lunes, 14 de abril de 2008

Sin tener moral ni ética se puede ser defensor del pueblo???

CJVJM Comisión por los Juicios VERDAD JUSTICIA y MEMORIA - Mar del Plata
Mar del Plata, 12 de marzo del 2008.-


FORMULA IMPUGNACIÒN - OFRECE PRUEBAS - AGREGA PRUEBA DOCUMENTAL - OFRECE PRUEBA SUPLETORIA. -

Sr. Presidente del Consejo de Deliberante
Don Marcelo Artime.
S/D.


Los Organismos de Derechos Humanos , abajo firmantes integrantes de la Comisión por los Juicios , VERDAD - JUSTICIA – Y MEMORIA , venimos en legal tiempo y forma , a impugnar
al Sr. Alberto Toledo , como candidato a ser designado Defensor del Pueblo ,
por ese Honorable Cuerpo Deliberativo.

La impugnación se funda en las -
consideraciones y pruebas que seguidamente detallaremos.
Las Madres de Plaza de Mayo, con –
juntamente con los familiares de Detenidos y Desaparecidos de Mar del Plata,
oportunamente adquirieron el inmueble ubicado en la calle Catamarca 2072 .-
En la escritura pública de compra -
actuaron como representantes de nuestras instituciones, según escritura traslativa
de dominio Nº 371 , ante escribana Diana Mónica Bernasconi , las señoras -
Maria Luisa Turon de Toledo (madre del aquí impugnado) y doña Paz Cionfrini de Hallgarten.
Procurando no enturbiar la claridad de
esta presentación , con hechos no relacionados contrariamente con la presente ,
manifestaremos que el inmueble adquirido, lejos de ser destinado al cumplimiento
del objeto de nuestras instituciones, fue explotado comercialmente por el aspirante
al cargo, sr. Alberto Toledo, instalando en el mismo una agencia de Viajes y Turismo.
Cabe indicar, que en la actualidad son los beneficiarios del uso y goce del respectivo
bien inmueble.
La conducta, aquí severamente cuestionada
del sr. Alberto Toledo, tuvo otra arista altamente relevante, y deshonrosa en ocasión
de convocarse a una Asamblea para el 04. de marzo del 2005, donde se trataría el destino del bien, según lo contenido en el Contrato Societario.
Se remite por Correo Argentino ,una Carta Documento Nº 536035402AR. , que es rechazada aduciendo que la destinaría “Se Mudo”. Se realiza la asamblea, sin la presencia de la señora Turon de Toledo, y en la
misma uno de los participantes llama por teléfono al domicilio de donde fue devuelta
la carta documento, siendo atendido, insultado y amenazado, por el sr. Alberto Toledo.
Los acontecimientos aquí expuestos escue –
tamente , adquirieron una amplia y pública difusión , en los medios periodísticos marplatenses , en el mes de junio del 2005 .-
Desde ya dejamos ofrecida la prueba suple
toria de oficio , para el hipotético supuesto que se negaren nuestros dichos.

Por último , nos hacemos un deber -recordar , el marco histórico y las razones que llevaron a crear la figura del -
Defensor del Pueblo. Se agotaba el bajo Imperio en Roma, las injusticias habían -
impregnado con veneno , la raíz del árbol social , los efectos que esto ocasionaba eran calamitosos , se imponía una súbita contención , y el Emperador no encuentra
otra salida , para solucionar las grietas sociales , que la creación del Defensor del
Pueblo, atribuyendo a los ciudadanos la elección del mismo.
Como esto generaba un conflicto inevita –
ble, con la Soberanía del Pueblo, en nuestro país se articula un sistema intermedio,
que coloca la legitimidad del accionar de los ciudadanos , en el derecho de poder impugnar , a quienes luego van a ser designados por el poder político , para la
sacral función de defender los derechos públicos de los ciudadanos.
Quien a cometido hechos, carentes de
todo principio Ético , colocándose en el fino límite de los actos reprobados por la
Ley,” NO SE ENCUENTRA HABILITADO PARA ASPIRAR A LA AUGUSTA
E IMPROBA TAREA DEL DEFENSOR CIVITATIS.”—



