domingo, 20 de abril de 2008







LA FISCAL CAAMAÑO SE SINTIO INTIMIDADA POR LOS REPRESORES DE MARCOS PAZ
“Nunca antes sentí tanto miedo”
Fue a verificar sus condiciones de detención en Marcos Paz. Estuvo, entre otros, con Etchecolatz, Astiz y Von Wernich. “Se consideran secuestrados por el poder político y están convencidos de su buena actuación durante la dictadura”, describió.



Etchecolatz se presentó en forma poco amistosa y le exigió a Caamaño “un servicio religioso los domingos”.
Imagen: Rafael Yohai

Por Diego Martínez
“Hace trece años voy a la cárcel cada semana. Enseño Derecho, sé tratar a los presos, pero nunca antes sentí tanto miedo. No es miedo personal. Pasa por pensar: ‘Estos tipos manejaron el país y si vuelven a manejarlo, nos matan a todos’.” La frase de la fiscal Cristina Caamaño sintetiza su sensación luego de escuchar durante dos horas lamentos, reclamos y reflexiones de represores procesados y condenados en el penal de Marcos Paz.
Caamaño es docente de Derecho Penal y Criminología en la UBA. En 1995 Sergio Schoklender la invitó a dar clases en Caseros, donde presidía el Centro de Estudiantes, y desde 2001 en Devoto. Visitó Marcos Paz como directora del Centro de Estudios de Ejecución Penal del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales, Inecip, invitada por el director del Servicio Penitenciario Federal, Alejandro Marambio, para verificar las condiciones de detención que los abogados de los represores de la ESMA consideran infrahumanas.
“El director del penal me acompañó diez minutos. De golpe quedé sola, con Patti a la izquierda, Etchecolatz enfrente, Von Wernich alejado y Cozzani parado como una especie de vocero”, arrancó. “Como dije que enseñaba Derecho me desafiaron todo el tiempo. Nunca recibí tanto maltrato por parte de presos. Patti me decía que violaban sus derechos humanos.”
–¿Cómo son los pabellones?
–Arquitectónicamente son iguales al resto. Abajo un espacio común tipo loft, mesas y sillas de plástico, cuatro heladeras, un televisor grande y los baños. En el primer piso las celdas.
–¿Qué reclaman en particular?
–Lo mismo que los presos comunes. Más patio, mejores comidas, visitas mixtas, papel higiénico en el baño de visitas. La principal queja es el cambio de situación. “Mientras los presos comunes mejoran con los años, nuestras condiciones de detención empeoran en cada traslado”, dijo un marino. Es que pasaron de bases navales con pileta a Campo de Mayo y después a una cárcel común. “Nunca estuvimos tan presos”, dicen. Piden más asistencia médica, heladeras porque reciben mucha comida de afuera, computadoras porque dicen que hacen a su derecho de defensa.
–¿Tienen diferencias respecto al resto?
–No reciben visitas sábados y domingos, y no ven cine en el auditorio. Es para evitar roces con las visitas de los presos comunes.
“Le voy a decir quién soy”, le anunció Etchecolatz. “Soy católico, apostólico y romano y necesito un servicio religioso los domingos.”
–¿Escuchaba Von Wernich?
–Sí, pero no acusó recibo. Le expliqué que ése no era un problema del Servicio Penitenciario, sino de la Iglesia y le anticipé que iba a transmitirle su inquietud a la hermana Telma, una monja de Devoto.
No fue la única queja del ex hombre de Camps. “Se llevaron mi agenda por pensar que tengo relación con el caso López. Por una hipótesis arbitraria cualquiera accede a mis contactos.” Caamaño le explicó que un juez había allanado su celda y su agenda estaba en caja fuerte, pero no lo convenció.
Alguien que dijo ser general le extendió la mano. “‘No podemos confiar en esta Justicia de la que usted es parte’, dijo y me apretaba cada vez más fuerte. Pensé que me quebraba. Después se me caía la birome.”
Cuando la fiscal explicó que los beneficios suelen conseguirse por el reclamo de los más instruidos y contó que gracias a Schoklender muchos presos pudieron estudiar, el rostro de Von Wernich se desfiguró. “Se levantó como un poseso, empezó a golpearse el pecho, ‘¡Usted no tiene moral!’, gritó varias veces. No pude contenerme. ‘Usted no me va a hablar de moral a mí, Von Wernich’. Se fue hacia el fondo, gesticulando”, relató.
En el pabellón de los marinos la recepción fue aún más fría. “Astiz, con mirada despectiva, se me acercó a medio metro. ‘¿Querés que te diga cómo estamos noso-tros acá? Secuestrados’, dijo. Me pasaron varias respuestas por la mente pero quedé muda. Supongo que fue una provocación.”
Un reclamo que podría hermanar a represores y presos comunes es la degradación que sus familias sufren durante las requisas. Pero tampoco: “Dicen comprender que la seguridad del penal apunte a detectar drogas o facas, pero que las requisas deberían excluir a sus familias. ‘Eso debería cambiar para todos’, les expliqué. Pero se consideran presos políticos. El resto no son ni siquiera presos comunes: son delincuentes comunes”, constató la fiscal.
Caamaño les explicó que pueden tener computadora pero no acceso a la web. “‘Ustedes saben que se puede enseñar a hacer una bomba’, dije ingenua. Varios largaron la carcajada. ‘¡Nos van a enseñar por Internet a hacer una bomba!’”, recordó.
Miradas de hielo, penetrantes, llamaron la atención de la fiscal. “Dicen ser ‘ex combatientes’. No hacen ninguna autocrítica. ‘Este Gobierno es marxista’, aseguran, y esperan ‘el cambio de gobierno’ para salir. Es terrible, siguen manteniendo el rango. Eso dificulta la tarea de los penitenciarios. Muchos agentes no logran imponerse.”
–¿Sugirió alguna solución en su informe?
–No. Es difícil. Mezclarlos con presos comunes es imposible. Cuando quieran obligarlos a algo se van a rebelar y puede ser un desastre.
Concluye el informe de Caamaño: “No han relevado que se encuentran detenidos por orden de un juez, bajo un proceso de un Estado de Derecho y que pueden ser oídos y defenderse. Se consideran secuestrados por el poder político y están convencidos de su buena actuación durante la dictadura.”



