miércoles, 16 de abril de 2008

Tucuman:Nueva Querella de H.I.J.O.S por detenidos en Jujuy en 1977

San Miguel de Tucumán, 15 de Abril de 2008
COMUNICADO DE PRENSA

H.I.J.O.S. (Hijas e Hijos por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio) comunica que en el día de la fecha, ha presentado una nueva querella, en el marco de las causas judiciales en las cuales se investigan Crímenes de Lesa Humanidad cometidos durante la última dictadura militar. En este caso se trata del matrimonio Parrile – Salinas, H.I.J.O.S. patrocina a la querellante Cecilia Parrile, hermana de una de las víctimas.
Silvana Parrile y Ricardo Salinas fueron víctimas del delito de Privación Ilegítima de la Libertad, siendo secuestrados de una Plaza Pública en San Salvador de Jujuy en Enero de 1977, y siendo mantenidos en cautiverio en los CCD de Villa Gorriti en Jujuy, y luego traslados a CCD "La Jefatura" en esta ciudad Capital. En este Centro Clandestino de Detención fueron vistos por sobrevivientes.
El Centro Clandestino de Detención y Tortura "La Jefatura" se montó como tal a partir del año 1975 durante la vigencia del Operativo Independencia y funcionó durante la Dictadura Militar, hasta aproximadamente fines del año 1978. Funcionaba en el edificio de la entonces Jefatura de Policía situado en la manzana ubicada en la intersección de las calles Junín, Santa Fé, Av. Sarmiento y Av. Salta.
Los delitos cometidos en el periodo 1975 -1983, se denominan de Lesa Humanidad y como tales son imprescriptibles, pues se enmarcan en lo que fue un Plan Sistemático de Exterminio y Violaciones de Derechos Humanos: secuestros, torturas, tormentos. Siguiendo este análisis, en la presentación se afirma que el Plan sistemático de Violaciones a los Derechos Humanos, constituyó la ejecución del Delito Internacional de GENOCIDIO de una parte importante de la población argentina.
Otro punto a destacar es la solicitud de conexidad de esta querella con las causas donde se investiga el funcionamiento del aparato represivo en la Provincia, conectándose con la causa: "Coronel Marta y Coronel Rolando S/secuestro y desaparición". El objetivo de la conexidad de las causas con criterio de CENTRO CLANDESTINO y el tratamiento de las mismas como un conjunto, permite mayor economía procesal y sobre todo atenúa la revictimización de los sobrevivientes que deben declarar una y otra vez sobre lo sucedido. En causas donde se investigan violaciones sistemáticas a los Derechos Humanos, como lo es esta, la conexidad por CCD, nos acerca a la reconstrucción de la verdad histórica acerca del funcionamiento del sistema represivo y del Plan Sistemático de Violaciones a los DDHH.-
A su vez intentaremos poner de manifiesto cómo los diferentes lugares donde se mantenían secuestradas a las víctimas eran parte de un gran Circuito Represivo por el que transitaba el detenido y que finalizaba con la consiguiente "desaparición" o "blanqueo". Este circuito como se demostrará trascendía las fronteras provinciales, reafirmando el concepto de sistematicidad del PLAN GENOCIDA. En Tucumán este circuito comprendía los siguientes Centros Clandestinos de Detención: "La Escuelita de Famailla", "La Jefatura de Policía" y el Penal de Villa Urquiza en el caso de ser "blanqueados" o "Arsenales" en el caso de ser "exterminados". Al Penal eran llevados quienes eran puestos a disposición del Poder Ejecutivo Nacional o procesados mediante inconstitucionales leyes como la ley 20.840 (personas denominadas "blanqueadas"). Cabe destacar que Silvana y Ricardo son primeros "blanqueados" y luego "trasladados" ilegalmente desde Jujuy.
Silvana Parrile y Ricardo Salinas fueron secuestrados el 7 de enero de 1977 de la ciudad de San Salvador de Jujuy. Se habían casado en enero de 1976 y vivian en el Bº de Mataderos, Ciudad de Buenos Aires. Ella era oriunda de la Capital Federal y Ricardo era tucumano. El era carpintero y ebanista y junto a Silvana vivían de lo que producía la carpintería de Ricardo, mientras ella concluía su carrera. El sueño de ambos era vivir en el interior del país donde él trabajaría de carpintero y ella de maestra rural.
En el Centro Clandestino de Detención "La Jefatura" fueron vistos por sobrevivientes que señalan a Ricardo como quien les levantaba el ánimo al resto de sus compañeros secuestrados, diciéndoles que resistan que seguro sus familias estaban afuera buscándolos.
La presentación de esta querella es una muestra más del compromiso que asumimos para lograr el JUICIO Y CASTIGO A LOS GENOCIDAS Y SUS COMPLICES que desde hace 13 años perseguimos desde nuestra Organización y un aporte a la construcción de la verdad histórica de nuestro país que a más de 30 años está comenzando a saldarse.


