martes, 22 de abril de 2008

PATTI A LA CÁRCEL, NO AL CONGRESO

PORQUE UN ASESINO Y TORTURADOR
NO PUEDE TENER FUEROS,
PORQUE EL ÚNICO LUGAR PARA PATTI ES
¡LA CÁRCEL!

MIÉRCOLES 23 DE ABRIL 15 HS
LA CÁMARA DE DIPUTADOS TRATARÁ EL DESAFUERO AL ASESINO LUIS ABELARDO PATTI
TODOS AL CONGRESO

H.I.J.O.S.
Hijos e Hijas por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio

Regional Capital en la Red Nacional
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No olvidamos.
No perdonamos.
No nos reconciliamos.
Aparición con vida de Jorge Julio López.
Si naciste entre 1975 y 1980 y tenés dudas sobre tu identidad y creés que sos hijo de desaparecidos o conocés a alguien que puede serlo, comunicate con nosotros al 15-3-571-0767 o por e-mail a hermanoscapital@yahoo.com.arNo consumas productos Ledesma: Blaquier genocida- Ledesma contamina



ESMA
El juez Torres ordenó embargos millonarios a 12 represores

El juez federal Sergio Torres procesó con prisión preventiva y millonarios embargos, que llegan a los 370 millones de pesos, a una docena de represores que actuaban en el centro clandestino de detención que funcionaba en la Escuela Superior de Mecánica de la Armada (ESMA), entre ellos el ex comandante en Jefe de esa fuerza, Rubén Franco.


La medida alcanzó a Edgardo Aroldo Otero, Alberto Gabriel Vigo, Miguel Angel Rodríguez, Miguel García Velasco, Juan Carlos Fotea, Carlos Octavio Capdevila, Mario Pablo Palet, Julio César Binotti, Eduardo Morris Girling, Carlos Eduardo Daviou y Ricardo Lynch Jones.
En una resolución de más de 250 páginas, el magistrado -con la intervención del secretario Diego Slupski- analizó cada uno de los centenares de casos por los que los ex jefes navales fueron procesados con prisión preventiva que cumplen en el penal de Marcos Paz.
El juez también trabó millonarios embargos en los bienes que llegan a los 370 millones de pesos (García Velazco), en tanto a Otero se lo embargó en 285 millones; a Vigo por 94 millones; a Rodríguez, 16 millones; a Fotea, 269 millones; a Capvedila, 86 millones; a Palet y Binotti, 7 millones; a Franco 225 millones; a Morris Girling, 101 millones; a Daviou 98 millones; y a Lynch Jones, 199 millones.
A los efectos de ser notificados los procesados por delitos de "lesa humanidad" cometidos en la ESMA durante la última dictadura militar deberán ser trasladados entre hoy y mañana a los tribunales de Comodoro Py 2002, de esta Capital, "con todos los recaudos necesarios para preservar la integridad física" de los detenidos.
Los ex jefes navales forman parte de la última serie de detenciones ordenadas por Torres y que incluyen a un almirante y ex Comandante en Jefe de la Fuerza (Franco), tres contraalmirantes (Palet, Morris y Otero); un vicealmirante (Vigo), tres capitanes de fragata (Rodríguez, Lynch Jones y Capdevila), un capitán de navío (Daviou), un teniente de navío (García Veloso), el oficial Binotti y el ex policía extraditado desde el Reino de España, Fotea.
Todas las detenciones y procesamientos se inscriben en el marco de la "megacausa ESMA" que tramita Torres, con la intervención del fiscal Eduardo Taiano, y que fuese reabierta tras la derogación y declaración de nulidad insalvable de las leyes de obediencia debida y punto final.
Entre los gravísimos delitos que el magistrado imputó a los procesados se encuentran privaciones ilegales de la libertad, "tormentos con resultado muerte" y aplicación de torturas en centenares de casos que se detallan minuciosamente en la extensa resolución.
En uno de sus párrafos, Torres explicó que "la constitución, organización y funcionamiento (del "grupo de tareas que funcionaba en la ESMA) se gestó desde la cúpula misma de la Jefatura de la Armada, con los medios y el personal perteneciente a esa fuerza, de un modo institucional y jerárquico".
En esa línea de análisis agregó que "ninguno de los estratos intermedios entre la Jefatura y el personal operativo, de inteligencia y logística que formaban parte del GT, ignoraban o desconocían, negaban ni impedían de modo alguno la actividad de aquella formación".
Acerca del tratamiento que se les brindaba a los prisioneros en ese centro, el juez detalló que "mientras duró el cautiverio de las víctimas en la Escuela de Mecánica de la Armada se les dispensó un trato inhumano, cruel y degradante".
Citó los dichos de sobrevivientes que daban cuenta que, en forma independiente de las torturas a que eran sometidos, debían permanecer "encapuchados, esposados y a veces también engrillados a la pared o a una bala de cañón y únicamente se les permitía sentarse para comer, pero mirando hacia la pared".
"No les estaba permitido hablar ni moverse. Se les restringía al máximo la alimentación y para ir al baño debían levantar la mano y esperar" aunque "muchas veces debieron evacuar en el mismo lugar donde estaban acostados", se lee en uno de los párrafos de la extensa resolución firmada hoy.
Respecto de Franco el juez recordó que fue, sucesivamente, sub Jefe de Operaciones del Estado Mayor General de la Armada, Subsecretario General Naval; en la Jefatura de Operaciones y el Comando de la Fuerza de Tareas 3, como Comandante de Operaciones Navales y como Comandante en Jefe de la Armada, de los cuales dependía el grupo de tareas.



