domingo, 13 de abril de 2008

Un fallo que puede entorpecer la justicia

Miguel Bonasso

13.04.2008

El fallo de la Corte Suprema sobre el caso Patti no sólo atenta contra las atribuciones del Poder Legislativo, sino que podría entorpecer la acción de la Justicia que tiene procesado y preso al ex subcomisario en varias causas por crímenes de lesa humanidad.Si la Cámara de Diputados de la Nación diera marcha atrás en su decisión democrática y legal de negar el acceso de un torturador confeso al Cuerpo y le otorgara fueros, podría entorpecer el proceso que le inició el juez federal de San Martín, Alberto Suárez Araujo, cuya medida de dictarle la prisión preventiva fue ratificada por la Sala I de la Cámara Federal de San Martín.Apostaría, sin quererlo seguramente, a garantizar la impunidad de la que gozó el represor durante todos estos años, en que reinaron las leyes de Punto Final y Obediencia Debida y los indultos. Para no contar las amenazas directas que sufrieron por lo menos tres jueces que en su momento quisieron procesar a Patti (dos de ellos en la causa por el secuestro y asesinato de Osvaldo Cambiasso y Eduardo Pereira Rossi, y un tercero, en el proceso que se le siguió al policía por aplicarles tormentos a los detenidos Barsola y Guerrero).Patti está acusado por el juez federal de San Martín de crímenes gravísimos: los secuestros del diputado Diego Muniz Barreto y el ciudadano Juan Fernández; el asesinato de Gastón Gonçalves; las desapariciones de Carlos Souto y Luis Guillermo D’Amico; y la detención ilegal de Osvaldo Arriosti.También, una hipotética concesión de fueros como la que pretende el máximo tribunal obstaculizaría el juicio oral al represor, dispuesto el pasado martes por la Cámara Federal porteña, en la causa que le sigue el juez federal Ariel Lijo por encubrimiento de otro genocida.Semejante contradicción sólo puede introducir confusión en la sociedad acerca del papel que debe jugar la Justicia en un país que está constitucionalmente obligado a respetar los tratados internacionales que sancionan los crímenes de lesa humanidad.El artículo 70 de la Constitución Nacional autoriza a suspender al legislador o diputado que tiene una causa penal y ponerlo a disposición del juez competente para su juzgamiento. Sería un absurdo dejarlo entrar a Patti en la Cámara y otorgarle los fueros correspondientes, para luego quitárselos a fin de que los jueces vuelvan a meterlo preso.El artículo 66 de la CN establece que con dos tercios de los votos se puede expulsar a un diputado, como ocurrió en el caso de Ángel Luque. Si puede excluir, también puede impedir que ingrese.Así lo establece, con claridad meridiana, el artículo 64 de la CN: “Cada Cámara es juez de las elecciones, derechos y títulos de sus miembros en cuanto a su validez”. La Corte Suprema, en los casos del genocida Domingo Antonio Bussi y el que nos ocupa, ha intentado minimizar esta facultad de jueces de sus pares que tienen los legisladores, con interpretaciones que en definitiva amplían el poder del tribunal en desmedro del Congreso, lo que atenta contra la división de poderes que es consustancial al Estado de Derecho.Sostiene que la Legislatura sólo tiene facultades para verificar si los títulos de los diputados electos “fueron regularmente emitidos por autoridad competente”, lo que relegaría al Congreso a convertirse en un simple verificador de certificados que emite la justicia electoral. Un fuero éste cuya decisión a favor de Patti motivó un recurso de la Cámara de Diputados y, como consecuencia, el lamentable fallo de la Corte.La Cámara Nacional Electoral, integrada por los jueces Rodolfo Muné, Alberto Dalla Vía y Santiago Corcuera, desliza una temeraria afirmación en su fallo: “Las Cámaras son los peores jueces. Generalmente irresponsables (sic)”.No deja de resultar paradójico que quienes no fueron votados por nadie agravien con semejante calificativo a quienes en nuestro sistema representativo ostentamos el título de “representantes del Pueblo”. Pero no hay que sorprenderse mucho, porque estos jueces son los mismos que en su oportunidad le negaron los votos al maestro Alfredo Bravo, víctima de la Policía Bonaerense, y ahora se los otorgan a quien fuera un aplicado discípulo del genocida Ramón Camps.Pero la función judicial del Poder Legislativo no termina aquí. El artículo 59 de la CN determina que es el Senado quien debe juzgar a los miembros de la Corte, al Presidente de la Nación y a sus ministros. Más aún, este artículo demuestra que cuando la Constitución quiere dar alguna intervención al Poder Judicial, la Constitución lo dice expresamente. Así, cuando el acusado es el Presidente de la Nación, el Senado (juez) será presidido por el Presidente de la Corte Suprema de Justicia. Ésa es la única intromisión que permite la Constitución al Poder Judicial. Y, en ese caso excepcional, solamente al Presidente de la Corte. Por eso insisto: cuando la Constitución quiere que el Poder Judicial intervenga en el enjuiciamiento de los otros poderes, lo dice expresamente.A diferencia de Patti, que asesinaba prisioneros desarmados por la espalda, la Cámara de Diputados de la Nación lo impugnó con todas las garantías que otorga el Estado de Derecho. La impugnación se sustentó en los artículos 16, 19, 36, 48, 64, 66 y 75 inciso 22 de la Constitución, y en los artículos 2 y 3 concordantes del Reglamento de la Cámara de Diputados. Su diploma de diputado electo fue analizado durante tres meses por la Comisión de Peticiones, Poderes y Reglamento, que reunió más de 10 mil fojas de pruebas materiales y testimoniales en su contra. Allí gozó plenamente del derecho a la defensa, que ejercieron sus abogados y partidarios, ya que él no vino nunca. Una vez producido el dictamen correspondiente, más de dos tercios de los diputados rechazaron su ingreso.La “presunción de inocencia” alegada por la Corte Suprema fue vulnerada por el propio interesado cuando declaró: “La policía, para esclarecer un hecho, tiene que cometer no menos de cuatro o cinco hechos delictivos (…) privación ilegal de la libertad, apremios y violación de domicilio, entre otros” (Clarín, 4 de octubre de 1990).Tampoco negó ante la Justicia haber disparado contra Osvaldo Cambiasso y Eduardo Pereira Rossi. Es decir que se reconoció como secuestrador, asesino y torturador. A confesión de partes…

