viernes, 4 de abril de 2008









A UN AÑO DEL FUSILAMIENTO DE CARLOS FUENTEALBA




A la Comunidad Educativa, Organismos de DDHH,organizaciones sociales y sindicales, partidos polìticos, vecinos : Los invitamos a participar del Acto y Marcha que se realizarà el dìa viernes 4 de Abril a las 18 hs. en San Martìn y Mitre a UN AÑO DEL ASESINATO DEL MAESTRO CARLOS FUENTEALBA, para pedir juicio y catigo a los responsables materiales e ideològicos de su muerte.
Convocan Agrupación Violeta , Agrupaciòn Azul y Blanca de SUTEBA, Lista LILA de CTERA, docentes independientes.





HOY SE CONOCE EL FALLO EN EL PRIMER JUICIO INICIADO POR UNA NIETA RESTITUIDA
La sentencia por la apropiación
El Tribunal Oral Federal Nº 5 dará a conocer la condena a los apropiadores de María Eugenia Sampallo Barragán. La querella y la fiscalía pidieron 25 años de prisión para el capitán retirado Berthier y el ex matrimonio de Osvaldo Rivas y María Cristina Gómez Pinto.



María Eugenia Sampallo junto a la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto.
Imagen: Rafael Yohai

Por Laura Vales
El Tribunal Oral Federal Nº 5 dará a conocer hoy la sentencia en el juicio por la apropiación de María Eugenia Sampallo Barragán. Los acusados son el capitán retirado del Ejército Enrique Berthier y el ex matrimonio formado por Osvaldo Rivas y María Cristina Gómez Pinto: el militar fue quien entregó a María Eugenia a la pareja, que la crió como si fuera propia. La joven recuperó la identidad en 2001 y es la primera nieta restituida en querellar a sus apropiadores.
Ayer en los tribunales de Comodoro Py se realizó la última audiencia del proceso, en la que el fiscal Félix Croux formuló su réplica. Croux pidió al tribunal que “cambie el rumbo” y condene con mayores penas los casos de robos de bebés. “La Justicia ha sido muy piadosa”, dijo, al plantear la tendencia de los jueces a encontrar atenuantes para quienes se apropiaron de hijos de desaparecidos.
El primero de estos juicios fue el caso de Martín D’Elía, en 1998, cuando la Justicia condenó a la apropiadora Marta Elvira Leira a tres años en suspenso. En el juicio por Claudia Victoria Poblete, Ceferino Landa recibió una sentencia de 9 años y medio de prisión, mientras que su esposa Mercedes Moreira recibió cinco años y medio. El ex subcomisario Samuel Miara tuvo una pena de doce años por los mellizos Matías y Gonzalo Reggiardo Tolosa, aun cuando el represor se había fugado a Paraguay. Para el ex agente de la SIDE Eduardo Ruffo la condena fue de seis años y medio y su esposa fue eximida por la apropiación de Carla Rutilo Artés.
En este proceso, tanto la querella como la fiscalía han pedido el máximo de la pena posible: 25 años de prisión. Los tres imputados están acusados por los delitos de retención y ocultamiento de una menor de diez años, alteración del estado civil y falsedad ideológica de documento público. Los acusadores han señalado, además, que los delitos que se les imputan a los procesados son de lesa humanidad.
María Eugenia es hija de Mirta Barragán y Leonardo Sampallo, secuestrados por la dictadura en diciembre de 1977. Mirta estaba embarazada de seis meses; la llevaron al centro clandestino de detención Club Atlético y luego a El Banco, de donde la sacaron en febrero del ’78 para que diera a luz. Se cree que María Eugenia nació en el Hospital Militar. El capitán Berthier la entregó en mayo del ’78 a Osvaldo Rivas quien, usando un certificado de parto falso expedido por el médico militar Julio César Cáceres Monié, la inscribió como propia.
Los apropiadores le revelaron a María Eugenia, cuando tenía siete años, que no era su hija, pero le ocultaron su origen, dándole diferentes versiones sobre su filiación. Le dijeron que era hija de un matrimonio muerto en un accidente de tránsito, luego de que su madre había sido una empleada doméstica de la casa de los padres de Rivas o una azafata que vivía en Europa. Durante el proceso judicial, ella contó los malos tratos que sufrió durante su infancia, especialmente de parte de su apropiadora. La joven se reencontró con su abuela en 2001; supo así que su familia la había buscado durante veinticuatro años. Uno de los argumentos en los que hizo eje la querella fue que los apropiadores la privaron de esos vínculos.
Los abogados de los acusados han pedido su absolución. Sostienen que los delitos prescribieron y han tratado de mostrar a Rivas y Gómez Pinto como una pareja que le dio a María Eugenia lo que no hubiera tenido. En el alegato dijeron que “recibió todas las vacunas” y “estudió idiomas”. La joven ha pedido a los medios que no llamen “padres adoptivos” a los apropiadores. “La pregunta es si una persona que robó a un recién nacido, que le ocultó que fue robado, que tal vez secuestró y torturó a sus padres, que lo separó de su familia a conciencia puede saber y sentir qué es el amor filial. Yo respondo que no, que el vínculo con este tipo de personas queda determinado por la crueldad y la perversión.”




