sábado, 19 de abril de 2008

Los organismos insisten por el caso Lopez
Camaristas en la mira
Luego de que la Cámara de La Plata separara a la policía del caso López, los organismos nucleados en Justicia Ya! volvieron a reclamar el apartamiento de Durán y de Di Donato. La defensa de Durán.

Justicia Ya! celebró la decisión que tomó la Cámara Federal de La Plata como “un triunfo del pueblo”.
Imagen: Leandro Teysseire


Por Adriana Meyer
Hace diecinueve meses que desapareció Jorge Julio López y recién el jueves pasado la Justicia accedió a apartar a la Policía Bonaerense y a calificar el hecho como “desaparición forzada de persona”. Los organismos de derechos humanos nucleados en Justicia Ya! celebraron la decisión de la Cámara Federal de La Plata como “un triunfo del pueblo”, pero en la tradicional marcha de plaza Moreno a plaza San Martín hicieron una parada en 8 y 51 para exigir la separación de los camaristas Alberto Durán y Alicia Di Donato por sus vínculos con la Bonaerense. Durán hizo declaraciones en las que intentó relativizar los cuestionamientos de los organismos, que hoy publicaron una solicitada con centenares de firmas. “No es un tema personal, es notorio y público la relación de ambos con la policía, y aunque está bien que la hayan apartado lo que queremos es que la imputen por encubrir y por frustrar pistas, y con esos jueces esto no va a ocurrir”, expresó a Página/12 Myriam Bregman, una de las abogadas que representó a López en el juicio contra el represor Miguel Etchecolatz.
Justicia Ya! insistirá con la recusación a estos dos jueces para evitar que intervengan en la causa a futuro porque consideran que serían parciales al momento de evaluar posibles imputaciones a policías. La primera apelación del caso, que insistía con el apartamiento de la Bonaerense y la recalificación del expediente, recayó por sorteo en la sala I integrada por Durán, Di Donato y Julio Reboredo. Y una vez radicada allí los próximos planteos irían a la misma sala en forma automática.
Respecto de las acusaciones de los organismos de derechos humanos, Durán admitió su desempeño en la Justicia durante la última dictadura al explicar que desde 1979 a 1980 fue empleado en la Subsecretaría de Justicia “con la última categoría”, y también reconoció que es profesor en la Escuela Superior de Policía. “Es un cargo que me honra, son profesores 500 personas y nadie va a enseñar a cometer delitos”, ironizó el camarista. Bregman brindó un ejemplo menos académico de los vínculos del juez con los uniformados. “Hasta tal punto es pública su relación que, como es hincha fanático de Gimnasia, a ese equipo en la cancha sus rivales le cantan ‘vos sos amigo de la Infantería, te defiende Durán, que es el que manda en la policía’”, refirió la abogada.
El camarista federal afirmó que “existe la posibilidad” de que en la desaparición del testigo Jorge Julio López hayan participado integrantes de una fuerza policial o militar que pudiera haberse sentido “agraviada” o “amenazada” por el testimonio del albañil en el juicio al represor Miguel Etchecolatz. En declaraciones a Radio Provincia, el magistrado reconoció que hay “elementos” para profundizar “esa línea de investigación” y remarcó que hay muchas pistas que la Policía Bonaerense no investigó. Remarcó que se apartó a la Bonaerense porque “no se profundizó la pista de Chicano, un policía que hace 30 años participó en el ataque a la casa de María Isabel Chorobik de Mariani, y que reapareció hace poco en un acto conmemorativo de ese hecho”. Detalló que otra falencia de la pesquisa es no saber todavía a quién pertenece el cadáver calcinado que apareció en Punta Lara dos días después de la desaparición de López. Sin embargo, Durán puso énfasis en diferenciar a “los hombres” de las instituciones. “En la resolución no nos referimos ni atacamos instituciones públicas ni privadas, sino que hablamos de los hombres que actuaron”, aclaró.
Justicia Ya! recordó que desde el momento en que López desapareció sostuvieron que “se encontraba implicada la Bonaerense y, por lo tanto, se trataba de una desaparición forzada de persona”. El juez Arnaldo Corazza no accedió a apartar a esa fuerza ni a la recalificación, por eso apelaron a la Cámara. Este colectivo recordó que recusó a Di Donato porque trabajó en la Bonaerense entre 1978 y 1990, y a Durán no sólo por su vínculo con esa fuerza sino también por ser miembro del Consejo Asesor del Ministerio de Seguridad bonaerense, “donde se desempeñan varios de los investigados en la causa López, y se lo sindica como ministro de Seguridad en las sombras”.