Ataque en la madrugada

Organismos de derechos humanos de Mendoza denunciaron que en la madrugada del viernes fue atacada por segunda vez la casa de la abogada Viviana Beigel, del Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos. El ataque, que causó daños materiales y un robo menor, se suma a las amenazas que recibió en su casa la testigo Alicia Morales, titular de la APDH de San Rafael, luego de denunciar ante la Justicia que había reconocido al subsecretario de Seguridad, Carlos Rico Tejeiro, en el centro clandestino que funcionó en el D2 de la policía de Mendoza durante 1976. Siete organismos locales exigieron en un comunicado “el desmantelamiento de la cúpula del ministerio de Seguridad”, a cargo de Juan Carlos Aguinaga, “que se ha convertido en grupos de mafiosos que lejos de garantizar la seguridad de la población usan el aparato del Estado para intimidar y quebrar la voluntad de lucha por la verdad y la justicia”.

Apartan a Pettigiani

El Tribunal Oral Federal N° 1 de Mar del Plata resolvió apartar del Juicio por la Verdad que instruye desde 2001 en esa ciudad al fiscal federal Juan Manuel Pettigiani. La recusación había sido formulada por organismos de derechos humanos locales luego del dictamen de Pettigiani que consideró delitos comunes y no de lesa humanidad a los secuestros y homicidios cometidos por la Concentración Nacionalista Universitaria de Mar del Plata desde mediados de 1974 hasta el golpe de Estado del 24 de marzo de 1976. La Cámara Federal de Apelaciones deberá designar ahora al fiscal que lo reemplazará en el caso.