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La Camara Federal tiene listo un fallo para anular el indulto al ex ministro de la dictadura
Martínez de Hoz se queda sin perdón
Después de veinte años en que no pudo ser sometido a la Justicia, el ex ministro de Economía de la dictadura será juzgado por el secuestro extorsivo de los empresarios Gutheim. Podría quedar preso.

Subnotas
Los indultos en el Congreso
Un examen ante la ONU

Por Irina Hauser
La Cámara Federal ya tiene escrito un fallo para anular el indulto que benefició a José Alfredo Martínez de Hoz y que impidió durante veinte años su juzgamiento. En la causa en la que prevé pronunciarse el tribunal, el ex ministro de Economía de la dictadura está acusado del secuestro extorsivo de los empresarios Federico y Miguel Gutheim, ocurrido el 5 de noviembre de 1976. Una vez que reciba la sentencia, el juez Norberto Oyarbide evaluará si existen pruebas que ameriten que vaya preso.
La resolución que prepararon los camaristas Eduardo Freiler y Horacio Cattani podría incluso ser firmada hoy, si no se presenta ningún contratiempo, según pudo saber Página/12. El tribunal –las dos salas que lo integran– ya ha dicho en otros casos que los indultos son inconstitucionales porque se han aplicado para perdonar delitos de lesa humanidad, que no pueden recibir ningún tipo de amnistía, como indica la legislación internacional que Argentina suscribe. Lo mismo ha sostenido la Corte Suprema. Pero cada caso se resuelve en forma individual.
Los Gutheim, padre e hijo, fueron detenidos por un decreto y puestos a disposición del Poder Ejecutivo. Los arrestó en su casa un grupo del Ejército que no llevaba orden escrita y estuvieron cautivos durante cinco meses y dos días, al comienzo en el Departamento Central de Policía y luego en la cárcel de Caseros. Los liberaron el 6 de abril de 1977, con otro decreto que pretendía dar aspecto de legalidad a los hechos.
El verdadero objetivo de tenerlos en prisión fue que entablaran la renegociación de un convenio de exportación con empresarios de Hong Kong que se había frustrado, de lo cual Martínez de Hoz se había enterado en un viaje oficial. Se buscaba forzarlos a que su empresa, la textil Sadeco, sellara ese acuerdo que le permitiría a la dictadura obtener importantes líneas de crédito. Para eso, durante su detención, los Gutheim fueron llevados en cuatro oportunidades a las oficinas donde transcurrían las tratativas con los chinos. En las reuniones, que se hicieron en enero de 1977, siempre participaba algún representante del ministro de Economía.
El dictador Jorge Rafael Videla, el ex ministro del Interior Albano Harguindeguy y Martínez de Hoz estuvieron presos en 1988 por orden del entonces juez Martín Irurzun (ahora camarista), que los responsabilizó de la privación ilegal de la libertad de los empresarios. Luego, la Cámara Federal confirmó la detención de los dos primeros como coautores del decreto pero liberó al ex ministro de Economía por considerar que en ese momento no había pruebas suficientes sobre su intervención en el secuestro. Los tres resultaron favorecidos tiempo después por los indultos de Carlos Menem, lo que truncó –como en tantos casos– la posibililidad de que fueran juzgados y recibieran sentencia.
La reapertura de la causa sobre los Gutheim ocurrió en 2006, cuando el juez Oyarbide hizo lugar a un reclamo de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre y la Asociación de ex Detenidos Desaparecidos, al que después se sumó la Secretaría de Derechos Humanos. Los organismos habían conseguido que impulsaran la causa el fiscal nacional de Investigaciones Administrativas, Manuel Garrido, y el fiscal federal Federico Delgado.
En sintonía con los fiscales, Oyarbide consideró que el secuestro de los Gutheim fue parte de la práctica sistemática del terrorismo de Estado de violación a los derechos humanos y que es obligación internacional del Estado remover los obstáculos que impidan la persecución de esos delitos. En función de esto, declaró la inconstitucionalidad de los indultos que habían librado de cargos tanto a Videla y Harguindeguy como a Martínez de Hoz.
