lunes, 21 de abril de 2008



Las decenas de cadaveres que fueron analizados ante la sospecha de que fueran de Julio Lopez
Los muertos que nadie reclama
Desde la desaparición de Julio López, buena parte de los cuerpos que aparecen en distintos lugares son cotejados para determinar si corresponden a Julio López. Aquí, los casos más destacados de una larga cadena de cadáveres sin nombre.

Todo cadáver con características similares a López a primera vista es incorporado al expediente.
Imagen: DyN

Por Alejandra Dandan
–Emergencias Policiales 911. ¿Cuál es su emergencia?
–Sí, ¿esto es una comisaría?
–No, ésta es la central de emergencias policiales. ¿Usted tiene alguna emergencia?
–Sí.
–Dígame.
–No, yo venía de pescar con unos amigos, por el camino Punta Lara.
–Sí.
–Y... encontramos un cadáver, quemado.
–¿Un cadáver quemado?
–Sí, está ahora ahí, yo acabo de venir recién.
–Ajá, entonces en el camino de Punta Lara.
–Sí, pero es de acá de Villa Elisa.
Habían pasado apenas dos días de la desaparición de Julio López y ése fue uno de los primeros llamados que recibió el 911. El primero de una larga cadena de cadáveres sin nombre que a partir de ese momento comenzaron a quedar incorporados en el expediente del primer desaparecido por las causas de derechos humanos en tiempos de democracia. Página/12 relevó los casos más simbólicos del expediente, sólo algunos del número todavía no determinado de los NN que remitieron en algún momento a la simbólica ausencia de López. Sólo algunos de los que todavía sigue teniendo el país.
–Y el cadáver ¿dónde estaría? En Villa Elisa.
–’Ta cruzando el puente de la Autopista, yendo por el camino a Punta Lara.
–Sí.
–Cruzando la vía muerta.
–A ver...
–Toda la calle yendo para Punta Lara, vendría a ser. El Camino Negro, vendría a ser.
–Sí.
–Está acá, en Villa Elisa, bueno, cuando vos bajás el Puente de Autopista, cruzás y está la vía muerta.
–Cruzando el puente, la Autopista, cruzando la vía muerta, sí.
–La curva y después viene un cartel que dice: Reserva Natural, el primer cartel.
El cuerpo calcinado, tirado a un lado del río, con un tiro en el abdomen, empezó a pronunciarse en las crónicas diarias como el cadáver de Punta Lara. Un pedido de hábeas corpus presentado por los organismos de derechos humanos que trabajaban en la causa de López generó muy lentamente una rutilante cadena de investigación. La fiscalía bonaerense de Marcelo Martini estuvo detrás de la causa durante los primeros tres meses hasta que la investigación completa pasó al Juzgado Federal de Arnaldo Corazza.
Los primeros informes dijeron poco de ese muerto, pero contenían los datos suficientes para volverlo escalofriante. El cuerpo era el cadáver de un hombre con buen desarrollo óseo, una talla de 1,70 metro; era rubio, de unos 30 a 50 años de edad, pero las pericias no pudieron determinar por ejemplo el color de sus ojos porque las retinas estaban completamente quemadas, como los bigotes y la barba. Una cicatriz en los glúteos de cuatro centímetros de largo consecuencia de una intervención quirúrgica permitió descartar rápidamente que se tratara de López. Pero no que detrás de uno y otro caso pudieran estar los mismos autores. Las córneas “quemadas” eran sólo parte de un cuerpo que mostraba “toda la superficie con carbonización de ambas manos, estallido de tórax y evisceración en el abdomen”. La muerte había sucedido entre 24 y 36 horas antes de las once de la noche de ese 21 de septiembre, día de la autopsia. El cadáver de Punta Lara parecía cargado de mensajes: los pescadores lo habían hallado justo en uno de los lugares donde la Triple A primero y luego la última dictadura fue dejando a sus muertos.
“Nadie reclamó ese cuerpo”, le dice a Página/12 Martini mucho tiempo después, como si estuviera escuchando el relato de una película. “A mí siempre me pareció que ése había sido un mensaje: el hombre había sido torturado, tenía hasta una 9 milímetros adentro del cuerpo, las manos y la cara se la habían calcinado borrando la posibilidad de identificarlo.”
- NN 2, la morgue del Hospital Cullen
Unidad Regional Uno, Seccional Cuarta, Nota Nro. 4402, Santa Fe, 04 de octubre de 2006. “Señor Jefe de la Tercera Zona Inspección Ur/1”, encabezó el comisario Carlos Darío de Palm de Santa Fe las noticias de un nuevo hallazgo. “Llevo a su conocimiento que de acuerdo a lo solicitado, me he constituido en el Hospital José María Cullen y siendo atendido por el morguero Josen me comunicó que desde hace aproximadamente un año se encuentra en dicha morgue una persona de sexo masculino, pero no tiene las características fisonómicas del llamado Julio César López y una persona del sexo femenino. Como así, consultado al señor García Julio de 49 años morguero del hospital Iturraspe aduce que en dicho lugar, no se encuentra ninguna persona depositada en ese lugar”.
- NN 3, Docke
El 29 de diciembre la cabeza de otro cadáver de brazos mutilados flotaba en el río de la Dársena de Dock Sud. Tres días más tarde, Corazza le envió un oficio a la UFI 15 de Lomas de Zamora para avisar que iba a comparar las muestras con los registros genéticos de los López.
- NN 4, en el río Paraná