La Justicia ordeno investigar un predio donde, segun testigos, enterraban cadaveres durante la dictadura
En busca de una enorme fosa común en Escobar

En el territorio del ex comisario Luis Patti, un hombre que trabajaba en la recolección de residuos en el ’76-’77 declaró que: “A la noche traían los cadáveres en camiones de basura y los tiraban con una topadora hasta lo más hondo. A la mañana ya estaba todo tapado”.



El terreno donde habrían enterrado los cadáveres de desaparecidos en Maquinista Savio.
Subnotas
“Patti no va a ser diputado nunca”
El juicio oral a Menéndez

Por Irina Hauser
El juez federal de San Martín Alberto Suares Araujo ordenó las primeras medidas para investigar un predio ubicado en la localidad de Maquinista Savio, en Escobar, donde habría una enorme fosa común utilizada durante la última dictadura para enterrar los cuerpos de cientos de desaparecidos. En una resolución que firmó el jueves pasado como parte de la misma causa en la que pidió el desafuero del ex comisario Luis Patti, el magistrado solicitó la colaboración de la Gendarmería Nacional para hacer una pericia “de medición planimétrica” en el lugar, donde funcionaba un basural. La denuncia que permitió identificar el sitio fue hecha en 2005 por Guillermo Catalino Romero, que trabajaba en la recolección de residuos de la zona en los tiempos del Terrorismo de Estado. “Yo lo vi: a la noche traían los cadáveres en camiones de basura y los tiraban con una topadora hasta lo más hondo. A la mañana ya estaba todo tapado. Lo hicieron por lo menos durante un año, entre 1976 y 1977”, le contó a Página/12.
En el oficio en el que requiere la colaboración de la Gendarmería, al que accedió este diario, Suares Araujo argumenta que en el “predio denunciado se encontrarían inhumaciones clandestinas por parte de las Fuerzas Armadas y/o de Seguridad producidas durante la última dictadura militar”. Entretanto, el juez busca desentrañar –vía intimaciones a la Municipalidad de Escobar– quiénes son los propietarios de esas tierras que, a simple vista, están abandonadas y que en un mapa aportado por el denunciante figuran como “José Pestarino y otros”. Al parecer, sólo vive allí un cartonero, a quien se citó a dar testimonio para pasado mañana. Guillermo Catalino Romero es un hombre humilde de 67 años, alto y delgado, de bigote negro finito, ojos vidriosos y piel curtida. En 1975 empezó a trabajar en la Delegación Maquinista Savio de la Municipalidad de Escobar, y en eso seguía cuando llegó el golpe de Estado. “Manejaba tractores y hacía la recolección de basura”, explica. “Y estaba este basural, que en la dictadura fue dividido: de un lado tiraban la basura los empleados municipales y del otro, separado con un alambre, arrojaba residuos la gente del Ejército. Después de las ocho de la noche los militares no dejaban que nadie se acercara. Un día, un compañero me dice ‘vamos a ver qué hacen’, y fuimos a mirar desde la zona del monte. Ahí se me nublaron los ojos de lo que vi, y no me lo olvido nunca. Tiraban los cadáveres con una topadora a una fosa enorme y profunda. Los traían en camiones de basura, como de Manliba”, recuerda.
La fosa, según estima el denunciante, tenía algo más de cien metros de largo y cuatro de ancho. El predio sería de unas 30 hectáreas y, según su declaración ante el juez, fue utilizado por el Ejército hasta 1980 y luego quedó un puesto de custodia que desde hace tres años ya no está. “Los militares a veces tiraban basura, pero cuando los camiones venían de Los Polvorines o de Zárate-Campana generalmente traían cuerpos. De día excavaban y de noche rellenaban. Tenían maquinaria importante ahí, una excavadora, una topadora. Pero un día levantaron todo y se fueron”, dice.