Madres de Plaza de Mayo “Línea Fundadora” --- H.I.J.O.S. Reg. Mar del Plata --

C.A.M.U.S. Asoc. Civil. ---- Ex. Detenidos – Desaparecidos -- Memoria Fértil. –

Sindicato de Prensa Mar del Plata -- Juventud del C.T.A. -- Comisión de Homenaje

De Detenidos y Desaparecidos del Puerto. --


La mujer que evito el encubrimiento del hallazgo de cien cadaveres NN en el cementerio de Escobar
“Patti me dijo que no investigara más”
Patricia Achu descubrió un centenar de cuerpos sin identificar. El entonces intendente Patti la presionó para que no lo revelara. Ella hizo la denuncia. Uno de los cadáveres era de Gastón Gonçalves, por cuyo homicidio Patti está procesado.


Subnotas
Una causa por un homicidio
“Que esté preso es un delito”

Por Adriana Meyer
En las crónicas apareció casi siempre como “la empleada del cementerio”. Su determinación fue esencial en el descubrimiento del cuerpo del militante justicialista Gastón Gonçalves, pero poco se sabe de Patricia Achu, que en agosto de 1996 logró frustrar el intento del entonces intendente Luis Patti de encubrir el hallazgo de un centenar de cuerpos NN en el cementerio de Escobar, entre ellos el de Gonçalves. Esta mujer –49 años, divorciada, dos hijos varones– perdió su trabajo, tuvo que irse de Ingeniero Maschwitz y fue amenazada pero sostuvo sus denuncias. Tras la detención de Patti a fines de noviembre decidió volver a su barrio y ofreció su testimonio en la causa judicial que lo llevó al penal de Marcos Paz. “Sólo quería ayudar a que esto saliera a la luz para que tengan una flor en la tumba que les corresponde”, resumió Achu ante Página/12. “Después de la primera denuncia algunas personas me venían a ver y yo les decía que hablaran, pero tenían miedo. Lo que más satisfacción me da es que esa gente se soltó cuando entró a la cárcel y empezó a buscar a sus parientes”, agregó.
En diciembre de 1995 empezó a trabajar como encargada del cementerio de Escobar, cuando Patti asumió su primera intendencia. Militaba con la línea del justicialista Jorge Landau, apoderado del PJ y en aquel momento aliado del ex comisario. “No simpatizaba con sus ideas, fui convocada por mi trabajo de asistencia social en los barrios y en las salas del hospital”, dice Achu, que es auxiliar de enfermería y estudió medicina hasta segundo año, pero tuvo trabajos tan variados como diseñadora gráfica, supervisora en un geriátrico, operadora de radiotaxi y dueña de un restaurante. “Rechacé ser concejal porque tenía una forma de trabajar muy distinta a la de Patti, el régimen militar no me interesa”, agregó.
–¿Cuándo empezaron sus sospechas?
–Empecé a investigar porque me parecía raro que faltara espacio para nuevas sepulturas y había zonas viejas no ocupadas que no se podían tocar. El cementerio y rentas son los dos lugares de recaudación de la municipalidad. Fui a hablar con el intendente Patti. Y me dijo “eso no lo toques”. A todo esto yo me quería ir porque tenía mucha responsabilidad pero no me dejaban manejarme con libertad. Un día vino un señor a pagar la sepultura de su hermano, y me dijo que lo habían blanqueado en el ’81 pero que antes era NN. Yo ya había visto biblioratos viejos en un galpón que me hicieron sospechar de que ahí había más de un NN. Encontré sepulturas viejas donde veía espacios vacíos, ahí veo que los NN están en los cuadernos. Volví a hablar con el intendente y me dijo: “Terminemos con este tema porque en todos los cementerios hay NN, especialmente de la época del gobierno militar, así que no sigas investigando ni hablando”.
–¿Usted conocía su accionar durante la dictadura?
–Por supuesto, estaba al tanto de que había sido comisario, los problemas que tuvo, los procesos. Y sabía de mucha gente que le tenía mucho miedo, que no hablaban por el temor de que les pasara algo. El vivió en Maschwitz muchos años muy cerca de donde yo vivía.
–¿Cómo fue el hallazgo de los cuerpos?
–Me avisaron que el sector D había quedado libre por una reducción de restos. Lo destiné a una empresa de sepelios. Pero vino el encargado de campo a decirme que no podíamos poner ese cuerpo ahí. Cuando pregunté qué pasó me dijo “¿te animás a verlo?”. Yo estaba acostumbrada, así que fui. Me acerqué a la sepultura y había un cuerpo tirado, con zapatillas y un anillo. Estaba debajo del cuerpo al que habíamos reducido antes. Di orden de cerrar todo y que nadie lo tocara. Patti tenía su gente adentro del cementerio que le informaron. Vino el que me había avisado con una bolsa de residuos de consorcio para llevarse el cuerpo, y me dijo “la orden es que se tire al osario”. Le respondí que las órdenes las daba yo. Mandé tapar la sepultura y les dije que si alguien la tocaba, lo iba a despedir.
–¿Cuándo fue esto?
