viernes, 11 de abril de 2008

Pedro Florido, ex marino de la esma, abogado de represores
Macri tiene un flor de asesor

En la dictadura ordenó confeccionar pasaportes falsos para la Logia P2. Ahora debe velar por la transparencia desde la Procuración General de la Ciudad. La impugnación del CELS.

Diego Genoud
11.04.2008

Tonelli. Su asesor tuvo un pasado oscuro en la Escuela de Mecánica de la Armada.
Mauricio Macri designó en la Procuración General de la Ciudad, que comanda Pablo Tonelli, a un capitán de navío que fue asesor legal en la ESMA y que defiende a los ex represores del campo de concentración que regenteaba el ex almirante Emilo Massera. Se trata de Pedro Carlos Florido, un abogado que presta asistencia jurídica a los ex marinos que revistaron en el predio de Avenida Libertador al 7000 durante la última dictadura. Florido tiene aportes del gobierno porteño desde febrero, pero según fuentes oficiales asumió cuando el PRO desembarcó en la ciudad. Su nombramiento no fue publicado en el Boletín Oficial ni está incluido en el sistema único de mesa de entradas en el que deben figurar todos los empleados porteños, pero desde la Procuración le confirmaron Crítica de la Argentina que Florido está en funciones.En 1982, el ahora asesor de la Procuración fue fotografiado por el ex detenido Víctor Basterra, quien estuvo secuestrado allí durante cuatro años y cinco meses. Basterra logró quedarse con una copia de los rostros de cada uno de los represores de la Armada y los presentó ante la Justicia apenas fue liberado. “Le decían Florido o Florindo y era una especie de auditor. Estaba siempre en los casos que tuvieran que ver con guita o con propiedades. Lo vi cuatro o cinco veces, hasta que un día se prestó para que le hiciera un documento”, recordó el ex detenido. Basterra declaró que Florido fue uno de los marinos que le ordenó confeccionar cuatro pasaportes argentinos falsos para Licio Gelli, el líder de la Logia Propaganda 2. Los otros represores que le pidieron ese trabajo fueron el delfin de Massera, Jorge “Ruger” Rádice, el oficial retirado del Ejército Maco Coronel, el ex capitán Horacio Estrada y el prefecto principal José Manuel Díaz Smith.Desde el gobierno porteño informaron que la designación fue ordenada por el Procurador General adjunto de control de legalidad, Carlos Guaia, quien lo nombró como parte de la planta de gabinete del organismo. Allí, los funcionarios designan a su gente de mayor confianza. Para ingresar en esa condición, el ex capitán debió presentar una serie de certificados de antecedentes que ahora le permiten contar con beneficios que los empleados rasos no tienen, como el sueldo, la obra social, las vacaciones y, sobre todo, la continuidad en el cargo mientras dure la gestión en curso. La Procuración es un organismo clave para la transparencia de la administración porteña. Tiene como objetivo controlar al Poder Ejecutivo y en este momento está auditando las gestiones anteriores a la de Macri. El Procurador es el jefe de los abogados de la ciudad y debe dictaminar sobre la legalidad de los actos del gobierno y defender el patrimonio público en nombre de la ciudad.Hasta llegar al gobierno de Macri, fue miembro del elenco de la Armada que asiste a los represores retirados en base a la información privilegiada que le llega desde Tribunales. En 2002, durante el gobierno de Fernando De la Rúa y Carlos “Chacho” Álvarez, el Senado aprobó su ascenso a capitán de navío, a pesar de la impugnación que realizó el CELS en ese momento. El pedido para beneficiar a Florido lo había firmado Carlos Menem el último día de su gobierno.La foto tomada en la ESMA que nunca se publicó Víctor Melchor Basterra estuvo secuestrado en ESMA durante cuatro años y cinco meses. En 1979 fue detenido junto a su esposa y a su hija, quienes fueron liberadas siete días después. En el lapso de siete meses, la Marina lo tuvo recluido en el sector denominado Capucha y fue sometido a distintos tipos de torturas. A partir de 1980, fue confinado como mano de obra esclava en el sector de Documentación, donde estaba encargado de falsificar DNI. Basterra sacó alrededor de 80 fotos de represores de la ESMA (entre ellos el Jorge “Tigre” Acosta, Alfredo Astiz y Ricardo Cavallo) que presentó luego a la Justicia y acaban de ser editadas ahora por el Instituto Espacio de la Memoria. El ex detenido recuerda como si fuera hoy el día que fotografió a Pedro Florido, flamante funcionario de Mauricio Macri. “Seguramente era una foto para un registro del conductor”, dice. Y explica que los documentos falsos que utilizaban los represores tomaban una identidad real para evitar ser identificados. “No recuerdo ahora el nombre del sosías que el tipo utilizaba, pero fue en 1982. Tengo la imagen de un tipo que no se había afeitado esa mañana”. La imagen de Florido no tiene nitidez. Por eso, hasta ahora nunca había sido publicada, pese a que el abogado que se define como “auditor de la marina” ha tenido desde entonces una carrera prominente a sueldo del Estado.

