jueves, 17 de abril de 2008

Patti suelto
El fiscal Jorge Sica pide el desafuero
El fiscal federal Jorge Sica, quien interviene en la causa por la que Luis Patti estuvo detenido hasta ayer, pidió hoy el desafuero del diputado electo ante la Cámara de Diputados de la Nación, informaron fuentes judiciales. En un escrito enviado al juez federal Alberto Suares Araujo, el fiscal federal de San Martín señaló: "Solicito a V.S. con carácter de urgente se libre oficio a la Excma. Cámara de Diputados de la Nación el desafuero de Luis Abelardo Patti, conforme al Artículo 1º de la Ley 25.320".


LA JUSTICIA SUSPENDIO LA PRISION PREVENTIVA DEL EX COMISARIO AL RECONOCERLE FUEROS PARLAMENTARIOS
Patti, otra vez libre por las calles de Escobar

La Cámara de San Martín aceptó la apelación presentada por la defensa del represor Luis Abelardo Patti a partir del fallo de la Corte Suprema que lo habilitó como diputado nacional. El conflicto está planteado en la Cámara baja.



El ex comisario Luis Abelardo Patti, otra vez en una 4x4, rumbo a su casa, en libertad.
Imagen: Rolando Andrade
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El juicio por encubrimiento
Su ex jefe quedó preso

Por Adriana Meyer
Las múltiples acusaciones, un procesamiento confirmado por siete casos de tormentos, secuestros y un homicidio y una causa camino a obtener sentencia en juicio oral no fueron suficientes para que la Cámara Federal de San Martín hiciera otra interpretación jurídica del fallo de la Corte Suprema, que le reconoció al represor Luis Patti el derecho a reclamar su banca de diputado y la consecuente inmunidad parlamentaria. En cambio, los camaristas ordenaron su liberación por entender que goza del amparo de los fueros previstos para los legisladores electos. Tras pasar los últimos cinco meses preso en la cárcel de Marcos Paz, tampoco el humo que afectó la visibilidad en las rutas impidió que a las 19 subiera a una camioneta 4x4 negra con destino a Escobar. En su resolución, la sala I de ese tribunal “suspendió los efectos de la prisión preventiva –con expresa prohibición de abandonar el país– hasta que se cumpla con el recaudo” del desafuero. Ese pedido sería formulado en las próximas horas por el juez que ordenó, en primera instancia, su detención en el caso Gonçalves, Muniz Barreto y otros. A partir de entonces, esta pelota –que va y viene, avanza y retrocede– pasará en forma automática al Poder Legislativo.
“La Cámara de Diputados tiene ahora la oportunidad histórica de demostrar cuánto le importan los derechos humanos, la cuestión ya no es jurídica, sino política, por lo tanto con urgencia debiera pronunciarse en comisión, luego juntar los dos tercios para desaforarlo y al día siguiente Patti volverá a Marcos Paz”, expresó a Página/12 Pablo Llonto, abogado de la familia Muniz Barreto. En el plano de las responsabilidades por la excarcelación del ex comisario, Llonto no dudó en señalar que “la culpa es de los cuatro jueces de la Corte, entre ellos Raúl Zaffaroni, y cada día de libertad que tenga es un premio que le dieron a un genocida”. De todos modos, prefirió enfocarse hacia lo que viene. La Cámara de Diputados no volverá sobre sus pasos, es decir, no aceptaría tomarle juramento. Y si se prolonga el proceso de desafuero la causa que lo llevó tras las rejas se verá afectada. “El riesgo inmediato es que se fugue, no sería el primer procesado que lo hace (N.d.R: Patti estuvo prófugo en la causa por el asesinato de Osvaldo Cambiasso y Eduardo Pereyra Rossi) y hay que actuar rápido para atenuar el espanto que ya se instaló en la gente que testimonió y se jugó para que vaya preso”, agregó el letrado.
Eva y Alberto Marciano, ambos docentes y víctimas de Patti, estaban en su casa de Del Viso cuando vieron por televisión los flashes rebotando en los vidrios de la camioneta que se alejaba del penal. “Fue realmente muy fuerte sentir este revés, tantos años de mantener el relato de lo que vivimos, lograr una causa activa que lo detuvo, y ahora de nuevo la desconfianza en esa Justicia, tener que explicar que no sale porque sea inocente”, dijo Eva Marciano en diálogo con este diario, imaginando cómo hablará hoy frente a sus alumnos. “Su detención repercutió en esta zona, en la gente que se vio afectada por su accionar, aparecieron muchos querellantes nuevos y esto hace replantear todo, los que se animaron hoy sienten de nuevo soledad, cuesta reponerse... ¿Quién los cubre si este anda suelto?”, agregó esta mujer que estuvo detenida con su marido, Gastón Gonçalves, Enrique Tomanelli y otros militantes de la Juventud Peronista en un camión celular frente a la comisaría de Escobar. Tras un mes desaparecidos, fueron torturados en el Pozo de Banfield, y luego siguieron presos durante seis años.
¿Del penal al recinto?
En la puerta de los tribunales de San Martín, el abogado del ex comisario dijo que estaban “muy contentos”. Patti ya tenía preparada la valija y estaba listo para abandonar, por ahora, el llamado “pabellón de lesa” que compartió con variados represores. “La Cámara le tiene que tomar juramento si no habrá un conflicto de poderes”, expresó el letrado Luis Velazco. Gregorio Badeni, el constitucionalista que logró el fallo favorable en la Corte, opinó que sería “irrazonable que la Cámara pretenda desconocer” las decisiones judiciales. En plan demócrata, Patti afirmó que “no es una pelea por una banca sino por el derecho al voto”. Sin embargo, el presidente de la Cámara baja, Eduardo Fellner, consideró “imposible” la asunción del represor en la banca que ganó con las 400 mil adhesiones obtenidas el 23 de octubre de 2005 (ver aparte). Los “pattistas” anunciaron que se presentará para reclamar ingresar al cuerpo de legisladores nacionales. En caso de algún impedimento, su escribano tomará nota.
Los camaristas Juan Lugones, Jorge Eduardo Barral y Hugo Fossati recordaron que para la Corte el Congreso no tiene el poder de negar la incorporación a un candidato electo, “aun cuando el rechazo del diploma se basara en la participación del electo en actos de terrorismo de Estado”, por lo cual “no existe impedimento para que ejerza el mandato popular mientras no se dicte condena judicial”. En consecuencia, resolvieron que es aplicable a Patti el artículo 69 de la Constitución que establece que “ningún senador o diputado, desde el día de su elección hasta el de su cese, puede ser arrestado”. Y suspendieron su prisión preventiva teniendo en cuenta la ley 25.320, según la cual sólo un desafuero puede permitir el arresto. Esta Cámara tiene tradición de fallar a favor de los represores, tal como ocurrió cuando declaró constitucionales las leyes de impunidad y válido el indulto al general Santiago Riveros. Sin embargo, un funcionario judicial recordó que es la misma Cámara que ratificó el procesamiento y prisión de Patti, y lo acusó por el homicidio del militante Gastón Gonçalves, revocando la falta de mérito del juez federal Alberto Suares Araujo.
“Hay que respetar a la Justicia, mi padre tendrá que defenderse y si comprueban los delitos por los que está acusado tendrá que pagar como cualquier persona”, declaró Luis Patti hijo. Claro que un ciudadano común no contaría con la inmunidad parlamentaria que con tanta energía exige su padre para prolongar el efecto de las anuladas leyes de impunidad en su prontuario.


EL OFICIALISMO QUIERE DESAFORAR A LUIS PATTI
Los atajos para que no asuma la banca

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El aval de Zaffaroni

Por Miguel Jorquera
Los diputados estuvieron todo el día de debate en corrillos para definir qué hacer con Luis Patti en libertad y deseoso de asumir en la Cámara baja. “No se puede agregar otro asiento para darle una banca a Luis Patti”, fue el título del comunicado que emitió el kirchnerismo por la tarde. Ya entrada la noche, la idea maduró en la decisión de impulsar hoy un proyecto de resolución para quitarle los fueros al ex comisario sin incorporarlo a la banca, ratificando de esa manera lo actuado por la Cámara en el 2006, que impidió su asunción “por inhabilidad moral”.
El presidente de la Cámara baja, Eduardo Fellner, analizaba ayer con el titular del bloque oficialista, Agustín Rossi, y con el diputado Jorge Landau, los detalles del proyecto que presentarán para impedir la incorporación de Patti.
Dentro del propio oficialismo hubo variantes para decidir qué hacer. Aunque el comunicado, firmado por Fellner, no admitió el conflicto de poderes planteado entre el Legislativo y la Justicia –que le reconoció los fueros parlamentarios al policía y le concedió la libertad– el texto cuestiona la decisión judicial. Otro grupo de diputados kirchneristas, en cambio, afirmaba que “hay que acatar la decisión de la Justicia” y que “si es necesario, hay que tratar el desafuero de Patti”. En tanto, la oposición divide aguas entre quienes afirman, como la Coalición Cívica, que Patti no es diputado y debe responder por sus delitos ante la Justicia y quienes insisten, como la UCR y el PRO, en que debe asumir su banca por “respeto a la voluntad popular”.
Para Fellner, la incorporación de Luis Abelardo Patti como diputado nacional “es hoy una cuestión de cumplimiento imposible, más allá de la decisión que en mayoría adoptó la Corte Suprema hace algunos días y lo que ha resuelto ahora la Cámara de San Martín”. Para que no queden dudas, Fellner remarcó que la decisión de la Justicia “de suspender la prisión preventiva de Patti, que eventualmente le permitirá al ex comisario (sic) quedar en libertad en el proceso que se le sigue por su vinculación con delitos de lesa humanidad durante la última dictadura, en nada cambia la opinión y la decisión que mayoritariamente se mantiene en esta Cámara de Diputados”.
Aunque no todo el kirchnerismo coincide en cerrar otros mecanismos parlamentarios para que Patti vuelva a la cárcel. “Vamos a acatar la decisión de la Justicia, porque en la Argentina funcionan las instituciones de la democracia y la división de poderes, y si es necesario tratar el desafuero de Patti, lo vamos a hacer”, dijo el tucumano Jerónimo Vargas Aignasse, que preside la Comisión de Peticiones, Poderes y Reglamentos por donde pasaron las denuncias contra el policía y cuyo dictamen bloqueó la asunción de Patti como diputado. Una opinión que comparte otro diputado kirchnerista ligado a los organismos de derechos humanos, Remo Carlotto: “Si el juez de la causa pide formalmente a la Cámara el desafuero de Patti para proseguir sin condicionamiento el expediente judicial, deberíamos tratarlo”, le dijo a Página/12 cuando se conoció el fallo de la Corte a favor del ex policía.
En tanto, para la Coalición Cívica, Patti no es diputado y debe enfrentar las denuncias que investiga la Justicia y lo llevaron a la sombra. El socialismo, a través de su jefa de bloque Silvia Augsburger, quiere avanzar en una estrategia jurídica y legal común con el resto de los bancadas –incluido el kirchnerismo– para que el proceso de bloquearle el camino a Patti a una banca “sea exitosa” porque “es un criminal confeso”. El radicalismo y el macrismo afirman que Patti debe asumir su banca “como respeto a la voluntad popular” y “respondiendo a la decisión de la Justicia”. Aunque a diferencia de los hombres de Mauricio Macri, la UCR afirma que después que asuma “habría que echarlo y quitarle los fueros”.


