viernes, 16 de mayo de 2008

CRÍMENES DE LA ÚLTIMA DICTADURA
Menéndez no declaró y volvió a rechazar la competencia de la Justicia Federal


Con un rostro demacrado, Menéndez no pudo escapar ayer a las cámaras de los reporteros gráficos.


Como siempre, el represor Luciano Benjamín Menéndez se abstuvo de declarar y volvió a rechazar la competencia de la Justicia Federal para juzgarlo por los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura. Ayer se presentó en el Juzgado Federal Nº 1 y escuchó las imputaciones por dos hechos: la desaparición de Rufino Gómez y la usurpación de tierras de Capitán Cáceres. "En principio, Menéndez no tuvo responsabilidades en estos hechos. El estuvo en un sistema militar intermedio, entre quienes habrían dado las órdenes primarias y los ejecutores", aseguró el nuevo abogado defensor del militar retirado, Horacio Guerineau.
Como lo hizo cada vez que pisó Tribunales Federales de Tucumán, el ex jefe del Tercer Cuerpo del Ejército, Luciano Benjamín Menéndez, se abstuvo de declarar y volvió a negar la competencia de la Justicia Federal para juzgarlo por los delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar.
Acompañado de su nuevo abogado defensor Horacio Guerineau, Menéndez, luego de pasar la noche en el ex Arsenal Miguel de Azcuénaga, estuvo ayer alrededor de tres horas en el despacho de la Secretaría de Derechos Humanos que depende del Juzgado Federal Nº1, a cargo de Daniel Bejas. Allí escuchó las imputaciones en su contra por dos hechos sucedidos durante el último gobierno de facto: el secuestro y desaparición de Ramón Rufino Gómez, ocurridos el 13 de junio de 1977 en el Barrio Ejército Argentino de la capital tucumana, y por la supuesta usurpación de tierras de Yacuchina (conocida actualmente como Capitán Cáceres en el departamento Monteros), de propiedad de Julia Rita Ariza, quien habría sido obligada, bajo extorsiones, a entregar sus parcelas a las fuerzas militares.
"Siempre Menéndez utiliza la mecánica de decir que se abstiene de declarar y después expresa los motivos por los cuales rechaza la competencia de la Justicia Federal (sostiene que debe juzgarlo la Justicia Militar). Pero él no respondió a ninguna pregunta. Y no dijo que ignora ni que no ignora los hechos imputados", aseguró el abogado en diálogo con primerafuente, al término del acto procesal.
"En principio, Menéndez no tuvo ninguna responsabilidad en la desaparición de Rufino Gómez, porque entendemos que las capas intermedias de grado militar no pueden tener la responsabilidad de la Junta Militar. Quien induce va detrás del autor-ejecutor definitivo. Menéndez estuvo en un sistema militar intermedio, entre quienes habrían dado las órdenes primarias y los ejecutores", explicó Guerineau. "Además –agregó- los delitos de lesa humanidad siempre son dirigidos a poblaciones civiles. Y Menéndez está seguro de que no indujo ni atacó a ninguna población civil".
En cuanto a la causa de las presuntas extorsiones para la usurpación de tierras en la actual zona de Capitán Cáceres, el abogado expresó respecto a la situación del militar retirado: "El ignora este tema y entiende que le compete al gobierno de Tucumán de ese entonces".
Guerineau aseguró que en horas de la tarde de ayer, Menéndez iba a regresar a Córdoba, donde cumple arresto domiciliario y espera el primer juicio en su contra que se realizará el 27 de mayo próximo por crímenes de lesa humanidad.
Cabe recordar que en abril pasado Menéndez había sido citado por el juez Bejas en el marco de la causa en la que se investiga la muerte de los dirigentes de Agremiación Tucumana de Educadores Provinciales (ATEP), Francisco y Arturo Arancibia, durante la última dictadura militar, pero el ex jefe militar faltó a la indagatoria por razones de salud. Un fax del Hospital Militar de Córdoba que llegó en ese entonces a la Justicia Federal confirmaba que estaba internado a raíz de una neumonía.


Tucumán
ORGANISMOS DE DERECHOS HUMANOS
Repudian la presencia de un colaborador de la dictadura


Los organismos de Derechos Humanos de Tucumán hicieron público la denuncia realizada a las autoridades de la Universidad Nacional de Tucumán, a través de su Secretaría de Ciencia y Técnica, de los antecedentes de Pedro Federico Hooft. Se trata de un juez y presidente honorario de la Asociación Argentina de Bioética, acusado y querellado por organismos de derechos humanos de Mar del Plata y La Plata y por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, el 6 de mayo de 2006, por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura cívico-militar. La causa lleva el número 17.521 y se tramita ante el Juzgado Federal Nº 1, Secretaría Penal Nº 2 de Mar del Plata. En una entrevista mantenida con el Secretario de Ciencia y Técnica, dr. Daniel Campi el pasado 6 de mayo, se planteó la preocupación y repudio por la presencia de Hooft como conferencista de una Jornada de Bioética a realizarse el 16 del corriente. "Este cómplice del Proceso de Reorganización Militar, iba a hablar de ética en ese evento académico. El señor Secretario nos informó que el día anterior se había tomado conocimiento de los antecedentes de Hooft, por lo que desde el rectorado se había decidido suspender la Jornada", manifestaron en un comunicado los organismos tucumanos.


1977 - 13 de mayo - 2008
Una lucha sin cesar, irreductible
En el nombre de un Papa



Les envió para compartir el recordatorio sobre esta fecha que nunca podré olvidarla, el 13 de mayo, pero de 1977, cuando mi padre, fue secuestrado de la ruta nacional que une las localidades de Fraile Pintado - donde era médico pediatra en el Hospital - y la ciudad de Libertador General San Martín.
Esperaron que estuviera solo para secuestrarlo. Porque con mi madre fuimos a Tucumán a ver a mi hermana Olguita, entonces estudiante de medicina. Ellos sabían siempre de todos los movimientos de mi padre. Ese día salio del hospital Escolástico Zegada al mediodía, la Doctora Perla Chocobar y Mario Yeoryakis, lo despidieron y nunca llego a su casa. Unos vecinos que regresaban de la ciudad de San Salvador de Jujuy, pasado el mediodía de aquel 13 de mayo de 1977, lo vieron en la ruta, lo saludaron, pero mi padre no les respondió el saludo, adentro de su vehiculo había tres hombres de lentes oscuros y con saco, según cuentan esos testigos, mi padre ya viajaba rumbo a la ciudad de San pedro de Jujuy, no hacia Libertador que tenia su casa.
Su auto aparecían a los 4 meses de su secuestro en el Jardín Botánico de la Ciudad de Buenos Aires y ninguna policia caminera, lo detectó en 1977. Increíble pero real.
Un año mas sin saber dónde estas, quiénes te secuestraron, por qué lo hicieron, una justicia lamentable, sin siquiera haber respondido nunca un habeas Corpus, los ideólogos de tu desaparición, viven, como si tal cosa pero callan, y callan y nunca dirán la verdad.
El poder de la zona, mucho le convenía tu desaparición, nunca dudaron en hacerla efectiva, aunque no quedara rastros de ese hecho.
Algún día sabremos que paso con nuestros 30.000 detenidos - desaparecidos, ni el Estado Nacional, por supuesto que ni el estado provincial de Jujuy y menos el estado Departamental de Ledesma, nunca quisieron e hicieron nada, de nada para esclarecer este hecho y muchísimos hechos mas de mi querida provincia de Jujuy.
Pero nosotros tus hijos, tus hermanos de la causa, en la construcción de una sociedad justa y solidaria, nunca dejaremos de buscar, hasta encontrarte en una mano tendida, en un corazón solidario, en un anciano que tenga todas sus necesidades satisfechas, en una madre que diga tarea cumplida, cuando sus hijos encuentran un proyecto de vida. Es ahí donde estarás con esos sueños, con esa sonrisa y tus llantos contenidos.
Cuando sepamos que nuestro querido país sale hacia adelante en un camino sin retorno, hacia una unidad con nuestros hermanos de otros paises y que también buscan su lugar, su respeto y su futuro.
Hasta la victoria siempre, mi querido y admirado papá, yo no te entendía cuando era chico, porque simplemente era chico, ahora a mis 48 años, siendo el menor de mis hermanos, te admiro a vos a tus miles de hermanos que dieron lo mejor que tenían para dar, sus sueños, para que algo comience a cambiar en nuestro pais.

Ricardo Ariel Arèdez
Militante de DD.HH.
Ledesma- Jujuy con lugar de residencia en la
ciudad autónoma de Buenos Aires


Liberaron a miembro del Mocase-VC


Después de permanecer más de 20 días detenido por una causa inventada, Miguel Rodríguez, de 67 años y ancestral habitante del monte santiagueño, fue liberado luego de la movilización del movimiento campesino y la solidaridad de centenares de personas, organismos de derechos humanos, organizaciones sociales y medios alternativos.
Miguel Rodríguez había sido detenido el 24 de abril bajo la acusación de "Robo Calificado", denuncia realizada por paramilitares que pretenden avanzar sobre su territorio.

El juez de Añatuya, Alvaro Mansilla, acostumbrado a favorecer a terratenientes y empresarios sojeros, ordenó la liberación de Miguel luego de que centenares de campesinos marchamos hasta su juzgado. Su liberación se fundamentó en el delicado estado de salud y su edad avanzada.

Pero el juez Mansilla mantiene abierta la causa judicial, basado en falsas acusaciones realizadas por terratenientes y paramilitares contratados para amedrentar a las familias campesinas indígenas.

