viernes, 23 de mayo de 2008

AMENAZAS PINTADAS EN LAS INSTALACIONES DE LA FUTURA AM

Madres de Plaza de Mayo
Amenazas pintadas en las instalaciones de la futura AM

La Asociación Madres de Plaza de Mayo denunció hoy la aparición de pintadas en el futuro local donde funcionará la radio AM 530- La voz de las Madres, ubicada en la esquina de Alsina y Roque Sáenz Peña en el barrio del Congreso.

Las pintadas, que aparecieron en las paredes y sobre la persiana del futuro local -donde un cartel anuncia la futura sede de la radio de las Madres de Plaza de Mayo-, dicen: el gobierno miente; el nacionalismo avanza` y están firmadas por la Vanguardia de la Juventud Nacionalista.
Ante el hecho la Asociación de Madres de Plaza de Mayo sostuvo en un comunicado que "la Asociación Madres de Plaza de Mayo denuncia nuevas amenazas e intimidaciones a la lucha que desde hace más de 30 años lleva adelante por un país mas justo para todos".
Agrega el texto de las Madres que: "esta vez la violencia se reflejó en el espacio que fue cedido para reubicar la radio AM 530- la Voz de las Madres".


Más causas para Cavallo

El juez federal Sergio Torres amplió el procesamiento, con prisión preventiva, del capitán de la Armada Ricardo Miguel Cavallo, en la causa que investiga las muertes de las monjas francesas Alice Domon y Leonie Duquet y de la madre de Plaza de Mayo Azucena Villaflor, entre otra decena de víctimas. El magistrado también embargó los bienes del represor, recientemente extraditado desde España y a quien apodaban Sérpico, en 12 millones de pesos.


En La Rioja
Procesan a Menéndez por el asesinato de dos curas

La Justicia federal riojana procesó con prisión preventiva al ex general Luciano Benjamín Menéndez, ex jefe del Tercer Cuerpo de Ejército, por los secuestros, torturas y asesinatos de los que fueron víctimas los sacerdotes Carlos De Dios Murias y Gabriel Longueville en 1976, durante la última dictadura militar.

El fallo, conocido hoy por DyN, también alcanza al ex vicecomodoro Luis Fernando Estrella y al ex policía riojano Domingo Benito Vera. Sobre los bienes de los tres se trabó embargo por un millón de pesos en cada caso, se explicó.
Estrella y Vera se encuentran detenidos en la cárcel local,mientras Menéndez cumple detención domiciliaria en Córdoba, en el marco de otras causas judiciales por violaciones a los derechos humanos.
La decisión fue tomada por el juez federal local, Daniel Herrera Piedrabuena, en la causa abierta por los homicidios de los sacerdotes Murias y Longueville.
Una de las abogadas de la familia Murias, Cristina Beatriz Herrera, dijo a DyN que en principio "no" estaban de acuerdo con el fallo porque aún "había posibilidad de introducir más pruebas" y porque esperaban "el procesamiento de todos y no de algunos" de los acusados.
Los curas fueron secuestrados de la parroquia de Chamical, trasladados a la base aérea y luego a un descampado. Los sacerdotes fueron torturados y asesinados el 18 de julio de 1976.
Días después, el 4 de agosto del mismo año, el entonces obispo de La Rioja, Enrique Angelelli, murió en un sospechoso accidente -que para la justicia fue armado para matarlo- sobre la ruta nacional 38, cuando regresaba de Chamical a la capital con el fruto de su propia investigación sobre la muerte de los sacerdotes.
Estos crímenes son considerados de 'lesa humanidad' y por lo tanto imprescriptibles, y si bien las investigaciones se abrieron oportunamente, recién ahora están avanzando.
En tanto, el juez dictó la falta de mérito sobre la actuación del ex alférez Miguel Ricardo Pessetta y del ex comisario de la policía local Juan Carlos Romero, aunque siguen vinculados a la causa.
La abogada Herrera dijo a esta agencia que "recién estamos leyendo el fallo y vamos a analizar qué recurso corresponde presentar". La letrada también se mostró contrariada con la decisión del juez federal de trasladar a Estrella de la cárcel ordinaria a dependencias del regimiento local.
Menéndez -quien será sometido a juicio por crímenes de la dictadura- es considerado el líder del terrorismo de Estado en la región, que depende del Tercer Cuerpo de Ejército, con asiento en Córdoba, y se presentó varias veces al juzgado local en los últimos años, aunque siempre se negó a declarar.
Estrella era jefe de la base aérea de Chamical, dependiente de la Fuerza Aérea Argentina, y Vera integraba los grupos de inteligencia a nivel local.

Una semana de violencia institucional termina con una represión sangrienta, detenidos y una embarazo perdido entre la golpiza. Todo en la ciudad de Orán, provincia de Salta.

Jueves 22 de Mayo a las 5:30 horas un número de más de 300 policías de la provincia e infantería rodean dos asentamientos de la ciudad de Orán y a las 6:00 horas comienzan un desalojo estando todavía de noche la ciudad. La infantería de la provincia arremete a esa hora en el asentamiento llamado La canchita El Milagro. No podemos entrar, escuchamos multiples disparos

Al mismo tiempo, en el asentamiento de la manzana 18 los policías entran despacio y se producen muchísimos menos enfrentamientos.

todavía no sabemos si la orden de hacer el procedimiento ilegal a esa hora priviene del juzgado o no. Sabemos que es ilegítima pues el código procesal prihibe hacer procedimientos nocturnos, específicamente dice que solo se pueden hacer procedimientos policiales desde que sale el sol hasta que se pone el sol. y esto es así porque de noche no se puede ver ni reconocer luego si existen abusos o corrupciones policiales

Los organismos de ddh de orán consideramos que no es la solución el desalojo frente a tanta violencia del estado por abandono total de políticas habitacionales que derivó en violencia de vivir en hacinamiento

Justamente el sábado 17 de mayo se había realizado en la Unsa sede Orán un encuentro en el que se había concluido que Orán necesita viviendas para más de 14000 familias que se encuentran actualmente hacinadas

Toda esta expresión de violencia del Estado para con los ciudadanos ya había empezado en esta semana con la detención de militantes de DDH, primero la detención del dirigente municipal RUBÉN TOLAY, luego de la militante barrial MARÍA OLMOS y la orden de captura para la ex concejal del partico Obrero JOSEFA CARDOZO y para la autoridad indígena de la Nación Ava Guaraní DOLORES CACHARI

CORRIENTES LOS COMPLICES CIVILES DE LA DICTADURA
Acaso uno de los políticos que colaboraron con la dictadura militar mas emblemáticos de la Provincia de Corrientes sea su ex- Gobernador de Facto y empresario yerbatero Adolfo "Toco" Navajas Artazas, quien sería citado a declarar a instancias del Fiscal Benito Pont en la Causa "Pérez, Jorge Catalino s/Denuncia Sup. Privación Ilegítima de la Libertad" Expte. Nº 1-19.067/06.El pedido del Dr. Pont se suma al testimonio que en el debate de la "Causa RI9" diera el ex-detenido y exiliado en Bélgica Ramón Aguirre, en el sentido de que sería el ex-empresario una persona a la que su familia recurrió para solicitar información cuando éste fue "chupado" por los grupos de tareas y el empresario los sorprendió con una información brindada "desde adentro", sabiendo que sería trasladado de una prisión a otra.Asimismo se solicita, en la misma Causa que se cite a prestar declaración indagatoria a Torres Queirel, un Estanciero de la zona.La dictadura militar que se inició en nuestro país el 24 de marzo de 1976, contó con la participación de numerosos civiles, hoy reciclados en la vida política democrática varios de ellos. El detalle de los intendentes con tendencia política definida en todo el país en la dictadura es el siguiente (hasta fines de 1978): Unión Cívica Radical: 310 intendentes, 53,3%; Justicialismo: 169 intendentes, 19,3% ; Demócrata Progresista: 109 intendentes, 12,4% ; Movimiento de Integración y Desarrollo, liderado por Frondizi, (MID): 94 intendentes, 10,7% ; Fuerza Federalista Popular, liderado por Manrique: 78 intendentes, 8,9% ; Partidos Conservadores ajenos a nucleamientos nacionales: 72 intendentes, 8,2% ; Neoperonistas: 23 intendentes, 2,7% ; Demócratas Cristianos: 16 intendentes, 1,8% ; Partido Intransigente, Alende: 4 intendentes, 0,4%."

LA CAUSA POR LA REPRESION EN BAHIA BLANCA SUMA MILITARES PROCESADOS
El penal de Marcos Paz sigue sumando represores

Por Diego Martínez
El juez federal Alcindo Alvarez Canale procesó con prisión preventiva a dos ex miembros del Cuerpo V de Ejército de Bahía Blanca. Se trata del coronel retirado Jorge Mansueto Swendsen, ex jefe del Batallón de Comunicaciones 181, y del teniente coronel retirado Miguel Angel García Moreno. Ambos fueron trasladados al penal de Marcos Paz. El ex legislador porteño García Moreno fue procesado por su actuación como vocal en una parodia de juicio de un "Consejo de Guerra Especial Estable", pero se benefició con faltas de mérito por los demás hechos por los que fue indagado como miembro del Departamento III de Operaciones. La causa bahiense tiene dos prófugos: el coronel Aldo Mario Alvarez, jefe del Departamento II de Inteligencia, y Leonardo "Mono" Núñez, oficial del Servicio Penitenciario Bonaerense que actuó como enlace entre La Escuelita y la cárcel de Villa Floresta, quien al menos hasta 2000 vivió en calle 27 al 3720 de La Plata.
El 19 de octubre de 1976 una patota secuestró a Pablo Bohoslavsky, Julio y Rubén Ruiz. Antes de llevarlos a La Escuelita los torturaron con un cable pelado en sus propias casas. Un mes después los tiraron en el Parque de Mayo. Mientras se aflojaban las vendas escucharon voces que discutían si perseguir o no a "los secuestradores". Los socorristas les explicaron que los había "secuestrado la Triple A" y los trasladaron al Batallón 181, donde reconocieron la comida y los utensilios que usaban en La Escuelita. Los mismos actores simularon luego integrar un Consejo de Guerra que los condenó por tenencia de armas. En democracia la Justicia declaró la nulidad de esa farsa. Alvarez Canale procesó como partícipes necesarios de sus secuestros y tormentos a Mansueto, jefe del Batallón, y a García Moreno, quien actuó, en sentido literal, como vocal del Consejo de Guerra.
Mansueto también fue procesado por los secuestros y torturas de seis estudiantes de la Escuela Técnica 1. El 15 de enero de 1977, tras un mes en La Escuelita, los arrojaron en una ruta detrás del cementerio. Tras un simulacro de persecución y tiroteo los mismos militares preguntaron "¿quiénes son, muchachos?" y los cargaron en un camión que los llevó al Batallón 181. Durante una semana los curaron y los interrogaron para verificar la eficiencia de la parodia. En 1984, como jefe de Estado Mayor del Cuerpo V el coronel recibió a los estudiantes junto con una delegación de Conadep.
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El paísViernes, 23 de Mayo de 2008
EN EL CASO GELMAN, UN FISCAL URUGUAYO ACEPTO EL PEDIDO DE OYARBIDE
Una chance para la extradición

Si la Justicia de Uruguay no investiga la desaparición de la nuera de Juan Gelman, seis represores podrían ser enviados a la Argentina. Cinco de ellos están procesados por otros delitos durante la dictadura, por lo que antes deberían ser condenados o absueltos.

