la APDH calificaron el faltazo del denunciante como un “acto procesal de mala fe” y le pidieron al juez que considere desistida la iniciativa. Sin demasiadas expectativas de tener éxito con ese planteo, decidieron contrarrestar con otra acción: denunciarán a Ronchetti por apología del delito.
El editorial que originó el enfrentamiento se refería a la restitución de la identidad del nieto número 82 por parte de Abuelas de Plaza de Mayo: Sebastián, de 30 años, cuyos padres, Gaspar Onofre y Adriana Tasca, están desaparecidos desde fines de 1977. El joven nació en cautiverio el 27 de marzo de 1978 y fue entregado por un oficial del Ejército a una familia conocida suya, que lo inscribió en el Registro Civil como hijo propio.

Panel argentino en Naciones Unidas
Desaparición forzada


La Argentina presentará este jueves un panel especial en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York sobre la Convención contra la Desaparición Forzada de Personas, con el objetivo de impulsar su ratificación por parte de los gobiernos de todo el mundo y una rápida entrada en vigencia.
El panel estará encabezado por el canciller Jorge Taiana e incluirá también a la titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto; la presidenta de Foundation for Human Rights de Sudáfrica, Yasmin Sooka; a Santiago Corcuera, presidente del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones en el Consejo de Derechos Humanos y, como moderador, Juan Méndez, que fue representante de la ONU sobre la Prevención del Genocidio.
“La convención es el primer instrumento internacional universal que reconoce a la desaparición forzada como un crimen en todas las situaciones, reconociendo los derechos de las víctimas a la justicia, la verdad y la reparación”, explicó el embajador argentino ante la ONU, Jorge Argüello, quien viene trabajando en la organización del encuentro.
La Convención contra la Desaparición Forzada de Personas fue aprobada por las Naciones Unidas en diciembre de 2006 y otorga la jerarquía de derecho humano universal a la protección de las personas frente a la desaparición forzada. Argentina y Francia fueron los principales impulsores de la declaración. Para su entrada en vigencia, la convención necesita una amplia ratificación por parte de los países miembros de las Naciones Unidas.

La Liga Argentina por los Derechos del Hombre querella en Santa Fe
Quieren unificar las causas de la represión


Por Juan Carlos Tizziani
La Liga Argentina por los Derechos del Hombre se convirtió ayer en el primer organismo de derechos humanos que se presentó como querellante en las causas que investigan a represores de la dictadura en Santa Fe. Un planteo al que se podría sumar en los próximos días el Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos. Pero también pidió la unificación de las causas judiciales de la represión ilegal en el centro norte de la provincia que hoy se tramitan ?por separado? en más de 60 expedientes, la mayoría de ellos ante el juez federal Nº 1, Reinaldo Rodríguez. "Para avanzar en la justicia, primero, hay que reconocer la verdad. Por lo tanto, debemos salir de este camino de fracturar y fragmentar las causas y avanzar por el otro", dijo José Schulman, víctima del terrorismo de estado que presentó el escrito junto con la copresidenta de la Liga, Graciela Rosemblun.
La unificación del proceso a la guerra sucia contra la sociedad ya madura en la justicia federal, donde las investigaciones avanzan sobre el rol que cumplieron los jefes militares, tanto del Area 212 (que tenía jurisdicción en los departamentos La Capital, Las Colonias, Castellanos, San Cristóbal, San Justo y Garay), como del Destacamento de Inteligencia Militar 122, con una competencia se extendía a Entre Ríos y parte del Uruguay.
Hasta ahora, el único ex jefe del Area 212 imputado y detenido en una causa es el coronel Juan Orlando Rolón, quien asumió el cargo en noviembre de 1976. Pero su antecesor, el coronel José María González nunca fue molestado por ningún juez, a pesar de que la noche del 24 de marzo de 1976 comandó el golpe de estado en la provincia, asumió como el primer interventor de facto del gobierno de Santa Fe hasta mayo de 1976 y después siguió al frente del Area 212 hasta que lo reemplazó Rolón. González había sido designado en octubre de 1974.
Lo mismo sucedió con los ex jefes del Destacamento de Inteligencia Militar 122. El único imputado ?y con prisión domiciliaria en su casa en Mendoza? es el coronel Domingo Manuel Marcellini, que estuvo al frente del organismo desde noviembre de 1975 hasta octubre de 1977. Desde hace tiempo, la justicia cuenta con una lista de dieciséis oficiales de inteligencia que revistaron en el Destacamento, desde noviembre de 1975 hasta diciembre de 1978, pero ninguno de ellos ?excepto Marcellini? fueron citados por los jueces. En esa lista figuraba el ex teniente coronel Paul Alberto Navone, que se suicidó en la localidad cordobesa de Ascochinga el 25 de febrero, el mismo día que debía declarar ante la justicia federal de Paraná por la apropiación ilegal de bebés durante la dictadura.
La Liga se presentó como querellante en dos causas: una investiga el destino final de la docente desaparecida Alicia López, en la que el ex jefe de la comisaría 4ª, Mario Facino, está procesado por "homicidio" y otra en la que están imputados los coroneles Rolón y Marcellini, entre otros. "Pensamos que es un aporte para fortalecer la investigación e incorporar la mirada de un movimiento que hace más de 30 años que lucha por la justicia", dijo Schulman.
En la entrevista con el juez Rodríguez, los militantes de la Liga insistieron en la necesidad de unificar las causas de la represión ilegal en Santa Fe. "En la Argentina hubo un plan de exterminio y en la ciudad de Santa Fe una operación coordinada y articulada entre las Fuerzas Armadas, la Policía y una parte del Poder Judicial", explicó.
-¿Creen que puede haber una megacausa del Area 212 de Santa Fe?
