viernes, 18 de abril de 2008




LOS CAMARISTAS FALLARON COMO QUERIA LA QUERELLA EN EL CASO LOPEZ
La Bonaerense quedó afuera

La Cámara Federal de La Plata accedió a recalificar como “presunta desaparición forzada de persona” la causa López y ordenó que la Policía Bonaerense sea apartada por “negligencia manifiesta” durante la investigación.



Pese al fallo, los querellantes adelantaron que continuarán recusando a dos camaristas.
Imagen: Leandro Teysseire


Por Adriana Meyer
“Es un triunfo popular, nos lo merecemos”, coincidieron la abogada Guadalupe Godoy, de Justicia Ya!, y Adriana Calvo, de la Asociación de Ex Detenidos-Desaparecidos. La alegría fue expresada por la resolución de la Cámara Federal de La Plata que accedió a recalificar como “presunta desaparición forzada de persona” a la causa por la desaparición de Jorge Julio López, y ordenó que la Policía Bonaerense sea apartada por “negligencia manifiesta” en las tareas de investigación. A pesar de que el fallo lleva la firma de dos de los jueces recusados, Godoy y Calvo expresaron que no retirarán su rechazo a Alberto Durán y Alicia Di Donato. “No queremos jueces vinculados con la Policía Bonaerense en ninguna causa sobre derechos humanos, y menos en la de López”, dijo Calvo a Página/12.
Calvo describió que “en menos de 48 horas llegaron a la Cámara Federal 200 firmas de diferentes organizaciones en apoyo al pedido de Justicia Ya! de separarlos”, y no dudó en afirmar que los camaristas “se vieron presionados y por eso sacaron este fallo que nos da la razón”. “No les vamos a permitir que se laven la cara con la resolución”, agregó Godoy.
La abogada, una de las representantes de López en el juicio donde testimonió contra el represor Miguel Etchecolatz, explicó que una vez que una apelación llega a una determinada sala de la Cámara ya queda radicada allí para posteriores asuntos del mismo expediente. Durán es cuestionado por sus vínculos con la Bonaerense, entre otras objeciones, mientras que Di Donato perteneció a sus filas entre 1978 y 1990. Por lo tanto, más allá de que esa fuerza fue separada de la investigación, los querellantes están seguros de que en el futuro inmediato habrá policías bonaerenses imputados. Por lo tanto, no levantarán la campaña que incluye la publicación de solicitadas y un escrache para hoy contra estos jueces que consideran parciales en un caso con claras implicancias policiales.
En el fallo que firman Durán y Di Donato, junto a Julio Reboredo, los jueces califican como “incomprensible que el personal de la comisaría tercera de La Plata que inició la investigación no comenzó la búsqueda con medios disponibles por organismos especializados y a tiempo completo para encontrar rastros, huellas o testimonios”. Cuestionaron también que el episodio de las llaves de López, que fueron encontradas días después en la puerta de su casa, a pesar de que la policía había requisado la vivienda en busca de algún rastro para determinar su paradero. “Cualquier explicación resulta cuanto menos dudosa. Si siempre estuvieron allí, deviene injustificada la tardanza del hallazgo, y si fueron arrojadas después, no se puede desentrañar el motivo de la burla al encargado de la custodia de la vivienda”, sostuvieron.
Los camaristas plantearon su sorpresa por la utilización por parte de la policía de un perro que, según concluyeron, no estaba adiestrado para buscar rastros de López durante un procedimiento realizado en la localidad de Atalaya. “Para infortunio de la investigación, desilusión de la familia López y de toda la comunidad, el broche de la actividad policial se encuentra coronado con una desafortunada realidad: ni el can ni el guía demostraron ser aptos para cumplir con la medida ordenada”, detallaron en el párrafo en que explicaron que “Kintín”, un perro ovejero, recién a los dos años comenzó a ser adiestrado para la búsqueda de personas en escombros. “Es poco serio que la culpa sea finalmente de Kintín”, opinó Calvo.



