martes, 8 de abril de 2008

Lo decidio la Corte suprema de justicia
Patti, habilitado para jurar como diputado

La Corte Suprema de Justicia habilitó al ex subcomisario, Luis Patti, a jurar como diputado de la Nación, aunque se encuentre detenido en el marco de la investigación por la desaparición de tres militantes.

La Corte, por mayoría de cuatro votos contra tres, confirmó el fallo de la Cámara Nacional Electoral que aceptó la acción de amparo promovida por Patti contra la resolución de la Cámara de Diputados del 23 de mayo de 2006 que le impidió incorporarse como miembro del cuerpo legislativo.
Patti está detenido desde diciembre último, cuando el juez federal de San Martín, Alberto Suárez Araujo, lo procesó con prisión preventiva por los presuntos delitos de privación ilegal de la libertad, tormentos y allanamientos ilegales.
Para decidir en contra del recurso extraordinario de la cámara baja la Corte tuvo en cuenta y se remitió al caso del fallecido ex gobernador de Tucumán Antonio Domingo Bussi.
Los planteos de la Cámara de Diputados en contra del juramento de Patti "remiten -consignó la Corte- al examen de cuestiones substancialmente análogas a las consideradas y resueltas en la causa" de Bussi.
El rechazo del recurso (decisión que favorece a Patti) fue firmado por el presidente de la Corte Ricardo Lorenzetti y los ministros Carlos Fayt, Carmen Argibay y Eugenio Raúl Zaffaroni.
En disidencia, también remitiéndose a sus votos en el "Caso Bussi", firmaron los ministros Enrique Petracchi, Elena Highton de Nolasco y Juan Carlos Maqueda.
Patti, ex intendente del partido bonaerense de Escobar, había resultado electo diputado por el Partido Unidad Federalista (PAUFE) en los comicios legislativos del 23 de octubre de 2005, con 394.398 votos, pero en el Congreso se impidió su juramento por "falta de idoneidad moral".
El ex policía aparece implicado en causas por violaciones a los derechos humanos durante la última dictadura militar.
Cuando la Cámara Nacional Electoral falló a favor de Patti sostuvo que para desvirtuar el principio de inocencia "se requiere al menos el dictado de una sentencia condenatoria por un juez competente, aun si ella no se encontrara firme".
Patti es investigado por la muerte de los dirigentes montoneros Osvaldo Cambiasso y Eduardo Pereyra Rossi, en proximidades de San Nicolás, y por el crimen de José Goncalvez, cuyos restos aparecieron calcinados en la zona de Tigre.
Para los camaristas, "al haber resultado electo en los comicios correspondientes, (Patti) se encontraba habilitado a ejercer el cargo para el que fue investido por el pueblo de la provincia de Buenos Aires".
En su acción de amparo Patti había sostenido que "lo que los diputados hicieron es autoproclamarse jueces, no ya de la validez de las elecciones, derechos y títulos de sus miembros, sino lisa y llanamente del acierto o desacierto del cuerpo electoral".




Lo afirmo el hijo de una de las victimas de Patti
Un fallo a contramano de la historia

Manuel Goncalves, hijo de Gastón Goncalves, una de las víctimas del ex subcomisario Luis Abelardo Patti, criticó el fallo de la Corte Suprema de Justicia que avaló su ingreso en la Cámara de Diputados al considerar que "va a contramano de todo lo que se avanzó en estos años" en materia de derechos humanos.

Manuel Goncalves, quien recuperó su identidad en 1995, tras ser localizado por las Abuelas de Plaza de Mayo, señaló en diálogo su "decepción" por la resolución de la Corte Suprema. "Lo que siento es indescriptible. La verdad, el fallo de la Corte va en contramano de todo lo que se avanzo en estos años", sostuvo Gocalves y aseguró que "lo que está en juego no es una banca en el Congreso, buscamos juicio y castigo para quienes cometieron crímenes de lesa humanidad".
El militante de la Juventud Peronista Gastón Goncalves fue secuestrado el 24 de marzo de 1976 y visto por última vez en la comisaría de Escobar.


Patti sigue acusado de crimenes de lesa humanidad
Remo Carlotto reivindicó las atribuciones de la Cámara de Diputados
El titular de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, Remo Carlotto, reivindicó hoy la potestad del cuerpo que impidió el ingreso de Luis Patti como diputado, luego de un proceso que analizó las impugnaciones contra el ex subcomisario.