Marcelo Gelman y su mujer fueron secuestrados en agosto de 1976.
Cinco militares retirados y un ex policía uruguayos podrían ser extraditados a la Argentina si la Justicia oriental no acepta reabrir la investigación del secuestro y la desaparición de María Claudia García Iruretagoyena de Gelman, tal como lo requirió en febrero su hija Macarena, nieta del poeta Juan Gelman. El fiscal uruguayo Eduardo Fernández Dovat accedió el martes al pedido de extradición formulado por el juez federal Norberto Oyarbide y condicionó explícitamente la medida a la eventual reapertura del caso Gelman en Uruguay. De todos modos, cinco de los seis represores están actualmente procesados, en el marco de la causa Soba Fernández, por delitos cometidos durante la dictadura uruguaya, por lo que deberían ser condenados o absueltos antes de ser enviados a la Argentina.
El pedido de extradición de Oyarbide abarca a los militares Jorge "Pajarito" Silveira, José "Nino" Gavazzo, José Araújo Umpiérrez, Gilberto Vázquez y Ricardo Arab y al policía Ricardo Medina. La solicitud del magistrado llegó al Juzgado Penal 5 en agosto de 2006. Luego de una serie de recursos de excepción presentados por los defensores de los militares y de la recopilación de pruebas documentales, el 15 de mayo el juez Daniel Tapié dio vista a la fiscalía. Tras estudiar los fundamentos y las pruebas, el fiscal dictaminó que "no son válidos los argumentos de la defensa" y se pronunció a favor de la extradición.
Oyarbide había pedido la entrega de los militares para indagarlos por los delitos de supresión y suposición del estado civil, falsificación de documento público, falsedad ideológica, sustracción de menores y privación de libertad calificada. El juez entiende que los delitos imputados a los uruguayos están comprendidos en las normas del derecho internacional consuetudinario y en convenciones sobre la desaparición forzada de personas y sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de lesa humanidad.
La resolución de Fernández Dovat, sin embargo, "condiciona" la extradición a la posible reapertura del caso Gelman en Uruguay. En este sentido, según informó ayer el diario La República de Montevideo, el propio fiscal solicitó la reapertura de la investigación por el secuestro y desaparición de la nuera del escritor, la misma medida que tres meses atrás solicitó Macarena Gelman. Fernández Dovat destacó en su dictamen la importancia de elementos que surgieron con posterioridad al archivo del expediente, en 2005, como el "reconocimiento oficial" de la Fuerza Aérea Uruguaya de la existencia de vuelos desde Buenos Aires a Montevideo. La presunción de que María Claudia habría sido trasladada a Uruguay el 5 de octubre de 1976 en el llamado "segundo vuelo" y el hallazgo de restos óseos de personas desaparecidas en predios militares también habrían sido aspectos sustanciales de su decisión. En manos del juez penal Pedro Salazar quedó ahora la decisión de reabrir o no la investigación.
Marcelo Gelman y su mujer, María Claudia, fueron secuestrados en Buenos Aires el 24 de agosto de 1976 y confinados en Automotores Orletti, el conocido centro clandestino del Plan Cóndor. Gelman fue asesinado de un tiro en la nuca disparado a quemarropa. Su cadáver fue fondeado en un tambor relleno de cemento en el río San Fernando. María Claudia, embarazada de siete meses, fue trasladada a Montevideo, donde fue asesinada después de dar a luz. Ocho años atrás María Macarena Gelman, que se crió en Montevideo, conoció su verdadera identidad.
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Menéndez, entre rejas



La Justicia cordobesa le revocó ayer la prisión domiciliaria al ex comandante del Tercer Cuerpo de Ejército Luciano Benjamín Menéndez y a otros dos represores, en el marco de la causa que investiga la tortura y muerte de cuatro jóvenes en 1977 en el centro clandestino de detención La Perla. Además de Menéndez, Oreste Padován y Ricardo Lardone fueron trasladados a una cárcel ubicada dentro del predio del Tercer Cuerpo de Ejército. Menéndez, junto a otros siete represores, comenzarán a ser juzgados en un juicio oral y público desde el 27 de mayo.

DEBATE SOBRE EL FONDO DE RECOMPENSA PARA UBICAR A REPRESORES PROFUGOS
La seducción del dinero
Diputados sancionó la ley que autoriza el pago de recompensas para obtener información sobre represores prófugos. Norma Morandini (Memoria y Democracia), Diana Conti (Frente para la Victoria) y Emilio García Méndez (SI) explican pros y contras.



Los diputados Norma Morandini, Emilio García Méndez y Diana Conti, con posturas diferentes.
Imagen: Ana D’Angelo, Bernardino Avila & Télam.

Por Diego Martínez
¿Debe el Estado recompensar a sus policías o agentes de inteligencia a cambio de datos que permitan capturar a represores prófugos? ¿Y a un criminal procesado por delitos de lesa humanidad que goza de arresto domiciliario? ¿Se debe premiar mañana a quien hoy encubre a un genocida? ¿Sólo por plata alguien denunciaría a ese vecino o pariente oscuro si el Estado difundiera su prontuario y su foto arriba del legendario Wanted?
Las preguntas debieron obtener respuesta en el Congreso, pero apenas llegaron a esbozarse. El miércoles, 44 senadores del Frente para la Victoria convirtieron en ley el proyecto del Poder Ejecutivo que crea un Fondo de Recompensas que “incentive” el aporte de información “determinante” para encontrar a los 53 represores con pedido de captura por crímenes cometidos durante la dictadura. La iniciativa, que Diputados había aprobado por 113 votos a favor y 49 en contra, asigna un presupuesto de dos millones de pesos a la Unidad Especial del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos encargada de la búsqueda, y cinco millones al Fondo de Recompensas del que podrían beneficiarse agentes del Estado para cumplir la obligación por la que hoy cobran un sueldo. Sólo resta la promulgación presidencial. Para hacer público el debate que no fue, Página/12 entrevistó a una diputada que votó a favor, otra que votó en contra y un tercero que argumentó su “apoyo sin entusiasmo”.
Premiar sólo la virtud
“No creo que el fin justifique los medios. No se debe mercantilizar la obligación de cada ciudadano de colaborar con la Justicia”, sostiene Norma Morandini, del bloque Memoria y Democracia. “Los organismos de derechos humanos lograron con coraje y sin recursos que una sociedad que muchas veces les dio la espalda se apropiara de la búsqueda de la verdad. ¿Por qué justo ahora, cuando existe una política de Estado para condenar los crímenes de lesa humanidad, ese mismo Estado apela a una recompensa para los cómplices o testigos y no al premio al reconocimiento social para quienes puedan aportar información?”, se pregunta la cordobesa, hermana de dos desaparecidos.
Morandini celebra la creación de la Unidad Especial, pero afirma que “no es en base a la recompensa monetaria que se debe instruir a los agentes del Estado encargados de buscar” a los prófugos. “Demasiados ejemplos prueban que la mano de obra no está desocupada y que existe una vinculación entre el pasado de terror y el presente de las fuerzas de seguridad. Introducir un elemento culturalmente espurio como el dinero distorsionará una acción que debe ser una virtud, un mérito, un favor, y no un oportunismo. Una de las peores herencias de la dictadura es la cultura de plantar pruebas, mentir, tener espías del Estado que difaman. Esa cultura debemos erradicarla, no premiarla con dinero”, argumenta.
Romper el muro de silencio
Diana Conti, del Frente para la Victoria, considera que “la recompensa es una herramienta válida en esta coyuntura, con miembros de Fuerzas Armadas o de seguridad presos o con arresto domiciliario. El sistema que existe para otros delitos los excluye. Pero en el caso del terrorismo de Estado, por la calaña de quienes participaron, creemos que tal vez a cambio de dinero aporten datos. Es para romper el muro de silencio”.
–¿Qué tan activa es hoy la búsqueda de represores prófugos?
–Se usa el mismo sistema que con cualquier prófugo. Las fuerzas de seguridad controlan las fronteras y un montón de lugares. Cuando se revisan los documentos salta el pedido de captura. Pero si la búsqueda tradicional no alcanza, a lo mejor con dinero alguno hable.
–¿Se analizó algún otro tipo de incentivo?
–Hay otros instrumentos que me parece bien que no se usen, por ejemplo la disminución de la pena a un arrepentido. Entre rebajar una pena y dar dinero se optó por lo segundo, aun sabiendo que el dato lo puede dar un delincuente de lesa humanidad o sus cómplices, ya que muchos protegen a sus compañeros de ruta, como pasó con Patti. (El ex comisario Luis Patti deberá afrontar un juicio por encubrir a los coroneles Jorge Granada y Luis Arias Duval mientras estaban prófugos de la Justicia.)
Conti considera que “cuando se quiere avanzar penalmente hay muchos estímulos o pruebas de una eticidad cuestionable. Países que sufrieron graves violaciones a los derechos humanos crearon comisiones de paz que canjearon información por impunidad. Eso es mucho menos ético que ofrecer dinero para encontrar a un prófugo. Cada sociedad consigue verdad y justicia con los instrumentos constitucionales que tiene. Es mejor tener una ley y no que se utilice el dinero como lo hizo (el ex juez Juan José) Galeano en la causa AMIA”. (Galeano fue procesado, entre otras irregularidades, por entregar dinero de la SIDE al imputado Carlos Telleldín a cambio de declarar contra un grupo de policías.)
La brecha entreteoría y práctica
Legislador de SI (ex ARI Autónomo) con una larga trayectoria académica en materia de criminología, Emilio García Méndez fue el único de los 113 diputados que argumentó durante la sesión su voto a favor del proyecto. “Debemos optar entre bienes jurídicos protegidos, y en este caso la persecución, detención y juzgamiento de autores de delitos de lesa humanidad aparece como un bien jurídico superior”, explicó. Para graficar su postura eligió “una cita del periodista brasileño Nelson Rodríguez: ‘Hay gente que por plata hasta es capaz de una buena acción’. Creo que esto justifica la existencia de este fondo premial”.
–¿Por qué aclaró que lo votaba “sin entusiasmo”?
–Porque si bien no quería negarme a otorgar esa herramienta, sabemos que quienes tienen información sobre el paradero de estos sujetos son miserables como ellos. Y porque así como no desconozco que el Gobierno tiene políticas de derechos humanos, no tiene una política procesal y operativa de derechos humanos. No hay ninguna correspondencia entre los planteos del Gobierno en esa materia y la operatividad de sus cuerpos de seguridad, que funcionan como planetas con órbitas propias.
García Méndez apunta que “organismos muy serios de derechos humanos han entregado a fiscales información determinante para capturar represores” y se pregunta: “¿Cómo es posible que sean los organismos y no los cuerpos de seguridad? No quiero que esto venga a lavar trapos sucios de falta de operatividad. Si las agencias de seguridad funcionaran en base a una política operativa de derechos humanos tan seria como la declarativa, no habría más de cuatro o cinco prófugos”.

GARANTIZAN LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD
Una ley por la igualdad
La Cámara de Diputados ratificó la Convención Internacional sobre Personas con Discapacidad. La norma fija una serie de derechos tanto para discapacidades motrices cuanto mentales.