INTERPOL DETUVO AL JEFE DE GUARDIA DE LA ESCUELITA, EL CENTRO CLANDESTINO DE BAHIA BLANCA
“Laucha” Corres quedó en la jaula
Durante un año y medio consiguió burlar a la Justicia. Pero Interpol lo atrapó ayer al mediodía. “Laucha” Corres administró la picana en el centro clandestino La Escuelita, de Bahía Blanca, según declaraciones de los sobrevivientes.



El represor Julián Oscar Corres durante su declaración en el Juicio por la Verdad bahiense.


Por Diego Martínez
Luego de burlar con éxito a la Justicia y a las fuerzas de seguridad durante un año y medio, Interpol detuvo ayer al mediodía al teniente coronel retirado Julián Oscar Corres, “jefe de guardias” del centro clandestino La Escuelita de Bahía Blanca, según admitió ante la Justicia, y administrador de la picana eléctrica bajo el alias Laucha, según declaraciones de sobrevivientes que recién en 1999 conocieron la identidad del torturador. Una denuncia de Corres ante la Cámara de Casación logró en el año 2000 interrumpir para siempre el Juicio por la Verdad bahiense.
“Todos eran jodidos pero él además gozaba. Después de las sesiones de tortura se acercaba, se identificaba como Laucha y decía ‘me calentás, ahora voy a tocarte’”, relató Patricia Chabat durante el Juicio por la Verdad. Cuando Corres admitió que usaba ese apodo, Chabat confesó que hacía veinte años quería ver “si tiene ojos y manos como cualquier ser humano” y dio el visto bueno para enfrentarlo en un careo. La mujer no le sacó la vista de encima. Corres no pudo mirarla más de dos segundos. “Hago uso de mi derecho, me abstengo de declarar”, dijo impávido y se retiró insultado. “Tengo una sensación extraña –contó ayer Chabat a Página/12–. No estoy contenta, no es la palabra. Espero que lo indaguen, que lo juzguen con todas las garantías y que no le joda la vida a nadie más. Es joven, al menos no tendrá prisión domiciliaria”, agregó.
Cordobés, rubio, tez blanca, ojos claros, clase 1952, Corres egresó del Colegio Militar a fines de 1974, con especialización en inteligencia. Fue destinado al Regimiento de Infantería de Montaña 21 en Las Lajas. Luego de una comisión en Tucumán, en octubre de 1975 llegó con el grado de subteniente al Cuerpo V bahiense. Fue destinado al Departamento II Inteligencia que encabezaba el coronel Aldo Mario Alvarez (el prófugo de la Justicia con agencia de seguridad propia que denunció Página/12), secundado por el teniente coronel Walter Bartolomé Tejada y el mayor Osvaldo Lucio Sierra, ambos libres e impunes.
Su primera misión fue infiltrarse entre los estudiantes de la Universidad Nacional del Sur, copada desde febrero de 1975 por los matones del diputado Rodolfo Ponce contratados como “personal de seguridad” por el interventor Remus Tetu. Para cumplir la misión guardó el uniforme, compró varios jeans, se dejó crecer la melena y los bigotes, aunque nunca perdió el corte militar. Los asesinatos de la Triple A de Bahía Blanca, con consentimiento cuando no participación de militar, siguen impunes.
El ginecólogo Alberto Taranto, ex oficial de reserva castigado con cinco días de arresto por negarse a atender enfermos en La Escuelita, contó ante la Justicia una anécdota que pinta al personaje. Frente al cadáver desnudo y ametrallado de una mujer joven asesinada en un tiroteo fraguado después de semanas de cautiverio, abandonado el cuerpo en una bañera del Hospital Militar, Corres le preguntó: “¿Qué te parece de atrás? Yo salí con ella cuando me infiltré en la UNS”.
Oscar Meilán nunca olvidará la voz ronca del suboficial Santiago Cruciani (el Tío, interrogador oficial, muerto sin condena) ordenando “¡Dale de nuevo, Laucha!”. Luego la picana eléctrica sobre el cuerpo desnudo, vendado, atado de pies y manos. Siempre nervioso, charlatán, altanero, Corres contaba orgulloso a compañeros y colimbas que era chofer en los operativos por su habilidad al volante. También participaba en los secuestros. Por un operativo frustrado, en el que no lograron capturar con vida a una pareja de militantes Montoneros, fue condecorado por su “heroico valor en combate”. Algunos sobrevivientes también lo recuerdan en la cárcel de Villa Floresta, ya blanqueados, cuando llegaba con alguna pregunta a partir de datos nuevos. A fines de 1976 fue destinado al Regimiento de Infantería 19 en Tucumán, donde actuó como “jefe de sección, en operativos”, admitió. La Justicia tucumana nunca lo investigó.
Cuando la Cámara Federal de Bahía Blanca lo citó al Juicio por la Verdad, Corres se negó. Invocó la protección constitucional contra la autoincriminación. No se le ocurrió ninguna excusa cuando la Cámara le respondió que sólo estaba citado como testigo. En la audiencia del 13 de diciembre de 1999 admitió bajo juramento que había sido “jefe de guardias” de La Escuelita, que se hacía llamar Laucha y dependía “del coronel Alvarez”. Contó que “en La Escuelita no se usaba uniforme”, que el movimiento de secuestrados, vendados y esposados era constante. Negó haber participado de interrogatorios y dijo ignorar hacia dónde eran trasladados quienes salían de allí. “El Tío entraba y me los señalaba”, dijo. Cuando la abogada Mirta Mántaras en nombre de la APDH de Bahía Blanca pidió que se lo procesara por falso testimonio, Corres recurrió a la Cámara de Casación Penal, que utilizó la denuncia como pretexto para apoderarse del expediente y paralizar el Juicio por la Verdad.
El 14 de enero, Página/12 informó que la cantidad de prófugos y fallecidos impunes en la causa que instruye el juez federal Alcindo Alvarez Canale superaba a la de imputados. Dos de los cuatro prófugos mencionados ya se entregaron: los tenientes coroneles Jorge Aníbal Masson y Miguel Angel García Moreno. El primero ya fue indagado y aún no se resolvió su situación procesal. Ayer a las 12.50 Interpol encontró a Corres. Salía de un edificio en Córdoba y Uruguay. Sigue prófugo el jefe de inteligencia dueño de la agencia Alsina SRL, coronel Aldo Alvarez.