No sólo agradecemos la solidaridad para con una causa justa, a todas y todos quienes han hecho presente su apoyo de distintas maneras, sino que también reafirmamos nuestra incansable lucha en nuestros territorios, por justicia, educación, salud, por Soberanía Alimentaria, por nuestra dignidad. Y reafirmamos nuestro compromiso histórico, con nuestros saberes, de seguir resistiendo, seguir respetando a nuestra madre Tierra.


La tierra es de quien la TRABAJA Y RESPETA
NO HAY HOMBRE SIN TIERRA, NI TIERRA SIN HOMBRES
¡GLOBALICEMOS LA LUCHA, GLOBALICEMOS LA ESPERANZA!

Movimiento Campesino de Santiago del Estero
MOCASE- Vía Campesina Argentina

26ª jornada de la "Causa RI9"
Rómulo Artieda
Rafael Barreiro
Treinta y un años y un día después de la detención del militante Rómulo Artieda, quien es sindicado como su homicida debió brindar explicaciones a la Justicia. El Coronel Barreiro habló con vos clara, sin soberbia aparente pero sin el más mínimo reconocimiento de culpa. Para él las personas que estaban detenidas en el CCD eran "desertores del servicio militar obligatorio(sic)". "Debo aclarar que los hechos que se me imputan son de 32 años atrás, hoy tengo 55 años, soy un hombre viejo", dijo compadeciéndose.Lee un apunte que trae al banquillo e improvisa una parte, o solo lee con las impostaciones correctas de tal suerte que no parezca actuado. La primer parte de su alocución la utiliza para negar que el Dr. Buompadre hubiera introducido en el debate la muerte de Artieda, argumenta y lee las palabras del letrado para explicar su punto de vista. Cuesta de todos modos explicar cómo se pide la absolución de un crimen que no existe en el expediente y hace lo que puede, Buompadre no lo hubiera podido hacer mejor.Solicita que se incorpore al debate los pedidos de su letrado y otros, para participar de la causa que culminó con la identificación de Artieda y que le fueron negados, en virtud de que al iniciarse la misma no se podía saber que iba a ser precisamente Artieda el identificado positivamente por el EAAF (Equipo Argentino de Antropología Forense), ya que solo se investigaba la identidad de cuatro NN; y si los restos, como finalmente sucedió, eran de algunas de las víctimas de la misma patota, era imposible saberlo antes de las pericias de rigor y el ADN correspondiente. Por aquel entonces ni siquiera se sospechaba que uno de ellos podría ser Rómulo Artieda.Desmiente a cada uno de los testigos de cuyos aportes se desprende su responsabilidad en el área de Inteligencia, pero mas tarde admite su pertenencia a esa área. Gran parte de su alegato lo malgasta en restarse importancia, se reconoce a si mismo en aquellos tiempos como alguien "que se creía importante, ya que siendo joven estaba en la plana mayor", pero que no tenía jerarquía para decidir la muerte de nadie. "Maldigo la hora en que se murieron mis jefes, porque ellos tenían que estar acá" dice en alusión a Claro y Pietronave.Reconoce sin embargo que sabía de la existencia de detenidos, incluso que los conocía a gran parte de ellos, "ya que eran contemporáneos míos y nos veíamos en las confiterías", pero no explicó cómo es que los reconoció sin haber participado de sus detenciones ya que el CCD era de acceso restringido según lo aseveraron sus propios testigos. Tampoco dio nombres de los detenidos a quienes reconoció.Admite también que conocía a Arnaldo Gómez y que éste se entregó en casa de sus suegros aunque niega haber interrogado a nadie sobre Artieda.Habla un largo tiempo de lo que es una estructura de Inteligencia y señala que el no podía ser de una estructura así ya que el RI9 no formaba parte de la misma, y luego reconoce que sin embargo en el ex-Regimiento había una oficina de Inteligencia de la que él si formaba parte, y que le demandaba mucho trabajo, casi una queja administrativa extemporánea.Reconoce además la existencia de un manual de contrainteligencia "mas gordo que esa Biblia que tiene ahí" le señala al Presidente del Tribunal, pero no le otorga demasiada importancia. Además, "acá no se movía un tornillo sin avisar a el maniático de Nicolaides que tendría que estar acá" dice sin poder contenerse.También admite haber participado de al menos una detención, la del periodista Arturo Helman, no podía negarlo claro está, debido a que en ella se dejó constancia con su firma.
Con los vicios de Instrucción
El abogado de Barreiro, el Dr. San Emeterio, se muestra incapaz de generar una respuesta creativa a la ampliación de la imputación y se deja llevar por la inercia de lo actuado en la etapa de Instrucción, cuando mas de doscientos incidentes pretendieron dilatar el inicio del debate.Solicita la nulidad de la acusación en virtud de una supuesta inexistencia de un relato circunstanciado y de presuntas imprecisiones respecto de la acusación, y plantea además la inconstitucionalidad del artículo 381 del Código Procesal Penal, en un arrebato de originalidad sin precedentes ya que no existe en el país cuestionamiento alguno a un artículo que precisamente existe para garantizar el derecho a defensa y no para cercenarlo.Desde luego que los Fiscales y la querella se oponen a tal desatino pero la decisión del Tribunal recién se sabrá el martes próximo.La sorpresa no termina allí, ya que quiere citar como testigos a todos los mencionados en la Causa de la identificación del NN, aún a aquellos que ni siquiera prestaron su testimonio en el expediente inicial, en una clara actitud dilatoria que mas parece destinada a extender en el tiempo la entrega de los restos de Rómulo que a la defensa de Barreiro. ¿Quién puede negar hoy el rigor científico de una prueba de ADN? Entretanto, una familia espera cerrar una historia que la marcó para siempre, sin poder velar a su ser querido, primero porque sus restos fueron ocultos y negados a sus deudos, esta vez por la inexistencia de un gesto humanitario que nunca llegó.

Este sábado , 17 de mayo ,vamos a colocar una baldosa en memoria de RODOLFO ORTIZ
en la placita villa obrera de lanús este.


En la placita, por los árboles, el cielo y la historia de nuestra familia que creció en torno a ella

Este sábado, porque ya era tiempo de que juntemos fuerza para pensar en él en voz alta, con todos los que lo quisieron y lo quieren, y aquellos que probablemente no lo hayan conocido pero les de ganas de estar cerca..

Rodolfo fue secuestrado el 29 de marzo de 1976
y asesinado el 12 de mayo . Tenía 26 años.


Lo extrañamos desde entonces..y mas.
Era compañero, amigo, hermano, cuñado,hijo,papá…. militante del PRT y secretario general de la Juventud Guevarista
Esperamos que nos acompañes en este acto por la memoria y la justicia
VIVIANA , FERNANDA Y MARIANA
SABADO 17/05 /// 12 HSPLAZA VILLA OBRERALUJÁN Y EVA PERÓNLANÚS ESTE Te acercan desde la estación lanús: 281/527/354(preguntá que ramal te lleva)

Bajo la lupa de la Procuración General

Auditarán a la Justicia Federal del Chaco


La Procuración General de la Nación ordenó realizar una auditoría en la Fiscalía Federal y el Juzgado Federal de Resistencia respecto a causas en trámite por presuntas irregularidades en la investigación de delitos a la ley penal tributaria.

