viernes, 23 de mayo de 2008

AMENAZAS PINTADAS EN LAS INSTALACIONES DE LA FUTURA AM

Madres de Plaza de Mayo
Amenazas pintadas en las instalaciones de la futura AM

La Asociación Madres de Plaza de Mayo denunció hoy la aparición de pintadas en el futuro local donde funcionará la radio AM 530- La voz de las Madres, ubicada en la esquina de Alsina y Roque Sáenz Peña en el barrio del Congreso.

Las pintadas, que aparecieron en las paredes y sobre la persiana del futuro local -donde un cartel anuncia la futura sede de la radio de las Madres de Plaza de Mayo-, dicen: el gobierno miente; el nacionalismo avanza` y están firmadas por la Vanguardia de la Juventud Nacionalista.
Ante el hecho la Asociación de Madres de Plaza de Mayo sostuvo en un comunicado que "la Asociación Madres de Plaza de Mayo denuncia nuevas amenazas e intimidaciones a la lucha que desde hace más de 30 años lleva adelante por un país mas justo para todos".
Agrega el texto de las Madres que: "esta vez la violencia se reflejó en el espacio que fue cedido para reubicar la radio AM 530- la Voz de las Madres".


Más causas para Cavallo

El juez federal Sergio Torres amplió el procesamiento, con prisión preventiva, del capitán de la Armada Ricardo Miguel Cavallo, en la causa que investiga las muertes de las monjas francesas Alice Domon y Leonie Duquet y de la madre de Plaza de Mayo Azucena Villaflor, entre otra decena de víctimas. El magistrado también embargó los bienes del represor, recientemente extraditado desde España y a quien apodaban Sérpico, en 12 millones de pesos.


En La Rioja
Procesan a Menéndez por el asesinato de dos curas

La Justicia federal riojana procesó con prisión preventiva al ex general Luciano Benjamín Menéndez, ex jefe del Tercer Cuerpo de Ejército, por los secuestros, torturas y asesinatos de los que fueron víctimas los sacerdotes Carlos De Dios Murias y Gabriel Longueville en 1976, durante la última dictadura militar.

El fallo, conocido hoy por DyN, también alcanza al ex vicecomodoro Luis Fernando Estrella y al ex policía riojano Domingo Benito Vera. Sobre los bienes de los tres se trabó embargo por un millón de pesos en cada caso, se explicó.
Estrella y Vera se encuentran detenidos en la cárcel local,mientras Menéndez cumple detención domiciliaria en Córdoba, en el marco de otras causas judiciales por violaciones a los derechos humanos.
La decisión fue tomada por el juez federal local, Daniel Herrera Piedrabuena, en la causa abierta por los homicidios de los sacerdotes Murias y Longueville.
Una de las abogadas de la familia Murias, Cristina Beatriz Herrera, dijo a DyN que en principio "no" estaban de acuerdo con el fallo porque aún "había posibilidad de introducir más pruebas" y porque esperaban "el procesamiento de todos y no de algunos" de los acusados.
Los curas fueron secuestrados de la parroquia de Chamical, trasladados a la base aérea y luego a un descampado. Los sacerdotes fueron torturados y asesinados el 18 de julio de 1976.
Días después, el 4 de agosto del mismo año, el entonces obispo de La Rioja, Enrique Angelelli, murió en un sospechoso accidente -que para la justicia fue armado para matarlo- sobre la ruta nacional 38, cuando regresaba de Chamical a la capital con el fruto de su propia investigación sobre la muerte de los sacerdotes.
Estos crímenes son considerados de 'lesa humanidad' y por lo tanto imprescriptibles, y si bien las investigaciones se abrieron oportunamente, recién ahora están avanzando.
En tanto, el juez dictó la falta de mérito sobre la actuación del ex alférez Miguel Ricardo Pessetta y del ex comisario de la policía local Juan Carlos Romero, aunque siguen vinculados a la causa.
La abogada Herrera dijo a esta agencia que "recién estamos leyendo el fallo y vamos a analizar qué recurso corresponde presentar". La letrada también se mostró contrariada con la decisión del juez federal de trasladar a Estrella de la cárcel ordinaria a dependencias del regimiento local.
Menéndez -quien será sometido a juicio por crímenes de la dictadura- es considerado el líder del terrorismo de Estado en la región, que depende del Tercer Cuerpo de Ejército, con asiento en Córdoba, y se presentó varias veces al juzgado local en los últimos años, aunque siempre se negó a declarar.
Estrella era jefe de la base aérea de Chamical, dependiente de la Fuerza Aérea Argentina, y Vera integraba los grupos de inteligencia a nivel local.