Corrientes: Jornada 19ª de la Causa RI9. Almada "estamos en garras del Cóndor"

"Estamos en garras del Cóndor"
Dr. Martín Almada
La jornada 19ª de la "Causa RI9" contó con testimonios de la querella, que cualitativamente colmaron las expectativas de la sala pese a que de cinco testigos, solo dos pudieron asistir. Uno falleció, el ex-policía de Empedrado que trasladó el cuerpo de Rómulo Artieda, y los restantes (testigos de la defensa) tenían domicilios inexistentes.El primero fue Martín Almada, abogado de 70 años, oriundo de la hermana República del Paraguay, contratado en numerosas oportunidades por la ONU y "Premio Nóbel Alternativo por la Paz", distinción que se entrega desde 1980 gracias al filatelista Jakob von Uexkull, y se presenta anualmente en el Parlamento Sueco, el 9 de diciembre, para homenajear y apoyar a aquellas personas que "trabajan en la búsqueda y aplicación de soluciones para los cambios más urgentes que necesita el mundo actual". Fue quién encontró los "Archivos del Terror", miles de documentos oficiales que demuestran la coordinación de las dictaduras militares en lo que se denominó el "Plan Cóndor", lo que el Coronel Ballester define como aquel acuerdo donde se intercambiaban prisioneros, información y se utilizaban sicarios para asesinar a opositores a estos regímenes, cualquiera sea el país del cono sur o el mundo donde se encuentren, como el caso del General chileno Prats.Almada hace amistad en el Paraguay dictatorial con el embajador argentino Blas Benjamín de la Vega, y en función de esa amistad que él y un grupo de jóvenes entablan con el embajador, es que deciden dedicarle una serenata para demostrarle la hospitalidad paraguaya. Como la dictadura de Stroessner no veía con buenos ojos, y de hecho lo prohibía expresamente, que mas de tres personas se reúnan a altas horas de la noche, los detienen. Marco Aurelio Lobos, un Coronel argentino haría gestiones para liberarlos, lo que se hace efectivo.Un tiempo después, un sacerdote amigo le regaló "Pedagogía del oprimido" de Paulo Freire y él lo discutió con sus alumnos, ya que le pareció un libro sumamente interesante. Hoy, este y otros trabajos de Freire son de lectura obligatoria en las ciencias sociales, pero en aquél entonces era "material subversivo" y lo vuelven a detener. "Ese fue mi segundo pecado" dice con amargura.Viene a la Argentina a hacer un doctorado en la Universidad de la Plata y en el año 1974 lo secuestran y ponen a disposición de un Tribunal compuesto por militares de alto rango del cono sur. Fue salvajemente torturado por estos elegantes militares, uno de ellos un chileno, y un argentino que lo interrogan durante un mes acerca de sus vinculaciones "subversivas" en Chile y La Plata.Un día cae detenido y lo alojan con él, un Comisario paraguayo, que había cometido el "delito" de tener un hijo militando en el Centro de Estudiantes de la Universidad donde estudió Almada, y no haber denunciado ese hecho ante las autoridades locales. Aprovecha la presencia de éste Comisario, que no puede ignorar lo que estaba pasando, o al menos, tendría mas información que él. Después de todo no lo iba a abrumar con preguntas, ya que solo quería saber dos cosas: porqué habían asesinado a su esposa y porqué lo habían torturado. No puede evitar emocionarse cuando recuerda esto y su voz se quiebra.El Comisario le dice que "estamos en las garras del Cóndor" y le describe sucintamente de qué se trata. "Cuando me detienen me ponen en una celda del Partido Comunista Paraguayo, pese a que yo no soy comunista, y en la celda contigua estaba un abogado argentino muy torturado, el Dr. Amílcar Santucho. De sus labios escucha por segunda vez la palabra "Cóndor".Un tiempo después, una médica paraguaya que se había radicado en Argentina es trasladada al Paraguay y torturada, escucha allí por tercera vez la palabra "Cóndor". " Yo me enteré del Cóndor en el vientre del Cóndor" concluye.Ofrece al Tribunal incorporar copias certificadas de los "Archivos del Terror", que posee listas de argentinos