La cantidad de expedientes en trámite en el juzgado federal de Resistencia ha generado una pesada congestión; el exceso de causas ha sido y es una realidad indiscutible que provocó el deterioro de la justicia federal. Pero allí no se agota el tema; otros factores contribuyeron al proceso de verdadero derrumbe. El grado de colapso ha llegado a niveles inocultables e insospechados; a tal punto esto es así, que la Procuración General de la Nación ha ordenado que se realice una auditoría en la Fiscalía Federal de Primera Instancia y en el propio Juzgado Federal de Resistencia respecto de las causas que actualmente se encuentran en trámite, en las que se investigan delitos previstos en la ley penal tributaria. Así lo indica un documento del Centro de Estudios e Investigación Social "Nelson Mandela". La Procuración General de la Nación dio curso a un relevamiento que se efectuara sobre muchas causas judiciales, encontrándose con una extraordinaria cantidad de irregularidades en los trámites, que involucra no solamente a la fiscalía sino también al propio Juzgado Federal de Resistencia. De acuerdo a las evaluaciones de la Procuración "se comprobó una marcada morosidad en los trámites de las causas penales, algunas de notable factura, producto de que han sido iniciadas por la presunta violación de las leyes tributarias de la Nación. Como común denominador, quedó en evidencia que no se produjeron los movimientos destinados al avance de las causas, las que mayoritariamente desembocaron en la prescripción. O sea que vencieron los plazos para esclarecer estos graves delitos, los que quedaron protegidos bajo el manto de la impunidad. En muchos de estos expedientes se deberían haber ventilado los enormes perjuicios patrimoniales que se planificaran contra el fisco nacional. En toda esta etapa sobresalió la reticencia del Juzgado Federal de Resistencia". Ahora, la Procuración General de la Nación dispuso que se realice una auditoría funcional sobre las causas que se tramitan en el tribunal involucrado. Además, el informe de la Procuración sostiene que "ha quedado en evidencia que la fiscalía penal a cargo del Dr. Flores Leyes no se ha dedicado, en mínima medida, a promover e impulsar las investigaciones ante la justicia federal. En la práctica, se ha desatendido la estratégica tarea de defensa de la legalidad y la tutela de los intereses generales de la población. Ante este cuadro de situación, con la finalidad de transparentar las graves irregularidades, el Procurador General de la Nación ha dispuesto que se realice un detenido y profundo análisis de todas las actuaciones judiciales de los últimos años, para lo cual destinará personal capacitado en tareas de auditoría judicial, quiénes concentrarán sus esfuerzos en relevar todos los expedientes judiciales relacionados con posibles infracciones a la ley penal tributaria". En el caso de que los auditores encuentren irregularidades en el propio seno del juzgado federal, deberán dar intervención al Consejo de la Magistratura del Poder Judicial de la Nación para que inicien juicio al actual juez federal de Resistencia Dr. Carlos Skidelsky.
Tucumán, 15 de mayo (Télam).- El represor Luciano Benjamín Menéndez, que fue trasladado especialmente desde Córdoba a Tucumán, se negó a declarar hoy en dos causas en las que está imputado por hechos acaecidos durante la última dictadura militar. "Me niego a declarar porque estos juicios son inconstitucionales", aseveró el ex titular del III Cuerpo de Ejército, con asiento en Córdoba, cuando lo interrogaron en el Juzgado Federal Nro. 1 de esta provincia, a cargo de Daniel Bejas. En compañía de su abogado defensor, Horacio Guerineau, Menéndez recurrió a la misma estrategia procesal que viene utilizando en las más de 500 causas por violaciones a los derechos humanos en la que está imputado junto al ex gobernador militar de Tucumán Antonio Bussi. A Menéndez lo indagaron por la desaparición de Ramón Gómez, el 13 de junio de 1977 en un barrio de la capital tucumana, y por un diferendo por tierras en Monteros (departamento ubicado a unos 50 kilómetros al sur de San Miguel de Tucumán), supuestamente usurpadas por personal militar durante la dictadura, en lo que hoy se denomina Capitán Cáceres. Aunque el militar retirado cumple prisión preventiva bajo la modalidad de la detención domiciliaria en Córdoba, cada vez que lo cita la Justicia Federal de Tucumán es trasladado en avión y en esta capital es alojado en el ex arsenal Miguel de Azcuénaga. Mañana deberá declarar Bussi en las mismas causas y, para que pueda cumplirse el acto procesal, el juez federal subrogante Bejas se trasladará hasta la residencia en la que el ex gobernador (1995-1999) cumple arresto domiciliario (por razones de salud) en Yerba Buena, municipio situado a cuatro kilómetros de la capital. Bejas asistirá en compañía del médico Raúl Assial, de la Justicia Federal, quien revisará al militar retirado (padece problemas cardíacos) y si aquel indica que está en condiciones de afrontar una declaración indagatoria, se la tomarán. Sobre los dos militares retirados pesa una decena de órdenes de prisión preventiva en causas en las que son investigadas desapariciones de personas, teniendo en cuenta que, entre 1976 y 1977, Bussi estuvo al mando de la V Brigada de Infantería, que dependía del III Cuerpo de Ejército, que encabezaba Menéndez. En el caso vinculado a la desaparición del ex senador provincial justicialista Guillermo Vargas Aignasse, Bejas dispuso la elevación a juicio en contra de ambos ex represores y de otros imputados, razón por la que sólo resta que se fije la fecha de celebración de las audiencias de debate ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Tucumán.

Las torturas en la Superintendencia
Sobreviviente de cuatro centros clandestinos de detención durante la última dictadura, incluida la Superintendencia de Seguridad Federal, Julio Guillermo López relató ayer ante el Tribunal Oral Federal 5 que en la tarde del 19 de agosto de 1976 un grupo de secuestrados del tercer piso de Moreno 1417 fue trasladado desde sus tubos hasta lo que llamaban "la leonera grande". Allí los represores "les dijeron que se iban en libertad", aseguró. Durante la tarde del día siguiente le permitieron leer un vespertino "donde decía que se habían encontrado treinta cadáveres fusilados con explosivos en la localidad de Fátima, cerca de Pilar".
López fue secuestrado el 13 de julio de 1976. En el Regimiento de Infantería de Patricios le pegaron una patada que le destruyó la vejiga para siempre. Antes de su liberación, el 18 de marzo de 1977, pasó por los centros clandestinos Automotores Orletti, Campo de Mayo y Vesubio. Pero el día de la Masacre de Fátima, como se conoce al asesinato de veinte hombres y diez mujeres dinamitados en Fátima, aún estaba en Superintendencia, donde fue torturado durante cinco días seguidos.
Durante su extensa declaración, López nombró a dos de los tres imputados en el juicio. El comisario general (R) Juan Carlos Lapuyole, por entonces director de inteligencia, fue uno de sus interrogadores. Recordó que lo apodaban "Francés" o "Perfume" por el olor que irradiaba. Al comisario inspector (R) Carlos Gallone creyó recordar que lo apodaban "Pavo" o "Cura".
López aseguró que en Superintendencia llegó a haber más de un centenar de personas secuestradas y que "iba con frecuencia" el general Albano Harguindeguy, ministro del Interior de la dictadura. Más de una vez escuchó "chicos que lloraban y personas que gemían". Relacionó la Masacre de Fátima con el asesinato del general Omar Actis en la mañana del 19 de agosto. Contó que esa tarde "se produjo un movimiento muy raro" y que todas las víctimas, hasta donde logró saber, eran delegados gremiales.
El paísJueves, 15 de Mayo de 2008
Procesan a militares, policias y civiles por delitos de lesa humanidad en Cordoba
Las patotas de Menéndez

Con dos resoluciones, la jueza Cristina Garzón de Lascano ordenó la prisión preventiva de quince militares, diez policías, dos agentes de inteligencia y dos civiles. La Cámara Federal hizo lo mismo con un interrogador de La Perla.
Por Diego Martínez

Luciano Benjamín Menéndez, jefe de la represión en la provincia de Córdoba.
A menos de dos semanas del comienzo del primer juicio oral y público por crímenes de lesa humanidad en Córdoba, la jueza federal Cristina Garzón de Lascano procesó y dictó ayer la prisión preventiva a militares, policías y civiles por secuestros, torturas y homicidios calificados cometidos antes y después del golpe de Estado. Más allá del avance en los procesos, el abogado Claudio Orosz, de H.I.J.O.S. regional Córdoba, destacó que sigue pendiente el traslado a cárceles comunes de los represores locales.
En enero de 1976 miembros del Ejército y del Departamento de Informaciones (D2) de la policía provincial secuestraron a 21 personas. Las trasladaron al centro clandestino La Rivera, donde fueron torturadas. La jueza procesó por sus secuestros, tormentos y homicidios agravados a los militares Luciano Menéndez, Hermes Oscar Rodríguez, Héctor Pedro Vergez, Luis Gustavo Dietrichs, José Hugo Herrera y Luis Alberto Manzanelli, a los "personal civil de inteligencia" (PCI) Arnoldo José López y Héctor Raúl Romero, y a los civiles Emilio Morard y Ricardo Alberto Lardone, todos miembros del Destacamento de Inteligencia 141. Hizo lo propio con los policías Carlos Alfredo Yanicelli, Yamil Yabour, Alberto Luis Lucero, Fernando Andrés Pérez, Ricardo Cayetano Rocha, Calixto Luis Flores, Carlos Hugo Villarruel y Marcelo Luna, todos miembros del D2.
El 5 de julio de 1976, por orden del teniente coronel Víctor Pino, un grupo de presos fue obligado a desvestirse y apoyar los brazos contra un muro de la Unidad Penitenciaria 1. El cabo Miguel Angel Pérez recorrió la fila repartiendo bastonazos. Raúl Bauducco cayó al recibir un golpe en la cabeza. "¡Parate o te mato!", le gritó Pérez. Como no obtuvo respuesta le murmuró algo al oído al teniente Enrique Pedro Mones Ruiz, que asintió en silencio. Pérez volvió, apuntó a la cabeza de Bauducco y disparó. Ambos fueron procesados por ese homicidio agravado.
El 14 de julio al mediodía, en la misma Unidad 1, el teniente Gustavo Adolfo Alsina se molestó al ver al preso político José Moukarzel hablar con un detenido. Lo sacó a un patio a la intemperie, lo hizo desnudar y lo ató de pies y manos con estacas. Le pegó, lo pateó y le tiró un baldazo de agua fría. A las once de la noche, ya inconsciente, lo sacaron en camilla al Hospital Penitenciario, donde murió dos horas después. Alsina y Menéndez deberán responder por ese crimen. Por otras torturas en la Unidad 1 fueron procesados el entonces teniente coronel Víctor Pino, el sargento Carlos Hiber Pérez y el cabo primero José Antonio Paredes.
El 30 de abril, luego de diez días secuestrados en el D2, pegado a la Catedral cordobesa, María Eugenia Irazusta, Eduardo Bártoli y Víctor Chiavarini fueron asesinados en un simulacro de "intento de fuga". El 17 de mayo, por orden del inspector mayor Raúl Telleldín, jefe de informaciones del D2, su banda se presentó en la cárcel con dos órdenes de traslado. En tres vehículos se llevaron, amordazados y encapuchados, a Diana Fidelman, Miguel Angel Moze, Luis Verón, Ricardo Young, Eduardo Hernández y José Svagusa. Pararon en Neuquén al 900. Los hicieron bajar y los fusilaron. Por esos nueve homicidios calificados Garzón de Lascano procesó a ocho policías del D2: Luna, Flores, Lucero, Yabour, Yanicelli, Rocha, Juan Eduardo Ramón Molina y Miguel Angel Gómez.
La jueza procesó al teniente Osvaldo César Quiroga por los homicidios de Miguel Vaca Narvaja, Arnaldo Toranzo y Gustavo De Breuil. El 12 de agosto de 1976 los retiraron de la cárcel con una orden firmada por el general Juan Bautista Sasiaiñ y los mataron cerca del estadio Chateau Carreras. Por su complicidad en el homicidio de José Pucheta, Carlos Sgandurra y José Villada fue procesado el entonces subteniente Luis Alberto López. Como coautor de los homicidios de Ricardo Tramontini y Liliana Páez de Rinaldi fue procesado el coronel Vicente Meli. En todos los casos del presente párrafo también fue procesado el coronel Pino.
La Cámara Federal de Córdoba, en tanto, procesó ayer a Juan Eusebio Vega, ex miembro del Destacamento 141 a quien calificó como "interrogador" de La Perla, por el secuestro y los tormentos seguidos de muerte de Herminia Félix de Vergara el último día de 1976.
El alojamiento de los militares en el Cuerpo III y en Campo de Mayo, y el de los policías en la Guardia de Infantería de Córdoba, preocupa a los querellantes. "Tiene un régimen sumamente laxo. Lo denunciamos, el gobierno provincial pidió que los trasladaran, pero siguen allí por resolución de la jueza y la Cámara Federal, que emitió una resolución escandalosa. Mientras un preso común debe probar que está enfermo para ser trasladado a un hospital, la Cámara invirtió el principio general y sostuvo que debemos probar en cada caso que no deben estar en una cárcel VIP", lamentó el abogado Claudio Orosz, de H.I.J.O.S. Córdoba.
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Masacre de Margarita Belén