Los casos esta vez se trasladaron a Rosario. El 4 de febrero, la Prefectura detectó un cuerpo que flotaba en el río Paraná. El nuevo hombre sin nombre había muerto por “asfixia mecánica por sumersión”, señaló la autopsia ordenada por el Juzgado de Primera Instancia en lo Penal 12. La edad imaginada de este cuerpo se parecía a las anteriores, una edad siempre misteriosa aproximada por los resultados de una autopsia que sólo logra determinar sus coordenadas: esta vez el muerto tendría entre 55 y 65 años de edad, un peso de 65 kilos y talla de 1,64 m, cabello blanco, enrulado y calvo en la región frontal.
- NN 5, un día después: un estallido en General Belgrano
“Gírese el presente texto a la Superintendencia informando que con fecha 5-02-07 ingresó un cadáver NN de sexo masculino, procedente de la localidad de General Belgrano, registro interno de morgue policial 13.180.” El caso llegó al expediente de López muchos meses más tarde. La policía científica bonaerense pidió a las distintas delegaciones judiciales y policiales regionales datos de “cadáveres o restos óseos” esparcidos en alguno de los tramos de las rutas comprendidas por la “Ruta 215 entre La Plata y Monte; Ruta 29 entre Brandsen y Belgrano y Ruta 41 entre Belgrano y Monte desde 18 de septiembre de 2006 en adelante”. Como si eso fuera posible. Una fiscalía remitió, entonces, los informes del muerto. La policía comparó sus dientes con los del desaparecido Julio López y el 2 de agosto de 2007 cerró el veredicto y descartó la relación con el caso. El muerto siguió siendo un NN hasta que otro examen genético aseguró que se trataba del cuerpo de “quien en vida” era Julián Angel Habiaga.
- NN 6, un nuevo día después en Morón
Un nuevo día más tarde, el 6 de febrero de 2007 el fiscal Fernando Cappello de Morón mandó un informe a La Plata. Esta vez el cadáver era de un muerto de cuatro o cinco meses antes; de 65 a 68 años edad y con una estatura de 1,65 m. El fiscal había puesto a este nuevo invitado en un expediente llamado NN Segovia s/averiguación de muerte. En una nota, le contó del asunto al juez Humberto Blanco de La Plata para hacerle saber que el cuerpo estaba allí, que si necesitaba pruebas y demás podía buscar las muestras en la morgue del hospital Posadas porque estaba “conservado en frío”.
- NN 7, junio en La Matanza
“Delegación Investigaciones de La Matanza”, ddimatanza@yahoo.com.ar
Operaciones D.G. Investigaciones
Sábado 2 de junio de 2007 20:11
Asunto: Hallazgo de restos óseos
Referencia: Para conocimiento del Sr. Superintendente de Investigaciones de La Plata.
“Llevo a conocimiento del señor Director General de Investigaciones que en la fecha se tomó conocimiento a través de la Comisaría de los Altos de Laferrere que a las 16.30 personal policial de esa sección constató que en un campo ubicado en la calle Antártida Argentina de la Ruta Provincial 21 de esa localidad la existencia de restos óseos con algunas prendas de vestir, contra el paredón de una fábrica la cual se halla cerrada”.
¡Contra el paredón de una fábrica cerrada! La policía encontró los pedazos de hueso por la voz anónima de una mujer que llamó al 911. Al nuevo muerto lo habían dejado tirado con unos cuantos huesos derramados y algo de ropa. Tenía medias bordó en los pies, mocasines negros, restos de un pantalón de vestir negro, una camisa blanca con rayas rojas y celestes, restos de un buzo polar color azul y blanco con cierre. Estaban los pies, el cráneo, unas dentaduras postizas, parte de una columna vertebral y parte de las costillas. Dos metros más allá, sus matadores habían dejado desparramadas otras dos costillas y las manos.
La policía dijo entonces que lo que alguna vez había sido un hombre completo ahora tendría unos 70 años de edad, y una muerte de dos meses antes. El cuerpo no tenía rastros de violencia, se le ocurrió poner a quien firmó el informe pericial. Enseguida se descartó que se tratara de López: “No se debe tratar de la misma persona”, dijo el entonces ministro Aníbal Fernández y logró que cada quien volviera a quedar en calma, que continuara la búsqueda de López y ya no se mirara ese lugar.
- NN 8, 9, 10 Los Naranjos
La búsqueda empezó la noche del sábado 26 de enero de 2008 en un canal de agua poco transitado de Los Naranjos, a 25 kilómetros de Magdalena, en la provincia de Buenos Aires. Con la línea de su caña, un pescador levantó el trozo de un cráneo y su hallazgo disparó un megaoperativo con todas las fuerzas de seguridad. Horas después, en el canal se encontraron restos de tres personas: dos cráneos, vértebras y trozos de tres costillas, pero también partes de una recámara rota de una ametralladora UZI, una bala calibre 38 intacta y restos oxidados de eslabones de una cadena. La madre de Miguel Bru corrió hasta el lugar como corrieron los medios de prensa pensando que podía tratarse de su hijo o de Julio López. Hace quince días los especialistas le dijeron al fiscal Marcelo Martini que los restos de huesos son aptos para extraer muestras de ADN. La relación de López con estas muertes es improbable porque los huesos son demasiado viejos, pero ahora se investiga si se trata de Miguel Bru, de unos jóvenes pescadores que desaparecieron hace tres años o de muertos de la última dictadura militar.



