miércoles, 2 de abril de 2008

Por primera vez, la Justicia uruguaya acepto extraditar a dos militares
Represores a cruzar el charco
A pedido del juez Rafecas, una magistrada de Uruguay aprobó la extradición de Luis Maurente y Ernesto Soca, acusados de haber actuado en el centro clandestino de Automotores Orletti, durante la dictadura. El trámite aún debe pasar por varias instancias.

Automotores Orletti funcionó como centro de detención y tortura desde mayo hasta noviembre de 1976.
Imagen: Leandro Teysseire

La jueza Fanny Canesa concedió la extradición a la Argentina de dos militares uruguayos acusados de haber actuado en Automotores Orletti. Se trata de Luis Maurente y Ernesto Soca, que deberán responder por el secuestro y tortura de unos treinta ciudadanos uruguayos que pasaron por ese centro clandestino de detención, que funcionó en Buenos Aires, en el barrio de Flores. Si el trámite finalmente se concreta, serán los primeros represores del país vecino en ser extraditados por crímenes de lesa humanidad cometidos en la Argentina.
Las extradiciones habían sido pedidas a fines de 2006 por el juez federal Daniel Rafecas, que investiga los delitos cometidos en el taller mecánico que la Side utilizó como sede porteña del Plan Cóndor. Por su pedido de captura, Soca y Maurente fueron arrestados el año pasado en Uruguay y trasladados a la Unidad Penitenciaria Nº 8, más conocida como la cárcel de los militares.
Que ahora se haya abierto la puerta para la extradición es toda una novedad, porque el Estado uruguayo ha mantenido una política de bloquear los juicios contra los represores. Además de la ley de caducidad, ha sido frecuente que se abrieran causas en los tribunales locales a los militares con pedido de extradición, para así mantenerlos en suelo uruguayo. Esto es lo que sucedió, por ejemplo, con once de las doce extradiciones solicitadas inicialmente por el juzgado de Rafecas.
Maurente está en esa situación: tiene una causa abierta en Montevideo por la desaparición del militante Adalberto Soba, por lo que ayer la propia jueza aclaró que no podrá ser extraditado a la Argentina hasta que concluya esa investigación en el Uruguay. Socas es la excepción. Era un soldado conscripto cuando actuó en la represión.
Automotores Orletti funcionó como centro de detención y tortura desde mayo hasta noviembre de 1976. En el lugar, y en el marco del Plan Cóndor, se instalaron junto a los represores argentinos un grupo de oficiales uruguayos, que centralizaron allí la persecución de los exiliados. De acuerdo con los testimonios reunidos por el juzgado de Rafecas, las víctimas eran alojadas en la planta baja o el garaje, donde eran mantenidos tirados en el piso, tabicados e imposibilitados de moverse. En la planta superior estaba la sala de torturas por la que pasaron no menos de setenta personas.
El trámite debe pasar todavía por varias instancias, la primera de ellas es la apelación de los dos acusados. El abogado Gastón Chávez, defensor de ambos, evaluó que las extradiciones “no se definirán antes de un año”. “Hay un largo camino jurídico por resolver antes de que los casos queden resueltos por la apelación y, eventualmente, la elevación a la Corte Suprema de Justicia”, consideró.

El represor debe cumplir veinticinco años de prision
La Corte confirmó la condena a Simón