EL EX COMISARIO FUE LLEVADO DE LA CARCEL AL JUZGADO. INCIDENTES Y REPRESION POLICIAL
Luis Patti seguirá durmiendo en el penal
A dos días del fallo de la Corte Suprema de Justicia que lo habilitó a reclamar su banca de diputado nacional, a Luis Abelardo Patti le rechazaron el pedido de excarcelación. Apeló a su supuesta “inmunidad parlamentaria” para no declarar.


En las puertas de los Tribunales de San Martín, la Policía Bonaerense reprimió a manifestantes.
Subnotas
Crítica de las Madres
Recusación rechazada


Por Adriana Meyer
El saco oscuro debió servir para tapar sus muñecas atadas. Pero no. Un fotógrafo esperó, enfocó y obtuvo la primera imagen de Luis Patti esposado, en su condición de procesado por delitos de lesa humanidad, cuando entraba al juzgado federal de San Martín para ser indagado por un nuevo caso que se suma a los siete que lo llevaron a la cárcel. Eran las 8.45 y todavía no habían llegado sus seguidores del Paufe, el partido con el que ganó una banca como diputado nacional a la que el Congreso le impidió asumir porque consideró que sus antecedentes como represor lo inhabilitan moralmente. Una vez ante el juez federal Alberto Suares Araujo intentó dilatar el interrogatorio invocando su supuesta “inmunidad parlamentaria”. El magistrado, que anteayer había rechazado el pedido de excarcelación del ex comisario, debió postergar el trámite. Cuando Patti partía de regreso al penal de Marcos Paz, el camión celular que lo transportaba recibió una lluvia de huevos y hubo un breve forcejeo entre los “pattistas” y los militantes de HIJOS y otras organizaciones kirchneristas. La policía terminó reprimiendo a estos últimos, con un saldo de tres heridos, entre ellos la abogada Ana Oberlin, y dos denuncias cruzadas: una por las lesiones y otra contra un manifestante del Movimiento Evita por resistencia a la autoridad.
El operativo de traslado tuvo importantes dimensiones, incluyó varios vehículos del Servicio Penitenciario Federal (SPF), del grupo Especial de Intervención del SPF, además de efectivos de la seccional primera de San Martín. Minutos antes de las nueve no había manifestantes en la vereda del juzgado federal 2 de San Martín. Cuando los penitenciarios lo bajaron del celular quedó en evidencia el intento de esconder su condición de reo.
Si pensó que el fallo de la Corte Suprema podía ahorrarle el disgusto de ayer, sus esperanzas se diluyeron pasadas las cinco de la tarde del miércoles, cuando el juez Suares Araujo rechazó su pedido de recuperar la libertad. Lo mismo había resuelto el fiscal federal Jorge Sica cuando argumentó que “los hechos que se le imputan nada tienen que ver con la función legislativa” y recordó que “la inmunidad de arresto que otorgan los fueros parlamentarios tiene el sentido de proteger la función legislativa en contra de un eventual embate del Poder Ejecutivo que, en determinada época pudiera tener una opinión diferente al legislador”.
Una vez que estuvo sentado en el despacho del juez, Patti se negó a declarar, al tiempo que sus abogados, Silvio Duarte y Rafael O’Gorman, presentaban un escrito solicitando la nulidad de la audiencia. Además de aprovechar la resolución de la Corte para tratar de hacer valer sus pretendidos fueros parlamentarios, sostuvo que “nunca debió ser arrestado” y que “lo trajeron por la fuerza”, según precisó a Página/12 una fuente del caso. Suares Araujo ratificó su decisión de tomarle declaración, pero ante esa solicitud debió suspenderla hasta que la Cámara Federal de San Martín se pronuncie. El intento dilatorio funcionó.
Represión del pasado
Los camaristas ya habían avalado al juez cuando ratificaron el procesamiento con prisión preventiva de Patti por la privación ilegal de la libertad doblemente agravada, la imposición de tormentos a siete personas, entre ellas el diputado Diego Muniz Barreto, allanamientos ilegales y el homicidio de Gastón Gonçálves. A partir de su detención, ocurrida el 22 de noviembre, el expediente comenzó a recibir nuevos testimonios de familiares de sus víctimas y sobrevivientes a sus secuestros. Uno de ellos es un empleado de la imprenta de Tilo Wenner, el periodista y poeta entrerriano, director del periódico El Actual de Escobar, que también se enfrentó a Pa-tti y permanece desaparecido. Si hubiera accedido a la ampliación de su indagatoria, el represor tendría que haber respondido preguntas sobre los dichos de este imprentero, cuya identidad sus abogados pidieron mantener en reserva por temor a represalias, que declaró haber sido señalado desde un auto estacionado en la vereda de enfrente a aquella imprenta. El imprentero se acercó al vehículo, reconoció a Patti y lo enfrentó. Luego del incidente se sintió aturdido, volvió a la imprenta y allí lo fueron a buscar los policías. Una vez en la comisaría de Escobar fue interrogado sobre Wenner y sus actividades, mientras lo golpeaban. Estuvo quince días preso y sobrevivió para contarlo. Wenner desapareció dos días después del golpe de 1976, y el 25 de marzo llegó a publicar en la tapa de El Actual una foto de un perro mostrando los dientes y un editorial de oposición al gobierno militar.
Represión del presente
La vereda de San Lorenzo al 2300 se pobló primero de los “pa-ttistas” del Paufe y otros seguidores del represor. Más tarde fueron llegando los militantes de HIJOS, Barrios de Pie, Movimiento Evita, Patria Libre, CTA y Suteba, además de la comisión de sobrevivientes de Campo de Mayo. Un cordón policial se ubicó paralelo al cordón para separar a los grupos, de modo que el del Paufe, más reducido, quedó pegado al juzgado. Mientras los dos sectores amenizaban la espera con cánticos, la esposa y los hijos de Patti entraban al despacho de juez. Poco antes del mediodía, el SPF debió meter el camión celular por la única puerta del chalet donde funciona el juzgado para sacar a Patti en medio de tanto público. Cuando el vehículo se puso en movimiento volaron algunos huevos. “Cuando Patti se fue la policía comenzó a venirse encima de la gente, y así fue que tiraron un balazo al piso que rebotó y me pegó en la pierna. Nosotros para evitar el conflicto estábamos lejos, pero vinieron directo a reprimir, y al pibe que agarraron fue para justificar lo injustificable”, describió a Página/12 Ana Oberlin, abogada de HIJOS Rosario que representa a la familia de Gastón Gonçalves. Fernán López fue el joven demorado algunas horas y que quedó imputado en una causa por resistencia a la autoridad. “Por más que hicieron un corralito para que las cámaras no lo vieran, nos dimos cuenta de que los policías que lo agarraron de los pelos luego lo golpearon en el piso, mientras pasaban los pattistas y lo insultaban”, agregó Oberlin.