-Hay que unificar. Si se pudiera hacer una sola, mejor. Lo que no se puede admitir es que haya 60 causas. Incluso, hemos planteado que la última vez que estuve en Santa Fe hice el reconocimiento de la comisaría 4ª, pero por este camino, voy a tener que hacer el mismo reconocimiento 30 veces, lo que resulta hasta grotesco. ¿Cuántas veces voy a reconocer lo mismo? Una vez que fui a reconocer la 4ª, ya está" ?planteó Schulman.
Por su parte, Rosemblun coincidió en que "la unificación de las causas tiene que ver con los testigos, por lo que significa declarar más de una vez sobre hechos que ocurrieron hace 30 años. Pero significa también ubicar el mapa político y el plan de genocidio que incorporó no sólo lo represivo, sino lo económico social. La ciudad de La Plata tuvo 2 mil desaparecidos, la provincia de Tucumán 400, Córdoba más de 2 mil, por la Escuela Mecánica de la Armada pasaron 5 mil y otro tanto por Campo de Mayo. Es decir, la represión tuvo características nacionales, pero se concentró más en los centros industriales desarrollados. Entonces, ese es el marco del genocidio que nosotros planteamos: acá hay una responsabilidad de los militares, pero también de los civiles, en sus varias expresiones, que hasta el día de hoy no han sido tocados en las causas judiciales", concluyó Rosemblun
http://www.edicioni.com/1747-1-corte_adn_los_hijos_ernestina_futuro_del_derecho_penal.html

POLITICA La Corte, el ADN, los hijos de Ernestina y el futuro del derecho penal
La Corte Suprema deberá resolver en breve sobre un tema explosivo. Si obliga o no a realizarse análisis de ADN a presuntos hijos de desaparecidos apropiados durante la última dictadura militar. Así contado el asunto parece hasta inocuo, pero un de los casos que se encuentra en la Corte es el de los hijos de la dueña del Grupo Clarín, Felipe y Marcela Noble. Un caso en el que se entrecruzan las presiones del poder con cuestiones fundamentales e institucionales de suma gravedad como es el derecho a la intimidad, y la legalidad de los allanamientos. Además, una entrevista con Alcira Ríos, la mujer que enfrentó a Clarín. 18.04.2008

La dueña del Grupo Clarín podría verse en problemas si la Corte Suprema obliga a sus hijos adoptivos a hacerse un análisis de ADN

CIUDAD DE BUENOS AIRES (edición i)Todas las causas judiciales en las el Grupo Clarín interviene suelen tener características similares. En general, los abogados del multimedio logran convertir las causas en las cuáles Clarín tiene mucho que perder en berenjenales jurídicos. Recursos que se superponen, las instancias de apelaciones, quejas, recursos extraordinarios, y chicanas procesales, todo vale. Todo hasta lograr que algún juez o alguna Cámara dicte el fallo, definitivo y favorable, por supuesto. No importa el derecho, solo los intereses del Grupo. Así lo hicieron con el APE de Multicanal, también con el APE de Cablevisión, necesario para Clarín para concretar finalmente la fusión con su otra operadora de Cable.Y si el método es válido cuando hay intereses comerciales en juego, mucho más cuando lo que está en riesgo es el honor e incluso la situación penal de la dueña. Ernestina Herrera de Noble viene batallando en tribunales con el juicio de presunta apropiación ilegal de sus dos hijos adoptivos, Felipe y Marcela, desde hace más de ocho años. Pero todo podría estar cerca de terminar. Y no necesariamente a favor de Clarín.La causa comenzó en el juzgado Federal de San Isidro, cuando el juez era Roberto Marquevich. Por una denuncia de Abuelas de Plaza de Mayo se inició el proceso de investigación, donde se descubrieron numerosas irregularidades e inconsistencias en los expedientes de adopción. Luego de dos años de trabajo, Marquevich tomó la decisión que le costaría la carrera: el 17 de diciembre de 2002 dictó la prisión preventiva de Ernestina Herrera de Noble y la extracción compulsiva de sangre de Felipe y Marcela para la realización de los análisis de ADN.Con su dueña presa, el Grupo entró en emergencia y desplegó todo su poder, a los cinco días había logrado que su figura máxima fuera liberada, y 18 meses después, en junio de 2004 había logrado que Roberto Marquevich fuera destituído.El reemplazante de Marquevich fue Conrado Bergesio, un juez "confiable" para Clarín. Tanta fue la tranquilidad de los abogados de Clarín con el nuevo juez, que cometieron un olvido acaso imperdonable, sin preocuparse por apelar la orden del análisis compulsivo dictada por Marquevich, presentaron ante Bergesio otra alternativa: los chicos aceptaban analizarse pero solo si los ADN se hacían en el Cuerpo Médico Forense y se comparaban solo con los abuelos querellantes. Bergesio los autorizó al instante. Pero había dos pequeños problemas: primero, según el derecho procesal, cualquier resolución de un juez que el perjudicado no apele, se considera "desistida" y queda firme. Segundo, un análisis de ADN por un caso en el que se investiga una presunta apropiación de bebés durante la última dictadura militar, no es algo que se pueda "concensuar". Existe una ley, llamada Ley Nacional del Banco de Datos Genéticos que ordena procesos muy estrictos. El análisis debe hacerse en el Hospital Durán y las muestras deben cruzarse con todos los datos del Banco. Esto tiene un propósito muy claro, en el banco están los registros de ADN de todo aquel que tuvo un familiar desaparecido y que sospecha que el bebé de su hijo, sobrino o familiar pudo haber sido robado por las Fuerzas Armadas. La ley se hizo para priorizar la recuperación de identidad de esos bebés apropiados. Es por eso que resultaba tan irregular el pedido de los hijos de Noble de comparar sus ADN solo con los abuelos que querellaban y negarse a hacerlo con el resto del Banco de Datos y además que el estudio se hiciera en otro lado.Desde hace más de cinco años que Alcira Ríos, la abogada de los familiares que presentaron la denuncia y los abogados de Clarín llevan una lucha interminable apelaciones y recursos. La Cámara Federal de San Martín le había dado la razón a Ríos y había revocado una resolución de Bergesio. Clarín apeló. Casación, le dio la razón a Ríos. Clarín fue a la Corte. La corte se lo mandó al procurador Righi. Righi consideró que debía volver a Casación. Casación se lo devolvió a Bergesio, aceptando esta vez los argumentos de Clarín. Y Ríos fue en queja a la Corte. Y allí se encuentra ahora.Pero en la Corte Suprema los hijos de Noble no están solos. Hay otros dos hermanos que esperan la resolución, Emiliano y Guillermo Prieto. Los dos Prieto tienen causas separadas. Emiliano fue a la Corte negándose a la extracción compulsiva de sangre ordenada por la Cámara en 2002. Guillermo llegó apelando una decisión de Romilda Servini de Cubría, que había ordenado el allanamiento para recabar elementos con los cuáles realizar el ADN.Ahora los ministros de la Corte deben resolver si: los análisis compulsivos violan la intimidad o no. Si las pruebas de ADN pueden ser consideradas pruebas contra los apropiadores. Y, más complicado aún: si aceptan o no las excepciones plantadas por los hijos de Noble.El rumor es que en medio de la guerra Clarín-Gobierno, en la Casa Rosada podrían estar interesados en que el fallo de la Corte se active. Por otro lado los rumores que llegan desde el palacio de Tribunales es que aunque los Jueces todavía no han llegado a un concenso el fallo estaría por resolver.