Los mensajes y los silencios
Dos sentencias relevantes conocidas el mismo día. Las divisiones del tribunal, tribulaciones previas. Patti, un fallo sin fundamentos. Un debate público frustrado. Las dos caras de la privación del debido proceso. Cavilaciones sobre el mensaje de la Corte y su eventual recepción.

Por Mario Wainfeld
Las sentencias “divididas” de tribunales colegiados suelen atribular a los profanos. Las mayorías y minorías son comprensibles de pálpito en los Parlamentos, que expresan competencia y pluralidad de fuerzas. La función judicial, en cambio, es mayormente percibida como una tarea deductiva, la aplicación del derecho vigente (que se supone inequívoco) al caso concreto. Las disputas entre mayorías y minorías, posibles y hasta habituales, revelan cuánto hay de subjetivo y de interpretable a la hora de resolver, cuestión difícil de digerir para tantas personas de a pie. Y que a veces se escamotea en los debates entre elegidos, propensos a explicar sus elecciones (que combinan ideología y criterio de oportunidad) como un limpio silogismo.
Dos fallos divididos dictó la Corte en la semana, en asuntos conmocionantes para la opinión pública, Patti y Tejerina. Los cabildeos previos del tribunal no se conocen, en general. Es sensato que sea así aunque choque con reclamos entre pavotes y aviesos de plena transparencia de las actividades públicas. Los conciliábulos, los preacuerdos, la gestión de las diferencias en los tres poderes del Estado exigen instancias reservadas cuya frustración (cuya visibilidad prematura) impide la correcta elaboración de las decisiones. Claro que esa reserva está asediada por la búsqueda informativa de la prensa, ávida por anticipar cómo están las cosas. Como tantas veces ocurre con funcionarios del Ejecutivo, las autoridades de la Corte se mostraron en estos días demasiado quisquillosas porque se filtró información sobre sus discusiones. Demasiado molestas por una contingencia lógica (y hasta deseable) en un sistema democrático.
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Cuatro a tres, el punto pierde: Juan Carlos Maqueda fatigó los despachos de sus colegas supremos en pos de variar el 4 a 3 a favor de la reincorporación del represor a la Cámara de Diputados. Eugenio Raúl Zaffaroni los recorrió para conseguir una sentencia que aliviara el futuro de Tejerina.
El presidente del tribunal, Ricardo Lorenzetti, habilitó y quizás impulsó esas gestiones. También le cupo a Lorenzetti poner fin a las procuras de Maqueda y Zaffaroni. Y su voto fue decisivo para darle aire a Patti y resolver que Tejerina prolongara largamente sus cinco años cumplidos de cárcel.
Notas publicadas en este diario y en La Nación (medios de posiciones editoriales bien diversas) por cronistas usualmente bien informados anticipaban un voto diferente de Lorenzetti en el caso de la joven jujeña. El magistrado pensaba en acompañar la postura sostenida por Carlos Fayt y Zaffaroni, la inimputabilidad de la acusada. Cambió de parecer, algo totalmente posible en un cuerpo deliberativo. Prefirió desechar el recurso de la procesada por considerar que no reúne los requisitos que habilitan la competencia extraordinaria de la Corte.
La presentación conjunta de ambas decisiones, de obvia repercusión mediática, es también (aunque sea “tribunalísticamente correcto” negarlo) una señal de la Corte, cuyo presidente presta mucha atención a la opinión pública. Hace unos meses la Corte presentó en combo la declaración de inconstitucionalidad de los indultos y la sentencia que establecía que Antonio Domingo Bussi había sido excluido injustamente de la Cámara de Diputados. El mensaje, no de las sentencias pero sí de su difusión en el ágora, parecía ser ecuanimidad en materia de derechos humanos.
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Entreveros: La división de los Supremos en el caso Patti es atendible, habida cuenta de su complejidad, que se incrementa por lo novedoso de la situación. De movida, colisionan dos principios: el de la soberanía popular (que primó en la decisión) versus el del repudio legal y social a los criminales de lesa humanidad.
También chocan la Corte y la Cámara de Diputados interpretando al artículo 64 de la Constitución que otorga a ésta la condición de “juez de los derechos, elecciones y títulos de sus miembros en cuanto a su validez”. Para los jueces, esa facultad se constriñe a revisar la formalidad de los títulos. Los diputados, representantes de varias fuerzas políticas, creen que tienen incumbencias mucho mayores.
Cuando la Corte resolvió “Bussi” se produjo una formidable polémica en la que se expresaron políticos, juristas y comentaristas políticos. El nudo del criterio de la Corte de raigambre garantista era ser muy restrictivo, digámoslo en lenguaje sencillo: sólo se puede dar por hecho que un ciudadano es represor y por ende indigno de ser legislador si media sentencia en su contra. En su discurso, la mayoría ni siquiera registraba que durante décadas fue imposible perseguir esas condenas, se interpusieron la dictadura, su autoamnistía, las leyes de Obediencia debida y Punto Final y los indultos. Una memorable lucha popular fue removiendo esos obstáculos perversos, que fueron anulados por el Congreso y declarados inconstitucionales por la Corte. Medió pues un impedimento de hecho, ilegal, para ir en pos de esas sentencias.