La Convención requiere que se eliminen los obstáculos y barreras.
Imagen: Bernardino Avila

Por Pedro Lipcovich
Al mismo tiempo, en la noche del miércoles, la Argentina ratificó la Convención sobre las Personas con Discapacidad y empezó a incumplirla. La ratificación fue efectuada en la Cámara de Diputados, por unanimidad. El incumplimiento corresponde al hecho de que la legislación y muchas prácticas en el país no respetan esos derechos. Una integrante de la Asamblea Permanente de Usuarios de Servicios de Salud Mental consideró que la ratificación es “importante pero no es garantía” para asegurar derechos como el de que “cada usuario sea responsable de su tratamiento y decida qué lugar, en su vida, da a la discapacidad”. La Convención –celebrada en 2006 en el marco de las Naciones Unidas– vale para discapacidades tanto físicas cuanto mentales. Incluye derechos como los de “poseer propiedad”, “tener acceso a préstamos bancarios”, “no ser privado de su libertad” y “vivir en forma independiente”: una representante del CELS observó que estas garantías requieren “una modificación del Código Civil”. La Convención también protege derechos como “obtener empleo en los sectores público y privado” y “tener acceso al transporte”: en este caso, según una ONG de discapacitados motrices, “ya hay legislación, pero no se cumple”.
El proyecto de ratificación había sido presentado por el diputado Claudio Morgado; fue apoyado por todos los bloques de la Cámara baja y aprobado por unanimidad, con 167 votos, lo cual le otorga fuerza de ley en la Argentina. Según la Convención, “los niños con discapacidad tendrán igualdad de derechos, y en ningún caso un niño será separado de sus padres debido a una discapacidad de él o de los padres”. Además, “los países deben asegurar la igualdad de derechos a poseer y heredar propiedad, controlar los asuntos financieros y tener igualdad de acceso a los préstamos bancarios, el crédito y las hipotecas”; no deben ser “privados de su libertad” y “deben tener la opción de vivir en forma independiente”.
Agustina Vidal –integrante de la Asamblea Permanente de Usuarios de Servicios en Salud Mental– sostuvo que “la ratificación nos da más elementos para trabajar y presionar, pero no es garantía. Requerimos que cada usuario sean reconocido como responsable de su tratamiento y pueda decidir qué lugar en su vida le da a la enfermedad: por ejemplo, muchos artistas con diagnóstico de ‘bipolar’ prefieren tomar una dosis más baja de medicación porque sienten que la parte maníaca de su persona es muy importante en su arte. También hay quienes rechazan ser diagnosticados: cada uno debe decidir qué rótulo se pone a sí mismo”.
Roxana Amendolaro, coordinadora del programa de salud mental del CELS, afirmó que “el Código Civil debería modificarse con respecto a las personas con discapacidad mental, que hoy pueden ser internadas por motivos tan vagos como ‘afectar la tranquilidad pública”, y comentó que la Convención “pone en cuestión el sistema de ‘curadores’ para administrar los bienes de personas consideradas incapaces, que ha sido motivo de numerosas denuncias por malversación”. Según explicó, “el Estado debe acompañar a las personas en los períodos en que su capacidad mental esté disminuida, pero no sustituirlas en el ejercicio de sus derechos”. Esto podría lograrse “si la persona es apoyada no sólo profesionalmente, sino por sus pares, por ejemplo si reside en una casa de convivencia. Esta red comunitaria puede detectar cuándo la persona no puede tomar una decisión importante y ayudarla a esperar hasta que, acompañada, pueda hacerse cargo”.
La Convención también requiere “que los países identifiquen y eliminen los obstáculos y barreras y aseguren que las personas con discapacidad tengan acceso al transporte, tecnología de la información y las comunicaciones”. Asimismo, “los países deben prohibir la discriminación en el empleo, promover el empleo por cuenta propia, emplear a personas con discapacidad en el sector público y promover su empleo en el sector privado”.
Según Silvia Coriat, de Fundación Rumbos, “ratificar la Convención implica reconocer formalmente que la problemática de la discapacidad pertenece al orden de los derechos humanos”. Sin embargo, “tenemos una larga experiencia en legislaciones que no se cumplen. No se observa el cupo laboral para discapacitados, que es del cuatro por ciento en empleos nacionales y del cinco por ciento en la ciudad de Buenos Aires, donde rige también para las empresas privadas contratadas por el municipio”. Además, “el gobierno nacional debe tomar medidas para que el transporte sea efectivamente accesible a discapacitados, como requiere la respectiva ley”.

LO DECLARO LA LEGISLATURA EN LA VILLA 20, DE LUGANO
Emergencia por contaminación con plomo


La Legislatura porteña declaró ayer, por ley, la emergencia ambiental, sanitaria y de infraestructura, por un año, de la Villa 20, en el barrio de Villa Lugano. La decisión se tomó a partir de un informe de la Defensoría del Pueblo, en la que se denuncia que niños que viven en ese barrio “están contaminados con altas dosis de plomo en la sangre”.
La Villa 20 está ubicada en un predio situado en Avenida Cruz y Escalada, al lado de un cementerio de autos, un depósito de vehículos secuestrados por orden judicial, que gestiona la Policía Federal. Esos vehículos son los que han generado la contaminación, a partir de la pérdida de aceite y la presencia de elementos que no son biodegradables, como neumáticos y acumuladores.
El proyecto fue presentado por el diputado kirchnerista Pablo Failde. Allí se menciona un estudio epidemiológico realizado por el Centro de Salud de la zona, a fines de 2007, donde se da cuenta de que sobre un total de 59 niños, el 35 por ciento presenta valores superiores al máximo probable.
La declaración de la emergencia ambiental y sanitaria obliga expresamente al Estado de la ciudad a realizar tareas de adecuación de la infraestructura, como la instalación de una red de desagües cloacales y pluviales, así como de electricidad y gas. También obliga a las autoridades a dar “tratamiento integral” a todas las personas que sufran daños en su salud como consecuencia de esta situación ambiental.
La Villa 20 tiene 36 hectáreas y allí viven más de 21 mil personas. El terreno donde funciona el cementerio de autos pertenece a la ciudad pero fue cedido a la Policía Federal por medio de un convenio.

jueves, 22 de mayo de 2008

TRAS SER EXTRADITADO
Traban millonario embargo al represor Cavallo

Es en el marco de la causa por los crímenes de las monjas Domon y Duquet y de Azucena Villaflor. Uruguay concede extradiciones.
15:31
22.05.2008

Embargado. El represor Cavallo llegó al país a pedido de la Justicia argentina para enjuiciarlo por los delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar.
El juez federal Sergio Torres amplió hoy el procesamiento, con prisión preventiva, del ex capitán de la Armada Ricardo Miguel Cavallo en la causa que se investigan las muertes de las monjas francesas Alice Domon y Leonnie Duquet y de la Madre de Plaza de Mayo Azucena Villaflor, entre otra decena de víctimas. En una resolución de más de un centenar de carillas a la que la agencia oficial Télam tuvo acceso, el magistrado también embargó los bienes del represor recientemente extraditado desde España, en 12 millones de pesos.Cuando fue interrogado por Torres, el ex marino rechazó los cargos en lo general y luego se negó a responder las preguntas puntuales sobre las religiosas secuestradas entre el 8 y el 10 de diciembre de 1977 en una iglesia porteña por un grupo de tareas que comandaba Cavallo.Cavallo permanece preso en el penal federal de Marcos Paz, donde fue recluido desde que llegó de España. Alfredo Solari, su abogado defensor, solicitó la liberación de Cavallo, bajo el argumento de que ya estuvo preso durante siete años -tres en México y cuatro en España- sin haber sido sentenciado. Torres ya la rechazó en dos ocasiones.

EN LA RIOJA, EN EL `76
Ex comisario detenido por el crimen de dos curas

Domingo Vara fue arrestado por los asesinatos de los religiosos Murias y Langueville. Sus muertes fueron seguidas por la del obispo Angelelli.
13:59
22.05.2008

Angelelli en sus misiones en La Rioja. Su homicidio siguió al de los curas Murias y Longueville.
El ex comisario de la policía riojana Domingo Benito Vera quedó detenido por los asesinatos en 1976 de los sacerdotes Carlos de Dios Murias y Gabriel Longueville, un crimen político que luego desembocaría en el homicidio del obispo Enrique Angelelli, informaron fuentes judiciales hoy a la agencia de noticias DyN.Las fuentes precisaron que el policía quedó detenido anoche luego de negarse a prestar declaración indagatoria ante el juez federal Daniel Herrera Piedrabuena, que ordenó su traslado a prisión junto a dos oficiales de la Fuerza Aérea, detenidos por la misma causa.En 1976 Vera era un oficial principal que estaba a cargo de la comisaría de Chamical, población en la que el 18 de julio de aquel año Murias y Longueville fueron secuestrados, torturados y asesinados.
POR PEDIDO DE OYARBIDE
Uruguay concedió la extradición represores a la Argentina

Están vinculados al secuestro y desaparición de la nuera del poeta Juan Gelman. Serán enviados cuando resuelvan otras causas pendientes en el país vecino
13:50
22.05.2008
La justicia uruguaya concedió la extradición a Argentina de seis represores vinculados al secuestro y desaparición de la nuera del poeta Juan Gelman. Sin embargo, el envío de los militares y policías está condicionado a que el caso se reabra en Uruguay ya que las actuaciones fueron cerradas hace unos meses. Los represores son Jorge "Pajarito" Silveira, José "Nino" Gavazzo, el aviador José Araújo Umpiérrez, Gilberto Vázquez, Ricardo Arab y el policía Ricardo Medina. Y según consigna la agencia alemana Dpa, todos están detenidos por otras causas, razón por la cual sólo podrán ser enviados al vecino país cuando se defina su situación procesal, indicaron fuentes judiciales. El pedido de extradición del juez argentino Jorge Oyarbide data de agosto del año 2006, pero en este tiempo fueron interpuestos una serie de recursos por parte de la defensa de los represores, que están detenidos en Montevideo. El juez argentino solicitó la extradición de los militares por los delitos de supresión y suposición del estado civil, falsificación de documento público y falsedad ideológica, sustracción de menores y privación de libertad calificada, a lo que la Fiscalía resolvió "no oponerse", expresaron las fuentes. La causa sobre María Claudia García Irureta Goyena, nuera de Gelman, el premiado poeta argentino, fue cerrada el año pasado, pero en febrero, su hija Macarena Gelman, que vive en Uruguay, solicitó la reapertura. El pedido se fundamenta en el hecho de que la Fuerza Aérea Uruguaya (FAU) admitió la existencia de vuelos clandestinos desde Buenos Aires a Montevideo en 1976, con militantes opositores, algunos de los cuales fueron asesinados y desaparecidos. Lo que se ha podido saber del llamado "Caso Gelman" es que María Claudia García habría sido secuestrada en Buenos Aires junto a su esposo y trasladada a Uruguay. Algunos presos de la última dictadura uruguaya (1973-1985) han reconocido haber visto a la mujer en alguna dependencia militar, pero no se ha podido establecer totalmente el hecho.



restricción política por delitos de lesa humanidad
Marche una ley Patti

Se modificarán las leyes de Ética Pública y el Código Penal. No podrán ser candidatos si tienen causas por violaciones a los derechos humanos.
22.05.2008

Sin banca. La ley impedirá que se postulen los acusados por torturas, como el ex policía.
El Congreso comenzó a dar los primeros pasos para aprobar una ley que impida el acceso a cargos públicos a quienes estén involucrados en casos de delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar. La comisión de Asuntos Constitucionales de la cámara baja planteó ayer el primer debate para la modificación de la normativa. La reacción parlamentaria se aceleró luego del proceso contra el ex subcomisario Luis Abelardo Patti, quien reclamaba un lugar en el cuerpo como diputado electo, a pesar de que la Cámara baja había rechazado su ingreso por “inhabilidad moral”. Patti está acusado de torturas cuando se desempeñaba como policía en Escobar.Para evitar el largo debate que provocó el caso Patti y sentar posición política en materia de derechos humanos, la comisión que preside Graciela Camaño tomó en sus manos la discusión sobre el texto que establecerá las limitaciones para acceder a cargos públicos y electivos. La nueva normativa requerirá introducir modificaciones a las leyes de Ética Pública, de Partidos Políticos y al Código Electoral nacional.El debate se centró en el texto del proyecto presentado por la diputada e hija de desaparecidos Victoria Donda, que establece inhabilitar para el ejercicio de la función pública cuando sobre una persona “existan pruebas suficientes de participación en graves violaciones de los derechos humanos que puedan implicar delitos de lesa humanidad”. En el transcurso del primer debate en comisión, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) planteó la necesidad de explicitar el término de “pruebas suficientes” para establecer el alcance de la prohibición del ejercicio de cargos públicos que deberán tomar los jueces para decidir acerca de las candidaturas que se presenten y que puedan ser susceptibles de impugnación, y si debe ser competencia de los juzgados electorales.Se trata del inicio de un largo debate legislativo para el cual fueron convocados distintos sectores, como la organización Poder Ciudadano, la Secretaría de Derechos Humanos y juristas, entre quienes se cuentan el ex camarista que juzgó a las juntas militares Ricardo Gil Lavedra.Por el CELS concurrieron ayer a la Comisión de Asuntos Constitucionales Gastón Chiller, Diego Morales y Damián Sánchez, integrantes del Programa de Justicia de la organización, quienes plantearon la necesidad de ampliar el alcance de la norma y extender la inhabilitación a quienes hubieran cometido “delitos de reducción a servidumbre y violencia sexual en el período de la dictadura militar”.


