martes, 15 de abril de 2008


La viuda de Peron rechazo la extradicion con el argumento de que tiene nacionalidad española
Llámenla Isabelita, la madrileña
“Soy española”, dijo la ex presidenta, ayer en su declaración. La Audiencia Nacional debe resolver si la extradición a la Argentina.



Dos jueces argentinos pidieron la extradición de Isabel Perón por crímenes previos al golpe.



Por Oscar Guisoni
Desde Madrid
“Soy española.” Con este argumento central en su defensa volvió ayer Isabel Perón a negarse a ser extraditada a la Argentina en su declaración ante la Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional que lleva el caso. La Justicia española deberá ahora decidir en los próximos días si finalmente concede la extradición de la ex presidenta, aunque la palabra final la tendrá el Consejo de Ministros. La ex mandataria argentina alegó también su frágil estado de salud, mientras sus abogados defensores hacían hincapié en lo avanzado de su edad. La viuda de Perón tiene 77 años y está aquejada, al parecer, de varias enfermedades de origen nervioso.
Sin embargo, la Isabelita que ayer se bajó del elegante Audi gris frente a la sede de los tribunales madrileños no fue la misma mujer desgarbada y avejentada que el 12 de enero del año pasado acudía a su cita con la Justicia sorprendida y apesadumbrada por la sombra de un pasado oscuro y violento que se resiste a abandonarla. Desde que llegó la orden de detención contra ella dictada por el juez federal Raúl Acosta, en la que se la involucra en la desaparición de Héctor Aldo Fagetti Gallego, de 26 años, desaparecido el 10 de marzo de 1976, días antes del golpe, Isabelita tuvo que habituarse a concurrir a los juzgados cada quince días, ya que le fue concedida la libertad condicional mientras se resuelve su caso gracias a su avanzada edad y a que la Justicia española consideró que no había motivos para temer que huyera.
Días después de la orden de detención dictada por Acosta, llegó también a España una segunda solicitud de extradición dictada por el juez federal Norberto Oyarbide.
Ayer, María Estela Martínez de Perón rechazó por tercera vez consecutiva la extradición y ahora deberá esperar que el tribunal dicte un auto de resolución, probablemente a mediados de la próxima semana, pasándole la papa caliente al nuevo Consejo de Ministros nombrado ayer por José Luis Rodríguez Zapatero. Un indicio de hacia qué posición se está inclinando el gobierno lo dio ayer el fiscal que lleva el caso, Pedro Rubira, que se mostró favorable a la extradición.
A pesar de que la fiscalía es independiente del Ejecutivo, es habitual que en casos de fuerte contenido político sus posiciones reflejen el pensamiento de quien gobierna en La Moncloa. En ambientes judiciales se daba por descontado ayer que si el Tribunal finalmente decide que la Justicia argentina ha presentado un pedido sólido de extradición, la administración Zapatero seguirá el camino que ha venido transitando hasta ahora con la autorización del represor Ricardo Cavallo y del ex Triple A Rodolfo Almirón.
El gobierno socialista considera que Argentina merece un espaldarazo por el esfuerzo que vienen haciendo hasta ahora para sentar a los responsables de la dictadura en el banquillo.
Isabelita ha pasado todos estos años en la capital española en un discreto barrio de clase media de la periferia, luego de que la Justicia la obligara a vender la residencia de Puerta de Hierro, entregándoles gran parte de los cuatro millones de dólares recaudados a las hermanas y herederas de Evita. Según sus vecinos, no hace mucha vida social y apenas sale de su domicilio.
La viuda de Perón padece síntomas de la enfermedad de Graves–Besedow, una especie de hipertiroidismo que se le manifestó después del robo de las manos del General, en 1987, y que, afirman sus allegados, la afectó profundamente. Además, se encuentra aquejada por profundas depresiones, o al menos eso es lo que intenta demostrar su defensa, que ha presentado a los tribunales españoles documentación médica para evitar que la extraditen.
Más allá de lo que le ha exigido la agenda judicial durante este largo año desde que fuera detenida por primera vez, Isabelita se ha movido con pies de plomo, manteniendo un rígido silencio y tratando, según afirman quienes la conocen bien, de hacer valer sus envejecidas influencias en la península para tratar de lograr que le alivien el trago amargo del regreso al país.
Sus otrora importantes apoyos políticos en España, el entorno familiar del ex dictador Francisco Franco y algunos veteranos jubilados de la derecha, ya poco pueden hacer por ayudarla, a diferencia de lo que ocurrió en el momento en el que el gobierno del dictador Jorge Rafael Videla decidió dejarla en libertad con la condición de que abandonara el país. Si logra un dictamen favorable la próxima semana será más por la pericia de sus abogados o por su astucia de convencer al tribunal de que está demasiado vieja para enfrentarse al calvario judicial y mediático que previsiblemente le espera si la envían a la Argentina.