torturados en Paraguay y documentación referida a los operativos de "acción cívica" denominados "Toba I", "Toba II" y "Toba III", que hacía el Ejército en el interior de Corrientes, con el objetivo de detener opositores a la dictadura, actividad que se enmascaraba en campañas que al decir de Romeo Bin estaban "destinadas a acercar las FFAA al pueblo, pintando escuelas e instituciones de bien público" . La verdadera naturaleza de estos operativos, una de cuyas víctimas fue Gladis Hanke, conocida sindicalista docente, está descripta en estos archivos que fueron encontrados por Almada en una alejada Comisaría en las afueras de Asunción, en ocasión de gestionar un "Hábeas Data" (recurso habilitado tras la reforma constitucional paraguaya, y que se trata del derecho a reclamar la información que el Estado tiene del ciudadano peticionante). Denuncia luego la clara relación entre el gobierno norteamericano, a través de la CIA y la gestión de Henry Kissinger con el "Plan Cóndor", el desaguisado a través del cual las FFAA sudamericanas, resignan su rol de garantes de la seguridad y soberanía propias, para pasar a considerar como sus enemigos al ciudadano de su propio país, en salvaguarda de los intereses norteamericanos.
"Los dorados tienen hambre"
Arturo Hellman cierra esta atípica pero interesante jornada 19ª, y cuenta que fue detenido el 24 de noviembre de 1975 en un operativo encabezado por Barreiro. Lo llevan de su casa al ex-Regimiento de Infantería 9 con asiento en Corrientes, más conocido en nuestros días por las siglas "RI9". Lo trasladan a la Jefatura de Policía donde es torturado por corriente eléctrica (picana) y se le efectúa simulacros de fusilamientos. Le preguntan por sus compañeros que militaban con él en la lista "Azul y Blanca" de la JP. Otra noche lo llevan a una piecita del primer piso de la Jefatura y no lo picanean, solo recibe golpes de puño y una voz aporteñada le hace las mismas preguntas, aunque con tono mas amable que el anterior. "Me dice que hable o que me llevarían a dar un paseo por el río porque los dorados tenían hambre"."Mi padre fue llevado también a la Jefatura", dijo, "y me preguntó si me habían golpeado". Él le dijo que no, aunque eran claramente visibles sus golpes, y su padre le contestó lo mismo ante su requisitoria. Los dos sabían que mentían, pero también sabían que los animaba el amor mutuo en esa "falta". Arturo, que en ese momento tenía 18 años y 55 kilos, reconoce entre los que lo torturan, al mismo que lo levantó en su casa: el inefable Barreiro.El Dr. Vigay, abogado de la Comisión de DDHH de Corrientes, le pregunta si su familia hizo gestiones para obtener su liberación, a lo que responde que sí, que su familia y él mismo son profundamente religiosos, su formación fue salesiana e incluso en aquél tiempo dudaba si sería abogado o sacerdote, por lo que su madre recurrió a la Iglesia. Concretamente habló con el padre Jorge del Instituto Pío XI donde había estudiado, quién a su vez le aconsejó hablar con Monseñor Vicentín, quién hizo gestiones para que pudiera reunirse con un oficial del Ejército. Él le dijo que "los curas no tienen poder acá" y "somos nosotros quienes decidimos por la vida y la muerte de los detenidos".Menciona a otros compañeros que habían sido torturados con él en la Jefatura, por personal del Ejército, y recuerda que entre las 17 y las 19 hs. se vivía con mucha ansiedad, porque no sabíamos quién iba a ser torturado ese día.Arturo fue obligado a firmar una declaración en Gendarmería, a mediados de diciembre del "75 y es llevado al Juzgado Federal donde le leen la misma declaración que hiciera en Gendarmería, él la firmó sin más. Eso le permitió salvar su vida y ser "blanqueado", tal como solicitaban los militantes del Centro de Estudiantes, conducido en esa oportunidad por Franja Morada. El Dr. Buompadre, abogado de Barreiro, solicita que se incorpore el acta de allanamiento que culminó con su detención, y pide que se lea la fecha: se trata del 24 de noviembre, tal cual había afirmado Arturo.