El Turco Julián fue condenado por torturas y desapariciones.
Imagen: DyN

La Corte Suprema de Justicia confirmó ayer por unanimidad la sentencia a veinticinco años de prisión contra el ex sargento de la Policía Federal y ex agente del Batallón de Inteligencia 601 del Ejército, Julio Simón, alias “Turco Julián”. Se trata de la primera condena a un represor tras la anulación de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida confirmada primero por la Cámara de Casación y ahora por el máximo tribunal argentino.
El represor de 67 años, un símbolo de los torturadores autóctonos por su perversidad y por ufanarse ante las cámaras de TV de su tarea en tres centros clandestinos dependientes del Cuerpo I del Ejército, cumple su sentencia en el “pabellón de lesa humanidad” del penal de Marcos Paz.
El 5 de agosto de 2006 el Tribunal Oral Federal 5 condenó a Simón por los secuestros de los militantes peronistas José Poblete y Gertrudis Hlaczik, las torturas que recibieron en el centro clandestino El Olimpo y el ocultamiento de su hija Claudia Victoria, quien recuperó su identidad en el año 2000. El chileno Poblete, que había perdido sus piernas en un accidente ferroviario, fue fundador del Frente de Lisiados Peronistas y militaba en Cristianos para la Liberación. El tribunal, integrado por Luis Di Renzi, Guillermo Gordo y Ricardo Farías, consideró que los delitos fueron “doblemente agravados” porque el represor había sido un funcionario público y porque el secuestro del matrimonio duró más de un mes.
El 15 de mayo pasado la Sala I de la Cámara de Casación, integrada por Raúl Madueño, Liliana Catucci y Amelia Berraz de Vidal, ratificó la condena por unanimidad. Ayer, con las firmas de Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco, Carlos Fayt, Juan Carlos Maqueda, Eugenio Zaffaroni y Carmen Argibay, hizo lo propio la Corte Suprema, que consideró “inadmisible” el recurso extraordinario presentado por la defensa.
El 18 de diciembre pasado el Turco Julián recibió su segunda condena, entonces por la desaparición de seis militantes Montoneros que intentaban reingresar al país en 1979 para enfrentar al gobierno de facto y por la reducción a la servidumbre de Silvia Tolchinsky. El juez federal Ariel Lijo lo sentenció a otros 23 años de cárcel, junto con ocho coroneles retirados que integraban la cúpula del Batallón de Inteligencia 601. En ambos juicios actuó como querellante el Centro de Estudios Legales y Sociales, en el primer caso junto con la abogada Alcira Ríos en representación de Buscarita Roa, madre de Poblete. El célebre torturador todavía no fue juzgado por los 184 casos de secuestros y torturas cometidos durante su periplo en los centros clandestino Club Atlético, El Banco y El Olimpo, por los cuales lo procesó el juez federal Daniel Rafecas.


INVESTIGAN CASOS de lesa humanidad
Crímenes de guerra

La Justicia de Tierra del Fuego investiga delitos que no prescriben contra los soldados que combatieron en las islas Malvinas. Piden colaboración al Equipo de Antropología Forense.
Secciones

02.04.2008

“Nos estaquearon durante unas ocho horas y dieron la orden de que cada dos horas nos quitaran una prenda. Nos sacaron borceguíes, chaquetillas... estábamos todos mojados, sobre el hielo, el frío era terrible. Ése era el castigo que recibíamos por escaparnos a buscar alimento”. Torturas, reducción a la servidumbre, lesiones gravísimas, homicidio.En Malvinas hubo mucho más que una guerra. Así lo demuestran los cincuenta testimonios de ex combatientes que lleva reunidos la causa judicial que desde hace un año investiga los crímenes que la dictadura cometió fuera de los centros clandestinos, en pleno campo de batalla. A veintiséis años de la guerra, los soldados piden la colaboración técnica del Equipo Argentino de Antropología Forense para que se exhumen los cuerpos de sus compañeros enterrados en la isla. Quieren saber cómo murieron. También reclaman el derecho a su identidad: es decir que 123 de las 237 tumbas del cementerio de Darwin dejen de llevar las letras NN estampadas en sus cruces blancas. En abril del año pasado, un grupo de ex combatientes de Corrientes y de La Plata presentó ante la jueza federal Lilian Herraez de Río Grande, Tierra del Fuego, pruebas testimoniales sobre 23 delitos gravísimos cometidos en las islas durante la guerra de 1982, entre ellos un homicidio y cuatro muertes por inanición. A un año de instrucción, los testimonios ya son más del doble e incriminan a unos 50 militares de las tres fuerzas. La investigación está en la etapa probatoria, todavía sin procesados, aunque a raíz de las revelaciones el Ministerio de Defensa separó a algunos militares, como el subteniente Gustavo Malacalza, subdirector del Liceo San Martín. Además, la causa cuenta con declaraciones de ex militares que ratifican los vejámenes denunciados.Los ex combatientes reclaman que, a través de la vía judicial, se ordene una exhumación de los cuerpos enterrados en Darwin para identificar a sus compañeros y confirmar las razones de sus muertes. El viernes partirán de Corrientes hacia Río Grande para aportar nuevas pruebas.Hablar fue liberador. El miedo los silenció durante 25 años. “Apenas llegábamos al continente, el Servicio de Inteligencia nos decía que nunca habláramos de Malvinas porque era considerado traición a la Patria”, recuerda el correntino Orlando Pascua. Y continúa: “No queremos revancha, queremos que se haga justicia. Los conscriptos fuimos las últimas víctimas de la dictadura”.LAS CLAVES
El acto central del Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas se realizará a las 11.30 en la Plaza de Armas de la Primera Brigada Aérea, en El Palomar. Estará encabezado por la presidenta Cristina Fernández.
En el Monumento Nacional a los Héroes de Malvinas en Ushuaia, comenzará una ceremonia a las 11, con la presencia del vicepresidente Julio Cobos.
El Centro Ex Combatientes Islas Malvinas de La Plata comenzará su acto a las 11.30 en la plaza donde funcionó el Regimiento Nº 7, en calle 19 y 51.