Romero conoció hace varios años al abogado laboralista Eduardo Ramallo, que trabaja en la zona de Escobar. Había representado a su hermano en un juicio por un accidente de trabajo y fue quien lo ayudó, finalmente, a denunciar aquella imagen que lo tuvo aterrado durante años. Ayer se puso su mejor traje, de saco y pantalón celeste, y después de un periplo en colectivo llegó secándose la frente al centro porteño para ir con su abogado a la Asociación de Abogados Laboralistas a contar el caso y pedir respaldo. Allí, en una reunión especial, Romero dijo que durante mucho tiempo tuvo temor de contar lo que había visto porque “el Ejército amenazaba a los vecinos con que si hablaban les iba a pasar lo mismo que a la gente que estaba adentro de los pozos”. Ante el juez Suáres Araujo contó que él mismo sufrió la advertencia de parte de un sargento retirado.
En una carta que entregó a la Asociación, Ramallo sostiene que la fosa señalada por Romero sería “el mayor y más importante campo clandestino de inhumaciones” de la dictadura identificado hasta el momento en el país. También explica que a pedido del juzgado, en base a un requerimiento del Equipo Argentino de Antropología Forense, entregaron “fotografías y planos, a los fines de ubicar exactamente donde fueron inhumadas una cantidad considerable de seres humanos y que actualmente se registran como desaparecidos o NN”. Pese a que no hay –agrega– “alambrados perimetrales, ni cercos y muros y mucho menos división alguna que permita una identificación precisa, logramos mediante testigos ubicar precisamente los presuntos lugares de inhumación que se encontrarían a más de 12 metros de profundidad y fueron realizados con maquinaria pesada”.
Ramallo sospecha incluso que allí también hubo un centro clandestino de detención que fue demolido, según les dijo a sus colegas. Al juez, precisó, le pidió que investigue los túneles o mazmorras de cuyos ingresos también entregó imágenes fotográficas. Al encuentro con los Laboralistas fueron los diputados kirchneristas Diana Conti y Carlos Kunkel. Ramallo les reclamó recursos para los juzgados que están a cargo de las megacausas sobre los crímenes de la dictadura. Una de ellas es la que instruye Suáres Araujo, que indaga en 312 casos de desapariciones vinculadas al centro clandestino que funcionó en Campo de Mayo y en la que Patti, que fue oficial subinspector en Escobar durante la dictadura, es uno de los procesados acusados de crímenes de lesa humanidad.
Esta no es la primera vez que Ramallo interviene como abogado en una denuncia sobre cadáveres NN. Fue quien patrocinó a Patricia Achu, la ex empleada del cementerio de Escobar, que descubrió allí un centenar de cuerpos sin identificar. Uno de los cuerpos, se pudo determinar, era el de Gastón Gonçalvez, por cuyo homicidio fue procesado Patti. El abogado le dijo a Página/12 que está convencido de que el predio de Maquinista Savio, ubicado a unos 15 kilómetros del centro de Escobar, “tendrá que convertirse a la larga en un lugar de la Memoria”. “Lo que más anhelo, además, es que los familiares de los desaparecidos tengan el día de mañana donde ir a llevar una flor a sus seres queridos.”