OPINION
Un retorno patibulario


Por Mario Wainfeld
¿Qué hará la Cámara de Diputados a partir del fallo de la Corte Suprema? ¿Le tomará juramento a Luis Patti? El diputado Carlos Kunkel (FPV) escuchó esa pregunta (que hoy se hacen todos los lectores de este diario) en un programa televisivo. Y respondió: “De ninguna manera. La Cámara ya se expidió, en uso de sus facultades constitucionales”. Y agregó, socarrón, “además tendríamos que ir a la cárcel...”. Ese último término de la ecuación fue alterado ayer por la Cámara Federal de San Martín. El más importante, el primero, ha quedado envuelto en una madeja jurídica difícil de desovillar.
La Cámara obró en línea con la decisión de la Corte de la semana pasada. Según ambos tribunales, fue inconstitucional que los diputados rechazaran el diploma de Patti. Así las cosas, siguieron los magistrados de San Martín, en virtud del artículo 69 de la Constitución, el apologista de la tortura goza de “inmunidad de arresto” desde el día en que fue electo. Su detención deviene infundada y, por ende, le dan salida al masculino.
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Sin palabras: La decisión de la Corte careció de fundamentación (se remitió al precedente Bussi sin agregar una línea, soslayando que son dos casos diferentes) y tampoco hubo ninguna consideración acerca de las derivaciones legales y de procedimiento ulteriores.
Vaya si eran necesarias. Hay varias cuestiones peliagudas para desentrañar: la más obvia es que Dante Camaño ocupó la susodicha banca del Paufe en reemplazo del policía rechazado. No es bicoca declarar nula su asunción (un acto administrativo) y desplazarlo. Tampoco suena serio agregar un diputado por “arte de jurisprudencia” al número prescripto por la Constitución. El máximo tribunal no estaba forzado a expedirse sobre esos aspectos, pero podía hacerlo en lo que en jerga forense se apoda “obiter dictum”. Se trata de consideraciones que no tienen la fuerza coercitiva de la sentencia pero que, por la autoridad de la que emanan, pueden servir para su interpretación y aplicación. Nuevamente, el sorpresivo laconismo de un tribunal que no suele mezquinar palabras ni reflexiones ahonda el cuadro de incertidumbre.
Patti, valga como nunca la expresión, volverá por sus fueros. Tal vez, en esta encrucijada de su vida, su principal meta ya no es la reivindicación política: es un sospechoso de crímenes graves en pos de un rebusque para intentar zafar.
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Disyuntiva: El juez de primera instancia Alberto Suárez Araujo para seguir adelante con la investigación tiene que conseguir el desafuero de Patti. La información disponible ayer sugiere que ya está preparando el pedido correspondiente.
Por su parte, Patti batirá el parche exigiendo la reincorporación. Ante el regreso del patibulario hijo pródigo, los diputados se disponen a sacarle los fueros. La Corte abrió esa perspectiva, pues su resolución “dejó afuera” todo lo ocurrido tras el rechazo del juramento, incluyendo el avance de los expedientes criminales y los dos procesamientos. Un clásico adagio jurídico reza que “lo que no está en el expediente, no está en el mundo”. Esto es, todos los hechos no concernidos por el pleito son ajenos al alcance de la sentencia. En declaraciones periodísticas (sin valor como acto de Estado pero ilustrativas de su punto de vista) la magistrada Carmen Argibay sugirió ese rumbo.
El camino, pues, será invocar “inhabilidad física o moral sobreviniente a su incorporación”, conforme estipula el artículo 66 de la Constitución. Para lograrlo, se exige una mayoría especial, dos tercios de los votos. La duda ante esta situación inédita es si puede votarse el desafuero sin tomarle juramento al susodicho. Para muchos legisladores ese traspié simbólico es indigerible y legalmente superfluo.
El bloque del FPV está preparando un pedido de resolución, con el afán de que sea tratado antes de que llegue el oficio del magistrado Suárez Araujo. La redacción corre por cuenta de la diputada Diana Conti, los oficialistas descuentan que contará con la adhesión de Miguel Bonasso (PRD), primer promotor de la destitución de Patti. Lo que se propondrá para tratar en comisión y luego en plenario es un doble planteo:
a) el rechazo al juramento de Patti implicó su desafuero para los hechos previos (en sustancia, los asesinatos de Pereira Rossi y Cambiasso que se investigan ante los tribunales de San Nicolás,
b) para los hechos sobrevinientes (las investigaciones de los asesinatos de Goncalves y Muñiz Barreto) se propone el desafuero inmediato, sin necesidad de tomarle juramento.
Otras bancadas, en especial la radical, creen que el desafuero sólo puede ser ulterior al juramento.
De cualquier modo, las respuestas están en cocción porque la situación es espinosa y no reconoce precedentes. El caso más semejante ocurrió en esfera provincial y tuvo un desemboque distinto. En 2003, la Legislatura de Tierra del Fuego se negó a tomar juramento al represor Juan Barrionuevo (a) “Jeringa”, que había sido electo diputado. Las razones, similares a las que cargan sobre Patti: su participación en crímenes de lesa humanidad, cometidos en el contexto del terrorismo de Estado. Ese acto de higiene republicana quedó firme. Jeringa (hoy difunto) no fue tan buen litigante como su eléctrico colega Patti.
La discusión por venir embroncará a muchas personas de bien, aunque de todos modos expresa el avance del sistema democrático en la Argentina. El caso es novedoso y complejo, habilitará interpretaciones variadas, aun entre quienes piensen parecido respecto del fondo de la cuestión. La búsqueda de la calidad institucional no es lineal ni se descifra como un silogismo de los textos legales.
En ese contexto, valga subrayar que hubiera sido deseable que esta Corte hubiera cooperado a alumbrar el camino con un fallo bien fundado, que estuviera a la altura de su trayectoria. No lo hubo, en mala hora.


LA CAMARA FEDERAL PORTEÑA ANULO EL INDULTO QUE BENEFICIO A JOSE ALFREDO MARTINEZ DE HOZ
Un camino allanado hacia la prisión
El fallo de los camaristas, adelantado por Página/12, ordenó retrotraer todo el proceso judicial al momento previo a los indultos y la anulación de los sobreseimientos judiciales a Martínez de Hoz, quien así queda más cerca de la cárcel.


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Un voto que marca el rumbo


Por Irina Hauser
La Cámara Federal anuló el indulto con el que Carlos Menem favoreció a José Alfredo Martínez de Hoz y confirmó que se debe reanudar la investigación judicial en su contra por el secuestro extorsivo del empresario Federico Gutheim y su hijo Miguel, ocurrido el 5 de noviembre de 1976. Por este caso, sostuvo el tribunal, el ex ministro de Economía está acusado de delitos de lesa humanidad, que no prescriben y que el Estado está obligado a esclarecer derribando todos los obstáculos que lo impidan. El fallo, anticipado por Página/12, eleva las chances de que el ex funcionario de la última dictadura sea arrestado. La resolución incluso le señala al juez de primera instancia –Norberto Oyarbide– una serie de pruebas y planteos pendientes que lo guiarían en ese sentido.
La resolución, firmada por los camaristas Horacio Cattani y Eduardo Freiler, declara también la inconstitucionalidad de los indultos que favorecieron al dictador Jorge Rafael Videla y al ex ministro del Interior Albano Harguindeguy. Ambos militares firmaron el decreto que pretendió darle aspecto de legalidad a la detención de los Gutheim, a disposición del Ejecutivo, que no tenía explicación judicial alguna y duró cinco meses y dos días. Martínez de Hoz está señalado como quien dio la orden de apresarlos. La liberación también fue por decreto.
Gutheim padre era dueño de la empresa textil Sadeco y el objetivo de tenerlo cautivo era forzarlo a renegociar un contrato de exportación frustrado con comerciantes ingleses y chinos con el cual la dictadura pretendía beneficiarse. Durante su estadía en prisión, los Gutheim fueron trasladados en cuatro oportunidades a las oficinas donde transcurrían las tratativas con los empresarios extranjeros. Fue durante enero de 1977.
“Los sucesos que se investigan en esta causa”, explica Cattani en su voto, “resultan insusceptibles de perdón”. “Fueron parte –describe– del ataque que sufrió la población argentina durante el período comprendido entre los años 1976 y 1983, dado que las víctimas de estos hechos habrían soportado el efecto del terrorismo de Estado, avasallándose sus derechos durante su ilegítima detención, en la que también se pretendió arrancarle medidas de neto corte comercial”. Ese contexto, argumenta el camarista, “incrementó la peligrosidad de los ilícitos sufridos por Federico y Miguel Gutheim, ya que fueron víctimas de delitos cometidos por las máximas autoridades de la República” y “con la impunidad plenamente asegurada”.
Luego, en democracia, “la aplicación del indulto presidencial analizado ha tenido como consecuencia automática que quedaran impunes hechos que desconocieron la dignidad humana, excluyendo al Poder Judicial del juzgamiento de tales ilícitos, incumpliendo obligaciones internacionales y desconociendo derechos de las víctimas y sus familiares”, dice Cattani.
Precisa que tampoco hay “cosa juzgada” –como pretendía Martínez de Hoz–, algo que excluye la propia categoría de crímenes contra la humanidad.
Freiler recuerda que la legislación internacional, que en Argentina tiene jerarquía constitucional y prevalece frente a las normas internas, “pone en cabeza del Estado la obligación de investigar seriamente con los medios a su alcance a fin identificar a los responsables y de imponerles las sanciones pertinentes”. Además, enfatiza, no admite que las responsabilidades caduquen por el paso del tiempo, por el efecto de amnistías o medidas similares. El riesgo de no seguir estas pautas es que el Estado incurra “en responsabilidad internacional”.
El indulto se debe declarar inconstitucional por todas esas razones y porque, añade Cattani, cuando fue dictado en beneficio de procesados sin condena implica una “intromisión” del Poder Ejecutivo en el Judicial, al impedirle concluir una investigación, y en el Legislativo, al “arrogarse” la facultad de “dar por extinguida la acción penal”.
Videla, Harguindeguy y Martínez de Hoz estuvieron presos en 1988 por el secuestro extorsivo de los Gutheim. La Cámara Federal confirmó la detención de los dos militares, pero excarceló al ex ministro de la plata dulce. Al poco tiempo les llegó el indulto de Menem y con eso quedaron truncos los juicios en su contra que estaban en marcha.
La reapertura de la causa sobre los Gutheim ocurrió en 2006, cuando el juez Oyarbide hizo lugar a un reclamo de la Fundación Liga Argentina por los Derechos Humanos y la Asociación de ex Detenidos Desaparecidos, al que después se sumó la Secretaría de Derechos Humanos. Los organismos habían conseguido que impulsara la causa la Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas. El magistrado declaró la inconstitucionalidad de los tres indultos en juego, pero no mandó a detener a nadie. Videla, en rigor, ya estaba preso por otros casos. Harguindeguy fue arrestado en febrero: fue cuando a la jueza María Servini de Cubría, que subrogaba a Oyarbide, le avisaron que el general estaba tomando sol en Pinamar alegremente.
El fallo de la Cámara ordena retrotraer todo el proceso al momento previo a los indultos y anular los sobreseimientos judiciales. El único de los tres acusados por el secuestro de los Gutheim que estaba libre cuando Menem firmó los indultos era Martínez de Hoz. Esto podría generarle una disyuntiva a Oyarbide, quien lo mandaría a detener ahora si evalúa que hay elementos novedosos que lo justifiquen. El voto de Freiler (ver detalle aparte) sugiere que lo haga: le indica que debería resolver un viejo pedido de prisión preventiva pendiente del Procurador del Tesoro y analizar testimonios y pruebas que hay en otra causa de su propio juzgado.


CARLOS RICO TEJEIRO DEJO LA SECRETARIA DE SEGURIDAD MENDOCINA
Ex comisario fuera de juego
El demócrata Juan Carlos Aguinaga renunció al cargo de ministro de Seguridad y con él se fue también el ex comisario acusado por su actuación durante la dictadura. El gobierno nacional presionó al gobernador Celso Jaque para que lo desplazara.