Una semana de violencia institucional termina con una represión sangrienta, detenidos y una embarazo perdido entre la golpiza. Todo en la ciudad de Orán, provincia de Salta.

Jueves 22 de Mayo a las 5:30 horas un número de más de 300 policías de la provincia e infantería rodean dos asentamientos de la ciudad de Orán y a las 6:00 horas comienzan un desalojo estando todavía de noche la ciudad. La infantería de la provincia arremete a esa hora en el asentamiento llamado La canchita El Milagro. No podemos entrar, escuchamos multiples disparos

Al mismo tiempo, en el asentamiento de la manzana 18 los policías entran despacio y se producen muchísimos menos enfrentamientos.

todavía no sabemos si la orden de hacer el procedimiento ilegal a esa hora priviene del juzgado o no. Sabemos que es ilegítima pues el código procesal prihibe hacer procedimientos nocturnos, específicamente dice que solo se pueden hacer procedimientos policiales desde que sale el sol hasta que se pone el sol. y esto es así porque de noche no se puede ver ni reconocer luego si existen abusos o corrupciones policiales

Los organismos de ddh de orán consideramos que no es la solución el desalojo frente a tanta violencia del estado por abandono total de políticas habitacionales que derivó en violencia de vivir en hacinamiento

Justamente el sábado 17 de mayo se había realizado en la Unsa sede Orán un encuentro en el que se había concluido que Orán necesita viviendas para más de 14000 familias que se encuentran actualmente hacinadas

Toda esta expresión de violencia del Estado para con los ciudadanos ya había empezado en esta semana con la detención de militantes de DDH, primero la detención del dirigente municipal RUBÉN TOLAY, luego de la militante barrial MARÍA OLMOS y la orden de captura para la ex concejal del partico Obrero JOSEFA CARDOZO y para la autoridad indígena de la Nación Ava Guaraní DOLORES CACHARI

CORRIENTES LOS COMPLICES CIVILES DE LA DICTADURA
Acaso uno de los políticos que colaboraron con la dictadura militar mas emblemáticos de la Provincia de Corrientes sea su ex- Gobernador de Facto y empresario yerbatero Adolfo "Toco" Navajas Artazas, quien sería citado a declarar a instancias del Fiscal Benito Pont en la Causa "Pérez, Jorge Catalino s/Denuncia Sup. Privación Ilegítima de la Libertad" Expte. Nº 1-19.067/06.El pedido del Dr. Pont se suma al testimonio que en el debate de la "Causa RI9" diera el ex-detenido y exiliado en Bélgica Ramón Aguirre, en el sentido de que sería el ex-empresario una persona a la que su familia recurrió para solicitar información cuando éste fue "chupado" por los grupos de tareas y el empresario los sorprendió con una información brindada "desde adentro", sabiendo que sería trasladado de una prisión a otra.Asimismo se solicita, en la misma Causa que se cite a prestar declaración indagatoria a Torres Queirel, un Estanciero de la zona.La dictadura militar que se inició en nuestro país el 24 de marzo de 1976, contó con la participación de numerosos civiles, hoy reciclados en la vida política democrática varios de ellos. El detalle de los intendentes con tendencia política definida en todo el país en la dictadura es el siguiente (hasta fines de 1978): Unión Cívica Radical: 310 intendentes, 53,3%; Justicialismo: 169 intendentes, 19,3% ; Demócrata Progresista: 109 intendentes, 12,4% ; Movimiento de Integración y Desarrollo, liderado por Frondizi, (MID): 94 intendentes, 10,7% ; Fuerza Federalista Popular, liderado por Manrique: 78 intendentes, 8,9% ; Partidos Conservadores ajenos a nucleamientos nacionales: 72 intendentes, 8,2% ; Neoperonistas: 23 intendentes, 2,7% ; Demócratas Cristianos: 16 intendentes, 1,8% ; Partido Intransigente, Alende: 4 intendentes, 0,4%."

