martes, 1 de abril de 2008

Sampallo espera el fallo sobre sus apropiadores
“Condena de por vida”
María Eugenia Sampallo Barragán, la primera hija de desaparecidos que les inició juicio a sus apropiadores, habló junto a la Abuela de Plaza de Mayo Estela de Carlotto.
María Eugenia Sampallo ayer, junto a Estela de Carlotto.
Imagen: Rafael Yohai

Por Adriana Meyer
“Esta es la mujer que me apropió, éste es el hombre que me apropió, éste es el militar que me entregó... y éstos son mi mamá y mi papá.” Con las fotos en sus manos en alto, María Eugenia Sampallo Barragán volvió a reclamar la “máxima condena” para quienes se apropiaron de ella en 1978 en el juicio que lleva adelante el Tribunal Oral Federal (TOF) 5 y que tendrá sentencia este viernes. Sampallo Barragán había preparado un documento que leyó en la conferencia de prensa organizada por las Abuelas de Plaza de Mayo. “Queremos una condena de por vida a quienes le quitaron a un ser humano la posibilidad de ser ella misma”, afirmó Estela de Carlotto. La nieta recuperada, que fue la primera en iniciar juicio a sus apropiadores, juzgó que “ya es hora de considerar la gravedad” del delito de apropiación “en los términos de delito de lesa humanidad”.
Sampallo Barragán describió su estado de ánimo, dijo sentirse bien y pidió la pena máxima para el ex capitán del Ejército Enrique Berthier, Osvaldo Rivas y María Cristina Gómez Pinto, los acusados que están en el banquillo del TOF 5. Luego mostró las fotos, sin ocultar su emoción, y cuando habló de sus padres mencionó que militaban en el Partido Comunista Marxista Leninista (PCML) y contó parte de la historia de sus asesinatos.
Tras enfatizar que los delitos de apropiación y supresión de identidad de los que fue víctima deben ser considerados con el status de delitos de lesa humanidad, la joven pidió “colaboración” a quienes tengan datos que puedan servir para “esclarecer la identidad” de otros jóvenes nacidos en cautiverio y apropiados ilegalmente. Ante la inminencia del veredicto, Tomás Ojea Quintana, abogado de Sampallo Barragán, pidió a la Justicia y al Estado que se tomaran los recaudos necesarios para que los tres acusados “estén presentes y en condiciones de escuchar el veredicto, para que no ocurra nada parecido a lo que sucedió con (Héctor) Febres”, el represor asesinado en su celda cuatro días antes de su sentencia.
Sampallo Barragán relató los tormentos que padeció en los años que vivió junto a sus apropiadores y consideró “lamentable” que en algunos relatos periodísticos “se siga sosteniendo el término de padres adoptivos”, dado que en su caso “no existió trámite de adopción alguno”. En ese momento se preguntó si “¿puede sentir qué es el amor filial una persona que robó a un recién nacido, probablemente secuestró y asesinó a sus padres; que lo maltrató y humilló en forma cotidiana?”. Y se respondió: “Personalmente creo que no”. Para ella “el vínculo que construye queda marcado por la crueldad y la perversión”. A su lado estaba Manuel Gonçalves Granada, otro nieto recuperado por Abuelas, quien expresó que “no corresponde que esté en tela de juicio el derecho a recuperar nuestra identidad”, en respuesta a quienes propician “dar vuelta la página”.








Ricardo Miguel Cavallo fue extraditado y termino en Marcos Paz
Llegó un esbirro de la ESMA
El represor de la Marina que fue capturado en México en el 2000 y enviado a España a pedido del juez Garzón será juzgado en la Argentina. Ayer se negó a declarar.


Ricardo Miguel Cavallo, alias Sérpico.