COMIDA CERO
Alertan que se agravó la pobreza y el hambre entre aborígenes del Chaco

Lo denunció una ONG en un informe que sostiene que las pésimas condiciones en las que todavía viven 28 comunidades indígenas son el resultado del fracaso de los planes sociales nacionales y provinciales. Temen que el invierno provoque nuevas muertes.
18:07
02.04.2008

(Télam)
La organización no gubernamental “Centros de Estudios Nelson Mandela” presentó hoy un informe en el que advierte sobre el importante agravamiento del hambre y la pobreza en las comunidades aborígenes del Chaco. Según el organismo, el empeoramiento se debe al fracaso de los planes sociales a nivel nacional y provincial. El presidente de la asociación chaqueña, Rolando Núñez, aseguró que podría repetirse la serie de muertes por desnutrición ocurridas el año pasado. Sobre todo, cuando llegue el invierno. Meses atrás, durante la gestión del ex gobernador Roy Nikisch, la organización reveló casos que, luego, derivaron en la muerte de aborígenes. Por esa razón, presentó una denuncia a través de la cual consiguió que la Corte Suprema de Justicia ordenara la urgente asistencia a las comunidades. En ese entonces, el actual gobernador Jorge Capitanich se comprometió durante su campaña a reparar la situación. Pero la ONG afirmó que las 28 comunidades indígenas, en las que viven 25 mil habitantes, todavía permanecen "sin asistencia alimentaria y sanitaria". Los indígenas también padecen las consecuencias de los destrozos provocados por las inundaciones registradas en la zona de Interfluvio, generadas por la crecida de los ríos Bermejito y Teuco. Por otra parte, el informe sostiene que enfermedades como el chagas y la tuberculosis siguen imperando en el Impenetrable por la falta de decisiones presupuestarias de los ministerios de Salud de la Nación y el Chaco, que generan un inmenso déficit de recursos humanos. El Centro aseguró que la implementación del programa "Hambre Cero", llevado a cabo con fondos de los ministerios de Desarrollo Social, Salu Pública y Gobernación, fue parcial y de escasa calidad institucional y operativa. Actualmente, sólo funcionaría en la localidad de Nueva Pompeya y, para peor, con magros resultados. También señaló que el Gobierno nacional desplegó en la zona recursos humanos, insumos y alimentos sin coordinación con la Provincia, lo que generó confusión entre los indígenas.

El juez Torres rechazo el pedido de excarcelacion del represor Ricardo Miguel Cavallo
Sérpico seguirá en Marcos Paz
Para la Justicia argentina, el ex integrante de los grupos de tarea de la Escuela de Mecánica de la Armada lleva apenas un año y dos meses detenido. El juez consideró que por “la gravedad” y “reiteración” de los hechos no corresponde la excarcelación.
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El represor Ricardo Miguel Cavallo llegó el lunes extraditado desde España.
Imagen: DyN