RICARDO AUMANN YA NO ES PROFESOR EN LA ESCUELA DE GUERRA DE LA ARMADA
Baja en las filas de Cecilia Pando
El almirantazgo le revocó al capitán de navío su contrato como docente. Fue después de que Página/12 revelara que el habitué de las marchas de la lobbysta castrense daba clases a los oficiales que aspiran a cargos de conducción.



Cecilia Pando en una de sus manifestaciones a favor de los represores a las que suele concurrir Aumann.
Imagen: DyN

El capitán de navío Ricardo Horacio Aumann suele participar en las marchas de la lobbysta castrense Cecilia Pando en Plaza de Mayo. Página/12 reveló el domingo pasado que el marino –retirado en 1990– se desempeñaba como docente en la Escuela de Guerra de la Armada, donde se forman los oficiales que aspiran a puestos de conducción. Por decisión del almirantazgo, Aumann ya no frecuentará las aulas como profesor: le revocaron su condición de “retirado en servicio”, es decir que cayó su contrato como docente. Al mismo tiempo, el Ministerio de Defensa le pidió a la fuerza que comanda Jorge Godoy la lista de todos los docentes militares y civiles.
La participación en los actos de la Asociación de Familiares de Presos Políticos, en referencia a los represores detenidos por delitos de lesa humanidad, fue el detonante de su alejamiento de la docencia. Pando, la esposa del mayor retirado Rafael Mercado, parece incansable en su campaña proselitista en pos de los derechos de los uniformados que están siendo juzgados como protagonistas del terrorismo de Estado.
La formación de los oficiales de las distintas Fuerzas Armadas es la clave en el proceso de democratización de las nuevas camadas. Hace unos días, al hacer un informe sobre su gestión ante el Congreso, la ministra de Defensa, Nilda Garré, destacó la necesidad de profundizar esa renovación. Los profesores y los contenidos de los planes de estudio son los ingredientes centrales para sepultar convicciones nefastas.
Las razones ideológicas se combinan con las económicas para que en el ámbito de la docencia encuentren conchabo los retirados en servicio. Teniendo en cuenta que varios de los suplementos salariales no se toman en cuenta al pasar a la condición de retirados, la categoría “en servicio” les permite mantener el haber como en actividad.
Defensa viene tratando de limitar la arbitrariedad de los jefes del Ejército, la Marina y la Fuerza Aérea para recontratar a retirados. El artículo 62 de la ley 19.101 para el Personal Militar, sancionada en 1971, permite que un oficial retirado sea reincorporado por el jefe del Estado Mayor de su fuerza para cubrir vacantes. En febrero de 2007, la ministra Nilda Garré había firmado la resolución 216 en la que disponía que las solicitudes de alta y cese del personal militar en situación de retiro fueran puestas a consideración de la cartera a su cargo. A partir de esa norma, cada solicitud debió ser acompañada por el legajo del agente, datos con el grado alcanzado y motivo del retiro, además de un informe elaborado por el jefe de la fuerza.
El marcado de territorio pareció no ser suficiente a la luz de lo sucedido con el contraalmirante Roberto Pertusio –preso y asesor de Godoy– y el Grupo de Contención que apoyaba a los represores citados por la Justicia. A fines de marzo pasado, una nueva resolución (288) estableció puntualmente que el proceso de designación del personal militar retirado para cubrir vacantes debe extenderse “cualquiera sea la naturaleza, modalidad o título del vínculo bajo el cual se establece la relación entre la institución y dicha persona, con independencia de que el carácter del vínculo sea o no remunerado”. También instruye a los jefes de las FF.AA. para que procedan a la revisión de todas las designaciones vigentes del personal militar en situación de retiro o de baja hasta tanto se dé cumplimiento a estas nuevas disposiciones.
“Se debe asegurar que el personal militar en situación de retiro o baja que ejerce funciones en las dependencias a cargo de las Fuerzas Armadas sea idóneo y se ajuste a criterios y consideraciones de carácter profesional y ético para la función”, advierten los fundamentos de la resolución.
La orden de revisar y someter a consideración de la cartera política todas las recontrataciones tiene una lupa especial sobre las tareas docentes. Hasta ahora, paradójicamente, esas funciones eran uno de los atajos para contratar sin mayores requisitos a oficiales de dudosa o nula autocrítica sobre las atrocidades del terrorismo de Estado.