El general Harguindeguy estaba detenido cuando Menem lo indultó, por eso su vuelta a la cárcel ante la anulación del perdón presidencial podía interpretarse como una consecuencia esperable. Aun así, recién fue detenido en febrero último ante el reclamo de la Secretaría de Derechos Humanos, después del aviso de un guardavidas que lo había visto tomando sol en Pinamar. La orden de ir a ponerle las esposas la dio la jueza María Servini de Cubría, que en esos días subrogaba a Oyarbide. Videla ya cumple arresto domiciliario por otras causas.
Martínez de Hoz no estaba preso cuando obtuvo el indulto, por lo tanto la declaración de inconstitucionalidad de ese beneficio no necesariamente implicaría en forma automática su regreso tras las rejas mientras es juzgado. El juez analizará si existen nuevas evidencias en su contra que justifiquen esa medida.
Es factible que el inminente fallo de la Cámara o al menos alguno de sus votos dé un empujoncito en ese sentido, sugiriéndole a Su Señoría que valore determinados elementos y pruebas, según pudo saber este diario. Por ejemplo, que en otro expediente, el que investiga la desaparición de Julio Gallego Soto, un contador cercano a Juan Domingo Perón, la mayoría de los testimonios contribuirían a acreditar que la detención de los Gutheim se hizo a instancias de Martínez de Hoz. La causa sobre Gallego Soto, en la que está procesado el ex capitán del Ejército Héctor Vergez, también está a cargo de Oyarbide. La resolución de la Cámara podría agregar un llamado de atención sobre pedidos de prisión preventiva contra Martínez de Hoz antes del indulto.
Durante las últimas semanas, el ex ministro de Economía de Videla hizo cuanto pudo por detener la decisión de los camaristas con artilugios legales. Primero recusó a Freiler, diciendo que no es imparcial, planteo que fue desestimado. Tras cartón presentó un recurso extraordinario para rechazar esa decisión. Cuando estaban a punto de resolver ese planteo, recusó también a Cattani. Ambos asuntos pendientes serían refutados y, sin esperar, vendrá la anulación del indulto.
Aunque Martínez de Hoz insista ante la Corte Suprema, esto no impediría que la causa avance y el juez lo detenga si cree que corresponde hacerlo, explicaron fuentes judiciales. Tampoco es el único caso que Oyarbide instruye contra el creador de la plata dulce: analiza su papel en el asesinato de Juan Carlos Casariego de Bel, director del Registro de Investigaciones durante su gestión en Economía en la dictadura. Casariego fue secuestrado cuando se negó a firmar una maniobra para la nacionalización de la Compañía Italo Argentina de Electricidad.
Los indultos en el Congreso
Las leyes de impunidad recorrieron el mismo largo y dificultoso camino parlamentario pero tuvieron más suerte que los indultos, que aún no fueron anulados por el Congreso. A pesar de que la persecución de los crímenes de lesa humanidad perpetrados por la dictadura es una política de Estado, la mayoría kirchnerista en la Cámara de Diputados no parece haber tomado nota de ello y las sucesivas sesiones convocadas por el ARI y otros bloques partidarios no superan los veinte legisladores sentados en sus bancas. Tampoco parece conmoverlos demasiado la movilización callejera que organiza el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia para cada ocasión en que la anulación de los indultos menemistas a los genocidas vuelve al temario. La última vez fue en marzo del año pasado, para tratar, sin éxito, los proyectos de Marcela Rodríguez, Eduardo Macaluse y Carlos Tinnire
Renuncio el vocero del CD de Bariloche
Otro Florido podado

Rodolfo Florido, quien cobra una jubilación por la Caja de la Policía Federal, que liquida los haberes de los agentes de inteligencia, renunció, pero negó su historia.