Por Irina Hauser
Para la Justicia argentina, el represor Ricardo Miguel Cavallo está preso desde hace sólo un año y dos meses, aunque se encuentre físicamente detenido desde agosto de 2000 por iniciativa de los tribunales españoles. Ese es uno de los argumentos que utilizó el juez federal Sergio Torres para rechazar, ayer, el pedido de excarcelación presentado por el marino, apenas llegó extraditado para ser juzgado por los crímenes cometidos desde la ESMA. También señaló que, de por sí, “la gravedad” de los delitos de los que está acusado lo convierten en un personaje cargado de “peligrosidad”. Y anticipó que por la “reiteración” de los hechos que se le atribuyen –asesinatos, torturas, desapariciones y apropiación de bienes de las víctimas– es imposible que reciba una condena atenuada o en suspenso capaz de justificar que espere el juicio oral en libertad.
Cavallo reclamaba que lo liberen por los casi ocho años transcurridos desde que fue detenido en México a raíz de una investigación del periodista José Vales. Por entonces, en Argentina las leyes de impunidad todavía obstaculizaban los juicios por los crímenes del terrorismo de Estado. Por eso España, aplicando el principio de la justicia universal, inició el proceso de extradición para juzgarlo por genocidio, torturas y terrorismo durante la última dictadura argentina. La investigación estaba en su etapa final, pero a mediados de marzo la Sala III de la Audiencia Nacional de Madrid sobreseyó al represor y archivó la causa, entre otras razones por considerar que ya están dadas las condiciones para juzgarlo en el país donde ocurrieron las desapariciones. La fiscalía y la querella apelaron.
Torres, que tiene a cargo la megacausa ESMA, había pedido la extradición a fines de 2006 tras una primera declaración de incompetencia de la Audiencia española. España abrió ese nuevo proceso de extradición el 30 de enero de 2007 y, según dice el juez en la resolución de ayer, es a partir de ese momento que se debe calcular cuánto lleva detenido. Y distingue entre el juicio que se lleva a cabo en España y el que se hará aquí: se juzgarán casos diferenciados. En su juzgado y en la fiscalía de Eduardo Taiano están haciendo un análisis pormenorizado para que no haya superposiciones que le permitan al acusado alegar “doble juzgamiento”.
Cavallo, alias “Sérpico”, fue indagado el lunes por apropiación de bienes de desaparecidos a través de su participación en una asociación ilícita conformada por varios miembros de uno de los grupos de tareas de la ESMA. Torres explica que son hechos íntimamente relacionados con los “delitos de lesa humanidad” cometidos en ese centro clandestino por los que, desliza, también será indagado. El desapoderamiento de bienes que se le atribuye a Cavallo, dice el juez, fue cometido “aprovechando ese contexto” de las actividades del grupo de tareas 3.3, “las cuales eran impunemente desplegadas, al amparo y con anuencia del Estado”.
La resolución recuerda que, a la luz del derecho internacional, esos crímenes “no deben quedar sin castigo y que, a tal fin, hay que adoptar las medidas en el plano nacional e intensificar la cooperación internacional para asegurar que sean sometidos a la acción de la justicia”. Excarcelarlo atentaría contra ese compromiso. “La gravedad de los hechos que resultan materia de investigación –agrega– hacen viable que se califique con el grado de peligrosidad la conducta del procesado.” Esto abarcaría también el riesgo de fuga y de entorpecer la acción de la Justicia.

Un nuevo testigo da pistas sobre la desaparicion
Otro operativo por el caso Julio López


El juez Arnaldo Corazza ordenó ayer el operativo.
Imagen: Gentileza diario Hoy de La Plata

Por Adriana Meyer
Una vez más, las afueras de La Plata fueron escenario de un operativo en la causa por la de-saparición de Jorge Julio López. Equipos especializados de la policía bonaerense buscaron ayer al testigo en las cercanías de la localidad de Ignacio Correa, pero el procedimiento debió suspenderse por la intensa lluvia y sería completado hoy. La medida fue ordenada por el juez federal Arnaldo Corazza en el marco de una nueva línea de investigación surgida recientemente, tal como publicó anteayer Página/12.
Ayer declaró en el juzgado un testigo, cuya identidad está siendo preservada, que aportó datos sobre una nueva pista que volvería a colocar el foco en un grupo policial que realizó “una operatoria por encargo” para secuestrar a López. Quienes lo escucharon coincidieron en calificar sus dichos como “de los más verosímiles que se han aportado” hasta ahora al caso. Pasado el mediodía, el magistrado ordenó al coordinador de las fuerzas policiales y de seguridad que intervienen en este causa, comisionado Carlos Prost, que realice un procedimiento en las afueras de La Plata. Sin embargo, a las pocas horas debieron suspender las tareas porque el equipamiento técnico que estaban utilizando podía dañarse con la lluvia. En el operativo no participó personal judicial ni de la fiscalía, aunque contó con la presencia de testigos ocasionales, funcionarios del Ministerio de Seguridad y familiares de López, en tanto la querella de Justicia Ya! no tuvo autorización para concurrir.
El juez Corazza tendría más interrogantes para este nuevo testigo, pero no lo llamará para ampliar su declaración testimonial hasta que no se haya completado la primera búsqueda generada por los datos que aportó. En caso de resultar positivo el caso comenzaría a esclarecerse y el testigo se llevará el millón de pesos previsto como recompensa del gobierno de la provincia de Buenos Aires. En tanto, la fiscalía general emitió su dictamen y avaló el pedido de Justicia Ya! para que la policía bonaerense sea apartada del caso, aunque no acompañó la recalificación como “desaparición forzada”.