LA CAUSA POR LA REPRESION EN BAHIA BLANCA SUMA MILITARES PROCESADOS
El penal de Marcos Paz sigue sumando represores

Por Diego Martínez
El juez federal Alcindo Alvarez Canale procesó con prisión preventiva a dos ex miembros del Cuerpo V de Ejército de Bahía Blanca. Se trata del coronel retirado Jorge Mansueto Swendsen, ex jefe del Batallón de Comunicaciones 181, y del teniente coronel retirado Miguel Angel García Moreno. Ambos fueron trasladados al penal de Marcos Paz. El ex legislador porteño García Moreno fue procesado por su actuación como vocal en una parodia de juicio de un "Consejo de Guerra Especial Estable", pero se benefició con faltas de mérito por los demás hechos por los que fue indagado como miembro del Departamento III de Operaciones. La causa bahiense tiene dos prófugos: el coronel Aldo Mario Alvarez, jefe del Departamento II de Inteligencia, y Leonardo "Mono" Núñez, oficial del Servicio Penitenciario Bonaerense que actuó como enlace entre La Escuelita y la cárcel de Villa Floresta, quien al menos hasta 2000 vivió en calle 27 al 3720 de La Plata.
El 19 de octubre de 1976 una patota secuestró a Pablo Bohoslavsky, Julio y Rubén Ruiz. Antes de llevarlos a La Escuelita los torturaron con un cable pelado en sus propias casas. Un mes después los tiraron en el Parque de Mayo. Mientras se aflojaban las vendas escucharon voces que discutían si perseguir o no a "los secuestradores". Los socorristas les explicaron que los había "secuestrado la Triple A" y los trasladaron al Batallón 181, donde reconocieron la comida y los utensilios que usaban en La Escuelita. Los mismos actores simularon luego integrar un Consejo de Guerra que los condenó por tenencia de armas. En democracia la Justicia declaró la nulidad de esa farsa. Alvarez Canale procesó como partícipes necesarios de sus secuestros y tormentos a Mansueto, jefe del Batallón, y a García Moreno, quien actuó, en sentido literal, como vocal del Consejo de Guerra.
Mansueto también fue procesado por los secuestros y torturas de seis estudiantes de la Escuela Técnica 1. El 15 de enero de 1977, tras un mes en La Escuelita, los arrojaron en una ruta detrás del cementerio. Tras un simulacro de persecución y tiroteo los mismos militares preguntaron "¿quiénes son, muchachos?" y los cargaron en un camión que los llevó al Batallón 181. Durante una semana los curaron y los interrogaron para verificar la eficiencia de la parodia. En 1984, como jefe de Estado Mayor del Cuerpo V el coronel recibió a los estudiantes junto con una delegación de Conadep.
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El paísViernes, 23 de Mayo de 2008
EN EL CASO GELMAN, UN FISCAL URUGUAYO ACEPTO EL PEDIDO DE OYARBIDE
Una chance para la extradición

Si la Justicia de Uruguay no investiga la desaparición de la nuera de Juan Gelman, seis represores podrían ser enviados a la Argentina. Cinco de ellos están procesados por otros delitos durante la dictadura, por lo que antes deberían ser condenados o absueltos.