Aquí el diálogo con Alcira Ríos, que hasta hace 3 años era la abogada de Abuelas de Plaza de Mayo, de donde se alejó por diferencias con Estela de Carlotto. Aún así, conserva la representación de la mayoría de las abuelas que pelean en la Justicia por la identidad de sus nietos.
-Hay una jurisprudencia de la Corte Suprema, en su composición anterior, sobre el caso de Evelyn Vázquez Ferrá, en la que falló a favor de la persona que solicitaba no ser obligada a realizarse la extracción compulsiva de sangre…-La decisión de la Corte anterior fue más política que jurídica. A los jueces que habían votado en contra del análisis los denuncié ante el Consejo de la Magistratura. Y fuimos con el caso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, porque esa sentencia era una vergüenza jurídica, el voto de la mayoría recurrió al derecho civil para justificarse, cuando se estaba resolviendo una causa penal, en la cual estaban en juego delitos gravísimos de lesa humanidad.

From: H.I.J.O.S. Capital

Se agradece la difusión


CARTA ABIERTA DE H.I.J.O.S. A LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

Apropiar significa tomar como propio algo que no lo es. Tomar como propia a una persona es un delito. Hoy hay alrededor de 400 jóvenes apropiados que no conocen su identidad.
La apropiación es un acto violento contra una persona que pasa a ser una víctima hasta el momento en que se le restituye su identidad. Una persona apropiada no sabe que quienes dicen ser sus padres no lo son, no conoce su verdadero origen, su verdadero nombre; estar apropiado es, además, no conocer a la verdadera familia, no saber qué pasó con sus padres. Es también desconocer que quienes lo apropiaron están implicados en el genocidio. Por lo tanto, los 400 jóvenes apropiados durante la práctica sistemática ejercida por los terroristas de Estado viven en una situación de violencia, incluso algunos de ellos viven con los torturadores y asesinos de sus madres y padres, sin saberlo. Por eso, porque son víctimas, no están eligiendo: están siendo sometidos a la apropiación.
Es obligación del Estado garantizar el cumplimiento de los derechos de los ciudadanos. Y uno de esos derechos es el de la identidad. Por eso sería inadmisible que cualquier integrante del Estado no cumpla su obligación de tutelar el goce del derecho a la identidad de los 400 jóvenes apropiados, nuestros hermanos. Sería muy grave que la Justicia no comprenda que un joven apropiado no puede ser quien deba decidir, porque vive sometido. Si el Estado permite que se siga perpetuando el delito de apropiación, además de ser cómplice, está avalando que cientos de personas sean violentadas, porque quienes los criaron son represores: alguien que torturó, asesinó y robó niños en centros clandestinos de detención, tortura y exterminio es la misma persona cuando llega a su casa. Así, estos jóvenes conviven con represores desde hace 30 años.
Sabemos que ustedes están en condiciones jurídicas de fallar sobre dos causas que atañen a toda la sociedad, pero de manera más cercana a quienes somos víctimas directas del terrorismo de Estado o familiares de ellos. Por eso queremos expresarles nuestra preocupación ante estos posibles fallos vinculados a la búsqueda de la identidad de Emiliano y Guillermo Prieto Gualtieri, quienes podrían ser algunos de nuestros hermanos apropiados que buscamos desde hace 30 años.
Nos preocupa que la Justicia no acompañe el compromiso de la sociedad por la verdad, la memoria y la justicia; que no acompañe a los 400 jóvenes que aún viven apropiados y no conocen su identidad; que no acompañe a las Abuelas de Plaza de Mayo, las Madres, los H.I.J.O.S. y demás organismos de Derechos Humanos en la búsqueda de la verdad. Porque si ustedes, en carácter de miembros de la Corte Suprema de Justicia, no colaboran en el cumplimiento del derecho a la identidad de las personas, están siendo cómplices de un delito.
La Justicia debe contemplar en sus fallos la gravedad de los delitos cometidos. Quienes apropian a una persona cometen un delito y en el caso de los jóvenes apropiados en la práctica sistemática de la última dictadura militar, se trata de apropiaciones cometidas en el marco de un genocidio. Por eso, lo que ustedes dictaminen sienta un precedente histórico en la lucha por la verdad. La Justicia debe garantizar el cumplimiento de los derechos humanos y no la impunidad.