El Estado chaqueño se constituyó como querellante en la causa


El subsecretario de Derechos Humanos del Chaco, Carlos Martínez, presentó este lunes la documentación en el Juzgado Federal de Resistencia a través de la cual el Estado chaqueño se convierte formalmente en "querellante particular".

La provincia del Chaco, a través del subsecretario de Derechos Humanos, Carlos Martínez, se presentó como querellante particular en la causa "Margarita Belén". Este hecho casi inédito en nuestro país es la materialización de un compromiso que, desde los tiempos de la campaña electoral, había asumido el gobernador Capitanich.Acompañado por el abogado patrocinante y asesor de la Subsecretaría en la causa, Dr. Sergio Quiroz, Martínez presentó ayer en el Juzgado Federal de Resistencia la documentación que hace efectivos los decretos por los cuales el gobernador sindica expresamente a esa cartera como la encargada de representar al Estado Provincial en la querella iniciada en 2001, en la que se juzga a un gran número de personas por el fusilamiento de 22 presos políticos en diciembre de 1976. El funcionario destacó que esta presentación supone un paso extraordinario en materia de defensa de los derechos humanos, "toda vez que el Estado no sólo actúa a través de la Justicia, sino que se involucra materialmente en la causa; ejemplo de esto es el compromiso de avanzar en el desarrollo de un Programa Provincial de Protección de Testigos de delitos de lesa humanidad, para complementar y fortalecer el programa nacional". De cal y de arenaTambién repudió los ataques que se vienen sucediendo tanto contra testigos como contra representantes de los organismos de derechos humanos. Tal es el caso del robo y destrozos que sufrió la sede central de Madres de Plaza de Mayo: "es imposible no relacionar este oscuro suceso con las amenazas y secuestros a los testigos, de lo que se desprende que hay sectores que no están tranquilos con el avance de las causas por la comisión de delitos de lesa humanidad", señaló.Por último, Martínez celebró la postulación de Abuelas de Plaza de Mayo al premio Nobel de la Paz. "La aceptación por parte del Comité de Evaluación de Oslo es un reconocimiento a este grupo de valientes mujeres que desde el año '77 han promovido y defendido los derechos humanos, en especial el derecho a la identidad de los niños apropiados por militares durante la dictadura. Gracias a su trabajo se ha implementado el 'índice de abuelidad', que es el sistema de identificación a través de muestras de ADN, se ha creado el Banco Nacional Genético y la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad, y se han localizado y restituído 88 personas secuestradas por el terrorismo de Estado".
El paísMiércoles, 14 de Mayo de 2008
Las hermanas de Osvaldo Cambiaso, Ethel y Gladys, recuerdan al militante por cuyo asesinato esta acusado Patti

"Hay fuerzas ocultas que están golpeando"
En el Bar Magnum, donde fue secuestrado Cambiaso junto con Pereira Rossi, sus hermanas cuentan en diálogo con Página/12 la historia de este dirigente peronista que fue visto por última vez en ese lugar. Hoy distintos actos homenajean a las víctimas.
Por Adriana Meyer

Ethel y Gladys Cambiaso en el Bar Magnum, el lugar donde fue secuestrado Osvaldo.
Una dice la edad. La otra prefiere ocultarla y entonces la primera pide que tampoco salga la suya. Ethel y Gladys Cambiaso hablan animadas, superponen sus voces en las respuestas. El dolor y los años de búsqueda de justicia no parecen haberlas quebrado. A veinticinco años del asesinato de su hermano, el militante justicialista Osvaldo Cambiaso, aceptan conversar con Página/12 en el Bar Magnum de Rosario, donde fue secuestrado junto a Eduardo Pereira Rossi la mañana del sábado 14 de mayo de 1983. "Había sobrevivido a todo y empezaba la democracia, pero lo tenían marcado", dicen.
Desde aquel día el café cambió de dueño, pero las mesas y sillas de madera son las mismas, y las hermanas señalan las que ocupaban cuando entró la patota parapolicial para llevárselos. Fueron muy pocos los testigos que vencieron el miedo y se animaron a contar lo que vieron. Los recortes periodísticos de la época enmarcados ocupan dos paredes, otra exhibe placas recordatorias. Ethel es psicóloga, está casada con Raúl Ageno y tiene un hijo de 37 años que vive en Moscú. Gladys fue empleada, ahora está jubilada y vive sola. Algo incómodas por los flashes del fotógrafo, antes de despedirse recuerdan que hoy, a las 19, hacen el acto de todos los años en este bar, de Ovidio Lagos y Córdoba; mañana, a las 16, asistirán a otro homenaje en la Legislatura santafesina y el viernes, a las 11, acudirán al que convocan Juan Puthod y sus compañeros de la Casa de la Memoria de Zárate, en la ruta 9 a la altura de Lima, en el camino de campo donde los dos militantes fueron acribillados. "Creo que es un momento difícil, aquí hay fuerzas ocultas que están golpeando. Y el secuestro de Puthod curiosamente ocurrió cuando estaba organizando ese homenaje en la ruta 9", afirma Ethel. "Se da en el momento y en el lugar, justo en el aniversario; es evidente que fue gente de Patti", agrega Gladys.
–¿Puthod puede haber tocado algo sensible, testigos que recuerdan los hechos?
Ethel: –Es cierto, hay gente de campo que recuerda (mira a la hermana) ¿Te acordás en aquel momento, un muchacho con el padre que habían visto? Se borró y se tapó todo. ¿Quién iba a declarar en aquel momento?
Gladys: –Testigos hay muchos pero los acallan.
–¿Creen que si hoy los llaman no irían a declarar?
Ethel: –Hoy tampoco, y menos en este momento.
Gladys: –El miedo siguió tal cual. El que no declaró en aquel momento tampoco lo haría ahora.
Ethel: –Tratamos de iniciar un juicio en Italia, pero el juzgado de acá respondió que Patti y los otros policías estaban sobreseídos. También intentamos con el juez Garzón pero no tuvimos respuesta.
–¿Cómo era Osvaldo?
Gladys: –Un ser excepcional, desprendido de sí mismo y pendiente de las necesidades de los demás, en lo familiar y en lo social.
Ethel: –Una persona esencialmente buena, y considerada así por los compañeros de presidio que tuvo durante seis años. Estaba casado, entre comillas, con la causa de liberarnos de las dictaduras militares. Ya había estado preso en la dictadura de Lanusse. Salió por la amnistía de Cámpora y después volvió a ser apresado a fines del '76. Tenía 42 años, pero parecía mucho mayor.
Gladys: –Por tantos años de prisión, de torturas, era enfermo cardíaco. Además no podía tomar bien su medicación en las prisiones. Viajábamos a la cárcel de Rawson en colectivo y por un papelito no nos dejaban darle sus remedios.
Ethel: –En La Plata le hicieron el castigo del chancho, sin comida, parado todo el tiempo, tomando el agua de la letrina.
–¿Y cómo era de chico? (Se miran y sonríen.)
Ethel: –Era mi compañerito de toda la vida porque me llevaba un año y dos meses.
Gladys: –Intercedía entre nosotras cuando nos peleábamos.
Ethel: –Por edades parecidas íbamos a la escuela juntos, y como vivíamos en el campo no teníamos muchos amiguitos. A la escuela iban chicos muy humildes, ¿te acordás cuando armó como un dispensario? Una vez bañó a un chiquito y se resfrió, y el padre vino todo enojado...
–¿Pasó toda la dictadura preso?
Ethel: –Sí, salió el 18 de mayo de 1982 y lo mataron el 14 de mayo de 1983. Se instaló con mis padres, que estaban en Pérez. Venía a Rosario con un auto viejo de papá, y fundó la casa de Movilización e Intransigencia Peronista. Cada vez que se movía notaba que lo seguían. Ese auto apareció cuando lo mataron, un Fiat 1500 beige, que en la parodia de reconstrucción apareció lleno de sangre. ¿Cómo es posible si dijeron que murió afuera?
–¿Qué pudieron reconstruir ustedes?
Gladys: –Vinimos acá. Empecé a interrogar desesperadamente a las personas, todos decían que había pasado algo pero nadie quería contestar preguntas.
Ethel: –Luego nos enteramos de que habían pedido un "carlito" y un café con leche cuando entraron seis o siete de civil con armas de caño recortado. A mi hermano le pegaron un culatazo que se desmayó y sangró ahí en el piso. Dicen que Pereira Rossi intentó romper un vaso para... (hace una seña de cortarse las venas). Los arrastraron a una camioneta, a la gente del bar la hicieron poner contra la pared, la amenazaron, y ellos en la calle tiraron tiros al aire mientras festejaban.
Gladys: –Los partidos políticos y las organizaciones de derechos humanos llamaron a una marcha. En la Nunciatura nos respondieron que no iban a tomar partido por ningún bando, que algo habrán hecho.
Ethel: –La televisión mostró luego la foto de mi hermano e informó que en un enfrentamiento de la policía con subversivos fueron muertas estas dos personas. La autopsia demostró que murió el mismo 14 a las cinco de la tarde. Tenían tortura pre mortem.
Gladys: –Una testigo, que luego no quiso aparecer, me relató que en la ruta vio un auto llevado a remolque en el que iba alguien con los ojos muy abiertos, como implorando. Cuando vio la foto de mi hermano la relacionó enseguida.
–¿Eso fue en el trayecto entre el galpón y el descampado, en Lima?
Ethel: –Sí. Ahí los fusilaron. Patti reconoce que los mató, pero dice que fue en un enfrentamiento. (El juez Juan Carlos) Marchetti dispone la prisión preventiva de los tres, Patti, (Juan) Spataro y (Rodolfo) Diéguez. Eso marchaba todo bien. Hasta que amenazaron con hablar. Al juez Marchetti lo tienen que haber apretado y giró todo completamente. Exhumaron el cadáver para una tercera autopsia, que fue una mascarada para revertir lo anterior.
Gladys: –Nunca confié en esos jueces, eran los de la dictadura. Hoy en día tampoco, no podemos reabrir esta causa, como plantea el fiscal (Juan) Murray, que considera que estos son delitos de lesa humanidad.
–Sin embargo ahora Patti está preso, aunque no sea por este caso.
Gladys: –Fue algo que no me lo hubiera imaginado.
Ethel: –Pero eso está por verse, tiene que ir a juicio oral por Muniz Barreto y Gonçalves. Lo que me gusta es que se gasta un montón de guita en abogados, los pasos que nosotras recorrimos los está haciendo él.
–¿Tantos años de juicios afectaron sus vidas personales?
Gladys: –Veníamos acostumbradas pero perderlo fue un dolor terrible, nos marcó.
Ethel: –Desde el '71 que cayó preso empezamos a viajar, trámites, hábeas corpus. Pero no pudimos elaborar su muerte. Había cumplido su año de libertad condicional, pero lo tenían marcado, quince días antes habían matado a Raúl Yagger, liquidaron a todos los que llamaban irrecuperables.
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[Rosario] Miércoles 14 de mayo a las 19 hs en Córdoba y Ovidio Lagos: homenaje a los compañeros Cambiaso y Pereira Rossi
Como todos los 14 de mayo, en un nuevo aniversario del secuestro y asesinato de los compañeros Osvaldo Cambiaso y Eduardo Pereira Rossi, distintas organizaciones políticas, sociales y de DDHH, nos convocamos para homenajearlos y seguir impulsando el castigo a los responsables materiales e intelectuales del hecho. El acto se realizará a las 19 hs. en la puerta del Bar Magnum (Córdoba y Ovidio Lagos), lugar donde secuestraron a los compañeros