–En agosto de 1996. Al día siguiente me dijeron que quedaba relevada del cargo por anomalías y un faltante de 90 pesos. Me reí porque con los montos que manejaba no me iba a ensuciar por esa cifra. Les dije que sabía por dónde venía la cosa. Esa noche hablé con mi abogado, Eduardo Ramallo. Fuimos a la mañana siguiente a ver al juez federal de Campana, Osvaldo Lorenzo. Nos atendió enseguida, me preguntó hasta dónde estaba dispuesta a llegar y sólo le mostré la foto de mis hijos, que eran chiquitos. Por mí estaba dispuesta a todo, pero me dio protección de la Gendarmería para mi familia. Llegamos al cementerio el juez, mi abogado, los de Gendarmería y hasta Enrique Sdrech con su coche, parecíamos SWAT, con sirenas y todo. Había que hacer el allanamiento ese día. Le avisaron al intendente y los empleados no querían dejar pasar al juez. Pero les respondió que tenía la orden de allanamiento e iba a hacer lo que le pareciera. Indiqué la sepultura que había identificado, y no habían tocado nada. La abrieron y encontraron el cuerpo. Y luego les mostré que en los sectores W, X,Y y Z eran todos NN. El cementerio estuvo allanado un año, con todos los libros secuestrados y en total se encontraron casi cien cuerpos, dos o tres en cada sepultura. El primer cuerpo que identificó luego el Equipo de Antropología Forense fue el de Gonçalves. En otros sectores reconocieron los de Enrique Tomanelli y del periodista Tilo Wenner. La familia me invitó al entierro de Gonçalves, en el cementerio de Flores, pero no quise ir. Les pedí disculpas pero mi intención no era que esto se politizara, quiero que esa gente tenga una flor en la tumba que le corresponde.
–¿Cómo siguió su vida?
–Me quedé sin trabajo, la suspensión fue de seis meses sin goce de sueldo. Y hasta hoy no cobré nada. Inicié una causa por mi despido injustificado. Me tendrían que reincorporar, mis compañeros me dicen que tengo que volver al cementerio para reivindicar mi posición.
–¿Volvería a ser funcionaria de un intendente pattista?
–No, pero el actual intendente (Sandro) Guzmán se abrió de Pa-tti después de su detención, se unió a Landau.
–Luego de su denuncia, ¿volvió a verlo?
–Un día, mientras estaba trabajando en mi restaurant de Palermo, apareció para pedirme que frenara todo, que nos sentáramos en el despacho a negociar un arreglo para frenar la causa. Les dije que le iba a servir como a cualquier cliente, pero que no negociaba y que no le tenía miedo, más allá de que me tuvieron que poner custodia en la puerta por mis hijos.
–¿Qué causa querían frenar?
–La de los cuerpos, que después se frenó igual por la ley de Punto Final.
–¿Cómo la trataba Patti antes de la denuncia?
–Siempre fue muy déspota para hablar, muy autoritario. Lleva su investidura en el cuerpo, se vale por el arma que lleva en el bolsillo porque no es capaz de defender una causa. Aquella vez le dije “yo no manejo una municipalidad armada”. Una vez cuando, trabajaba en el hospital de Escobar, me agradeció porque le avisé a su esposa del accidente de su hijo. A los 18, cuando trabajaba en La Opinión como diseñadora, salía con el diario bajo el brazo porque era de madrugada y así me justificaba si me paraba la policía. Mis hermanos vivieron más los años del Proceso. Pero yo no lo enfrenté desde la ideología sino porque era lo que tenía que hacer.
–¿Qué otras consecuencias tuvo por ese enfrentamiento?
–Me tuve que ir de Maschwitz porque tenía cerrada todas las puertas, lo mismo que en Escobar. La línea pattista seguía, así que o negociaba o me iba. Me divorcié y me vine con mis hijos a Capital.
–¿Recibió amenazas?
–Cuando tenía un kiosco me llamaban diciéndome que dejara la causa porque iba a terminar mal, que iba a terminar en ese kiosquito para siempre.
–¿Por qué ahora volvió a vivir en Maschwitz?
–Volví hace cinco meses porque me sentí gratificada por lo que había pasado, porque se había hecho justicia. Esta persona no dirige más las cosas, siempre digitó todo y por el poder hubo mucha gente que quedó en el camino. Me siento liberada y puedo volver a mi lugar. Mis hijos tienen su vida social ahí, uno es bombero voluntario, otro juega al básquet en (Deportivo) Arenal. Quiero volver a afianzarme en el lugar. Todos saben en Maschwitz lo que pasó, y se me acercaron personas con ideas muy diferentes al PJ para darme su solidaridad por lo que estaba haciendo.
–¿Qué la motivó a declarar en la causa del juez Suárez Araujo?
–Me comuniqué con los querellantes que estaban interesados en que declarara. Me citaron y dije todo lo que acabo de contar.
–¿Disminuyó el poder de Patti desde que está preso?
–Sí, la gente que trabajaba para él dio un paso al costado. El día que se dijo que salía en libertad fueron pocos los que acudieron al juzgado. Los hizo movilizar pero son cada vez menos.
–¿Temió que fuera liberado? Y en tal caso, ¿teme represalias?
–Nunca tuve miedo, si no no hubiera hecho todo esto. Le debe dar bronca porque él me consideraba de su confianza.
–¿Sabe de más personas que quieran declarar?
–Supongo que en algún momento van a salir a la luz más casos.
–¿Cómo fue el día que conoció a los hijos de Gonçalves?
–Fue muy emotivo, nos abrazamos como si nos conociéramos de toda la vida. Me conmovió mucho su historia, que los hermanos se hayan reencontrado... y les expliqué por qué no había querido ir al cementerio con ellos.