Marcelo Gelman y su mujer fueron secuestrados en agosto de 1976.
Cinco militares retirados y un ex policía uruguayos podrían ser extraditados a la Argentina si la Justicia oriental no acepta reabrir la investigación del secuestro y la desaparición de María Claudia García Iruretagoyena de Gelman, tal como lo requirió en febrero su hija Macarena, nieta del poeta Juan Gelman. El fiscal uruguayo Eduardo Fernández Dovat accedió el martes al pedido de extradición formulado por el juez federal Norberto Oyarbide y condicionó explícitamente la medida a la eventual reapertura del caso Gelman en Uruguay. De todos modos, cinco de los seis represores están actualmente procesados, en el marco de la causa Soba Fernández, por delitos cometidos durante la dictadura uruguaya, por lo que deberían ser condenados o absueltos antes de ser enviados a la Argentina.
El pedido de extradición de Oyarbide abarca a los militares Jorge "Pajarito" Silveira, José "Nino" Gavazzo, José Araújo Umpiérrez, Gilberto Vázquez y Ricardo Arab y al policía Ricardo Medina. La solicitud del magistrado llegó al Juzgado Penal 5 en agosto de 2006. Luego de una serie de recursos de excepción presentados por los defensores de los militares y de la recopilación de pruebas documentales, el 15 de mayo el juez Daniel Tapié dio vista a la fiscalía. Tras estudiar los fundamentos y las pruebas, el fiscal dictaminó que "no son válidos los argumentos de la defensa" y se pronunció a favor de la extradición.
Oyarbide había pedido la entrega de los militares para indagarlos por los delitos de supresión y suposición del estado civil, falsificación de documento público, falsedad ideológica, sustracción de menores y privación de libertad calificada. El juez entiende que los delitos imputados a los uruguayos están comprendidos en las normas del derecho internacional consuetudinario y en convenciones sobre la desaparición forzada de personas y sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de lesa humanidad.
La resolución de Fernández Dovat, sin embargo, "condiciona" la extradición a la posible reapertura del caso Gelman en Uruguay. En este sentido, según informó ayer el diario La República de Montevideo, el propio fiscal solicitó la reapertura de la investigación por el secuestro y desaparición de la nuera del escritor, la misma medida que tres meses atrás solicitó Macarena Gelman. Fernández Dovat destacó en su dictamen la importancia de elementos que surgieron con posterioridad al archivo del expediente, en 2005, como el "reconocimiento oficial" de la Fuerza Aérea Uruguaya de la existencia de vuelos desde Buenos Aires a Montevideo. La presunción de que María Claudia habría sido trasladada a Uruguay el 5 de octubre de 1976 en el llamado "segundo vuelo" y el hallazgo de restos óseos de personas desaparecidas en predios militares también habrían sido aspectos sustanciales de su decisión. En manos del juez penal Pedro Salazar quedó ahora la decisión de reabrir o no la investigación.
Marcelo Gelman y su mujer, María Claudia, fueron secuestrados en Buenos Aires el 24 de agosto de 1976 y confinados en Automotores Orletti, el conocido centro clandestino del Plan Cóndor. Gelman fue asesinado de un tiro en la nuca disparado a quemarropa. Su cadáver fue fondeado en un tambor relleno de cemento en el río San Fernando. María Claudia, embarazada de siete meses, fue trasladada a Montevideo, donde fue asesinada después de dar a luz. Ocho años atrás María Macarena Gelman, que se crió en Montevideo, conoció su verdadera identidad.
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Menéndez, entre rejas



La Justicia cordobesa le revocó ayer la prisión domiciliaria al ex comandante del Tercer Cuerpo de Ejército Luciano Benjamín Menéndez y a otros dos represores, en el marco de la causa que investiga la tortura y muerte de cuatro jóvenes en 1977 en el centro clandestino de detención La Perla. Además de Menéndez, Oreste Padován y Ricardo Lardone fueron trasladados a una cárcel ubicada dentro del predio del Tercer Cuerpo de Ejército. Menéndez, junto a otros siete represores, comenzarán a ser juzgados en un juicio oral y público desde el 27 de mayo.

DEBATE SOBRE EL FONDO DE RECOMPENSA PARA UBICAR A REPRESORES PROFUGOS
La seducción del dinero
Diputados sancionó la ley que autoriza el pago de recompensas para obtener información sobre represores prófugos. Norma Morandini (Memoria y Democracia), Diana Conti (Frente para la Victoria) y Emilio García Méndez (SI) explican pros y contras.



Los diputados Norma Morandini, Emilio García Méndez y Diana Conti, con posturas diferentes.
Imagen: Ana D’Angelo, Bernardino Avila & Télam.