El legislador no descartó que la Cámara baja pueda pronunciarse en los próximos días respecto a los pasos a seguir luego de conocerse el fallo de la Corte Suprema que habilitó al ex intendente de Escobar a asumir su banca.
"Nosotros somos respetuosos de las determinaciones de la Corte pero vamos a analizar el procedimiento que se deba seguir en la Cámara porque tenemos que garantizar que Patti rinda cuentas en forma total ante la justicia por los crímenes que cometió", sostuvo el diputado del Frente para la Victoria.
El máximo tribunal del país confirmó hoy el fallo de la Cámara Nacional Electoral que aceptó la acción de amparo promovida por el ex subcomisario contra la resolución de la Cámara de Diputados, que le impidió incorporarse como miembro del cuerpo, bajo la acusación de "inhabilidad moral".
Carlotto aseguró que Patti buscó con su ingreso a Diputados "escudarse en los fueros para impedir el accionar de la justicia". Además, señaló que antes de determinar la actitud que asumirá la Cámara frente a la resolución de la Corte Suprema, "debemos ver los términos del pronunciamiento y de qué manera tiene similitudes o diferencias con el pronunciamiento en el caso del ex gobernador de la dictadura, Antonio Domingo Bussi".
"A partir de allí tenemos que ver cuáles son los mecanismos que garanticen que esta persona no asuma como diputado de la Nación". En ese sentido, Carlotto defendió el proceso de impugnación llevado adelante por la Cámara de Diputados que impidió el acceso de Patti a su banca por "inhabilidad moral".
"La Cámara de Diputados tenía las atribuciones para realizar un juicio político sobre la impugnación a los pliegos de los diputados que asumían en su cargo", explicó, y agregó que, en el caso de Patti, "quedó comprobado con el procedimiento que tuvo la justicia, al acusarlo en siete casos por privación ilegítima de la libertad y tormentos, y en el caso Goncalves por homicidio".
"Este es un procesamiento que está firme y él se encuentra detenido por la comisión de estos crímenes", enfatizó. Y agregó que en términos políticos "cuando hicimos la impugnación consideramos que Patti tenía que estar preso por los crímenes que había cometido".
Por otra parte, Remo Carlotto negó que con la impugnación del ingreso de Patti a la Cámara de Diputados no se haya respetado la voluntad del electorado, al señalar que "en su lugar asumió otro diputado, que continuaba en la lista".
Siguiendo esa línea, sostuvo que una restitución del ex subcomisario a su banca "significaría que se debería actuar sobre los derechos adquiridos por el diputado que asumió y que fue aceptado por la Cámara de Diputados".
Patti se encuentra detenido en el penal de Marcos Paz en el marco de la causa por la desaparición y asesinato de Roberto Muñiz Barreto, Gastón Goncalves, Carlos Souto, José Fernández y Guillermo D'amico.


CAUSA POR LA MASACRE DE TRELEW
El juez Sastre ordenó la liberación del ex ministro Martínez

El juez federal de Rawson Hugo Sastre dispuso esta mañana la "inmediata libertad" del brigadier mayor retirado Ezequiel Martínez en la causa sobre la "Masacre de Trelew", registrada en esa ciudad el 22 de agosto de 1972, con 16 muertos y tres heridos graves.