Lo que antecede no es un comunicado de prensa de la Comisión de Derechos Humanos de Corrientes, sino la difusión de una nota de su portal de noticias (http://www.cpdhcorrientes.com.ar/). Se autoriza su libre difusión parcial o total. Si no desea seguir recibiendo estas noticias responda este mail modificando el asunto por "desuscribirme".




EL REPRESOR CAVALLO AMPLIO SU DECLARACION INDAGATORIA
Sérpico volvió a negar todo

Ricardo Miguel Cavallo fue trasladado ayer al Juzgado federal Nº 12. El represor detenido revisó la documentación que hay en el expediente judicial como prueba en su contra y se llevó fotocopias de esos papeles.
La audiencia constituyó una ampliación de declaración indagatoria, en la cual Cavallo “ratificó que niega su participación en los hechos que se le imputan y que no conoce a las personas que aparecen mencionadas como presuntas víctimas”. Este capitán de corbeta retirado de la Armada, de 58 años, regresó al país extraditado desde España el lunes pasado para rendir cuentas por los crímenes de lesa humanidad que se le imputan por su actuación en el centro clandestino de detención que funcionó en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA).
Cavallo cumple prisión preventiva en la cárcel de Marcos Paz, donde hay un pabellón denominado “de lesa humanidad” que alberga a militares, policías y a un cura, todos acusados de graves violaciones a los derechos humanos en la dictadura. Sobre Cavallo pesan acusaciones por su presunta participación en el secuestro y desaparición de las monjas francesas Alice Domon y Leonie Duquet, del escritor y periodista Rodolfo Walsh y de la fundadora de Madres de Plaza de Mayo Azucena Villaflor de De Vicenti.
El represor perteneció al sector de operaciones del Grupo de Tareas 3.3.2, donde las víctimas lo conocían como “Sérpico”, porque solía infiltrarse entre grupos de universitarios con militancia política y estudiantil. Sérpico nunca fue juzgado antes en la Argentina al amparo de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, ya declaradas nulas. Pero su suerte cambió el 24 de agosto de 2000, cuando el periodista argentino José Vales, del diario mexicano Reforma, destapó el historial de Cavallo y el ex marino fue detenido en Cancún mientras intentaba huir en vuelo hacia Buenos Aires.



El cinismo del Tigre




El ex capitán de la Armada Jorge “el Tigre” Acosta, procesado como supuesto jefe de los torturadores que actuaron durante la dictadura en el centro clandestino de la ESMA, afirmó a través de una carta que su reclusión en la cárcel de Marcos Paz le causa “efectos psicofísicos” que “me suenan a tormentos”, según se informó ayer en los Tribunales. El marino cumple prisión preventiva en el sector de ese penal federal reservado para represores procesados. Acosta se quejó de que su situación procesal representa una “persecución terrorista del Estado por medios gramscianos” y responsabilizó a “los terroristas que gestionan desde el gobierno nacional”. De acuerdo con testimonios de sobrevivientes de la ESMA, Acosta solía jactarse delante de ellos de “ser Dios” porque –decía– “yo decido quién se va al cielo”, alusión a los vuelos de la muerte.








Escrache a Almirón

Hoy a las 8.30 en los Tribunales de Comodoro Py (Retiro) habrá un escrache al represor Rodolfo Almirón, que será llevado a declarar en el marco de la causa Triple A, en la cual el MST-Nueva Izquierda es querellante. Agustín Vanella, integrante de la Comisión de Abogados por los Derechos Humanos, manifestó que “este criminal fue responsable de la muerte de 16 compañeros de nuestro partido antecesor, el PST, motivo por el cual hemos presentado una querella, pero además vamos a salir a la calle y no vamos a parar hasta lograr que haya justicia”.