Cuando nos hablan de la "violencia" de una extracción de muestra para una prueba genética que pueda devolverles a los jóvenes apropiados su identidad, decimos que lo violento, tanto para esa persona como para el conjunto de la sociedad, es vivir en una mentira; violento es seguir perpetuando el delito de apropiación, seguir negándole su historia, su familia; violento es que alguien apropiado siga conviviendo con represores, que son en muchos casos los mismos que torturaron a sus padres.
30 años atrás el genocidio nos dejó sin padres y madres, abuelos, tíos… En ese momento supimos que los hacían desaparecer. Pero además, nos dejó sin nuestros hermanos y nos condenó a una búsqueda profundamente dolorosa que es saber que nuestros hermanos están vivos, pero no podemos abrazarlos. Nos arrancó a nuestros hermanos y los sigue reteniendo, continuando la lógica perversa de considerarlos propiedad de alguien. Esos jóvenes que hoy tienen entre 28 y 32 años siguen siendo víctimas y la única forma para que dejen de serlo es que puedan conocer su identidad: saber quiénes son, quiénes fueron sus padres, sus abuelos, quiénes somos sus hermanos que los buscamos hasta encontrarlos y abrazarlos. La Justicia debe estar a la altura de las circunstancias que la sociedad construyó y defiende: el derecho a la identidad no puede ser puesto en duda.

19 de mayo de 2008
H.I.J.O.S.
Hijos e Hijas por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio
Regional Capital en la Red Nacional

hijoscapital@gmail.com
15-3-571-0767
RESUMEN DE DERECHOS HUMANOS DE URUGUAY
SOBRE DERECHOS HUMANOS CORRESPONDIENTE AL 15.05.08.
Secretaria de Derechos Humanos del PVP FRENTE AMPLIO.
ÚLTIMAS NOTICIAS PÁG. 4'Ellos sabían que se iban a Chile'. BAYARDI EXPLICÓ EXTRADICIONES.EL MINISTRO de Defensa Nacional, José Bayardi, dijo que advirtió a uno de los militares extraditados a Chile por el caso Berríos antes de las elecciones nacionales de 2004 que el Frente Amplio habilitaría la solicitud de la Justicia trasandina."Al menos a uno de los militares que fueron extraditados a Chile no debería haberle sorprendido la posición del actual ministro", dijo Bayardi el pasado martes ante la Comisión de Defensa de Diputados, cuando debió responder por las declaraciones que hizo semanas atrás en Chile el jefe del Ejército, Jorge Rosales, sobre el proceso de los militares Eduardo Radaelli, Wellington Sarli y Tomás Casella por el caso Berríos. Es que, según contó, uno de ellos le preguntó antes de las elecciones de 2004 qué haría el actual gobierno si la Justicia habilitaba sus extradiciones. "Le nombré al abogado defensor que estaba en la causa y le dije que solicitara que extremara sus esfuerzos para evitar la extradición, porque si había un fallo judicial, se iban", contó Bayardi. El ministro respondió así a la afirmación del diputado colorado Daniel García Pintos, quien en la misma reunión dijo que Radaelli, Casella y Sarli, fueron "entregados" por el gobierno a (ajusticia chilena para que fueran juzgados por el asesinato del químico chileno Eugenio Berríos."No fue la (ex) ministra (Azucena) Berruti la que entregó tres compatriotas a Chile; hubo un acto del Poder Ejecutivo que determinó la extradición por parte del Poder Judicial, con todas las garantías de un largo proceso. El Poder Ejecutivo cumplió con los pedidos de extradición de Chile y resolvió trasladar a estos tres compatriotas a ese país", dijo.Por otra parte, Bayardi sostuvo que "existió una enorme debilidad en el período 1990-1994 desde el punto de vista político y existió una enorme debilidad política del sistema judicial uruguayo en el período 1993-2000, hasta que se dio el cierre de las actuaciones en el Uruguay". LA DIARIA PÁG 12De tal Goyo tal sobrina. Empezó juicio de Álvarez por difamación contra Mizrahi; sigue el lunes.La periodista Ana María Mizrahi le tuvo que explicar ayer a una fiscal, Brenda Puppo, por qué eligió realizar una entrevista que, entre otras cosas, permitió revelar el autor material de la ejecución del coronel Artigas Álvarez y, al mismo tiempo, desvincular de ese hecho a otro ex militante tupamaro, Roberto Luzardo, muerto por la dictadura, que le había achacado el asesinato del hermano del dictador.El esclarecimiento de un crimen pareció no ser suficiente para la fiscal, que realizó todo tipo de preguntas acerca de si la trabajadora venía siguiendo el tema, si era pertinente una nota de ese tipo, etcétera, aunque aclaró que no conocía ni miraba el programa en el que había sido emitida: "Yo no conozco La noticia y..."; "...su contexto", completó Mizrahi.Se cumplió ayer la primera audiencia oral y pública en torno a la denuncia que por difamación e injurias entabló Celeste Álvarez (hija de Artigas y sobrina del Goyo) contra la periodista, por la entrevista que en mayo de 2007 divulgó en el programa que conduce en Canal 5, y que Puppo desconoce.El protagonista fue José Luis Rodríguez, quien aceptó haber participado del operativo tupamaro que terminó con la vida de Álvarez: "Le disparamos en el momento en que él salía", dijo Rodríguez, quien justificó la acción por el hecho de que el coronel había "matado a patadas a un compañero en la cárcel".El ataque al coronel ocurrió en junio de 1972 y ameritó varios operativos en procura de detener a los autores. En ese contexto fue herido y detenido Luzardo, a quien los militares responsabilizaron del hecho.Lo dejaron morir en el Hospital Militar en 1973, sin asistencia médica y sin suministrarle alimentos.Rodríguez también fue detenido por aquellos años y, según dijo en la entrevista en cuestión, bajo tortura los militares "querían que yo lo acusara (a Luzardo) pero en ningún momento lograron ese objetivo". El caso Luzardo fue dejado afuera de la Ley de Caducidad y ahora