Aguinaga anuncia su salida del Ministerio de Seguridad, donde será reemplazado por Carlos Ciurca.
Imagen: Télam


Por Diego Martínez
La resistencia del conservador Partido Demócrata de Mendoza a desprenderse del ex comisario Carlos Rico Tejeiro, el secretario de Seguridad denunciado por los organismos de derechos humanos por su actuación durante la dictadura y reconocido por una sobreviviente en la Dirección de Inteligencia (D2) de la policía provincial en 1976, concluyó ayer con la renuncia del ministro de Seguridad, Juan Carlos Aguinaga, y todo su gabinete. La confirmación estuvo a cargo del secretario General de Gobierno, Alejandro Cazabán, luego de reunirse con el gobernador Celso Jaque; el titular de los demócratas, Omar De Marchi, y el propio Aguinaga. Por la tarde, con el visto bueno de los intendentes peronistas, se anunció al nuevo ministro: Carlos Ciurca, hasta ayer diputado provincial, ex presidente de la bicameral de Seguridad durante la gestión como gobernador del vicepresidente Julio Cobos.
La renuncia de Aguinaga, que volvió a Mendoza el sábado después de dos semanas en Brasil, se decidió el lunes a la noche durante una reunión con Cazabán y De Marchi. El secretario les informó que la presión del gobierno nacional era “muy fuerte” y había que “encontrar una salida al tema Rico”. Tal como informó Página/12, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner le comunicó a Jaque la suspensión de la entrega de una partida de 40 millones de pesos para seguridad mientras Rico siguiera en su cargo.
Ante la cerrada defensa demócrata del policía, que llegó a firmar documentos en los que autorizó el traslado de presos torturados desde el D2 a la penitenciaría de Mendoza, no encontraron mejor alternativa que romper el acuerdo de diciembre, cuando Jaque sorprendió a sus electores cediendo a extrapartidarios la cartera de seguridad. El Diario Uno fue el único que amaneció con la noticia, que se confirmó al mediodía en conferencia de prensa. “En nombre del gobernador y de todo el gobierno de Mendoza, lamentamos la renuncia del ministro Aguinaga”, afirmó Cazabán. Agradeció “a todo el equipo” saliente “porque han trabajado muy bien”.
Aguinaga explicó que “hay una gran presión del gobierno nacional que torna dificilísimo seguir adelante con el plan de seguridad porque los recursos no llegan. Esta presión se llevó a cabo en acuerdo sincronizado con un sector minoritario del Ministerio de Gobierno. Por ello, se va todo el equipo que entró conmigo. Hemos trabajado muy bien. Hemos reprimido y prevenido el delito. La gestión fue exitosa”, aseguró. Ante preguntas ratificó que “todo es por el caso Rico” y aseguró que “jamás he tenido en mi actuación pública relación con una acción ilícita que haya partido de un gobierno que no sea democrático”. Nadie le repreguntó sobre las originadas en gobierno democráticos.
El pasado de Rico no fue el único motivo que generó rechazo en la gestión de Aguinaga. El 24 de marzo pasado, cuando 5 mil personas marcharon a la gobernación para descubrir una placa con los nombres de los desaparecidos mendocinos, ocupó un lugar destacado la Asociación de Víctimas del Delito. Es que la sensación de inseguridad es un problema central para los gobernadores mendocinos. De hecho, para el triunfo de Jaque fue clave un spot en el que parado frente a un “mapa del delito” repleto de puntos rojos, predicaba: “Tengo un plan para combatir la inseguridad. Voy a bajar el delito en un treinta por ciento en seis meses. Eso para empezar”.
El 11 de diciembre, cuando anunció la delegación del tema en los demócratas, muchos mendocinos comenzaron a hablar de “estafa”. En enero Jaque se reunió con representantes de medios para pedirles que no machacaran sobre el tema, al tiempo que enviaba a la Legislatura una ley de emergencia que otorgó superpoderes a Aguinaga. Pero los resultados nunca llegaron. Para peor, la gestión Rico aportó casos de gatillo fácil memorables. El 18 de febrero, cuando la policía intentó detener a Ezequiel Vila, un balazo de goma policial le perforó un pulmón. Los agentes lo dejaron tirado en el piso y dijeron que los habían corridos a piedrazos.
El 28 de marzo, seis turistas chilenos en un moderno Subaru fueron a correr picadas y terminaron corriendo pero perseguidos, primero por otros pisteros, luego por un patrullero. Tras detenerlos, la policía informó que eran “traficantes” y se habían resistido a tiros. Un fiscal les imputó abuso de armas, aunque nunca las encontró y el patrullero estaba intacto. Luego de cuarenta horas incomunicados pudieron hablar. Desde el patrullero les tiraron seis tiros, que sí dieron en su auto. Al detenerlos los esposaron, los golpearon y les robaron 6 mil dólares. El mismo fiscal imputó a once policías por apremios ilegales. Fue el último aporte de Aguinaga y Rico a la seguridad de los mendocinos.


RICARDO CAVALLO VOLVIO A NEGARSE A DECLARAR ANTE EL JUEZ FEDERAL TORRES
La primera indagatoria por la megacausa ESMA


Cavallo en el traslado.
Imagen: Rolando Andrade

De campera beige clara, esposado detrás de la espalda y en compañía de cuatro custodios penitenciarios, Ricardo Cavallo caminó hasta el despacho del juez Sergio Torres minutos después de las 13. Era la primera vez que el represor iba a ser indagado por todas las causas pendientes en Argentina, y luego de la entrega, sobreseimiento y cierre de la vía recursiva ordenada por España. En la audiencia de ayer y ante el juez, el represor se negó a contestar preguntas –como lo venía haciendo hasta ahora– e insistió con un pedido de excarcelación. El martes próximo volverá a los tribunales para continuar con las indagatorias por la causa.
“Cavallo negó haber participado de cada uno de los ilícitos, pero la verdad es que no dijo nada, es una persona muy cerebral, muy pensante, que no respondió a ninguna de las preguntas como parte de su estrategia de defensa”, sintetizó a pedido de este diario, una fuente de la investigación.
Cavallo regresó al país el 31 de marzo extraditado por España, a pedido de la Justicia argentina. Torres resolvió indagarlo por primera vez por la suma de todas las causas pendientes que forman parte del expediente conocido como “megacausa” de la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), reabierta tras la anulación de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final.
Hasta ahora, Torres lo había indagado sólo por la apropiación de bienes de desaparecidos de la ESMA, pero no había podido ir más allá para no superponerse con el proceso de España. Pero esa situación cambió el 4 de abril. Cuando la Audiencia Nacional española ratificó su decisión de sobreseer provisoriamente al marino para darle, así, vía libre al proceso judicial argentino, Torres encontró el espacio legal para indagarlo por todas las causas.
A las preguntas sobre los bie-nes de los desaparecidos de la ESMA, le agregó el tema de los terrenos mendocinos de Chacras de Coria de los desaparecidos Conrado Gómez, Victorio Cerutti y Horacio Palma. Y también sumó otros dos aspectos centrales de la causa: los crímenes cometidos en el marco de las actividades del grupo de tareas 3.3.2 que operaba dentro de la ESMA y el asesinato del periodista Rodolfo Walsh, asesinado en marzo de 1977 un día después de la distribución de su carta abierta a los jerarcas de la Junta Militar.
En ese escenario, a Torres ahora le resta avanzar con las indagatorias de los crímenes de las monjas francesas Alice Domon y Léonie Duquet, asesinadas por una patota de la ESMA, y pendientes en la causa. Para eso, Cavallo volverá a los tribunales federales el próximo martes.
En tanto, en la audiencia de ayer, junto a Torres estuvo el fiscal Eduardo Taiano siguiendo el interrogatorio. Cavallo llegó varias horas más tarde de lo previsto desde la cárcel de Marcos Paz en donde está detenido, demorado por problemas de traslado del Servicio Penitenciario. Durante la audiencia, su abogado Alfredo Solari presentó un pedido de excarcelación ante el fiscal Taiano, quien hoy a primera hora se lo estaría rechazando.
Cavallo, alias Sérpico, estuvo en la ESMA hasta comienzos de 1980; formó parte de los grupos operativos que funcionaban en ese centro clandestino encargados de secuestros, robos de bienes y asesinatos. Formó parte de tareas de inteligencia y está acusado por torturas. Por los cargos que pesan contra él podría recibir una condena a prisión perpetua.
Con él, hay otros militares acusados en la causa. Una parte de ellos está en las puertas del juicio oral. Se trata de Jorge “el Tigre” Acosta, Alfredo Astiz, Pablo García Velasco, Jorge Radice, Juan Carlos Rolón, Antonio Pernías, Julio César Coronel, Ernesto Frimon Weber y Carlos Orlando Generoso. Todos ellos serán juzgados por el secuestro de Walsh ante el Tribunal Oral Federal Cinco. Torres elevó la causa el 17 de diciembre de 2007. Cavallo no entra en ese proceso debido al retraso que provocó la investigación en España.


Los DD.HH. en la ONU

El titular de la Secretaría de Derechos Humanos, Eduardo Luis Duhalde, reseñó ayer durante tres horas ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas la política implementada por el gobierno nacional a partir de 2003. El funcionario destacó en Ginebra la importancia histórica de la lucha contra la impunidad de los crímenes cometidos durante la última dictadura y señaló que las actuales políticas públicas “son el resultado de la confluencia entre el movimiento de derechos humanos”. Por último, reafirmó la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas, que el informe oficial del gobierno británico mencionó como territorio propio. Mañana se conocerán las recomendaciones de la Comisión, que tendrán en cuenta los informes alternativos presentados por organizaciones de la sociedad civil.


DEBATE SOBRE LOS MEDIOS DE COMUNICACION Y LA DEMOCRACIA
“Hay que cambiar esta ley de la dictadura”


Ayer fue presentado el Instituto de Estudios sobre la Comunicación.
Imagen: Sandra Cartasso

Por Javier Lorca
“Más de 70 proyectos para modificar la Ley de Radiodifusión se han presentado en el Congreso desde 1983. Sólo uno tuvo despacho de comisión y ninguno se trató en el recinto. Tendríamos que preguntarnos por qué. Y varios sospechamos cuál es la respuesta.”
Guillermo Mastrini, profesor e investigador de Ciencias de la Comunicación en la UBA, recordó las frustradas propuestas de modificar el marco legal que la dictadura legó para advertir que cualquier tentativa de cambiar las reglas de juego –como las que ahora esboza el Gobierno– encontrará fuerte resistencia en las empresas periodísticas dominantes. “¿Por qué tanto interés en que nada cambie? Quienes se oponen saben que una nueva ley sería más democrática que la actual, porque no puede serlo menos. Saben que algunos intereses van a ser afectados”, dijo ayer en una mesa de debate sobre “Los medios y la democracia”.
Poco antes había sido presentado el Instituto de Estudios sobre Comunicación (IEC), del Sistema nacional de Medios Públicos, y, en ese contexto, tres voces del oficialismo habían confirmado la voluntad del Gobierno de avanzar este año en la sanción de una nueva Ley de Radiodifusión que reemplace a la denostada 22.285 vigente desde 1980 (ver más información aparte). En tres tonos distintos se pronunciaron el interventor del Comfer, Gabriel Mariotto, el presidente de la Comisión de Comunicaciones de Diputados, Manuel Baladrón (FpV), y el titular del Sistema de Medios, Gustavo López. “Hoy es el momento óptimo”, festejó Mariotto, porque existiría en el Gobierno una decisión “tan firme” para “avanzar hacia la democratización de las comunicaciones”. Dijo que, como “hay muchos intereses”, “es importante que cada compañero tenga una trinchera” y habló de “presionar a los medios para que instalen en la agenda temas trascendentes que siempre han sido silenciados”.
Más diplomático, López apuntó que “la nueva ley no va a estar en contra de nadie, sino a favor del conjunto... Más que una pelea, es una necesidad de la democracia”. Luego anunció que la reforma será uno de los temas centrales que tratará el IEC, en cuyo consejo académico fueron presentados –antes del debate– Alicia Entel, Eduardo Aliverti, Emilio Cartoy Díaz, Damián Loreti, Martín Becerra, Luis Alberto Quevedo, además de Mastrini y Mariotto, todos especializados en diferentes aspectos de la comunicación.
Involuntario homenaje al ingreso en la sala de Miguel Rodríguez Arias realizador de Las patas de la mentira, aquella recopilación de lapsus y furcios, Baladrón se anunció como diputado del “Frente para la Victoria Pijota”. “Nuestro desafío es que la ley salga este año” o que, al menos, tenga media sanción. Abundó en las características que debería tener –pluralismo, libertad de opinión y expresión, derecho a la información– y prometió: “Vamos a escuchar a todos aquellos que quieran opinar.”
“¿Clarín está cubriendo este debate?”, preguntó el periodista y docente Eduardo Aliverti, nombrando lo que hasta entonces se aludía. Tras citar la responsabilidad del actual gobierno en la renovación sin evaluación de las licencias de los canales de TV, Aliverti afirmó que “la situación está consolidada en términos de quiénes son los dueños de los medios. Ahora el debate es hacia la norma digital. Porque donde hoy hay cinco canales van a entrar 25. ¿Queremos 25 González Oro? ¿Quién va a regular eso? Se viene la digitalización, un cambio de paradigma y eso es poder. Hay que plantear una ley para adelante”, porque, si no, “la torta va a quedar repartida entre los mismos”.
La necesidad de debatir en forma pública la norma de televisión digital que va a asumir la Argentina –objeto de intensas pujas corporativas– había sido enunciada por Mastrini, quien coincidió con “la necesidad de cambiar esta ley de la dictadura”. Entre otros aspectos, señaló que “el sistema comercial de noticias tiene intereses que deben ser transparentados”, como una “condición básica” para que los ciudadanos ejerzan “su derecho a la información”. El ex director de la carrera de Comunicación destacó también como fundamental la promoción del federalismo: “Los contenidos sólo reflejan la perspectiva de Buenos Aires”, un centralismo que omite a los márgenes “que no son comercialmente rentables”. Pensando más en los medios audiovisuales que en los gráficos, alertó sobre los discursos que en nombre de la libertad de expresión reclaman una “autorregulación” de los medios: “Que traigan un solo ejemplo de país con autorregulación”, desafió. Entre otras cosas, reclamó “políticas efectivas para evitar la concentración” en la propiedad de los medios y garantías para que la ciudadanía pueda acceder al lugar de la emisión: “En Argentina –dijo– hoy es más fácil poner una central atómica que un canal de cable”.