Aprobado con objeciones

El Consejo de Derechos Humanos de la ONU aprobó en Ginebra el examen periódico sobre la situación de los derechos humanos en Argentina, que destacó la reapertura de las causas por los crímenes de la dictadura militar. El organismo sugirió, por su parte, veintiún puntos para el mejoramiento de la situación carcelaria, la implementación del régimen de protección de testigos, así como para evitar la prolongación de las prisiones preventivas y la condena perpetua a menores de 18 años, entre otros temas.





OTRO CASO QUE COMPROMETE JUDICIALMENTE AL EX COMISARIO LUIS PATTI
Preso de su propio pasado
El represor deberá responder ante la Justicia por la detención en 1976 de Osvaldo Ariosti, quien estuvo dos años preso a disposición del Ejecutivo, militó en el Paufe en la década del ’90 y falleció el año pasado.



El ex intendente de Escobar presentó diversos testigos para desacreditar la denuncia de Ariosti.
Imagen: Rolando Andrade


Por Adriana Meyer
En los años noventa trabajaron juntos en el Partido Unidad Federalista (Paufe) y los “paufistas” dicen que Luis Abelardo Patti era su líder. Sin embargo, en agosto de 1986 Osvaldo Ariosti no había tenido reparos en denunciarlo ante la Justicia como uno de los dos policías que lo detuvieron en 1976 y lo llevaron a la comisaría de Escobar, tras lo cual pasó dos años preso. Y tampoco sintió remordimientos en 1992 cuando gestionó la reparación económica por aquel secuestro. A pesar de que Patti negó conocerlo cuando declaró en esa causa, en la conferencia de prensa que dio apenas salió de la cárcel dijo: “Me imputan el caso de Ariosti, que ha fundado el partido con nosotros, una persona querida en Escobar, me extraña mucho”. Este hombre murió atropellado por un tren en octubre, un mes antes de la detención del ex comisario. Cuando la causa llegue a juicio oral el represor deberá responder también por este hecho.
La megacausa Campo de Mayo es, y seguramente seguirá siendo, una caja de sorpresas. Los empleados y funcionarios del Juzgado Federal 2 de San Martín revisaron los 312 casos que contiene ese enorme expediente, la mayoría de los cuales contiene varias víctimas. Entre los hechos ocurridos en Garín y Escobar encontraron tres con un denominador común: las víctimas habían sido secuestradas por Luis Patti, por entonces un oficial de calle de la comisaría de esa localidad. Con el número 290 estaban registrados los secuestros de Carlos Daniel Souto, Guillermo y Luis D’Amico, y Osvaldo Tomás Ariosti. A fojas 67 consta la declaración que Ariosti hizo el 25 de agosto de 1986, cuando vivía en la calle Cabildo de Garín, y en la que denunció que estuvo arrestado, a disposición del Poder Ejecutivo nacional, durante la dictadura. Cuando le preguntaron por quién fue detenido, respondió que fueron “el oficial principal Domínguez y el oficial Patti, a quienes reconoció porque era miembro de la comisión cooperadora de la comisaría de Escobar”. Ariosti describió que lo sacaron de la casa y lo metieron en un Ford celeste, lo llevaron a la comisaría de Escobar y luego a Devoto. Estuvo en la Unidad 9 de esa cárcel hasta el 28 de octubre de 1978. Patti fue citado a declarar como testigo el 30 de octubre, y a fojas 69 dijo bajo juramento que no conocía ni a Ariosti ni a Domínguez.