Por Diego Martínez
¿Debe el Estado recompensar a sus policías o agentes de inteligencia a cambio de datos que permitan capturar a represores prófugos? ¿Y a un criminal procesado por delitos de lesa humanidad que goza de arresto domiciliario? ¿Se debe premiar mañana a quien hoy encubre a un genocida? ¿Sólo por plata alguien denunciaría a ese vecino o pariente oscuro si el Estado difundiera su prontuario y su foto arriba del legendario Wanted?
Las preguntas debieron obtener respuesta en el Congreso, pero apenas llegaron a esbozarse. El miércoles, 44 senadores del Frente para la Victoria convirtieron en ley el proyecto del Poder Ejecutivo que crea un Fondo de Recompensas que “incentive” el aporte de información “determinante” para encontrar a los 53 represores con pedido de captura por crímenes cometidos durante la dictadura. La iniciativa, que Diputados había aprobado por 113 votos a favor y 49 en contra, asigna un presupuesto de dos millones de pesos a la Unidad Especial del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos encargada de la búsqueda, y cinco millones al Fondo de Recompensas del que podrían beneficiarse agentes del Estado para cumplir la obligación por la que hoy cobran un sueldo. Sólo resta la promulgación presidencial. Para hacer público el debate que no fue, Página/12 entrevistó a una diputada que votó a favor, otra que votó en contra y un tercero que argumentó su “apoyo sin entusiasmo”.
Premiar sólo la virtud
“No creo que el fin justifique los medios. No se debe mercantilizar la obligación de cada ciudadano de colaborar con la Justicia”, sostiene Norma Morandini, del bloque Memoria y Democracia. “Los organismos de derechos humanos lograron con coraje y sin recursos que una sociedad que muchas veces les dio la espalda se apropiara de la búsqueda de la verdad. ¿Por qué justo ahora, cuando existe una política de Estado para condenar los crímenes de lesa humanidad, ese mismo Estado apela a una recompensa para los cómplices o testigos y no al premio al reconocimiento social para quienes puedan aportar información?”, se pregunta la cordobesa, hermana de dos desaparecidos.
Morandini celebra la creación de la Unidad Especial, pero afirma que “no es en base a la recompensa monetaria que se debe instruir a los agentes del Estado encargados de buscar” a los prófugos. “Demasiados ejemplos prueban que la mano de obra no está desocupada y que existe una vinculación entre el pasado de terror y el presente de las fuerzas de seguridad. Introducir un elemento culturalmente espurio como el dinero distorsionará una acción que debe ser una virtud, un mérito, un favor, y no un oportunismo. Una de las peores herencias de la dictadura es la cultura de plantar pruebas, mentir, tener espías del Estado que difaman. Esa cultura debemos erradicarla, no premiarla con dinero”, argumenta.
Romper el muro de silencio
Diana Conti, del Frente para la Victoria, considera que “la recompensa es una herramienta válida en esta coyuntura, con miembros de Fuerzas Armadas o de seguridad presos o con arresto domiciliario. El sistema que existe para otros delitos los excluye. Pero en el caso del terrorismo de Estado, por la calaña de quienes participaron, creemos que tal vez a cambio de dinero aporten datos. Es para romper el muro de silencio”.
–¿Qué tan activa es hoy la búsqueda de represores prófugos?
–Se usa el mismo sistema que con cualquier prófugo. Las fuerzas de seguridad controlan las fronteras y un montón de lugares. Cuando se revisan los documentos salta el pedido de captura. Pero si la búsqueda tradicional no alcanza, a lo mejor con dinero alguno hable.
–¿Se analizó algún otro tipo de incentivo?
–Hay otros instrumentos que me parece bien que no se usen, por ejemplo la disminución de la pena a un arrepentido. Entre rebajar una pena y dar dinero se optó por lo segundo, aun sabiendo que el dato lo puede dar un delincuente de lesa humanidad o sus cómplices, ya que muchos protegen a sus compañeros de ruta, como pasó con Patti. (El ex comisario Luis Patti deberá afrontar un juicio por encubrir a los coroneles Jorge Granada y Luis Arias Duval mientras estaban prófugos de la Justicia.)
Conti considera que “cuando se quiere avanzar penalmente hay muchos estímulos o pruebas de una eticidad cuestionable. Países que sufrieron graves violaciones a los derechos humanos crearon comisiones de paz que canjearon información por impunidad. Eso es mucho menos ético que ofrecer dinero para encontrar a un prófugo. Cada sociedad consigue verdad y justicia con los instrumentos constitucionales que tiene. Es mejor tener una ley y no que se utilice el dinero como lo hizo (el ex juez Juan José) Galeano en la causa AMIA”. (Galeano fue procesado, entre otras irregularidades, por entregar dinero de la SIDE al imputado Carlos Telleldín a cambio de declarar contra un grupo de policías.)
La brecha entreteoría y práctica
Legislador de SI (ex ARI Autónomo) con una larga trayectoria académica en materia de criminología, Emilio García Méndez fue el único de los 113 diputados que argumentó durante la sesión su voto a favor del proyecto. “Debemos optar entre bienes jurídicos protegidos, y en este caso la persecución, detención y juzgamiento de autores de delitos de lesa humanidad aparece como un bien jurídico superior”, explicó. Para graficar su postura eligió “una cita del periodista brasileño Nelson Rodríguez: ‘Hay gente que por plata hasta es capaz de una buena acción’. Creo que esto justifica la existencia de este fondo premial”.
–¿Por qué aclaró que lo votaba “sin entusiasmo”?
–Porque si bien no quería negarme a otorgar esa herramienta, sabemos que quienes tienen información sobre el paradero de estos sujetos son miserables como ellos. Y porque así como no desconozco que el Gobierno tiene políticas de derechos humanos, no tiene una política procesal y operativa de derechos humanos. No hay ninguna correspondencia entre los planteos del Gobierno en esa materia y la operatividad de sus cuerpos de seguridad, que funcionan como planetas con órbitas propias.
García Méndez apunta que “organismos muy serios de derechos humanos han entregado a fiscales información determinante para capturar represores” y se pregunta: “¿Cómo es posible que sean los organismos y no los cuerpos de seguridad? No quiero que esto venga a lavar trapos sucios de falta de operatividad. Si las agencias de seguridad funcionaran en base a una política operativa de derechos humanos tan seria como la declarativa, no habría más de cuatro o cinco prófugos”.