Reclaman la remocion de Carlos Otero Alvarez por su complicidad con la dictadura
“Es incompatible que sea el juez”

El director de Derechos Humanos de Córdoba pedirá al Consejo de la Magistratura un jury al magistrado que debe juzgar a Menéndez.



Luciano Benjamín Menéndez y siete represores, los primeros juzgados en Córdoba por crímenes de lesa humanidad.

Por Diego Martínez
El director de Derechos Humanos de la Municipalidad de Córdoba, Luis Baronetto, solicitará hoy al Consejo de la Magistratura de la Nación que remueva y someta a un jury de enjuiciamiento al presidente del Tribunal Oral Federal Nº1, Carlos Otero Alvarez, por su complicidad con delitos cometidos durante la última dictadura como secretario del juez federal Adolfo Zamboni Ledesma. El TOF-1, que deberá juzgar al ex comandante del Cuerpo III general (R) Luciano Benjamín Menéndez y a otros siete militares en el primer juicio por crímenes de lesa humanidad de la provincia, rechazó la semana pasada por “improcedente” un pedido de recusación formulado por la regional local de H.I.J.O.S. Ya en 1990 una resolución de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos había destacado la “complicidad manifiesta” del juez y su secretario en el secuestro y las torturas a Héctor López Aurelli.
Ex delegado bancario, militante católico y de la Juventud Peronista, “Vitín” Baronetto padeció en carne propia a Otero Alvarez en plena dictadura. El 22 de marzo de 1977 Zamboni Ledesma y su secretario se presentaron en la cárcel de Sierra Chica para tomarle declaración indagatoria, recordó ante Página/12.
–Antes de responder cualquier pregunta, quiero saber por qué mataron a mi mujer –indagó a los funcionarios.
Se hizo un silencio, hasta que Otero Alvarez tomó la palabra:
–Mire, Baronetto. Lo único que puedo hacer es leerle este parte militar.
Leyó entonces un comunicado sobre la muerte de seis “delincuentes subversivos” el 11 de octubre de 1976, mientras eran trasladados desde la cárcel del barrio San Martín a un destino desconocido. “Vehículos civiles” interceptaron a la patrulla, se produjo un “intenso tiroteo” que terminó con seis muertos de un lado y ni un rasguño del otro.
–Eso a mí no me dice nada. Acaban de escuchar a Eduardo De Breuil contar que lo obligaron a presenciar el fusilamiento de su hermano y el comunicado dice que fue durante un “intento de fuga”. Usted sabe que esos partes son pura mentira. Yo quiero saber quién autorizó que mi mujer fuera sacada de la cárcel, ya que estaba bajo las órdenes de ustedes –preguntó Baronetto, detenido junto con su esposa, Marta Juana González, en agosto de 1975, torturados ambos en el centro clandestino que funcionó en el D2 de la policía provincial–. Zamboni Ledesma, ya fallecido, se mantuvo en silencio. Otero Alvarez repitió “no podemos hacer nada” y ante la insistencia de Baronetto su defensor oficial, Luis Molina, le advirtió que “el único perjudicado va a ser usted, deje las cosas como están”.
Baronetto también relatará ante el Consejo de la Magistratura que siete meses antes del golpe de Estado denunció ante el Juzgado que integraba Otero Alvarez las torturas a las que fue sometido junto con su mujer. “Tanto me torturaron que tuvieron que internarme en el policlínico policial. Lo relaté cuando me indagaron, pero no investigaron ni hicieron nada”, relató el actual funcionario.