El año pasado, cuando los colaboradores del juez federal de San Martín, Alberto Suares Araujo, leyeron esto, convocaron a Ariosti para volver a interrogarlo y ampliar sus dichos. La citación volvió al juzgado con la respuesta de que había muerto en octubre al ser atropellado en las vías del ferrocarril. Aunque quedaron algunos detalles por establecer, el juez lo incorporó y en noviembre procesó a Patti también por este caso, sumado al de Souto, los D’Amico, Diego Muniz Barreto, Juan Fernández y Gastón Gonçalves. Sus superiores de la Cámara Federal avalaron la decisión al confirmar el procesamiento con prisión preventiva del represor ex intendente de Escobar y diputado electo. Por lo tanto, cuando esta causa por siete víctimas llegue a juicio oral, Patti deberá dejar de hacerse el sorprendido y responder también sobre Ariosti. “Aunque la víctima haya fallecido el delito queda, no hay forma de desmentir su testimonio y hay que juzgar a quien se encuentre acusado, como ocurre en la causa por el secuestro del periodista Jacobo Timerman”, explicó a Página/12 Pablo Llonto, abogado de Juana Muniz Barreto.
¿Qué hizo Patti cuando se enteró, de que lo habían imputado por el caso Ariosti? Tras salir de la conmoción por la incorporación de la denuncia de alguien a quien consideraba “uno de los nuestros”, instruyó a su abogado Silvio Duarte para que presentara testigos que dijeran que, en los años que trabajó con ellos en el Paufe, nunca les comentó que había sido secuestrado por él. “Los convocaron para que digan que algo no ocurrió, en derecho es elemental que se puede probar un hecho positivo, pero nunca uno negativo”, afirmó Llonto. Todos estos testigos pertenecen al Paufe; uno de ellos afirmó que Ariosti fue chofer de Patti en los noventa; otro dijo que Ariosti era como un icono del partido del ex comisario. Convocada también la hija de Ariosti, expresó que “no quería ser molestada”, que era “muy chica” cuando su padre fue secuestrado pero recordó que “entraron tres tipos de verde fajina a llevarse a su papá, que nunca más quiso hablar del tema”.
Si Ariosti estuviera vivo podría ser preguntado acerca del pedido de reparación económica por su detención ilegal, que inició en 1992 en base a la ley 24.043 (expediente 339181), y que figura a fojas 206 aportado al expediente por las actuales autoridades de la Secretaría de Derechos Humanos. ¿Lo habrá hecho cuando ya participaba de las actividades del Paufe? Quizá Patti, ahora que no niega conocerlo, pueda explicar si fue él quien buscó a Ariosti para sumarlo a sus filas, como hizo con los familiares de otras de sus víctimas.
Luego del Juicio a las Juntas, la Cámara Federal porteña dio instrucciones a las cámaras federales de todo el país para que iniciaran los procesos y así empezar a juzgar a las segundas líneas de responsables. Era eso lo que estaba empezando a suceder en 1986, cuando declaró Ariosti. El alzamiento de Semana Santa del año siguiente y sus consecuencias congelaron todo durante dos décadas. La lista inicial de los detenidos desaparecidos de la zona en la que patrullaba el entonces oficial Patti tenía 37 nombres, ahora son más de 45. En su conferencia, el diputado electo e impugnado afirmó que todos los casos que lo llevaron a la cárcel son nuevos. Aunque Ariosti no pueda demostrárselo en forma personal, su vieja declaración cobra actualidad en el sinuoso historial del represor ante la también errática Justicia.



SUSANA APARICIO ANALIZA EL TRABAJO INFANTIL
El círculo de pobreza
Socióloga, recorrió el interior estudiando de cerca cómo es la vida del niño que trabaja en el campo. Mecanismos de explotación, salidas a la marginación y falta de controles.


Una de las situaciones más comunes: la cosecha estacional.