Miembro del MOCASE- Vía Campesina lleva 20 Días Detenido

El campesino Miguel Rodríguez, de 67 años y en delicado estado de salud, integrante de la Central Campesina de Pinto del departamento Aguirre, Mitre y Salavina, fue detenido el 24 de abril a la noche cuando intentó denunciar el robo de animales por parte de un empresario sojero y su guardia privado.
En una acción de mundo al revés, en lugar de tomarle la denuncia, la policía local –al servicio de los grandes hacendados- detuvo al integrante del Mocase-VC y ordenó la detención de otros diez.

Miguel Rodríguez vive desde siempre en la misma tierra. Pero desde hace 8 años padece las amenazas, matanza de animales y violencia por parte del terrateniente Claudio Trono y su guardia privada Daniel Queen. Justamente éste triste personaje robó, a mediados de abril, una veintena de chanchos de Rodríguez. El jueves 24 de abril, Rodríguez salió de su rancho, recorrió 30 kilómetros hasta el pueblo de Pinto. Y llegó hasta la comisaría con la intención de denunciar el robo. Luego de hacerlo esperar cuatro horas, y sin siquiera tomarte testimonio, le comunicaron que quedaba detenido e incomunicado por orden del Juez Álvaro Mansilla, de Añatuya, por una denuncia del 2007 realizada por paramilitares. Está acusado de "robo calificado" por defender su propia tierra.

Rodríguez lleva 20 días detenido por causas inventadas. La cuestión de fondo es la complicidad entre policías y empresarios, que quieren despojarlo de su tierra.

Durante estos días, el Juez Mansilla, solo mostró su falta de voluntad para realizar indagatoria, tomándose días libres luego del 1 de mayo presentando ficha médica, mientras tanto Miguel Rodríguez, alojado en la comisaría de Añatuya, nunca fue atendido por un médico, descuidando su endeble estado de salud (sufre alta presión arterial e insuficiencia cardiaca.

Por su parte, el Ministerio de Justicia de la Provincia, no ha dado ningún tipo de respuesta a este problema puntual y otros tantos que como Movimiento Campesino venimos denunciando permanentemente. Su única respuesta fue "vengan a la capital para pedir una audiencia con la asesora", "solo pueden asesorar y no intervenir en el caso porque no tienen ninguna ingerencia".

En Santiago del Estero las prácticas de amedrentamiento contra las familias campesinas e indígenas para ser expulsada de sus territorios ancestrales, sigue siendo una moneda corriente: terratenientes que contratan paramilitares, con la complicidad de policías y jueces, como Álvaro Mansilla y otros que responden a los intereses de empresarios tomando decisiones que violan el derecho de los campesinos e indígenas.

El Gobierno en vez de apoyar a los monocultivos de soja, debiera apoyar a la producción de alimentos, la agricultura y ganadería campesina indígena sostenible.

Como Mocase-VC exigimos la inmediata libertad del compañero Miguel Rodríguez y que sea investigado y removido de su cargo Álvaro Mansilla. Para reforzar esto, nos manifestamos pacíficamente hoy frente al juzgado de Añatuya.

Llamar pidiendo informe al Juez Álvaro Mansilla 03844-421090
Ministerio de Justicia de la provincia- secretaria de Daives 0385-154155043128

Contactos Secretaría de Comunicación de MOCASE-VC 03843-421195/ 15400980 / 15456493

-- MOCASE-VC
Movimiento Nacional Campesino Indígena (MNCI)
Miércoles, 14 de Mayo de 2008
Un testigo de Timarchi develo la enajenacion
"Tenían una granada en el bolsillo"

Por Diego Martínez
"Recibíamos a esquizofrénicos, delirantes, que venían con una granada en el bolsillo. Era evidente que iba a pasar algo", explicó el médico Hugo Baloni durante una nueva audiencia del juicio por la Masacre de Fátima a cargo del Tribunal Oral Federal 5. Psiquiatra del Hospital Churruca durante la dictadura ofrecido como testigo por la defensa de Miguel Timarchi, uno de los tres imputados en la causa, Baloni relató que ni siquiera cuando un agente enfermo mató al cirujano que lo atendía la Policía Federal accedió a su pedido de quitarles el arma a los policías con desequilibrios psiquiátricos. "El estado policial dice que tienen que estar armados siempre", le explicaron.
Timarchi sostiene, y así consta en su legajo, que para agosto de 1976 llevaba diez meses de licencia médica por la explosión de una granada. Baloni reconoció su firma en el legajo y resumió su primer diagnóstico: "problemas auditivos, neurológicos y psiquiátricos". Cuando el abogado Carlos Broitman le preguntó "qué recomendación se daba a los pacientes con referencia al uso del arma", dijo que era "un tema complejo" y remarcó dos momentos. El primero, cuando un enfermo psiquiátrico asesinó a un cirujano de 24 años. "A raíz de esa muerte volví a insistir en que no podían ir armados, pero no me oyeron", aclaró. El segundo lo tuvo como protagonista:
–Pase, ¿qué hace acá? –le preguntó a un paciente a quien había ordenado internar en una clínica psiquiátrica.
–Vengo a matarlo –le respondió el policía. Sacó una 38 y le apuntó a la cabeza. Baloni pudo calmarlo y, con ayuda, desarmarlo.
Situó ambos hechos en 1978. Recién después "se decretó que toda la gente que fuera a psiquiatría dejara el arma en la guardia del hospital". De allí la retiraban cuando salían del Churruca. Consultado sobre sus apuntes en el legajo de Timarchi enumeró "insomnio, descontrol, irritabilidad". Explicó que el antipsicótico que le prescribió en mayo de 1977 era "un tranquilizante mayor para casos de urgencia, para plancharlo". Sobre los cócteles que el imputado admitió haber recibido en 1976 y 1977 dijo que eran "para bajar casos de enorme agresividad, de excitación psicomotriz".
Jorge Mutuverría, amigo de Timarchi desde la infancia, dijo que a partir del accidente de 1975 su actitud fue de "autismo", "locura", "una persona extraviada". Durante "más de dos años" no tenía "ni voluntad de ser agresivo". Descartó que hubiera podido estar en la masacre: "Habría sido una especie de Superman que volaba desde su casa, hacía eso y a la mañana estaba otra vez encerrado", afirmó. Cerró la jornada el policía Claudio Schiavoni, quien detuvo "al comisario general Lapuyole" en 2004. Ante la pregunta de los defensores admitió que el ex director de inteligencia, de 78 años y con silla de ruedas, no se resistió al arresto.
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Impresa Politica CBA MAR 13 MAY 06:00
"Fue una sensación de desgarro y dolor"
Así se expresó el juez español Garzón luego de recorrer La Perla. Dijo que el juicio a Menéndez "se les debe a las víctimas".