Esa circunstancia, innegable y tremenda, agrega un nuevo brete a la decisión. ¿Cuánto debe pesar el contexto de impunidad que preservó injustamente a tantos criminales? Se consagra el noble derecho que tiene Patti al debido proceso legal. Las víctimas de sus tropelías fueron privadas del debido proceso legal durante décadas. Hay un conflicto de solución imperfecta ahí. Cualquier opción exige mucha letra escrita que la explique.
Los cortesanos dividieron sus criterios, dando cuenta de lo espinoso de la cuestión. Pero incurrieron en una gaffe frustrante. El tribunal no mencionó el marco histórico existente, que impuso de prepo años de privación de justicia. Una sentencia relevante no fue fundada, sino con una decepcionante remisión al precedente.
En su nota publicada sobre tablas este cronista escribió que “el supuesto apego a normas transformadas, manu militari, en letra muerta no es justicia, ni siquiera es legalidad. Es un ritualismo vano”. Algún protagonista le recriminó la frase. Una lectura ulterior lleva a admitir que es exagerada, se reescribe: el fallo es legal, no parece justo a este escriba.
Pero se insiste, la falta de fundamentación es un retroceso en el estilo de la actual integración del Tribunal que, más bien venía pecando por exceso de argumentaciones o de posturas que por un estridente silencio.
En una de las mejores intervenciones favorables a la decisión, de lectura recomendable, Gustavo Arballo en su blog Hacer derecho. comparte la frustración por la pereza de la Corte, Arballo explica que había buenas razones para “hacer un fallo en serio y no un asterisco que remitiera a otra sentencia”.
Los actos de gobierno, una sentencia lo es, deben ser fundados. La autoridad de una decisión de la Corte Suprema se resiente cuando el tribunal se hace el distraído sobre lo que se controvierte en la sociedad civil. No se trata de linchar o de renegar de la legalidad, sí de hacerse cargo de que la inteligibilidad de las sentencias es una obligación y no una potestad del tribunal.
En nuestro sistema político, el Judicial es el más aristocrático de los poderes, el único no supeditado jamás al voto popular. La Constitución ordena establecer el juicio por jurados, nuestra tradición política–forense burla esa regla desde hace más de 150 años. El esoterismo de la jerga forense aporta a la tendencia. El uso del nobiliario vocativo “Su Señoría” para designar a jueces de la República es una mala costumbre cotidiana. La Corte actual ha hecho algunos esfuerzos para hacerse accesible al vulgo, por comunicar más que anteriores cortesanos, por correr el velo de enigma y secreto, recurso eterno de minorías.
El desdén a los discursos y debates que motivó el caso Patti es un flojo mensaje republicano, un salto de cangrejo hacia atrás, allende lo que se piense del fondo de la sentencia.
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Where is Camaño? El diputado Dante Camaño, que ingresó en reemplazo de Patti, es una figura menor en la charada que detona la sentencia de la Corte. El hombre optó por la invisibilidad, su voz no se pudo oír. No parece que pueda ser removido.
La jueza Carmen Argibay hizo declaraciones periodísticas acerca de lo que podría caberle al Congreso a futuro. Bueno es que los jueces no se encierren en tribunales y comuniquen a la sociedad vía los medios, pero es cabal que sus comentarios carecen de todo efecto institucional. Se ha urdido un desaguisado. Hubiera sido aconsejable, como dice el jurista y sociólogo Roberto Gargarella, que la Corte “tratara los problemas sustantivos que ella contribuyó a crear”.
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La soberanía del receptor: Las sentencias, en buena hora, forman parte del menú de discusión de los ciudadanos. Todo poder del Estado, todo protagonista, es un emisor de información. Ese menester puede embriagarlos, haciéndolos caer en la ingenuidad de creer que ellos dominan la interpretación de sus mensajes.
Una fuente del tribunal comentó a este diario y otros que, respecto de Tejerina, “no se quiso dar a la sociedad el mensaje de que cualquier madre que matara a su hijo viniera (a la Corte) en recurso extraordinario”. El argumento acepta, cuanto menos, dos refutaciones. La primera es que es (por decirlo con un eufemismo) dudoso que cualquier mujer que atraviese las terribles circunstancias que rodearon a Tejerina esté maquinando qué decidirá la Justicia años después.
Por otra parte, la utilidad o ejemplaridad de la sanción penal (su impacto en la conducta de las personas) es un tema muy peliagudo, merece un abordaje más riguroso. Quien quiera acceder a una mirada escéptica, accesible y brillante puede leer a Zaffaroni en el blog No hay derecho.
Pero, esencialmente, la ecuación de la comunicación no se cierra en el emisor por precisas y respetables que sean sus intenciones. Recala en el receptor, soberano e imprevisible, que acostumbra decodificar los mensajes con sus propios recursos.
Ninguna sociedad es uniforme y habrá lecturas variadas sobre los fallos, conocidos en un mismo día, que dejaron en la cárcel a una mujer que ya lleva cinco años allí y le dieron ínfulas a Luis Patti.