Por Laura Vales
Socióloga e investigadora del Conicet en la UBA, Susana Aparicio recorrió en los últimos dos años diez provincias para estudiar el trabajo infantil en el agro. De Misiones a Río Negro, registró chicos que van con sus padres a las cosechas, para “ayudar” a la familia, el argumento con el que usualmente se naturaliza el trabajo infantil. En sus informes, Aparicio detalló la existencia de un trabajo increíble, el de los niños-bandera, chicos que son utilizados por las avionetas que sobrevuelan los cultivos para rociarlos con plaguicidas. La especialista cuenta que en el campo el porcentaje de niños que trabajan llega al doble que en las ciudades. La razón principal es el bajo nivel de ingresos de los peones rurales; forzados a emplearse tempranamente, los hijos abandonan la escuela y quedan de esta manera atados al círculo de la pobreza.
–¿Cuáles son los trabajos que hacen los chicos en el campo?
–Los hay de dos tipos: uno, en las explotaciones campesinas en las que tradicionalmente se incorpora toda la familia; allí los chicos hacen tareas como sacar yuyos, buscar leña o cuidar los animales. Otra es cuando los chicos son llevados con los padres a cosechar. Al papá le pagan por producción, a destajo. Como la cosecha dura poco tiempo y el resto del año está desocupado, el hijo trabaja para que el padre cobre un poco más.
–¿A qué edades ven que empiezan a trabajar?
–Nosotros tenemos datos de casos en los que a partir de los 6 o 7 años comienzan a ayudar a la familia, a los diez esa ayuda aumenta y a los 14 ya hay ocupación plena.
–Usted sostiene que el trabajo de los chicos y el de las mujeres es invisible.
–Se legitima diciendo “están ayudando al padre”. La explicación que hay en las propias familias es también ésa, los padres dicen que no quieren que sean vagos, que tienen que aprender el oficio de chicos. Pero uno ve que lo que realmente fuerza a que los hijos vayan a trabajar es la situación económica desastrosa que tienen los padres. Por otro lado, los chicos que trabajan son poco visibles para las estadísticas oficiales. En la Argentina el censo pregunta sólo a los mayores de 14 años qué trabajo hizo la semana anterior.
–¿En qué tipo de producciones encontraron chicos trabajando?
–En el tabaco y la cosecha de frutas, por ejemplo. Hay chicos en la producción de arándanos, también en la de peras y manzanas, y en la siembra de frutillas. En general, en todos los llamados cultivos industriales. En Jujuy, con el tabaco, si bien hay carteles que dicen que el trabajo infantil está prohibido, hay situaciones que fuerzan que los chicos trabajen. Como las madres no tienen con quién dejar a los chicos, van con ellos. En las fumigaciones están los banderilleros, niños de 12 o 13 años que sostienen las señales.
–¿Son fumigaciones vinculadas con la producción de soja?
–No solamente, porque también los hay cuando se fumiga tabaco. Cuando hay fumigación generalmente aparecen chicos o adolescentes.
–¿Qué es lo que deben hacer?
–Cuando el avión comienza a volar sobre el campo, el chico se pone donde termina la línea de cultivo para indicarle al fumigador el lugar donde tiene que doblar; una vez que el avión da la vuelta, el chico se corre a las dos líneas siguientes y así le va indicando el terreno que falta.
–¿En qué provincias ocurre esto?
–Hubo denuncias en Santa Fe, nosotros lo vimos también en Jujuy..., en todos los cultivos donde hay fumigación aérea es bastante común.
–¿Quiénes son los empleadores?
–Ahí aparece una complicación: toda la parte de servicios en el agro, especialmente en las cosechas, ha pasado a estar tercerizada. Es decir que el productor le paga a un contratista, que puede ser una empresa, que es quien reúne la mano de obra. Para las fumigaciones, se contrata casi siempre a una empresa. Los chicos en general no son contratados formalmente por la empresa, sino que suelen ser hijos de algún asalariado que vive en el campo. En el agro en este momento hay muchas situaciones en las que no está claro con quién es el vínculo laboral, si es con el dueño de la tierra o es con la empresa que está haciendo el servicio. En los casos de los banderilleros, suelen ser hijos de un empleado del campo.
–Usted cuenta que los padres naturalizan el trabajo de los hijos, ¿cuál es el argumento de los empleadores?
–Bueno, solamente fichan al padre, que es el único que aparece como trabajando. La situación depende de los contratistas: en la medida en que las empresas sean más formales es más difícil que utilicen chicos, porque implica un riesgo, sobre todo si son productos para exportar a Europa.
–¿Qué pasa si los adolescentes dejan el campo?
–Quedan en desventaja porque tienen menos escolaridad. Si no terminaron la escuela secundaria no tienen calificación; por esto en general no se emplean, sino que se autoemplean en trabajos precarios, en la construcción o en la venta callejera. Se insertan en trabajos muy marginales.
–El aumento de ganancias en el agro, ¿mejoró la situación?
–Mejoró la situación de los sectores más formales, por ejemplo en la ganadería, que es la que da más trabajo permanente porque tiene que haber una persona que vea a los animales todos los días. Ahí se cumplen más los convenios, pero en los otros sectores, como en las cosechas, excepto que haya habido un conflicto laboral muy fuerte, las condiciones de trabajo siguen siendo malas. Es una mala situación que se agrava por el hecho de que los trabajos duran sólo tres meses del año.