Por Irina Hauser
Carlos Lordkipanidse, ex detenido desaparecido de la ESMA, recordaba a la perfección la cara del represor Ricardo Miguel Cavallo. Pero habían pasado casi treinta años desde la última vez que lo vio tan de cerca. A unos pocos centímetros, como ayer, que se lo cruzó de casualidad en el pasillo del juzgado de Sergio Torres donde llegaba detenido, recién extraditado. “¡Asesinooooooo!”, le gritó directo en la oreja, tanto que el torturador debe haber sentido el calor del aliento. En las oficinas aledañas se hizo un silencio profundo. Cavallo, alias “Sérpico” y “Marcelo”, corrió la cara con la mirada hacia el piso. La frialdad es una de las características que siempre le atribuyeron sus víctimas. La misma que mostró para decirle al juez Torres que de la apropiación de bienes de desaparecidos –el primer hecho por el cual lo indagó– no sabía nada, y que en la Armada no existió ninguna asociación ilícita.
La extradición de Cavallo se precipitó después de una decisión de la Sala III de la Audiencia Nacional de Madrid, que el 13 de marzo resolvió archivar el expediente que tramita en España, donde está acusado de genocidio, tortura y terrorismo por los crímenes cometidos en la ESMA.
El tribunal sostuvo que es prioritario que actúe la Justicia del país donde ocurrieron los hechos y argumentó que en Argentina –al haber caído las leyes de Punto Final y Obediencia Debida– ya no hay obstáculos para el enjuiciamiento. La única razón por la que el represor seguía preso allí era el trámite de extradición iniciado por el juez Torres en enero de 2007, tras la primera declaración de incompetencia de la Audiencia.
De acuerdo con las leyes españolas, como el marino llevaba más de un año de prisión preventiva, ayer mismo iba a ser puesto en libertad. Por eso Torres pidió que lo trajeran “urgente”. Así fue como cambió la cárcel española por el penal de Marcos Paz. Cavallo está acusado de múltiples delitos en la megacausa ESMA, como el homicidio del periodista y escritor Rodolfo Walsh, el de las monjas francesas Léonie Duquet y Alice Domon y el de un grupo de Madres de Plaza de Mayo. Sus víctimas lo han descripto como un personaje frío y solitario, capaz de despertarlos a medianoche para jugar al ajedrez o llevarlos a comer con él. Lo recuerdan, también, saliendo de la tortura con la camisa abierta, maldiciendo, pidiendo una Coca-Cola.
La indagatoria de “bienvenida” se focalizó en otro delito: su participación en una asociación ilícita dedicada a apropiarse de los bienes de las personas secuestradas en la ESMA. Como parte de esa organización, ya fueron procesados otros represores como Jorge “Tigre” Acosta, Carlos José Paso, Jorge Rádice, además de Eduardo Enrique Massera, hijo del ex jefe de la Armada, Emilio Massera.
Cavallo, de 56 años, fue llevado directamente desde Ezeiza al juzgado de Torres, con un gran operativo de seguridad que incluía personal penitenciario, de Interpol y la Policía Federal. Estuvo en los tribunales de Retiro menos de una hora porque no quiso declarar. Sólo negó conocer a los demás imputados, así como la existencia de una organización delictiva en la ESMA. Guiado por su abogado Alfredo Solari, dijo que quiere revisar las pruebas en su contra, por lo que no se descarta que pida ampliar su indagatoria. También solicitó que lo viera un médico. Y reclamó la excarcelación en virtud del tiempo que lleva preso desde que el periodista José Vales lo ubicó en México, en agosto de 2000.
La investigación sobre el desapoderamiento de bienes de las víctimas del terrorismo de Estado abarca casos como el de la apropiación de los terrenos de Chacras de Coria, en Mendoza, que pertenecían a los desaparecidos Conrado Gómez, Victorio Cerutti y Horacio Palma. A Marcelo Hernández le robaron un auto Peugeot y denunció que las mismas personas que lo secuestraron sacaron más de 500 mil dólares de su casa. Rosario Quiroga fue obligada a transferir una casa en Munro. A Nilda Noemí Actis le hicieron firmar tres poderes para entregar dos departamentos.
“El próximo paso, más adelante, será indagar a Cavallo por su papel en los secuestros, torturas, asesinatos y homicidios que no estén comprendidos en la causa de España. Porque nosotros insistimos en que sea juzgado en ese país”, explicó el abogado querellante Rodolfo Yanzón. En efecto, según funcionarios judiciales, el juzgado y la fiscalía están estudiando en detalle las posibles imputaciones para que no se superpongan las que fueron analizadas en España para evitar que el represor haga un cuestionamiento por “doble juzgamiento”.
En España, incluso, aún no está descartada la posibilidad de que el caso se reabra y por eso la extradición tramita como “temporaria”. El sobreseimiento de Cavallo y el archivo del expediente fueron decisiones apeladas tanto por la fiscalía como por los querellantes. El abogado Carlos Slepoy, que representa a la Comisión de Solidaridad con las Familias de Desaparecidos y Muertos en la Argentina, recordó que en Madrid ya se habían cumplido todos los pasos de la investigación para juzgar a “Sérpico” “mientras en la Argentina se abriría una larga etapa de instrucción”. Allí, incluso, la pena mínima que afrontaría el represor era de 13.332 años de cárcel y la que pidió la fiscalía es de 17.010 años.
Las organizaciones de derechos humanos nucleadas en el colectivo Justicia Ya! cuestionaron “la demora injustificada que significa la interrupción del proceso que se sigue en Madrid cuando solo falta el tramo final del procedimiento para iniciar otro en Argentina desde foja cero”. Le reclamaron a Torres que lo indagara “por todos los crímenes que cometió en la ESMA” y por “genocidio”. Le entregaron un listado de 345 personas desaparecidas que estuvieron secuestradas en la ESMA, otras 50 que luego fueron asesinadas y 275 sobrevivientes. El escrito repasa las múltiples funciones que tuvo Cavallo en ese centro clandestino. Uno de los que había ido a llevar la presentación era Lordkipandise.







URUGUAY EXTRADITARA A DOS MILITARES QUE ACTUARON EN AUTOMOTORES ORLETTI
Soca y Maurente camino a la Justicia argentina

Una jueza uruguaya concedió la extradición de dos militares requeridos por la Justicia argentina por violaciones a los derechos humanos, en la causa en la que se investiga el funcionamiento del centro clandestino de detención llamado Automotores Orletti.

El fallo, de la jueza penal Fanny Canesa, será apelado por la defensa de los militares y en uno de los casos quedaría en suspenso por un proceso judicial en el país.
La jueza uruguaya dictó la sentencia sobre Ernesto "Drácula" Soca y Luis Maurente, encarcelados y reclamados por la justicia argentina en relación con su actuación en 1976 en Automotores Orletti.
La sentencia se sustenta en el Tratado bilateral de extradición -a partir del pedido en 2006 del juez argentino Daniel Rafecas- y fue notificada al abogado de los militares, Gastón Chaves Hontou, que apelará la decisión.
La fiscal Olga Carballo había accedido, sobre fines de noviembre de 2007, a la extradición, aunque consideró que no era aplicable a Maurente, quien en Uruguay enfrenta un proceso por la desaparición de Adalberto Soba en 1976.
Por ello, en relación con Maurente, la solicitud de extradición quedaría congelada -sin prescribir- hasta que culmine en Uruguay el proceso por el caso Soba, dijeron fuentes judiciales al periódico.
Los dos militares uruguayos se encuentran detenidos en la Unidad Penitenciaria 8.
El capitán Soca está bajo prisión administrativa por los pedidos de extradición de Argentina por la causa Orletti y el robo de bebés, hijos de desaparecidos, durante la dictadura en la Argentina.



El extraditado por la Triple A
Almirón, sin excusas


El ex subcomisario Rodolfo Almirón, ex jefe operativo de la Triple A, deberá declarar el viernes en el marco de la causa en la que se lo investiga por su responsabilidad en distintos casos de homicidios y atentados cometidos durante la década del 70 por esa organización de ultraderecha. El juez federal Norberto Oyarbide fijó la audiencia después de recibir los informes del Cuerpo Médico Forense que acreditaban que el acusado estaba en condiciones de declarar.
Almirón llegó a la Argentina el 19 de marzo extraditado desde España, donde estaba radicado desde 1975, cuando se instaló en ese país junto al ex ministro de Bienestar Social José López Rega, creador de la Triple A (Alianza Anticomunista Argentina).
En un primer momento el imputado fue sometido a una serie de estudios médicos que determinaron que no estaba en condiciones de ser interrogado por el juez por problemas de salud. Sin embargo, al pasar unos días y ser analizado nuevamente, los expertos concluyeron que “está en condiciones de declarar con algunos recaudos de salud”.
En la causa que lleva adelante Oyarbide, Almirón está procesado con prisión preventiva por ser integrante de una asociación ilícita y por diversos homicidios cometidos entre 1973 y 1975 a través de la Triple A. Esa organización comandada por López Rega cometió numerosos crímenes bajo el amparo del gobierno de María Estela Martínez de Perón, quien cumple arresto preventivo domiciliario en Madrid y cuya extradición también fue solicitada por la Justicia argentina.
En la investigación está acreditado que esa banda ideó y ejecutó los homicidios del ex diputado Rodolfo Ortega Peña y de Alfredo Curutchet, Julio Troxler, Silvio Frondizi, Luis Mendiburu, Carlos Laham, Pedro Barraza y el bebé Pablo Laguzzi, entre otros.