DOCE PROCESAMIENTOS POR LA CAUSA URQUIZA
Las torturas en la policía de Córdoba

Por Diego Martínez
Hace 32 años Luis Urquiza fue secuestrado por sus compañeros de la policía de Córdoba. Sospechaban que era un infiltrado que hacía inteligencia en la propia tropa. Lo torturaron, pasó dos años en La Perla y cuando un Consejo de Guerra lo absolvió, se exilió en Dinamarca. En 2005 denunció a sus verdugos ante la Justicia. Ayer tuvo su primera satisfacción. La jueza federal Cristina Garzón de Lascano procesó a dos militares, un gendarme y nueve policías, incluida una mujer. Les imputó privaciones ilegales de la libertad, tormentos y lesiones agravadas que ocurrieron en el Departamento de Informaciones, más conocido como D2, centro clandestino que funcionó en el Cabildo histórico, pegado a la Catedral y frente a la plaza San Martín, donde hoy funciona el Archivo Provincial por la Memoria. También ayer la Secretaría de Derechos Humanos de Córdoba anunció que analiza reincorporar y resarcir a los policías como Urquiza que no acataron ordenes ilegales.
Los procesados son el ex comandante del Cuerpo III Luciano Benjamín Menéndez, el ex jefe del Destacamento de Inteligencia 141 ex coronel Hermes Oscar “Salame” Rodríguez, el ex jefe de la Región Noroeste de Gendarmería José Eugenio San Julián y los policías Yamil “Turco” Jabour, Miguel Angel “Gato” Gómez, Carlos Alfredo “Tucán” Yanicelli, Fernando Martín “Tuerto” Rocha, Gustavo Rodolfo Salgado, Calixto Luis Flores, Luis David “Moro” Merlo, Luis Alberto Lucero y Mirta Graciela “Cuca” Antón, hermana del prófugo Herminio “Perro” Antón. Siete son presos VIP en otras causas. Menéndez, que batió todos los records de procesamientos por crímenes de lesa humanidad, goza de arresto domiciliario. Rodríguez es atendido por subordinados en el Cuerpo III. Jabour, Yanicelli, Flores, Lucero y Gómez son servidos por camaradas en la Guardia de Infantería.
La jueza declaró la falta de mérito a los policías Ricardo Rocha (preso en otra causa), Nelson Grosso y José Herrera. Sobreseyó sólo porque murieron a tiempo al militar Juan Antonio Tissera y a los policías Miguel Angel Serrano y Oscar Francisco Gontero, que le pegó un tiro en la pierna a Urquiza en el D2. “Vengo luchando desde hace 32 años. Los denuncié ante Garzón en España. Los denuncié en 1997 en Córdoba y tuve que irme por las amenazas, ya que Yanicelli aún era jefe de Inteligencia. Creo que estamos a mitad de camino, pero me siento muy bien de ver que la Justicia se acerca”, resumió Urquiza.



Detuvieron a Carlos Rey

Por orden del juez federal Hugo Sastre, que instruye la causa por la Masacre de Trelew, fue detenido ayer el ex brigadier general Carlos Alberto Rey, comandante en jefe de la Fuerza Aérea del presidente de facto Agustín Lanusse en 1972. Rey es el único sobreviviente de los jefes de las Fuerzas Armadas que el día anterior al fusilamiento en la Base Aeronaval Almirante Zar participó de la reunión de altos mandos en la Casa Rosada en la cual se habría resuelto la ejecución sumaria de los presos políticos, según consideró el juez en su orden de detención. Por el Parkinson que padece, el militar de 86 años quedó detenido en su casa. El juez ya procesó a cinco marinos retirados: el contraalmirante Horacio Mayorga, los capitanes Luis Sosa, Emilio del Real y Rubén Paccagnini y el cabo Carlos Marandino, el único preso en Rawson. Hace dos semanas Sastre visitó el penal de Marcos Paz para verificar las condiciones de detención. “Están bien atendidos, tienen médicos y enfermeros las 24 horas, y un consultorio odontológico que muchos envidiarían. Ojalá en Chubut tuviéramos un establecimiento como Marcos Paz”, resumió Mariano Miquelarena, secretario del juzgado que debe resolver los pedidos de arresto domiciliario. La semana próxima Sastre resolverá la situación procesal del ex capitán de navío Jorge Bautista, responsable del sumario con el cual la Armada respaldó la versión oficial sobre el intento de fuga.



PATTI CARGO CONTRA EL JUEZ SUARES ARAUJO Y CONTRA EL GOBIERNO
El acusado que ahora acusa
Tras ser liberado, el represor se definió como un “perseguido político” y dijo que no se aferra a sus fueros para no ser juzgado. El juez ya giró al Congreso el pedido de desafuero del ex comisario. Una nueva denunciante contra Patti pidió protección.
“No acepto ninguna ventaja que pueda dar una banca para responder a la Justicia, eso es inmoral”, dijo