Causa contra Mercedes Benz, mañana lunes 21 conf. de prensa 12 horas

Invitación a Conferencia de Prensa:

Lunes 21 de abril de 2008 - 12 hs. - Riobamba 144, Capital Federal


Novedades en la causa contra la automotriz Mercedes Benz
Los responsables civiles del Genocidio

La Causa contra la Daimler/ Mercedes Benz por la violación masiva de los derechos humanos durante la última dictadura militar toma vuelo otra vez.


La periodista Gabriela Weber, realizadora de la película "Milagros No Hay. Los desaparecidos de la Mercedes Benz", y los organismos que conformamos el colectivo Justicia Ya! Bs. As., anunciaremos significativas pruebas que aportaremos a la causa demostrando la responsabilidad de la empresa en el secuestro y desaparición de al menos 14 obreros durante la ultima dictadura militar, todos ellos activistas gremiales opositores a SMATA.

Las pruebas permitirán imputar objetivamente al Secretario General "eterno" de SMATA, José Rodríguez, al gerente de producción de Mercedes Benz, Juan Ronaldo Tasselkraut, y a quien fuera el entonces ministro de Trabajo, Carlos Ruckauf.

Apropiación de niños. Durante la dictadura Mercedes Benz donó aparatos de neonatología al Hospital Militar de Campo de Mayo donde funcionó una maternidad clandestina. El caso Lavallén, gerente de la Mercedes Benz, fue condenado por la apropiación de una menor y aún restan cuatro casos más que están siendo investigados.

También brindaremos información sobre los jucios relacionados con la causa argentina, que se tramitan en Suiza y Alemania por la existencia de cuentas secretas. En EEUU un juicio indemnizatorio a la casa matriz Daimler SA en Alemania (Mercedes Benz) por la responsabilidad en la matanza de los obreros de su planta en Argentina.


Convoca: Gabriela Weber

Adhiere: Justicia YA! Bs. As integrado por: AEDD – AGD UBA – A.L.I. -APEL - Asociación Anahí – CADHU - CAJ - CeProDH- CODESEDH - Com. de DDHH de Uruguayos en Argentina – Com. de DDHH del PC – Com. de Homenaje a los Desaparecidos y Mártires Populares - Com. por los DDHH de Trenque Lauquen Pcia. Bs. As. - CORREPI - FIDELA – H.I.J.O.S. Regional Oeste – IRE - Liberpueblo - LADH – Vecinos de San Cristóbal contra la Impunidad
-- Ce.Pro.D.H.Centro de Profesionales por los Derechos Humanoswww.ceprodh.org.ar
Ahora Politica CBA VIE 18 ABR 05:45

Procesan a Menéndez y a otros represores en la causa del D2


Lo resolvió la jueza federal Cristina Garzón de Lascano. Es por el secuestro y tortura de seis personas, entre ellas cuatro policías.

Redacción LAVOZ.com.ar


La jueza federal Nº3 Cristina Garzón de Lascano procesó por el secuestro y las torturas sufridas por seis personas, cuatro de ellas policías, al ex jefe de Ejército Luciano Benjamín Menéndez y a otros once represores vinculados con el Departamento de Informaciones de la Policía, más conocido como "D2".



La acción penal había sido promovida por la fiscal Graciela López de Filoñuk en la causa en la que se investiga los tormentos sufridos por José María Argüello, Luis Alberto Urquiza, Horacio Samame, Carlos Cristóbal Arnau Zuñiga, Oscar Samame y Raúl Rodolfo Urzagasti Matorras.