Carlos Paillet
De nuestra Redacción
cpaillet@lavozdelinterior.com.ar


El inminente juicio al represor Luciano Benjamín Menéndez fue el motivo de consulta excluyente de los periodistas al juez de la Audiencia Nacional de España, Baltasar Garzón, quien ayer visitó por primera vez dos de los símbolos del terrorismo de Estado en Córdoba: La Perla y el Departamento de Informaciones de la Policía, conocido como el D-2. Y el magistrado respondió a cada pregunta, a veces conmovido y refiriéndose a Menéndez como "ese personaje".



–En Córdoba hay una gran expectativa por el juicio que se hará por violaciones a los derechos humanos durante la dictadura, que tiene a Menéndez como el principal acusado. ¿Cuál es su opinión? le consultó La Voz del Interior.



–Sé que se va a celebrar el juicio y sé quién es el personaje (por Menéndez); fue objeto de investigación en España a partir del año 1996. Yo no tengo nada que decir respecto de este señor, sino que simplemente responda ante la Justicia. Va a tener ese juicio que él no permitió a miles de personas a las que acusaba de subversivos. Él se convirtió en juez y parte y decidió sobre la vida y la muerte y ahora por lo menos va a tener un juicio justo.



También Garzón habló de las "sensaciones" que sintió luego de recorrer las dependencias de La Perla y el D-2, de manera particular, lo que él llama "cámaras de torturas".



"Fue una sensación extraña, de desgarro, de dolor. Es difícil soportar la frialdad de las paredes, saber que allí se estuvo torturando a muchas personas, que se acabó con la vida de gente joven que su único delito era luchar por un mundo mejor y por ideas que ni siquiera fueron discutidas, sino que fueron segadas como su propia vida".



Baltasar Garzón llegó pasadas las 9 a La Perla con el gobernador Juan Schiaretti y recorrieron el predio acompañados de funcionarios políticos y judiciales, de sobrevivientes del ex centro de detención y familiares de la víctimas nucleados ahora en organismos de derechos humanos, como Abuelas e Hijos.



"El juicio es algo que se les debe a las víctimas, es algo que siempre han pedido y es lo que se les va a otorgar", afirmó el magistrado sobre el proceso oral y público que arrancará el 27 de este mes en los Tribunales Federales con Menéndez y otros siete represores en el banquillo.



Juicio y testigos Baltasar Garzón descartó que vaya a asistir a algunas de las audiencias y advirtió que el Estado "tiene la obligación" de brindar protección a los testigos para evitar episodios recientes, en alusión a la desaparición de Jorge Julio López, testigo en el juicio que terminó con la condena por genocidio del ex policía Miguel Etchecolatz.



El juicio a Menéndez lo ventilará desde el martes 27 el Tribunal Oral Federal N°1 y habrá 31 testigos propuestos por la querella, los fiscales y la defensa de los acusados.



–¿Es factible que usted asista a algunas de las audiencias del juicio a Menéndez?



–Desgraciadamente no puedo hacerlo porque tengo que estar en mi propio país con el trabajo. He venido para estar hoy con los amigos de Córdoba y aprovechar para ver aquellos lugares que conocía a través del estudio y los testimonios. No es importante quién esté en el juicio. Quienes tienen que estar son los acusados y quienes tienen que comparecer ante los jueces son los testigos, las víctimas, para que con todas las garantías, pero todas, se pueda emitir una sentencia justa.



–¿Tiene conocimiento sobre la protección de los testigos y el temor que éstos tienen por posibles represalias?



–He estado hablando con el gobernador y me ha dicho que dentro de lo que es su competencia se están tomando todas las medidas necesarias para la protección de testigos. Es obligación del Estado y de las instituciones proteger a aquellos que tienen que concurrir a dar su testimonio. Estoy convencido de que así se hará, para que no se produzcan hechos como los que desgraciadamente se produjeron en épocas recientes.



Baltasar Garzón afirmó que el juicio a los genocidas debe ser un motivo de "alegría y no de venganza" y, sobre las recurrentes demoras de la Justicia para arribar a estos procesamientos, hizo alusión a las ya derogadas leyes de Obediencia Debida y Punto Final y al indulto, que sirvieron de paraguas para encubrir a decenas de represores.

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Ahora Politica CBA MAR 13 MAY 06:05
"El juicio a Menéndez es algo que se le debe a las víctimas", dijo el juez Baltasar Garzón
El magistrado se mostró esperanzado con el inminente juicio a Menéndez y a otros siete represores. Recorrió La Perla y almuerza con Schiaretti. El gobernador dijo que está garantizada la seguridad para los testigos y para "los genocidas".

Redacción LAVOZ.com.ar


El juez de la Audiencia Nacional de España, Baltasar Garzón, de visita hoy en Córdoba, dijo que el juicio a Luciano Benjamín Menéndez y a otros siete represores que comenzará el próximo 27 de mayo "es algo que se les debe a las víctimas".



"Me gustaría ver el juicio pero me encanta que se desarrolle con todas las garantías (…) Es algo que se les debe a las víctimas, es algo que siempre han pedido y es lo que se le va a otorgar", dijo el magistrado.



Esta mañana, acompañado por el gobernador Juan Schiaretti y la fiscal federal Graciela López de Filoñuk, recorrió el centro de tortura, detención y muerte de La Perla, el máximo foco del terror en Córdoba durante la dictadura.



Al mediodía, Baltasar Garzón participó de un almuerzo con el gobernador Juan Schiaretti, y por la tarde-noche dio una conferencia en la Sala de las América de la ciudad Universitaria sobre "Los límites de la lucha contra el terrorismo internacional" (ver Baltasar Garzón, en Córdoba en Edición Impresa).



En La Perla. Apenas arribado a Córdoba, Baltasar Garzón se dirigió hasta La Perla, el centro ubicado a un costado de la autopista Córdoba-Carlos Paz, a la altura de Malagueño.



"Siento mucho respeto para un lugar donde se produjo tanto sufrimiento de personas que no habían hecho nada para merecerlo (...) que perdieron su libertad y su vida por el respeto de los derechos de otras personas", dijo el magistrado.



El juez afirmó que "conoce" a Menéndez, el principal imputado del juicio por el secuestro, tortura y asesinato de cuatro personas en diciembre de 1977, "por las fotografías y los testimonios" que recabó en España para la elaboración de un auto de procesamiento que impulsó las investigaciones de los crímenes de lesa humanidad cometidos en Argentina, amparados por las "leyes del perdón" durante muchos años.



Garantías. Lo bueno del juicio a Menéndez, según Garzón, es "la sensación de que la justicia funciona aunque haya tardando tanto en hacerse realidad", y dijo que en el juicio que estará a cargo del Tribunal Oral Federal Nº1 de Córdoba habrá "un trato justo e igualitario como cualquier ciudadano, que ellos (los acusados) no brindaron".



En un sentido similar se expresó Schiaretti. "Nosotros le vamos a garantizar a todos los testigos la seguridad y hemos estado trabajando con el grupo especial para protegerlos (…) Vamos a garantizar al genocida Menéndez y a sus secuaces la seguridad que él no le dio a ninguno de los que torturó y desapareció", destacó el mandatario.



Genocidio. Baltasar Garzón reconoció que la figura de genocidio "es una cuestión jurídicamente polémica pero es mejor que se someta a esa discusión".



"Yo pensé que la intención es que lo que se desarrolló era atacar a un propio grupo de la nación con sus características particulares, ideológicamente hablando", y que por eso había que aplicar esa calificación.

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El juicio de la causa Brandalisis

Fecha. Las audiencias arrancarán el próximo 27 de mayo, a las 9.30.

Imputados. Luciano Benjamín Menéndez, Hermes Oscar Rodríguez, Jorge Exequiel Acosta, Luis Alberto Manzanelli, Carlos Alberto Vega, Carlos Alberto Díaz, Oreste Valentín Padován y Ricardo Alberto Ramón Lardone. Las imputaciones son por homicidio agravado, imposición de tormentos agravada y privación ilegítima de la libertad.

Víctimas. Hilda Flora Palacios, Humberto Horacio Brandalisis, Carlos Lajas y Raúl Cardozo.

Jurado. El Tribunal Oral Federal N°1, integrado por Jaime Díaz Gavier, Carlos Otero Álvarez y José Vicente Muscará.

Fiscales. Maximiliano Hairabedian, Jorge Fabián Asís y Graciela López de Filonuk.

Querellantes. Hijos, Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas, en representación de Valeria y Soledad Chávez, hijas de Hilda Flora Palacios.

El caso. Brandalisis y su pareja Palacios, además de Lajas y Cardozo, fueron secuestrados en distintos días de noviembre de 1977 y luego torturados en el centro clandestino de detención más importante de Córdoba, La Perla. Un mes después fueron fusilados y los represores intentaron hacer pasar el asesinato como un enfrentamiento en la esquina de Sagrada Familia y Colón.