Cordoba: Los cursos de accion del juicio a los genocidas menendez y compañia

Impresa Politica CBA MAR 1 ABR 06:54
Hairabedian, Filoñuk y Asís serán los fiscales del juicio
Al primero, el Tribunal Oral que llevará el caso le rechazó el pedido de excusación.

Los fiscales federales Maximiliano Hairabedian, Graciela López de Filoñuk y José Fabián Asís serán los acusadores en el juicio oral contra el represor Luciano Benjamín Menéndez que se realizará este año en la ciudad de Córdoba en el marco de la causa Brandalisis.



Menéndez y otros represores están acusados de haber cometido delitos de lesa humanidad, la causa ya fue elevada a juicio y está bajo el análisis del Tribunal Oral Número 1 de Córdoba, capital.



Hairabedian solicitó oportunamente apartarse del caso, con el argumento de que su padre, el abogado penalista Carlos Hairabedian, fue preso político durante los años de la dictadura militar.



El candidato natural para reemplazarlo era su colega Asís, aunque ayer el Tribunal Oral que tiene bajo su órbita el caso lo ratificó en la función y rechazó el pedido de excusación.



En el fallo conocido ayer, el Tribunal dijo que "no se advierte de manera alguna" que la situación planteada por el fiscal Hairabedian "pueda afectar su función como representante del Ministerio Público en esta causa".



En tal sentido, argumentó que la objetividad es un requisito indispensable para los jueces pero no para los fiscales, porque "el Ministerio Público no resuelve, es una de las partes del proceso penal y por tanto no le es exigible la imparcialidad que sólo deben necesariamente ejercer los jueces".



"Tampoco es causal de inhibición el haber dado consejos o manifestado extrajudicialmente su opinión sobre el proceso a algunos de los interesados", puntualizó el fallo del cuerpo colegiado en relación a otro de los argumentos esgrimidos por el fiscal al fundar su pedido de excusación.



"Mal puede fundarse su inhibición –precisó la resolución– en razones absolutamente ajenas a las previstas en la ley y que resultan en su sustancia, de menor entidad a las propias excepciones contenidas en la misma".



Fiscales coadyuvantes. Asimismo, el procurador General de la Nación, Esteban Righi –jefe de los fiscales federales de todo el país–, resolvió sumar a la acusación de este juicio a los fiscales federales cordobeses López de Filoñuk y Asís, que actuarán como "coadyuvantes" de Hairabedian.



Righi consignó que "las designaciones indicadas devienen, asimismo, convenientes e imprescindibles a fin de alcanzar los principios de unidad de actuación y coherencia establecidos por la Ley Orgánica del Ministerio Público".



Al respecto, remarcó que de esta manera se asegura "una estrategia de actuación conjunta que permite realizar una labor coordinada y que garantice el efectivo cumplimiento de las funciones emanadas por la Constitución Nacional y la Ley Orgánica".



El juicio a Menéndez y a otros represores por las acusaciones de tormentos y homicidios agravados y privación ilegítima de la libertad se realizará este año. Fuentes judiciales consideraron que el proceso se iniciaría entre junio y agosto próximos.

http://www.lavoz.com.ar/nota.asp?nota_id=176636

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Los ocho acusadosLa causa Brandalisis que dio origen a este juicio oral y público tiene como principal imputado al ex jefe del Tercer Cuerpo de Ejército, el represor Luciano Benjamín Menéndez.



Además, hay otros siete acusados: Hermes Oscar Rodríguez; Jorge Exequiel "Tigre" Acosta; Luis Alberto Manzanelli; Carlos Alberto Vega; Carlos Alberto Díaz; Oreste Valentín Padován y Ricardo Alberto Lardone.



Menos Menéndez y Lardone, quien trabajaba como personal civil de inteligencia (espionaje), los demás acusados son ex suboficiales del Ejército que actuaron en distintas áreas de tareas, entre ellas el ex centro de detención ilegal y tortura que funcionó en el predio de La Perla, hoy convertido en Museo de la Memoria.



A los imputados se los acusa de privación ilegítima de la libertad, tormentos agravados y homicidios agravados.



El juicio se da en el marco de la causa en la que se investiga la desaparición, torturas y asesinatos, en diciembre de 1977, de Humberto Brandalisis, Carlos Enrique Lajas, Ilda Flora Palacios y Raúl Cardozo.



Las resoluciones judiciales de ayer confirmaron que el juicio tendrá tres fiscales.

http://www.lavoz.com.ar/nota.asp?nota_id=176640




CJVJM Comisión por los Juicios Verdad Justicia y Memoria - Mar del Plata

JUICIO POR LA VERDAD

La dirigencia sindical y la CNU

El militante del Partido Socialista de los Trabajadores (PST) Carlos Petroni aseguró ayer en una nueva audiencia de los Juicios por la Verdad que los cuatro atentados que sufrió en el mes de mayo de 1974 fueron perpetrados por la Triple A y formaron parte de una ola de ataques dirigida al PST a nivel nacional. La mayoría de sus agresores pertenecían a la Concentración Universitaria Nacional (CNU).
La seguidilla de ataques a los miembros del PST en Mar del Plata comenzó el 18 de mayo de 1974. Ese día un grupo de militantes fue ametrallado desde un auto en movimiento cuando caminaban por la puerta de la Municipal de General Pueyrredon. Petroni no fue alcanzado por las balas. Hubo un solo herido, Ricardo Moyano, quien fue atendido en el Hospital Privado de la Comunidad.
El testigo aseguró ayer frente al Tribunal Oral Federal Nº 1 (TOF 1) que el ataque fue realizado por el CNU y nombró algunos de los agresores: "…Nicolás Cafarello, Eduardo Cincotta y otros miembros de esta organización".
A las 48 horas de la balacera frente al municipio, una bomba estalló en el local del PST ubicado en La Rioja y Luro, minutos antes de que Petroni y otros dirigentes del partido se reunieran en el lugar.
El 26 de mayo alrededor de las 22.30, Petroni se retiró luego de una asamblea en el local del partido y le dijo a sus compañeros que conformaban el grupo de seguridad que se quedarán, que no era necesario que lo acompañaran porque iba a pocas cuadras a otra reunión. Solo tenía que cruzar la plaza San Martín para llegar a su destino.
Cuando caminaba por la plaza, un Ford Falcon y un Peugeot color claro frenaron delante de Petroni. Del grupo que bajó de ambos autos, el testigo reconoció a Juan Carlos Gómez, Oscar Corres, Eduardo Salvador Ullúa, su hermano Néstor Daniel Ullúa, Fernando Federico Delgado, Eduardo Pretelli, Mario Durquet y Ernesto Macchi.
El grupo comenzó a disparar contra Petroni, quien comenzó a correr hacia la calle San Luis. Otro grupo, encabezado por uno de los hijos del dirigente del SOIP Abdul Saravia, lo interceptó, le disparó, lo apuñaló y lo dejan tirado allí pensando que estaba muerto.
Petroni fue llevado de urgencia al Hospital Privado de la Comunidad donde fue atendido por un médico miembro del PST. Uno de los disparos le destrozó una oreja y una puñalada le produjo un corte profundo en la mano en un acto reflejo de defensa.
La policía no tomó la denuncia de Petroni sobre el ataque. Sólo le dijeron que ellos estaban para juntar los cadáveres no para investigar y como él estaba vivo no tenían nada que hacer.
Después de un día y medio de internación, Petroni fue sacado del hospital por miembros del PST y Montoneros quienes lo llevaron a un lugar seguro para que continuara su recuperación.
El primer día que salió a la calle, luego de su recuperación, sufrió el último atentado. Desde un auto le dispararon dos veces cuando caminaba por la calle Rioja a pocos metros de Colón. Después de ese ataque el PST decidió trasladarlo a Capital Federal.
En Buenos Aires, Petroni trabajó en el gremio de los Gráficos junto a Raimundo Ongaro. Allí conoció al abogado Ortega Peña, quien a las pocas semanas fue asesinado por la Triple A.
Fue durante el sepelio del abogado que Petroni fue detenido y luego interrogado por Rodolfo Almirón, en ese entonces jefe de la Triple A. Su declaración sobre este episodio es uno de los motivos por el cual el juez Norberto Oyarbide ordenó la extradición del ex custodio de José López Rega.