“Sin duda alguna, a partir de un parentesco real del suscripto (sic) –no de hermano sino de primo– con Pedro Florido, se ha pergeñado un plan de desacreditación artero e indigno hacia mi persona, intentando claramente empañar la sacrificada trayectoria profesional que he sabido construir en el mundo del periodismo.” Con ese fundamento renunció ayer a su cargo de encargado de prensa del Concejo Deliberante de Bariloche, Rodolfo Patricio Florido. Página/12 informó que el primo del capitán de navío, que también renunció a su puesto en el gobierno porteño cuando trascendió su pasado en la ESMA, fue agente de inteligencia de las Fuerzas Armadas y de la SIDE. Los concejales le aceptaron la dimisión a partir de la documentación que prueba que Florido cobra una jubilación por la Caja de la Policía Federal, es decir donde se liquidan los haberes de los agentes de inteligencia.
La concejal Arabela Carreras (SUR-Frente para la Victoria) indicó que “en la reunión de ayer (por anteayer) se decidió tomar con calma los hechos y reunir la información necesaria, pero ahora, con toda la información, lo lamentamos mucho y nos sentimos estafados en nuestra buena fe”, afirmó. A su vez el opositor Francisco de Césare (PS) admitió conocer de antemano una planilla en donde figuraba la jubilación de Florido, pero aclaró que le faltaba el membrete. “Recién ahora la información es fehaciente, proviene del Ministerio de Justicia de la Nación y nos permite adoptar medidas.”
El portal de Internet anbariloche recordó que “la Carta Orgánica establece entre otras inhibiciones que no podrá ser funcionario municipal quien hubiera ‘participado en los gobiernos de facto o de alteración de la vida democrática’” y precisa que se entiende “por tales a quienes hayan ocupado cargos que debieran haber surgido del voto popular y a las personas que ejercieron funciones de responsabilidad o asesoramiento político en los poderes de la Nación, de las provincias o de los municipios” en esas condiciones.
Este diario, como señaló ayer, pudo saber que Rodolfo Patricio Florido fue agente de Inteligencia del Ejército entre 1976 y 1978. Entre 1978 y 1989 recaló en Inteligencia de la Armada y el 10 de julio de 1989, cuando asumió Carlos Menem la presidencia, fue contratado como agente de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), donde se desempeñó hasta el 2000 en forma activa y recién en el 2002 se completó su trámite jubilatorio.
En el texto de renuncia –publicado por el portal ANB– Florido siguió desmintiendo su currículum. Parece incongruente su dimisión si la información fuese falsa. “No es falta de fortaleza anímica personal lo que hace a la determinación de mi renuncia indeclinable; es, además de mi familia, la convicción de sentir que las circunstancias, ya desmentidas, puedan o busquen, enrarecer el clima electoral, aprovechando injurias que el tiempo y la Justicia demostrarán como tales, pero cuyos tiempos nunca serán los electorales”, escribió el ex vocero del Concejo Deliberante que asumió el 10 de diciembre pasado de la mano del intendente interino Darío Barriga. El próximo 18 de mayo se realizarán nuevas elecciones porque el intendente electo Alberto Icare renunció por razones de salud.
“Agradezco a los señores concejales que supieron ver y reconocer que no había imputación real de delito alguno y que nunca pidieron mi renuncia ni una licencia. Asimismo, a aquellos que querían que hiciera uso de una licencia ‘hasta que se aclare’, mis respetos también. Nunca hubo nada que aclarar porque nunca hubo imputación alguna”, se despidió Florido al renunciar a su cargo público. Seguramente se dedicará a los servicios privados.