Por Adriana Meyer
Era previsible. A veinticuatro horas de haber sido liberado, el ex comisario Luis Abelardo Patti arremetió contra el juez que lo envió a la cárcel y contra el Gobierno, al tiempo que se volvió a definir como un “perseguido político”. A pesar de que sus abogados fatigaron los pasillos de Tribunales y de la Corte Suprema hasta lograr el reconocimiento de la inmunidad parlamentaria, el represor dijo: “No me aferro a ningún fuero para ser juzgado, quiero jueces imparciales, no acepto ninguna ventaja que pueda dar una banca para responder a la Justicia, eso es inmoral”. Mientras tanto, salía de los tribunales federales de San Martín hacia el Congreso el pedido de su desafuero –firmado por el juez Alberto Suares Araujo, en sintonía con lo requerido por el fiscal Jorge Sica– y llegaba una solicitud de protección para una de las nuevas denunciantes de Patti en la causa que lo tuvo preso hasta anteayer.
A media tarde, en un local del Paufe en Escobar, empezó afirmando que daba una conferencia de prensa porque “eso hace a la República y a la responsabilidad de un dirigente”. Los primeros aplausos vinieron cuando afirmó: “Hay una clara persecución política hacia una minoría, que somos nosotros”. Los cronistas quisieron saber si estaba dispuesto a renunciar a los fueros. “Bueno, si en algún momento tuviera que hacerlo, después de que se reconozca claramente el voto de la gente que nos votó, mi familia me acompañaría a cualquier decisión”, respondió.
Luego de bregar para que “se investigue a todos los sectores, sin venganza ni revanchismo”, afirmó que “nadie tuvo razón, yo era muy joven, pero todos tuvimos un poco de culpa en esos años violentos”. ¿Qué parte de la culpa?, le preguntaron al hombre que declaró que para esclarecer un delito hay que cometer tres o cuatro, que admitió haber cometido homicidios al enfrentarse con “el enemigo” y que confesó que prefiere ser llamado torturador antes que coimero. Patti respondió que en ese momento era oficial ayudante y negó haber encabezado los procedimientos que se le imputan. “Nos conocemos todos acá en Escobar, todo el mundo sabe si lo hicimos o no.” Una movilera le marcó que hay siete casos probados en su contra, pero el represor prefirió mirar hacia otro lado. Cuando insistió en que no hay quién lo acuse, alguien le recordó que la mayoría de sus víctimas están desaparecidas. “Nunca hubo detenidos políticos en la comisaría de Escobar, nunca hizo inteligencia. Siempre dije que los derechos humanos son un partido político en Argentina y no me lo perdonaron, por eso no hay indemnizaciones o apoyo para los muertos por el delito común, para los que mueren por la droga”, insistió.
Patti se alegró al saber que su reemplazante en la banca, Dante Camaño, la puso a su disposición, pero insistió en que “la pelea no es por la banca, no es por los fueros, sino por el voto y la democracia”. El constitucionalista Gregorio Badeni, abogado del ex comisario, consideró que sería “un escándalo” que la Cámara de Diputados negara la incorporación de su defendido luego de la resolución de la Corte Suprema. Y precisó que ahora Patti espera que la Cámara “lo cite” para asumir su banca, algo más que improbable (ver aparte). Badeni dijo que “lo que corresponde es separar a esa persona (Camaño) de su banca para colocar en ella a Patti”, lo cual “no es un demérito para Camaño”. Y agregó que el desafuero sólo sería válido si la Cámara primero lo incorpora. Sin embargo, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) afirmó que “hay antecedentes vinculados a otros imputados por delitos de lesa humanidad que habilitan a proceder a su desafuero sin necesidad de que la Cámara les reciba juramento”, tal es el caso del represor Juan “Jeringa” Barrionuevo, desaforado por la Legislatura de Tierra del Fuego.
En otro tramo de la conferencia de prensa, Patti cargó contra el juez Suares Araujo y aseguró que “está presionado por el Poder Ejecutivo, se deja apretar asquerosamente, tenemos pruebas irrefutables de que lo llamó la diputada Diana Conti, del Consejo de la Magistratura”. Según el represor, “en este gobierno el que levanta la voz es perseguido, si no, pregúntenle al campo”.



NO LE ORDENARA A DIPUTADOS QUE LE TOME JURAMENTO
Negativa de la Corte para Patti


Los jueces de la Corte rechazaron el pedido de la defensa.
Imagen: Gustavo Mujica

La Corte Suprema rechazó una presentación de la defensa del ex comisario Luis Abelardo Patti para que le ordene a la Cámara de Diputados tomarle juramento. Por medio de un comunicado, el Alto Tribunal explicó su medida al señalar que cumplió “con todas las comunicaciones que el ordenamiento procesal y demás normas legales y reglamentarias de aplicación contemplan respecto de las sentencias definitivas” y, en consecuencia –aclaró–, en este caso no corresponde acceder a dicha solicitud.
En casos como el de Patti, la Corte Suprema “actúa como tribunal de alzada”, pero las “sentencias las ejecutan tribunales de primera instancia”, dado que “en este expediente se cumplió con todos los trámites y notificaciones habilitadas, como en los cientos de causas que el Alto Tribunal atiende en cada acuerdo”, finaliza el comunicado.
A su vez, el ex intendente de Escobar había pedido que se enviase un oficio al Juzgado federal de San Martín para que ordenara su libertad. Pero este punto devino abstracto porque la medida fue dispuesta el miércoles sin necesidad de la intervención de la Corte. “No corresponde dar curso a las peticiones efectuadas por el demandante”, concluyó entonces el Alto Tribunal.
La semana pasada, pese a las múltiples acusaciones y a un procesamiento confirmado por siete casos de tormentos que pesan sobre Patti, la Corte falló a favor de habilitar al ex subcomisario para asumir la banca de diputado por Buenos Aires que consiguió en 2005. El tribunal entendió que Patti fue electo para el cargo, por lo que le corresponderían los respectivos fueros parlamentarios.