La Masacre de Fatima
“Se sentían impunes”

Por Diego Martínez
“Se sentían necesarios, casi héroes. Decían que todos los gobiernos los iban a buscar”, explicó. “Nos llevaban al baño, nos violaban. Todo se escuchaba. Se sentían impunes”, agregó. Incluso “camino a la sala de torturas pasábamos por oficinas con gente que hablaba, escribía a máquina y les daban de comer a chicos”. La descripción de Superintendencia de Seguridad Federal y su gente en 1976 pertenece a María del Socorro Alonso, sobreviviente que declaró ayer en la novena audiencia del juicio oral por la “Masacre de Fátima” ante el Tribunal Oral Federal Nº 5. “Eran unos psicópatas totales. En la sala de torturas te decían ‘sacate la ropita, sentate, subite a la parrilla’”, relató. A los imputados Juan Carlos Lapuyole y Carlos Gallone los mencionó entre quienes “tomaban declaraciones”. A Miguel Angel Timarchi como “un operativo”.
La primera testigo, Marta Ocampo, contó que tras el secuestro de su hermana Selma su padre recurrió a un amigo: el coronel Carlos Romanella. “Primero se preocupó, nos dijo ‘está en Coordinación Federal, no hay acusación seria, sólo asociación ilícita’. Después se borró porque lo amenazaban. No supimos más de él, pobre hombre”, contó. Horas después Romanella, de 83 años, dijo no recordar su gestión. “Pienso que traté de averiguar algo pero no averigüé nada”, resumió.
Miguel Bianco contó que durante su cautiverio habló con Jorge Argente, víctima de la masacre. “Yo te limpié, no me tires mierda”, le pidió Argente. “Quedate tranquilo, somos amigos, no tengo nada que decir. Ni vos ni yo tenemos que estar acá”, le aclaró Bianco. Al liberarlo le notificaron: “naciste de nuevo, pibe”. Adrián Merajver contó que el 19 de agosto “abrieron mi celda, uno preguntó ‘¿éste va o no va?’ y otro respondió ‘no, sigue’”. Al día siguiente un guardia dijo “se fueron treinta, y cinco por separado”. “Pensé ‘treinta en libertad y cinco a la cárcel’ o al revés. Todavía no teníamos idea de los de-saparecidos.” Lilia Amparo Jons contó que estuvo once días en Superintendencia junto con su marido. Una noche escucharon los gritos de su hijo Pantaleón Daniel Orfano, desaparecido, a quien un ex servicio del Ejército identificó ante la Justicia como una de las víctimas de Fátima.
María del Socorro Alonso contó que la detuvieron en la comisaría 24, de donde salió vendada hacia Superintendencia. “Era una carnicería, gritos, aullidos, personas tiradas como fardos”, relató. Durante su cautiverio contactó a ocho de las víctimas de la masacre. Contó que los guardias “se cebaron” con una chica judía de 16 años a quien violaban. “Nos habíamos convertido en gusanos humanos, seres humillados, pero era doblemente cruel lo que hacían con esta criatura.” Por otra secuestrada que entabló relación con un guardia supo que el “Francés” era Lapuyole. “No sé si el apodo era por el apellido o por el perfume”, aclaró. “Gallone se divertía diciendo que yo era livianita, me agarraba y me tiraba”, declaró. El policía, con anteojos de sol de marco dorado, la miraba impávido. El 19 de agosto un guardia les acercó Crónica con la noticia del asesinato del general Omar Actis. “Ahora van a pedir que entreguemos gente”, les anticipó. Esa noche hubo “un silencio muy especial” en el edificio. Al día siguiente “era vox populi que había pasado algo”. Entre los cautivos enumeró “peronistas, parte de la Columna Norte de Montoneros, dirigentes gremiales como los de Bendix y gente de la JTP de Judiciales”.


Crean un sistema de recompensas y una oficina para buscar profugos
Un paquete de leyes para acelerar los juicios

Subnotas
Intelectuales en el Congreso

Por Miguel Jorquera
El Senado convirtió en leyes un paquete de proyectos impulsado desde el Gobierno para “acelerar” las causas penales vinculadas a violaciones de derechos humanos durante la dictadura. Entre ellos, la creación de un Fondo de Recompensas para “incentivar” el aporte de datos para la captura de los represores prófugos en causas por crímenes de lesa humanidad y que apunta a “quebrar el silencio y la complicidad con los genocidas”. Otra de las leyes sancionadas crea en el Ministerio de Justicia una “unidad especial para la búsqueda de personas ordenada por la Justicia”. El conjunto de iniciativas también incluyó modificaciones al Código Procesal Penal y la creación de una nueva Cámara de Casación en los tribunales porteños. La oposición no acompañó las medidas “por la falta de debate previo” y cuestionó duramente el sistema de recompensas y la “violación” a la autonomía de la ciudad.
El oficialismo tuvo que invertir más esfuerzo en justificar el tratamiento del paquete de medidas sobre tablas que en explayarse sobre cada uno de ellos. El jefe de la bancada K, Miguel Angel Pichetto, sostuvo que las leyes apuntan “a agilizar las causas por violaciones a los derechos humanos y de delitos comunes”. Pidió el acompañamiento de las iniciativas por la “urgencia” que exigen los temas. Antes, el oficialismo había garantizado la masiva presencia de sus senadores.
El bloque radical votó en contra del tratamiento sobre tablas. “El Senado debe recuperar su función y debatir a fondo los proyectos. No es posible que de un día para el otro tengamos que aprobar las iniciativas del Gobierno sin debate. El Congreso no puede ser una escribanía del kirchnerismo”, remarcó el jujeño Gerardo Morales.
“Es necesario establecer normas serias –insistió– que las discutamos profundamente para terminar los juicios por delitos de lesa humanidad. Nuestra propuesta es la de una profunda modificación al Código Procesal Penal, que evitará el colapso de más de mil causas en los juzgados federales.”
La porteña María Eugenia Estenssoro (CC) fue de las más duras: “Se mezclan peras y manzanas. Se va desde la creación de una Cámara de Casación en la Justicia porteña, en contra de la Constitución y la autonomía de la ciudad. Tampoco estamos de acuerdo con un régimen de recompensas en delitos de lesa humanidad, como si se tratara de crímenes comunes: no les podemos pagar a torturadores y cómplices para que delaten a sus pares. Para romper el pacto de silencio de los represores, el Gobierno aplica la obediencia debida a sus legisladores”.
Para el socialista Rubén Giustiniani, “el fin no justifica cualquier medio. No es correcto mercantilizar la obligación que cada ciudadano tiene en proveer información a la Justicia. Con este criterio se puede llegar a recompensar a integrantes de las fuerzas de seguridad, cómplices del silencio de más de 20 años”, dijo. “Las recompensas no solucionan nada. El tema no es económico, sino de seguridad. Para que avancen las causas sobre violaciones a los derechos humanos se debe brindar a los testigos un sistema de protección adecuado para que no vuelva a pasar lo de Julio López”, definió el arista fueguino José Martínez. Los cuestionamientos no alcanzaron para que el oficialismo admitiera revisión de los proyectos.

Despues de los duros reproches de los organismos, removieron a Maria Bressa de Derechos Humanos
Un enroque, la respuesta a la indignación
Tras la reunión con la Comisión de Derechos y Garantías, donde se pidió la renuncia de la funcionaria que pretendía ampliar la contención a represores, el gobernador decidió reemplazarla por Rosa Acosta, una persona de su confianza.

Bressa pasará a ocupar la Secretaría de Desjudicialización de Conflictos Interpersonales

Por Juan Carlos Tizziani
La comisión de Derechos y Garantías de la Cámara de Diputados no alcanzó ayer a pedirle explicaciones a la secretaria de Derechos Humanos de la provincia, María Bressa por su propuesta de ofrecer asistencia psicológica a genocidas. El repudio de militantes de Hijos y víctimas del terrorismo de Estado hizo estallar la política de derechos humanos de Hermes Binner, porque no sólo exigieron la renuncia de Bressa en su propia cara; también acusaron al ministro de Justicia y Derechos Humanos, Héctor Superti y a los sectores del gobierno que "hicieron lobby y la avalaron" para que ocupara el cargo. "Acá no hay ambivalencia ni medio pelo: o se está de un lado o se está del otro. Entonces, no sólo tiene que renunciar la doctora Bressa, también debería ser seriamente cuestionado su superior y quién avaló su nombramiento", disparó uno de los querellantes. Un directo para Superti. Tres horas después, el ministro anunció la remoción de Bressa y su reemplazo por una abogada de confianza de Binner, Rosa Acosta, quien a su vez dejará su cargo en la Casa Gris ?la Secretaría de Desjudicialización de Conflictos Interpersonales? en manos de la desplazada. Un enroque político con título rimbombante: "Reestucturación en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos", que habrá que ver si alcanza para repechar el primer fracaso de Binner en un área muy sensible: la falta de política frente a la impunidad.
La comisión de Derechos y Garantías había convocado a Bressa y el ex diputado Oscar Blando ?designado hace dos semanas al frente de los programas de Derechos Humanos del gobierno? para que expliquen el plan de protección a testigos y víctimas de delitos de lesa humanidad que se diseñaba en la Casa Gris. Pero la propuesta de Bressa para brindar asistencia psicológica a verdugos alteró la agenda.
La reunión comenzó entonces con una exposición de Blando, que se esmeró durante 20 minutos por explicar el nuevo programa del gobierno. Pero la intentona se desplomó en segundos. "Nosotros teníamos entendido que la doctora Bressa no iba a estar acá", lo cruzó la abogada Nadia Schujman, de la agrupación Hijos de Rosario. "Nosotros no vamos a discutir políticas con la doctora Bressa luego de sus declaraciones. Creemos que tiene que renunciar. La única manera que quede claro que este gobierno no avala los dichos de la señora es que renuncie, sino no podremos discutir más políticas con la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia. Quedará claro que esta es la concepción de este gobierno. Si es así, nosotros no tenemos nada que discutir con ustedes. Nosotros esperábamos otra cosa, porque si no, ni siquiera hubiéramos venido", advirtió Schujman.
Bressa ensayó un descargo tibio. "Lo único que voy a decir es que nunca aboné a la teoría de los dos demonios, en mi vida. Quienes me conocen y pueden rastrear lo poco que hice, porque tampoco hice grandes cosas, verán quién soy yo, qué hice yo y dónde estuve parada, siempre. Yo no abono la teoría de los dos demonios. Desgraciadamente, no fui clara para explicarlo. Es todo lo que puedo decir. Me siento mal si alguien se sintió mal. Pero no pido disculpas porque no es una cosa que hice adrede ni a propósito. Simplemente, a lo mejor, comuniqué mal", dijo Bressa. Ya sonaba a despedida.
Otra abogada de Hijos de Santa Fe metió más presión. "Creemos que el único gesto del gobierno de la provincia tiene que ser la renuncia de la actual secretaria de Derechos Humanos, dijo Lucila Puyol. Su colega, Lucas Ciarnello insistió en el planteo: "Hasta tanto no se rectifique la política del Poder Ejecutivo y la única forma de hacerlo es a través de la renuncia de la doctora Bressa, no nos vamos a sentar a discutir", agregó.
La situación era tan tensa que hasta los diputados del Frente Progresista enmudecieron. Ninguno de ellos jugó una sola palabra en defensa de Bressa: Inés Bertero optó por una retirada estratégica y el jefe del bloque, Raúl Lamberto, sólo agachó la cabeza.
Bressa estaba al borde del llanto. La ola de repudios había comenzado con Daniel García, quien denunció un centro clandestino en Rincón, donde estuvo secuestrado junto con su esposa, Alba Sánchez, durante la dictadura. Ayer, Alba estaba sentada a su lado. "Doctora Bressa: sus declaraciones en el diario no dejan lugar a equívocos", dijo García, mientras señalaba un ejemplar de Rosario 12 del martes. "Ya transcurrieron más de 24 horas y se tiene que haber dado cuenta de la barbaridad que dijo. Entonces, tengo que hacerle un pedido: cuando salga de acá, vuelva a su despacho, presente su renuncia y ¡váyase!".
Pero García también apuntó más arriba. "La responsabilidad de esto excede a la doctora Bressa ?dijo?. Yo tengo 24 años en la administración pública y nadie hace nada si el superior no lo sabe. Esto va más allá de la doctora Bressa".
La reunión terminó entre silencios y voces bajas que Bressa aprovechó para salir lo más rápido que pudo. Tres horas después, apareció en la Casa Gris. Eran casi las dos de la tarde. "¿Cuál es su situación?", le preguntó Rosario/12 cuando ingresaba al despacho de Binner. Bressa contestó con un portazo que retumbó en el primer piso. El secretario del ministro de Gobierno, Antonio Bonfatti, trató de disimular el golpe. Fue su último acto como secretaria de Derechos Humanos de la provincia. Adentro, la esperaban Bonfatti y Superti. Binner ya había hablado por teléfono con Acosta: "¿Quéres ser secretaria de Derechos Humanos?", le había preguntado el gobernador. "Vos sabés que yo siempre quise ese cargo", le contestó su amiga.