Todos ellos habían sido secuestrados entre el 12 de noviembre de 1976 y el 13 de noviembre y habían sido trasladados al centro clandestino de detención que funcionaba en la sede del D2, en el pasaje Santa Catalina, donde hoy se empleza el Archivo Provincial de la Memoria.



Los procesados también fueron embargados por hasta 100 mil pesos, según consta en la resolución de la jueza Garzón de Lascano.



Miembros de la fuerza. Cuatro de las víctimas revestían en las propias filas policiales cuando fueron secuestrados: Urquiza, Arnau Zuñiga, Argüello y Urzagasti Matorral.



Horacio Samamé, en cambio, había renunciado antes a la fuerza de seguridad y su hermano Oscar era estudiante de abogacía.



Urquiza es conocido por haber denunciado en reiteradas ocasiones la presencia de represores en las filas de la Policía en el retorno de la democracia. Amenazado de muerte, incluso, durante la gobernación del radical Ramón Mestre debió exiliarse en Dinamarca en 1997.



Procesados. Además de Menéndez, la jueza Garzón de Lascano procesó al coronel (R) Oscar Rodríguez, alias "Salame" y al ex gendarme José Eugenio San Julián.



También a los ex policías de la D2 Yamil "Turco" Jabour; Miguel Ángel "Gato" Gómez; Carlos Alfredo "Tucán" Yanicelli; Fernando Martín "el Tuerto" Rocha; Gustavo Rodolfo Salgado; Calixto Luis "el Chato" Flores; Luis David "Moro" Merlo; Mirta Graciela "Cuca" Antón; y Alberto Luis "Cara con riendas" Lucero.



Desvinculados. La jueza Garzón de Lascano, en tanto, declaró la falta de mérito en favor de Ricardo Cayetano Rocha, Nelson Bautista Grosso y José Hugo Herrera. Esto quiere decir que todavía pueden ser procesados en el marco de esta causa.



En la causa también se lee que fueron sobreseídos Juan Antonio Tissera, Oscar Francisco Gontero y Miguel Ángel Serrano. No por falta de pruebas, sino porque fallecieron.

http://www.lavoz.com.ar/nota.asp?nota_id=181599

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Ahora Politica CBA VIE 18 ABR 05:46

La Provincia reconocerá económicamente a policías torturados

En la Secretaría de Derechos Humanos está casi listo el proyecto para reincorporar a la Policía a los uniformados que fueron víctimas durante la dictadura.

Redacción LAVOZ.com.ar


La Secretaría de Derechos Humanos de la Provincia ultima los detalles para otorgar un resarcimiento económico a los policías que fueron secuestrados y torturados durante la última dictadura militar por sus propios compañeros de la fuerza.



El proyecto contempla reincorporar a la Policía a estas personas, al menos cuatro, para inmediatamente pasarlas a retiro y otorgarles una jubilación, según confirmaron a LAVOZ.com.ar fuentes oficiales y uno de los sobrevivientes.



La novedad coincide con la resolución de la jueza federal Nº 3, Cristina Garzón de Lascano, de procesar por el secuestro y la tortura de seis personas al represor Luciano Benjamín Menéndez y a nueve ex miembros del Departamento de Informaciones de la Policía (D2), entre ellos los tristemente célebres Yamil "Turco" Jabour y Carlos Alfredo "Tucán" Yanicelli (ver Procesan a Menéndez y a otros represores en la causa del D2 ).



Ricardo Sánchez, secretario de Derechos Humanos, dijo a este medio que con el beneficio que se contempla otorgar se pretende reconocer a quienes dentro de la fuerza policial, involucrada en la represión ilegal durante los años de plomo, se busca reconocer a quienes "no acataban órdenes tendientes a aplicar el Terrorismo de Estado".



El funcionario dijo que el resarcimiento "todavía está bajo estudio", por lo que evitó brindar más detalles.



Faltaría la firma. De todos modos, el ex policía Luis Urquiza, víctima de secuestro y tortura por parte de sus propios compañeros de fuerza, uno de los impulsores de la causa judicial, dijo a LAVOZ.com.ar que desde la Secretaría de Derechos Humanos ya les anticiparon que el anuncio está al caer.



"Nos dijeron que es una decisión tomada hacer una reparación económica histórica. Nos incorporarían y nos pasarían a retiro con el cargo máximo que deberíamos haber ocupado", confirmó.



Según estimó, el proyecto "está casi a la firma" y en menos de un mes podría haber un acto público, posiblemente en el D2, donde hoy funciona el Archivo Provincial de la Memoria, para oficializar la iniciativa.