LA PRIMERA FABRICA RECUPERADA
Un juez desalojó IMPA


Por Laura Vales
IMPA (Industria Plástica y Metalúrgica Argentina), la primera fábrica recuperada, fue desalojada por orden de un juez en lo comercial. La empresa ya había tenido un intento de desalojo la semana pasada, frenado por los trabajadores. La policía realizó un nuevo operativo el martes a la noche, cuando había sólo cuatro personas en la planta, quienes fueron fácilmente sacados del edificio. Los integrantes de la cooperativa permanecen ahora acampando en la calle, frente a la puerta de la fábrica.
El desalojo fue impulsado por el reclamo de una deuda generada por los antiguos dueños de la metalúrgica. La empresa fue recuperada en 1998, en aquel momento la cooperativa se hizo cargo de cinco millones de pesos de créditos tomados por la gestión anterior. Cancelaron una parte de ese monto, pero todavía están impagos alrededor de un millón y medio de pesos. Por esa deuda, dos de los acreedores pidieron la quiebra y el remate de los bienes. Los trabajadores sostienen que habían llegado a un acuerdo económico con los demandantes, pese a lo cual el juez igual ordenó el operativo que los sacó del lugar. Hoy tendrán una audiencia en los tribunales en la que reclamarán que los dejen reingresar a la fábrica.
Pablo Piñeyro es uno de los integrantes de la recuperada que ahora acampan en la puerta. “Somos 90 personas trabajando en IMPA. El viernes llegamos a un arreglo con estos dos acreedores, les pagamos incluso la primera cuota por 19.500 pesos, pero el juez alegó cuestiones administrativas para sostener el desalojo, como haberle dado el dinero a las empresas directamente en lugar de hacer un depósito judicial.” Piñeyro habló por eso de una motivación política como sostén de la clausura.
IMPA fue un símbolo de las empresas reabiertas por los trabajadores por haber sido pionera en el rubro. En la mejor época de su gestión como recuperada, abrió un centro cultural que ofrecía obras de teatro y talleres de cuanta cosa se podía aprender: fotografía, acrobacia, historieta, música e historia, entre otras cursadas. Fue también la primera en montar un bachillerato popular para adultos que todavía funciona, en la actualidad en una sede de la UBA. En los últimos años, sin embargo, la cooperativa sufrió fuertes divisiones internas que la llevaron a situaciones de crisis, al punto de que la fábrica llegó a estar cerrada transitoriamente. Cambió varias veces de conducción, la última en agosto del año pasado, cuando el grupo de trabajadores que inicialmente controlaban la fábrica, pero que habían sido desplazados, la volvieron a ocupar en lugar de los que estaban entonces. Eduardo Murúa es el representante de este sector que actualmente tiene mayoría en la cooperativa.
La fábrica atraviesa los últimos cien años de la historia argentina. Fue fundada en 1910 por empresarios alemanes; Juan Domingo Perón la nacionalizó en 1945 y Arturo Frondizi la convirtió en cooperativa en 1961. En 1998, tras varios años de vaciamiento, fue cerrada; ese mismo año, cincuenta de sus trabajadores iniciaron la autogestión.
La metalúrgica está en el barrio de Almagro, en la esquina de Querandíes y Pringles, donde ocupa casi una manzana. Es un enorme edificio de cuatro pisos y 22 mil metros cuadrados. Esto la ha hecho blanco de ofensivas inmobiliarias; el año pasado tuvieron la propuesta de ponerlo a la venta, pero los inversores se toparon con la negativa de una parte de los cooperativistas, algunos de los cuales trabajan allí desde hace más de 25 años y han visto a la fábrica morir y renacer varias veces.
El operativo de desalojo fue ordenado por el juez Víctor Hugo Vitale, del juzgado en lo comercial Nº 4. Los acreedores que presentaron el pedido de quiebra son una cooperativa de créditos y una empresa de pintura, antigua proveedora de la metalúrgica. La fábrica estaba trabajando al 40 por ciento de su capacidad, produciendo pomos de aluminio y bandejas descartables. Según Piñeyro, sus problemas económicos “son de tipo financiero, porque tenemos muchos pedidos de producción”. La cooperativa estaba pagando sueldos de entre 1200 y 1500 pesos a sus noventa asociados.


UNOS VEINTE CHICOS DE CINCO A DIEZ AÑOS TRABAJABAN EN CONDICIONES INFRAHUMANAS
La estancia de los niños esclavos

La Justicia allanó una granja de cría de gallinas para huevos en Capilla del Señor. Unas treinta personas vivían reducidas a servidumbre. Trabajaban catorce horas diarias, vivían en condiciones insalubres y un cerco electrificado les impedía salir.



Imagen: Focus

Alrededor de 30 personas, entre ellas 20 niños, trabajaban “en situación de servidumbre y bajo condiciones insalubres” en la granja de un proveedor mayorista de huevos de la localidad de Capilla del Señor, en el interior de la provincia de Buenos Aires, según informó ayer el fiscal de Zárate-Campana Juan Maraggi. La situación se descubrió por una denuncia realizada por el Juzgado de Garantías de San Isidro. El fiscal allanó el lugar junto al Ministerio de Trabajo bonaerense y confirmó que la empresa avícola Nuestra Huella “electrificaba el perímetro por la noche” para que nadie saliera ni entrara; que en cada galpón trabajaba “de 7 a 21 todo un grupo familiar, incluso niños de cinco a diez años”, y que cada familia –siete en total– cobraba “800 pesos mensuales”, según precisó Maraggi en diálogo con Página/12. El encargado de la granja fue demorado y la proveedora de huevos tiene cinco días para regularizar la situación.
El predio de la empresa Nuestra Huella está ubicado en la localidad bonaerense de Capilla del Señor, en el departamento de Exaltación de la Cruz, cerca de Pilar, en el norte de la provincia de Buenos Aires. En ese enclave, se encontraron siete naves de gallinas ponedoras, que “eran cuidadas cada una por una familia, que cobraba un monto de 800 pesos por mes”, indicó Maraggi. De las alrededor de 30 personas, 20 son niños y jóvenes y sólo uno de todos ellos trabajaba en blanco. La jornada habitual se extendía entre las 7 y las 21, y durante esas 14 horas todos los integrantes de la familia ayudaban para alcanzar una producción diaria requerida de once mil huevos, según las estimaciones que hizo fiscalía número 2 de Zárate-Campana, a cargo de Maraggi. Pero hay más: según una denuncia que un empleado hizo ante la Embajada de Bolivia, habría “20 granjas” de la firma, en las que trabajarían “200 bolivianos” en condiciones de precariedad laboral.
Según el denunciante, Oscar Taboada Ortuño, la granja avícola es propiedad de Carlos Luaces y los contratados se arreglaron con Viviana Vallejos, “encargada y supervisora de todas las granjas” de esa empresa. Pero en ningún caso los contratos hacían explícita la “reducción a la servidumbre” a la que los empleados fueron sometidos después. Según planteó el fiscal, existen otros hechos “graves” constatados: los trabajadores no poseen documentación en regla; no tenían protección sanitaria ni de seguridad social; el perímetro de la granja estaba electrificado a 220 voltios y era imposible salir de allí, y las condiciones de trabajo y de las precarias viviendas a las que se veían confinados los trabajadores eran insalubres, siempre según las precisiones aportadas por Maraggi a este diario.
El peligro estaba latente durante el horario laboral: los colchones de guano de las gallinas se cambiaban cada tres meses, había veneno para moscas en cestos en todo el predio y dentro de las naves, y una gran cantidad de esos insectos pululando por todo el lugar. En esta precaria cotidianidad, “una de las mujeres sufrió un aborto natural a los seis meses de gestación, como consecuencia, al menos en principio, de la exposición a estas condiciones” de escasa corrección sanitaria. Y, para más, los trabajadores cumplían funciones de lunes a domingo, sin descanso; por lo que los más pequeños tampoco tenían la posibilidad de estudiar.
Pero como se confirmó en el allanamiento realizado ayer a la granja, las condiciones insalubres no se reducían sólo al ámbito laboral. En las casillas, ubicadas “a no más de seis metros” de las naves, estas personas subsistían “sin ventanas ni ventilación, sin puertas internas entre las habitaciones ni con el baño, y sin camas, ya que dormían en colchones, directamente sobre el piso”, según describió la fuente judicial. “Nunca denunciamos por miedo, porque Carlos Luaces nos anda amenazando con que no vamos a poder encontrar trabajo en ningún lado, ni nuestro hijos ni nuestros amigos”, reveló Taboada Ortuño a la embajada de su país.
A partir de estos elementos, el Ministerio de Trabajo bonaerense intimó a la empresa mayorista a que “dentro de los cinco días –a partir de ayer– se regularice la situación”, comentó Maraggi. “Comprendemos que el trabajo agrario tiene otro régimen por ley, que la gente debe vivir en el lugar y que las gallinas ponen huevos a la mañana y a la noche, de lunes a domingo–admitió el fiscal–, pero, de todas formas, las condiciones en las que se realiza ese trabajo deberán ponerse en regla.” Maraggi inició una causa que, por el momento y hasta tanto se cumpla el plazo de cinco días que se le dio a la firma, permanece sin calificación legal. “Debemos resolverlo, porque hay ‘reducción a la servidumbre’, ‘privación ilegal de la libertad’ e irregularidades al respecto de la documentación de los empleados”, enumeró Maraggi.
Por su parte, las autoridades de la Embajada y el Consulado de Bolivia acudirán hoy a las oficinas fiscales de Zárate-Campana para dialogar con el fiscal y las autoridades de la cartera provincial de Trabajo, y los trabajadores bolivianos que denunciaron la explotación en la granja.
Informe: Luis Paz.

FAMILIARES DE LOS DETENIDOS DE LAS HERAS DENUNCIAN GOLPIZAS EN LA
COMISARÍA DE CALETA OLIVIA

Familiares de los trabajadores de las Heras detenidos por la causa Sayago denunciaron que en la comisaría 1ra de Caleta Olivia estaban siendo golpeados Darío Catrihuala y Alexis Péres. Esta golpiza se suma a la que sufrieron hace 2 meses en la alcaidía de la misma ciudad Juan Pablo Bilbao y Ramón Cortés, quienes en esa ocasión fueron golpeados con las esposas puestas.
Hay que recordar que el policía asesinado Sayago había trabajado en Caleta Olivia, por lo que los detenidos por esta causa son sometidos a represalias diariamente en esa ciudad.
Exigimos a la justicia de Santa Cruz que garantice la integridad física de los detenidos y el castigo a los policías responsables de estos apremios.