Fuentes judiciales confirmaron que el magistrado ordenó la medida luego de indagar durante un par de horas y disponer la "falta de mérito" de quien fuera el secretario de gobierno del presidente de facto Agustín Lanusse.
El interrogatorio se realizó en una oficina adyacente a la ex sala de audiencias de la Cámara Federal, donde fueron juzgadas las juntas militares que gobernaron el país durante la última dictadura.
Asistido por la defensora oficial Mirta Seniow de Gando, Martínez negó los cargos en su contra ya que, recordó, el se desempeñaba como "secretario" y no tomaba decisiones.
Las imputaciones contra el ex funcionario apuntaban a que "habría" participado en la determinación que, según constancias del sumario, concluyó con el fusilamiento de 19 militantes de izquierda (solo sobrevivieron tres) en la base Almirante Zar.
Para la tarde Sastre tiene previsto indagar al abogado Eduardo Aguirre Obarrio, ministro de Defensa durante la gestión de Lanusse.
Ayer, indagado como presunto encubridor del hecho, el capitán de navío retirado Enrique Bautista, instructor del sumario interno de la armada, avaló la versión de un enfrentamiento armado debido a una tentativa de fuga de los presos.
En la causa están procesados con prisión preventiva y embargos multimillonarios sobre sus bienes el contralmirante Horacio Mayorga de 83 años y los capitanes Rubén Norberto Paccagnini (83), Luis Emilio Sosa (71) y Emilio del Real (71) y al cabo segundo Carlos Marandino (58), todos en situación de retiro.
Sosa y el prófugo teniente Roberto Guillermo Bravo fueron mencionados por Bautista como los marinos por cuya "negligencia" (sacaron a todos los presos juntos y circulaban con sus armas reglamentarias) se habría generado el supuesto intento de fuga.
Según hipótesis de organismos de derechos humanos, cuando se decidió alojar a los detenidos en la base Almirante Zar, tras la rendición de los militantes de izquierda en el aeropuerto el 15 de agosto de 1972, ya estaba tomada la decisión de fusilarlos.


Declaro el marino que hizo la version oficial de la Masacre de Trelew
Un escriba con frágil memoria

Jorge Enrique Bautista, quien elaboró la versión del intento de fuga que habría justificado la Masacre de Trelew, declaró ayer y dijo no recordar con precisión sus conclusiones a pedido de la Armada. Se postergó el testimonio del general Betti.


El capitán Luis Emilio Sosa fue recordado como de “obrar negligente” por Bautista.
Imagen: Télam

Titubeante, Jorge Enrique Bautista reiteró ayer de manera “no tan enfática” la versión oficial sobre la Masacre de Trelew que sostiene que no se trató de un fusilamiento, sino de un intento de fuga. Incluso, a pesar de haber sido el responsable del sumario interno elaborado por la Armada en 1972 para respaldar la posición oficial, aseguró en su declaración indagatoria de casi seis horas ante el juez federal de Rawson, Hugo Sastre, no recordar nítidamente las conclusiones a las que llegó con su trabajo. Para ayer estaba prevista también la indagatoria al general Eduardo Ignacio Betti, jefe de la zona de emergencia dispuesta por el dictador Alejandro Lanusse después de la fuga del penal de Rawson. Pero no pudo ser, dado que el general retirado presentó un certificado médico que lo excusó de declarar. Eso fue lo que informaron fuentes judiciales, que viajaron especialmente a Buenos Aires para interrogar a cuatro imputados que, por cuestiones de salud, no pueden trasladarse.
Bautista está acusado de participación secundaria en el asesinato de los 16 guerrilleros aquel 22 de agosto de 1972 en la base Almirante Zar de Chubut. Es que su rol, a escasos días del episodio, fue recrear el hecho para las autoridades gubernamentales. Así fue que ayer aportó a la causa las fotografías que tomó, los testimonios que recolectó y una descripción minuciosa de la escena posterior a los sucesos. Sin embargo, nada dijo de las conclusiones a las que arribó en el sumario que un mes y medio después le entregó a su comandante en jefe.
A quienes sí inculpó fue al prófugo teniente Roberto Guillermo Bravo y al capitán Luis Emilio Sosa. De ambos cuestionó su “obrar negligente”, dado que el primero habría sido el responsable de sacar a todos los militantes al unísono de sus celdas y el segundo de haberse paseado entremedio de ellos armado. Sucede que, según la versión de la Armada, fue en ese momento que, toma de karate mediante, los guerrilleros le habrían arrebatado la pistola iniciando así un nuevo intento de fuga.
De acuerdo con hipótesis de organismos de derechos humanos, cuando se decidió alojar a los detenidos en la base Almirante Zar, tras la rendición en el aeropuerto de Trelew el 15 de agosto, ya estaba tomada la decisión de acribillarlos. En esta línea, según coinciden los relatos de los tres sobrevivientes, el fusilamiento estuvo precedido por la orden de retirar de las celdas los colchones y las mantas. Por primera vez, Bautista reconoció ayer que al momento de su llegada, ocho horas después, esos colchones y esas mantas estaban en el lugar que los militantes decían.
Por su parte, el interrogatorio a Betti, de 83 años, fue postergado hasta que las pericias médicas encomendadas por Sastre revelen si puede ser sometido a esa diligencia procesal.
En la causa ya fueron procesados con prisión preventiva y embargos multimillonarios sobre sus bienes el contraalmirante Horacio Mayorga, de 83 años, y los capitanes Rubén Norberto Paccagnini, de 83; Sosa, de 71; Emilio del Real, también de 71; y al cabo segundo Carlos Marandino, de 58, todos en situación de retiro.
Hoy, Sastre tiene previsto indagar a dos ex funcionarios de la gestión de Lanusse: el secretario de Planificación, Ezequiel Martínez, y el ex ministro de Defensa, Eduardo Aguirre Obarrio. El miércoles visitará la cárcel de la localidad bonaerense de Marcos Paz para ver in situ las condiciones de detención.
Informe: Diego González