EL PODER EJECUTIVO ACEPTO LA RENUNCIA DE ANA MARIA CAPOLUPO
Bisordi todavía no logró zafar
El Consejo de la Magistratura analiza la posibilidad de iniciarle un jury a Alfredo Bisordi, el camarista de Casación cuestionado por trabar los procesos contra represores. La Presidenta ratificó la dimisión de la camarista, pero no se pronunció sobre su colega.



El renunciante camarista de Casación, Alfredo Bisordi.
Subnotas
Dos detenciones por el Pozo de Arana

Por Laura Vales
El Poder Ejecutivo aceptó la renuncia de la jueza Ana María Capolupo de Durañona y Vedia, una de los integrantes de la Cámara de Casación acusados de demorar las causas contra represores por violaciones a los derechos humanos. La renuncia, que le garantizó una salida con perfil bajo frente a los pedidos de juicio político, fue aceptada por Cristina Kirchner en el decreto 588/2088. En cambio, la Presidenta siguió demorando la aceptación de la renuncia presentada por Alfredo Bisordi. El juez tendrá que esperar a que el Consejo de la Magistratura defina si debe ser llevado a un jury para su destitución.
Capolupo y Bisordi integran la lista de jueces cuestionados por 61 sobrevivientes de la dictadura y familiares de desaparecidos por las demoras en doscientos recursos relacionados con los juicios sobre el terrorismo de Estado. Ese pedido de remoción abarcó a cuatro magistrados: además de los mencionados Capolupo y Bisordi, incluyó también a Gustavo Hornos y Eduardo Riggi. Como se sumaron más denuncias, el Consejo de la Magistratura abrió un expediente por separado para cada juez.
Bisordi, con sus votos y sus declaraciones, se había convertido en un emblema de los jueces vinculados con la dictadura militar. Cuando se reabrieron las causas contra los represores tras la derogación de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, los organismos de derechos humanos lo recusaron. El contestó aquel escrito calificando a Graciela Daleo, sobreviviente de la ESMA, como “delincuente terrorista”. Por esas declaraciones tuvo un pedido de destitución, que el Consejo de la Magistratura convirtió en una simple falta disciplinaria.
Luego tuvo una pelea a través de los medios con Néstor Kirchner: en su discurso del 24 de marzo de 2007, el entonces presidente se quejó por la demora en los procesos contra los represores y pidió al Consejo de la Magistratura que actuara en el tema. Bisordi acusó al ex mandatario de buscar “la suma del poder público” y sostuvo que en cuarenta años –incluida la dictadura– nunca había visto “una intromisión en la labor de los tribunales” como la de Kirchner.
La confrontación con la Casa Rosada le dio mucha prensa, aunque terminó de deteriorar las relaciones con sus colegas de Casación, que le reprocharon que se expusiera de esa forma. En septiembre, Bisordi renunció a la presidencia del tribunal después de que sus pares le quitaran su apoyo para promover a su mujer y a su sobrina, que trabajaban en la misma Cámara. “Se ha generado en mí un profundo sentimiento de aversión respecto de la mayoría de los miembros del tribunal”, dijo el juez al apartarse de la titularidad del organismo.
Mientras tanto, las denuncias en el Consejo de la Magistratura se demoraban. El lento avance de la investigación dio tiempo para que tramitara su jubilación y presentara su alejamiento al cargo. Lo elevó el 29 de febrero, con la intención de retirarse el 31 de marzo. Pero el Gobierno no le ha dado desde entonces el aval para que se vaya, como sí se lo otorgó ayer a Capolupo.
El juicio político contra Bisordi no es una cuestión segura. En la Comisión de Acusación del Consejo de la Magistratura, el expediente contra Bisordi quedó a cargo del consejero Luis Cabral, quien se inclinó por imputarle a Bisordi sólo faltas disciplinarias. Ante ese panorama, la semana pasada la diputada kirchnerista Diana Conti presentó un proyecto de dictamen que recomendó un jury por mal desempeño. Conti propuso que se cite al juez a una suerte de declaración indagatoria en la que debería responder sobre una decena de cargos, el paso previo al inicio de un juicio de destitución. El proyecto de dictamen, sin apoyo garantizado, iba a ser discutido ayer, pero el debate se postergó una semana –hasta la próxima reunión de la comisión– a pedido del consejero Cabral. El argumento que consiguió el apoyo de la comisión es que los cargos eran muchos y el tiempo no había sido suficiente para estudiarlos. Así, todo indica que el debate sobre Bisordi va a reflotarse en los próximos días. Además las denuncias por su actuación en las causas de derechos humanos, el juez es cuestionado por sus fallos en casos de gatillo fácil (ver pág. 17).
En cuanto a Capolupo, ahora completará los trámites para la jubilación. La viuda del ex diputado ucedeísta Francisco de Durañona y Vedia fue la tercera integrante de Casación que decidió irse desde que el Consejo de la Magistratura inició la investigación. Al dimitir, argumentó razones de salud y la intención de jubilarse. Dijo que su alejamiento “no tiene que ver” con el juicio político: “Yo ya me defendí el año pasado y tengo la conciencia tranquila, porque si hubo una demora en todo caso es atribuible a otra sala”. Sin embargo, como ha publicado este diario, ante sus pares había formulado otros reproches, como el no saber en qué podía terminar el juicio político en el que –se quejó– ninguno había hecho nada por ayudarla. Capolupo había entrado a la Cámara por impulso de Carlos Menem.
Cuatro jueces están nominados
El Consejo de la Magistratura nominó ayer a cuatro jueces para cubrir dos vacantes existentes en las Salas I y II de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal, encargada de casos de narcotráfico y de investigar la actuación de funcionarios públicos: el actual camarista subrogante de ese tribunal, Eduardo Guillermo Farah; el juez federal Jorge Ballestero, el del fuero penal económico, Javier López Biscayart, y el subrogante del fuero criminal de instrucción, Domingo Montanaro. La decisión fue aprobada en el marco de un plenario realizado por el cuerpo. Las vacantes en la sala I se produjeron a raíz de la renuncia de Horacio Vigliani, el 1º de octubre de 2006. El cargo a cubrir en la sala II es el que dejó Eduardo Luraschi el 17 de septiembre del año pasado. Tras esta decisión, la elección de los dos postulantes correrá por cuenta del Poder Ejecutivo y luego se pedirá el acuerdo del Senado, antes de la nominación definitiva. Por otro lado, el Consejo aprobó la terna para cubrir la titularidad del juzgado federal de primera Instancia de Río Cuarto. La integran Carlos Ochoa, María José Fauda y Daniel Alonso.

CRITICAS A SCIOLI Y A SU MINISTRO CARLOS STORNELLI
Repudio a la represión en San Martín


Las repercusiones por la represión desatada a la salida del ex subcomisario Luis Abelardo Patti de los tribunales de San Martín no se hicieron esperar. Las Abuelas de Plaza de Mayo reunieron en una conferencia de prensa en la sede de Familiares de Detenidos y Desaparecidos por Razones Políticas a representantes de todos los organismos de Derechos Humanos, la diputada kirchnerista y nieta recuperada, Victoria Donda, y a los agredidos Ana Oberling (abogada querellante en la causa) y Fernán López (militante del Movimiento Evita) para manifestar su repudio al accionar policial y exigir que se tomen las medidas correspondientes.
Por un lado, festejaron que se le haya negado la excarcelación, por lo que el represor continuará tras las rejas. Sin embargo, consideraron vital informar sobre los sucesos con la mayor puntillosidad posible. “Se dijeron muchas cosas: que nosotros agredimos con palos y piedras a la policía, que hubo un enfrentamiento entre ambos bandos. Yo estuve ahí e intenté hablar con el encargado del operativo para explicarle que éstos no eran los modos, que estaban cuidando a los que estaban del lado de Patti, que era violento verlos de esa forma. No sólo no me contestaron nada, sino que me empujaron. Después, cuando él sale, la policía empezó a reprimir de manera salvaje. No nos sorprenden porque esto ya es habitual, pero creo que no nos tenemos que acostumbrar”, explicó Donda. La evaluación que realizan desde los organismos sostiene que la represión estuvo íntimamente relacionada con los vínculos que el ex intendente y subcomisario de Escobar supo cultivar con la Policía Bonaerense.
Por el hecho responsabilizaron al capitán Walter Golía, de la comisaría primera de San Martín; a la jefa Distrital Gaviria, al ministro de Seguridad Carlos Stornelli y hasta al gobernador Daniel Scioli.