Impresa Politica CBA MAR 13 MAY 06:15
Un testimonio sentido en el ex D-2Baltasar Garzón recorría las dependencias de lo que fue el D-2 de la Policía, ahora convertido en Museo de la Memoria, y en ese andar lento y silencioso ingresó a una sala donde sobre una mesa hay álbumes con fotos de desaparecidos. El juez se detuvo a mirar las fotos y una mujer que estaba a su lado le señaló una de ellas con el dedo índice: "Este es mi papá".



El magistrado se interesó por esa imagen de un hombre joven y le preguntó quién era: "Hugo Ochoa, era delegado del Sindicato de Empleado Públicos" respondió Adriana Ochoa, la hija del joven de la foto con la que acababa de conmover al juez.



Hugo Estanislao Ochoa era militante peronista, empleado publico, y delegado gremial. Fue secuestrado por un grupo de tareas el 12 de noviembre 1975 y asesinado entre el 12 de noviembre y el 13 de abril de 1976.



La recorrida del juez español tuvo como guía a la titular del Museo de la Memoria, Ludmila Da Silva Catela. Lo acompañaron también, la fiscal Graciela López de Filoñuk; la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo Córdoba, Sonia Torres; el ministro de Justicia de la Provincia, Luis Angulo, y el secretario de Derechos Humanos, Raúl Sánchez, entre otros.



En la Legislatura. En tanto, Baltasar Garzón fue declarado "visitante ilustre" por la Legislatura provincial, a donde concurrió ayer por la tarde. La distinción le fue entregada por el vicegobernador Héctor Campana, durante un acto en el que estuvieron representantes de los distintos bloques legislativos. Campana le obsequió a Garzón un mate de plata con bombilla de alpaca.

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Impresa Politica CBA MAR 13 MAY 06:18
Legisladora expresó su repudio por el ataque a la sede de MadresAgencia Télam


Buenos Aires. La diputada nacional del Movimiento Libres del Sur, Victoria Donda Pérez, expresó su enérgico repudio al ataque contra la sede de las Madres de Plaza de Mayo ocurrido el domingo pasado.



Donda consideró que "es evidente que los responsables del genocidio y sus cómplices se sienten molestos porque la Justicia aunque lenta por fin va llegando para todos ellos".



La titular de Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini, denunció que desconocidos ingresaron a la sede de la calle Hipólito Yrigoyen, Capital Federal, forzando las puertas del local, en el sector donde funciona la Universidad de las Madres y la Secretaría de Prensa de esa agrupación.



"Una vez más nos encontramos frente a una agresión de los personajes de siempre. No es ninguna casualidad que ataquen la sede de Madres, ni que lo hagan en este momento", consideró Donda..



Calificó de "lamentable" el hecho, y estimó que existe "un patrón común con otros casos" y sostuvo que "es evidente que los responsables del genocidio y sus cómplices se siente molestos porque la justicia va llegando".

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Impresa Politica CBA MAR 13 MAY 06:19
Cauto sobre IsabelEl juez Baltasar Garzón evitó ahondar ayer sobre la negativa de la Justicia española de conceder la extradición de la ex presidenta María Estela Martínez de Perón, para que responda ante la Justicia argentina por los crímenes cometidos por la Triple A.



Al respecto, el magistrado respondió: "Es una decisión judicial que hay que respetar y que se puede combatir. Es decir, se puede recurrir. Es un proceso que yo no he tramitado pero es una decisión judicial. La decisión judicial puede ser positiva o negativa, lo importante es que existe esa decisión. Cuando un proceso se inicia le pueden dar la razón o no, podemos estar de acuerdo o no, pero el Poder Judicial es independiente".



En ese sentido, ponderó "la sensación de que la Justicia funciona aunque haya tardado tanto en hacerse realidad", en referencia a los juicios a represores de la dictadura militar en el país.



Baltasar Garzón dijo desconocer los pasos que seguirá Argentina tras la negativa de España a extraditar a Isabel Perón.

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Impresa Internacionales CBA MAR 13 MAY 06:24
El 10 de agosto, día "D" para Evo y Bolivia
El presidente promulgó la ley que convoca a referendos revocatorios del mandatario y su vice y de los gobiernos locales.

Agencia EFE



La Paz. Los bolivianos acudirán el próximo 10 de agosto a un referéndum histórico para decidir si ratifican o revocan el mandato del actual presidente, Evo Morales Ayma; su vicepresidente, Álvaro García Linera y el de los prefectos (gobernadores) regionales del país.



Morales promulgó ayer la ley de convocatoria del referéndum revocatorio que supone un hito en la historia del país, ya que es la primera vez que Bolivia celebrará una consulta de estas características, según enfatizó el propio mandatario.



"No tengo miedo al pueblo: que diga su verdad y nos juzgue", subrayó Morales tras promulgar esta ley, cuatro días después de que el Senado de Bolivia decidiera de forma sorpresiva aprobarla, dando curso a una iniciativa que partió del propio gobernante en diciembre pasado. "El que no hace daño, no tiene miedo a nadie", agregó.



Fue Morales quien envió al Congreso Nacional a fines de 2007 el proyecto de ley para celebrar un revocatorio, cuando el país vivía una conflictiva situación vinculada al proceso constituyente que la oposición trata de frenar por cualquier medio.



La Cámara de Diputados aprobó la norma en enero y pasó al Senado, controlado por la oposición, donde quedó paralizada durante varios meses.



El referéndum revocatorio da un nuevo giro a la compleja situación de Bolivia, marcada en los últimos meses por el enfrentamiento entre la refundación constitucionalista que impulsa el primer presidente de origen indígena del país y los reclamos autonómicos que han iniciado de facto varias regiones opositoras con el rechazo de La Paz.



El jefe de Estado aceptó "con satisfacción" someterse a una consulta que se celebrará prácticamente en el ecuador de su mandato y con un "récord" de permanencia en el sillón presidencial, si se compara a Evo con sus cuatro antecesores inmediatos.



Morales hizo ayer un llamado a la comunidad internacional para que envíe observadores al revocatorio, y pidió a la Corte Nacional Electoral que articule un proceso "transparente".



El crucial referéndum también incluye a los gobernadores de los nueve departamentos en que está dividido el país. Sin embargo, esta convocatoria departamental plantea dudas puntuales sobre el caso de Chuquisaca, que está regida por un prefecto interino nombrado por Morales luego de que el anterior titular huyera del país en noviembre por los violentos episodios que causaron en su capital, Sucre, tres muertos y 300 heridos mientras sesionaba la Constituyente.



De hecho, se ha fijado la fecha del 29 de junio para celebrar elecciones en este departamento, con el fin de elegir nuevo prefecto.



El 10 de agosto se preguntará a los bolivianos si están de acuerdo, por un lado, con "la continuidad del proceso de cambio" encabezado por Morales y su vicepresidente, y, por otro, con la de los gobernadores.



La ley promulgada ayer establece que para revocar los mandatos hace falta que el "no" supere tanto el porcentaje de apoyo obtenido en los comicios de 2005, en los que fueron elegidos Morales, el vicepresidente y los actuales prefectos, como el número absoluto de votos.



En el caso de Morales y García Linera tendrían que dejar los cargos si el "no" es superior al 53,7 por ciento de apoyo que consiguieron en 2005 y al 1.544.374 votos que lograron en esa fecha.



Si los bolivianos deciden revocar al presidente y al vice, Morales debería convocar a elecciones generales en un plazo posterior de tres a seis meses.



Si son los prefectos quienes no salen ratificados en sus referendos revocatorios, deben cesar en su cargo y el jefe de Estado designaría a un gobernador en funciones y se llamará a comicios departamentales.



Llamado a dialogar. A pesar del revocatorio, el gobierno de La Paz mantuvo ayer la oferta de diálogo a los prefectos para buscar soluciones a la crítica situación política del país. Morales había convocado ayer a los "gobernadores", pero los prefectos de Santa Cruz, Beni, Pando y Tarija, todos opositores, respondieron que no acudirían.



Santa Cruz aprobó el 4 de mayo un estatuto autonómico de hecho que el gobierno consideró ilegal y separatista. Las otras tres regiones de la llamada "Media Luna de Oriente" tienen previsto hacer lo mismo en consultas programadas para junio.



Morales volvió a insistir ayer en la necesidad de diálogo para asegurar la unidad nacional y garantizar un proceso autonómico basado en la legalidad y que contribuya a resolver diferencias económicas entre departamentos.
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Salta

Seis meses después, la Corte rechazó una medida cautelar contra Ferraris
Con un tribunal integrado especialmente para tratar la ocasión, la Corte de Justicia decidió rechazar una medida cautelar por la que el Colegio de Abogados pedía que se suspendiera provisoriamente al ministro de Corte Gustavo Ferraris mientras se resuelve un amparo en el que la misma entidad pide que se declare la nulidad de la designación del ex secretario de Seguridad como miembro del máximo tribunal provincial.

Gustavo Ferraris.