LA CORTE SE ACERCA A UN FALLO SOBRE ADN COMPULSIVO
Pruebas de sangre
El consenso es difícil pero cerraría en permitir los análisis por orden judicial para establecer la identidad de apropiados pero no para punir a apropiadores. La alternativa del allanamiento.


Por Irina Hauser
Hasta hace algunos días la Corte Suprema evaluaba llevar a una audiencia pública el debate sobre la legalidad de la extracción compulsiva de sangre para determinar la identidad de posibles hijos de desaparecidos que fueron apropiados. Al final, esta semana el tema fue excluido de la agenda de sesiones orales del tribunal y esto se debe, en parte, a que no estaría tan lejos de poder firmar un fallo para resolverlo. En la discusión interna entre Sus Señorías –reñida, por cierto– ya habría una mayoría con posturas variadas pero coincidencia en un punto central: rechazar los estudios sanguíneos de ADN cuando el propósito es utilizarlos como prueba capaz de incriminar a los apropiadores.
Si esta conclusión prospera, la Corte revocaría entonces un fallo de la Sala II de la Cámara Federal que en febrero de 2002 le ordenó a Emiliano Prieto, posible hijo de desaparecidos, que se presentara en el Banco Nacional de Datos Genéticos del Hospital Durand para una extracción de sangre que permitiría conocer su ADN. Tal como está hasta ahora, el posible fallo supremo abordará la cuestión de las tomas de sangre. Una variante que analizan los jueces supremos sería decir que este tipo de pruebas sólo se podría admitir con el fin de garantizar el derecho a la verdad. Aunque no necesariamente lo analice en detalle en esta oportunidad, la Corte podría dejar abierta la posibilidad de que se apliquen los análisis alternativos que comenzaron a realizarse en 2005 –no hace tanto– en los casos de apropiación de menores y ahora permiten obtener material genético de pelos, ropa y cepillos de dientes a través de allanamientos.
Emiliano Prieto fue criado por Guillermo Antonio Prieto, un suboficial de la Marina en actividad en la última dictadura, y su esposa Emma. El matrimonio inscribió a dos niños como hijos biológicos: Emiliano, del 6 de agosto de 1978, y Guillermo Gabriel, del 1 de junio de 1976. Las Abuelas de Plaza de Mayo creen que nacieron en cautiverio durante el terrorismo de Estado. Ambos figuran como nacidos en un domicilio particular. El certificado, así como sus documentos de identidad, serían falsos.
A Emiliano, la Justicia le ordenó la primera extracción compulsiva de sangre en febrero de 2000. El se negó y tras sucesivas apelaciones su expediente llegó a la Corte. El joven planteó que ese estudio viola sus derechos de “intimidad, integridad física, psíquica y moral, a la dignidad, a la vida privada y a gozar de los derechos civiles”.
Con argumentos similares, Evelyn Vázquez Ferrá se resistía en 2003 a someterse al test de sangre para conocer su verdadera identidad. No quería, además, que el resultado sirviera como prueba que comprometiera penalmente a sus apropiadores. Aquel año la Corte Suprema –en su antigua composición– le dio la razón a la joven, privilegiando el derecho a la intimidad. “Si ella no quiere conocer su identidad, el Estado no puede obligarla a investigarla”, decía el fallo.