La causa por la represion en la fabrica Mercedes Benz
Para acusar a Ruckauf

Los familiares de los trabajadores desaparecidos reclaman que se reactive la investigación. El objetivo es sentar entre los acusados al ex ministro, a un ex gerente de la Mercedes y a José Rodríguez de Smata.


Carlos Ruckauf, cuando era ministro de Isabel Perón, junto al entonces jefe del Ejército, Jorge Videla.

Por Adriana Meyer
“La causa no está muerta, aunque corre riesgo, y la salvamos si la sociedad y los medios se comprometen, porque es muy difícil pelear contra semejantes corporaciones.” La advertencia y la exhortación fueron expresadas por Florencia Arietto, que representa a los familiares de los desaparecidos que trabajaban en Mercedes Benz durante la dictadura. La abogada se refería a la investigación judicial de la represión que sufrió la comisión gremial interna de esa empresa. “El desafío es sentar en el banquillo a Carlos Ruckauf, a José Rodríguez y a Juan Tasselkraut”, agregó en alusión al ex ministro del Trabajo del gobierno de Isabel Perón, al secretario general de Smata y al ex gerente de producción de la fábrica, respectivamente.
El caso de los desaparecidos de Mercedes Benz fue reflejado por el documental Milagros no hay, de la periodista Gaby Weber. A partir de la difusión de la película hay tres juicios promovidos por los familiares de los diecisiete obreros desaparecidos (de los que sobrevivieron tres), no sólo en Argentina, sino también en Alemania y en Estados Unidos. La causa que estuvo radicada en principio en la Justicia Federal porteña pasó a San Martín en diciembre, a manos del juez Alberto Suares Araujo, que investiga la megacausa del centro clandestino de Campo de Mayo. Este magistrado y el fiscal Jorge Sica le dieron un nuevo impulso, pero la abogada Arietto y la propia Weber consideraron necesario mantener el alerta para evitar dilaciones como las que ya se produjeron en el caso. Así lo expresaron ayer en una conferencia en el Bauen.
Ante el nuevo juez insistirán en pedir pruebas contra los acusados. Una de ellas es un exhorto a Suiza para avanzar sobre una cuenta secreta que tendría Rodríguez, detectada en otra causa por la defraudación a la obra social del gremio de los metalúrgicos. Quieren saber en qué momento fue abierta para verificar si el flujo de dinero coincide con los pagos que recibió Smata de Mercedes Benz entre 1975 y 1978, uno de los cuales fue hecho diez días después de los secuestros de Esteban Reiner y Víctor Ventura, dos de los delegados desaparecidos. Arietto comentó que en Suiza recibieron el apoyo de organismos de derechos humanos para activar el pedido.
Respecto de Ruckauf tienen la sospecha de que también pudo haber cobrado, por lo tanto incluyeron su nombre en el exhorto. “El decreto firmado por Ruckauf en el que llamaba a aniquilar la guerrilla industrial y la subversión en las fábricas es del 6 de octubre de 1975. Y dos días después fue la gran huelga general por la cual la fábrica pidió ayuda a su central en Alemania, y la copia todavía está en sus archivos”, recordó la abogada, para quien el ex ministro de Isabel podría ser acusado como “cómplice por omisión”.
En la conferencia de prensa, Arietto y Weber mencionaron la existencia de una causa por apropiación de menor en la que está imputado el ex gerente Tasselkraut. Y recordaron que el ex jefe de seguridad de la planta de Mercedes Benz en Cañuelas, de apellido Lavallén, fue condenado por la apropiación de Paula Logares. Alfredo Martín, uno de los sobrevivientes de los secuestros en la Mercedes, declaró en la causa que reconoció a Lavallén como quien lo torturó en la brigada de San Justo.