LIBERPUEBLO- 16 de abril de 2008


CONSIDERAR DELITO DE LESA HUMANIDAD
al plan económico-financiero implementado durante el periodo 1976/1983 en el marco de un genocidio contra el pueblo argentino


Señor Presidente:

El genocidio perpetrado por la dictadura en el período 76/83, con todas las aberraciones cometidas, la muerte, desapariciones, cárcel, tortura y exilios de toda una generación de profesionales, estudiantes, gremialistas, obreros, intelectuales, pastores, que fueran declarados delitos de lesa humanidad, tenían como objetivo fundamental el dominio económico y financiero del país y por ende el sometimiento político del país.
La dictadura y la sangría correspondiente permitió el saqueo económico y financiero a través de la "fabricación" de la mayor estafa nacional: la deuda externa argentina.
La historia de la deuda involucra una serie de cuestiones que tienen su origen en esa deuda y en el sistema perverso que generó su nacimiento y su manejo. Las privatizaciones a precio vil; la deliberada fabricación de déficit de empresas públicas, la negociaciòn clandestina de las reservas internacionales; el sometimiento a los tribunales extranjeros; la transferencia al Estado de las deudas de las empresas privadas y de los bancos; la transferencia al Estado de las deudas de las empresas privadas y de los bancos; la conversión en deuda externa de la duda interna de multinacionales, y de las que se h izo cargo el mismo Estado; el "perdón" a los grupos privados de las defraudaciones del Estado; el manejo de la economía nacional por los asalariados de los grupos internacionales; la congelación de las jubilaciones; la baja de los salarios; las cesantías masivas; la desprotección de los trabajadores; la reducción de las indemnizaciones; el aumento de la pobreza; la concentración de la tierra en pocas manos y por ende la despoblación del campo que fue a engrosar las villas miserias de las grandes ciudades. En fin, todo el historial de la depredación nacional que solo fue posible gracias a la dictadura más sangrienta de la historia argentina. Sus crímenes fueron declarados delitos de lesa humanidad, pero sin tener en cuenta sus maniobras económicas que constituyeron otra modalidad de exterminio y la finalidad última de dichos crímenes.

Cuàl es la definición de delito de lesa humanidad?

Se denomina crimen contra la humanidad, según lo establecido por el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, y de jerarquía constitucional en la Rca Argentina por el Art. Nº 75, Inciso 22, a las conductas tipificadas como asesinato, exterminio, deportación o desplazamiento forzoso, encarcelación, tortura, violación, prostitución forzada, esterilización forzada, persecución por motivos políticos, religiosos, ideológicos, raciales, étnicos u otros definidos expresamente, desaparición forzada o cualesquiera actos inhumanos que causen graves sufrimientos o atenten contra la salud mental o física de quien los sufre, siempre que dichas conductas se cometan como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque.
Estos actos también se denominan crímenes de lesa humanidad. porque ofende, agravia, injuria a la humanidad en su conjunto.
Como características de estos delitos se mencionan indiscutiblemente los realizados por funcionarios estatales (con independencia de su jerarquía o cargo) contra la población civil No sólo se refiere a ataques militares: puede producirse tanto en tiempo de guerra como en tiempo de paz. El ataque tiene que ser generalizado o sistemático, por lo que los actos aislados o cometidos al azar no pueden ser considerados incluidos en esta tipificación.
Según el Estatuto de Roma, pueden constituir crímenes de lesa humanidad los 11 tipos de actos ya enumerados, de los cuales nos interesa centrarnos en el último:
Todo acto inhumano que cause intencionadamente grandes sufrimientos o atenten contra la integridad física o la salud mental o física; actos inhumanos de gravedad similar a otros crímenes contra la humanidad.

La deuda externa argentina contraída en el periodo 1976/1981 constituye, de acuerdo al fallo del Juez Ballesteros en la causa iniciada por el ciudadano Alejandro Olmos el 4 de abril de 1982 un delito tipificado en los arts 173, inc. 7º y 248 del código penal, pues el plan económico concebido y ejecutado por el Ministro de Economía de la Nación en dicho período se realizó con miras a producir un incalificable endeudamiento externo; el ingreso de divisas fue con el objeto de negociar con las tasas de interés produciendo quiebras y cierres de empresas y dificultades en la capacidad exportadora; de producción y d e crecimiento del país.
Hoy, a la luz de los acontecimientos podemos asegurar sin equívocos que la deuda externa argentina nacida en aquel perìodo negro de la historia argentina constituye un acto inhumano que causó intentencionadamente grandes sufrimientos a la población, que atentó contra la integridad física y la salud mental de los argentinos, convirtiéndose en actos tan inhumanos de gravedad similar a los otros crímenes cometidos para poder implementar precisamente este plan económico.
El Juez Ballesteros, el 13 de julio de 2000 califica esta política económica como "agraviante que puso de rodillas el pais" (…) "para beneficiar y sostener empresas y negocios privados en desmedro de sociedades y empresas del estado que, a través de una política dirigida, se fueron empobreciendo dìa a dìa…". La caracterizaciòn judicial como se puede comprobar coincide en su esencia con la caracterizaciòn de delito de lesa humanidad que estipula el Estatuo de Roma.

Ponemos a consideración los aspectos fundamentales técnicos jurídicos que surgen de la causa penal y el fallo del Juez Federal Ballesteros, en la Causa penal caratulada OLMOS ALEJANDRO S/DENUNCIA, Reg. N° 14.467/82 en apretada síntesis que explicitan la consumación de mega delitos económicos en perjuicio del pueblo argentino en su patrimonio y sus personas. A saber:

1) En su declaración el ex ministro de la dictadura José Alfredo Martinez de Hoz consideró como positivo que la deuda externa en el perído 1976/80 equivalió a dos años y medio del volumen de las exportaciones de 1975. Que si bien creció el endeudamiento externo, también crecieron las exportaciones en un 200%. Según su criterio la situación del país había mejorado al utilizar los mayores ingresos como respaldo para capitalizar el paísEste criterio es contrario a lo que sostiene la sana doctrina, en el sentido de que la deuda externa debe relacionarse con la capacidad del país para hacer frente a los pagos del servicio de dicha deuda en términos de amortización de capitales e intereses. Que las cifras expuestas en la evolución del balance de pagos 1973/82 indican que la capacidad de pago no se materializó, pues el saldo en varios años de las transacciones corrientes fue negativo. El asesoramiento no solo que realizó el Ministerio de Economía con relación al endeudamiento externo no solo se vio afectado por estas fallas, sino por las que surgen de las declaraciones de diversos funcionarios (Págs 185/88)El proceso de endeudamiento durante el periodo 1976/83 no tiene justificación económica , ni legal, y menos, administrativa según los dictámenes de los peritos judiciales Tandurella y Forino.
2) Los procedimientos utilizados por la autoridad económica de entonces 1976/82 furon discrecionales y revelan transgresiones, irregularidades, comportamientos y gestiones que conforman verdaderos actos ilícitos, según los peritos judiciales Dres Curat, Chapman, Gomariz, Tandurella y Forino.
3) Las pericias judiciales consideran probadas las denuncias que dieron origen al juicio penal caratulado OLMOS ALEJANDRO S/DENUNCIA según los peritos judiciales Tandurella y Forino.
4) El endeudamiento externo del país creció continuamente desde 1975. Desde 7.875 millones de dólares hasta la suma de más de 90.000 millones de dólares en 1990 (fecha de la pericia). El mayor incremento en términos porcentuales se producjo entre los años 77/79 –casi un 100% en el sector- En el período 1976/80 el aumento fue de 11.159 millones de dólares, más del 140% mayor que el importe de la deuda externa de 1975.El gran aumento no fue detenido en los años sucesivos, sino que fue creciendo por efecto de los intereses devengados que se fueron acumulando, pero también porque no se detuvo el proceso de endeudamiento externo –particularmente alto entre 1981/82 sino que las exigencias económicas del país impusieron la necesidad, dificultosamente, de renegociar la deuda con las instituciones bancarias y financieras del exterior, donde primó el afán especulativo de dichas instituciones. (págs 194/5).
5) El efecto de la deuda externa sobre la economía argentina es de conocimiento general, ya que junto con la deuda interna ha estimulado el grave proceso inflacionario sufrido en país desde 1975 con los picos en el período 1984/90, fruto de no haberse resuelto satisfactoriamente tal situación deudora. (pág 195)
6) Las empresas públicas fueron obligadas por la autoridad económica a través del Banco Central a endeudarse con la banca privada internacional sin necesitar financiamiento. Así declararon los titulares de las empresas públicas, y los testimonios del Ing. José Antonio Cosentino , ex presidente de YPF.
7) En muchos casos, como en el ejemplo de Agua yEnergía Eléctrica Sociedad del Estado, se obligó a las empresas a cancelar deudas con bancos locales mediante préstamos que debían contraer en el exterior. Los acreedores externos reemplazaban así a los bancos del país; según la declaración y nota oficial del entonces presidente de Agua y Energía, Ing. Perez Pesce.
8) La casi totalidad de las empresas públicas no percibieron un solo dólar de su supuesta deuda externa, como en el caso concreto de YPF (la empresa ´pública de mayor deuda externa estimada en unos 10.000 millones de dólares).Las divisas ingresadas al país, por las operaciones de endeudamiento, eran utilizadas por el Bco Central para financiar la llamada apertura económica anunciada el 02/04/76 por el Ministro Martinez de Hoz. Se configuraba una verdadera y vulgar malversación de fondos, según el dictamen de los peritos judiciales Dres Curat, Chapman, Gomariz, Tandurella y Forino.
9) Las reservas internacionales, cuyo nivel exhibía el Ministro Martinez de Hoz, correspondía a los préstamos contratados en el exterior y no a recursos genuinos del intercambio comercial, según los mismos peritos.
10) Dichas reservas internacionales constituyen un claro emeplo del manejo inescrupuloso de los fondos públicos. Las divisas obtenidas en las operaciones de endeudamiento externo eran colocadas a plazo en la misma banca prestamista o en otra. En casi todos los casos la tasa de interés que se pagaba por los fondos tomados en préstamo era superior al interés que se recibía por la colocación de esos mismos fondos. El Estado perdía, así, la diferencia de intereses y las comisiones lógicas or la doble operación de tomar los fondos prestados, por una parte, y volverlos a colocar, por otra parte, según informe de los peritos Tundarella y Dorino, elevado al ex presidente de la Nación, Dr Ricardo Alfonsín.
11) Por un acuerdo suscripto entre el Bco Central y la Reserva Federal de USA se colocaban en bancos de los Estados Unidos o mediante aceptaciones bancarias de firmas particulares, a toda suma que excediera los 500.000 dólares en los depósitos de la sucursal Nueva York del Bco. de la Nación Argentina. Las operaciones eran automáticas en virtud del convenio, según la pericia de los Dres Tundarella y Forino.
12) En el manejo de las reservas internacionales el BCRA registraba las colocaciones en el exterior en una libreta negra reservada al control de quienes manejaban, ilegalmente, los recursos financieros del Estado en el BCRA y en Ministerio de Economía, según la declaración judicial de Arturo Carlos Meyer, gerente de investigaciones económicas del BCRA.
13) Por disposición de la Secretaría de Hacienda a cargo de Walter Klein, el Tesoro Nacional otorgaba avales a empresas privadas como Acindar, Papel Prensa, Papel Tucumán, Alto Paraná, Austral, etc. que no afrontaron a su vencimiento sus obligaciones de pago con el exterior. Ello determinó que el Estado Nacional asumiera la atención de tales compromisos. Los avales "caídos" le significaron al país importantes pérdidas, según el dictamen de los peritos judiciales Dres Curat, Robles, Argentato, Mazulla y Vidal, en el expediente del Banco de Desarrollo.
14) Con respecto al endeudamiento de las empresas del Estado, la peculiar operatoria llevada a cabo en materia de endeudamiento durante el periodo investigado por la Ministerio de Economía, la Secretaría de Hacienda y Bco Central de la RA, desemboca en la situación que se consigna en las fojas Nº 36 de la causa, donde el BCRA informa que para las obligaciones en moneda extranjera de las principales empresas estatales, ellas evolucionaron por capital únicamente de un total de 4.071 millones de dólares al 31/12/75 a 17.170 millones de dólares al 31/03/1981 (Pág. 195 del Fallo del Dr Ballesteros )
15) La acción judicial para el recupero de los recursos pagados y/o comprometidos por el Estado no fue posible por carecer los organismos correspondientes de la documentación necesaria para promover demandas, según la declaración judicial del Dr Roberto Olguín, ex director general de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Economía.
16) La deuda externa de las empresas privadas fue asumida por el Estado mediante el régimen de los seguros de cambio y refinanciado y pagado, dicha deuda privada, entregando títulos públicos (normas del BCRA según comunicaciones A-136. A-137, A-251 y otras; declaración de Martinez de Hoz en el Juzgado).
17) En la deuda externa del sector privado se incluyen las deudas "internas" de las multinacionales. Estas deudas son las que mantienen las filiadles en la Argentina con sus casas matrices en el exterior. Dato reconocido por el propio Martinez de Hoz. Figura en su libro "Bases para una Argentina Moderna 1976/80)
18) Durante los años 1977/82 se registraron, según información del BCRA, salida de divisas por 35.102 millones de dólares. Esta "fuga" se computa, en el referido informe del Banco en el rubro "egresos sin especificaciones de motivo". Tales divisas no correspondían a importaciones y, obviamente, se trata de fondos enviados al exterior en el proceso de descapitalización del país, según el dictamen de los peritos judiciales Antonio Vidal Servin, Jesùn GHomez Navarrete, Jorge Mazzulla y Nicolás Argentato.
19) En todas las operaciones de endeudamiento externo, se declinó la jurisdicción argentina cometiéndose al pàis a las leyes y tribunales extranjeros, fundamentalmente Gran Bretaña y Nueva Cork de los EEUU. Para facilitar la maniobra "legal" se reformó el Art. Nº 1 del Código de Procedimientos en materia Civil y Comercial pr dos leyes especiales del gobierno del PRN generados por Martinez de Hoz, según consta en la ampliación de la denuncia del autor en el juicio de la deuda externa; leyes Nº 21.305 del 30/04/1976 y Nº 22.434 del 16/03/81; contratos de deuda externa de YPF, Comisión Nacional de Energía Atómica, de Agua y Energía Eléctrica SE., etc, agregados a la causa.