Lo sencillo y lo complejo


Por Emilio García Méndez *
La existencia de un conflicto de poderes trasciende largamente la posición subjetiva de los que en ellos se involucran. Un conflicto de poderes no sólo no constituye necesariamente un problema para el estado democrático de derecho, sino que incluso puede resultar un elemento decisivo para su fortalecimiento. Lo realmente grave es la existencia de conflictos de poderes que no se reconocen como tal. La teoría de la división de poderes receptada por nuestra Constitución, en forma similar al constitucionalismo norteamericano, considera al Poder Judicial como una especie de primus inter pares. Al mismo tiempo, el carácter de ajustado a derecho de las decisiones judiciales no elimina su dimensión política. El reciente fallo Patti de la Corte Suprema constituye un ejemplo de lo dicho anteriormente. Este fallo coloca a otro de los poderes del Estado, en este caso el Legislativo, frente a una encrucijada de difícil solución. Por un lado, está presente y con mucha fuerza la tentación de redoblar la apuesta y profundizar el conflicto en curso. Esto implicaría seguir sosteniendo la, por otra parte legítima, decisión de la Cámara de Diputados de no aceptar entre sus miembros a un genocida y torturador. Una segunda opción sostiene que debería tomársele juramento para luego desaforarlo. En este caso, ello significaría que la Cámara de Diputados contradijera expresamente su decisión anterior, al mismo tiempo que implicaría reconocer su idoneidad moral para ejercer funciones como diputado. Obviamente, la más bipolar y esquizofrénica de las posiciones es, como no podía ser de otra forma, la del partido que sustenta y llevó en sus listas al genocida: en este caso se pretende reconocer la autoridad absoluta de una resolución judicial, y no de otra que proviene del juez que investiga los delitos que tienen a Patti como procesado. Si se respetan las decisiones judiciales, no hay ningún motivo válido para seleccionar y admitir sólo aquellas que nos convienen.
Pocas veces se han dado con mayor claridad los supuestos que legitiman la privación de la libertad durante el proceso como sucede en este caso. Una investigación de esta naturaleza con el imputado en libertad corre serio peligro, muy especialmente en lo que se refiere a las futuras declaraciones testimoniales. Responder a este desafío para no obstruir la justicia exige el inmediato desafuero del imputado, para lo cual no se requiere tomarle juramento.
Desde esta perspectiva de análisis, el problema podrá ser sensible y delicado desde el punto de vista político, pero en modo alguno complejo desde el punto de vista jurídico. El poder del Estado más cercano a la representación política plural de la sociedad no puede permanecer indiferente frente a más de treinta años de reclamo ininterrumpido de “Memoria, Verdad y Justicia”.
* Diputado. ARI Autónomo.



EL KIRCHNERISMO BUSCA CONSENSO PARA APROBAR EL DESAFUERO DE PATTI
Para que vuelva tras las rejas

En Diputados, el oficialismo intentará el miércoles que el ex comisario sea desaforado antes de jurar y regrese a la cárcel. La mayoría de la oposición está dispuesta a aprobar la separación, pero la UCR sostiene que antes debe asumir la banca.



“Vamos a buscar el mayor consenso posible”, dijo Rossi, el jefe del bloque de diputados oficialistas.
Imagen: Gustavo Mujica
Subnotas
Para Camaño debe asumir
Procesamiento para Cavallo