El juez Torres lo indagara por todos los crimenes que se le imputan como represor de la ESMA
A Cavallo lo espera una larga estadía
Entre la lista de crímenes por los que Ricardo Cavallo será indagado mañana figuran el asesinato de Rodolfo Walsh y la desaparición de las monjas francesas. En la Justicia imaginan que al represor lo aguarda una temporada en Marcos Paz.

El represor de la ESMA Ricardo Cavallo llegó extraditado de España el 31 de marzo pasado.
Imagen: Télam
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La justicia militar


Por Irina Hauser
Tal como están dadas las cosas, el represor Ricardo Miguel Cavallo tendrá una larga –quizás eterna– estadía en la Argentina, en la cárcel de Marcos Paz. El juez federal Sergio Torres finalmente lo indagará mañana por todos y cada uno de los homicidios, desapariciones, secuestros y torturas de los que se lo acusa de haber participado como miembro de un grupo de tareas de la ESMA. La lista incluye el asesinato del escritor y periodista Rodolfo Walsh, la desaparición de las monjas francesas Léonie Duquet y Alice Domon y otros 500 crímenes.
Apenas llegó extraditado desde España el 31 de marzo, Cavallo fue interrogado sólo por la apropiación de bienes de desaparecidos. Eso se debió a que el juez estaba esperando una definición sobre el rumbo del proceso contra el represor en Madrid, para evitar superposiciones. Finalmente, la Audiencia Nacional de España ratificó su decisión de sobreseer al marino con el argumento de que no existen impedimentos (como las leyes de impunidad) para juzgarlo en Argentina, donde cometió los crímenes. Lo hizo en una resolución del 4 de abril en la que rechazaba las apelaciones (llamadas súplicas) de los fiscales y la querella, que planteaban que la investigación española estaba avanzada, mientras que en la Justicia porteña se abre la etapa de instrucción.
De esa manera, la Audiencia Nacional dejó todo planteado como para que Torres avance con todos los cargos contra Cavallo. La resolución aclara, de todos modos, que el sobreseimiento en ese país sólo será definitivo “una vez que el acusado sea juzgado en Argentina y en caso de condena cumpla la pena impuesta”. En una disposición de la semana pasada el magistrado ordenó que el represor fuera trasladado desde Marcos Paz mañana y la semana próxima para su indagatoria. Incluso autoriza “al uso de la fuerza pública”, en caso de que se niegue a subir al camión celular que debe trasladarlo.
Cavallo, alias Sérpico y Marcelo, estuvo en la ESMA hasta comienzos de 1980. Allí formó parte de los grupos operativos del Grupo de Tareas 3.3.2, encargado de secuestros, robo de bienes y asesinatos. También pasó por el área de Inteligencia, con participación en privaciones ilegales de la libertad, interrogatorios y torturas, y estuvo a cargo del área conocida como “pecera”. Por los delitos que se le imputan podría recibir una condena perpetua.