está siendo investigado por el juez Juan Carlos Fernández Lechini.La audiencia de ayer duró poco más de dos horas. Se volvió a ver la nota a Rodríguez. Ahí fue que la periodista tuvo que explicar por qué eligió hacer esa nota. Su abogado defensor, Pablo Donangelo, explicó a la diaria que el juicio no tiene sentido, ya que la ley es clara: "Cuando está identificado el autor de las declaraciones, el periodista no es responsable de los dichos.Pedimos el archivo de la causa y el juez [Álvaro Beyhaut] le dio vista fiscal". Esto quiere decir que Puppo estudiará la situación (quizá mire La noticia y su contexto) y el lunes a las 14.00 dirá qué resuelve. Si archiva, se termina la causa. De lo contrario, Mizrahi puede terminar procesada por preguntar.Ayer, el abogado de Celeste sugirió que la periodista pidiera disculpas para zanjar el pleito y recomendó "censurar" a sus entrevistados para evitar este tipo de litigios: "Eso no lo vamos a hacer nunca", contestó la trabajadora.ÚLTIMAS NOTICIAS PÁG. 8Ex comandantes.Los ex comandantes en jefe del Ejército Ángel Bertolotti y Carlos Díaz declararon ayer en el marco de la causa del "segundo vuelo" de Orletti de octubre del año 1976, caso que se encuentra "acordonado" a la desaparición de Adalberto Soba, por el que fueron procesados varios ex militares y policías. Según fuentes del caso, los ex jerarcas castrenses, al ser interrogados en calidad de testigos por el juez Luis Charles y la fiscal Mirtha Guianze ratificaron sus declaraciones. 15. LA REPÚBLICA PÁG. 4Defensa de Mizrahi pidió archivo. Periodista negó acuerdo previo con entrevistado.La defensa de Ana María Mizrahi solicitó el archivo de las actuaciones con respecto a la denuncia por "difamación e injurias" que presentó la sobrina del ex dictador Gregorio "Goyo" Álvarez contra la periodista, a raíz de la emisión de una entrevista televisiva.El abogado Pablo Donnangelo, en dupla con Hebert Gatto, expresó que de acuerdo al inciso 9 del artículo 35 de la "Ley de Prensa", "están dadas las condiciones para archivar la causa", porque de continuarse las actuaciones "la Justicia ingresará en la tarea de calificación o exámen de la labor periodística y eso escapa a la autoridad de los magistrados".La ley "es clara, cuando está identificado el autor de las manifestaciones supuestamente agraviantes es respecto a esa persona que debe seguirse el proceso. Nuestra defendida no efectuó ninguna manifestación agraviante, sólo hizo su trabajo periodístico. Procurar que tenga lugar una censura previa en el año 2008, en pleno ejercicio de los derechos democráticos, no es un buen mensaje para el país", dijo Donnangelo.La periodista narró durante su comparecencia ante el juez Penal de 18º Turno, Alvaro Beyhaut, como se produjo la entrevista con el ex militante del MLN-T, José Luis Rodríguez, quien confesó ser el directo responsable de la muerte del coronel Artigas Álvarez.Mizrahi negó la existencia de "un acuerdo previo" con el entrevistado o con la familia del también militante tupamaro Roberto Luzardo sobre los contenidos de la entrevista, así como afirmó que la entrevista se emitio completa, sin ningún corte. "Los denunciantes me convocan a censurar a un entrevistado, y nosotros no vamos a censurar (aunque) eso implique tener que volver a los estrados judiciales", afirmó. María Celeste Alvarez presentó la denuncia porque en la entrevista Rodríguez afirma que la ejecución de su padre se efectuó por matar "un compañero a patadas en la cárcel".. La fiscal Brenda Puppo emitirá su dictamen el sobre las 14:00 horas.LA REPÚBLICA PÁG. 5Caso Soba: fiscal define cambio de carátula por desaparición forzada Ex comandantes. Díaz y Bertolotti negaron que OCOA actuara en Argentina.El juez penal Luis Charles remitió el expediente de la causa que investiga el secuestro y desaparición del militante del PVP, Adalberto Soba Fernández, en relación a los coroneles retirados José Nino Gavazzo y Ricardo Arab, a la Fiscalía para que se proceda a la "acusación".El ex comandante Bertolotti. Arriba a la sede penal acompañado por su abogado, el ex diputado Jorge Barrera. La fiscal penal de 2º Turno, Mirtha Guianze, estudia desde el pasado lunes el "voluminoso" expediente (26 piezas y 27 acordonados, con 400 fojas cada uno) y de acuerdo a la prueba recabada durante la indagatoria podría cambiar la "carátula" de la causa.La representante del Ministerio Público podría solicitar la condena de los militares por el delito de "desaparición forzada", así como incluir en la causa el secuestro y desaparición de las 22 personas trasladadas a Uruguay en el "Segundo Vuelo", indicaron fuentes judiciales a LA REPUBLICA. La fiscal tiene un plazo 30 días, con prórroga de 15 más, para solicitar la condena.La "causa Soba", acordonada a la del "Segundo Vuelo", se "dividió" en dos expedientes, luego que la defensa de seis de los militares y policías procesados por "privación de libertad" interpusiera un recurso de inconstitucionalidad en base al artículo 5º de la Ley 15.737, o "Ley de Amnistía".El juez Charles "congeló" el proceso contra los militares Gilberto Vázquez, Luis Maurente, Ernesto Ramas y Jorge "Pajarito" Silveira y los policías Ricardo "Conejo" Medina y José Sande Lima, pero continuó la indagatoria contra Gavazzo y Ramas, cuya trámite se remitió ahora a la Fiscalía.La Suprema Corte de Justicia, en sentencia Nº 237 de diciembre de 2007, desestimó por unanimidad el recurso que presentó el abogado Germán Amondarain, al igual que el 4 de abril de 2008 lo hizo con el recurso que presentó la defensa de Gavazzo con posteridad. Las sentencias de la Corporación reanudaron el proceso contra los militares.En este sentido, los ex comandantes en jefe del Ejército Angel Bertolotti y Carlos Díaz fueron citados ayer por el