Por Miguel Jorquera
El kirchnerismo quiere que Luis Abelardo Patti vuelva a la cárcel y la solicitud del juez federal de San Martín, Alberto Suares Araujo, de desaforar al ex policía –para continuar con su procesamiento por crímenes de lesa humanidad– le allanó el sinuoso camino legal que debía atravesar. El miércoles, la Comisión de Asuntos Constitucionales tratará el pedido judicial y emitirá un dictamen que el kirchnerismo quiere llevar ese mismo día al recinto “con el mayor consenso posible”. Para el oficialismo, el desafuero del ex comisario se puede tratar sin que éste tenga que jurar como diputado. El grueso de la oposición está dispuesta a respaldar la medida, aunque el radicalismo insiste en que debe jurar previamente y la Coalición Cívica todavía tiene dudas sobre cuál debería ser el procedimiento. Si el miércoles próximo se logran pulir las diferencias técnicas y jurídicas, Patti perdería la inmunidad que lo sacó de prisión y la Justicia podría devolverlo tras las rejas.
Cuando el escrito de Suares Araujo llegó ayer al Congreso, el oficialismo respiró. Desde el miércoles y a contrarreloj, el presidente de la Cámara, Eduardo Fellner, el jefe del bloque oficialista, Agustín Rossi, y el diputado Jorge Landau trabajaban en un proyecto de resolución para impedir que Patti jure como diputado, aunque todavía no habían encontrado las respuestas jurídicas para darle forma a la iniciativa.
El encargado de anunciar el pedido judicial fue Rossi. El diputado esquivó una definición sobre el conflicto de poderes entre la Justicia y el Parlamento. “El miércoles vamos a tratar la solicitud del juez en la Comisión de Asuntos Constitucionales y con ese dictamen lo trataremos en el recinto tratando de buscar el mayor consenso posible”, resumió. El consenso no es un dato menor para el oficialismo, ya que necesita los dos tercios de los miembros de la Cámara para aprobarlo. La presidenta de la comisión legislativa, Graciela Camaño, fue la encargada de hacer los primeros sondeos con las bancadas opositoras.
Los argumentos del oficialismo se asientan en tres ejes:
- Los diputados adquieren fueros cuando son electos, por lo tanto, en el tiempo que transcurre hasta su asunción, entre los legisladores electos y los que están en funciones hay más fueros que bancas: por lo que se puede desaforar a uno de ellos sin necesidad que asuma.
- Como anticipó Página/12, también esgrimen el antecedente jurídico más cercano: la destitución del represor de la ESMA (ya fallecido) Juan “Jeringa” Barrionuevo, antes de asumir como diputado en Tierra del Fuego.
- El último es que se respetó la voluntad popular al ocupar la banca de Patti el segundo en la lista del Paufe, Dante Camaño, al que ahora nadie puede destituir sin que existan motivos legales o morales.
Los familiares de las víctimas de Patti y la abogada de la causa que llevó al ex comisario a la cárcel recorrieron más de cincuenta despachos de diputados, la mayoría oficialistas. Allí, los hijos de Gastón Gonçalvez y Diego Muniz Barreto –los militantes peronistas torturados y asesinados– y la abogada de Hijos Ana Overlin mostraron a los legisladores detalles de la causa que terminó con impunidad del represor.
En tanto, los bloques opositores analizaban sus posturas. La mayoría está dispuesto a acompañar el desafuero de Patti, aunque aparecieron cuestionamientos a la estrategia jurídica del oficialismo. Algunos con disidencias internas. El secretario del bloque de la UCR, Pedro Moroni, avaló la tesis oficialista, pero poco después el jefe del bloque, Oscar Aguad, lo desestimó: pese a estar de acuerdo con el desafuero, reafirmó la postura partidaria. “Patti primero debe asumir la banca para luego desaforarlo”, dijo. En la CC también existían dudas. “Estamos dispuestos a acompañar el desafuero, pero debemos analizar la metodología correcta”, dijo a Página/12 el jefe de esa bancada, Adrián Pérez. A última hora, los legisladores que responden a Elisa Carrió analizaban el expediente que destituyó a Jeringa Barrionuevo. Federico Pinedo sorprendió con su decidida postura a favor del desafuero. El jefe de los diputados del PRO coincidió con el argumento de que “hay más fueros que bancas”. Sin embargo, los asesores macristas analizaban también todas las objeciones jurídicas. El socialismo y el ARI Autónomo mostraron la postura más firme por el desafuero: “Estamos dispuestos a buscar las formas que hagan que Patti sea juzgado por sus crímenes”, sostuvo el arista disidente Eduardo Macaluse. Silvia Augsburger se manifestó igual: “Patti es un criminal confeso. Estamos a favor de cualquier estrategia que permita que la Justicia avance en su juzgamiento”. Si la búsqueda para pulir las diferencias jurídicas avanza, el miércoles la Cámara volvería a bloquear el acceso de Patti al Congreso y le quitaría los fueros que le abrieron la Cárcel de Marcos Paz, a donde volvería a enviarlo.

REPRIMIERON A TRABAJADORES QUE PEDIAN LA REAPERTURA DE LA FABRICA
Palos y detenidos en IMPA

La represión tuvo lugar en la puerta del edificio de Pringles y Querandíes, donde se habían reunido unas 300 personas. El saldo fue de dieciséis detenidos y dos heridos. La CTA manifestó su repudio al accionar de la policía.

Los trabajadores de IMPA reunidos en la entrada de la fábrica de la que fueron desalojados.
Imagen: Leandro Teysseire
Subnotas
Siete heridos en Mar del Plata


Por Laura Vales
Tras el desalojo de IMPA, la policía reprimió a los trabajadores de ésa y otras empresas recuperadas que se habían reunido en la puerta de la fábrica para reclamar su reapertura. Ocurrió cerca de las once del mediodía, frente al edificio de Pringles y Querandíes, donde se habían juntado unas 300 personas. Hubo dieciséis detenidos y dos heridos.
Desde el martes, cuando la metalúrgica fue desalojada, los integrantes de la cooperativa que la gestiona acampaban en la puerta. Ayer se había convocado además más gente porque estaba previsto que se realizara una reunión en los Tribunales con el juez en lo Comercial Víctor Hugo Vitale –-el que dictó la quiebra de la empresa– para que revisara la medida.
“Lo que le estamos planteando al juez es que llegamos a un acuerdo de pago con los acreedores, por lo que queremos volver a entrar para trabajar”, señaló Pablo Piñeyro, uno de los trabajadores de IMPA. Piñeyro relató que mientras en el juzgado un grupo llevaba adelante esa discusión, frente a la fábrica él y sus compañeros permanecían “con bombos, cantando, cuando la infantería empezó a avanzar para hacernos retroceder. Avanzaron con un camión hidrante y balas de goma y siguieron corriéndonos hasta a quince cuadras, deteniendo a los marcados por el agua del hidrante”.
Los dieciséis arrestados fueron llevados a la comisaría 11ª, con cargos de resistencia a la autoridad, lesiones y daños. La Federal dijo que reprimió porque los trabajadores tiraron piedras contra los policías. De los dieciseis detenidos, siete son trabajadores de IMPA y nueve de la Central de Trabajadores Argentinos (CTA), la mayoría de ellos integrantes de la Asociación Nacional de Trabajadores Autogestionados.
El origen de este conflicto viene de la gestión de los antiguos dueños de la metalúrgica. IMPA fue recuperada por sus trabajadores en 1998. Tenía entonces una deuda de cinco millones de pesos, de la que la cooperativa se hizo cargo. En la actualidad quedan impagos un millón y medio. El desalojo se produjo luego de que dos de los acreedores se presentaran en el juzgado para pedir la quiebra y remate de la fábrica. El juez había ordenado un primer operativo para sacar a la gente de la fábrica la semana pasada, tras dictar la quiebra, pero el desalojo fue impedido por los trabajadores.
Tras ese episodio, el viernes pasado IMPA llegó a un acuerdo con los acreedores, a quienes pagó incluso una primera cuota. El juez recibió una copia del convenio, pero mantuvo la quiebra. La policía volvió el martes a la noche, cuando había sólo cuatro personas dentro –la cooperativa suponía que el problema había quedado atrás– y los sacaron con facilidad.
Ayer por la tarde, las conducciones de IMPA y de la CTA llamaron a una conferencia. El secretario general de la central, Hugo Yasky, repudió la represión: “Nunca se justifica y mucho menos cuando se está defendiendo la dignidad del trabajo”. Señaló también que la cooperativa, en la que trabajan 90 personas, ya había pagado la deuda en un 90 por ciento y le dictaron el desalojo “cuando resta sólo un pequeño tramo para salir de la convocatoria de acreedores. Lo que están haciendo es una aberración contra la gente que quiere trabajar. Si vivimos en una democracia, en un país donde todavía existe la justicia, esto no puede suceder”.
Facundo Taboada, abogado de la Asociación Madres de Plaza de Mayo que asumió la defensa de los trabajadores, dijo que el juez Vitale tiene una actitud incomprensible al mantener la quiebra. Los trabajadores convocaron a una nueva movilización frente a la fábrica para hoy a las 15.