La Corte actual tiene que decidir, en definitiva, si mantiene o cambia aquella doctrina. El procurador general, Esteban Righi, dictaminó que “la toma compulsiva de una muestra de sangre en el marco de un proceso penal, no es incompatible con el respeto de los derechos constitucionales”. Puntualiza que la prueba de ADN no sólo es imprescindible para conocer la identidad biológica, sino una prueba frente a un posible caso de desaparición forzada. Su opinión, no obstante, no es vinculante.
Las posiciones en la Corte son intrincadas. Hasta ahora, Enrique Petracchi y Carlos Fayt se opondrían a la extracción compulsiva, como ya lo hicieron en el caso “Vázquez Ferrá”. Raúl Zaffaroni sólo avalaría la prueba de sangre si el fin es el esclarecimiento de la verdad de lo ocurrido, pero no como evidencia penal contra, por ejemplo, los apropiadores. En esencia, entonces, la rechazaría. Ricardo Lorenzetti –todo indica– podría apoyar esta idea. Juan Carlos Maqueda mantendría sus argumentos de hace cinco años a favor del estudio compulsivo y lo acompañaría Elena Highton de Nolasco. Carmen Argibay todavía tendría pendiente armar su voto.
Así estaban los tantos hacia fines de esta semana, según pudo confirmar Página/12, a través de fuentes calificadas del tribunal. Claro que los debates a puertas cerradas de los jueces supremos son muy dinámicos, en este caso circulan ideas con muchos matices, y todo puede cambiar, como pasó en cuestión de días –de hecho– en la causa donde se analizaba la condena de Romina Tejerina por el asesinato de su beba recién nacida.
Uno de los expedientes en los que la Corte podría evaluar la cuestión de los estudios genéticos alternativos para acceder a muestras de ADN es el del hermano de Emiliano Prieto, Guillermo (h.), que incluso ya tuvo un mayor avance. La jueza María Romilda Servini de Cubría llevó a cabo un allanamiento en la casa del joven y se llevó material para analizar el ADN. En el expediente constan importantes indicios de que sería hijo de María Ester Peralta y Oscar Alfredo Zalazar, secuestrado el 29 de abril de 1976. Ella estaba embarazada y sigue desaparecida. El apareció muerto el 6 de mayo de aquel año en un supuesto enfrentamiento.
Ante la apelación del chico, la Sala I de la Cámara Federal consideró que con los allanamientos no hay violación a la intimidad. Destacó que debe prevalecer el derecho “de los familiares de los niños sustraídos a sus padres asesinados durante la última dictadura militar”.
La decisión suprema de no llevar el caso Prieto a una audiencia pública no sólo tiene que ver con que la discusión interna estaría bastante madura. También responde a un planteo que hizo Argibay a sus colegas, y que ellos aceptaron: a simple vista parecería un contrasentido llevar a una sesión pública un expediente en el que se debate el derecho a la intimidad.
Por otra parte, mientras sólo avancen con la causa sobre extracción de sangre, rechazándola, los jueces supremos no necesitarían expedirse sobre una discusión de fondo, sustancial y sensible: si los resultados de los análisis se deben comparar con todos los datos del banco genético o sólo con algunos de ellos, como han planteado los hijos adoptivos de la directora de Clarín, Ernestina Herrera de Noble, otro caso en el que deberá opinar la propia Corte. Marcela y Felipe Noble aceptan sacarse sangre siempre y cuando sea sólo para contrastar su ADN con el de las familias querellantes. De lo contrario, se niegan. En diciembre del año pasado la Cámara de Casación Penal les admitió ese planteo. Y la semana pasada llegó a la Corte.