No se puede tapar el sol con la mano

Por José Maggi
"No pido disculpas porque no es una cosa que hice adrede ni a propósito. Simplemente, a lo mejor, comuniqué mal". Con esta frase, Maria Bressa se despidió de su cargo como secretaria de Derechos Humanos, ante la crítica frontal que le hicieran ayer las organizaciones de derechos humanos. La frase podría dar lugar a interpretaciones varias: si se comunica mal es porque no hay claridad en el pensamiento. Sin embargo en un rápido chequeo de la cinta se despeja cualquier duda. Y esto es tan claro porque el alerta lo dan los propios profesionales encargados de afrontar el mal trago: hacerse cargo de los represores compungidos (si los hubiera) y sus entornos familiares. Es decir que por poco tiempo Bressa podría haber tapado el sol con la mano. Tal vez la explicación haya que buscarla un poco más allá y mirar esta historia que tiene cuatro capitulos. Los cuatro pasos que eligió el gobierno provincial en este área tan sensible para una parte importante de la población: bajar de categoría a la Secretaría de Derechos Humanos que antes tenía rango ministerial; poner allí a Bressa, que provoca este dislate; intentar taparlo criticando al mensajero y finalmente, probar con un enroque.
Fue un error colocar a Bressa en el cargo cuando no estaba empapada en el tema, por su nula militancia, su desconocimiento de sus protagonistas, y su perfil técnico. Pero hay que decirlo: Bressa llega a ese sitial luego de las diferentes opciones que se barajaron: uno los nombres que acercó la vicegobernadora Griselda Tessio -que fue incluída en la fórmula como vice con la espalda que le daba haber sido fiscal federal e implusora de causas de terrorismo de estado- fue el abogado santafesino Jorge "Coco" Pedraza. Pero el tema quedó en manos del ministro de Justicia Héctor Superti. Aquella decisión tuvo consecuencias: el primer fracaso en una área en donde el socialismo no puede exhibir nombres de valía.

Victima del terrorismo de Estado sumo acusaciones contra Bressa
Un espacio para saldar las cuentas pendientes

El ex detenido desaparecido Daniel García aprovechó la reunión de ayer en la comisión de Derechos y Garantías de la Cámara de Diputados para decirle en la cara todas las cuestiones que tenía pendientes con María Bressa. "Lo que usted dijo es una barbaridad", le planteó a la funcionaria que propuso contención sicológica a los represores y a sus familias. "Y ahora están tratando de dar vuelta la cosa y decir: 'No dije eso, ni lo quise decir'. Lo que dijo es lo que dijo", disparó el querellante en causas por terrorismo de Estado en la capital provincial, quien aprovechó para reprocharle otras actitudes.
"Acá no hay ambivalencia, no hay medio pelo: o se está de un lado o se está del otro", disparó la víctima de terrorismo de Estado. "Porque cuando uno es ambivalente siempre favorece a quien no debe favorecer", dijo también García.
Las durísimas palabras de García fueron también para recordar la presencia de un represor, durante años, en la Defensoría del Pueblo. "Doctora Bressa: Usted tuvo como compañero (en la Defensoría del Pueblo de la provincia, al represor prófugo, Andrés) Cabrera durante un montón de años y nadie le avisó", ironizó García.
No era la única cuenta pendiente. "Cuando se produjo el gran mamarracho de las excusaciones y los sorteos de conjueces (en la causa que investiga la represión en Santa Fe), nosotros le pedimos a usted una audiencia urgente, porque pretendíamos que una voz oficial se manifestara ante ese verdadero mamarracho que estaba haciendo la justicia, de elegir 18 suplentes para conformar un tribunal", dijo también el querellante en las causas santafesinas.
"Le hicimos saber a su secretaria el día que presentamos la nota cuál era el motivo del pedido de reunión, y la urgencia, porque había necesidad de salir a la palestra, de que alguien de un organismo oficial saliera a la palestra", rememoró García, todavía indignado por la respuesta que recibió entonces de Bressa. "Y usted nos mandó a decir que podía concedernos la audiencia para 25 días después, cuando ya no tenía sentido. Por supuesto, la Secretaría de Derechos Humanos de Santa Fe no tuvo ninguna posición oficial con respecto a ese mamarracho", recordó.
Unos minutos después, la esposa de García, Alba Sánchez, que también estuvo desaparecida, le pasó otra fractura. "Ayer intenté comunicarme con usted y fue imposible. Le quiero hablar como mujer. Las mujeres de los represores no necesitan apoyo psicológico porque fueron cómplices de sus maridos. Fueron cómplices cuando llegaban con cosas que no eran de ellos, cuando permitieron alimentar y darle a sus hijos lo que no era de ellos, lo que no se ganaron. Y fueron cómplices cuando se callaron la boca y hoy tienen la posibilidad de hablar y no lo hacen. Entonces, no necesitan ayuda psicológica. Nosotros salimos adelante como hemos podido y llevamos adelante la causa solos, a veces sin ningún tipo de ayuda. Y hasta salimos de la torturas sin ayuda psicológica", disparó Alba.
Bressa se hundió en el silencio.

Jueves 22 de mayo de 2008
Edición impresa Politica Nota
Hijos escrachó a represores
A seis días de que se siente en el banquillo, acusado de cometer delitos de secuestros, aplicación de tormentos y asesinatos, Luciano Benjamín Menéndez fue objeto ayer de un escrache frente a su vivienda de barrio Bajo Palermo de la ciudad de Córdoba, donde cumple arresto domiciliario por orden de la Justicia federal. La movilización fue fogoneada por la agrupación Hijos, que organizó similares muestras de repudio en los domicilios de los generales retirados Fernando Humberto Santiago y Cristino Nicolaides. “Ellos no creen en la democracia, por eso intentan imponer el terror y la impunidad. Nosotros sí creemos en ella, por eso elegimos el camino de la justicia y por eso estamos comprometidos en marchar a los Tribunales Federales el martes 27 de mayo exigiendo ‘juicio y castigo a Menéndez y sus cómplices’”, señala un pronunciamiento de la organización, con lo que anticiparon una movida para la apertura de las audiencias en las que serán juzgado Menéndez y otros siete represores. Hijos recordó que además del inminente juicio en Córdoba, Menéndez está imputado por similares delitos en otras provincias que durante la dictadura formaban parte de la jurisdicción del Tercer Cuerpo de Ejército, como Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja, Mendoza, Santiago del Estero y Tucumán.

miércoles, 21 de mayo de 2008

H.I.J.O.S ROSARIO HACE PUBLICA SU INDIGNACION POR LOS DICHOS DE LA ACTUAL SECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS DE LA PROV DE SANTA FE


No puede estar al frente de la Secretaría de Derechos Humanos

La agrupación H.i.j.o.s. Rosario quiere hacer pública su indignaciónpor los dichos de la actual secretaría de Derechos Humanos de laprovincia de Santa Fe, quien no sólo hasta el momento no puede mostrarun solo programa que se esté ejecutando desde su Secretaría –hecho queya ha rebasado la paciencia de las organizaciones de derechos humanos–, sino que ahora encima y según las declaraciones publicadas, pone enun mismo lugar a víctimas y victimarios, actualizando una vez más lateoría de los dos demonios, estrategia discursiva que sólo tiende aencubrir el verdadero rostro del terrorismo de estado.La única actividad que venía desarrollando la Secretaría , era laelaboración de un programa de protección a testigos, que vieneincreíblemente demorado, y sobre el cual lo único que se ha hecho almomento de hoy, es la conformación de un necesario equipo deprofesionales. Equipo que ahora nos anoticiamos que tratará de igualmanera a genocidas y víctimas del terrorismo de estado.Queremos repudiar esa lógica con la que se quiere gestionar yplanificar política de derechos humanos desde la Secretaría. No puedeun funcionario que debe proteger los derechos humanos, confundir lanecesidades de una persona que sufrió violaciones de sus derechoshumanos como las torturas, el secuestro en campos clandestinos dedetención, la desaparición de familiares, el robo de hijos, hermanos onietos, con las vicisitudes que tienen que enfrentar los genocidas enla actualidad, que no son otras que las que le garantiza un estado dederecho: un juicio justo a causa de la participación en el genocidio.Desde H.i.j.o.s. hemos sido más que prudentes en la espera de que laSecretaría de Derechos Humanos comience a mostrar a qué piensadedicarse. Desde que fue nombrada la actual Secretaria, esperamos lapuesta en marcha del necesario programa de protección a testigos, perotambién anhelamos a que no sea ésta la única actividad que desarrollela Secretaría. Las necesidades de políticas estatales sobre los derechoshumanos, no se agotan en un programa para víctimas del terrorismo de estado,esa es otra lógica que esperamos se empiece a cambiar y que también queremosdiscutir abiertamente, pero no con un funcionario que confunda a losgenocidas con sus víctimas.