Los operativos "TOBA" de la Gendarmería
Raúl Reynoso, apodado el Astíz correntino

Como recomiendan los maestros de la "doctrina francesa", la Gendarmería Nacional también hacía acciones cívicas, con el objetivo de "acercar la Fuerza a la comunidad". La verdadera naturaleza de estos operativos se desprende de la lectura prolija de "Escuadrones de la Muerte-La Escuela Francesa" de Marie Monique Robin, y también se observa en los "archivos del terror" hallados por otro de los testigos de la Causa RI9, el Dr. Martín Almada. Por un lado se genera consenso social hacia el movimiento de tropas, y por el otro se realiza lo que dicha movilización tiene por objetivo real y concreto: la detención de personas. Claudio Acosta era el primero en declarar, señala que estuvo a cargo de Mesa de Entradas de Gendarmería y reconoce que hubo detenidos en la Sub-Unidad de la fuerza que funcionaba en San Lorenzo al 700. Recuerda a Arnaldo Gómez, Ceferina Gaúna, Don Julio Romero (ex-Gobernador correntino) y el hermano de éste."Toda la Sub-Unidad estaba al mando del Ejército" dijo. "Incluso el traslado de los detenidos era dirigido por Ejército" recordó. No le cayó en gracia estas declaraciones al ex-Capitán de Marchi. De Reynoso dijo solamente que era el encargado de la custodia del AeropuertoVictoriano Núñez, el segundo testigo, hacía guardias y patrullaje, aunque no quedó claro qué patrullaba o donde. Igual que el anterior, señala que Reynoso era encargado de la custodia del Aeropuerto, aunque admite que el ex-Alférez iba solo eventualmente allí, ya que los turnos eran rotativos. También admite la existencia de prisioneros, aunque solo recuerda a las mujeres detenidas.
El carpintero
El último testigo, Valerio Escalante, repitió al menos cinco veces "yo solo era el carpintero", admitió que se hacían "acciones cívicas" pero las minimizó, refiriendo que a veces iba acompañado de algún Gendarme y a veces sólo en su bicicleta a alguna escuela a arreglar puertas. No reconoce que hubiera movimientos excesivos de tropas ni coordinación alguna con el Ejército en ése tipo de operativos. Sí admite que estuvieron detenidos Gladys Meza, Ceferina Gauna y Arnaldo Gómez. Más tarde lo recuerda a Trainer.En ese momento se retira Miguel Ángel Miño, testigo por la querella que ya efectuó su declaración en la jornada 14ª, y que se hallaba entre el público. El abogado de Losito, el Dr. Gesino quiere que se deje constancia de la presencia de éste testigo debido a que se halla pendiente de resolución un pedido de careo con su defendido. El presidente del Tribunal, el Dr. Alonso, le pregunta en virtud de que es menester dejar constancia de un hecho que no tiene que ver con la materia del eventual careo con su defendido. Gesino ensaya una larga explicación acerca de los alegatos y la implicancia que en ésta etapa pudiera tener la presencia de Miño, curiosamente en una jornada de testigos que declaraban en función de hechos imputados al gendarme Reynoso. Una explicación tan críptica que difícilmente haya sido entendida por el propio autor de la misma.
El regreso de Duilio
Se leyó la declaración de Daniel Carlson un ex-imputado sobreseído en instrucción, y luego el abogado de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, el Dr. Bosch, solicitó que se incorpore la declaración del testigo-víctima Duilio Aponte por lectura, lo que no generó oposición alguna ya que el reconocido dirigente vecinal del Barrio Pío X falleció tras una enfermedad terminal contra la que luchó hasta sus últimos días. Una humilde calle de el Barrio Pío X lleva su nombre, pese a que el proyecto de Ordenanza original promovía cambiar el nombre a la avenida principal del Barrio, que no existiría de no ser por la constante, tenaz y paciente lucha de Duilio. "Todos quieren hacer las gestiones que deriven en resultados inmediatos y fáciles, pero muy pocos quieren hacer los trabajos grises, aquellas gestiones que son vitales para las grandes realizaciones, pero que no tienen resultados inmediatos, no lucen" decía Duilio en vida, "pero sin embargo es el amor a éstos trabajos grises lo que distingue a los verdaderos militantes", afirmaba con toda autoridad. Duilio cambió para siempre el rostro a esa humilde barriada cuya Comisión Vecinal lo tuvo como su presidente. El asfalto, la titularización de los terrenos fiscales a nombre de sus ocupantes y hasta una Radio FM propia fueran sólo algunas de las obras bajo su mandato. La Radio "Alternativa Comunitaria" rompió el monopolio de la radiofonía local y democratizó el escenario mediático para siempre. El 24 de abril, cuando se reanude el debate de la Causa RI9, Duilio habrá vuelto para contar su verdad.