Hoy se cumplen treinta años de la clausura de La Opinion y Cronica
Cuando la dictadura cerró dos diarios

El 21 de abril de 1978 dos decretos prohibían la circulación, distribución y venta de los diarios durante tres días por haber informado que Jorge Videla sería designado presidente por un nuevo período. El contraste en la reacción de los demás medios de prensa.



El director de La Opinión, Jacobo Timerman, había sido secuestrado justo un año antes de la clausura.
Subnotas
“El gobierno no ejerce presiones”
“Es implantar la censura”


Por Gustavo Veiga
Hace hoy treinta años, el 21 de abril de 1978, la dictadura militar clausuraba de manera simultánea los diarios Crónica y La Opinión por informar –como señaló el Buenos Aires Herald en un editorial– “que el Ejército planeaba proclamar ‘cuarto hombre’ al general Videla”. Según el medio más crítico de aquella época, que dirigía el inglés Robert Cox, la noticia socavaba “el principio sobre el cual descansa el gobierno, es decir, el poder compartido por las tres fuerzas armadas a través de los tres comandantes que integran la Junta”. Con la firma del general Jorge Rafael Videla, los decretos 936 y 937 prohibieron la distribución, circulación y venta de La Opinión y Crónica, respectivamente, por espacio de tres días, entre el 22 y 24 de abril. Comparar de qué modo se pronunciaron sobre estos hechos los otros medios gráficos que se publicaban en la Argentina del terrorismo de Estado es un ejercicio de revisionismo vital. Con una particularidad adicional: el diario de Jacobo Timerman (ya sin Timerman, quien había sido secuestrado el 15 de abril de 1977) estaba intervenido por la misma dictadura que lo clausuró.
Los decretos que ordenaron el secuestro de los ejemplares de Crónica y La Opinión con la noticia que molestó al régimen y la discontinuidad de las ediciones posteriores se firmaron el viernes 21 de abril del ’78 y se publicaron el martes 25. Cuando reapareció el segundo de los medios –a cuyo frente se encontraba el coronel retirado Francisco Basaldúa–, explicó en un pequeño recuadro de su tapa básicamente tipográfica: “La decisión gubernamental se fundó en el análisis de una información aparecida en esta página el viernes último, con el título ‘Definiciones en el Ejército’”.
El diario que en aquella época dirigía Héctor Ricardo García (hoy bajo prisión domiciliaria por delitos económicos) informó: “Esta fue la tercera vez en menos de quince años de vida de Crónica que el gobierno nacional la clausura”. En el mismo texto recordaba que el 23 de mayo de 1970 se había decidido la misma medida durante la dictadura de Juan Carlos Onganía “por haber publicado una información procedente de la provincia de Córdoba sobre la muerte de un estudiante en incidentes callejeros durante el denominado Cordobazo”. Y, por último, señalaba que el 20 de diciembre de 1974, “cuando María Estela Martínez Cartas de Perón (Isabel) era la titular del Ejecutivo, por medio del decreto Nº 1961, se nos volvió a clausurar”. Crónica difundió que, en ese caso, “los argumentos utilizados entonces fueron que nuestra campaña para recuperar las Islas Malvinas creaba conmoción interna”.
El artículo que provocó el cierre de La Opinión sostenía: “Los altos mandos del Ejército proclamarán hoy formalmente presidente de la Nación para un nuevo período al teniente general Jorge Rafael Videla según trascendió anoche en esferas castrenses”. Lo firmaba Victorio Sánchez Jonoy. El autor, al igual que el director Luis Clur y el jefe de redacción Abel Maloney dejaron momentáneamente de cumplir tareas en La Opinión cuando volvió a circular porque, según otros medios, Basaldúa les pidió que renunciaran. Clur y Maloney optaron por solicitar ante el Círculo de la Prensa la constitución de un Tribunal de Etica para que juzgara cómo habían actuado en la publicación de la noticia.