GARANTIZAN LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD
Una ley por la igualdad
La Cámara de Diputados ratificó la Convención Internacional sobre Personas con Discapacidad. La norma fija una serie de derechos tanto para discapacidades motrices cuanto mentales.



La Convención requiere que se eliminen los obstáculos y barreras.
Imagen: Bernardino Avila

Por Pedro Lipcovich
Al mismo tiempo, en la noche del miércoles, la Argentina ratificó la Convención sobre las Personas con Discapacidad y empezó a incumplirla. La ratificación fue efectuada en la Cámara de Diputados, por unanimidad. El incumplimiento corresponde al hecho de que la legislación y muchas prácticas en el país no respetan esos derechos. Una integrante de la Asamblea Permanente de Usuarios de Servicios de Salud Mental consideró que la ratificación es “importante pero no es garantía” para asegurar derechos como el de que “cada usuario sea responsable de su tratamiento y decida qué lugar, en su vida, da a la discapacidad”. La Convención –celebrada en 2006 en el marco de las Naciones Unidas– vale para discapacidades tanto físicas cuanto mentales. Incluye derechos como los de “poseer propiedad”, “tener acceso a préstamos bancarios”, “no ser privado de su libertad” y “vivir en forma independiente”: una representante del CELS observó que estas garantías requieren “una modificación del Código Civil”. La Convención también protege derechos como “obtener empleo en los sectores público y privado” y “tener acceso al transporte”: en este caso, según una ONG de discapacitados motrices, “ya hay legislación, pero no se cumple”.
El proyecto de ratificación había sido presentado por el diputado Claudio Morgado; fue apoyado por todos los bloques de la Cámara baja y aprobado por unanimidad, con 167 votos, lo cual le otorga fuerza de ley en la Argentina. Según la Convención, “los niños con discapacidad tendrán igualdad de derechos, y en ningún caso un niño será separado de sus padres debido a una discapacidad de él o de los padres”. Además, “los países deben asegurar la igualdad de derechos a poseer y heredar propiedad, controlar los asuntos financieros y tener igualdad de acceso a los préstamos bancarios, el crédito y las hipotecas”; no deben ser “privados de su libertad” y “deben tener la opción de vivir en forma independiente”.
Agustina Vidal –integrante de la Asamblea Permanente de Usuarios de Servicios en Salud Mental– sostuvo que “la ratificación nos da más elementos para trabajar y presionar, pero no es garantía. Requerimos que cada usuario sean reconocido como responsable de su tratamiento y pueda decidir qué lugar en su vida le da a la enfermedad: por ejemplo, muchos artistas con diagnóstico de ‘bipolar’ prefieren tomar una dosis más baja de medicación porque sienten que la parte maníaca de su persona es muy importante en su arte. También hay quienes rechazan ser diagnosticados: cada uno debe decidir qué rótulo se pone a sí mismo”.