SUFRIO UNA SUBA DE PRESION Y DEBIO SER HOSPITALIZADO. SE HALLA ESTABLE, Y PERMANECE BAJO CUSTODIA DE GENDARMERIA

Hugo Espeche está internado y tiene suspendido el trasladoDesde la Policía Federal se dio a conocer ayer que el coronel retirado Hugo César Espeche se encuentra internado en el Hospital Regional, por “razones preventivas”, que tienen que ver con su estado de salud.
En consecuencia, el traslado a la provincia de Salta, que ya había sido solicitado por la Justicia, se encuentra suspendido.El estado de salud de Espeche es de cuidado, ya que padece de afecciones cardíacas. Al parecer, la comunicación de su traslado a una cárcel común que le fue dada esta semana derivó en una complicación de su salud.Fuentes cercanas a su entorno comentaron que el ex militar sufrió una suba de presión, debido a su condición de enfermo cardíaco.Por tal motivo, Espeche fue llevado al Hospital Regional, donde quedó internado bajo custodia de Gendarmería.De acuerdo con lo expresado por fuentes federales, Espeche está siendo controlado médicamente. De la evaluación de su estado de salud depende la orden definitiva de traslado hacia Salta.Cabe recordar que el coronel retirado Hugo César Espeche había sido trasladado el martes al edificio de la Policía Federal, sobre calle Chacabuco.Allí se había quedado a esperar la resolución del Juzgado Federal que pondría hora para su envío a Salta, provincia en la que sería alojado en una cárcel común. El juez federal de Salta, Abel Cornejo, fue quien revocó la prisión domiciliaria que Espeche gozaba desde 2005, decisión a la que llegó luego de analizar denuncias que advertían que el ex militar no cumplía con la prisión domiciliaria en Comodoro Rivadavia.Por esto, deberá ser trasladado a Salta, donde esperará la sentencia definitiva por su presunta participación en el fusilamiento de 12 presos políticos cometido el 6 de julio de 1976, en la causa conocida como La Masacre de Las Palomitas.Mientras permanezca internado bajo control médico, su envío a Salta se halla suspendido, hasta tanto no se evidencie mejoría en su condición de salud.
SEGUIRÁ CON PRISIÓN DOMICILIARIA
Albano Harguindeguy no irá a una cárcel común
El juez Oyarbide rechazó el pedido de traslado a una celda por la avanzada edad de quien fuera ministro del Interior de Jorge Rafael Videla.
10.04.2008

La solicitud ante la Justicia de su efectiva detención en una cárcel común fue realizada por la Secretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia de la Nación. (Télam)
Para el juez federal Norberto Oyarbide, el represor Albano Harguindeguy está "viejo" para ir a una cárcel común, por lo cual, seguirá gozando de prisión domiciliaria en la causa donde está detenido por el secuestro extorsivo de dos empresarios. En febrero pasado la jueza federal María Servini de Cubría, había dispuesto que Harguindeguy cumpliera prisión en su domicilio, debido a que tiene 81 años. La solicitud ante la Justicia de su efectiva detención en una cárcel común fue realizada por la Secretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia de la Nación, luego de una denuncia presentada por un particular quien aseguró que Harguindeguy fue visto veraneando en Pinamar a pesar de tener prisión domiciliaria.La decisión fue tomada hoy por el juez federal Norberto Oyarbide, a cargo de la causa, quien rechazó el pedido por la avanzada edad del ex Ministro. Harguindeguy fue apresado en la causa que investiga el secuestro extorsivo del empresario Federico Gutheim y su hijo Miguel. Ambos pasaron cinco meses presos en 1976 a disposición del Poder Ejecutivo debido a que se rehusaban a realizar un negocio que pretendía el entonces ministro de Economía, José Alfredo Martínez de Hoz, también acusado en la pesquisa. La Cámara Federal prepara una resolución donde confirmará la declaración resuelta por Oyarbide de la invalidez del indulto presidencial que benefició a los acusados.Harguindeguy también estuvo preso por su responsabilidad en el Plan Cóndor. Fue arrestado en 2004 y excarcelado dos años después. Este expediente está cerca de ir a juicio oral. Además, el represor figura en un pedido de arresto internacional, también por el Cóndor, realizado por la Justicia italiana.