EL CAPITAN DE NAVIO AUMANN, QUE ENSEÑA EN LA ESCUELA DE GUERRA DE LA ARMADA
Pando ya un tiene profesor en actividad
Cecilia Pando viene redoblando sus “denuncias” contra los juicios a los represores. Se rodea de otras esposas militares y de retirados. Uno de ellos no lo está tanto: fue recontratado como docente, a sueldo completo.



Pando en acción: uno de sus militantes regulares es el capitán Ricardo Aumann, profesor naval.
Imagen: Gustavo Mujica
Subnotas
Celulares sindicalizados


Por Nora Veiras
La lobbysta castrense Cecilia Pando activó su militancia desde que se reanudaron los juicios a los represores. Su nueva táctica es disputar el espacio de la Plaza de Mayo erigido por las Madres en símbolo de la lucha contra el terrorismo de Estado desde que el propio Jorge Rafael Videla usurpaba la Casa Rosada. Cada martes al atardecer una columna de la familia militar se dedica a pintar las baldosas reclamando justicia por los “muertos por la subversión” y bramar por la libertad de “los presos políticos” (sic). Entre una mayoría de esposas e hijas se suele ver también a oficiales retirados. El capitán de navío Ricardo Horacio Aumann, integrante del cuerpo de comando, es uno de los habitués a esas ceremonias. En los hechos, el marino está lejos de haber abandonado la actividad: es profesor en la Escuela de Guerra de la Armada. En su carácter de retirado en servicio, es decir recontratado, se dedica a formar a los oficiales que en democracia aspiran a la máxima jerarquía de la carrera militar.
El status de retirado en servicio es el atajo al que apelan las distintas fuerzas armadas para que los oficiales amigos puedan seguir cobrando el sueldo como si estuvieran activos. En la Marina, los conocedores de esos vericuetos burocrático-ideológicos aseguran que son alrededor de doscientos los uniformados que salieron por una puerta como retirados y al día siguiente fueron contratados. Muchos de ellos pertenecen a las promociones del jefe de la fuerza, almirante Jorge Godoy y del jefe de Personal, almirante Enrique Salvador Olmedo.
En los últimos meses, Página/12 reveló el caso del contraalmirante Roberto Pertusio, contratado como asesor permanente del Centro de Estudios Estratégicos –que preside Godoy–, mientras cumplía prisión domiciliaria por homicidios y secuestros durante la última dictadura. Pertusio fue profesor en la Escuela de Guerra hasta 2003. En 2006, fue detenido como uno de los responsables del centro clandestino que funcionó en la Base Naval de Mar del Plata. A principios de marzo, fue trasladado a la prisión de Marcos Paz al serle revocado el beneficio de la prisión domiciliaria.
También eran retirados en servicio la mayoría de los oficiales-abogados destinados en el conocido Grupo de Contención dedicado a asesorar y apoyar legalmente a los camaradas involucrados en delitos de lesa humanidad. Ahora aparece Aumann, formador de las camadas que aspiran al Estado Mayor de la Armada y activo participante de las huestes de la esposa del mayor del Ejército, Rafael Mercado.