El sindicalismo, la CNU y la Triple A

Luego del crimen de la estudiante de arquitectura Silvia Filler asesinada por miembros de la CNU en diciembre de 1971, el peronismo – la derecha y la tendencia revolucionaria por igual- intentaron, según el relato de Carlos Petroni, despegarse de la CNU.
El 14 de junio de 1972, el movimiento estudiantil y las organizaciones de izquierda proponen un paro general de 24 horas en repudio y justicia por el asesinato de la estudiante de arquitectura. La CGT local cuyo secretario era Nelson Rizzo, quien tenía una relación muy cercana con Juan Carlos Gómez condenado por el crimen de Silvia Filler, adhirió al paro con la oposición de algunos delegados, entre ellos el joven representante de los camioneros Hugo Moyano.
Petroni aseguró que en aquellos días el actual líder de la CGT mantenía muy buena relación con los miembros de la CNU que intentaron asesinarlo. Incluso, aseveró, que esa relación continúa hasta el día de hoy.
En 1973 los dirigentes sindicales José Miguel Landi y Hugo Moyano por Camioneros formaron en Mar del Plata la Juventud Sindical Peronista (JSP), que –según Petroni- se dedicó sistemáticamente a atacar a los integrantes de los sindicatos de izquierda.
El 12 de septiembre de 1974, en los dos diarios de la ciudad aparece un documento de la JSP en el cual afirman que su tarea es "identificar y capturar" a los Montoneros infiltrados en el movimiento obrero.
En octubre de 1973, a través de un comunicado de prensa la JSP declaró al abogado Jorge Candeloro –desaparecido durante la Noche de las Corbatas- enemigo del movimiento obrero organizado.
Casi un año después, el 3 de agosto del 74, a través de un comunicado de prensa la agrupación fundada por Moyano justificó el asesinato del abogado Ortega Peña.
Por último, Petroni aseveró que el 7 de agosto de 1973 una nota periodística publicada en este diario hizo referencia a un enfrentamiento armado en la zona del puerto del cual participaron integrantes de la CGT, JSP y del SOIP. El militante del pescado Julio Manza denunció el mismo hecho. Dos años después fue desaparecido por la dictadura cívico militar.
Con todo lo expuesto, el testigo reiteró el mismo pedido que hiciera ante el juez Norberto Oyarbide: "Yo no puedo probar que Hugo Moyano haya estado vinculado con los crímenes y atentados, pero alguien que se ha reunido semanalmente con asesinos, que ha realizado negocios con familiares de asesinos algo tiene que poder decir delante de los tribunales sobre aquellos crímenes".

Radiografía de un CNU

El abogado Oscar Héctor Corres fue juzgado y condenado junto a Juan Carlos Gómez por el crimen de la estudiante Silvia Filler en 1971. Ambos recuperaron la libertad el 25 de mayo de 1973 cuando el presidente Cámpora dictó la amnistía para los presos políticos.
Gómez continúo su tarea como matón de los sindicatos. Volvió a integrar las filas de la CNU e incluso un año después atentó contra Carlos Petroni.
Por su parte Corres, una semana después de haber sido liberado ingresó a trabajar como funcionario del Ministerio del Interior en la Dirección Nacional de Migraciones hasta 1985, fecha en la que se le otorgó una jubilación de privilegio. En 1992, el ex presidente Menem estuvo a punto de nombrarlo juez.
En 1975 mientras trabajaba en la Dirección de Migraciones cumplió funciones en al Universidad Nacional de La Plata y en la Universidad Nacional del Sur en Bahía Blanca. Así se movilizó por distintos destinos dentro de la provincia de Buenos Aires, inclusive Mar del Plata. Petroni aseguró ayer que los destinos de Corres coinciden sospechosamente con los lugares en los que tiempo después actuó la Triple A. Según el testigo y militante del PST, los miembros de la CNU no solo realizaban la tarea de inteligencia en los lugares donde estaban afianzados para que luego actuaran los grupos de la Triple A, sino que recibían un fuerte entrenamiento militar.
En el caso de Corres, Petroni dirá que no solo se trataba de un cuadro político con una fuerte formación ideológica, también "era un hombre de acción que no tenía ningún prejuicio a pesar de su inteligencia y su nivel cultural de disparar contra otra persona".
Petroni descubrió el año pasado a Corres cuando cumplía funciones como profesor titular en la Facultad de Derecho de la Universidad de San Juan Bosco en la Patagonia. Corres tuvo que abandonar su puesto como profesor.
En tanto el juez Norberto Oyarbide debe decidir si le dicta la prisión preventiva al ex CNU por su participación en los atentados contra Petroni.