El juicio oral a Menéndez

El juicio oral y público al represor Luciano Benjamín Menéndez, ex jefe del Tercer Cuerpo de Ejército con base en Córdoba durante la dictadura, comenzará el 27 de mayo. El Tribunal Oral Federal 1 de Córdoba, presidido por el camarista Jaime Díaz Gavier, llevará adelante la causa que investiga las torturas, desaparición y muerte de Humberto Brandalisis, Carlos Enrique Lajas, Lidia Flora Palacios y Raúl Cardozo, desaparecidos en noviembre de 1977. Junto a Menéndez, también están imputados Hermes Oscar Rodríguez, Jorge Exequiel Acosta, Luis Alberto Manzanelli, Carlos Alberto Vega, Carlos Alberto Díaz, Oreste Valentín Padován y Ricardo Alberto Lardone. Menos Lardone, quien trabajaba como personal civil de inteligencia en tareas de espionaje, los demás son ex suboficiales del Ejército que actuaron en distintas áreas durante los años de la represión incluido el ex centro clandestino de detención conocido como La Perla. Allí fueron llevados los secuestrados para interrogarlos mediante la tortura y al mes siguiente los cuatro fueron fusilados en un operativo que los militares intentaron encubrir como un enfrentamiento en la intersección de la avenida Colón y Sagrada Familia, Córdoba.


Los límites de la ley contra la trata

Por Stella Maris Córdoba *
La flamante ley Anti Trata hace una diferenciación entre las víctimas mayores y menores de 18 años, por la cual las víctimas mayores de la trata de personas son quienes deben entregarle al juez las pruebas de que fueron obligadas a prostituirse.
En otros países han cambiado este punto tan conflictivo porque se dieron cuenta de que cuando se mantiene esta figura delictiva es muy difícil llegar a probar los casos de trata.
¿Por qué no se logran probar? Primero porque no se denuncian. Luego, porque hay que hacer todo un abordaje intensivo con la víctima que logra escapar de la red de trata para que vuelva a confiar en la sociedad. Y si la víctima es quien debe probar el engaño o la coacción, la seguimos mortificando con el agregado de que el proxeneta tiene penas mínimas, pagará una fianza y caminará las mismas veredas que sus víctimas.
Otros diputados se esmeraron en calificar la trata como un delito aberrante e hicieron referencia a seres humanos que sufren vejámenes y torturas, pero al mismo tiempo consintieron que un delito tan grave tenga pena mínima de tres años, lo que lo convierte en excarcelable.
La trata es un delito complejo, no es autónomo. Si en nuestra legislación penal la violación tiene una pena mínima de seis años como delito autónomo, no es coherente que un delito que viola todos los derechos humanos tenga una pena mínima de sólo tres años.
¿Por qué es necesaria una pena de cumplimiento efectivo? Indudablemente existe una enorme brecha de poder entre las organizaciones criminales que llevan adelante el reclutamiento, traslado y explotación de seres humanos y la vulnerabilidad de las víctimas. Las redes organizadas tienen un enorme poder económico, pero también cuentan con un gran poder en materia de elementos de alta tecnología, amén de contar con la connivencia de funcionarios público o privados.
En el otro extremo están las víctimas, que son personas que buscan un destino mejor. Muchas van en búsqueda de un trabajo, porque vieron un aviso en un diario ofreciendo ir a Estados Unidos a trabajar de niñeras por grandes sumas de dinero; también hay hombres que terminan siendo víctimas, porque se les ofrece la posibilidad de un trabajo por una buena remuneración. En su gran mayoría son seres humanos que pertenecen a los sectores de menores ingresos, que no han tenido acceso a determinado nivel de educación y que provienen de familias con limitadas posibilidades de acceso a la Justicia.
En esa enorme brecha que existe entre el poder de los tratantes y la vulnerabilidad de las víctimas, el Estado tiene que hacerse presente con aquellas herramientas que pueda poner a disposición para llevar adelante la lucha contra la trata. En ese sentido, el gesto de sancionar una ley por la que a un delito aberrante se le asigna una pena mínima de tres años no es el que esperaban las víctimas para sentir que el Estado quiere sancionar a los tratantes y dar lugar a la reparación.
A modo de ejemplo puedo señalar que la legislación vigente en otros países de Latinoamérica supera ampliamente nuestro mínimo: en Colombia las penas van de 13 a 23 años; en Panamá, de 4 a 6 años; en República Dominicana, de 10 a 15 años, y en Perú, de 8 a 15 años. Es decir que la Argentina es el único país de Latinoamérica en aplicar una pena mínima excarcelable al delito de trata de personas.
En cuanto al tema del consentimiento, hay un principio universal de derechos humanos que sostiene que nadie puede consentir su propia explotación. Y la Argentina lo ha ratificado con la firma de la Convención de 1949 contra la Trata de Personas y también en la Convención de Belem do Pará para prevenir, sancionar, prevenir y erradicar la violencia contra la Mujer aprobada en la Asamblea General de la OEA del 9 de junio de 1994.
La trata de personas y el tema del consentimiento están íntimamente relacionados con la violencia de género, con la migración y con la pobreza. El argumento utilizado que dice que “si no consideramos que en nuestro país muchas mujeres ejercen la prostitución voluntariamente a riesgo de iniciar una casa de brujas contra los prostíbulos” es una mirada parcial con una lógica liberal que sostiene que esta es la tierra prometida donde el cartonero elige serlo, el que busca comida en los basureros también hace gala de su capacidad de libre elección y los chicos limpiaparabrisas son un ejemplo de iniciativa privada. En ningún momento ese argumento menciona detalles como el hambre, la desocupación, los sueldos degradados, el sometimiento de la mujer, que condicionan o vician el ejercicio “voluntario” de la prostitución.
En cambio, nosotros sostenemos que cuando hablamos de trata nos estamos refiriendo al sometimiento, a la condición de esclavitud, de explotación sexual forzada y/o de explotación laboral.
¿Qué pasaría si se descubriera una red donde se haya sometido a chicos de diecinueve años a una explotación laboral? Es un caso que no tiene nada que ver con la libertad de trabajo de las trabajadoras sexuales y, sin embargo, sería un caso de trata y someteríamos a quienes pueden haber sido encerrados y vejados a la necesidad de que sean ellos los que aporten las pruebas para demostrar que no quisieron ser esclavizados.
¿Y cuál es el temor de que se allanen los burdeles? ¿En qué otro lado se puede llevar a cabo un allanamiento cuando se busca a una mujer sometida a explotación forzada en una red de trata? ¿Hacia dónde apuntan los oficios de los jueces? Hacia los prostíbulos, porque ahí es donde están las víctimas de trata. En esos antros es donde mi comprovinciana Susana Trimarco encontró y liberó a casi un centenar de jovencitas mientras buscaba a su hija Marita Verón.