Pando cobró notoriedad a partir de la defensa del ex arzobispo castrense Antonio Baseotto y se transformó en el mascarón de proa de los sectores opositores al juzgamiento de los responsables del terrorismo de Estado. Pero no sólo eso: ella y su tropa aparecieron brindando apoyo y compañía al ex capellán de la Policía Bonaerense Christian von Wernich, asesor espiritual de Ramón Camps, condenado a cadena perpetua por su anuencia a secuestros, torturas y desapariciones. También se movilizaron a Corrientes para repudiar el juzgamiento de los oficiales del Ejército acusados de delitos de lesa humanidad y hace apenas diez días se movilizaron a Comodoro Py para solidarizarse con el militar que entregó a la hija de desaparecidos María Eugenia Sampallo a sus apropiadores.
Nuevas reglas
El Ministerio de Defensa viene tratando de limitar la arbitrariedad de los jefes de la Armada, el Ejército y la Fuerza Aérea para recontratar a retirados. El artículo 62 de la Ley 19.101 para el Personal Militar, sancionada en 1971, permite que un oficial retirado sea reincorporado por el jefe del Estado Mayor de su Fuerza para cubrir vacantes. En febrero de 2007, la ministra Nilda Garré había firmado la resolución 216 en la que disponía que las solicitudes de alta y cese del personal militar en situación de retiro fueran puestas a consideración de la cartera a su cargo. A partir de esa norma cada solicitud debió ser acompañada por el legajo del agente, datos con el grado alcanzado y motivo del retiro, además de un informe elaborado por el jefe de la fuerza.
El marcado de territorio pareció no ser suficiente a la luz de lo sucedido con Pertusio y el Grupo de Contención. A fines de marzo pasado, una nueva resolución (288) estableció puntualmente que el proceso de designación del personal militar retirado para cubrir vacantes debe extenderse “cualquiera sea la naturaleza modalidad o título del vínculo bajo el cual se establece la relación entre la Institución y dicha persona, con independencia de que el carácter del vínculo sea o no remunerado” e instruye a los jefes de las FF.AA. para que procedan a la revisión de todas las designaciones vigentes del personal militar en situación de retiro o de baja hasta tanto se dé cumplimiento a estas nuevas disposiciones.
“Se debe asegurar que el personal militar en situación de retiro o baja que ejerce funciones en las dependencias a cargo de las Fuerzas Armadas sea idóneo y se ajuste a criterios y consideraciones de carácter profesional y ético para la función”, advierten los fundamentos de la resolución.
El revuelo en las Fuerzas Armadas por la orden de revisar y someter a consideración de la cartera política todas las recontrataciones es inocultable. Hasta ahora, paradójicamente, las funciones docentes eran uno de los atajos para contratar sin mayores requisitos a oficiales de dudosa o nula autocrítica sobre las atrocidades del terrorismo de Estado. Habrá que ver qué pasa con el activo capitán de navío retirado Aumann.

El fin de los centros
El Ministerio de Defensa ordenó al Ejército y a la Marina que desactiven los llamados Centros de Estudios Estratégicos. En la Armada, ese lugar funcionaba como una de las principales fuentes de conchabo para retirados. Alrededor de noventa altos oficiales recalaban en ese destino. “Están tratando de bypassear la decisión de Garré”, comentó a Página/12 un marino. El neologismo se explica en que desde la conducción están promoviendo la apertura de vacantes para reciclar a esos noventa oficiales en la Dirección de Educación Naval, en la Escuela de Guerra Naval, en la Subsecretaría de Intereses Marítimos y también en la Liga Naval, en el Instituto Storni y en otras organizaciones no gubernamentales ligadas al mar.




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