Dnuncia de APDH contra de delegado de la Secretaria de Derechos Humanos de la Nacion

La Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de Bahía Blanca, ha tomado conocimiento de las declaraciones vertidas por el Dr. Víctor Benamo en el n° 234 del semanario Ecodías, en su condición de "informal delegado" de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y ejerciendo esta designación política sugestiva e irregular.
No nos sorprenden sus declaraciones. Antecedentes varios. Su defensa como testigo del camarista federal Dr. Néstor Luis Montezanti, en el juicio por calumnias e injurias iniciado por este a Alberto Rodríguez, al haber sido denunciado como participe de la Triple A. Como su silencio frente a lo expresado por el abogado Miguel Angel Assad, quien en oportunidad de la entrega del Expediente persecutorio de la DIPBA por parte de la Comisión Provincial por la Memoria en la UNS , dijera que en esa época estaban en trincheras diferentes, con lo que significa esto pensando en aquel momento de la historia.
El Dr. Víctor Benamo no ha participado ni cerca de este juicio en ninguna etapa desde que se iniciara en 1985. Recién declaró en la causa por primera vez, y no espontáneamente como lo han hecho los sobrevivientes, en el 2007.
Decirle a las víctimas, a los familiares, y a la sociedad, cuatro años después de anuladas las leyes de impunidad y a casi tres de recibida la causa por el juez federal a cargo Alcindo Alvarez Canale, que el atraso es por falta de personal es una burla patética y lamentable. Mucho más a nuestro organismo que esta inmerso en esa causa como iniciador e impulsor desde el primer día, y sabemos de que hablamos y que denunciamos. Justificar los procederes del juez Alcindo Alvarez Canale en el atraso en la designación del personal es de un desconocimiento supino de todo. Hablar del Dr. Agustín Carestía como recién contratado e investigador de la causa, cuando esto fue concretado por el juez Alcindo Alvarez Canale recien en febrero de 2007, cuando además el presupuesto estaba aprobado desde octubre o noviembre de 2006, es hablar al bardo. Además de desconocer que el Dr. Agustín Carestía ha sido nombrado transferido hace poco como secretario de la Fiscalía General del Dr. Hugo Omar Cañon en la Unidad de Investigación de los Delitos de Lesa Humanidad. Y suponer que además su supuesta designación como representante de la Secretaria de Derechos Humanos de la Nación , para actuar en los juicios como representante del Estado Nacional, era la parte seria, clave y necesaria para que los juicios tengan sentido, es un acto de infantil soberbia.
Hablar de la prueba como algo a certificar, más allá de lo ya certificado en la causa por sobrevivientes o testigos treinta y dos años después, es argumentar a favor de los genocidas. Nosotros no tiramos la bronca ni somos injustos como dice, denunciamos algo que el desconoce, toda la operatoria desarrollada por su defendido el juez Alcindo Alvarez Canale que es la verdadera generadora de injusticia. Todo esto ha sido valorado por el Consejo de la Magistratura , en nuestro informe de noviembre de 2007; y generado la exigencia de un relato detallado y minucioso de la causa, según supimos, al juez Alcindo Alvarez Canale por parte de ese cuerpo. En cuanto al impulso judicial que considera como exclusivo de la justicia federal, queremos aclararle que tanto el fiscal Cañon y nosotros los querellantes lo venimos haciendo sitematica y permanentemente desde 1985, aún durante los años de impunidad gestados por las leyes radicales de Punto Final y Obediencia Debida, como por los Indultos del justicialismo. Leyes e indultos nunca repudiados por autoridad partidaria alguna, y solo por un reducidísimo grupo de jóvenes radicales en aquel entonces.
Finalmente nos preocupa que a la vista de estas declaraciones, esta "casi" designación del "casi" delegado de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación , siga siendo eso o una mera oficina burocrática de reparto de papelitos o tramiterío insulso como hasta ahora. Eso sí, para hablar de los juicios y la causa, antes hay que haberle dedicado un tiempo más que importante y como se debe al menos a leerla, porque esto no es como aprender a tocar la guitarra de oído.

Eduardo Alberto Hidalgo – Secretario General -Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de Bahía Blanca



DESAPARECIDOS-FATIMA
JUICIO POR ASESINATO DE 30 PERSONAS EN FATIMA DURANTE DICTADURA COMIENZA A FINES DE ABRIL


BUENOS AIRES, mar 31 (DyN) - El primer juicio oral y público por los crímenes cometidos en la órbita del Primer Cuerpo de Ejército comenzará a desarrollarse a fines del mes de abril, cuando sean sometidos a proceso tres ex oficiales de la Policía Federal por su responsabilidad en la denominada "Masacre de Fátima".El debate comenzará el 29 de abril a cargo del Tribunal Oral Federal 5, el mismo que a fines de esta semana dictará sentencia contra el represor Enrique Berthier en otro proceso oral por la apropiación de una menor durante la última dictadura. La "Masacre de Fátima" son hechos investigados en el marco de la megacausa del Primer Cuerpo de Ejército, por lo que se convertirá en el primer juicio oral y público en el que se juzgan violaciones a los derechos humanos cometidas en esa jurisdicción.Los hechos en cuestión sucedieron la noche del 20 de agosto de 1976, cuando treinta personas que estaban privadas de su libertad en la Superintendencia de Seguridad de la Policía Federal fueron trasladadas a la localidad de Fátima, en el partido bonaerense de Pilar, donde fueron fusiladas en un camino de tierra a la altura del kilómetro 62 de la ruta 8.Luego los cuerpos fueron apilados y dinamitados por una bomba.Según declaró el médico forense de la policía de Pilar, Gregorio Ferrá, uno de los muertos llevaba en un bolsillo una tarjeta en la que decía "30 x 1". La hipótesis que corría era que las Fuerzas Armadas, si uno de sus integrantes era ultimado por los "subversivos", lo "cobrarían" con treinta personas secuestradas. Cuando se produjo la masacre de Fátima poco antes había sido asesinado el general Omar Carlos Actis, uno de los organizadores del Mundial de Fútbol de 1978.Todos los cuerpos estaban maniatados y con los ojos vendados, y en un primer momento sólo se pudo identificar a una mujer y cuatro hombres, mientras que el resto, 9 mujeres y 16 hombres, fueron sepultados en el cementerio de Derqui bajo la denominación "NN".Años después, el Equipo de Antropología Forense logró la identificación paulatina del resto de los asesinados.En el año 2005 el fiscal federal Federico Delgado había pedido el juicio oral y público para los tres ex comisarios Carlos Gallote, Juan Lapuyole y el principal Miguel Angel Trimarchi.En lo que calificó como "uno de los capítulos más oscuros de la historia", el fiscal enfatizó que todos los delitos fueron cometidos desde el Estado y señaló que "se trató de una feroz y desnuda represión ejecutada por quienes usurparon el poder el 24 de marzo de 1976".El Tribunal Oral Federal 5 fue el que a fines del año pasado llevó adelante el juicio oral por violaciones a los derechos humanos contra el ex prefecto Héctor Febres, quien no recibió su sentencia por haber sido envenenado en su celda de reclusión días antes de que se diera a conocer el veredicto.Ahora el tribunal se encuentra en la etapa definitoria del juicio oral contra Berthier, acusado de haber sido el entregador de la menor María Eugenia Sampallo Barragán, la primera nieta recuperada por Abuelas de Plaza de Mayo que querella a sus padres no biológicos.



Para Javier Vasquez, experto de la OPS, las internaciones psiquiatricas vulneran los derechos humanos
El hospital psiquiátrico debe eliminarse”
El especialista explica por qué los hospitales psiquiátricos deben ser “erradicados paulatinamente”. El tratamiento debe hacerse en hospitales generales o servicios comunitarios. Propone incorporar en este proceso de reforma a “las propias personas con discapacidad mental”.
Para Javier Vásquez todas las internaciones deben ser revisadas periódicamente.
Imagen: Arnaldo Pampillón
Subnotas
Resistencias y prejuicios
Plan de salud mental
Por Pedro Lipcovich
La erradicación de los manicomios ha dejado de ser tema de debate para constituirse en un mandato trasmitido por la Organización Panamericana de la Salud (OPS), sobre la base de los pactos internacionales de derechos humanos. Así lo explica Javier Vásquez, especialista de la OPS, al señalar como “un problema central en América latina la pérdida de la libertad personal que conllevan las internaciones psiquiátricas”. A partir de criterios establecidos por la Asamblea General de las Naciones Unidas, la OPS requiere: el traslado de la atención en salud mental desde el hospital psiquiátrico a los hospitales generales; la supresión o reducción al mínimo de la internación, reemplazada por la atención ambulatoria y, eventualmente, la residencia en casas comunitarias; para los que ya están internados, revisión de cada “privación de la libertad” por comisiones independientes. Sobre esas bases debiera promoverse el despoblamiento progresivo de las instituciones psiquiátricas, hasta su desaparición –destaca Vásquez, nacido en España, quien, en Buenos Aires, intervino en el Taller sobre Salud Mental y Derechos Humanos, con ministros de la Corte Suprema de la Nación–. Los protagonistas principales de este proceso deben ser “las propias personas con discapacidad mental: ¿quién podrá defender sus derechos mejor que ellos mismos?”.
–¿Por qué la OPS entiende que las normas internacionales sobre derechos humanos son un “instrumento esencial” en cuestiones de salud mental?
–Tomemos un problema central en América latina: la pérdida de la libertad personal que conllevan las internaciones psiquiátricas. El derecho a esa libertad debe protegerse por imperio del artículo 7º de la Convención Americana de los Derechos Humanos.
–Sí, pero muchos legos..., o muchos psiquiatras, aducirían que, lamentablemente, no hay más remedio que internar a esas personas por causa de su “enfermedad mental”.
–Primero, sí hay más remedio. Pero, aun en el caso de que una persona debiera ser internada, los Principios de Salud Mental aprobados por la Asamblea General de las Naciones Unidas exigen que esa pérdida de libertad sea revisada, en cada caso y lo antes posible, por un organismo totalmente independiente de la dirección del hospital que internó a la persona.
–¿Cómo debe integrarse este organismo de revisión?
–Puede estar integrado por un trabajador social, un abogado especialista en salud mental y en derechos humanos, un miembro de la comunidad que tenga conocimiento de la problemática de la salud mental; en fin, la composición de este organismo de revisión no es estricta, lo importante es que sea multidisciplinario para que no sean sólo psiquiatras o sólo jueces los que toman las decisiones.
–¿Cómo debe funcionar este organismo?
–Con facultad para recibir pruebas, escuchar testigos, escuchar a la persona y a su representante legal; sin ser un órgano judicial, funciona con todas las garantías propias de la Justicia, y, finalmente, su decisión puede ser apelada ante un tribunal superior.
–La actuación de ese organismo debería alcanzar a todas las personas actualmente bajo internación psiquiátrica...
–Así es. Además, el organismo de revisión debe intervenir lo antes posible ante toda nueva internación. Y, si el organismo acepta que la persona quede internada, la revisión deberá reiterarse cada pocos meses, según la legislación de cada país.
–De todos modos, usted empezó por observar que “sí, hay más remedio” que la internación.
–Efectivamente, para que sea compatible con los estándares internacionales en derechos humanos, la atención en salud mental se organiza sobre la base de unidades descentralizadas, no ya en hospitales psiquiátricos sino en hospitales generales. En los hospitales debe haber servicios de salud mental, con camas, por si el paciente necesita pasar alguna noche. También debe haber atención de salud mental en las salas barriales de atención primaria. Y, para las personas con discapacidad mental que necesiten residencia, hay que proveer servicios comunitarios como hogares sustitutos y casas de medio camino. Pero es inútil inaugurar este tipo de residencias si no forman parte de esa red que incluye al hospital general y el centro de atención primaria; de otro modo, la atención termina siendo absorbida por el hospital psiquiátrico.
–¿La OPS plantea que el hospital psiquiátrico no tendría lugar en la atención a la salud mental conforme a derechos humanos?
–La OPS y la OMS entienden que los hospitales psiquiátricos deben ser eliminados progresivamente, en la medida en que el Estado vaya creando alternativas de atención en hospitales generales y servicios comunitarios. Pero no deben ser suprimidos mientras no se cuente con esas modalidades; eliminarlos prematuramente sería desastroso. Ciertamente, junto con la instauración de las nuevas modalidades, los ingresos en los hospitales psiquiátricos deben reducirse y aumentar los egresos, de modo que se vaya reduciendo la cantidad de personas alojadas.
–Lo que usted plantea no es que ésta sea una alternativa terapéutica preferible a otras, sino que es la única acorde con los derechos humanos...
–Lo que plantean la OMS y la OPS es que oponerse a estos criterios es oponerse a una reforma de la salud mental sobre la base de los estándares validados internacionalmente en derechos humanos: es necesaria esta reforma para que la persona con discapacidad mental no sea discriminada en su derecho a trabajar, educarse, votar, formar familia, expresarse libremente, informarse; concierne a todos los derechos reconocidos.
–¿Qué actores sociales son imprescindibles para que la atención en salud mental pase a ser compatible con los derechos humanos?
–Esencialmente, deben participar los usuarios del sistema. Hace muy poco en Belice, ese pequeño país del Caribe, la OPS organizó talleres para negociar la política y legislación en salud mental, y unos 20 usuarios participaron en el mismo nivel que los funcionarios gubernamentales. No se puede hablar de los derechos del usuario sin que él esté presente en el momento de negociar políticas y planes de salud mental. Es importante entonces que se fortalezcan las asociaciones de usuarios del sistema de salud mental; no ya sólo con presencia de familiares, lo cual es relativamente más fácil, sino de los usuarios mismos.
–Pero muchos legos..., o muchos psiquiatras, podrían objetar que, por loable que sea esa intención, la enfermedad mental inhabilita a los pacientes para ciertos niveles de participación.
–La experiencia muestra que no es así. Hay distintos trastornos mentales y hay distintas capacidades; no toda persona con discapacidad mental es incapaz en todo momento y para cualquier acto jurídico. En muchos países hemos trabajado con líderes que son usuarios de salud mental; yo he participado en presentaciones ante parlamentos nacionales junto a usuarios, en plano de igualdad. En las negociaciones para la Convención de la ONU para los Derechos de Personas con Discapacidad, que se efectuaron en Nueva York, hubo usuarios de salud mental que, representando a sus organizaciones, debatieron con 190 expertos para la redacción de un tratado internacional.
–¿Qué estrategia puede promover esa presencia de los usuarios?
–La OPS organiza reuniones específicas con usuarios en distintos países, procurando “empoderarlos” para que tengan participación efectiva en el momento de negociar planes y legislaciones. Los países donde esto se hizo fueron los que más avances tuvieron en sus sistemas de salud mental, y es comprensible: ¿quién podría defender los derechos del usuario mejor que él mismo?



Organizaciones de mujeres cuestionan el proyecto del Gobierno
Contra la trata, sin consenso

El oficialismo se dispone a aprobar el proyecto que tipifica el delito de trata de personas para la explotación sexual o laboral. Diversas ONG se oponen a la iniciativa porque dice que, para condenar al explotador, se debe probar que las víctimas no han consentido ser explotadas.

Las organizaciones se movilizarán el jueves al Congreso en oposición al proyecto oficial.
Imagen: Leandro Teysseire
Subnotas
Muchos casos, pocas condenas


Por Mariana Carbajal
Organizaciones de mujeres empezaron a juntar firmas y marcharán el jueves contra el proyecto de ley del Gobierno que busca tipificar el delito de trata de personas para la explotación laboral o sexual. La iniciativa, impulsada por el ministro de Justicia, Aníbal Fernández, ya tiene media sanción del Senado y sería aprobada en la sesión de la semana próxima en Diputados. El punto más conflictivo –y que más cuestionamientos recibe– es que las víctimas de trata mayores de 18 años tendrán que probar que no han consentido ser esclavas o esclavos. Este aspecto, el del consentimiento, ha sido objetado por diversas ONG y redes que se especializan en el tema de la trata humana y también por el Inadi y la Secretaría de Derechos Humanos. Aunque fueron escuchadas en el Congreso, ninguna de sus sugerencias fueron tenidas en cuenta por el oficialismo. “Como está planteada, esta ley no va a servir para perseguir el delito de trata y seguirá quedando impune y sin protegerse a las víctimas”, sintetizó Marta Fontenla, integrante de la Campaña Ni una víctima más de las redes de prostitución y de la Red No a la trata.
También convocan a la manifestación frente al Congreso, el jueves a las 18, la Asociación de Mujeres Meretrices de Argentina (Ammar-Capital), La Casa del Encuentro, Mujeres de Izquierda-Capital, Colectiva Feminista La Caldera, entre otras entidades.
El martes pasado, el proyecto obtuvo despacho de mayoría en una reunión conjunta de las comisiones de Legislación Penal, Presupuesto y Hacienda y Mujer, Niñez y Familia, con la firma de legisladores del oficialismo. La diputada del Frente para la Victoria Vilma Ibarra es su ferviente defensora. La voz de las ONG quedó plasmada en el despacho de minoría de la diputada Fernanda Gil Lozano, de la Coalición Cívica, que sumó también el apoyo del radicalismo. En el kirchnerismo además hay algunos legisladores que avalan los cuestionamientos al proyecto oficialista, como Stella Maris Córdoba y Oscar Massei, que presentaron también proyectos alternativos, pero tampoco tuvieron eco en el bloque del FV. “El tema de la trata de personas no tiene que ver con una cuestión partidista sino de derechos humanos y de conciencia”, señaló Córdoba a Página/12. La diputada Córdoba criticó la posición “un poco intransigente” de su propia bancada para aceptar introducir modificaciones al proyecto que se aprobó en noviembre de 2006 en el Senado. En ese entonces, Vilma Ibarra era titular de la Comisión de Justicia y Asuntos Penales de la Cámara alta y se encargó de promoverlo. En apoyo al proyecto, el día que tuvo la media sanción, estuvo presente en el recinto Aníbal Fernández, entonces ministro del Interior.
El polémico proyecto define como “trata de mayores de 18 años” a “la captación, el transporte o traslado, la acogida o la recepción, ya sea dentro del país, desde o hacia el exterior, con fines de explotación, cuando mediare engaño, fraude, violencia, amenaza o cualquier medio de intimidación o coerción, abuso de autoridad o de una situación de vulnerabilidad, o pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre la víctima, aun cuando existiere consentimiento de ésta”. La pena prevista para este delito es de 3 a 6 años de prisión y puede llegar a los 10 si el culpable fuese cónyuge o familiar directo, funcionario público o si interviene una organización delictiva, es decir, si “el hecho fuere cometido por tres o más personas” o “si las víctimas fueren tres o más”.
En casos de menores de 18 años, “el ofrecimiento, captación, transporte o traslado” configuran trata aun cuando no se den las restantes condiciones, y el “asentimiento de la víctima no tendrá efecto alguno”. Las penas pueden llegar a 15 años.
La “explotación a la que se refiere la normativa abarca las siguientes posibilidades: la reducción a la esclavitud o a la servidumbre, los trabajos forzados, el comercio sexual y la extracción ilícita de órganos.
“Nos oponemos al proyecto del oficialismo porque distingue entre víctimas mayores y menores de 18 años y porque cuando son mayores, establece que es necesario probar que el delincuente actuó con violencia, abuso, engaño, amenazas, etc., para que exista delito. Ello implica que se presume que pueden prestar consentimiento con su propia explotación. De esa manera se favorece la impunidad de los proxenetas y tratantes. Y no se protegen efectivamente los derechos humanos de las personas víctimas de trata”, resumió en diálogo con este diario Sara Torres, presidenta en Argentina de la Coalición contra la trata de la Mujer (CATW).
Consultada por Página/12, Vilma Ibarra sostuvo que si se aceptan las reformas que plantean las ONG, “tenés que meter presos a todos los dueños de los prostíbulos y se van a rentabilizar en manos de la policía. Nadie cree, entre los fiscales y los jueces, que es el momento de ilegalizar todos los prostíbulos. Va a ser contraproducente. Las mujeres que no arreglen van a tener que ir a atender a los clientes a sus casas delante de sus hijos. La prostitución es un problema social gravísimo. Y hay que respetar que una persona adulta pueda decidir elegir ejercer la prostitución”.
–Pero hoy ya los prostíbulos están prohibidos y, sin embargo, todo el mundo sabe que existen...
–Hoy los habilitan con otros nombres, como whiskerías o casas de masajes. Hay un problema con los operadores judiciales para cerrarlos. Son delitos que en general están amparados por el poder y no se consiguen condenas –reconoció Ibarra.
Para la diputada de la Coalición Cívica, la historiadora y feminista Gil Lozano, si se incorporaran los cambios propuestos por su despacho de minoría “los proxenetas irían presos”. A su entender, “no hay voluntad política para perseguir la trata y terminar con el delito”. “En Colombia –agregó Mercedes Assorati, del Programa Esclavitud Cero de la Fundación El Otro– se probó un tipo penal como el que busca establecer el proyecto oficial y la experiencia fue que se lograron condenas en lo que hace a menores, pero no en caso de mayores de edad. Por esa razón, en el 2005 Colombia tuvo que cambiar el tipo penal y equiparar a mayores y menores de edad. Lo que pedimos a los legisladores es que no cometamos el mismo error en la Argentina.”
El Ejecutivo quiere que la ley se apruebe lo antes posible. El proyecto podría tratarse en la próxima sesión, el miércoles 9.




La asesora general de Menores porteña apelo una orden judicial de vigilar a un chico
Tutelar es proteger del juez

Una fiscal contravencional porteña pidió la prisión preventiva de un chico por un delito menor. El juez ordenó que fuera vigilado por la Asesoría de Menores. Su titular, Laura Musa, rechaza la medida.
Sólo los morochicos son “esmeradamente tutelados” por federales, fiscales y jueces de la ciudad.
Imagen: Ana D´Angelo
Por Horacio Cecchi
Un chico detenido por la Federal en Constitución por portación de arma fue blanco del primer pedido de prisión preventiva por parte de una fiscal porteña desde que se transfirió a la ciudad parte de la Justicia penal nacional. La medida se distribuyó a tambor batiente como triunfo de la Justicia, pero no parece otra cosa que el oscuro derrotero de una balanza que se aplica sobre los morochicos. El juez Carlos Aostri respaldó el pedido de preventiva –que es una medida excepcional transformada en hábito–, pero sostuvo que no había lugares específicos en la ciudad para aplicar la prisión. Ordenó entonces que la Asesoría de Menores ejerciera la vigilancia del chico. La titular de la asesoría, Laura Musa –que viene reclamando la libertad de unos 70 chicos alojados en el instituto San Martín, detenidos con el argumento de que los “tutelan”–, apeló al considerar que la tarea de la Asesoría es vigilar, pero no precisamente a los jóvenes, sino “a las agencias que intervienen sobre el niño”. Verbigracia: federales, fiscales y jueces.
La historia de G. es particular pero paradigmática: estaba encerrado en el instituto Roca porque lo habían detenido por un supuesto intento de hurto con un arma de juguete. El intento jamás se investigó, con lo que quedará en el borrador si el chico intentaba lo que dicen que intentaba o todo se trató de la desarrollada creatividad policial.
Lo cierto es que sin acusación ni delito, el joven pasó a ser “tutelado” tras las rejas del Roca. En el instituto, en determinado momento, le dieron permiso para visitar a su familia y volver a los diez días. La familia vive en una villa en Lanús, donde las casas no tienen chapa en la puerta porque ni siquiera tienen puerta. Pero la familia existe porque lo visitaba asiduamente en el Roca y luego de su reciente detención.
La tutela que ejercen los jueces sobre los chicos que no han cometido delito es tan tutelar y tan celosa del cuidado que nadie se preocupó por la vuelta o la ausencia del chico ni nadie reclamó su regreso ni visitó a la familia para descubrir que el prófugo era tan fácilmente ubicable.
El 27 de febrero pasado, la morochez de G. le jugó una mala pasada. Lo detuvieron los federales en Constitución. Cuando se le acercaron declaró que tenía un arma. Un revólver calibre 32 con cuatro proyectiles, dos de ellos usados. Lo entregaron a la Justicia contravencional porteña, que ya tiene jurisdicción en el delito de portación de armas.
G. no es el primer caso de detención de un chico en delito in fraganti (portación de armas). Pero hasta la fecha los fiscales pedían la probation. La preventiva, ya fue dicho hasta por la misma Corte Suprema, es una excepción que se ha transformado en hábito.
La fiscal Silvia Di Napoli dijo aquí-estoy-yo, como desembarazándose del tilde contravencional, y abrió el Guinness en lo penal: pidió la preventiva, tomando como agravante la “fuga” del Roca, cuando en realidad el chico estaba tutelado para su supuesto cuidado, que el mismo Estado se encargó de desmerecer cuando había olvidado reclamarlo como faltante.
El juez contravencional 19 Carlos Aostri también levantó capa y espada y puso a la Justicia literalmente en blanco sobre negro: no rechazó la preventiva, sino que la consideró de cumplimiento imposible porque no existen en la ciudad edificios apropiados para cumplir esa orden.
Por lo tanto, Aostri ordenó la inmediata libertad. Inmediatez que no duró medio segundo porque, acto seguido, ordenó “obligar a G. a someterse a la vigilancia de la Asesoría General Tutelar, pues por lo ya referido carece de un núcleo familiar que pueda llevar a cabo esa tarea”. Durante las audiencias, se demostró sin embargo que la madre trabajaba y que la tía se presentaba como mayor responsable. La asesora general Tutelar, Laura Musa, rechazó la orden. El argumento fue claro: citó, por un lado, el artículo 39 de la Constitución porteña, que dice que se “reconoce a los niños, niñas y adolescentes como sujetos activos de sus derechos, les garantiza su protección integral y deben ser informados, consultados y escuchados”.
Y por otro lado aclaró que “la especialidad (de la Asesoría) no está destinada a controlar o vigilar a las personas menores de edad”, sino a las agencias y sus señorías estatales que actúan sobre ellos.

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