Dos marinos, a juicio oral

El juez federal Sergio Torres confirmó la elevación a juicio oral de dos represores de la ESMA: el vicealmirante retirado Oscar Montes y el médico y capitán de corbeta retirado Carlos Capdevila. El Tribunal Oral Federal 5 deberá juzgar al primero por los secuestros de Sergio Bejerman y Laura Reboratti, y al segundo por el de Thelma Jara de Cabezas. Bejerman fue secuestrado el 6 de septiembre de 1976 con su esposa Florencia Brotman y fue llevado a la ESMA, donde fue torturado. Lo liberaron cuatro días más tarde. Reboratti fue secuestrada el 6 de julio de 1976, permaneció en la ESMA bajo un régimen inhumano hasta 1977, cuando recuperó su libertad. Jara fue secuestrada el 30 de abril de 1979 cuando salía del Hospital Español y fue llevada a la ESMA, donde fue torturada. Montes comandó entre enero de 1976 y mayo de 1977 la Fuerza de Tareas 3 de la que dependía el GT 3.3.2 de la ESMA. Tiene 84 años y cumple prisión domiciliaria en su casa de Vicente López. Capdevila, de 61 años, está en el penal de Marcos Paz.


Defensa oficial para Almirón

El represor Rodolfo Almirón tendrá un defensor oficial, ya que no designó abogado en la causa que instruye el juez federal Norberto Oyarbide en la causa sobre los delitos de la Triple A. El magistrado, quien ordenó que fuera extraditado de España, dispuso que, cuando preste declaración indagatoria el viernes en los tribunales de Comodoro Py, lo asistan los defensores Eduardo Fox y Rodolfo Catinelli. En la misma causa se incluyó al ex ministro de Bienestar Social José López Rega y el comisario Juan Ramón Morales (ambos fallecidos) y al represor Miguel Angel Rovira.



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Bahía Blanca
Desde la Delegación de la Secretaría de DDHH
Benamo defendió a Canale
Redacción EcoDias - 29/03/2008
Días atrás la dra. Mirta Mántaras, abogada de la APDH, visitaba Bahía Blanca para anunciar que solicitarían al Consejo de la Magistratura un juicio político contra el juez Álcindo Alvarez Canale, quien tiene a su cargo las causas por delitos de lesa humanidad cometidos durante la dictadura genocida, por entender que el proceso está plagado de irregularidades.Entre ellas: lentitud en la instrucción, declaraciones indagatorias "en cuotas" que privan a las víctimas de un juicio rápido y sencillo, cambios de criterio "de blanco a negro" haciendo que sean quienes sufrieron las torturas -encapuchados en los centros clandestinos de detención- los que tengan que probar aquellos delitos, e incluso, la desprolijidad en las capturas de los represores y las citaciones "como si fuera un juicio de divorcio o de alimentos".Esta postura es compartida por todos los organismos vinculados con la búsqueda de justicia. Sin embargo, Víctor Benamo, delegado local de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación (informalmente, dado que falta la firma del convenio), realizó una confusa defensa del accionar del cuestionado magistrado. Consultado acerca de la actualidad de las causas afirmó: "Es una buena pregunta para aclarar algunas cosas injustas que se hacen decir, sobre todo con respecto a las críticas del dr. Álvarez Canale de que no hubo celeridad en los procesos. El problema es que no había personal. El gobierno estaba demorado en dotar de personal"."Bueno, recién ahora se ha renovado, se contrató a Agustín Carestía, un hombre joven de cuarenta años, abogado, que está haciendo la investigación. Y yo mismo tengo el poder ampliado que hasta hace poco tiempo estaba circunscrito a Eduardo Luis Duhalde, recién ahora 17 abogados del interior recibimos la facultad para presentarnos en los juicios", destacó y agregó que "si queremos hacer juicios en serio este refuerzo era necesario". Las preguntas del señor Benamo "¿Tenemos que juzgarlos a los militares como ellos juzgaban, que no juzgaban? ¿Somos demócratas y nos molesta que una ley que no puede cambiarse, echarse atrás, porque sería una ley retroactiva? ¿Nos molesta que un señor Harguindeguy tenga arresto domiciliario? ¿O Massera? ¿O éste que se suicidó, que estaba en la Prefectura? (Haciendo referencia a Héctor Febrés) ¿Qué sean presos vip? Eso es lo que tiene que aprender la gente a opinar como militante. Nosotros no somos como ellos".Benamo manifestó también que "algunos tiran la bronca porque en la demora de los juicios también está implícito que hay que probar. Digo que la víctima tiene que contribuir con prueba para que al imputado… porque eso es la esencia del derecho penal".-¿Pero hay causas que han recogido mucha prueba?-Sí, pero tiene que pasar por la constatación de la prueba, tiene que pasar a la acusación fiscal y ahí se va a ver en estos juicios.Finalmente, acerca de lo que la APDH calificó como "declaraciones en cuotas", el letrado manifestó que "el impulso judicial lo tiene la justicia federal, no somos nosotros, hay lugares que han trabajado con más velocidad. Hace poco el ex presidente y ahora la presidenta también ratificó el pedido de que se apuren las causas".










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