NORBERTO BIANCO PUDO ENTRAR Y SALIR DEL PAIS SIN INCONVENIENTES
El represor que nadie detuvo


Uno de los médicos responsables de la maternidad clandestina que funcionó en Campo de Mayo durante la última dictadura militar no se presentó el martes pasado a su declaración indagatoria. Se trata de Norberto Atilio Bianco, quien actualmente vive en Paraguay pero estuvo en la Argentina durante Semana Santa. Sin embargo, al no existir ningún pedido de detención o prohibición de salir del país por parte del juez Martín Suares Araujo, el represor regresó sin inconvenientes a su lugar de residencia.
Hasta ayer, aun después de ausentarse del Juzgado Federal Nº 2 de San Martín, Suares Araujo no había ordenado el arresto de Bianco ni pedido que, en el caso de reingresar, no se le permita volver a salir. El magistrado investiga al represor por la privación ilegal de la libertad de más de treinta mujeres embarazadas y la sustracción de sus hijos.
Pese a la evidente falta de cooperación por parte de Bianco, el juez sólo determinó algunas de las medidas que Abuelas de Plaza de Mayo venía reclamando hace más de un mes. En caso de que regresara al país, el magistrado solicitó a Migraciones para que le notifique que debe presentarse en el juzgado en un lapso de tres días. Es decir, aun si vuelve a la Argentina no existe ningún pedido de captura ni la prohibición de que viaje nuevamente al extranjero. Suares Araujo le encargó a la Cancillería que, por medio de la Justicia paraguaya, notifique de la indagatoria a Bianco en la clínica donde trabaja como médico traumatólogo.
Abuelas de Plaza de Mayo recordó que el represor “ya se fugó a Paraguay en el año 1986, cuando se lo investigaba por la apropiación de los niños que había anotado como sus hijos, uno de los cuales efectivamente resultó ser hijo de desaparecidos. En aquella ocasión, personas vinculadas a la investigación alertaron a Bianco sobre su segura detención y posibilitaron su fuga”. En esa causa –por la que fue condenado– recién fue extraditado en 1997, tras demorar con recursos judiciales el pedido efectuado en 1991. El 11 de marzo de este año, Suares Araujo había resuelto indagarlo y envió la notificación al domicilio que Bianco denunció cuando fue condenado en el ’97, dirección certificada sólo hasta el 2001. Por estos motivos, el organismo de derechos humanos le reclamó al juez que “actúe de forma diligente y ordene de forma inmediata el arresto de Bianco para dar inicio al proceso de extradición”.




LA POLICIA FEDERAL LO DETUVO EN BARRIO ECHESORTU
Moore, de prófugo a preso
Integrante de la patota de Feced y ex jefe policial en democracia, "Dyppy" Moore no ofreció resistencia cuando fue detenido por una comisión de la Policía Federal de la ciudad.


Marcelo Bailaque, actual titular del juzgado federal Nº 4 de Rosario. Moore será indagado hoy por el magistrado en los tribunales federales.


Por José Maggi
El "Dippy" Moore ya está tras las rejas. La Policía Federal detuvo ayer en Rosario al comisario inspector retirado Carlos Alberto Moore, también conocido como "Anteojito", quien fuera pasado a retiro obligatorio en 1998 por el ex gobernador Jorge Obeid debido a su actuación durante la represión en la última dictadura militar. Moore tiene el legajo de Conadep 0877/4277 y está mencionado como represor en el centro clandestino de detención El Pozo, en la Jefatura de Policía de Rosario. La abogada de HIJOS, Nadia Shujmann, reveló que su nombre está entre los represores nombrados en la Causa Feced.
Moore fue detenido en horas de la tarde de ayer en la vía pública en la zona de Mendoza y Francia. La orden que esgrimieron los agentes de la Federal había sido librada hace un tiempo por el entonces juez federal Nº 4 Germán Sutter Schneider y reactualizada ahora por Marcelo Bailaque, actual titular del juzgado, a través de la secretaría Nº 1 a cargo del doctor López Quintana.
Según un alta fuente de la delegación local de la Federal, Moore no opuso resistencia al momento del arresto y de inmediato fue alojado en la sede que la fuerza federal tiene en calle 9 de Julio casi Ayacucho.
El nombre de Moore está incluido entre los represores de la Causa Feced, sin embargo durante el gobierno de Raúl Alfonsín junto a otros represores como Rubén Lo Fiego, alias El Ciego; José Carlos Scortecchini; Alberto Vitantonio; César Peralta, y Telmo Ibarra fueron beneficiados por las leyes 23.491 y 23.521, de Obediencia Debida y Punto Final. Esto le permitió seguir en la fuerza policial hasta llegar a ocupar el cargo de Jefe de Seguridad Personal.
Lo curioso es que todos los nombrados al ser beneficiados por las leyes de impunidad, no fueron exonerados, por lo que continúan cobrando la jubilación del erario público. Es que para pasarlos a retiro se utilizó el artículo 114 de la ley orgánica de la policía, que establece que después de 180 días de no asignarle destino a un funcionario debe ser retirados de la fuerza, con una licencia previa. Esto se dio en tiempos es que Roberto Rosúa era el ministro de Gobierno y Esteban Borgonovo el encargado de revisar el expediente Feced para pasar a retirar a los más connotados represores que aún quedaban en la fuerza.
Cabe recordar que a finales de 2006 el entonces juez federal Germán Sutter Schneider, declaró en rebeldía y ordenó la captura de seis imputados en la megacausa Feced, que estaban prófugos desde hacía dos años, desde que se reabrió el expediente, el 7 de setiembre de 2004.
El magistrado había comunicado a la Policía Federal la orden de captura de los represores Carlos "Dippy" Moore, Carlos Ulpiano Altamirano, César "Pirincha" Peralta, Carlos Alberto Brunatto, José "Pollo" Baravalle y Graciela Porta, para que insistiera con su búsqueda dentro y fuera del país, ante la sospecha de que algunos de ellos podían estar en el exterior. La orden del magistrado subrayaba una de las características más notables de este proceso que tiene más buscados que detenidos.