Demoran una detencion por la Masacre de Palomitas
Espeche sigue cómodo en su casa


El represor Hugo César Espeche.


Por Nora Veiras
El traslado a una cárcel común del teniente coronel retirado Hugo César Espeche sigue demorado. Hace diecisiete días, luego de comprobar que se desplazaba como si estuviese en libertad, el juez federal de Salta, Abel Cornejo, revocó la prisión domiciliaria del represor procesado por el fusilamiento de doce presos en 1976. Ayer, la jueza de turno en Comodoro Rivadavia, Chubut, Eva Parcio, donde reside Espeche, postergó la detención porque no contaba con el exhorto original de Cornejo. Anoche, fuentes del juzgado salteño confirmaron a Página/12 que ya habían enviado el original y esperaban el traslado a esa provincia del devenido propietario de la empresa de seguridad Espe SRL acusado de “homicidio doblemente agravado” de doce personas.
El entonces capitán Espeche se presentó el 6 de julio de 1976 en la prisión de Salta para llevarse, sin dejar constancia escrita, a once presos –luego sumaron otro de Jujuy–. Horas después, los doce aparecieron fusilados en lo que se conoció como Masacre de Palomitas. La coartada de un intento de fuga cayó por la torpeza del relato armado para disimular los asesinatos. Sin embargo, recién en el 2003 se ordenó la detención de Espeche como uno de los efectos de la anulación de las leyes de punto final y obediencia debida que permitió la reapertura de los juicios por delitos de lesa humanidad.
El viernes pasado, funcionarios del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos, que encabeza Aníbal Fernández, explicaron a este diario que había habido una confusión en la orden de Cornejo, porque “la Gendarmería puede realizar la detención como ordenó el juez pero el traslado lo tiene que hacer el Servicio Penitenciario Federal” y aseguraron que durante el fin de semana se haría efectiva la detención.
El sábado, la Gendarmería le comunicó al juzgado salteño que el ministerio ya le había ordenado detener a Espeche. Ayer, fue la jueza de Chubut la que demoró el trámite. Espeche fue reconocido por un empleado de un corralón de Comodoro Rivadavia donde el militar fue a pedir presupuestos. La visita puso en evidencia que el represor violaba la prisión domiciliaria que le había concedido la Cámara Federal de Salta. Espeche parece orgulloso de su apellido: bautizó a su empresa de seguridad Espe SRL y pintó las camionetas con ese logo. Afincado en Chubut, consiguió contratos con la poderosa Pan American Energy, del empresario Carlos Bulgheroni. No sólo eso consiguió, también le otorgaron un régimen “flexible” de prisión domiciliaria con autorización para salir a hacer gimnasia tres veces por semana. Tampoco eso le bastó al teniente coronel retirado que, como informó este diario, a fines de enero fue reconocido paseando por la capital chubutense. El juez Cornejo comprobó en base a la declaración de los testigos que Espeche se desplazaba como si estuviese libre y pidió la revocatoria de ese beneficio. Los querellantes de la causa por la Masacre de Palomitas, David Leiva y Tania Nieves Kiriaco, temen que se fugue.



UTE, ATE y CTA acusan al funcionario de criminalizar la protesta social
De los maestros para Macri
Un dirigente del gremio docente fue citado por la Justicia porteña por participar de una protesta contra los despidos en educación. Lo mismo ocurrió con referentes de ATE y la CTA. “La causa se hizo a pedido de Macri”, denunció Nenna, de UTE.