Los hechos denunciados, llevados a cabo en el plan económico-financiero del período 1976/83, cuyos principales responsables son las autoridades del Ministerio de Economía de la Nación y del Banco Central de la República Argentina, en dicho periodo, se enmarcan -a juicio de los Peritos Judiciales Dres Alberto Tandurella, y Sabatino Forino- en la tipificación de los delitos de:
Abuso de autoridad
Violación de los deberes de funcionario público en ejercicio
Malversación de caudales públicos
Negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública
Alteración de la paz social y la seguridad de la Nación

Ponemos a consideración, ademàs los fundamentos de imprescriptibilidad, sobre delitos de ejecuciòn continuada que permanecen en el tiempo, dado que en el endeudamiento argentino, se dan una serie de circunstancias que permiten considerarlo como un delito de ejecución continuada y en consecuencia imprescriptible, en cuanto a su punibilidad. Estos ilícitos, que siguen condicionando estructuralmente el desarrollo del sistema económico de nuestro país, no se terminaron en 1983 con la finalización de la dictadura, sino que siguieron adelante al refinanciárselos permanentemente, determinando así consecuencias aún más graves que cuando se consumaron en su origen. Ese fraude originario –no obstante haberse consumado- continuó en lo que podría definirse como un estado de consumación permanente. De acuerdo con lo expuesto por los maestros del derecho penal, un delito cuando se consuma, se acaba. En este caso peculiar de los delitos económicos durante la dictadura, hay consumación; pero como ,lo injusto se sigue generando, no se acaba, permanece en el tiempo. Por su parte el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 1 de la ciudad de La Plata, integrado por los Dres. Horacio Isaurralde, Carlos Rozanski y Norberto Lorenzo ha condenado a Miguel Etchecolatz a reclusion perpetua, reconociendo que los delitos de lesa humanidad perpetrados por este represor fueron cometidos en el marco de un genocidio. Fallo histórico de la Justicia Argentina que encuadra jurídicamente el marco en el que se cometieron los delitos económicos planificados, y ejecutados durante el Proceso de Reorganización Nacional.
Ahora bien, este plan económico enmarcado por la Justicia argentina como delictivo y en el marco de un genocidio, no puede ni debe quedar impune. Ni debe ser considerado prescriptible como cualquier delito común sin contradecir esta jurisprudencia.
La Justicia ha remitido al Honorable Congreso de la Nación las investigaciones realizadas, solicitando que los legisladores, con atribuciones sobre el particular, resuelvan al respecto.
Es hora que los representantes del pueblo tomen carta en este delicado asunto, tipificando la política económica de la dictadura militar como delito de lesa humanidad, y como tal declarar imprescriptible su juzgamiento para fijar sentencia definitiva.
Por estas razones, proponemos la sanción del presente proyecto de ley.


ANTEPROYECTO DE LEY

El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación Argentina reunidos en Congreso, etc. sancionan con fuerza de Ley:


Articulo 1.- Considérense delitos de lesa humanidad, y como tales, imprescriptibles, a los delitos económicos investigados por la Justicia argentina en la Causa Nº 14.467 caratulada "OLMOS ALEJANDRO S/DENUNCIA", que se han perpetrado con miras a producir un incalificable endeudamiento externo; quiebras y cierres de empresas; con serias dificultades en la capacidad exportadora; de producción y de crecimiento del país, constituyendo el plan económico del periodo 1976/1983 un acto inhumano que causó intentencionadamente grandes sufrimientos a la población, atentó contra la integridad física y la salud mental de los argentinos, como parte indisoluble del genocidio que sufriera el pueblo en dicho período.

Artículo Nº 2 La consideración como delitos de lesa humanidad a delitos económicos se limita al periodo 1976/7983, del autodenominado Proceso de Reorganización Nacional, y a los hechos económicos considerados como delitos por los peritos judiciales y por el juez federal Ballesteros, en la causa Nº 14.467.

Artículo Nº 3 De forma.

Por la represión ilegal en la última dictaduraProcesan al ex coronel Rolón por tormentos y otros graves delitos
El conjuez Ricardo Lazzarini procesó al ex jefe del Área 212 por los delitos de privación ilegal de la libertad, tormentos, privación ilegítima de la libertad y omisión en hacer cesar la privación ilegal de la libertad.
El conjuez Ricardo Lazzarini procesó el viernes pasado al ex coronel del Ejército Juan Orlando Rolón, por encontrarlo penalmente responsable de, al menos, cuatro delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar, informó en su edición de la fecha el portal de noticias Notife.com.
Rolón fue el Jefe del Área 212 del Ejército, que dependía del II Cuerpo de la misma fuerza y que tuvo control operacional en Santa Fe y una amplia zona del Litoral argentino durante la represión ilegal. El anciano militar volvió a ser indagado hace dos semanas por Lazzarini en el marco de una compleja causa judicial que fue desacumulada por el conjuez anterior (Leandro Corti) que elevó a juicio oral parte del expediente (causa Brusa) a finales de enero de este año.
El ex hombre fuerte del Ejército en la zona había sido indagado por primera vez el 12 de julio del 2006 y 13 días después fue procesado por el entonces magistrado natural de la causa: el juez federal Reinaldo Rodríguez, separado del expediente tras una serie de nulidades e impugnaciones que hicieron las defensas de algunos imputados, y que fueron confirmadas por la Cámara de Apelaciones de Rosario y luego por la Cámara de Casación.
Así, la causa llegó a manos de Lazzarini, que indagó a Rolón el 1° de abril en su casa del barrio 7 Jefes y, cumpliendo a pie juntillas con los plazos legales, resolvió la situación procesal del imputado en tiempo y forma.

Los casos
El conjuez procesó a Rolón por los delitos de privación ilegal de la libertad por seis casos, en perjuicio de Anatilde Bugna, Stella Vallejos, Carlos Pacheco, Alberto Alegre, Daniel García y Alba Sanchez. También lo procesó por privación ilegítima de la libertad en cinco hechos en perjuicio de Ana Cámara, Patricia Traba, José Schullman, Alberto Alegre y Mariano Millan.
Rolón también fue procesado por tormentos en catorce casos en perjuicio de Anatilde Bugna, Stella Vallejos, Ana Cámara, Patricia Traba, José Schullman, Carlos Pacheco, Orlando Barquín, Jorge Cepeda, Alberto Alegre, Daniel García, Alba Sanchez, Mariano Millán, María Mazzetti y Eduardo Almada.
Asimismo Lazzarini lo procesó por el delito de omisión en hacer cesar la privación ilegal de la libertad en cuatro hechos realizados en perjuicio de José Schullman, Jorge Cepeda, María Mazzetti y Eduardo Almada. Todos los delitos calificados en concurso real. (Acumulación de las penas contempladas para los diversos delitos cometidos)

Prisión domiciliaria
Por otro lado, el conjuez le dictó la falta de mérito respecto de los hechos por los que fue indagado, en relación con la privación ilegal de libertad y torturas sufridas por Patricia Isasa (en su primera detención 30 de julio de 1976).
Finalmente el conjuez le trabó un embargo sobre los bienes de 900 mil pesos y transformó en prisión domiciliaria la prisión preventiva que venía sufriendo el imputado.
Ahora, el juez ad hoc deberá avanzar en la figura de la asociación ilícita en todos los casos que quedaron pendientes tras la desacumulación de la causa Brusa. Esto implica al ex coronel Rolón, al ex juex federal Víctor Brusa, al ex agente de informaciones de la policía Eduardo Ramos, a la ex carcelera de la Guardia de Infantería Reforzada María Eva Aebi, al ex Jefe del Destacamento de Inteligencia 122 Domingo Marcellini y a los ex policías Héctor Colombini (fue jefe de la ex Dirección de Drogas Peligrosas), Juan Perizotti (fue Comisario a cargo de la Guardia de Infantería Reforzada) y Mario Facino (ex presidente comunal en la localidad costera de Rincón), recordó el portal informativo Notife.com.