DEPORTE Y DERECHOS HUMANOS
El macrismo quiere recordar con "agrado" el Mundial 78

Lo propone Jorge Garayalde, el mismo legislador que la semana pasada presentó un proyecto para que los empleados públicos se “vistan bien”. Ya levantó críticas desde la oposición y el oficialismo.
10.04.2008

El capitán de la selección argentina, Daniel Pasarella, recibe la copa de mano de la Junta militar y el presidente de la FIFA, Joao Havelange.
El mismo legislador porteño del bloque macrista que la semana pasada se hizo famoso por tratar de impulsar un proyecto que pretendía que todos los empleados públicos se “vistan bien”, ahora presentará otro en la misma tónica y que ya promete polémica: propone recordar "con agrado el trigésimo aniversario de la consagración de la Selección Nacional de Fútbol en el Campeonato Mundial llevado a cabo en nuestro país en el mes de junio del año 78".Con esta nueva iniciativa en su currículo, Jorge Garayalde, quien en plena sesión de la legislatura adujo no poder atender a Críticadigital por “respeto a mis colegas”, sigue cosechando críticas desde la oposición K, del ARI y también desde su propio bloque del PRO."Mientras se jugaba el Mundial en el estadio de River, a cientos de metros en la ESMA se torturaban personas, las hacían desaparecer y se robaban chicos de allí", aseguró Juan Cabandié, legislador por el Frente para la Victoria, quien además calificó el proyecto de “mamarracho”.Por su parte, el vicepresidente primero de la Legislatura, el macrista Diego Santilli, afirmó que no se puede "dejar de recordar que durante el Mundial 78 nuestro país vivió momentos complicados” que “no deberían volver a suceder nunca más por eso todos debemos abogar por recordar lo que nos pasó como sociedad y no olvidar las atrocidades que ocurrieron"."El Mundial 78 no se puede tomar exclusivamente como una actividad deportiva donde se felicita al deportista como en la Copa Davis. En el proyecto debería hacerse una mención o en el texto de la ley o en los fundamentos a lo que estaba pasando en la Argentina durante esos años", declaró el ex diputado del ARI, Alejando Rabinovich.