La marcha docente por la que se imputa a los gremialistas se realizó en enero pasado.
Imagen: DyN

Los maestros porteños, además de ATE y CTA, se pronunciarán contra el jefe de Gobierno porteño, Mauricio Macri, por “criminalizar la protesta social”. Se basan en que Eduardo López, secretario gremial de la Unión de Trabajadores de la Educación (UTE), fue citado por la Fiscalía 5 en primera instancia de la Justicia contravencional y de faltas de la ciudad, por la supuesta violación del Código Contravencional durante una protesta realizada en enero, contra los despidos en educación.
Lo mismo ocurrió con Rodolfo Arrechea, de ATE, y Fabio Basteiro, de CTA. Si bien es la primera denuncia del gobierno macrista en este sentido, los tres querellados se suman a los 4500 militantes de diferentes organizaciones políticas, sociales y gremiales que están procesados por protestar en todo el país.
Según explicó a Página/12 Francisco “Tito” Nenna, secretario general de UTE, la movilización fue por las cesantías de los trabajadores contratados y se había informado previamente a las autoridades, con el detalle del recorrido que iban a realizar: de Avenida de Mayo y 9 de Julio hasta la Jefatura de Gobierno porteño. “Como hubo mucha gente se cortó la calle, pero en ese momento no hubo ningún fiscal presente, la causa se hizo a pedido de (Mauricio) Macri”, recordó Nenna. Por lo tanto, no habría sido una denuncia de oficio, sino a partir de una presentación del gobierno de la ciudad contra ATE y otros. “Es el primero, por eso va a ser un caso testigo, pero antes de hacer su descargo frente al fiscal Nicolás Repetto los abogados de los compañeros irán a verificar fehacientemente de qué se los acusa. Mientras tanto, haremos la denuncia pública porque se instaló una sensación fascistoide y de autoritarismo en la ciudad”, dijo Nenna. En principio, López, Arrechea y Basteiro están acusados de interrumpir el tránsito. Este diario le preguntó qué rol piensa que está jugando la Justicia contravencional. “En estos casos, frente a una presentación del gobierno de la ciudad, veremos si le seguirá haciendo el juego”, respondió.
Los tres dirigentes gremiales “criminalizados” decidieron no presentarse a la citación y dar una conferencia de prensa hoy, a las 10, en Beruti 3345. Repudiarán el “intento de judicializar la protesta social, en este caso la acción conjunta de trabajadores de la ciudad que habían sido dejados cesantes, porque la movilización es una herramienta legítima de lucha de todos los trabajadores”. Esta iniciativa conjunta de ATE, CTA y UTE tiene como objetivo denunciar que “Macri tiene la intención de volver a las peores prácticas de la década del ’90, persiguiendo a los trabajadores, violando la democracia y libertad sindical y avasallando el derecho de todos los trabajadores a organizarse y manifestarse libremente como lo establece la Constitución”. Nenna enfatizó que “Macri alentó la participación en cacerolazos y estuvo su funcionario (Federico) Young, pero cuando se trata de una protesta por fuentes trabajo pretende castigo para los trabajadores”.

PROGRAMA CULTURAL EN BARRIOS DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
Docentes anuncian cese de actividades y hoy van al Bafici

Docentes de arte de la Ciudad, nucleados en la Asociación de Trabajadores del Estado, anunciaron un cese de actividades "por tiempo indeterminado" en los centros culturales en rechazo al recorte en la oferta de los talleres. La medida de fuerza fue anunciada para el próximo martes e incluye un "acampe artístico" desde las 17 frente a la sede del Ministerio de Cultura, situado en Avenida de Mayo 575.


La medida de fuerza fue anunciada para el próximo martes e incluye un "acampe artístico" desde las 17 frente a la sede del Ministerio de Cultura, situado en Avenida de Mayo 575.
"Además del recorte de casi el 60% de la oferta de talleres, continuamos sin percibir los salarios y ahora se le suma la baja de la obra social", denunciaron los trabajadores en un comunicado.
A inicios de marzo, el gobierno porteño reprogramó la oferta de talleres que se dictan en centros culturales de la Ciudad.
Ante ello, los trabajadores afectados iniciaron un plan de lucha que incluyó varios cortes callejeros en distintos puntos de la Ciudad.
En ese marco, anunciaron que esta tarde realizarán una protesta durante la inauguración del Festival de Cine Independiente, prevista para las 19.30 en el Teatro 25 de Mayo, situado en Triunvirato 4440.

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