El juez Torres lo indagara por todos los crímenes que se le imputan como represor de la ESMAA


Cavallo lo espera una larga estadíaEntre la lista de crímenes por los que Ricardo Cavallo será indagado mañana figuran el asesinato de Rodolfo Walsh y la desaparición de las monjas francesas. En la Justicia imaginan que al represor lo aguarda una temporada en Marcos Paz.Por Irina HauserTal como están dadas las cosas, el represor Ricardo Miguel Cavallo tendrá una larga –quizás eterna– estadía en la Argentina, en la cárcel de Marcos Paz. El juez federal Sergio Torres finalmente lo indagará mañana por todos y cada uno de los homicidios, desapariciones, secuestros y torturas de los que se lo acusa de haber participado como miembro de un grupo de tareas de la ESMA. La lista incluye el asesinato del escritor y periodista Rodolfo Walsh, la desaparición de las monjas francesas Léonie Duquet y Alice Domon y otros 500 crímenes.Apenas llegó extraditado desde España el 31 de marzo, Cavallo fue interrogado sólo por la apropiación de bienes de desaparecidos. Eso se debió a que el juez estaba esperando una definición sobre el rumbo del proceso contra el represor en Madrid, para evitar superposiciones. Finalmente, la Audiencia Nacional de España ratificó su decisión de sobreseer al marino con el argumento de que no existen impedimentos (como las leyes de impunidad) para juzgarlo en Argentina, donde cometió los crímenes. Lo hizo en una resolución del 4 de abril en la que rechazaba las apelaciones (llamadas súplicas) de los fiscales y la querella, que planteaban que la investigación española estaba avanzada, mientras que en la Justicia porteña se abre la etapa de instrucción.De esa manera, la Audiencia Nacional dejó todo planteado como para que Torres avance con todos los cargos contra Cavallo. La resolución aclara, de todos modos, que el sobreseimiento en ese país sólo será definitivo “una vez que el acusado sea juzgado en Argentina y en caso de condena cumpla la pena impuesta”. En una disposición de la semana pasada el magistrado ordenó que el represor fuera trasladado desde Marcos Paz mañana y la semana próxima para su indagatoria. Incluso autoriza “al uso de la fuerza pública”, en caso de que se niegue a subir al camión celular que debe trasladarlo.Cavallo, alias Sérpico y Marcelo, estuvo en la ESMA hasta comienzos de 1980. Allí formó parte de los grupos operativos del Grupo de Tareas 3.3.2, encargado de secuestros, robo de bienes y asesinatos. También pasó por el área de Inteligencia, con participación en privaciones ilegales de la libertad, interrogatorios y torturas, y estuvo a cargo del área conocida como “pecera”. Por los delitos que se le imputan podría recibir una condena perpetua.En sus primeras dos citas con el juez, el represor negó haber participado de una asociación ilícita dedicada al robo de bienes de desaparecidos. La indagatoria de mañana volverá sobre ese tema en un caso puntual: la apropiación de los terrenos de Chacras de Coria, en Mendoza, que pertenecían a los desaparecidos Conrado Gómez, Victorio Cerutti y Horacio Palma. En la misma audiencia, Torres lo interrogará sobre el asesinato de Walsh, ocurrido en marzo de 1977, un día después de que difundiera su “Carta Abierta a la Junta Militar”. El escritor fue interceptado por la patota de la ESMA en San Juan y Entre Ríos, fue tiroteado y llevado al centro clandestino.La semana próxima –la cita sería martes o miércoles– la indagatoria apuntará a unas 500 historias de secuestros, muertes, torturas y desapariciones. Entre ellas figuran las monjas francesas Duquet y Domon y un grupo de Madres de Plaza de Mayo (sus fundadoras, de hecho), que se organizaban ya entonces para buscar a sus hijos y se reunían en la Iglesia de la Santa Cruz, donde se había infiltrado el genocida Alfredo Astiz, haciéndose pasar por hermano de un desaparecido, para luego guiar hasta allí a la patota de la ESMA.Ricardo Cavallo ha sido descripto por sus víctimas y sobrevivientes de la ESMA como un personaje polifacético, capaz de llevarlos a ver por un rato a su familia, o despertarlos en medio de la noche para jugar al ajedrez o llevarlos a cenar con él, pero también como un torturador “sacado”, al que recuerdan saliendo transpirado y con la camisa abierta de la sesión de tormentos maldiciendo por no conseguir la información que esperaba de un detenido. En su despacho, tenía un lienzo de batik con una frase de un general francés en la guerra de Argelia: “Si alguien quiere vencer a un pueblo debe estar dispuesto a meter la mano hasta en la mierda”.Los diversos querellantes en la megacausa ESMA celebraron que a Cavallo se le haga una indagatoria amplia, que abarque todos los casos en su contra. “Es correcto, porque España ya dijo que sólo lo juzgará si no lo hace debidamente la Justicia argentina”, sostuvo el abogado Rodolfo Yanzón, de la Fundación Liga Argentina por los Derechos Humanos. Carolina Varsky, del CELS, reflexionó: “Por fin sucede que se indaga por todos los casos juntos, esto es lo que se venía reclamando”. En coincidencia, la abogada Myriam Bregman señaló: “Lo que nos interesa es que se garantice que Cavallo sea juzgado y que no se vuelva a producir un desmembramiento de causas, con varios expedientes por represor o por víctima, que demora los enjuiciamientos”.Fuente: Página 12