Mientras tanto, a Crónica lo habían clausurado por dos artículos que trataban la misma información publicada en La Opinión y de la que surgía, según el decreto 937, “la evidencia de que la difusión de una noticia, a título de trascendido, constituye una temeraria afirmación sobre decisiones unilaterales de una institución que por la naturaleza trascendente de su objetivo, no sólo es de competencia exclusiva de la Junta Militar, sino que de modo alguno aquella institución se ha atribuido”.
El texto firmado por Videla finalizaba con una cínica explicación jurídica: “...conforme lo ha admitido la jurisprudencia de la Corte Suprema, la clausura y secuestro de una publicación se encuentra dentro de las facultades privativas del Poder Ejecutivo, acordadas por el artículo 23 de la Constitución nacional”.
No faltaron por entonces los repudios de la SIP y de las cámaras empresarias del sector, como Aedba, Adepa y Adira, que le enviaron telegramas al ministro del Interior, Albano Harguindeguy. Las clausuras de Crónica y La Opinión no serían las únicas, las primeras ni tampoco las últimas. Dos meses antes, el 25 de febrero del ’78, a La Razón le suspendieron sus ediciones por un día. “La sanción aplicada a uno de los diarios más antiguos de Buenos Aires se produjo a raíz de la publicación de un cable de una agencia noticiosa extranjera por el cual se suministraban noticias referidas a nuestro país. Si fuera por ello, prácticamente no habría una sola edición de un solo diario de circulación nacional y provincial que pudiera evitar el castigo del gobierno”, sostuvo el diario cuando reapareció.
Crónica y La Opinión, por cierto, dos medios gráficos de contenidos muy diferentes, ya habían sufrido ataques antes del golpe del 24 de marzo de 1976. Cuando fue clausurado el 21 de abril del ’78, el diario de García sostenía que “durante su vida periodística, Crónica fue secuestrada en reiteradas oportunidades; se procesó a sus directores y máximos directivos; se le quitó la publicidad oficial y se “congelaron” los pagos de la ya publicada y se llevó a prisión a sus conducciones. Esto durante casi quince años y bajo diez gobiernos”, resaltaba en negrita la última línea.
El periodista Carlos Ulanovsky, en su libro Paren las rotativas (el más completo trabajo sobre la historia de los medios gráficos argentinos), escribió sobre las consecuencias de una convocatoria que formuló Crónica en 1974 para reclutar voluntarios que recuperaran las Malvinas: “Aunque se pensó que el diario de Héctor Ricardo García había cometido delito de sedición, el gobierno decidió pasar por alto la Constitución (en donde esa falta está prevista) y, sin recurrir a la Justicia, mediante el decreto ley 16.970, ordenó la clausura definitiva del diario”.
Con La Opinión había ocurrido algo parecido entre 1974 y 1975, pero con el agravante de que dos de sus periodistas, Pedro Barraza y Jorge Money, habían sido asesinados. Al primero lo mataron el 13 de octubre de 1974 y el cadáver del segundo apareció en un descampado de Ezeiza el 19 de mayo de 1975. La Triple A ya imponía el terror con cobertura del Estado y ensayaba de civil lo que después del golpe harían de uniforme los militares. Enrique Raab y Edgardo Sajón, entre otros periodistas que pasaron por el diario, están desaparecidos desde 1977. Lo demás es historia conocida. Timerman fue expulsado del país el 25 de septiembre de 1979. Un año y dos meses después, el 26 de noviembre de 1980, se remataban las instalaciones del diario. La Opinión dejaba de salir para siempre con su edición 3026.

La investigacion por el asesinato de Kosteki y Santillan
Los culpables políticos

En la causa que investiga a los responsables de haber ordenado en 2002 la represión que provocó la masacre de Avellaneda, hoy debe presentarse a declarar el ex comisario Alfredo Fanchiotti.

Hasta ahora, Fanchiotti no dijo de dónde vinieron las órdenes políticas para reprimir.
Imagen: Rafael Yohai

Por Adriana Meyer
La presencia de Alfredo Fanchiotti en los tribunales federales de Retiro apuntaría a esclarecer las responsabilidades políticas de la masacre de Avellaneda, pero es muy probable que sólo signifique un paseo para el ex comisario que fue condenado a prisión perpetua por el asesinato de los piqueteros Maximiliano Kosteki y Darío Santillán. El fiscal federal Miguel Osorio lo convocó para que hoy declare como testigo respecto de las órdenes que recibió aquel 26 de junio de 2002, cuando encabezó la represión del corte del Puente Pueyrredón. Aunque será interrogado bajo juramento, puede negarse a responder aquello que pueda incriminarlo.
“Va a depender mucho de su propia voluntad de colaborar”, confió a Página/12 una fuente del caso, pero son bajas las probabilidades de que su testimonio signifique un vuelco en la investigación. Durante el juicio oral sobre las responsabilidades materiales de la masacre, Fanchiotti no salió de su libreto de negar todo lo que se le imputó, y jamás hizo mención alguna a las órdenes provenientes del poder político. En cambio, el cabo Alejandro Acosta, que era su chofer, declaró que esa misma mañana se presentaron ante su jefe agentes de la SIDE y que los conocía porque eran los mismos que aparecían cuando había cortes en el puente.
Fanchiotti, ex comisario de la primera de Avellaneda, será trasladado desde la Unidad 42 de Florencio Varela, cárcel en la que quedó alojado luego de que trascendiera que el 30 de enero salió sin autorización judicial de la Unidad 25 de Olmos, la cárcel evangelista. Además de la condena por Kosteki y Santillán que ya está cumpliendo, el fiscal federal Marcelo Martini lo acusó de falso testimonio por haber falseado los hechos cuando lo interrogó, y pidió que sea juzgado en proceso oral y público.
Según los familiares de los piqueteros asesinados, los “otros” responsables de la masacre son el ex presidente Eduardo Duhalde y sus ex funcionarios Juan José Alvarez, Jorge Matzkin, Jorge Vanossi, Alfredo Atanasoff, Carlos Soria, Oscar Rodríguez, Felipe Solá, Luis Genoud e incluso Aníbal Fernández. Los colaboradores de Osorio terminaron un peritaje, ordenado a la Gendarmería, en el que cruzaron 200 mil llamadas telefónicas realizadas entre los sospechosos durante 2002, de las cuales el fiscal tiene identificadas unas 80 como “interesantes” y le preguntará al ex comisario con quiénes conversó y sobre qué. Osorio quiere establecer si en los preparativos de aquel operativo los actores políticos dieron directivas que determinaron la actuación del ex comisario. Los abogados querellantes, que representan a los familiares de Kosteki y Santillán y a los centenares de heridos de la represión, pueden participar del interrogatorio.
El fiscal está lejos de tener elementos de prueba para imputar responsabilidades penales. Sí hay indicios concretos de que aquel gobierno planeó reprimir ese día con especial contundencia. Durante el juicio oral, el ex secretario de Seguridad bonaerense Juan Pablo Cafiero declaró que Atanasoff, ex jefe de Gabinete, había dicho esa semana que los cortes a los accesos a Capital eran “una declaración de guerra”. Según Cafiero, en esos días los políticos echaron “nafta al fuego”. Con el conocimiento que le dio su trato con la Policía Bonaerense, la definió como “perros de presa” a los que si se les suelta la correa, atacan. Y según su punto de vista, el 26 de junio habían sido dejados sueltos. Cuando declaró Horacio Jaunarena, ex ministro de Defensa, explicó que había un gabinete específico para los conflictos sociales, que él no integraba pero sí Alvarez y Vanossi, ex secretario de Seguridad y ex ministro de Justicia, respectivamente. Y cuando fue su turno de hablar ante el tribunal oral, el ex jefe de la SIDE Carlos Soria reivindicó el informe en el que mencionaba a sectores piqueteros que nunca se habían juntado como protagonistas de un plan para poner en jaque al Estado.

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