R Re Re La carta del secretario de Derechos Humanos de la Municipalidad de Córdoba enviada a los miembros del Consejo de la Magistratura da cuenta en forma pormenorizada sobre la actuación que le cupo al funcionario de justicia durante la dictadura militar. Texto completo * "Luis Miguel Baronetto, D.N.I. 5.075.358, nacido el 17 de Mayo de 1949, con domicilio real en calle Bambilla N° 981 de B° Bella Vista de la ciudad de Córdoba, y constituyéndolo a los fines del presente en Lavalle 1282, 1º piso, oficina 14 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, como afectado directo y desempeñándose actualmente como Director de Derechos Humanos de la Municipalidad de la ciudad de Córdoba, pone en conocimiento de los Sres. Miembros de ese Consejo, hechos que a continuación se relatan que, estima, configurarían una causal de remoción del Sr. Vocal del Tribunal Oral N° 1 de Córdoba del Poder Judicial de la Nación , Dr. Carlos Otero Álvarez, quien actualmente integra el Tribunal que ha sido sorteado para el juzgamiento de los autos "BRANDALISIS, Humberto Horacio y otros s/ Averiguación de Ilícitos" hoy caratulados "MENÉNDEZ, Luciano Benjamín y otros p.ss.aa. Homicidio Agravado, etc.".- HECHOS: El 22 de marzo de 1977, encontrándose detenido el suscripto en el Penal de Sierra Chica, Provincia de Buenos Aires, ante la presencia del Sr. Juez Federal Adolfo Zamboni Ledesma (hoy fallecido) y el Secretario Carlos Otero Álvarez, solicitó explicación y la investigación de la muerte de su esposa Marta Juana González de Baronetto acontecida el 11 de octubre de 1976, al ser retirada de la cárcel de barrio San Martín de la ciudad de Córdoba, recibiendo como respuesta por parte del Secretario Otero Álvarez la lectura de un comunicado militar firmado por el Coronel Vicente Meli cuyo contenido era una falacia. Esta falsedad fue advertida en esa misma ocasión, ya que inmediatamente antes a la entrevista de quien suscribe con el cuestionado miembro del Tribunal Oral Federal Nº 1, de Córdoba, el también detenido Eduardo De Breuil había denunciado ante ese mismo funcionario judicial el fusilamiento que había presenciado de su hermano Gustavo y otros dos presos políticos (Dr. Hugo Vaca Narvaja (h) y Higinio Arnaldo Toranzo), hecho que fue comunicado por el Comandante del III Cuerpo de Ejército a la opinión pública como "intento de fuga". (Todo ello probado posteriormente en la resolución judicial de marzo de 2003 en el marco de la investigación de la Verdad Histórica , sustanciado por ante el Juzgado Federal Nº 3 de la ciudad de Córdoba). Pese a ello, no se inició en esa ocasión - año 1977 - ninguna investigación para determinar las circunstancias y los autores del asesinato de Marta Juana González de Baronetto. Este mismo suceso fue relatado en la narración testimonial del suscripto en el año 1983 adjuntado a la presentación escrita del 25 de noviembre de 1999 ante la Dra. Cristina Garzón de Lascano, titular del Juzgado Federal N° 3 de Córdoba, al solicitar nuevamente la investigación de la muerte de su esposa. En testimonio fechado el 23 de agosto de 2000, en el juicio por la Verdad Histórica , volvió a relatar lo acontecido. El mismo Juez y el Secretario Otero Álvarez, tuvieron actuación de los autos "C/ Baronetto, Luis Miguel p.ss.aa. Asociación ilícita calificada e infracción a la Ley 20.840" , Expte 19-B-75, ante quienes su esposa denunció a fs. 49 y 50 apremios ilegales y tormentos, al igual que lo hizo el suscripto a fs. 58 y 59 relatando las torturas que determinaron su internación en el Policlínico Policial, sin que esos delitos denunciados fuesen investigados en ese momento. La complicidad de los integrantes del Tribunal se pone en evidencia por cuanto tanto al suscripto como a su esposa se les sustanciaba una causa judicial por la que se encontraban detenidos a disposición del Poder Judicial. Es decir, a los funcionarios les cabía una doble responsabilidad: por una parte eran los responsables de las personas detenidas bajo sus órdenes, y por otra les competía cumplir con sus deberes de funcionarios públicos investigando y esclareciendo los hechos que pudieran configurar delito. Ni una ni otra conducta es la observada por el juez Zamboni Ledesma y el secretario Carlos Otero Álvarez.- Esta actuación es advertida por el Defensor Público, Dr. Marcelo Arrieta en su escrito de apelación a la resolución de la Jueza Cristina Garzón de Lazcano en el marco de la investigación de la Verdad Histórica de los fusilamientos en la Unidad Penitenciaria N° 1 de Córdoba, en estos términos: "Párrafo aparte merece la participación del ex secretario del Juzgado Federal N° 1 de Córdoba, Dr. Carlos Otero Álvarez, quien -tal como consta en las piezas de fs. 4576, 4577, 4578, 4579, 4580 y 4581-, en ocho ocasiones autorizó traslados de detenidos en un claro exceso funcional, toda vez que la única autoridad capaz de disponer de personas detenidas era -y sigue siendo- el juez. Prueba patente de ello es que respecto de los cuatro primeros se había previsto que el juez los autorizara aunque este magistrado nunca estampó su rúbrica en las actuaciones. Cabe destacar que los detenidos Diana Fidelman, Eduardo Daniel Bártoli, Jorge Omar García y Raúl Antonio Guevara fueron requeridos por el Comisario Telleldín, con excusas inverosímiles, y posteriormente torturados en dependencias de la D 2 los días 21 de abril de 1976 -los dos primeros- y 22 de abril de 1976 los dos segundos. Posteriormente, con menos excusas que aquellas veces, igual funcionario dispuso - sin la debida autorización - el traslado de Diana Fidelman, Luis Ricardo Verón, Ricardo Alberto Yung y Miguel Angel Mossé el día 17 de Mayo de 1976, ocasión en que fueron brutal e impunemente asesinados." En relación a lo arriba citado, se agrega que el Dr. Otero Álvarez recibió los oficios Nº 313 y 314, firmados por el entonces titular del D 2 Inspector Mayor Raúl P. Telleldin, de la policía de Córdoba, donde se solicita el traslado de Miguel Ángel Mossé, Luis Ricardo Verón, Ricardo Alberto Yung y Diana Beatriz Fidelman, el día 17 de mayo de 1976 a las 18 hs - cargadas de su puño y letra-, lo que fue autorizado de manera inmediata. Todos los presos políticos allí nombrados fueron ultimados a las 20,30 horas de ese mismo día, por la comisión policial que los trasladaba, según los elementos de prueba añadidos en el juicio de la verdad histórica e incluso en un Comunicado del III Cuerpo de Ejército publicado por el diario " La Voz del Interior" el 19 de mayo de 1976. Lo que prueba de manera relevante que el horario de recepción del oficio y de las muertes son prácticamente concomitantes, poniendo de manifiesto que, una vez más, este funcionario actuante tuvo una conducta convalidante de esos delitos aberrantes a los que fueron sometidos ciudadanos que se encontraban a su disposición y resguardo. Cabe agregar que la existencia de un oficio -fechado en mayo de 1976, sin especificar el día, y glosado en el mismo juicio- del General de Brigada Juan Bautista Sasiaín al Director de la U.P 1 de San Martín, indicándole el traslado de los presos asesinados nombrados anteriormente, reafirma la connivencia del funcionario cuestionado con el accionar ilegal del ejército. Sólo para información de ese Consejo se añade que Eduardo Daniel Bártoli fue asesinado en la misma dependencia de la D 2, donde fue conducido para la tortura. Según testimonio manuscrito de Raúl Arturo Guevara, que había sido trasladado desde la cárcel al D2, Bártoli "se encontraba en muy malas condiciones físicas ya que además de ser torturado, todas las noches permanecía tirado en el piso esposado hacia atrás y sin recibir ningún tipo de alimentos.". Y posteriormente Jorge Omar García, después de haber sido trasladado para sufrir tormentos en el D 2, fue muerto el 11 de octubre de 1976, cuando además fue asesinada la esposa del suscripto, junto a otros cuatro detenidos. Más recientemente, los Dres. Juan Miguel Ceballos y Rubén Arroyo en su solicitud de ampliación y correcciones al Requerimiento Fiscal de Instrucción, agregada en los autos "ALSINA, Gustavo Adolfo y otros p.ss.aa. Imposición de tormentos agravados y homicidios calificados", Expte. 17.468, endilgan a Otero Álvarez -entre otros funcionarios- participación criminal, al menos, como encubridores de delitos de lesa humanidad. Concretamente a Carlos Otero Álvarez le cupo una conducta indicadora de la complicidad con el accionar del terrorismo de estado. El escrito menciona el caso "Bauducco", donde se transcribe que el entonces secretario informa "a V.S. que de acuerdo a noticias periodísticas locales el imputado Raúl Augusto Bauducco habría sido ultimado al intentar arrebatar el arma al jefe de la custodia de la cárcel penitenciaria donde se encontraba alojado. Secretaría. 7 de julio de 1976" . Se añade en dicha presentación que el 12 de agosto de 1976 (más de un mes después del asesinato) el Secretario Otero Álvarez se entrevista en el lugar de detención - Unidad Penitenciaria Nº 1 - con la esposa de Bauducco; al requerirle ésta sobre la suerte del mismo, el funcionario le contesta verbalmente que murió al intentar arrebatarle el arma a un custodio, reproduciendo de este modo la versión periodística. Y no consta ninguna actuación del funcionario sobre este asesinato, aún cuando fue realizado ante numerosos testigos, tanto detenidos como personal carcelario, presentes al momento de la requisa en el patio donde el Cabo Pérez, con el consentimiento del Teniente Mones Ruiz, asesinó a Bauducco de un disparo a la cabeza, cuando estaba desvanecido en el suelo a raíz de la golpiza propinada. Lo hasta aquí dicho, entonces, es demostrativo de la conducta reprochable y maliciosamente omisiva exhibida durante la dictadura militar por el entonces Secretario Carlos Otero Álvarez, justamente uno de los vocales que hoy integra el Tribunal que deberá juzgar al titular del entonces Tercer Cuerpo de Ejército Luciano Benjamín Menéndez. Del mencionado funcionario dependían en forma directa los detenidos que fueron asesinados, algunos merced a la autorización de "traslado" que éste suscribiera, y otros sin que mediara ningún atisbo de investigación de sus muertes cuando era ostensible que eran, al menos, irregulares y cuando conocía de manera directa por las manifestaciones de quien suscribe los tormentos a los que eran sometidos. El homicidio de su esposa, Marta Juana González de Baronetto, el 11 de octubre de 1976, cuando se hallaba privada de su libertad, y las circunstancias en las que ocurrió su muerte, se hicieron conocer por el suscripto en la ocasión arriba enunciada al mismísimo Carlos Otero Álvarez, quien no opuso reparos al acontecimiento ni atendió las quejas de los torturados. Repárese que el funcionario cuestionado no practicó ninguna diligencia para investigar los asesinatos ejecutados por patrullas militares o comisiones policiales, de detenidos por razones políticas que estaban también a su disposición y resguardo, como así tampoco dio directivas ni sugirió medidas de investigación acerca de las inhumanas condiciones de detención de los que estaban alojados en la Unidad Penitenciaria Nº 1, de la ciudad de Córdoba o en el Departamento de Investigaciones Policiales D2, de la policía de la Provincia de Córdoba; que además estaba obligado a realizar al investir el carácter de funcionario público ante la comisión de hechos ilícitos. Así lo entiende también la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de los Estados Americanos cuando del informe datado el 04 de octubre de 1990 (Informe N° 74/90, caso 9850), se cuestiona la actuación del Secretario Carlos Otero Álvarez en el proceso judicial contra Héctor Gerónimo López Aurelli, que motivó la presentación del caso ante ese organismo de la OEA. Recurso que fue admitido por dicha Comisión resolviendo que los hechos que lo motivaban constituía "grave violación de los derechos y garantías judiciales estipulados en los artículos 7 y 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos." PETITUM: Estas razones, que además se ven reflejadas en lo denunciado por los Abogados Juan Miguel Ceballos y Rubén Arroyo en los autos "ALSINA, Gustavo Adolfo y otros p.ss.aa. Imposición de tormentos agravados y homicidios calificados", Expte. 17.468; así como el informe de la C.I .D.H. aludido y las numerosas menciones del proceder del funcionario denunciado narradas en los acápites que preceden, persuaden al suscripto de la incompatibilidad del Juez CARLOS OTERO ÁLVAREZ para el juzgamiento de cualquiera de las causas por violación a los derechos humanos que se ventilen ante el Tribunal Federal que integra el susodicho vocal. Los escritos mencionados afirmarían su complicidad con los militares, el favorecimiento que efectuó para que llevaran a cabo sus propósitos asesinos, la inobservancia de la ley, el malicioso proceder omisivo que evitó investigar las muertes de las personas que, estando detenidas a su disposición, fueron ejecutadas, y su innegable participación en las actuaciones judiciales que sirvieron entonces para dar legalidad a los crímenes de lesa humanidad. El funcionario judicial es un funcionario público. Y como tal tiene la obligación de ejercer el poder que la sociedad le asigna en la preservación de la convivencia social, de las leyes y de las instituciones democráticas. Si así no lo hace se torna cómplice del autoritarismo y del ejercicio de la ilegalidad, desnaturalizando la legitimidad de las leyes. Por eso, el análisis de las conductas de los funcionarios judiciales durante la vigencia del terrorismo de estado, como funcionarios públicos, debe indicar la capacidad ética para juzgar hoy a los ejecutores de los delitos cometidos entonces. Ello porque el funcionario público- y por lo tanto funcionario judicial- debe ser hoy también protagonista en la consolidación de las instituciones democráticas, contribuyendo a restablecer la credibilidad social de ellas. Mal podrá hacerlo quien haya actuado, como habría sucedido en este caso, en desmedro de la misma institución judicial al avalar hechos reñidos con la ley. La ética de responsabilidad social establece al funcionario público, como primer criterio para su actuación: preservar, restablecer, garantizar el bien social como bien supremo de la democracia. Y esta conducta ética debe ser transparente y sin mácula alguna para que el conjunto social se reconcilie con sus instituciones rectoras y fortalezca la confianza en el ordenamiento social e institucional que lo contiene. Estas consideraciones imposibilitan su actuación como juez y solicita el suscripto su remoción y sometimiento a jurado de enjuiciamiento de magistrados por la Comisión de Disciplina y Acusación de ese Consejo.- Documentación que se acompaña: 1) Fotocopia del D. N. I. del presentante y del decreto de designación en el cargo de Director de Derechos Humanos de la Municipalidad de Córdoba; 2) Copia de la Presentación del suscripto a la Jueza Cristina Garzón de Lazcano, fechada el 24 de Noviembre de 1999, con fotocopia del testimonio del año 1983 y de la comunicación militar firmada por el Coronel Vicente Meli; 3) Fotocopia de una entrevista al suscripto, en relación a los hechos, publicada en el Diario La Voz del Interior, de la ciudad de Córdoba, con fecha 19/12/99. 4) Fotocopias de las declaraciones indagatorias de Marta Juana González de Baronetto y Luis Miguel Baronetto, obrantes a fs. 49, 50, 58 y 59 del expediente caratulado "C/ Baronetto, Luis Miguel p.ss.aa. Asociación ilícita calificada e infracción a la Ley 20.840" , Expte 19-B-75.; 5) Copia de la declaración testimonial del suscripto, fechada el 23 de agosto de 2000, en el "Juicio de la Verdad Histórica "; 6) Copia de la apelación formulada por el Dr. Marcelo Eduardo Arrieta, Defensor Público Oficial, a la Resolución del Juzgado Federal Nº 3, en el marco del "Juicio de la Verdad Histórica ", sobre el fusilamiento de los presos políticos de la Unidad Penitenciaria Nº 1; 7) Fotocopia de los oficios 313 y 314 remitidos por el Inspector Mayor Raúl Telleldín, titular de la D 2, recepcionados por el Dr. Carlos Otero Álvarez y del oficio autorizando el traslado firmado por el mismo funcionario (fs 4579, 4580, 4581 del juicio por la verdad histórica). Copia del oficio firmado por el Gral. Juan Bautista Sasiaín dirigido al Director de la U. P 1 de San Martín- Córdoba. Fotocopia de la publicación del Comunicado del III Cuerpo de Ejército en el Diario La Voz del Interior, 19/05/76. Fotocopias de oficios policiales del 21 y del 22 de abril de 1976 recibidas por el Secretario Otero Álvarez y fotocopia del oficio firmada por el mismo funcionario autorizando los traslados solicitados; 8) Fotocopia de la Resolución de la CIDH (Comisión Interamericana de Derechos Humanos) de la OEA , Nº 22/88 - Caso 9850 - Argentina- del 23 de marzo de 1988. 9) Publicación de la Resolución del Juzgado Federal Nº 3 de la Ciudad de Córdoba, en el juicio de la "Verdad Histórica", sobre los asesinatos de presos políticos de la U.P 1- Córdoba, de fecha 21 de marzo de 2003; 10) Copia del escrito presentado por los Dres. Juan Miguel Ceballos y Rubén Arroyo, en los autos "Alsina, Gustavo Adolfo y otros p.ss.aa. Imposición de tormentos agravados y homicidios calificados" (Expte. 17.468); 11) Fotocopia del relato testimonial manuscrito de Raúl A. Guevara. Sin otro particular, saluda a los Sres. Miembros muy atte. Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 14 de abril de 2008.- www.prensared.com.ar