El documento que presentará incluye una cita de la apelación del defensor oficial Marcelo Arrieta durante el Juicio por la Verdad de Córdoba, en 2003. “Párrafo aparte merece la participación del ex secretario del Juzgado Federal Nº1, Carlos Otero Alvarez, quien en ocho ocasiones autorizó traslados de detenidos en un claro exceso funcional, toda vez que la única autoridad capaz de disponer de los detenidos era y sigue siendo el juez”, apuntó. Al menos treinta detenidos antes del golpe y “trasladados” con el visto bueno de la Justicia después del 24 de marzo fueron asesinados en tiroteos que sólo existieron en los comunicados militares. “En el caso de cuatro personas brutalmente fusiladas el 17 de mayo de 1976, la orden del general (Juan Bautista) Sasiaiñ (jefe del área 311 y responsable de cuatro centros clandestinos en Córdoba) al director de la cárcel para que retire a los presos es anterior a la autorización del Juzgado, que sin embargo nada investigó luego”, agregó Baronetto.
H.I.J.O.S. regional Córdoba recusó a Otero Alvarez por incumplimiento de los deberes de funcionario público. Fundó el pedido en una denuncia contra Zamboni Ledesma y su secretario formulada por el abogado Rubén Arroyo, integrante de la Conadep en 1984, por sobreseer sin investigar 31 fusilamientos de presos de la Unidad Penitenciaria 1 en 1976, y por el caso de Héctor López Aurelli, que derivó en una penalización de la CIDH a la Argentina en 1990. Secuestrado en noviembre de 1975, López Aurelli fue torturado por miembros del D2 de la policía de Córdoba. En 1979 el Juzgado Federal Nº1 lo condenó a reclusión perpetua. “Las pruebas de cargo que sirvieron de base a su condena fueron confesiones obtenidas bajo tormento y por tanto carentes de todo valor, que no fueron ratificadas en sede judicial pese a las presiones a que se le sometiera”, apuntó la CIDH en su informe 74/90, que destacó la “complicidad manifiesta” del juez y su secretario. “Los jueces federales tenían pleno conocimiento de la existencia de campos de concentración en su jurisdicción”, concluyó.
Los miembros del TOF-1 Jaime Díaz Gavier, José Vicente Muscará y el propio Otero Alvarez rechazaron la recusación por “manifiestamente improcedente”. En su defensa, el acusado sostuvo que la denuncia “pretende temerariamente extender” la responsabilidad del juez “a un secretario de juzgado”. Sus colegas coincidieron en minimizar su rol. “Fue sólo en el marco de su función como secretario penal”, escribieron. La “reserva de Casación” formulada por H.I.J.O.S. le permitirá apelar la resolución del TOF-1 cuando concluya el juicio a los genocidas.
“El tribunal dio una respuesta jurídica”, analizó Baronetto. “Lo que vamos a plantear es la sanción de la conducta del ex secretario porque entendemos que antes de ser funcionario judicial era funcionario público, y como tal tenía la obligación de denunciar los delitos que conocía. Es incompatible que sea el juez en esta causa.”
Consultado sobre la posibilidad de que el jury en el Consejo de la Magistratura demore el comienzo del juicio, Baronetto explicó: “Menéndez está condenado por la sociedad y, si esperamos 32 años, podemos esperar unos meses más. Lo que no podemos permitir es que los magistrados queden impunes de esta forma. Todos tienen que ser juzgados, también la jerarquía eclesiástica que sostuvo ideológicamente y los empresarios que financiaron el terrorismo de Estado”.