juez Charles para brindar testimonio en la "causa Soba", al igual que lo hicieron cuando la indagatoria se instruía sólo contra Gavazzo y Arab.Los ex jerarcas castrenses "ratificaron que OCOA no tuvo enlaces con el exterior. Ningún integrante de OCOA tuvo intervención en la República Argentina (porque) estaba fuera de su jurisdicción, ya que su radio de operaciones era Montevideo y Canelones", explicó Amondarain.El ex comandante Díaz expresó al juez que "su única fuente de información sobre el 'Segundo Vuelo' fue el informe de la Fuerza Aérea, ya que dentro de la investigación que se desarrolló en el Ejército no encontró a nadie que le aportara un dato en este sentido", dijo Amondarain.En tanto, mañana el juez Charles y la fiscal Guianze concurrirán al Hospital Militar para tomar declaración al coronel (r) Ernesto Ramas, que por razones de salud no puede concurrir a la Sede y prestará testimonio desde el propio nosocomio castrense.Una vez que culmine la indagatoria y que se agreguen algunos documentos de prueba solicitados por la defensa, el magistrado estará en condiciones de remitir a la Fiscalía el expediente de los seis militares y policías procesados para acusación.BÚSQUEDA PÁG. 3El cese del embajador uruguayo en Roma se considera como 'un hecho', ya sea por la aceptación de su renuncia o por su destitución..El representante diplomático omitió informar que estaba en Barcelona cuando llegó el pedido de extradición de TróccoliEscribe Raúl RonzoniEntre jerarcas de gobierno se da por descontado el cese del embajador de Uruguay en Italia, Carlos Abín, ya sea por "la aceptación de su renuncia" o por su "destitución" una vez que culmine la investigación administrativa ordenada por el canciller Gonzalo Fernández. La investigación fue motivada por la entrega a la Justicia italiana, vencido el plazo legal de 90 días, del pedido de extradición del capitán de navío retirado Jorge Tróccoli.El tiempo de vuelo entre Roma y Barcelona es de una hora y cuarenta minutos, lapso en el que el martes 18 de marzo Abín pudo regresar a la capital italiana para entregar en el Ministerio del Exterior el pedido de extradición de la Justicia uruguaya. Ese mismo día había recibido un correo electrónico comunicándole que el expediente ya estaba en Roma. Abín había partido de Roma un día antes a las 14.20 en el vuelo VY 5021 de la empresa Vueling, una aerolínea de bajo costo en la que el pasaje entre ambas ciudades vale 112 euros con los impuestos incluidos, dijeron a Búsqueda el viernes 9 fuentes cercanas a familiares de desaparecidos radicadas en Roma.Ese lunes 17 en Uruguay se iniciaba la "semana de turismo", un feriado inexistente en el calendario italiano, razón por la cual la Embajada uruguaya permaneció abierta.Abín ya había agotado su licencia oficial, ausentándose de Roma sin informar al Ministerio de Relaciones Exteriores uruguayo ni a los funcionarios de la Embajada. Tampoco cumplió con la obligación de comunicarle al Ministerio del Exterior italiano que viajaba al exterior.Alertados desde Montevideo por la Cancillería, los funcionarios de la Embajada en Roma esperaban el pedido de extradición firmado por el juez Luis Charles. Tróccoli había sido detenido en Marina de Camerota, Salerno, el 23 de diciembre del año pasado. El tratado de extradición entre ambos países establece un plazo de 90 días para que el Estado reclamante formalice y documente su solicitud.Charles pretende juzgar a Tróccoli por el delito de "desaparición forzada".El embajador Abín regresó a Roma el 23 de marzo alas 13.40 en el vuelo VY 5020 de la misma empresa aérea. Ese mismo día vencía el plazo para entregar los documentos en la Corte de Salerno.Pero era domingo y Abín se dirigió a su casa.El lunes 24, feriado en Italia, tampoco Abín tomó contacto con el expediente. Recién lo hizo el martes 25 y aunque la nota de entrega al Ministerio del Exterior italiano fue firmada en esa fecha, en realidad fue entregado recién el jueves 27. La Corte de Salerno recibió el expediente el lunes 31.Vencido el plazo legal, la magistratura italiana dispuso la liberación de Tróccoli. Esto irritó a varios residentes uruguayos en Roma, que de inmediato iniciaron averiguaciones porque el trámite se realizó fuera de tiempo y una de ellas inició un juicio por daño moral (Búsqueda Nº 1.456).Según el artículo 7 del referido tratado, si en el término de tres meses desde que se verificó el arresto no llegaran los documentos de extradición "el individuo bajo custodia será puesto en libertad y no podrá volver a ser detenido por la misma causa". La sentencia del tribunal fue más lejos. Ni aun considerando como fecha del arresto provisorio la del 27 de diciembre del 2007, cuando se convalidó el mismo, se le podía dar curso al pedido de extradición porque los documentos fueron presentados en la Corte el 31 de marzo, dice.Todas las miradas sobre Roma. Cuando se conoció la noticia de la libertad de Tróccoli todas las dudas e interrogantes se dirigieron a Roma y las responsabilidades del caso recayeron sobre Abín.El embajador dio varias explicaciones pero inicialmente omitió informar que no estaba en Italia cuando la Embajada recibió la documentación. Luego de hablar con el ministro Gonzalo Fernández,Abín aceptó los requerimientos periodísticos sin referir su ausencia de Roma."Yo no soy responsable de la entrega fuera de plazo. Yo no soy responsable de que el señor Tróccoli esté en libertad. Asumo la responsabilidad de todo lo que se hizo o se dejó de hacer en la Embajada..", declaró el lunes 5 a El Espectador."En Italia había elecciones, era turismo y yo quería revisar el expediente para tener la seguridad de que estaba en condiciones regulares", dijo a Búsqueda el jueves 8.Cuando se le preguntó si estaba en la Embajada