La Corte y el caso Patti

Por Rubén Dri *
La práctica de la justicia que deben proteger las leyes siempre ha sido un tema espinoso y, en consecuencia, controvertido. No puede ser de otra manera cuando allí se juegan los más variados y contrapuestos intereses que se entretejen en la sociedad. Esta necesita de un cierto orden, de determinadas normas y leyes que sean conocidas por sus habitantes. Sin ellas la vida sería imposible.
Es por ello que el tema fue abordado por los filósofos desde sus inicios. De la justicia ya habla Anaximandro, pero es desde Platón y Aristóteles que poseemos elaboraciones plenamente desarrolladas. El tema es central tanto en la República de Platón como en la Etica nicomaquea de Aristóteles. Son las leyes las que deben asegurar la práctica de la justicia en una sociedad.
Pero las leyes son universales, estáticas, abstractas, por lo cual requieren un correctivo para múltiples casos. Es lo que tiene en cuenta Aristóteles cuando formula su teoría de la epiqueya o equidad. El diccionario la define como “interpretación prudente y equitativa de la ley, según las circunstancias de tiempo, lugar y persona”. Ello significa que, de acuerdo con ciertas variaciones de las circunstancias, debe variar también su aplicación.
Aristóteles nos aclara al respecto que “cuando la ley hablare en general y sucediere algo en una circunstancia fuera de lo general, se procederá rectamente corrigiendo la omisión en aquella parte en que el legislador faltó y erró por haber hablado en términos absolutos”, de tal manera que la epiqueya se constituye en “una rectificación de la ley en la parte en que ésta es deficiente por su carácter general”.
No se trata de negar la ley, sino de hacerla efectiva, es decir, de hacer que cumpla su verdadera finalidad, que no es otra que la práctica de la justicia. La ley tiene todo el aspecto de lo inmutable, lo eterno, lo separado de todo el contexto económico, político, social. Parece no tener historia. En realidad, dice Aristóteles que la ley debe ser “como la regla de plomo usada en la arquitectura de Lesbos, regla que se acomoda a la forma de la piedra y no permanece la misma”.
La práctica ciega de la ley puede llevar a lo peor como señala Aristóteles, pues es equitativo el que “no extrema su justicia hasta lo peor, antes bien amengua su pretensión, por más que tenga la ley a su favor”.
La Corte Suprema de Justicia extremó su justicia hasta lo peor al aplicar al caso Patti la fría formulación de una ley, sin tener en cuenta ningún tipo de circunstancia, aunque éstas sean atroces como es el caso de admitir en el recinto legislativo a un sujeto con gravísimas denuncias de crímenes de lesa humanidad. Aunque a esas denuncias les falte todavía el proceso judicial que termine con la debida condena, a nadie se le escapa, y a la Corte menos que menos, que tienen un sólido fundamento.
Como si los miembros de la Corte estuviesen en la cima del Olimpo de los dioses dictaminan que dado que Patti ha conseguido los votos necesarios para ocupar una banca en la Legislatura sin violar ninguna ley en el proceso electoral, tiene todo el derecho a ocupar esa banca. A quienes nos oponemos se nos argumenta que su inhabilidad para ocupar una banca debió denunciarse antes del proceso electoral.
El razonamiento es correcto, pero en el Olimpo, no aquí, en la sociedad que viene de la negra noche de la dictadura genocida; de la sociedad en la que todos los procesos judiciales han sido trabados, cajoneados, “perdidos”; en la que la impunidad fue sustentada por leyes de punto final, obediencia debida e indultos.
* Filósofo, profesor e investigador de la UBA.

Los represores no podran ocupar cargos publicos porteños
Una ciudad con buena memoria
La Legislatura aprobó en general un proyecto de Raúl Fernández que les impide acceder a la función pública. Para el tratamiento en particular se le incorporarán aspectos previstos en otras dos iniciativas por Juan Cabandié.


Fernández y Cabandié, autores de los proyectos para dejar fuera del gobierno porteño a los represores.