CORRIENTES
21ª jornada de la Causa RI9
Todo el Ejército era un escuadrón de la muerte
La Causa RI9 se ha caracterizado en las últimas jornadas, por contar con testigos que ayudaron a interpretar la correcta contextualización de los hechos de tortura y vejámenes que narraron una y otra vez las víctimas. En tal sentido ha sido fundamental el aporte del Coronel Ballester y Martín Almada, que aportaron a la comprensión del Plan Cóndor.Si algo le faltaba a la causa para brindar un interesante servicio a la reconstrucción de la memoria histórica, era develar la ideología subyacente en el "Proceso de Reorganización Nacional", el origen histórico de la hipótesis del "enemigo interno" y hasta de la materialización de las cuestiones "mas finas" el plan sistemático, dividiendo el país en zonas y subzonas. Se destacó el rol (en las guerras modernas) de la Inteligencia y de los "medios coercitivos para obtener información", eufemismo que no significa otra cosa que la aplicación de tormentos.El testimonio de la periodista Marie Monique Robin ahondó en estos aspectos, denunció la influencia de los doctrina militar francesa en las dictaduras militares latinoamericanas, donde destacó que los argentinos fueron sin dudas sus mejores alumnos."Francia tuvo un papel fundamental en la génesis de la ideología represiva" dijo. "Me avergüenza decirlo porque amo a este continente y soy francesa, pero es así".Hija de militantes de DDHH franceses enrolados en Amnistía Internacional de ese país, que infundieron en ella su preocupación por temas vinculados al respeto a la dignidad humana, Robin ha llevado adelante un trabajo de investigación que resulta a estas alturas de lectura obligatoria para cualquiera que pretenda analizar la realidad de las dictaduras latinoamericanas con seriedad.Explica en su extenso testimonio, cómo se desarrolló la "doctrina francesa", con lucidez y una extraordinaria capacidad de síntesis, sin la cual la complejidad del tema hubiera sido imposible desarrollarla en el ámbito de un debate oral. Su origen se remonta a las intervenciones militares en las colonias de Indochina y Argelia, donde el Ejército Francés se encuentra ante un enemigo "sin uniforme", que ataca con métodos no tradicionales de combate y que además cuenta con consenso de la población civil, dijo.El "enemigo" del Ejército Francés eran sencillamente los ciudadanos de Indochina y Argelia que se negaban a seguir siendo colonias de Francia, tal como sucedió en Argentina que el "enemigo" pasó a ser todo aquel que se rebelara a aceptar la reconversión económica y política del país, en función de la hipótesis de conflicto este-oeste, desconociendo que las contradicciones tienen que ver desde un punto de vista cardinal en nuestro país mucho más con el conflicto norte-sur, debido a que es precisamente el gran vecino del norte quien ejerce políticas neo-coloniales sobre los países australes. Cualquiera que piense en este sentido era funcional al este en la "Guerra Fría", era pues el enemigo.El ex-Presidente de Facto Bignone entrevistado por Robin, dijo categóricamente que lo que hizo la dictadura militar argentina fue "un calco de lo que desarrolló Francia en Indochina y Argelia", solo que Argelia era una colonia y acá se trataba de nuestro propio país. Reconoció la aplicación de torturas y señaló que eran absolutamente funcionales al concepto de "guerra moderna" que se desarrolló en nuestro país entre los años "76 al "83.El General Diaz Bessone, uno de los entrevistados por Robin, dijo que a diferencia de lo que hizo Francia en Argelia, donde los grupos de ultra derechas enrolados en la OAS constituían "escuadrones del la muerte", en la Argentina el Ejército todo era un "gran escuadrón de la muerte".Robin revela además el aporte del integrismo católico para justificar la labor de los torturadores, con conceptos ligados a la inquisición española (de erradicar el demonio interno) y otros de índole mas "modernas" que explicaban su necesidad con un sentido pragmático: evitar males mayores, por ejemplo, como los atentados.Si bien el aporte de la periodista es general y tendiente a contextualizar la metodología y la propia ideología represiva, destacó que para la "doctrina francesa" considera que los tanques y los aviones no son las armas más aptas para este tipo de guerras, sino la Inteligencia y la aplicación de "medios coercitivos para obtener información", es decir la tortura. Esta es una consideración "general" que tiene mucho que ver con la situación "particular" de los imputados en la Causa RI9, ya que eran precisamente los militares que en nuestra región estuvieron a cargo del área de Inteligencia del Ejército.Cuando concluye la primera etapa de su testimonio, que contó además con material fílmico del documental realizado sobre la bese de su libro "Escuadrones de la Muerte-La escuela Francesa" empiezan las preguntas que efectúan las partes, y es allí cuando se hace hincapié en aquello que debe ser ahondado. En tal sentido el Dr. Bosch le preguntó si las "desapariciones forzadas" forman parte de la "doctrina francesa" o fue creada a partir de ella, Robin es categórica y dice que no, que ese método fue ya utilizado por los nazis y la idea era sembrar el terror, paralizar el reclamo familiar y social, y el segundo país que lo utiliza es Francia.Respecto de las torturas, dijo que ésta siempre existió y viene de tiempos inmemoriales, el aporte de la "doctrina francesa" en todo caso es el rol que le confiere a este método, al considerarla una de las armas principales de la "guerra moderna o antisubversiva".Cuando se la consulta acerca de la apropiación sistemática de bebés, dijo con claridad que eso no es un aporte francés, "a eso lo inventaron los propios argentinos".