cuando llegó el expediente, respondió que en la sede diplomática estaban trabajando obreros en la reparación de varias ventanas.En entrevistas con otros medios responsabilizó a la Justicia por la demora en enviar el expediente.En ningún caso admitió que no estaba en Italia y que no se ocupó del trámite del expediente hasta el martes 25. Es más, luego de regresar a Roma informó por escrito al ministro Fernández, quien se encontraba en Washington, las mismas excusas: que prefirió la seguridad a la celeridad, que había revisado el expediente varias veces y que la sede de la Embajada estaba en reparaciones.Recién en la tarde del pasado viernes 9, durante una reunión en el despacho de Fernández y en presencia de los dirigentes de la Vertiente Artiguista (VA), grupo político al que pertenece, para sorpresa de los presentes Abín admitió su viaje a Barcelona.En dicha reunión participaron los dirigentes de la VA, el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Enrique Rubio, el secretario general de OSE, Daoiz Uriarte, el diputado Eduardo Brenta y el economista Juan Manuel Rodríguez y dos representantes del grupo de Familiares de Detenidos Desaparecidos: Graciela Boreli y Rosita Fuentes.Tres días más tarde, el lunes 12, el diputado Washington Abdala (Foro Batllista) reveló en la comisión de Asuntos Internacionales de Diputados, en presencia de Fernández, detalles del viaje de Abín a Barcelona.El ministro explicó en la Comisión que el 13 de marzo se informó a Abín que le enviaban elexpediente y que al día siguiente se le reiteró que llegaría por valija diplomática. El 18 de marzo desde la Embajada se le confirmó al Ministerio la recepción del expediente.Durante la reunión del Consejo de Ministros del lunes 5, el presidente Tabaré Vázquez le había dado a Abín su respaldo "sin debate", una posición que con el transcurso de los días fue matizándose.El lunes 12 el presidente volvió a respaldar a Abín por su "compromiso con los derechos humanos", pero ahora advirtió que si de la investigación surge que cometió un error "reconoceremos que es un error".El líder del Movimiento de Participación Popular (MPP), José Mujica, fue más drástico: "Somos pelotudos. Responsables somos todos. Estuvieron 80 días para hacer una traducción", dijo en alusión a la Suprema Corte de Justicia. También cuestionó al abogado Oscar López Goldaracena. "El abogado está ladrando. ¿Por qué no le ladró a la Justicia para que se dejaran de licencias y reactivaran" el envío del expediente?La situación de Abín, que el domingo regresará a Roma, será considerada por el Tribunal de Conducta Política de la VA que está integrado por Uriarte, Héctor Díaz, Felipe Goirena y Germán Lezama. Abín integró en el pasado dicho tribunal cuando la VA juzgó la conducta de Mario Areán, secretario privado del ex intendente de Montevideo Mariano Arana.Fuentes de la VA dijeron a Búsqueda que la "actitud" de Abín con dicho sector "no ha sido la mejor" y que tiempo atrás debieron "recordarle" que debía hacer el aporte al grupo y que lo mismo sucedió con el Frente Amplio.Nuevo intento. Tanto Vázquez como Fernández informaron que el gobierno contrató a un estudio jurídico italiano para intentar que la Corte de Salerno revise su decisión. Fuentes oficiales se mostraron "optimistas" de tener éxito.Eso sería posible si se considera que la demora en remitir el expediente más allá del 27 de marzo es responsabilidad del Ministerio de Asuntos Exteriores de Italia.La situación funcional de Abín se resolverá luego de que finalice una investigación administrativa que lleva adelante el abogado de la Cancillería, Augusto Montes de Oca El profesor adjunto de Derecho Internacional Privado de la Universidad de la República, Carlos Álvarez Cozzi, dijo a Búsqueda que el hecho de que la Justicia italiana haya dejado en libertad a Tróccoli no quiere decir que "no se pueda volver a solicitar su extradición" porque "no sólo no fue rechazada, sino que ni siquiera fue considerada".Álvarez señaló que "algunas personas" consideran que con la demora en la entrega de los documentos se perdió la ocasión de "una segura extradición" pero indicó que "eso no es cierto".Recordó que el artículo 11 del tratado establece con claridad que "el Estado requerido (Italia) no entregará a los nacionales.Como Tróccoli tiene la nacionalidad italiana la Justicia de ese país no podrá nunca entregar al reclamado. Lo que debe hacer es someterlo a proceso penal en Italia por los hechos que se le imputan en Uruguay". El docente señaló además, que el plazo de 90 días establecido en el tratado "se interrumpe cuando el pedido de extradición ingresa al Ministerio de Asuntos Exteriores de Italia y no cuando efectivamente llega a la Justicia italiana, para el caso la Corte de Salerno".Para Álvarez Cozzi la Embajada uruguaya en Roma no tuvo "el debido asesoramiento profesional competente en una materia especializada como lo es la extradición y la cooperación penal internacional".BÚSQUEDA PÁG. 48El caso Tróccoli (I) Y (2)El caso Tróccoli (I)Señor Director:Aclarando errores de la prensa y de algunos operadores del derecho en relación a la extradición del Cap. Tróccoli. Con el exclusivo interés de aclarar algunas afirmaciones erróneas vertidas por la prensa de parte de organizaciones de derechos humanos e incluso de algunos operadores del Derecho compatriotas en relación al pedido de extradición del Cap. Tróccoli a la República italiana, en mi calidad de profesor adjunto de Derecho Internacional Privado de la Udelar, con especialización en estos temas, es que escribo esta carta a "Búsqueda".1) Se ha dicho con error que como la justicia italiana ha levantado el arresto preventivo porque el pedido de extradición no entró en el país requerido en tiempo, no se puede volver