El día en que los sobrevivientes volvieron al escenario del horror
José Schulman, Graciela Roselló y Vilma Canciani participaron ayer del reconocimiento judicial de la comisaría 4ª, el centro clandestino más emblemático de Santa Fe durante la dictadura.


Madres de Plaza de Mayo, Familiares y diputados del ARI acompañaron a los sobrevivientes. "La Cuarta era el centro más terrorífico", dijo Roselló.
Subnotas
Aquella chica "menudita"



Por Juan Carlos Tizziani
Treinta dos años tuvieron que pasar para un reconocimiento judicial de la comisaría 4ª, el centro clandestino de detención más emblemático de Santa Fe, durante la dictadura. En 1984, la Conadep había avanzado en una primera reconstrucción del martirio con testimonios y fotos. Pero recién ayer, la justicia federal convocó a siete sobrevivientes para que vuelvan al escenario del horror y atestigüen en una causa que investiga el destino final de Alicia López ?una docente y militante de las Ligas Agrarias desaparecida en octubre de 1976? y en la que ex jefe de la 4ª, Mario Facino, fue procesado por "homicidio, privación ilegal de la libertad, tormentos y encubrimiento". Cuatro testigos respondieron a la cita: José Schulman, Graciela Roselló, Vilma Canciani y el ex policía Raúl Oscar Gómez y seguramente los otros tres, Alejandro Faustino Córdoba, Raúl Pinto y Alcides Schneider, lo harán en las próximas horas. Schulman y Roselló identificaron las celdas donde estuvieron secuestrados y vieron agonizar a Alicia López en una de "Las tumbas", como llamaban a los calabozos. Canciani no alcanzó a cruzarse con ella porque la trasladaron una semana antes, pero Gómez confirmó que le llevaba comida como a otras personas que tenían "signos evidentes de haber sido torturadas". "La Cuarta era el centro más terrorífico", dijo Roselló.
El reconocimiento tuvo dos etapas. Una, en la sede del Juzgado Federal, donde los testigos señalaron el itinerario del secuestro sobre un plano de la comisaría. Y otra, ya en la Cuarta, donde volvieron a recorrer los mismos lugares por donde pasaron hace 32 años. En las afueras, los acompañaron militantes de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, las Madres de Plaza de Mayo, Familiares de Desaparecidos y dos diputados del ARI, Alicia Gutiérrez y Antonio Riestra, entre otros.
Schulman identificó la celda donde estuvo detenido durante "más de dos meses y también los calabozos más pequeños que llamaban 'tumbas', donde estaba Alicia López. El baño, donde la veía pasar. Y una cocina, reciclada ahora en oficina".
"El reconocimiento fue muy exitoso", explicó Schulman. "La celda donde yo estaba está igual, es un poco más chica de lo que yo recordaba: éramos un montón, igual que ahora, que hay ocho personas y sigue igual. La celda grande que estaba al costado está ahora tapiada, se nota claramente que levantaron una pared. Y el lugar donde estaba Alicia es exactamente el que yo recordaba. La tumba de Alicia, estaba contigua a la pared de mi celda. Por eso hablábamos. El baño está en el mismo lugar, nada más que reformado, pero sigue siendo una basura indignante, sucio, repugnante, inhumano. Y lo que era la cocina ahora es una oficinita", agregó.
Las vivencias se mezclaron. "Tenemos la sensación de haber logrado un triunfo y en esto desde la Liga Argentina por los Derechos del Hombre hicimos bastante para que Alicia no desapareciera nuevamente. Lo denunciamos todas las veces que pudimos, hicimos innumerables presentaciones como querellantes y exigimos que el caso de Alicia no se perdiera en los papeles. Así que por un lado está una sensación que por fin se está investigando y de algún modo Alicia aparece, vuelve, tiene sentido para la gente. Y después, una sensación de agobio por la impunidad de los que la secuestraron en aquellos días, por esta increíble impunidad de años y años que taparon este caso", dijo Schulman.
Vilma Canciani también revivió sus recuerdos. Ella nunca había declarado en una causa del terrorismo de estado hasta que apareció una prueba de su detención: su nombre figura en los libros de guardia de la Cuarta, igual que los de Schulman y de Alejandro Faustino Córdoba. "Fue algo muy difícil. Me cuesta mucho recordar ese momento. Lo que viví hoy fue horrible. Me pareció algo terrible que uno haya estado ahí, ahora tenían colchones, en esa época no había nada, no había luz. Así que era muy difícil reconocer cuál eran las dimensiones, la ubicación. No es lo mismo tener un recuerdo, que verlo, y volver a vivirlo", dijo Vilma.
Graciela Roselló también reconoció la celda donde estuvo ella y "la de enfrente, donde estaba Alicia López. Recordé cómo nos hablábamos, había un ventiluz que ahora está tapado. A mi me entraron por una cochera y un portón y no los podía encontrar. Entonces, pude reconocer que pusieron una pared que aislaba ese patio por donde me entraron hasta las celdas. El Juzgado tomó nota que ahí había algo que me impedía ese paso que yo tenía en la memoria. Entonces, dimos la vuelta y encontré el famoso portón. Quería encontrar ese portón y hacer el mismo recorrido de nuevo, pero no lo pude hacer porque en el medio para llegar hasta la celda en alguno de estos 30 años levantaron una pared".
"Lo importante es el reconocimiento de la Cuarta, que todo eso sirva para condenar a todos los autores del asesinato de Alicia López por que las pruebas revelan que fue un crimen, que la dejaron morir. Y creo que se hará justicia. La condena para Facino me parece bien, pero también hay otros autores, también está (el ex jefe del Area 212, coronel Juan Orlando) Rolón como responsable intelectual. Yo, como testigo, como militante de esos años y los de ahora, sigo pidiendo la figura de asociación ilícita, porque acá en Santa Fe como en todo el país hubo una asociación ilícita, genocidio y terrorismo de estado", dijo Graciela. Ya la voz le temblaba, pero hizo el último esfuerzo para evitar el llanto. Vilma la abrazó.