Urquiza, exiliado en Dinamarca desde 1997 tras recibir amenazas de muerte por haber denunciado la permanencia de represores al interior de la Policía, ya en tiempos de democracia, espera la confirmación para volver a radicarse definitivamente en Argentina.

http://www.lavoz.com.ar/nota.asp?nota_id=181612
Casacion Penal
Asumen los nuevos camaristas
Los jueces Augusto Diez Ojeda, Mariano González Palazzo y Guillermo Yacobucci asumieron hoy como nuevos camaristas subrogantes de la Cámara Nacional de Casación Penal, que tendrán a su cargo numerosas causas vinculadas a derechos humanos.
El acto se asunción se llevó a cabo en la Sala de Audiencias del tribunal de Comodoro Py 2002 y fue encabezado por el presidente del cuerpo, Juan Fégoli, quien le tomó juramento a los tres nuevos camaristas.
González Palazzo dijo que "entiendo que vamos a hacer hincapié en las causas de derechos humanos, especialmente, porque es un tema que yo tenía abandonado por unos años", aunque aclaró que "trabajaremos en todas las causas".
Agregó que la nueva función "es un deber con honor" e informó que el lunes próximo "vamos a hacer un arqueo para tomar conciencia de la existencia de causas".
Yacobucci coincidió con González Pallazo al referir que "tenemos todas las causas conocidas vinculadas a derechos humanos y vamos a prestar particular atención a que todo salga en término".
El camarista indicó que las causas demoradas en su nuevo despacho "son algunas, tras un primer relevamiento que hicimos", y agregó que en los últimos años "la situación ha venido mejorando a través de un trabajo intensivo que se ha hecho sobre todos con causas vinculadas a derechos humanos, de manera que podemos hacer un aporte todavía provechoso".
"Vamos a trabajar con el espíritu profesional que tenemos los cuatro nuevos integrantes, y darle un apoyo a la situación difícil de la Casación por las vacantes que había", añadió.
Por último, Diez Ojeda reflejó que todas las causas "son importantes" pero las vinculadas a derechos humanos "tienen mayor repercusión pública y hay que estar atento a eso y a su rápido tratamiento".
No obstante, señaló que "hay que estar muy atento al pedido de las partes, que es lo que corresponde en la justicia", y propuso "hacer el esfuerzo necesario para tener las causas al día, dentro de nuestras posibilidades".
Diez Ojeda, juez del Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nro.4 del Departamento Judicial San Martín, asumió la Vocalía 11; González Palazzo, juez de la Sala IV de la Cámara Nacional de Apelaciones en los Criminal y Correccional de Buenos Aires, lo hizo en la Vocalía 4; y Yacobucci, juez del Tribunal Oral en lo Criminal Nro.6 de Buenos Aires, lo hizo en la Vocalía 7.
En tanto Luis García, juez del Tribunal Oral en lo Criminal Nro.9 de Buenos Aires, asumirá el 14 de mayo venidero en la Vocalía 13.
Los nuevos camaristas reemplazan a las renunciantes Amelia Parraz de Vidal, de la Vocalía 13; y Ana María Capolupo de Durañona y Vedia, de la Vocalía 11; y por la licencia sin goce de haberes concedida a Pedro David, de la Vocalía 7, quien asumió en la Corte del MERCOSUR; y por licencia médica de largo tratamiento de Alfredo Bisordi, de la Vocalía 4.
Yacobucci y García pasarán a integrar la Sala II de la Cámara Nacional de Casación Penal, junto a quien ya se desempeña como titular, Wagner Gustavo Mitchell.
González Pallazo y Díaz Ojeda integrarán, junto a Gustavo Marcelo Hornos, la Sala IV del máximo tribunal penal de la nación.
Las subrogancias se extenderán hasta que se cubran las vacantes que, por renuncias o licencias, se produjeron en los últimos meses en la Cámara de Casación.
También hoy, en Comodoro Py, Adolfo Calvete, María Cristina Bértora y Luis Márquez Urtubey, juraron como miembros titulares de los tribunales orales en lo criminal 13, 16 y 28, respectivamente; y Axel López como juez de ejecución penal.
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DENUNCIA: REPRESION OBREROS DEL PELADERO
El 17 de abril a las 10 horas alrededor de 200 policias encabezados por el conocido represor de los obreros del pescado Salva,golpearon a los trabajadores del peladero de Toledo que se encuentran reclamando por la reincorporacion de los mas de 20 despedidos y la recomposicion salarial. La represion conto con la presencia de Sebastian y Antonio Toledo
Solidaridad con la lucha de los cros.

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