El amigo del "Mono" Vargas
José Pedro Almirón era un joven de 23 años y con cinco hijos cuando es detenido por el Ejército, el menor de ellos de apenas un año aprendería a hablar tres años después de aquel violento allanamiento como consecuencia del horror que sufrió toda la familia. "De lo que más me acuerdo es del llanto de mis hijos y mi madre" recuerda "el Chengo" como lo conocen sus amigos. También lo detienen a su padre.Buscaban "armas y material político" y se lo llevan pese a que el allanamiento resulta infructuoso, y por el camino recogen a una mujer embarazada a quien también trasladan al RI9.Una vez en el CCD le pegan en los costados, de la forma que lo hacen "los que saben pegar", y en las manos y en los testículos. Chengo negaba hasta su afiliación peronista, pero su amor por su doctrina lo había llevado a nombrar Juan Domingo a un hijo que posteriormente moriría en Alemania en un accidente automovilístico. Y ellos lo sabían, por eso le preguntaban por los nombres de sus hijos "viste pelotudo, y después negás que sos peronista" le dijeron entre golpes y mas insultos.Las preguntas giraban fundamentalmente a saber donde estaba Carlos Marcón, el tesorero de la Comisión Vecinal del Barrio Camba Cuá y militante como Chengo de la JP. Marcón es uno de los 30000 desaparecidos y sus padres fueron socios fundadores de la Comisión de Derechos Humanos de Corrientes, la organización que hoy querella a los represores del RI9.En el Centro Clandestino de Detención tiran un día "un bulto", cuando se retiran Chengo se sube la venda y ve a su amigo, el Mono Vargas, "un muchacho muy simpático que conocí en una cena peronista" dice. Se hicieron amigos y lo vuelve a ver en esas circunstancias, muy golpeado pero tan íntegro como lo recordaba. "Me torturaron mucho, creo que me van a matar" le dijo el "Mono", "decile a mi familia y a mis amigos que me porté bien, que no dije nada". El Chengo no puede disimular la emoción en este punto.Cuando regresa a la Argentina después de un largo exilio, el Chengo se entera que Ramón Vargas tenía razón, también forma parte de la larga lista de desaparecidos de los "mejores alumnos de la escuela francesa". Su familia es querellante de la "Causa RI9" y cuenta además con otra desgracia, la desaparición de una hermana del "Mono".Chengo se pregunta aún hoy porqué le hicieron eso a él y a su padre, quien no pudo recuperarse y muere dos años antes de reencontrarse con su hijo y nietos. "Mi drama aún continúa, yo quiero regresar" dice emocionado.
El amigo de "Rómulo"
Ramón Aguirre es detenido en abril de 1976, sus familiares fueron a pedirle a Adolfo Navajas Artazas que intercediera por su libertad, y éste les dijo "el flaco va a ser traído del Chaco para carearlo con alguien". Su periplo incluyó detención en Santo Tomé, U7 del Chaco, RI9, U9 de La Plata y Caseros.Fue sometido a las torturas conocidas como "submarino seco", la "parrilla" y la picana en todas sus variantes, además de golpes de todo tipo. En el RI9 lo ve a Rómulo Artieda y tiene la oportunidad de hablar con él, éste le dice que lo habían torturado mucho pero que ya "no le jodían", pensaba que lo más probable era que lo iban a matar, pero sus captores estaban esperando directivas "de arriba". El estaba intentando que lo pasen a una cárcel, la U7 o alguna otra, pero estaba consciente de que si lo hacían iba a ser por mucho tiempo, y que de todos modos era poco probable que se salvara. Le aseguró a Ramón que no tenía de que preocuparse y que no niegue que lo conoce, que él se iba a salvar. Le dio la impresión a Ramón que Rómulo se "había hecho cargo" para salvar a los que pudiera."Rómulo servía la comida de los detenidos y lo hacía sin vendas y con la ayuda de una mujer "obesa" de apellido Robledo o algo así", afirma. Lo vi hasta fines de junio o principios de julio, es decir hasta sus últimos días, ya que su cuerpo fue encontrado en las aguas del Río Paraná el 8 de julio del "77 y enterrado como NN en el Cementerio de Empedrado, en cuyas puertas a partir del 24 de marzo último una placa recuerda que sus restos reposaron allí.Ramón sufrió al igual que Chengo el exilio, solo que en lugar de Alemania fue a Bélgica, donde aún vive. Él sin embargo no está preparado para volver, quizás no lo esté nunca.