En sus primeras dos citas con el juez, el represor negó haber participado de una asociación ilícita dedicada al robo de bienes de desaparecidos. La indagatoria de mañana volverá sobre ese tema en un caso puntual: la apropiación de los terrenos de Chacras de Coria, en Mendoza, que pertenecían a los desaparecidos Conrado Gómez, Victorio Cerutti y Horacio Palma. En la misma audiencia, Torres lo interrogará sobre el asesinato de Walsh, ocurrido en marzo de 1977, un día después de que difundiera su “Carta Abierta a la Junta Militar”. El escritor fue interceptado por la patota de la ESMA en San Juan y Entre Ríos, fue tiroteado y llevado al centro clandestino.
La semana próxima –la cita sería martes o miércoles– la indagatoria apuntará a unas 500 historias de secuestros, muertes, torturas y desapariciones. Entre ellas figuran las monjas francesas Duquet y Domon y un grupo de Madres de Plaza de Mayo (sus fundadoras, de hecho), que se organizaban ya entonces para buscar a sus hijos y se reunían en la Iglesia de la Santa Cruz, donde se había infiltrado el genocida Alfredo Astiz, haciéndose pasar por hermano de un desaparecido, para luego guiar hasta allí a la patota de la ESMA.
Ricardo Cavallo ha sido descripto por sus víctimas y sobrevivientes de la ESMA como un personaje polifacético, capaz de llevarlos a ver por un rato a su familia, o despertarlos en medio de la noche para jugar al ajedrez o llevarlos a cenar con él, pero también como un torturador “sacado”, al que recuerdan saliendo transpirado y con la camisa abierta de la sesión de tormentos maldiciendo por no conseguir la información que esperaba de un detenido. En su despacho, tenía un lienzo de batik con una frase de un general francés en la guerra de Argelia: “Si alguien quiere vencer a un pueblo debe estar dispuesto a meter la mano hasta en la mierda”.
Los diversos querellantes en la megacausa ESMA celebraron que a Cavallo se le haga una indagatoria amplia, que abarque todos los casos en su contra. “Es correcto, porque España ya dijo que sólo lo juzgará si no lo hace debidamente la Justicia argentina”, sostuvo el abogado Rodolfo Yanzón, de la Fundación Liga Argentina por los Derechos Humanos. Carolina Varsky, del CELS, reflexionó: “Por fin sucede que se indaga por todos los casos juntos, esto es lo que se venía reclamando”. En coincidencia, la abogada Myriam Bregman señaló: “Lo que nos interesa es que se garantice que Cavallo sea juzgado y que no se vuelva a producir un desmembramiento de causas, con varios expedientes por represor o por víctima, que demora los enjuiciamientos”.


Cuestionamiento a dos camaristas que intervienen en la causa por desaparicion
La búsqueda de Julio López, vaciada de contenido


Por Adriana Meyer
Si fuera un paciente podría decirse que el estado de la investigación sobre el destino de Jorge Julio López es reservado, y por partida doble. La búsqueda del cuerpo del testigo comenzó hace dos semanas en un arroyo de las afueras de La Plata, pero se frustró el intento del juzgado de vaciarlo para obtener mejores resultados. A su vez, el juez federal Arnaldo Corazza recibió nuevas denuncias, pero no puede avanzar porque el camarista Alberto Durán no le devuelve el expediente. Los querellantes de Justicia Ya! recusaron a este juez por sus vínculos con la policía bonaerense, entre otras objeciones, pero ayer rechazó apartarse del caso. Los otros miembros de la Cámara Federal platense deben destrabar el asunto, que también incluye la recusación de la camarista Alicia Di Donato, compañera de sala de Durán, por su paso por la bonaerense entre 1978 y 1990. En Tribunales ya hablan de escándalo: Di Donato omitió esa parte de sus antecedentes ante el Consejo de la Magistratura.
En el currículum que evaluaron los consejeros, la actividad de esta camarista subrogante comienza en 1990, cuando se convirtió en prosecretaria del juzgado de Lomas de Zamora, a cargo de Durán. Pero la mujer había renunciado como oficial subinspector de la bonaerense, institución a la que ingresó en marzo de 1978. Tanto Di Donato como Durán son los camaristas que salieron sorteados para resolver si la Bonaerense sigue interviniendo en el caso López o debe ser apartada como pide Justicia Ya! Ese colectivo de organizaciones sostiene que Durán no puede ser imparcial al decidir sobre esta cuestión no sólo por su estrecha relación con la policía provincial, sino también porque el cuestionado camarista es miembro del Consejo Asesor del Ministerio de Seguridad provincial donde trabajan varios de los investigados en la causa López. Además, uno de sus relatores es el hijo de otra persona investigada.
El juez federal a cargo de la investigación, Arnaldo Corazza, ya le pidió en dos oportunidades a Durán que se le devuelva el expediente, pero no tuvo respuesta. Los organismos de derechos humanos que solicitaron su recusación están preparando una denuncia ante el Consejo por retener la causa. “El Código dice que se puede trabajar con copias para no entorpecer los casos”, explicó la abogada Guadalupe Godoy, de Justicia Ya! Corazza recibió una denuncia del abogado de los hijos de López por la responsabilidad del personal policial en el entorpecimiento de la llamada “pista Atalaya”, cuando los perros adiestrados detectaron en esa localidad rastros del testigo desaparecido desde hace un año y casi siete meses. Por las burdas irregularidades de aquel procedimiento nunca pudo establecerse si López pasó por allí o fue una pista plantada. Pero al no tener el expediente en su poder el magistrado se ve imposibilitado de poner en marcha medidas al respecto, como tampoco puede responder a un pedido de la otra querella referido al sistema VAIC de cruces de llamadas.
Miembros de Justicia Ya! estuvieron reunidos ayer con el diputado nacional Remo Carlotto con la intención de actualizar un proyecto parlamentario de 2005 que expresaba la preocupación por la presencia del juez Ramón Alberto Durán en causas sobre delitos de lesa humanidad. Y están juntando firmas y adhesiones para alertar sobre el intento de desprestigiarlos y sobre la paralización del caso. El respaldo que la CGT platense había dado días atrás a Durán quedó relativizado ayer cuando varios de los gremios que integran esa regional aclararon en una solicitada que no los representa Carlos Quintana, firmante del apoyo al camarista. Pero Durán recibió también el aliento de la Unión de Abogados Justicialistas, que quiere ser querellante en el caso invocando el origen justicialista del “compañero López”, pero con un largo párrafo de elogios hacia el camarista.
Mientras tanto, 20 buzos de la Prefectura se sumaron a las tareas de búsqueda en el arroyo El Pescado, en Ignacio Correas. Y el juez prepara un pedido para que la Legislatura analice la posibilidad de vaciarlo a pesar de que está protegido por ley. “Nuestro compromiso era volver todo a su estado inicial para evitar el impacto ambiental pero no podemos, es muy complejo, por eso por ahora seguimos con los buzos”, explicó a Página/12 una fuente judicial.



El vocero del Concejo Deliberante de Bariloche desmiente su pasado
Otro Florido que se marchita en otoño

El primo del capitán de navío Pedro Florido fue citado a una reunión plenaria de ediles para explicar si trabajó como servicio de inteligencia de las Fuerzas Armadas y de la SIDE. El lo negó. Sin embargo, su legajo en el Estado lo confirma.
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Rodolfo Patricio Florido (de frente) dio explicaciones ante el Concejo Deliberante de Bariloche.
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¿Cómo saber si alguien fue represor?

El secretario de prensa del Concejo Deliberante de Bariloche, Rodolfo Patricio Florido, tuvo que dar explicaciones sobre su currículum ayer en una reunión plenaria de la comisión legislativa: Página/12 había mencionado que trabajó en el Servicio de Inteligencia Naval y que fue agente de la Secretaría de Inteligencia del Estado. Florido le aseguró al portal www anbariloche.com.ar que: “Es totalmente falso. Yo no trabajé para la SIDE”. Sin embargo, este diario pudo saber que en el legajo de la Caja de Jubilaciones de la Policía Federal –por donde se liquidan los haberes de los agentes de inteligencia– figura que entre el 1º de junio del ’76 y marzo del ’78 trabajó como Personal Civil de Inteligencia del Ejército. Entre el ’78 y el ’89 recaló en Inteligencia de la Armada y el 10 de julio de 1989 entró como agente de la SIDE, donde se desempeñó hasta el 2000 en forma activa y recién en el 2002 se completó su trámite jubilatorio.
La mención a Rodolfo Patricio Florido fue publicada en el marco de una nota que daba cuenta de la trayectoria del capitán de navío Pedro Florido. El marino, que fue denunciado por un sobreviviente de la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) como el oficial que lo obligó a falsificar un pasaporte argentino a nombre del Gran Maestre de la Logia P2, Licio Gelli, tuvo que renunciar a su cargo de asesor a la Procuración General del gobierno porteño al trascender sus antecedentes.
Ayer, Ricardo Medrano, quien se presentó como “amigo y abogado” de Rodolfo Patricio Florido, se comunicó con este diario pidiendo que se aclare que su amigo “no es hermano sino primo” de Pedro Florido.
–Sí, se va a aclarar porque es un error –le dijo este diario.
–En el artículo también se dice que era amigo de Erich Priebke y esto no es así.
–Ser amigo no es delito.
–Es improbable que se conocieran por la edad que tienen. Florido llegó a Bariloche en el 2003, con 49 años, y Priebke –si no me equivoco– fue extraditado en el ’99.
–¿Y?
–Rodolfo Florido es un periodista acreditado.
–¿Renunció a su cargo en el Concejo Deliberante?
–El ha dado sus explicaciones ante el Concejo Deliberante y nada más que eso hasta donde yo sé.
–¿Quiere aclarar alguna otra cosa?
–Es eso nada más –dijo Medrano.
En los medios barilochenses el revuelo provocado por la mención en este diario mostró a los protagonistas más belicosos. El portal ANB difundió un dato clave para develar quién dice la verdad sobre el pasado de Florido: el informe de la Sindicatura General de la Nación (Sigen), donde figura que Rodolfo Florido, nacido el 14 de noviembre de 1953, cobra por la Caja de la Policía Federal desde el 1º de febrero del 2002. Actualmente recibe 1842,5 pesos.
En una entrevista por Radio 0 de la ciudad rionegrina donde recaló Florido como periodista, le preguntaron al abogado Medrano:
–¿El señor Rodolfo Florido es jubilado de la Policía Federal?
–Yo desconozco.
–Esta es la cuestión de fondo. ¿Usted, como abogado de Florido, sabe si es jubilado de la Policía?
–No, no. Yo tengo entendido, estoy en la convicción, de que él no tiene ninguna jubilación de la SIDE. Estoy absolutamente convencido.
–De la SIDE no se jubilan como tal. La normativa a nivel nacional indica que el personal civil de la SIDE y de los servicios de inteligencia de las Fuerzas Armadas se jubila a través de la Caja de la Policía, entonces aparecen como jubilados de la Policía.
–Bien, yo desconozco absolutamente ese dato y de acuerdo con lo que yo tengo conversado con el señor Florido, eso es absolutamente falso.
El propio Florido hizo un largo descargo ante los concejales a pedido del edil del ARI, Darío Rodríguez Duch, para analizar las publicaciones que lo involucran con los servicios de inteligencia del Estado. Florido aseguró que “su honra había sido mancillada” y relató sus trabajos en distintos medios como Telenoche Investiga y sus clases en academias periodísticas. No mencionó que en el Estado también figura como Personal Civil Universitario de la Armada. Los concejales no le preguntaron sobre su llamativa jubilación a través de la caja policial. En Bariloche hay elecciones el 18 de mayo, porque la intendencia está a cargo del concejal Darío Barriga porque el electo Alberto Icare renunció por razones de salud. A Florido lo designó Bariga en diciembre.
La pertenencia a las agencias de inteligencia de las distintas Fuerzas Armadas y del Estado no demuestran, a priori, ninguna ilegalidad. Los períodos en que se cumplieron esas tareas son sí expresivos de las funciones que desempeñaban. Las sospechas se generan al negar la vinculación.





PACTO DE SILENCIO POR LA ESMA
Represor cree que Febres murió por causas naturales

El ex militar detenido Antonio Pernías dijo que "pudo haber sido natural y todo lo mediáticamente explotado es de dudosa veracidad".
11:18
15.04.2008

Mediante una carta de puño y letra el represor insistió en que "las causas que se me imputan tienen basamento y resolución política".
Entre fantasmas no se pisan la sábana, reza una expresión popular. En esta caso se cumple al pie de la letra. El represor Antonio Pernías acusó a los medios de montar un show mediático para desvirtuar la muerte del ex prefecto Héctor Febres. Dice que murió por causa "natural".Pernías revocó el poder a su abogado defensor Juan María Aberg Cobo, en las causas en las que está procesado por delitos de "lesa humanidad", al considerar que el profesional se encuentra "maniatado por un contexto ajeno y prescindente del concepto de Derecho".Mediante una carta de puño y letra de seis carillas, a la que Télam tuvo acceso, el detenido ex capitán de la Armada insistió en su argumento que "las causas que se me imputan tienen basamento y resolución política" por lo que considera "desgastante y estéril" el trabajo de su letrado, de quien ponderó su "profesionalismo y lealtad".En la misiva -cuya firma está certificada por el jefe de turno del penal de Marcos Paz donde cumple prisión preventiva- el ex jefe naval formula una serie de consideraciones políticas y desliza críticas, por igual, a jueces, políticos e integrantes del Consejo de la Magistratura.A estos últimos les reclama que la justicia recorra "el recto camino de la conciencia y el derecho con el objetivo de encontrar luz y no tinieblas".En la extensa presentación Pernías vuelve a la carga en su pedido para tener computadora personal y se queja pues que el 1 de abril "elevé una nota (con su argumentación y fundamentación) solicitando autorización" al director del penal "mediante un reglamentario petitorio, sin recibir respuesta hasta el momento".En sus variados y múltiples reclamos el represor -con procesamientos confirmados por delitos de lesa humanidad cometidos en el centro clandestino de detención que funcionaba en la Escuela Superior de Mecánica de la Armada (ESMA)- denuncia "violación de (sus) derechos y garantías" junto a "anomalías en la instrucción" de las causas."El objeto de la instrucción ha sido desvirtuado por su orientación en una dirección predeterminada y parcial", sostiene mientras párrafos más adelante escribe que días atrás "un interno (en la cárcel en que está alojado) se suicidó en su celda al haber prendido fuego su colchón y respirar el monóxido de carbón emanado"."Me pregunto cuál es la garantía de seguridad física que tanto la querella de (el fallecido represor que murió por ingesta de veneno, Héctor) Febrés se encarga de declamar y cuáles son sus objetivos. En mi opinión la muerte de Febrés pudo haber sido natural y todo lo mediáticamente explotado es de dudosa veracidad (a mi juicio)".


ROLON, MAXIMO RESPONSABLE DE LA REPRESION EN SANTA FE
Procesado por segunda vez

Fue procesado por "privación ilegal de la libertad y tormentos", dos años después de haber sido imputado por los mismos delitos. Ahora habrá que ver si lo indagan y procesan por asociación ilícita.



Lazzarini convirtió en prisión preventiva el arresto domiciliario que beneficia a Rolón. "Lo importante es que se llegó al verdadero jefe de la represión en Santa Fe".

Por Juan Carlos Tizziani
El máximo responsable de la represión en Santa Fe durante la dictadura y ex jefe del Area 212, coronel Juan Orlando Rolón fue procesado por "privación ilegal de la libertad" y "tormentos", dos años después de haber sido imputado por los mismos delitos -más asociación ilícita- y su defensa lograra anular el acto y frenar el proceso, hasta ahora. Este segundo procesamiento fue dictado por el conjuez Ricardo Lazzarini, un abogado que intentó esquivar la causa, pero a quien la Cámara Federal de Rosario obligó a asumir el cargo y tramitar el expediente luego de una catarata de excusaciones en la que se borraron 25 conjueces de la lista. Un muestra del descompromiso del foro santafesino con los juicios por delitos de lesa humanidad. "Lo importante es que se llegó al verdadero jefe de la represión en Santa Fe", dijo Daniel García, querellante en la causa que declaró haber visto a Rolón en un centro clandestino en San José del Rincón, en el que estuvo secuestrado junto a su esposa, Alba Sánchez.
Lazzarini convirtió en prisión preventiva el arresto domiciliario que beneficia a Rolón y ordenó un embargo sobre sus bienes por 900 mil pesos. En su fallo reprochó al militar tres delitos:
* Privación ilegal de la libertad agravada (en diez casos, en perjuicio de Anatilde Bugna, Estela Vallejos, Ana María Cámara, Patricia Traba, José Schulman, Carlos Pacheco, Alberto Alegre, Daniel García, Alba Sánchez, y Mariano Millán).
* Tormentos (en catorce hechos, en perjuicio de Anatilde Bugna, Estela Vallejos, Ana María Cámara, Patricia Traba, José Schulman, Carlos Pacheco, Alberto Alegre, Daniel García, Alba Sánchez, Mariano Millán, Orlando Barquín, Roberto Cepeda, María Mazzetti y Eduardo Almada)
* Omisión de hacer cesar la privación ilegal de la libertad (en cuatro casos, en perjuicio de José Schulman, Roberto Cepeda, María Mazzetti y Eduardo Almada).
Además, dictó la falta de mérito de Rolón por "la privación ilegal de la libertad y torturas" denunciadas por otra querellante, Patricia Issasa, en su primera detención, el 30 de julio de 1976, y en la segunda, el 1º de julio de 1979, porque en la primera fecha el coronel no estaba al frente del Area 212 y en la segunda ya había pasado a retiro.
Ahora habrá que ver cómo sigue la causa. Si Lazzarini indaga y procesa a Rolón por "asociación ilícita", como lo había hecho el juez Reinaldo Rodríguez en julio de 2006, y extiende el mismo reproche a los siete imputados: el ex jefe del Destacamento de Inteligencia Militar 122, coronel Domingo Manuel Marcellini; al ex juez federal Víctor Brusa y a los ex policías Mario Facino, Héctor Romeo Colombini, Juan Calixto Perizzotti, Eduardo Ramos y Maria Eva Aevi.
"Lo importante es que se llegó al verdadero responsable de la represión en Santa Fe", dijo ayer García a poco de conocerse el procesamiento del ex jefe del Area 212. "El coronel Rolón era el verdadero jefe, el que decidía sobre la vida, sobre la prisión y lo que fuera, de todos aquellos compañeros que caían en manos de la patota de aquella época", explicó.
"¿Un pez gordo?", le planteó un colega de LT10. "Yo diría que el más gordo. Acá, en Santa Fe y en la zona, hay más de 80 compañeros desaparecidos. El coronel Rolón es responsable directo de esas 80 desapariciones. Y si bien ahora va a ser juzgado por privación ilegal de la libertad y tormentos, no están las figuras de homicidio y desaparición forzada de personas, por menos ya se lo empieza a investigar. Es una puerta para que se lo juzgue por esos hechos y quizás podamos llegar a saber dónde están estos compañeros", señaló García.
-Pero se trata de delitos de lesa humanidad y seguramente su destino será la prisión.
-El destino de Rolón no puede ser otro, porque estamos ante el militar que decidía quién vivía y quién no, a quién se lo torturaba y a quién no, a quién se lo detenía y a quién no. Era el que daba las órdenes y tenía la palabra final. Hay que tomar verdadera conciencia de quién fue Rolón en Santa Fe, era el militar que decidía sobre la vida y la hora de un montón gente y hasta no hace mucho tiempo tomaba café en el hotel Castelar, en el centro de la ciudad, todas las mañanas. ¿Qué quiero decir con esto? Que a pesar de lo que había hecho, los santafesinos lo seguían cruzando en su camino diariamente".
García dijo tener también una "sensación de gran alivio" por el procesamiento de Rolón porque "él en persona visitó el centro clandestino de Villa California mientras nosotros, mi esposa y yo, estábamos detenidos. No nos vamos a ir de esta vida sin haberlo puesto donde tiene que estar: ante la justicia y responder por lo que es responsable", concluyó.

1 comentario:

Anónimo dijo...

Soy Gallega (Doña Isabel dixit)