ESCRACHE MOVIL A LOS GENOCIDAS

Los Organismos de DDHH de la ciudad de Córdoba organizan para el día miércoles 21 de mayo, un escrache móvil que se llevará acabo frente a los domicilios de los genocidas Humberto SANTIAGO, Cristino NICOLAIDES y Luciano B. MENENDEZ.Esta modalidad, significa que se trazará un recorrido que incluye las viviendas de los mencionados asesinos. Se recomienda en lo posible, que asistan con algún tipo de vehículo o transporte (automóvil, bicicletas, motos, etc)CRONOGRAMA
(Horarios estimativos)A partir de las 17.00 horas se convoca a los cordobeses a la concentración en la ex Plaza Vélez Sarsfield (Frente Patio Olmos) desde donde saldrán los colectivos en forma gratuita para llevar a los manifestantes. 18:00 Concentración y caravana en Rafael Núñez y Gregorio Gavier (Cerro de las Rosas) para comenzar a marchar 18.15 Escrache en el domicilio de Humberto SANTIAGO, sito en G. Gavier 1936.Humberto SANTIAGO es un General retirado, fue sobreseído de todas los delitos cometidos, siendo declarado "inimputable" por padecer Alzheimer. Sin embargo su desempeño como Jefe de la subzona 31 y 33, y Subjefe de la zona 4, lo hacen responsable de los delitos cometidos en Córdoba, San Luis, Mendoza, San Juan, La Rioja y Buenos Aires, en el marco del terrorismo de Estado.18:30 Escrache en el domicilio de Cristino NICOLAIDES en Hilarión Plaza 3866Cristino Nicolaides :Último jefe del ejército durante la dictadura, ordenó la quema de los archivos de la represión. A partir del 5 de febrero volverá a ser juzgado en Corrientes, tras ser condenado en diciembre pasado, junto con otros siete represores integrantes del Batallón 601, a 25 años de prisión por el secuestro y desaparición de militantes montoneros entre 1979 y 1980.19.00 Escrache en el domicilio de Luciano B. MENEDEZ, Ilolay 3269Luciano B. Menendez: Fue Comandante del Tercer Cuerpo del Ejército desde septiembre de 1975 hasta septiembre de 1979. Torturador y asesino que supervisó y dirigió personalmente las torturas y los fusilamientos. Desde el año 2004 se encuentra en prisión preventiva domiciliaria por las causas Palacios, Brandalisis, Lajas y Cardozo. Además esta imputado en causas de otras provincias que formaban parte del III Cuerpo de EjercitoEstos siniestro personajes cumplen prisión domiciliaria en nuestro barrio, cerca de nuestros hogares; e inclusive muchas veces con permiso para salir, transitando por las mismas calles que cualquiera de nosotrosOrganizan: H.I.J.O.S – Regional Córdoba, Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas de Córdoba, Abuelas de Plaza de Mayo Filial Códoba, La Bisagra, El Andén, La Revuelta Murguera.


ARCHIVO PROVINCIAL DE LA MEMORIA
COMISIÓN PROVINCIAL DE LA MEMORIA

PROGRAMA DE ACTIVIDADES DE MAYO

'TIEMPO DE JUSTICIA'


En el marco del inicio del primer juicio contra el ex Comandante del III Cuerpo de Ejercito Luciano B. Menéndez y la evocación de los 39 años del Cordobazo, el Archivo y la Comisión Provincial de la Memoria invitan a las actividades programadas para el mes de mayo.

Jueves 22 de mayo
11hs. Clases Públicas sobre los juicios por delitos de lesa humanidad, a cargo de la Dra. Lyllan Luque (Área Legal Archivo Provincial de la Memoria). Lanzamiento del informe sobre la Causa Brandalisis.
Pasaje Santa Catalina 66. Archivo y Comisión Provincial de la Memoria.

Viernes 23 de mayo
11hs. Señalización del lugar donde fueron asesinados Hilda Flora Palacios, Humberto Horacio Brandalisis, Carlos Lajas y Raúl Osvaldo Cardozo, durante la última dictadura militar. Causa por la que hoy es juzgado Luciano B, Menéndez.
Av. Colón y Sagrada Familia.


Lunes 26 de mayo 11hs Inauguración de la segunda y tercera huella del memorial a los asesinados y los desaparecidos por el accionar represivo del Estado en Córdoba que incluyen los nombres entre 1969 y 1983.
Archivo y Comisión Provincial de la Memoria. Pasaje Santa Catalina 66.

Martes 27 de mayo
9:30 hs. Primera audiencia del juicio Oral y Público por la causa 'Brandalisis...', contra Luciano B. Menendez y otro siete imputados.
Concepción Arenales 700, Tribunales federales.

Jueves 29 de mayo
16 hs. 'El Cordobazo', una mirada desde la militancia obrero estudiantil. Relatos y vivencias para compartir con los jóvenes de hoy.
Archivo y Comisión Provincial de la Memoria. Pasaje Santa Catalina 66.
18 hs. Colocación de la Baldosa de la Memoria en el lugar donde asesinaron al obrero y estudiante Máximo Mena, durante el Cordobazo.
Bv. San Juan y Arturo M. Bas.
Archivo y Comisión Provincial de la Memoria. Pasaje Santa Catalina 66.


COLECTIVO
DE EX – PRESOS POLITICOS
Y SOBREVIVIENTES
ROSARIO



Rosario, 20 Mayo de 2008


Ante las declaraciones de la Secretaria de Derechos Humanos de la Provincia de Santa Fe, desde el COLECTIVO DE EX PRESOS POLITICOS Y SOBREVIVIENTES ROSARIO, queremos expresar públicamente nuestro repudio por sus expresiones, que equiparan a testigos y querellantes, de los juicios contra el terrorismo de Estado, a los responsables del genocidio.

Las víctimas de ese terrorismo, además de sufrir secuestros, torturas, encarcelamiento, desapariciones de compañeros, etc., padecimos por mucho tiempo un secuela de políticas y de accionar, que iba desde minimizar esa actitud terrorista, a directamente darle impunidad. Así pasaron la teoría de los demonios,( cuya actualización sostiene con sus dichos la Dra. Bresa), las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, el Indulto, y la política de considerar a Madres, Abuelas, Hijos, asociaciones de ex detenidos, organizaciones de derechos humanos, y a cualquier persona u organismo, que enfrentará esa posición como retrógrados, revanchistas, rencorosos.

Pero la persistencia en el convencimiento que solo con la verdad se lograría la justicia, y con ella la sociedad podría avanzar sabiendo que las heridas fueron cerradas, como se lo hace en una democracia: con un juicio justo a todos los genocidas, se llegó a la situación actual, en el comienzo que los juicios a los responsables del genocidio. En la Provincia de Santa Fe estamos este punto: a vísperas del inicio de los juicios.

Ante los antecedentes recientes como el caso López, Geréz y últimamente Puthod, desaparición, secuestro y tortura, de testigos y querellantes, la Secretaria de Derechos Humanos de la Provincia, que no ha llevado hasta ahora ninguna actividad, salvo la demorada elaboración del Programa de Protección de testigos, nos regala esta declaración.

Por todo esto, reiteramos nuestro repudio a las declaraciones de la Secretaria de Derechos Humanos Dra. María Bresa, y ponemos en duda su idoneidad para ocupar la Secretaría a su cargo.


POR QUE TENEMOS MEMORIA Y SABEMOS LA VERDAD,
LUCHAMOS POR LA JUSTICIA.

COLECTIVO DE EX PRESOS POLITICOS Y SOBREVIVIENTES
ROSARIO




El blooper de Bressa
La secretaria de derechos humanos de la provincia de Santa Fe, María Bresa, ha anunciado que el programa de protección a los testigos , abogados y militantes de derechos humanos que actúan en las causas por terrorismo de Estado que se sustancian en la provincia, se extenderá a los represores, perpretadores de un genocidio.
Como víctima de los represores, denunciante de sus crimenes desde hace 18 años (mucho antes de que se abran las causas y muchisimo antes que aparezcan los "especialistas" en derechos humanos como la citada funcionaria) y secretario nacional de la Liga argentina por los derechos del hombre, entidad decana de los organismos de derechos humanos en toda América (fue fundada el 20 de diciembre de1937) y protagonista de la lucha contra la impunidad desde el momento mismo que los crimenes se cometieron, deseo hacer público mi repudio a dicha decisión que denota absoluta incomprensión de la temática y una supuesta "equidistancia", que en la lucha contra la impunidad de crimenes cometidos hace más de treinta años, implica una toma de partido para el lado de los victimarios, de los torturadores, de los asesinos, de los apropiadores de bebés y respondables de la puesta en marcha de un modelo de país, el capitalismo neoliberal, que de por sí constituye un modo de organización social que niega los derechos humanos a millones de argentinos sometidos al hambre, las enfermedades evitables, y la miseria crónica en el país de la soja y la leche.
Como parte de una delegación de la Liga, en el día de ayer mantuvimos en la ciudad de Santa Fe, una entrevista con el Dr. Iparraguirre, secretario de seguridad pública de la provincia, para exigirle –una vez más- que el sitio donde funcionaba el Centro Clándestino de Detención y Torturas conocido como la Cuarta, sito en Bv. Zavalla y Tucumán, deje de ser un centro legal de detención y torturas como pudimos comprobar directa y personalmente en ocasión del reconocimiento judicial de la Comisaría Cuarta. El citado funcionario se comprometió –y no tenemos razones para dudar de su palabra- que en dos o tres semanas no quedarían presos en ninguna comisaría de la ciudad de Santa Fe, aunque nada dijo de nuestro planteo de transformar la Cuarta en un sitio de memoria, tal como se hizo con otros centros clándestinos: Esma, Olimpo, etc.
También le planteamos nuestra posición sobre el plan de protección a los testigos, que queremos hacer pública ante el insolito aviso de la Secretaría de derechos humanos: que para proteger a los testigos hay que vigilar a los represores, hay que esclarecer los hechos que ya ocurrieron en Santa Fe y que siguen impunes: las amenazas a las Madres y la Casa de los derechos humanos de Santa Fe, el ataque contra un mural conmemorativo del golpe de estado y sobre todo el envío de un cajón con restos humanos en su interior al Dr. Rodriguez, juez federal, que en ese momento estaba a cargo de la investigacion de los crimenes del grupo de tareas de Ramos, Brusa, Facino y demás asesinos. Cómo en cualquier otro delito no esclarecido, las líneas de investigación deben dirigerse hacia quienes podrían estar interesados en amedrentar a jueces y testigos, que no son otros que los acusados de criemenes de lesa humanidad cometidos desde el Estado.
Pareciera que la funcionaria ignora lo más elemental: la responsabilidad del Estado en reparar los efectos de los crimenes cometidos por el Estado, responsabilidad que no solo es un reclamo histórico de los organismos de derechos humanos sino de la propia comisión de derechos humanos de las Naciones Unidas que una y otra vez han exigido al Estado Argentino que depure de represores las fuerzas de seguridad y todo otro ámbito estatal (recordemos que Brusa llegó a Juez Federal, Facino a jefe de comuna y Ramos era funcionario municipal casi hasta el momento de su detención) y, sobre todo, que investigue los crimenes en serio, no como una ficción de justicia sino como una acción encaminada a revelar la verdad, que hubo un genocidio, y castigar a los represores superando la trama de impunidad que construyeron desde el momento mismo del acto represivo hasta las leyes especiales a su servicio. Y que para ello, se debe adjudicar valor de prueba al testimonio de los sobrevivientes, casi la única prueba con que se cuenta para hacer Justicia.
La funcionaria pareciera creer que se trata de causas comunes sobre delitos más o menos comunes y no de crimenes de lesa humanidad cometidos bajo una operatia pensada para garantizar la impunidad que requieren de un esfuerzo gigantesco para desarmarla, perseguir a los represores y hacer justicia. Se requiere imparcialidad ante los acusados pero no ante el Terrorismo de Estado, los pactos internacionales y aún la reforma constitucional de 1994 exigen compromiso con la causa de los derechos humanos, que implica compromiso de luchar contra la impunidad. No conocemos antecedentes de una práctica de compromiso con la lucha por los derechos humanos por parte de la funcionaria y provocaciones como estas nos habilitan a reclamar su remoción del cargo, abrir un debate franco (no que seamos "consultados" para que despues se resuelva cualquier cosa) sobre la política de derechos humanos en la provincia.
El estado provincial, que poco o nada ha hecho al respecto, que mantuvo a connotados represores en funciones de alta jerarquía bajo los gobiernos de Reutemann y Obeid, sigue en mora y pareciera que la secretaria de derechos humanos está más preocupada por contener emocionalmente a los represores que en colaborar en la lucha contra la impunidad.
Nadie ha invocado el derecho a la venganza, ningún represor ha sido molestado en más de treinta años y ninguno de ellos tiene la menor razón para temernos. En cambio, la desaparición forzada de Julio López y lo secuestros sufridos por Gerez y Puthod, dan cuenta de grupos de tareas que siguen actuando con recursos suficientes para espiar, amenazar y secuestrar compañeros. Grupos de tareas como los que amenazan en Santa Fe y que siguen gozando de impunidad.
Como primer acto de compromiso del gobierno provincial con la lucha histórica contra la impunidad reclamamos ya el esclarecimiento de los hechos denunciados más de una vez, el inmediato desalojo de la Cuarta de efectivos policiales y su transformación en un sitio de memoria y un compromiso publico de respaldo a la lucha contra la impunidad de Brusa, Facino, Ramos, Marcellini, Rolón y compañía.