Los pasos de Daniel y Jorge
El 19 de abril se recolocarán las baldosas que recuerdan a los compañeros detenidos-desaparecidos por razones políticas, Daniel V. Antokoletz y Jorge O. Tancoa a las 17 hs. en calle Fray Justo Santamaría de Oro 2366 (entre Güemes y Charcas), barrio de Palermo, Capital Federal. A continuación la invitación enviada por María Adela, la hermana de Daniel:
Buenos Aires, abril de 2008Queridos/as amigos y hermanos:Los invito a compartir con otros amigos/as y conmigo la re-colocación de dos baldosas en homenaje y memoria de Daniel V. Antokoletz, mi hermano amado, y de Jorge O. Tanco, ambos vecinos del edificio en que vivo y ambos detenidos desaparecidos.El acto se hará el sábado 19 de abril de 2008 a las 17 en calle Fray Justo Santamaría de Oro 2366 (entre Güemes y Charcas), barrio de Palermo, Capital Federal.He podido construir las baldosas (ahora algo arruinadas) en 2006 y reconstruirlas en marzo de 2008 gracias a la inestimable ayuda de los compañeros/as de la Asamblea Popular de Palermo y de los Vecinos de Almagro/Balvanera. La positiva y tenaz tarea de todos ellos merece estímulo y colaboración. Tal como los últimos escriben, “Junto con los Vecinos de, por ahora, veinte barrios de nuestro Buenos Aires querido decidimos dejar testimonio de los pasos por sus veredas de los detenidos-desaparecidos y/o asesinados por el terrorismo de estado, antes o durante la última dictadura militar. “Para cumplir ese objetivo reemplazamos una baldosa del lugar donde vivió, fue secuestrado o asesinado un militante popular por otra fabricada con arena, cemento y ferrite. La nueva baldosa lleva letras plásticas incrustadas y no impone barreras arquitectónicas porque se coloca a ras del suelo, en el mismo nivel que las restantes. El proyecto fue declarado de interés por la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires (D. 439 Expediente 2828, publicada el 01-12-05) y adhieren a él los organismos de Derechos Humanos. “Daniel Víctor Antekoletz tenía treinta y nueve años, era abogado, profesor de Derecho Internacional e investigador. Fue secuestrado el 10-11-76. “Jorge Tanco trabajaba en los laboratorios en el Sanatorio Güemes y fue secuestrado en su lugar de trabajo el 17-09-76.“ Los/as esperamos.Cordialmente,María Adela Antokoletz

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