Acusaron al ex juez Bisordi por mal desempeño
La diputada oficialista Diana Conti propuso que el ex camarista de Casación sea juzgado ante el Consejo de la Magistratura. La medida será evaluada por la Comisión de Acusación.
03.04.2008

Conti aseguró que el ex camarista "agravió a las autoridades democráticas, tanto por medios de difusión masiva como mediante sus escritos". (Télam)
La diputada ultrakirchnerista Diana Conti presentó un proyecto de resolución para acusar al ex camarista Alfredo Bisordi de mal desempeño ante el Consejo de la Magistratura. Conti presentó la acusación en la Comisión de Acusación, donde sus integrantes deberán analizar la propuesta contra el ex juez, quien se alejó de sus funciones luego de mantener fuertes cruces con el Gobierno nacional, acusado de demorar las causas contra represores.La legisladora pidió citar a Bisordi por "mal desempeño de sus funciones por considerarlo partícipe del entramado de relaciones que, tanto por acción como por omisión, han llevado a esta terrible injusticia"."A pesar de haberse excusado de intervenir, el origen de esa excusación no es menor porque fue tras calificar como 'delincuentes terroristas'" a los querellantes, explicó la diputada a DyN.Además de Conti, la comisión está compuesta por el legislador oficialista Carlos Kunkel, la viceministra de Justicia representante del Gobierno, Marcela Losardo; los representantes de abogados y jueces, Santiago Montaña y Luis Cabral, los senadores Ernesto Sanz y Nicolás Fernández, y el académico Mariano Candiotti.Conti aseguró también que el ex camarista "agravió a las autoridades democráticas, tanto por medios de difusión masiva como mediante sus escritos".La acusación de la legisladora contra Bisordi se suma a la flamante renuncia de otro miembro de la Cámara de Casación, Ana María Capolupo de Durañona y Vedia, también señalada por Néstor Kirchner como responsable de aletargar las causas por delitos de lesa humanidad contra militares.







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