LOS TRABAJADORES LLEVABAN 140 DIAS DENTRO DE LA FABRICA
Hubo represión en la textil Mafissa



El conflicto en la textil Mafissa tuvo ayer un nuevo episodio. Los trabajadores, que resisten hace 140 días dentro de la fábrica, fueron reprimidos por orden del Juzgado Número 2 a cargo del juez César Melazo, quien ordenó el desalojo. Así fue que al anochecer irrumpieron unos 400 efectivos de la bonaerense que con balas de goma y gases lacrimógenos apuntaron a los cuerpos de los obreros. El hecho sucedió en paralelo al dictamen del juez Rubén Arias, quien en la mañana por medio de una medida cautelar había ordenado la reincorporación de los 103 trabajadores despedidos en noviembre pasado. Al cierre de esta edición, la situación aún no se había resuelto: con un imponente operativo la policía continuaba en la planta baja del edificio y los trabajadores parapetados en los techos a la espera de un emisario del Ministerio de Trabajo y de la fiscal Ana María Medina.
Lo que Arias había dispuesto por la mañana era la orden de acatar la conciliación obligatoria que el Ministerio de Trabajo de la provincia dictó hace quince días: la empresa debía reincorporar a todo el personal, pagar los salarios caídos desde el lockout iniciado en enero y poner en funcionamiento la fábrica. Si así no lo hiciera, debería pagar 1000 pesos por día en beneficio de los obreros.
Pero mientras los trabajadores disfrutaban del aparente triunfo, cerca de las 18 horas vieron llegar a Lisandro Olmos un enorme operativo policial que incluía a Gendarmería, infantería y hasta helicópteros. La represión sería sólo cuestión de tiempo.
El conflicto viene de larga data. Luego de que en noviembre el empresario Jorge Curi decidiera despedir a 103 obreros y de que fuera vaciando paulatinamente la empresa, los trabajadores, en defensa de su fuente laboral, optaron por tomar la fábrica. El quiebre fue cuando el 23 de enero pasado el empresario decidió cerrar la textil y suspender a los más de 500 trabajadores sin goce de sueldo. La reacción fue la toma de la empresa el 28. “Esta patronal es totalmente negrera, estuvo a favor del golpe, no paga impuestos inmobiliarios, recibe subsidios y ataca a la organización de los trabajadores”, dijo a Página/12, desde el techo de la fábrica, Hernán García.
Informe: Diego González

Garré y la Justicia Militar

La ministra de Defensa, Nilda Garré, dijo ayer que “la reforma del Código Militar es una deuda histórica de la democracia con las Fuerzas Armadas”, al defender en el Congreso la derogación del Código de Justicia Militar que comenzará a ser discutida en el Senado. “Había una deuda histórica de la dirigencia política que no asumió todas sus responsabilidades con relación a las Fuerzas Armadas”, sostuvo al referirse a los avances en materia de legislación castrense que se produjeron desde la reinstalación de la democracia hasta hoy. Dijo que el Código de Justicia quedó “anclado en concepciones coloniales y lleno de contradicciones con la Constitución de 1853 y con su reforma de 1994”. En ese sentido, recordó que “la vigencia del Código llevó a la Argentina ante organismos internacionales a través de recursos presentados por oficiales que habían sido sancionados” y agregó que “el país reconoció que afectaba las garantías constitucionales”.