La Legislatura porteña les cerró las puertas del gobierno de la ciudad de Buenos Aires a los represores condenados por crímenes de lesa humanidad, al aprobar un proyecto que les impide ocupar cargos públicos. La iniciativa, redactada por Raúl Fernández, fue sancionada en general y los legisladores acordaron diferir su tratamiento en particular para incorporar al articulado las propuestas hechas por el kirchnerista Juan Cabandié en otros dos proyectos que redactó con el mismo propósito.
“Es un paso trascendental vedar el acceso a cualquier puesto de funcionario político a aquellos vinculados con lo que fue el esquema de la represión durante la dictadura, sobre todo en un gobierno que no está muy preocupado en evitar que eso suceda”, destacó Fernández.
Su proyecto tiene sólo dos artículos. El primero establece que “aquellas personas que hubiesen sido condenadas por delitos vinculados con violaciones a los derechos humanos” no podrán ser designadas al frente de ministerios, subsecretarías, direcciones generales y organismos descentralizados, ni tampoco en sus respectivas plantas de gabinete. La misma prohibición pesa sobre quienes “no habiendo sido condenados, hubiesen sido beneficiados por las leyes” de Punto Final y Obediencia Debida.
El segundo artículo prevé que antes de designar a los titulares de esos cargos el Ejecutivo tendrá que certificar sus antecedentes . “A través de la Subsecretaría de Derechos Humanos o el organismo que en el futuro lo reemplace, deberá requerir un informe al Archivo Nacional de la Memoria que funciona en el ámbito del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos de la Nación”, precisa el texto.
El referente de Encuentro Progresista presentó el proyecto al enterarse de que el capitán de navío retirado Pedro Florido se desempeñaba como asesor en la Procuración General porteña. Se trata del agente de inteligencia y abogado habitué de la ESMA que, como reveló Página/12, devino en alma mater del “Grupo de Contención” de la Armada, encargado de brindar asesoramiento a los represores con causas abiertas en la Justicia.
Florido fue rápidamente desplazado por la administración de Mauricio Macri, pero el proyecto de Fernández –quien además pidió informes sobre ese nombramiento– quedó en pie y anteanoche fue aprobado por la Legislatura. Lo acompañaron con su voto afirmativo los 43 legisladores presentes en ese momento en el recinto, entre los que había kirchneristas, macristas, de la Coalición Cívica y de los demás bloques minoritarios.
Cabandié venía trabajando sobre dos proyectos en el mismo sentido. Para no desaprovechar que Fernández había conseguido que el suyo fuera tratado sobre tablas con chances de ser aprobado en la sesión del último jueves, ambos acordaron lo que finalmente ocurrió: tras su aprobación en general, la iniciativa quedó “reservada en Secretaría” con la idea de consensuar un único texto con las propuestas de los dos.
“Hay voluntad de lograr un consenso”, señaló el nieto recuperado por las Abuelas de Plaza de Mayo y subrayó: “Nosotros buscamos ampliar los alcances de la ley para no volver a encontrarnos con funcionarios como Florido”. Cabandié extiende la prohibición sobre quienes “existan pruebas suficientes de participación en graves violaciones de derechos humanos” y quienes “hayan usurpado cargos públicos” o desempeñado funciones políticas durante la dictadura, además de impedir el ingreso de los represores a la planta de empleados permanentes de la administración porteña.


En Diputados hablan de Patti

En Diputados se preparan varias iniciativas para el desafuero de Luis Patti; los legisladores discuten si el mejor camino es tomarle juramento para desaforarlo o si el ex comisario directamente no tiene que jurar. Ayer los diputados Victoria Donda (Frente para la Victoria), Fernanda Reyes (Coalición Cívica), Ariel Basteiro (Encuentro Popular y Social) y asesores del bloque socialista se reunieron –convocados por Claudio Lozano– para escuchar a la abogada de HIJOS Ana Oberlin, querellante contra el ex comisario. Oberlin habló con los legisladores sobre el fallo de la Corte Suprema y aclaró que si bien el máximo tribunal señaló que la Cámara baja actuó “más allá de sus atribuciones”, no pidió la incorporación de Patti como diputado nacional. Además, la abogada analizó las resoluciones de la Justicia de San Martín, que ha pedido el desafuero de Patti para avanzar en la causa en la que ya está procesado. Por otra parte, Diana Conti anticipó que el miércoles se tratará un proyecto que presentó junto con su par Miguel Bonasso para que Patti no jure.

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