SOBRE DERECHOS HUMANOS CORRESPONDIENTE AL
10.04.08.
Resumen elaborado por la Secretaria de Derechos Humanos
del Partido por la Victoria del Pueblo
FRENTE AMPLIO.
LA DIARIA PÁG. 2Pequeños subversivos ilustrados.Los nacidos en cautiverio arman su historia y reclaman nunca más.Desde las 19.30 en la Biblioteca Nacional, un grupo de treintañeros nacidos en dependencias militares mientras sus madres estaban presas por la dictadura montará una muestra. Buscan rescatar la memoria y seguir armando su propia identidad. Y la de todos.Hace un año se formó un grupo de niños nacidos en cautiverio, hoy treintañeros, que pasaron sus primeros meses o años en un cuartel de la dictadura, junto con sus madres. Nacieron en el Hospital Militar o en los cuarteles de las distintas regiones militares. A los pequeños subversivos los hacían formar en fila y eran, según sus posibilidades, sometidos a cierto rigor militar. Uno de los integrantes del grupo, que conforman unas treinta personas de entre 31 y 38 años, estuvo hasta los cuatro años y recuerda cuando en el jardín de infantes les decía a sus compañeritos apuntando con el dedo índice hacia el cuartel: "ésa es mi casa".Mayormente, después de algunos peregrinajes por cárceles militares, quedaron recluidos en el antiguo Instituto Militar de Estudios Superiores (IMES), por entonces ubicado en la calle Molinos de Raffo, en la zona del Prado. La mayoría de ellos vivió entre seis meses y dos años en cautiverio. Dicen que no se acuerdan de casi nada de aquella vida que les impusieron las autoridades cuarteleras. Pero tienen reacciones parecidas frente a determinados ambientes y algunos ruidos.Los que tienen secuelas físicas son los menos. Uno de los 30 integrantes del colectivo es rengo. Es que los militares retrasaron su parto. No iban a permitir que la hija de una subversiva apátrida diera a luz un 25 de agosto, fecha donde se firmó el acta que dio pie al gobierno del primer genocida del Estado tapón-masón, Don Frutos Rivera. Le demoraron el nacimiento hasta que la placenta se rompió y la madre se desmayó en la celda. La cruzada patriótica por supuesto incluyó torturas a las embarazadas y otras barbaridades.Diabetes, problemas auditivos, problemas gástricos, neuronales, asma son algunas de las deficiencias que aquejan a algunos de los nacidos en cautiverio.Otra historia "El tema de la separación de nuestras madres cuando éramos chicos también implicó secuelas de regresiones motrices y emocionales", sintetizó Paloma Soto.El cordón umbilical se terminó de cortar cuando las historias fantásticas de los padres empezaron a hacer agua para el niño precoz o para el adolescente. Las aventuras de héroes y villanos que los padres presos les contaban a sus hijos también empezaron a ser cuestionadas, pero hacia el interior de cada uno.No eran exteriorizadas, explicaron los entrevistados.Hace un año se empezaron a juntar a sugerencia de algunas madres que habían compartido reclusión y se comenzaron a reconocer como iguales. Los muchachos empezaron a cortar el cordón umbilical de sus historias, explicó Micaela Solé."Es díficil victimizarse, pero al verlo en otras personas podés comprender otras cosas. Nos pasó de encontrarnos y hacer nuestras historias y coincidir en momentos.Como que mientras a uno lo sacaban otro estaba entrando", manifestó Jorge Giordano.Cuando se empezaron a juntar afianzaron la idea de que ellos efectivamente estuvieron presos. "Lo primero fue conocernos, reconocernos.Muchos estuvimos juntos. Y eso nos animó a salir afuera", recordó Giordano.Así empezó una travesía que arrancó con el Ministerio de Defensa, donde solicitaron los archivos que hacen mención a la estadía en las dependencias militares. Hicieron lo mismo con el Ministerio del Interior.Quieren encontrar información oficial para seguir llenando los vacíos de aquellos tiempos. Las madres estimaban que los chicos nacidos en cautiverio eran 25 o 30. Pero ya han sido 40 los jóvenes contactados y se estima que serían unos 80.Llegaron también al Parlamento.En la primera visita que hicieron a la Comisión de Derechos Humanos de Diputados, la representante Daniela Paysée (Asamblea Uruguay-Frente Amplio) les ofreció que para el 27 de junio pasado presentaran el grupo en el Parlamento, y así lo hicieron.Y siguieron trabajando. Hoy en la Biblioteca Nacional mostrarán a las 19.30 horas una exposición de documentos recogidos de sus familias.Cartas anunciando nacimientos, fotos que adornaron celdas en los penales de Libertad o Punta de Rieles, historias clínicas del Hospital Militar y objetos personales como juguetes, que formaron parte de esa historia, estarán en exposición. Más que reclamo, memoria...El grupo está discutiendo su postura ante la Ley de Caducidad y si tienen que tomar posición expresa sobre diversos temas políticos. Sí la tienen clara en otros aspectos. "Nosotros más que reclamar al Estado o a la sociedad, lo que queremos hacer es compartir y mostrar lo que pasó. Reclamamos que se acepte lo que pasó.Que haya un lugar abierto para tratar estos temas. Buscamos el reclamo integral, que se trabaje en estas cosas para que las generaciones nuevas lo sepan y se den las garantías en la medida de lo posible, para que estas cosas no vuelvan a pasar", resumió Paloma Soto el sentir del grupo. "Es ilógico que una sociedad que quiere crecer no saque sus miserias. Tenemos que ser responsables de decir que esto pasó acá y tiene que haber algún tipo de reparación. Como sociedad hay que curar la herida". Para comunicarse con el grupo escribir a: ninos.en.cautiverio@gmail.com. Guillermo Garat. LA DIARIA PÁG. 2Una generación que denuncia.En las entrevistas matutinas de la periodista Ana María Mizrahi en Televisión Nacional del Uruguay (TNU), Victoria Julién anunció que iniciará juicios en Argentina y Uruguay para saber quiénes asesinaron a sus padres. El 26 de setiembre de 1976 fuerzas armadas uruguayas y argentinas irrumpieron en el domicilio del matrimonio de Roger Julien y Victoria Grisonas, militantes del Partido por la Victoria del Pueblo. Los dos están desaparecidos. Sus hijos, que estaban en la casa, fueron encontrados tiempo después en la Plaza O'Higgins de Santiago de Chile. Anatole y Victoria Julián vivieron por años con una familia ajena en la capital chilena.Hoy Victoria, que sigue viviendo con la mujer con quien se crió, quiere saber la verdad, buscar quiénes fueron los represores responsables de tanta maldad y conocer quién asesinó a sus padres, que podrían haber sido trasladados a Uruguay desde Argentina para su fusilamiento, en uno de los vuelos clandestinos realizados en 1976.En declaraciones a TNU manifestó que ahora se siente preparada para afrontar esta etapa. Entre las acciones que viene realizando, apoyadas por las familias Julién y Grisonas en Uruguay, Victoria visitó Automotores Orletti y habló con los vecinos de la casa donde fue secuestrada. Hoy es psicóloga y su hermano abogado y fiscal del Ministerio Público chileno.Espejo La búsqueda de los hermanos Julien se encuadra en un contexto regional, en el que la generación de los 30 y pico necesita recuperar su pasado. El grupo de niños nacidos en cautiverio en Uruguay en un ejemplo. Otro: el viernes la Justicia argentina hizo lugar al pedido de María Eugenia Sampallo, una joven que demandó a sus apropiadores. Se trató de un juicio histórico, por ser el primero de estas características. El Tribunal Oral Federal 5 impuso diez años de cárcel al militar retirado Enrique Berthier, como "cómplice necesario" en la apropiación, mientras que a Osvaldo Rivas le impuso una pena de 8 años y 7 a su entonces pareja, María Gómez Pinto. A los tres se los culpó del delito de "retención y ocultamiento de una menor de diez años" por el robo de la hija de Mirta Barragán y Leonardo Sampallo, secuestrados en diciembre de 1977, cuando la joven estaba embarazada de seis meses. Después de conocido el veredicto, María Eugenia leyó una carta ante los medios, aclarando por qué no daría entrevistas, en el entendido de que en el juicio ya expresó todo lo que tenía para decir.En su lectura, hizo énfasis en lo siguiente: "Normalmente, al difundirse las noticias sobre apropiaciones de menores durante la última dictadura, erróneamente emplean los siguientes términos para referirse a las personas que inscribieron como hijos propios a quienes no lo eran: se emplean las fórmulas 'padres adoptivos', 'padres del corazón' o simplemente 'padres'. Lo que quiero destacar es que tanto en mi caso, como en muchos otros, no se trata de 'padres adoptivos', puesto que no existió ningún trámite de adopción. Yo fui inscripta como hija propia por estas personas, con una fecha de nacimiento falsa, un lugar de nacimiento falso, padres falsos, a partir de un certificado de nacimiento falso. Sería lamentable que después de esta clara explicación se siguiera sosteniendo públicamente el término erróneo de 'padres adoptivos'". Más información www.juiciosampallobarragan.blogspot.com.

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