José Schulman, querellante en la causa Brusa y secretario nacional de la Liga Argentina por los derechos del Hombre-- Liga Argentina por los Derechos del Hombrehttp://www.liga.org.ar/

El próximo lunes 2 de junio comenzará el juicio oral al ex Comandante del Servicio de Inteligencia de la Gendarmería Nacional, Víctor Enrique Rei, responsable de la apropiación del hijo de Liliana Fontana y Pedro Sandoval. Se llevará a cabo en el TOF Nº6 de Comodoro Py (Capital Federal). Víctor E. Rei fue uno de los militares entrenados por las Fuerzas Armadas de Estados Unidos en Fuerte Gulick en Panamá, donde aprendió las estrategias de torturas, represión clandestina y desaparición de personas, aplicadas en Argentina, así como en otros países de América Latina. Participó también en el Operativo Independencia en Tucumán en 1975, también tuvo una participación activa en la inteligencia de los grupos de tareas que llevaron adelante la represión ilegal durante la dictadura militar, (reconocido por él mismo en el Juicio a las Juntas en 1985).Se desempeñó en el Centro Clandestino de Detención que funcionó en la Cárcel de Encausados de Campo de Mayo.Después de haber esperado 30 años con el permanente dolor de la ausencia y la búsqueda de VERDAD Y JUSTICIA, resulta necesario acompañar, lo que seguramente será: El juicio y condena de este represor, asesino y ladrón de niños.A esta altura es imprescindible que los compañeros del campo popular dejemos de ver cada juicio como un caso individual. Busquemos en cada condena, la condena de TODOS los asesinos, y reafirmemos en cada caso el compromiso colectivo con todos los compañeros muertos o desaparecidos, que siguen siendo la llama de la esperanza y el reclamo de una justicia verdadera.Los esperamos en Comodoro Py, el lunes 2 de junio a las 10 Hs.¡¡¡30.000 COMPAÑEROS DETENIDOS-DESAPAREC IDOS PRESENTES!!!

http://www.primerafuente.com.ar/

EL GENOCIDA PIDE QUE EL ESTADO DESIGNE SU DEFENSOR

Antonio Domingo Bussi pidió que sea el Estado el que lo defienda de ahora en más. "Si un gobierno democrático ordenó las operaciones (militares), corresponde que otro gobierno democrático asuma mi defensa a través de la Defensa Oficial", expresó Bussi el viernes pasado ante la Justicia Federal. También argumentó que ya no tiene recursos para un abogado privado. Por ahora, la defensora oficial de Tribunales Federales no fue notificada sobre la decisión del represor. Justificó su accionar dentro de una "guerra revolucionaria".
Por estos días, el represor Antonio Domingo Bussi no tiene quien lo defienda. En el marco del infructuoso acto de declaración indagatoria del viernes pasado, el ex gobernador de facto pidió que sea el Estado el que lo represente a través de un defensor oficial en las causas de la última dictadura y por sobre todo en el juicio oral y público al que tendrá que someterse en los próximos meses por el secuestro y desaparición del ex senador provincial Guillermo Vargas Aignasse.
"Si un gobierno democrático ordenó las operaciones (militares), corresponde que otro gobierno democrático –en el caso supuestamente del mismo signo ideológico- asuma mi defensa a través de la Defensa Oficial", expresó Bussi según el acta que realizó la Justicia Federal en el Country Golf Club de Yerba Buena, donde cumple arresto domiciliario desde diciembre pasado.
Hasta ayer la defensora oficial de Tribunales Federales, Amalina Asaf, no había sido notificada sobre la decisión de Bussi, por lo que por estas horas sigue sin abogado. Bussi fue visitado el viernes pasado por el juez federal subrogante Nº 1, Daniel Bejas, quien dispuso tomarle indagatoria por dos causas de delitos de lesa humanidad, pero el acto no pudo realizarse debido al cambio de defensa del militar retirado. Cabe recordar que hace menos de un mes renunció su abogado Horacio Conesa Mones Ruiz, y la tramitación de las causas había quedado en manos del letrado Enrique Brandán.
Para pedir la representación del Estado, Bussi no alegó tan solo razones políticas sino también económicas. "También influyen en mi reclamo el agotamiento de mis recursos al continuar financiando una asistencia profesional privada", señaló.
Ahora, una vez que se defina la defensa de Bussi, el juez Bejas tendrá que poner nueva fecha de indagatoria para que responda por el secuestro y desaparición de Ramón Rufino Gómez, ocurridos el 13 de junio de 1977, y por la supuesta usurpación de tierras de Yacuchina (conocida actualmente como Capitán Cáceres en el departamento Monteros), de propiedad de Julia Rita Ariza, quien habría sido obligada, bajo extorsiones, a entregar sus parcelas a las fuerzas militares. Justamente para responder por estos casos, el ex jefe del III Cuerpo del Ejército, Luciano Benjamín Menéndez, vino a Tucumán el jueves pasado. Manteniendo su estrategia se abstuvo de declarar y rechazó la competencia de la Justicia Federal.`

POSDATA: Red de Noticias Derechos Humanos acota que su histórico defensor Horacio Conesa Mones Ruiz, es un defensor no solo de Bussi sino de la mayoría de los represores de los juicios del norte y esta acusado por los organismos de derechos humanos de Jujuy, por cuanto se dsemepeñó como Fiscal de Estado en esa provincia durante la dictadura militar.

May 2008 16:54:36 -0300Subject: BOLETIN AEDD N° 421- RICARDO ALBERTO FRANK- PRESENTE!

Boletín Electrónico de noticias y actividades de la AEDD nro 421
Asociación de ex Detenidos Desaparecidos
Buenos Aires, Argentina

RICARDO ALBERTO FRANK
1957- 20 de mayo-2008

Detenido desaparecido el 10/11/78
visto en la ESMA
Hoy Ricardo cumpliría 51 años.

”…hasta que mi imagen desaparezca, y solamente se haga ver dentro de la imaginación de cada uno, yo soy lo que soy…“ escribías en uno de tus cuadernos encontrados en el departamento donde viviste tus últimos días de libertad, tejiendo sueños de militancia, compromiso social, estudio.

Hoy, en este día y en este año que se cumplen los 30 de tu secuestro, puedo decir, que esa imagen tuya no desapareció. Muy por el contrario, se expandió, se reproduce momento a momento en cada acto, en cada lugar donde se recuerda a nuestros 30.000 compañeros detenidos desaparecidos.

Y se agiganta en la lucha inclaudicable de quienes en el día a día seguimos transitando un duro, difícil camino para lograr JUSTICIA.

Esa Justicia que no termina de llegar, a pesar de nuestros esfuerzos, de los juicios que se abrieron a partir de la nulidad de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, que permitieron que volviésemos a los tribunales tanto los organismos de derechos humanos como los familiares que nos hemos presentado como querellantes de las causas para ser PARTE de este reclamo, para seguir exigiendo que los represores sean juzgados y condenados por GENOCIDIO a PRISION PERPETUA en CARCEL COMUN Y EFECTIVA!



En el juicio a Febrés la mayoría de los compañeros ex detenidos desaparecidos los nombraron tanto a vos como a Yoyi, Titín y Dina, su novia. Estuve presente en varias audiencias, casi todos manifestaron: “había un grupo de tres jóvenes de la ciudad de Trenque Lauquen”
Pero, en ese juicio, solo se juzgaba al imputado por cuatro sobrevivientes. Y ni siquiera tuvimos una sentencia. Lo asesinaron!


Y así seguiremos, transitando los tribunales de Comodoro Py, esperando que algún día llegue el momento que juzguen a TODOS POR TODOS,



También me pregunto:
Cuántas veces más tienen que declarar los sobrevivientes?

Cuántos juicios más tendrán Donda, Astiz, Azic, Cavallo, etc, etc, hasta que llegue el día de verlos ahí sentados escuchando (y negando) cómo te arrancaron aquella noche para llevarte definitivamente de nuestras vidas, momento que empezamos a transitar el dolor más grande que puede tener una persona: que a un ser querido, que a un hermano lo conviertan en DESAPARECIDO!!

Dolor, angustia, parálisis que luego se convirtió en lucha, que es en definitiva una elección de vida, no bajar los brazos, no dejarte desaparecer , para que, en algún momento, podamos decir que las utopías también existen!


Te abrazo en este día
Hasta la victoria!!!
Tu hermana

Lidia Frank
20-05-08

Nota escrita para el Diario LA OPINION de Trenque Lauquen





La Corte Interamericana intimo a la Argentina a modificar la legislacion sobre calumnias e injurias
Para que la ley no se use como mordaza

El tribunal internacional sostuvo que debe anularse el fallo contra el periodista Eduardo Kimel, condenado por criticar al juez que estuvo a cargo de la causa de la masacre de San Patricio. Reclamó cambios para evitar violaciones a la libertad de expresión.



El presidente del CELS, Horacio Verbitsky, y Eduardo Kimel, en la conferencia de prensa en la que anunciaron el fallo de la Corte IDH.
Imagen: Télam
Subnotas
Seis meses para cambiar
Requisitos y antecedentes
Una obligación