Jornada para denunciar el gatillo fácil a 17 años del asesinato de Bulacio.

(AW)El viernes 25, la CORREPI realizará frente al obelisco, una jornada de reflección y denuncia de las políticas del estado que sostienen la impunidad en los casos de gatillo fácil, exigiendo justicia por el crimen de Bulacio.

Buenos Aires, 22 de abril de 2008 (AW) A 17 años del asesinato de Walter Bulacio, la CORREPI - Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional- llevará a cabo una jornada de propaganda el viernes 25 de abril a las 13.00Hs en Plaza de la Republica, (frente al obelisco). Allí se denunciará ante la opinión pública las políticas represivas del estado argentino, que en un gobierno democrático, que se llama a si mismo de los Derechos Humanos no solo sostiene la impunidad en este caso sino que cada 40 horas nos mata otro pibe como Walter.
Como se recordará, el 19 de Abril de 1991 Walter Bulacio fue detenido junto a otras 73 personas en ocasión de un recital de rock, por policías de la comisaría 35º.
El día 26 falleció, a causa de los traumatismos ocasionados por múltiples golpes de los que fue objeto en el traslado a la comisaría y en la misma dependencia policial.
Por este motivo y ante las acusaciones hechas, la fiscal Mónica Cuñarro, pidió la condena del comisario de la policía federal Miguel Angel Espósito a la pena de 15 años de prisión y 30 de inhabilitación para ejercer cargos públicos. Sin embargo gracias a gran cantidad de maniobras dilatorias de la defensa y a la complicidad del estado y su aparato judicial la causa quedó paralizada durante años, al borde de la prescripción.
A 17 años del asesinato de Walter Bulacio, el gobierno sigue usando el gatillo fácil, las detenciones arbitrarias y la tortura contra el pueblo.
Fuente: CORREPI-PRENSA
Contacto:
correpi@fibertel.com.ar http://correpi.lahaine.org/





Un preso apaleado porque se habria negado a matar a otro recluso
Por no aceptar un trabajito
Ocurrió en la cárcel de San Nicolás, en la provincia de Buenos Aires. Según denunció el detenido, le habían ofrecido eliminar a otro preso, denunciante de violaciones a los derechos humanos. Como se negó, lo molieron a palos. También violaron a su esposa.