La decisión, dada el viernes pasado pero difundida ayer, llegó después de seis meses de presentada. Por su carácter, se sobreentiende que las medidas cautelares deben resolverse en el menor tiempo posible. El argumento es que la decisión se demoró porque primero hubo que integrar el tribunal que entendió en las recusaciones presentadas por el Colegio de Abogados, que entendió que ninguno de los jueces de Corte podía participar de este tribunal dado que la acción de amparo es contra el máximo tribunal provincial, que tomó juramento al cuestionado ministro, además de estar dirigida contra el Senado y el Poder Ejecutivo. Sin embargo, el tribunal rechazó las recusaciones contra las juezas María Cristina Garros Martínez, vicepresidenta de la Corte, y María Rosa Ayala, por lo que ambas integraron el tribunal que resolvió sobre la medida cautelar. Las acompañaron los camaristas civiles Alfredo Ricardo Amerisse, José Gerardo Ruiz y Oscar Gustavo Koehle. El recurso de amparo, acompañado por una medida cautelar, fue presentado en noviembre del año pasado. El Colegio plantea la nulidad e inconstitucionalidad de la designación de Ferraris. Sostiene que el Senado le otorgó el acuerdo al ex funcionario mediante un proceso irregular ("en la nocturnidad y con escalamiento", ironizó ayer el abogado Carlos Humberto Saravia, en referencia al velocísimo procedimiento, en horas de la madrugada); también afirma que Ferraris no reúne los requisitos para ser juez de Corte, que adolece de idoneidad y está inhabilitado moralmente para este cargo. En un comunicado, la Corte informó que requirió la documentación pertinente: el legajo personal al Colegio de Abogados; el expediente del acuerdo y el diario de sesiones del 22 de noviembre al Senado Provincial, y el acta de juramento a la Corte. Y adelantó que de estas constancias "no surge manifiesta (...) la vulneración al artículo 156 de la Carta Magna local" en cuanto a "que se hubiera impedido la concreción de la sesión pública para prestar el acuerdo". Respecto del legajo personal, el tribunal afirmó que "no surge en forma verosímil que el nombrado profesional no cumpla con el término de 10 años que exige el artículo 154 de la Constitución de la provincia". Aunque para algunos estas valoraciones sonaron a afirmaciones sobre la cuestión de fondo, el tribunal aclaró que no hizo "valoración alguna" sobre el amparo. Entre las razones para suspender preventivamente a Ferraris el Colegio aducía que su planteo sobre la inconstitucionalidad de la designación es verosímil y que de no ordenarse la suspensión de la intervención del ministro en las causas que llegan a la Corte, se corría el riesgo de provocar "un daño irreparable ante la extensión de los viciso que involucró su proceso ilegal de designación". Pero la Corte adujo que la designación aparece "prima facie fundada en el uso de las facultades conferidas al Poder Ejecutivo y al Senado por los artículos 101 y 156 de la Constitución provincial" y que la toma de juramento por parte de la Corte también estuvo basada en la legislación. Recordó asimismo que es doctrina de este tribunal no conceder cautelares sobre decisiones emanadas del Poder Ejecutivo y Legislativo, por aquello de la presunción de validez de que gozan los actos de estos Poderes.
Campaña de adhesiones para llevar a las Abuelas al Premio Nobel
Lección de lucha inclaudicableAl anunciar la aprobación del Comité de Evaluación de Noruega a la candidatura de las Abuelas de Plaza de Mayo, el senador kirchnerista Daniel Filmus lanzó la convocatoria a una campaña de apoyo a esa postulación desde el Congreso."Somos unas más de las miles de mujeres argentinas que no bajan los brazos ante situaciones desesperadas y si ganamos lo trasladaremos a todas las mujeres del país." Estela Carlotto recibió de ese modo, ayer, el anuncio formal de la nominación de las Abuelas de Plaza de Mayo como candidatas al Premio Nobel de la Paz. Tras la aceptación en Noruega del Comité de Evaluación, el senador kirchnerista Daniel Filmus anunció que promoverá una campaña de adhesiones desde el Congreso.El Comité de Evaluación recibió la propuesta de Filmus en enero, pero se pronunció recién ahora. Las Abuelas habían sido ya presentadas como candidatas por distintas instituciones en 2002 y 2007, pero no habían logrado pasar la primera evaluación. Se supone ahora que quienes tienen en manos la decisión de elegir a los candidatos prefieren homenajear a instituciones y no a personas, y cada una de esas veces se había presentado a Estela Carlotto."Nuestra preocupación central ahora es –explicó Filmus a este diario– no sólo que se reconozca el trabajo que las Abuelas hicieron en cuanto a la vigencia de los derechos humanos y en contra de los efectos de la dictadura en nuestro país, sino el gran impacto que ha tenido su tarea en el plano nacional e internacional por la perdurabilidad de sus conquistas, como el derecho a la identidad."En ese sentido, la presentación que Filmus empezó a preparar cuando era ministro de Educación y que presentó como senador relevó dos aspectos centrales del trabajo de las Abuelas: el impulso a la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad y la creación del Banco de Datos Genéticos.En el primer caso, el ex ministro recordó el impacto que tuvo el trabajo de las Abuelas entre quienes pensaron la Declaración Universal por los Derechos del Niño, que han incorporado tres artículos inspirados en su tarea. "Es de los pocos casos en los que el trabajo de una ONG impacta de esa manera", destacó Filmus.En Argentina, el trabajo por el derecho a la identidad comenzó como consecuencia de la desaparición de personas durante el terrorismo de Estado, pero la tarea que realizaron ellas impacta ahora entre quienes trabajan con la trata de personas, de niños perdidos, secuestrados, robados en todo el mundo, y no sólo acá."En el caso argentino yo no sé si se recuerda –comentó Filmus–, pero cuando empezaron los análisis de ADN había que pedir algunas muestras en Estados Unidos y hoy existe un banco genético capaz de generar el índice de abuelidad." El índice de "abuelidad" es un método específico, creado a partir de la experiencia de las Abuelas en la recuperación de sus nietos apropiados por la dictadura desde 1977. Ese índice permite determinar la filiación de un niño en ausencia de sus padres a través de análisis de ADN.Si bien se sabe que el Comité de Evaluación de Oslo prefiere que no se hagan actos en torno de las figuras de los candidatos, nada impide promover una campaña de adhesiones, y de eso se encargará el Gobierno. El comité mira con buenos ojos la aprobación en ese sentido de otros premios nobeles, y candidatos como Juan Carr de la Red Solidaria que ayer acompañó a las Abuelas en la presentación en el Congreso. Para eso, se creó un correo (nobelabuelas@gmail.com) y Filmus explicó que la idea es llevar las firmas a Oslo antes del 10 de diciembre, cuando se dan a conocer los resultados. El senador estuvo acompañado en el Congreso por el vicepresidente de la Nación, Julio Cobos, y por los ministros Juan Carlos Tedesco (Educación) y Carlos Tomada (Trabajo).

Salta

La UNSa. homenajeará a profesores y estudiantes desaparecidos
Mañana, a las 16, se hará un acto de homenaje a los profesores y estudiantes de la Universidad Nacional de Salta (UNSa) que fueron desparecidos durante la dictadura militar que detentó el poder entre 1976 y 1983.

Stella Pérez de Bianchi.

Para llevar a cabo este acto, que se hace en el mes aniversario de la fundación de la Universidad, la Asociación de Docentes y Investigadores (ADIUNSa) convocó a sobrevivientes, familiares y amigos de los desaparecidos. El acto formal, con palabras de algunos docentes e familiares, se hará frente al mural que los recuerda, en el ingreso al complejo de Campo Castañares. Luego se recorrerán las aulas que llevan el nombre, y un retrato, de las víctimas de la represión estatal. Al menos 17 personas del ámbito universitario fueron asesinadas o desaparecidas por la dictadura. Dos cayeron en la denominada Masacre de Palomitas, cometida el 6 de julio de 1976. Georgina Graciela Droz se desempeñaba como profesora en el Departamento de Ciencias de la Educación y coordinadora del Centro Regional de Formación Docente. Fue cesanteada en diciembre de 1974, por la intervención en la Universidad. Roberto Oglietti estudiaba historia y militaba en el Centro de Estudiantes. Entre los profesores desaparecidos se cuenta Silvia Aramayo, de la Facultad de Humanidades; fue acusada de "actividades subversivas" y secuestrada el 24 de septiembre de 1976. Luis Alberto Calou era docente de la carrera de Historia, fue cesanteado en 1974 y desaparecido el 27 de julio de 1976. El contador Raúl Humberto Machaca era, además de docente, encargado de estadísticas universitarias y jefe de contabilidad patrimonial. Fue desaparecido el 29 de noviembre de 1976. Y fue desaparecido el docente Miguel Arra, de Ciencias Naturales. Carlos Humberto Ceferino García y Nora E. Saravia de García estaban casados. Ambos eran auxiliares docentes, él estudiaba historia y ella ya se había recibido. Fueron desaparecidos el 13 de agosto de 1976. Cuatro estudiantes de Ciencias Económicas fueron desaparecidos: Pedro José Tufiño, también auxiliar docente, fue desaparecido el 12 de agosto de 1976; el 13 de septiembre del mismo año ocurrió lo mismo con Gregorio Tufiño; Carlos Estanislao Figueroa, fue secuestrado el 25 de septiembre de 1976, y también Héctor Alberto Oliva fue desaparecido. La lista de víctimas se completa con Ana María Caballero Cuellar, quien cursaba Letras;. Hilda Yolanda Cardozo, quien estaba en tercer año de Ingeniería Química, desaparecida el 13 de mayo de 1978, otro estudiante de esta carrera, Carlos Alberto Rivera, fue desaparecido pero se desconoce la fecha en que ocurrió este hecho. Silvia Sáez de Vuistaz, estudiante de Antropología, desapareció el 2 de septiembre de 1976. También fue desaparecido el estudiante boliviano Nils Alfredo Cazón Coria, de quien se desconocen mayores datos. Este año el Consejo Superior de la UNSa aprobó que la institución se presente como querellante en la causa en la que se investigan estas desapariciones.

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