Por Diego Martínez
La Corte Interamericana de Derechos Humanos sancionó al Estado argentino por el caso del periodista Eduardo Kimel: le exigió que dejara sin efecto la condena en su contra, que lo indemnizara, reconociera su responsabilidad en un acto público, y lo intimó a modificar su legislación en materia de calumnias e injurias para evitar nuevas violaciones a la libertad de expresión. Kimel había sido condenado por criticar la actuación del juez Guillermo Rivarola durante la investigación de la “masacre de San Patricio”, el asesinato de cinco sacerdotes y seminaristas palotinos el 4 de julio de 1976. Durante la conferencia de prensa que ofreció ayer en el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), que lo patrocinó ante el sistema interamericano, Kimel celebró la resolución del máximo tribunal regional en materia de derechos humanos, recordó que el proceso judicial le insumió 17 de sus 55 años y lamentó no poder compartir la buena nueva con su compañera Griselda Kleiner, fallecida en 2006.
La investigación sobre el más importante hecho de sangre sufrido en el país por la Iglesia Católica, que aún no se presentó como querellante, se publicó en 1989. “¿Se quería realmente llegar a una pista que condujera a los victimarios?”, se preguntó Kimel tras analizar el expediente. Recordó que la Justicia durante la dictadura fue “condescendiente cuando no cómplice”, destacó que “elementos decisivos” para esclarecer el caso “no fueron tomados en cuenta” y que “la evidencia de que la orden del crimen había partido de la entraña del poder militar paralizó la pesquisa”.
Rivarola lo querelló por calumnias (falsa imputación de un delito) e injurias (deshonra o descrédito). En 1995 la jueza Angela Braidot condenó a Kimel a un año de prisión y 20 mil dólares de indemnización por injurias. Incurrió en “un exceso injustificado, arbitrario e innecesario”, sostuvo. Un año después la Cámara de Apelaciones revocó la condena. Calificó al libro como “una breve crítica histórica” que “no ha excedido los límites éticos de su profesión”. En 1998 la Corte Suprema de Justicia menemista revocó la absolución y ordenó dictar una nueva sentencia. Adolfo Vázquez, Julio Nazareno, Eduardo Moliné O’Connor, Guillermo López y Carlos Fayt apuntaron “falsedad de las imputaciones delictivas” y “dolo” del escritor “con la única intención de desacreditar al juez”. Los camaristas Alfredo Barbarosch y Carlos Gerome acataron el lineamiento y condenaron a Kimel, entonces por calumnias. El rechazo de los recursos ante la Corte presentados por los abogados de la Unión de Trabajadores de Prensa de Buenos Aires (Utpba) abrieron la instancia interamericana.
A fines de 2000, el CELS y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil) demandaron al Estado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por violar el derecho a expresarse libremente y utilizar los “delitos contra el honor” para criminalizar la labor de la prensa. La Comisión se tomó su tiempo: en 2006 formuló al Estado una serie de recomendaciones y “ante la falta de avances” presentó el caso a la Corte. Consideró que “la mera existencia” de los tipos penales de calumnias e injurias, con la “ambigüedad, amplitud y apertura” con la que están formulados, “disuade a las personas de emitir opiniones críticas” sobre funcionarios. En octubre pasado, durante una audiencia pública en Bogotá, Colombia, funcionarios argentinos admitieron la violación al derecho a la libre expresión, a ser juzgado en un plazo razonable (el proceso duró nueve años) y se comprometieron a “adoptar medidas legislativas” para garantizar el cumplimiento de la Convención Americana sobre Derechos Humanos que Argentina suscribió en 1984.
El 2 de mayo, en la sentencia que se conoció ayer, la Corte consideró que la actual “tipificación amplia” de calumnias e injurias viola el principio de legalidad y recordó que en sociedades democráticas los funcionarios se exponen voluntariamente “al escrutinio y la crítica”. Consideró que en el caso Kimel “las autoridades judiciales no actuaron con la debida diligencia y celeridad” y que “la afectación a la libertad de expresión fue manifiestamente desproporcionada, por excesiva, en relación con la alegada afectación del derecho a la honra”. Sentenció al Estado a dejar sin efecto la condena, publicar la sentencia en el Boletín Oficial y un diario de amplia circulación, reconocer su responsabilidad en un acto público e indemnizar a Kimel con 30 mil dólares por daño material e inmaterial, que incluye desde la angustia y el descrédito sufridos hasta su alejamiento del periodismo de investigación. Finalmente, exigió al Estado “adecuar en un plazo razonable su derecho interno” a la Convención Americana, de modo que “las imprecisiones” de los tipos penales “no afecten el ejercicio del derecho a la libertad de expresión”.
La sentencia “forma parte de una lucha por la libertad de expresión que lleva dos décadas” y “complementa el fallo que en 1993 derogó el delito de desacato”, destacó ayer Horacio Verbitsky, presidente del CELS. Kimel agradeció a las organizaciones que lo respaldaron a lo largo del proceso y relató que la acusación de Rivarola, quien “no paradójicamente comenzó su carrera en 1955”, lo colocó “en un terreno que no esperaba: el de la lucha inevitable por salvar el pellejo ante una condena penal”. Verbitsky recordó que en 1999, a partir de una denuncia de Carlos Menem en su contra, “la Argentina asumió el compromiso de modificar el Código Penal” en materia de calumnias e injurias. “Los sucesivos gobiernos ratificaron ese compromiso pero nunca lo cumplieron”, concluyó.


Una obligación

Nota madre:Para que la ley no se use como mordaza

Por Horacio Verbitsky
El 4 de julio de 1976 los sacerdotes católicos Alfredo Leaden, Alfredo Kelly y Pedro Duffau y los seminaristas Salvador Barbeito y Emilio Barletti fueron asesinados por un grupo de tareas de la dictadura mientras dormían en la iglesia porteña de San Patricio. El único condenado por ese crimen horrendo fue Eduardo Kimel, un historiador y periodista cuya investigación sobre lo sucedido aquella madrugada no fue complaciente con el desempeño de la justicia. Esa condena fue ratificada por la antigua mayoría automática en la Corte Suprema de Justicia.
Treinta y dos años después del crimen y a diecisiete de la publicación del libro, la Corte Interamericana de Derechos Humanos resolvió que la condena a Kimel violó el Pacto de San José y como reparación ordenó al Estado argentino dejarla sin efecto y realizar un acto público de reconocimiento de responsabilidad. Al mismo tiempo, el fiscal Eduardo Taiano retomó la investigación sobre el asesinato de los palotinos, que podría sumarse a la causa por los delitos de lesa humanidad cometidos en la ESMA.
Durante el proceso ante el sistema interamericano el Estado argentino ya había reconocido la violación a los derechos de Kimel a la libertad de expresión y a un juicio justo en un tiempo razonable. Pero como no se trata sólo del derecho de Kimel a expresarse, sino también del que la sociedad tiene a estar informada sobre temas de relevante interés público, la Corte Interamericana también dispuso que el Estado argentino deberá modificar la legislación sobre calumnias e injurias, de modo de impedir ataques similares a la libertad de expresión.
La Constitución reconoce en su artículo 75 que los tratados internacionales que enumera en su inciso 22 tienen jerarquía constitucional “en las condiciones de su vigencia”. Esto quiere decir según la interpretación que de la Convención Americana de Derechos Humanos hagan sus propios órganos. El superior de todos ellos es la Corte Interamericana. La obligatoriedad de sus sentencias fue reconocida por la Corte Suprema de Justicia.
Por eso, cuando la Corte Interamericana dice que una ley o incluso un artículo constitucional contradicen la Convención, el Estado está obligado a modificar esa norma interna para adecuarla a la Convención. Por esta vía en las últimas décadas se ha ido afirmando una jurisdicción supranacional en materia de derechos humanos, que protege a los ciudadanos contra las arbitrariedades de los Estados.
Con esta sentencia de la Corte Interamericana se acerca a su culminación un proceso iniciado a principios de la década pasada cuando el Estado argentino se vio obligado a derogar el tipo penal de desacato. Desde entonces, los funcionarios que intentaron silenciar a la prensa recurrieron a los juicios por calumnias e injurias. Su descalificación por la Corte Interamericana equivale a su declaración de inconstitucionalidad, dada la jerarquía constitucional de la Convención. Además de proteger a Kimel debería conducir al cierre de todas las causas aún abiertas por esos delitos, salvo cuando se trate de litigios entre particulares y/o sin interés público. A partir de 1999 todos los gobiernos han ratificado el compromiso asumido ante la Comisión Interamericana de modificar esos artículos del Código Penal. Ese compromiso, que no se cumplió en forma voluntaria, se ha convertido ahora en una obligación.



La decision de la secretaria de Derechos Humanos causo sorpresa y repudios.
Una protección que sumó rechazos

La Comisión de Derechos y Garantías de la Cámara de Diputados le pedirá hoy explicaciones a María Bressa por la ampliación del Programa de Protección a testigos a los requerimientos de represores. La Casa Gris mantuvo silencio.

Alicia Gutiérrez, querellante en la causa de la Quinta de Funes, cuestionó a Bressa.
Subnotas
La aclaración que oscurece

Por Juan Carlos Tizziani
La comisión de Derechos y Garantías de la Cámara de Diputados le pedirá hoy explicaciones a la secretaria de Derechos Humanos de la provincia, María Bressa, por su decisión de ampliar el Programa de Protección de Testigos y víctimas del terrorismo de estado a los propios verdugos de la dictadura, a quienes prometió "asistencia psicológica" -si la piden- para afrontar los juicios en los que deben responder por sus crímenes. La reunión se realizará a las 10 y había sido convocada antes de que Bressa revelara a Rosario/12 su interés en "garantizar (a los represores) la protección física y la atención psicológica que ellos mismos vulneraron a sus víctimas", dijo. Bressa recibió ayer el respaldo del silencio en la Casa Gris, mientras le llovían las críticas de militantes de derechos humanos, entre ellos la diputada del Frente Progresista, Alicia Gutiérrez. "El gobierno debe proteger a las víctimas y no a los victimarios", advirtió la legisladora. Mientras tanto, la funcionaria de la polémica publicó un comunicado en el que relativiza sus dichos (ver aparte).
Bressa y el director del Programa de Protección de Testigos, Oscar Blando, fueron convocados por la presidenta de la comisión de Derechos y Garantías, Mónica Peralta (UCR) para "intercambiar opiniones sobre la aplicación" del plan en la provincia, ante los juicios orales y público a represores que se realizarán en Rosario y Santa Fe. También fueron invitados los abogados patrocinantes de las causas que investigan delitos de lesa humanidad.
El anuncio de Bressa de incluir a los represores en un programa destinado -en principio- a víctimas de la represión ilegal causó sorpresa en la Casa de Gobierno y en la Legislatura. La vicegobernadora Griselda Tessio se excusó de opinar. "No va a hacer declaraciones sobre este tema", deslizó uno de sus colaboradores. El ministro de Gobierno y Reforma del Estado, Antonio Bonfatti, dijo no estar informado. "No sé de que se trata", contestó ante una consulta de Rosario/12. Y más tarde, la espera de una definición pública de Hermes Binner resultó infructuosa: el gobernador concedió la última audiencia de su agenda a una madre que lucha contra el narcotráfico, Norma Castaño (ver página 2) y después salió de la Casa Gris por la puerta de atrás.
El silencio oficial dejó a Bressa en la soledad política. Nadie salió a defenderla y menos, a explicar lo inexplicable. "Yo no me voy a borrar", planteó la diputada Gutiérrez. "Lo que dijo Bressa no es lo que se conversó en su momento, tanto con las autoridades del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, como en las distintas reuniones que organizamos en la comisión de Derechos y Garantías de la Cámara. En lo personal, no acuerdo con un programa que proteja a los represores", disparó la legisladora del ARI rebelde.
"Lo que sí conversamos -aclaró- es que si algún represor hablaba o daba información, como en el caso de (Eduardo) Constanzo, sería importante protegerlo para que llegara vivo al momento del juicio, pero eso lo determinará el juez federal de la causa y no el Programa de Protección de Testigos en Santa Fe", explicó.
Gutiérrez dijo ignorar sobre qué normas se fundamentó Bressa para hacer su anuncio. "No hay ningún decreto o resolución del Ministerio, o por lo menos yo la desconozco, que garantice (a los represores) lo que ella dice que están en su derecho de pedir".
-La secretaria de Derechos Humanos habló de una contención psicológica de los represores.
-Pero el programa de protección de testigos, como su nombre lo indica, está dirigido a testigos, querellantes y familiares de víctimas del terrorismo de estado. Por lo tanto, cualquiera de las acciones del gobierno que implique esto, seguridad o apoyo psicológico, tienen que estar dirigidas a ellos.
-¿Cómo surge esta decisión de asistir también a los represores, si ellos lo piden?
-No lo sé.
-¿Cree que la señora Bressa debería dejar el cargo? Algunos organismos de derechos humanos y expresiones políticas ya pidieron su renuncia.
-El Poder Ejecutivo tomará las medidas que crea conveniente. Yo soy legisladora, pero en primer lugar soy querellante (en la causa de la quinta de Funes) y militante de derechos humanos. Por lo tanto, no acuerdo con todo esto -concluyó Gutiérrez.