Ricardo Martínez Báez llegó a San Nicolás con una orden de protección judicial y casi lo matan.
Imagen: Gonzalo Martínez
Subnotas
Historias de golpes


Por Horacio Cecchi
Ricardo Javier Martínez Báez, detenido en la U3 de San Nicolás, pasó por la incómoda experiencia de recibir protección de parte del Servicio Penitenciario Bonaerense. La comprobación la recibió in situ e in corpus propio: el 14 de abril pasado lo molieron a palos. Había llegado al penal cuatro días antes con una orden judicial de protección porque arrastraba una serie de amenazas por haberse negado a asesinar en dos oportunidades a otro preso, Ricardo De Angelis Baccarini, en otros penales del SPB. Además de las amenazas de muerte, de que le enviaran a otro interno a matarlo, y de la picadora de carne por la que pasó, Martínez Báez supo de hasta dónde llega el largo brazo de la institución: al día siguiente de rechazar el último trabajito, en una calle de Los Polvorines violaron a su mujer.
El 15 de abril pasado, Martínez Báez presentó una denuncia ante el defensor general de San Nicolás, Gabriel Ganón (quien presentó un hábeas corpus). Allí, el interno relató que el año pasado, estando alojado en la U29 de Melchor Romero, curiosamente de máxima seguridad, “el jefe de la unidad (durante todo 2007 y hasta la fecha figura como director Jorge Alvarez) me dio una faca y me pidió que apuñalara a De Angelis Baccarini”.
El 29 de julio de 2006, Baccarini había sido emboscado en los baños por al menos nueve penitenciarios, pateado hasta partirle el hígado en cuatro, luego arrojado por las escaleras y abandonado hasta casi desangrarse (ver aparte) por una diferencia con los jerarcas del penal. Baccarini sobrevivió y denunció con nombre y apellido a nueve penitenciarios.
En su denuncia, Báez sostuvo que rechazó el encargo del capanga y presentó una denuncia ante la fiscalía 5 de La Plata.
Por lo visto, la investigación fiscal no prosperó lo suficiente: el 15 de marzo pasado, Báez fue trasladado desde la U21 de Campana hasta la U28 de Magdalena, donde ingresó el 17 de marzo. Fue curioso que allí mismo se encontrara alojado su pretendido objetivo, el masacrado Baccarini. También fue curioso que la Justicia hubiera prohibido el envío de Báez a la U28 porque ya había denunciado a los jefes del penal. “El director (Juan Medina) me preguntó ‘¿ahora vas a hacer lo que tenés que hacer?’”, denunció Báez. Y para demostrar que, después de todo, no hay presión sobre los detenidos, ubicaron a Martínez Báez celda de por medio con su objetivo Baccarini. A lo mejor, quién te dice.
Pero el obstinado de Báez volvió a rechazar el encargo de la superioridad y empezó, rápidamente, a labrar su historial hospitalario. Después del frustrado intento de convencerlo, pocos días después, Martínez Báez fue enviado a la U35 de Olmos. Antes de salir, tuvo noción del alcance del largo brazo de la ley (interna) y la capacidad de castigar como modo de brutal advertencia: supo que ese día habían violado a su mujer, en una calle de Los Polvorines.
Martínez Báez presentó la denuncia en la unidad descentralizada de Los Polvorines. Por lo visto, la investigación no avanzó. De allí, fue trasladado a la U3 de San Nicolás, donde hizo su ingreso el 12 de abril pasado. “Me extrañó que me alojaran y al rato me metieran otro preso en la celda, porque yo tenía medida de seguridad de la fiscalía 23 de Los Polvorines (a cargo de Tamara Vainman)”, dijo Báez. Dijo que no pudo cerrar los ojos, porque “estaba seguro que lo mandaron a atacarme”. El 14 de abril, lo llevaron a una audiencia con el director, Miguel Libares, pero antes de llegar un grupo de guardias lo destrozó a golpes, “incluyendo uno de los jefes del penal que gritaba ‘en la cara no le peguen’”.

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