En Neuquen, el hallazgo fue confirmado en el Batallon 161
Restos humanos cerca de La Escuelita

Durante unas excavaciones alrededor de un ex centro clandestino de detención de Neuquén, aparecieron huesos humanos y un niño de nueve años encontró una moneda de un peso de 1975. El lugar ubicado en el predio del Batallón Militar 161 del Ejército fue recorrido ayer por el juez federal Guillermo Labate, que dispuso enviar parte del material para analizar a Buenos Aires y confirmó el hallazgo. En las tierras se estaba construyendo una cancha de rugby, porque el gobierno de la provincia se las cedió al Patagonia Rugby Club.
“Se puede señalar que algunos de los restos encontrados son compatibles con huesos humanos, y también hay de animales”, dijo Labate durante el recorrido. Según sus datos, entre los restos que se hallaron alrededor del centro clandestino conocido como La Escuelita hay uno parecido a un hueso del oído humano y pequeños fragmentos del cráneo de una persona. Además aparecieron otros restos, muchos de ellos partidos porque habían recibido la presión de las máquinas destinadas al alisado del suelo.
El presidente del Patagonia Rugby Club, Diego Ragna, explicó que estaban trabajando en el lugar porque el gobierno local les cedió el terreno para desarrollar un centro deportivo. Los huesos aparecieron cuando estaban cavando un pozo de riego. Desde ese momento, dos arqueólogos de la Subsecretaría de Cultura de la Provincia trabajan en las tareas de extracción y ayer mismo localizaron otros fragmentos de huesos. Para determinar si hay restos enteros, en las próximas horas harán excavaciones más profundas.
Labate recorrió ayer la zona con un equipo móvil del área científica de Gendarmería Nacional y con personal de las policías Federal y Provincial. Por las características del hallazgo, se comprometió a enviar el material para analizar a Capital Federal. Además del centro clandestino y de la posibilidad de que los restos sean de desaparecidos de la última dictadura, en la zona se perdió hace cuatro años el joven Sergio Avalos, por lo tanto los restos también podrían ser de él. Labate informó que aguardará el resultado de las pericias para determinar el destino del predio y estudiar la necesidad de preservarlo.








El caso Camila Arjona version 2
Un juicio controvertido


El ex cabo federal Adrián Bustos, que había sido condenado a prisión perpetua hace dos años por el crimen de Camila Arjona, la chica embarazada de 14 años que fue asesinada por la policía en Villa Lugano, en 2005, será juzgado de nuevo desde hoy porque el todavía camarista Alfredo Bisordi y la ex jueza de Casación Ana María Capolupo anularon el fallo anterior.
Según determinó el juicio realizado en 2006, el 1º de abril de 2005, tres policías de la comisaría 52ª tomaban cerveza cerca de la Villa 20, del barrio porteño de Villa Lugano, y persiguieron a un joven que se negó a comprarles cocaína. Camila, de 14 y embarazada por entonces de 4 meses, oyó ruidos en la puerta de su casa y salió con su novio a ver qué pasaba. Los federales dispararon. Uno de los balazos le entró por la espalda a Camila y le provocó la muerte. Los dos camaristas de Casación, en un fallo absurdo, consideraron que en la sentencia a cadena perpetua que recibió el ex federal Adrián Bustos dos de los tres jueces no habían asentado su adhesión a la calificación del delito como homicidio calificado. Pero quedó demostrado que se trató de un olvido, ya que los tres jueces adhirieron en la responsabilidad del policía sobre la muerte de Camila y en las circunstancias en que la mató.