Roxana Amendolaro, coordinadora del programa de salud mental del CELS, afirmó que “el Código Civil debería modificarse con respecto a las personas con discapacidad mental, que hoy pueden ser internadas por motivos tan vagos como ‘afectar la tranquilidad pública”, y comentó que la Convención “pone en cuestión el sistema de ‘curadores’ para administrar los bienes de personas consideradas incapaces, que ha sido motivo de numerosas denuncias por malversación”. Según explicó, “el Estado debe acompañar a las personas en los períodos en que su capacidad mental esté disminuida, pero no sustituirlas en el ejercicio de sus derechos”. Esto podría lograrse “si la persona es apoyada no sólo profesionalmente, sino por sus pares, por ejemplo si reside en una casa de convivencia. Esta red comunitaria puede detectar cuándo la persona no puede tomar una decisión importante y ayudarla a esperar hasta que, acompañada, pueda hacerse cargo”.
La Convención también requiere “que los países identifiquen y eliminen los obstáculos y barreras y aseguren que las personas con discapacidad tengan acceso al transporte, tecnología de la información y las comunicaciones”. Asimismo, “los países deben prohibir la discriminación en el empleo, promover el empleo por cuenta propia, emplear a personas con discapacidad en el sector público y promover su empleo en el sector privado”.
Según Silvia Coriat, de Fundación Rumbos, “ratificar la Convención implica reconocer formalmente que la problemática de la discapacidad pertenece al orden de los derechos humanos”. Sin embargo, “tenemos una larga experiencia en legislaciones que no se cumplen. No se observa el cupo laboral para discapacitados, que es del cuatro por ciento en empleos nacionales y del cinco por ciento en la ciudad de Buenos Aires, donde rige también para las empresas privadas contratadas por el municipio”. Además, “el gobierno nacional debe tomar medidas para que el transporte sea efectivamente accesible a discapacitados, como requiere la respectiva ley”.

LO DECLARO LA LEGISLATURA EN LA VILLA 20, DE LUGANO
Emergencia por contaminación con plomo


La Legislatura porteña declaró ayer, por ley, la emergencia ambiental, sanitaria y de infraestructura, por un año, de la Villa 20, en el barrio de Villa Lugano. La decisión se tomó a partir de un informe de la Defensoría del Pueblo, en la que se denuncia que niños que viven en ese barrio “están contaminados con altas dosis de plomo en la sangre”.
La Villa 20 está ubicada en un predio situado en Avenida Cruz y Escalada, al lado de un cementerio de autos, un depósito de vehículos secuestrados por orden judicial, que gestiona la Policía Federal. Esos vehículos son los que han generado la contaminación, a partir de la pérdida de aceite y la presencia de elementos que no son biodegradables, como neumáticos y acumuladores.
El proyecto fue presentado por el diputado kirchnerista Pablo Failde. Allí se menciona un estudio epidemiológico realizado por el Centro de Salud de la zona, a fines de 2007, donde se da cuenta de que sobre un total de 59 niños, el 35 por ciento presenta valores superiores al máximo probable.
La declaración de la emergencia ambiental y sanitaria obliga expresamente al Estado de la ciudad a realizar tareas de adecuación de la infraestructura, como la instalación de una red de desagües cloacales y pluviales, así como de electricidad y gas. También obliga a las autoridades a dar “tratamiento integral” a todas las personas que sufran daños en su salud como consecuencia de esta situación ambiental.
La Villa 20 tiene 36 hectáreas y allí viven más de 21 mil personas. El terreno donde funciona el cementerio de autos pertenece a la ciudad pero fue cedido a la Policía Federal por medio de un convenio.

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