DENUNCIAN A LOS GUARDIAS DEL PENAL, A SU DIRECTOR Y AL SPF POR UN TREMENDO CASTIGO CONTRA UN PRESO
En Devoto, los golpes vienen de arriba

La Procuración Penitenciaria denunció que un preso fue molido a palos por los guardias. Cuando lo trasladaban al hospital volvieron a pegarle. Le fracturaron la órbita de un ojo. El SPF culpa a los internos.
En Devoto, los penitenciarios recién empezaron a atender al preso cuando se inició el hábeas corpus.
Imagen: Gustavo Mujica

Por Carlos Rodríguez
La Justicia investiga una denuncia contra guardias de la Unidad 2 de Villa Devoto, que depende del Servicio Penitenciario Federal, por los delitos de “incumplimiento de los deberes de funcionario público, desobediencia, lesiones graves y apremios ilegales”. La presentación fue hecha por el procurador penitenciario Francisco Mugnolo, a partir de lo vivido por el detenido Alfredo Emiliano Fleitas, que el 26 de febrero pasado, cuando se encontraba en el pabellón 45 de la U-2, fue golpeado por los guardias –según la denuncia–, luego de que mantuviera una discusión con otros dos internos, que también resultaron lesionados. Fleitas, que luego de presentar un hábeas corpus fue trasladado para su seguridad a la Unidad 19 de Ezeiza, sufrió golpes “en piernas, brazos, cuerpo, en el cuero cabelludo, en su rostro y especialmente en el ojo izquierdo”. Fleitas fue asistido en dos hospitales y fue operado para evitar que perdiera la visión del ojo lesionado.
En la causa penal fue señalado, como responsable indirecto de lo ocurrido, el actual director de la Unidad 2, prefecto Héctor Antonio Rojas, que al declarar en el hábeas corpus aseguró que las lesiones que sufrió Fleitas fueron resultado de una pelea que supuestamente mantuvo con otros dos internos, Mario Alincastro y José Medina. Fleitas lo desmintió
ante el juez que intervino en el hábeas corpus, Marcelo Conlazo Zavalía, que hizo lugar al recurso de amparo en favor del detenido y que remitió las actuaciones al Juzgado de Instrucción en lo Criminal 30, a cargo de Ignacio Belderrain, para que se investiguen las responsabilidades penales que correspondan por las graves lesiones que sufrió Fleitas.
El juez Conlazo Zavalía, al hacer lugar al hábeas corpus, sostuvo que “no existe discusión sobre la viabilidad de la acción” presentada en favor del detenido, a la vez que aclaró que las conductas que puedan ser sancionadas penalmente deben ser analizadas por otro juzgado. Conlazo Zavalía planteó dudas sobre la versión oficial de que fue una pelea entre presos, sobre todo teniendo en cuenta que Fleitas estaba gozando de salidas transitorias y tenía muy buena conducta, de acuerdo con los propios informes del Servicio Penitenciario Federal (SPF).
Conlazo Zavalía, luego de aclarar que “la eventual conducta dolosa imputable a personal penitenciario” no es materia de la “restringida vía del hábeas corpus”, apuntó de todos modos que le llamaba “poderosamente la atención (...) que un interno (Fleitas) con la calificación de conducta 10 y concepto 7, con salidas transitorias (...) y alojado en un pabellón de conducta (destinado a presos con buena conducta), puede mantener con otros internos una disputa con las dimensiones alcanzadas y que le provocaran las lesiones graves” que sufrió.
Al mismo tiempo, Conlazo Zavalía aseguró que “tampoco resulta aceptable la falta de previsión y cuidado, tanto en la salvaguarda de la integridad física del interno como en la oportuna y eficiente asistencia médica integral que debía deparársele (a Fleitas) de manera urgente”. Al principio, sólo lo asistieron con calmantes y antiinflamatorios en el hospital del penal. Sobre ese punto, el magistrado resaltó que la asistencia médica brindada por el SPF “no ha sido eficiente” cuando ocurrió el episodio, el 26 de febrero pasado, y que recién comenzó a recibir “la atención médica adecuada y efectiva” a partir de la tramitación del hábeas corpus.
Desde el 5 de marzo pasado y hasta fines de ese mes, Fleitas estuvo internado en el hospital Ramos Mejía, en la sección Cirugía Plástica. El 27 de marzo fue llevado al Hospital Santa Lucía, donde lo operaron de la afección en el ojo izquierdo. El médico de guardia del Ramos Mejía, de apellido Ferreres, dictaminó que el paciente “presentaba fractura de órbita en ojo y fractura de maxilar”. El problema en la boca le impedía hablar y tampoco estaba en condiciones de comer.
En su denuncia ante el juzgado que investiga las responsabilidades penales, el procurador Mugnolo aseguró que Fleitas sólo discutió con los otros dos internos y responsabilizó a la guardia del SPF por las lesiones sufridas por los tres detenidos. Fleitas, según el escrito, fue llevado del pabellón al hospital del penal y en el trayecto fue “totalmente golpeado por el servicio de requisa”, que luego lo llevó al Hospital Vélez Sarsfield por su “estado crítico de salud”. Más tarde lo trasladaron al Hospital Piñero para hacerle una tomografía computada, para luego dejarlo en el servicio médico del penal. Recién pudo recibir atención adecuada en el Ramos Mejía, donde lo internaron por orden de la Justicia.
Mugnolo aseguró que lo vivido por Fleitas es algo habitual en las cárceles del SPF. El procurador subrayó que “las severidades, los vejamientos y apremios” contra los presos ocurren “en forma sistemática, reiterada” al punto que “forma una costumbre entre los guardiacárceles” que actúan “vulnerando derechos humanos y garantías constitucionales”. Sobre el caso Fleitas, sostuvo que los responsables son “los funcionarios públicos que guardan presos” en forma “directa (celadores o custodios de guardia armada) o indirecta (alcalde, jefes o directores)” que son los que tienen “a la persona de la víctima a su disposición, de modo que pueden imponerle el tratamiento mortificante u ordenar que se lo impongan”.
Sobre el director de la U-2 de Devoto, prefecto Héctor Antonio Rojas, dijo que “nada hizo” respecto de los hechos de violencia contra Fleitas. “Siendo que tomó conocimiento de lo ocurrido, no realizó sobre el personal de requisa afectado ninguna medida administrativa, poniendo en evidencia su connivencia o en su defecto su incumplimiento funcional”, expresó Mugnolo en su presentación en la Justicia.