Política
Perdido en la secretaría de Derechos Humanos
Investigarán la desaparición de un expediente sobre el caso Bulacio

La Cámara Federal ordenó indagar sobre la desaparición del expediente vinculado a la causa del joven asesinado luego de un recital de los Redonditos de Ricota en 1991. El trámite administrativo se extravió y nunca fue reconstruido.
11:20
14.04.2008

La abuela de Walter Bulacio encabezó la marcha de Congreso a Plaza de Mayo al cumplirse 15 años del asesinato de su nieto. (DyN)
La Cámara Federal revocó el archivo de una denuncia por la desaparición de un expediente vinculado con la "Causa Bulacio", la muerte de un fanático de los Redonditos de Ricota en 1991, en una causa que salpica al ex subsecretario de Derechos Humanos Oscar Fappiano.Según documentación a la que tuvo acceso la agencia DyN, la Sala Dos de la Cámara Federal, con las firmas de los jueces Martín Irurzun y Horacio Cattani, revocó una decisión adoptada por el juez federal Sergio Torres en una causa promovida por el único imputado por el "Caso Bulacio", el ex comisario Miguel Ángel Espósito.Espósito denunció en 2002 la supuesta intromisión del Poder Ejecutivo, por entonces a cargo de Eduardo Duhalde, en el Poder Judicial, para forzar un fallo en la Causa Bulacio, ante la presunta inminencia de una condena contra la Argentina en la Corte Interamericana de Derechos Humanos.El fiscal nacional de Investigaciones Administrativas, Manuel Garrido, también promovió la investigación, pero el expediente administrativo interno en el que se investigaba a la subsecretaría de Derechos Humanos y a su entonces titular, Fappiano, se extravió y nunca fue reconstruido.“El Tucán” Fappiano es un abogado formoseño, fue diputado nacional por su provincia y ex procurador general de la Nación y secretario de Justicia durante el gobierno de Carlos Menem."No se ha logrado determinar las circunstancias en que desapareció el expediente", sostiene el fallo de Cámara."No es posible analizar la cuestión bajo una única hipótesis delictiva", añadieron los camaristas, que además advirtieron que "tampoco se ordenó la reconstrucción" del expediente que investigaba la presunta intromisión del poder político en la Justicia.El fallo de Cámara menciona a todos los funcionarios que debieron haber tomado contacto con el expediente hasta que llegara al despacho de Fappiano, e incluso destaca que el actual secretario de Derechos Humanos, Eduardo Luis Duhalde, dispuso el archivo del sumario interno en julio de 2006.






Política
El Consejo de Ministro tiene la última palabra
La justicia española evalúa el pedido de extradición de Isabelita Perón

La Audiencia Nacional Española lo resolverá hoy. Es reclamada por los jueces Norberto Oyarbide y Héctor Raúl Acosta para juzgarla por su vinculación a los crímenes de la Triple A. La ex presidenta volvió a desfilar por tribunales españoles.
10:01
14.04.2008

Isabelita se mantuvo en la presidencia entre 1974 y 1976, épocas del virulento accionar de la Triple A en el país. (Télam)
La ex presidenta María Estela Martínez de Perón declaró hoy ante la justicia española en relación a los dos pedidos de extradición que pesan sobre ella solicitados por los jueces argentinos Norberto Oyarbide y Héctor Raúl Acosta, por la causa en la que investigan los delitos cometidos por la Triple A.La Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional Española decidirá a lo largo de la mañana si la ex presidenta Argentina debe o no ser extraditada a Buenos Aires, aunque finalmente será el Consejo de Ministro el que tenga la última palabra, cuando deberá ratificar o no esa decisión, según informa la agencia oficial Télam.La defensa de la viuda de Perón, que lleva 16 meses cumpliendo arresto preventivo en su chalé de la localidad de Villanueva de la Cañada, en Madrid, ratificó hoy la negativa de ella a ser extraditada alegando que tiene la nacionalidad española, aunque ella sea argentina de nacimiento y española por los años de residencia en el país europeo.Isabelita, de 78 años, gobernó Argentina entre 1974 y 1976, y fue detenida en su domicilio madrileño el 12 de enero de 2007 por orden del juez Juan del Olmo, después de que la Justicia argentina solicitara su arresto. En dos ocasiones ya negaron la extradición al país alegando que tiene nacionalidad española y el juez decidió dejarla en libertad provisional a la espera de la decisión sobre su entrega.Meses atrás, Oyarbide había admitido que existían suficientes pruebas para inculpar a la ex presidenta. Los documentos dan cuenta de que sabía del accionar de la Triple A y su dependencia de José López Rega.

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