a solicitar la entrega de Tróccoli. Ello no es así en tanto no ha existido un rechazo aún de la justicia italiana en cuanto al fondo del asunto. Solamente se tuvo que levantar el arresto preventivo por la razón antes apuntada. No puede volver a pedirse su arresto preventivo por los mismos delitos (art. VI) pero sí su extradición, porque ésta no fue rechazada, ni siquiera considerada, como es obvio.2) Se ha dicho que se ha perdido la oportunidad de obtener una segura extradición. Es otra afirmación errónea, porque como ya tuve la oportunidad de declarar en otro medio de prensa escrita, el art. XI del viejo Tratado de Extradición de 1979, vigente entre ambos países, preceptúa que el Estado requerido no entregará a los nacionales, debiendo sí juzgarlo a efectos que el presunto delito no quede impune.Como Tróccoli tiene la nacionalidad italiana, la justicia peninsular no podrá nunca entregar al reclamado, debiendo sí la justicia uruguaya por la vía de la asistencia penal internacional enviar al Estado rogado los elementos para que éste lo someta a proceso penal por los hechos presuntamente delictivos ocurridos en Uruguay. La excepción de la nacionalidad es atécnica, existe solo en algunos tratados suscritos por nuestro país, de vieja data y alguno moderno, como lo es el vigente Acuerdo de Extradición entre los Estados parte del Mercosur, de 1998, que en virtud de la prohibición constitucional del Brasil de entregar nacionales, se estableció por el art. 11 que en caso de que un Estado no pueda entregar al reclamado, deberá de someterlo a juicio dentro de sus fronteras por los hechos que se le imputan en el Estado que lo requiere.3) Se ha dicho por parte del embajador patrio en Italia que con los cinco días que le restaban para que venciera el plazo del arresto preventivo no podía hacerlo llegar en tiempo al Tribunal de Salerno. Otro error, porque el plazo de 90 días en el caso, previsto por el Tratado se interrumpe cuando el pedido entra a la República Italiana, es decir, cuando nuestra embajada logra que el exhorto entre en la Cancillería Italiana, no cuando éste efectivamente llega al tribunal rogado, en el caso, a Salerno. 4) En fin, todo hace pensar que ha faltado el debido asesoramiento profesional competente en una materia especializada como lo es la extradición y la cooperación penal internacional. Pero reitero, el pedido de extradición puede perfectamente entrar a consideración de la justicia italiana, con la sola limitante de no volverse a pedir el arresto preventivo por los mismos delitos, pero en virtud del art. XI del tratado de extradición vigente, que es preceptivo y no facultativo para el Estado rogado, ("la extradición no tendrá lugar cuando el reclamado sea ciudadano o subdito de la Nación demandada", reza la disposición) éste deberá de rechazar el pedido por razón de nacionalidad, debiendo sí someter a Tróccoli a proceso en la República italiana por los hechos delictivos que se le imputan en nuestro país.Atte.Dr. Carlos Álvarez CozziProf. Adjunto de DerechoInternacional Privado de UdelarC.I. 1.595.891-7 El caso Tróccoli (II)Señor Director:Y ahora, ¿quién paga? Como es público, en razón del vencimiento del plazo para presentar la solicitud de extradición ante la Justicia italiana del capitán Tróccoli, y, en consecuencia, su rechazo, el ministro de Relaciones Exteriores, anunció que se contratará a un estudio jurídico italiano, para intentar, mediante una interpretación del Convenio de Extradición firmado con aquel país, la aceptación de la solicitud.Distintas y variadas han sido las explicaciones públicas del embajador del Uruguay en Italia, Carlos Abín, de los motivos que llevaran a la presentación del documento, fuera del plazo establecido y, por tanto su rechazo y, lo más grave, la imposibilidad de juzgar al capitán Tróccoli en nuestro país.Tampoco importa ahora si e¡ embajador estaba o no en su jurisdicción, Italia, como era su obligación, lo que importa son las consecuencias. Independientemente que renuncie y le sea aceptada o permanezca en su cargo.La primera consecuencia ya se sabe, el capitán Tróccoli permanecerá libre en Italia.La segunda consecuencia, es que hay que contratar un estudio jurídico italiano, para intentar arreglar la omisión de la Embajada en Italia, cuyo principal si no único responsable es el embajador.Entonces, surge la pregunta: ¿y ahora, quién paga? Y también la respuesta: los nabos de siempre pagan.En mi opinión sería una buena señal aplicar las distintas disposiciones relacionadas con los funcionarios públicos, en particular cuando de sus omisiones o acciones provocan una pérdida patrimonial al Estado, en cuyo caso deben responder con sus bienes.También es bueno recordar el Artículo 164 del Código Penal que establece.164. (Omisión contumacial de los deberes del cargo) El funcionario público que requerido al efecto por un particular o por un funcionario público, omitiere o rehusare sin causa justificada ejecutar un acto impuesto por los deberes de su cargo, será castigado con suspensión de tres a dieciocho meses.Sin otro particular, saludo al señor Director con las seguridades de mi más distinguida consideración.A. Jorge CiasulloC.I. 793.978-7 ÚLTIMAS NOTICIAS PÁG. 8Iglesia y caducidad.Representantes de la Coordinadora Nacional por la Nulidad de la Ley de Caducidad se reunieron ayer con el presidente, Carlos Collazi, donde se solicitó el pronunciamiento de la Iglesia Católica acerca de anulación de la Ley 15.848. Walter Caimí, integrante de la Cnnlc, dijo que el encuentro fue "muy positivo" y destacó que Collazi se comprometió a hacer circular la propuesta entre todos los integrantes de la CEU. Se necesitan 300.000 firmas para el plebiscito.

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