FALTA DE COMIDA, MEDICAMENTOS VENCIDOS Y MUERTES
Denuncian dos penales bonaerenses


Subnotas
Convocan para cargos de DD.HH.

Por Horacio Cecchi
En el Servicio Penitenciario Bonaerense la mayor preocupación son los presos, y especialmente su salud. “La idea es que los reclusos controlen sus emociones negativas”, señalaron desde las más altas esferas del SPB en agosto del año pasado y anunciaron la introducción de un seminario de yoga entre presos y guardias. Y para verificar que no les estuvieran vendiendo caballa por atún, ni gato por liebre, decidieron ponerlo en práctica para cerciorarse, en el propio terreno, de que al final de cuentas lo del hacinamiento, los facazos, encargos y salidas para robar podía solucionarse con un tomarse de las manos en rondín. La U24 de Florencio Varela hizo de conejillo a seis clases de tres horas por día. A ocho meses de la novedosa propuesta, Página/12 está en condiciones de difundir los resultados: una inspección en el penal conejillo detectó dos pabellones con presos mezclados con sus propios excrementos y un preso muerto durante la misma visita de inspección.
El 20 de marzo pasado, el secretario de la Defensoría de Ejecución de San Martín, Juan Manuel Casolati, realizó una inspección en la U24 de Varela (la misma de los presos yogui). “Durante la visita se produjeron altercados entre internos y uno terminó muerto”, señaló uno de los participantes de la visita. Además, los pabellones 1 y 2 estaban listos para ser clausurados según lo que se encontró allí dentro, además de los internos: montañas de basura, excrementos, no se encontró una gota de agua caliente, tampoco fría, y la estructura en ruinas. “Veinticinco internos usaban un solo baño y tenía excrementos hasta en las paredes”, denunció Casolati ante la Justicia de Ejecución de Quilmes. Los internos además denunciaron falta de comida y ninguna atención médica. “Ese día labramos un acta en la que dejamos constancia de que en la fecha se habían preparado 150 almuerzos de internos, mientras que el penal aloja 750”, sostuvo el secretario de Ejecución. Casolati detectó, sin embargo, que comida no faltaba, porque en los libros figuraba una descarga de 400 kilos de carne, suficiente para alimentar a esa cantidad de personas.
Seguramente, el faltante de platos se debió a que la carne no trae energías positivas.
Días después, el 9 de abril pasado, Casolati visitó la U34 de Melchor Romero. Allí el problema no quedó concentrado en los alimentos estresantes, sino en los medicamentos vencidos. Casolati presentó dos casos como modelo de la sarta de vencimientos detectados: “Dentro de una caja en la que se podía leer la advertencia ‘Urgencia: utilizar en casos urgentes’, había cinco ampollas de adrenalina utilizadas para casos de shock en heridos en ataques, todas vencidas”, señaló el visitante molesto.
También encontraron, en la heladera de la enfermería, dos frascos de insulina vencidos, tiras de reactivos de niveles insulínicos también vencidas. “Cuando preguntamos si tenían algún interno insulinodependiente, respondieron que sí.” También detectaron medicamentos para VIH y tuberculosis fuera de fecha.

Escrache a Monsanto

En conmemoración por el Día Mundial de la Lucha Campesina, celebrado ayer, organizaciones indígenas, trabajadores rurales y organizaciones campesinas de base agrupadas en el Movimiento Nacional Campesino Indígena realizaron ayer un escrache público a la multinacional de productos agropecuarios y biotecnología Monsanto, por considerarla “emblema de los agronegocios”, y volvieron a reclamar una reforma agraria y la soberanía alimentaria. Hubo movilizaciones en Misiones, Jujuy, Salta, Santiago del Estero, Mendoza, Córdoba y Buenos Aires, convocadas por Vía Campesina, que representa en la Argentina a unas quince mil familias campesinas e indígenas.

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