Lo que antecede no es un comunicado de prensa de la Comisión de Derechos Humanos de Corrientes, sino la difusión de una nota de su portal de noticias (http://www.cpdhcorrientes.com.ar/).






SE DETUVO EN NECOCHEA AL REPRESOR
Adriano Argüello, de sobrenombre "el Negro",
Se le imputa: 1) haber privado, en su calidad de funcionario público, con abuso de sus funciones, sin las formalidades prescriptas por la ley, mediante violencia y de modo ilegítimo de la libertad personal a Luis Rafaghelli, hecho iniciado el día 20 de abril de 1976 en el estudio jurídico situado en calle Machado Nro. 1.291 de la localidad de Quequén, cuando una comitiva compuesta por personal policial y militar fuertemente armados irrumpió en el domicilio referido sin exhibir orden de allanamiento ni detención alguna, situación que se mantuvo hasta el momento de recuperar su libertad la víctima, lo que ocurrió el día 16 de agosto de 1976 en la ciudad de Mar del Plata, en calidad de coautor; 2) haber privado en su calidad de funcionario público, con abuso de sus funciones, sin las formalidades prescriptas por la ley, mediante violencia y de modo ilegítimo de la libertad personal a Mónica Rafaghelli, hecho iniciado el día 20 de abril de 1976 en el estudio jurídico del Dr. Luis Rafaghelli, situado en calle Machado Nro. 1.291 de la localidad de Quequén, cuando una comitiva compuesta por personal policial y militar irrumpió fuertemente armado en el domicilio referido sin exhibir orden de allanamiento ni detención alguna, situación que se mantuvo hasta el momento de recuperar su libertad la víctima, lo que ocurrió el día 6 de mayo de 1976 en la ciudad de Mar del Plata, en calidad de coautor. Hechos 3 y 4.) haber participado de modo necesario de la imposición de tormentos al Dr. Luis Rafaghelli el día 20 de abril de 1976, tanto en el estudio sito en calle Machado Nro. 1.291 de la localidad de Quequén, mediante golpes con machetes en sus piernas y hombros y en la Comisaría Primera de esta ciudad mediante una feroz golpiza, todo ello en el marco de un interrogatorio efectuado a los fines de obtener información.
delitos de: privación ilegítima de la libertad, agravado por su calidad de funcionario público, por ser cometido en abusos de sus funciones, sin las formalidades prescripta por la ley y por mediar violencia (art. 144 bis inc. 1ro, en función del art. 142 inc. 1 del C.P., según ley 14.616) en dos (2) hechos en concurso real; imposición de tormentos a presos agravado por ser perseguidos políticos (art. 144 ter. del C.P., según ley 14.616) en dos (2) hechos, concursando en forma material entre sí y, a su vez, con aquéllos.






No hay comentarios: