martes, 29 de abril de 2008


La Audiencia Nacional española rechazo el pedido de extradicion de Isabel Martinez de Peron, reclamada por la Triple A
“A ella nada la relaciona con las desapariciones”

La Justicia española desestimó los argumentos del juez Norberto Oyarbide para juzgar en la Argentina a la ex presidenta. Consideró que no cometió delitos de lesa humanidad.

Subnotas
Todas las culpas, en José López Rega

Por Oscar Guisoni
Desde Madrid
La Audiencia Nacional española negó ayer la extradición a la Argentina de la ex presidenta María Estela Martínez de Perón. Las dos resoluciones judiciales, de 28 páginas cada una, a las que tuvo acceso Página/12, dejan al descubierto la debilidad y las contradicciones del proceso que lleva a cabo contra la ex presidenta el juez Norberto Oyarbide. Los magistrados consideraron que la documentación remitida por éste a los tribunales españoles no demuestra la pertenencia de Isabelita a la Triple A, a la que ni siquiera se tomó la molestia de implicarla directamente como parte integrante de la organización. También desestima la causa iniciada por el juez de Mendoza Héctor Acosta por considerar que con sólo dos casos no puede hablarse de delitos de lesa humanidad cometidos “contra la población civil”. La Audiencia sentó un precedente favorable a la ex presidenta, ya que consolidó la tesis de que era un mero títere con poco control sobre su propio gobierno.
En ambos documentos se señala como uno de los obstáculos para “la entrega” la Ley 23062 del 24 de mayo de 1984, surgida del famoso pacto entre Isabelita y Raúl Alfonsín con el que el ex presidente pretendió contener al peronismo durante sus primeros meses de mandato. El auto de la Audiencia cita el párrafo de la ley en el que se afirma que “los jueces carecen de legitimación para juzgar a las autoridades constitucionales destituidas por actos de rebelión” y luego resalta que la ex presidenta se haya “comprendida” explícitamente en su articulado, “lo cual no es muy habitual en la técnica legislativa y podrá inclusive decirse que carece de la vocación de universalidad que toda norma debe tener”. Toda una crítica de la Justicia española a una de las leyes controvertidas del alfonsinismo. “Lo cierto”, concluye la Audiencia, “es que la misma continúa vigente y supone un inicial obstáculo para la entrega derivado del propio ordenamiento del Estado” que la ha solicitado.
La Audiencia desestima los argumentos del magistrado argentino señalando que “no deja de extrañarnos que sólo después de más de 30 años de ocurridos los hechos se pretenda la presente extradición” y recuerda que la cooperación de Isabelita con la Triple A “ya podía presumirse” en los datos que había en “la causa archivada en julio de 1989 con motivo del fallecimiento de José López Rega”. “Se hace difícil comprender tanto retraso”, concluyen lapidariamente. La Audiencia discrimina luego entre la situación de Isabelita y la del recientemente extraditado en el marco del mismo proceso Rodolfo Eduardo Almirón, destacando que mientras en el caso del ex comisario estaba probada su pertenencia a la Triple A, en el caso de la ex presidenta “no aparece con claridad la intervención de la reclamada”, por lo cual “encontramos dificultades para hacer extensible a ella” el pedido.
A propósito de la pertenencia de Isabelita a la Triple A, la Audiencia Nacional considera que Oyarbide no ha aportado pruebas suficientes de ello, y ataca el argumento presentado por el magistrado argentino que hace mención a una reunión de gabinete presidida por Isabel en la quinta de Olivos el 8 de agosto de 1974 en la que supuestamente se mostraron diapositivas de dirigentes políticos que luego fueron asesinados. El mismo juez argentino, señala el tribunal madrileño “no atribuye a la reclamada ni la muerte, ni los secuestros, ni las desapariciones perpetradas por la Triple A” y tampoco “permite saber si es que siquiera tuvo capacidad para tolerar la perpetración” de los crímenes, ya que “quien ostentaba dominio real sobre las acciones de dicha asociación era López Rega”. Haber estado en esa reunión y haber visto esas diapositivas no quiere decir que haya dado ella la orden de matar, concluye el tribunal madrileño. Si tuvo responsabilidad “por omisión, tendría que haberse especificado hasta qué punto ésta podía haber evitado que la Triple A hubiera cometido los diferentes delitos” que cometió, cosa que Oyarbide tampoco hizo, mientras que resulta evidente que los crímenes que se cometieron en el periodo comenzaron “mucho antes de su mandato”, un detalle que el juez argentino no tuvo en cuenta a la hora de instruir la causa.
En la segunda resolución, la Justicia española va aún más allá a la hora de analizar la responsabilidad de Isabel Perón en la desaparición de Héctor Aldo Fagetti y la detención y tortura de Jorge Valentín Berón, que sustentaban la causa abierta en Mendoza. La Audiencia analiza los argumentos de la defensa que afirman que los famosos “decretos contra el ‘accionar de la subversión’” no fueron “firmados por la reclamada”, sino “por otros miembros del gobierno, como Italo Luder, presidente en funciones, Antonio Cafiero, Carlos Ruckauf y otros, contra los que no consta que se hayan seguido causas penales y señala que “los actos de terrorismo y desaparición forzada de personas se iniciaron con el llamado ‘Operativo Independencia’ en Tucumán, que tuvo lugar un año antes del golpe de Estado Tales operaciones se basaban en el Decreto N 261/1975” y en ellos “se autorizaba al Ejército de Tierra a ejecutar las operaciones necesarias para neutralizar o aniquilar” las acciones supuestamente subversivas.
La Audiencia hizo un pormenorizado análisis de qué debe considerarse “crímenes de lesa humanidad” y concluyó que los delitos por los cuales ha sido imputada Isabelita en la causa mendocina “quedan fuera de esta tipificación” ya que “estamos en presencia de una detención ilegal y desaparición de un ciudadano” en el caso Héctor Fagetti “detenido por imperio del Decreto Nacional de ‘Aniquilamiento del Accionar de la Subversión’ y ante un caso de detención ilegal y torturas en el caso de Jorge Valentín Berón, delitos que debido al paso del tiempo ya han prescripto. No hay elementos, dicen los jueces españoles “para poder estimar que nos encontramos en presencia de un delito de lesa humanidad” ya que no existe un vínculo concreto entre Isabelita “y las detenciones ilegales” y tampoco “puede inferirse la existencia de un ataque sistematizado contra la población civil, conocido y consentido por las más alta Autoridad de la Nación” “pues nada le relaciona con las numerosas desapariciones ocurridas durante su mandato”. Así las cosas, ahora la fiscalía madrileña tiene dos días para apelar la resolución de la Audiencia. Si no lo hace, la ex presidenta argentina podrá volver a pasearse por Madrid sin tener que rendir cuentas a la justicia por el resto de sus días.

Masacre de Fatima
Hoy tuvo lugar la primera audiencia del juicio oral
El primer juicio oral y público por una de las matanzas emblemáticas de la dictadura militar, la "Masacre de Fátima", en la que 30 personas fueron secuestradas, asesinadas y dinamitadas, comenzó hoy contra tres ex jerarcas de la Policía Federal.

El Tribunal Oral Federal 5 (TOF5) inició el debate en el proceso al comisario Juan Carlos Lapuyole, 78 años, ex jefe de inteligencia de la Superintendencia de la Policía Federal; el comisario Miguel Angel Timarchi, 65 años, y el comisario Carlos Enrique Gallone, 63 años.
Los tres uniformados llegaron a esta audiencia procesados como supuestos "autores mediatos" de los delitos de "privación ilegal agravada" y "homicidio calificado por alevosía" en 30 casos, es decir 20 hombres y 10 mujeres víctimas en la llamada "Masacre de Fátima".
También en esta causa, caratulada con el número 16.441 y desprendida de la llamada "Megacausa Primer Cuerpo de Ejército", estaba procesado el comisario Carlos Vicente Marcote, ex jefe operativo de la Superintendencia de Seguridad Federal, ya fallecido.
En la primera parte de la audiencia de hoy, se dio lectura a la requisitoria de elevación a juicio oral elaborada por el fiscal federal Federico Delgado, que calificó los hechos como "delitos de lesa humanidad", ocurridos en el centro clandestino de detención que funcionó en la Superintendencia, ubicada en la calle Moreno 1417.
A la noche del 19 al 20 de agosto de 1976, 30 prisioneros que estaban secuestrados en el tercer piso de aquel edificio con la denominación "RAF" (por la Royal Air Force) porque "estaban en el aire", es decir no registrados, fueron sacados de allí por un grupo de tareas policial.
El policía Víctor Armando Luchina, que aquella noche estaba allí de guardia, testimonió en la etapa de instrucción que cuatro de los prisioneros retirados del lugar parecían muertos y los otros 26, dopados, y precisó que entre quienes los trasladaban figuraba Gallone.
Los subieron a un camión sin identificación con el que fueron llevados a un playón de estacionamiento, y ahí los ejecutaron de un disparo en la cabeza a cada uno. Luego se dirigieron a la localidad de Fátima, en el partido de Pilar.
En el camino de Fátima a la ruta provincial 6, en el kilómetro 62 de la ruta nacional ocho, descargaron los cuerpos y los apilaron, para luego proceder a su voladura con una fuerte carga de trotyl, que al explotar se escuchó en toda la zona, hacia las 4.30 de la mañana.
Los cuerpos fueron encontrados hacia las 5.30 de la madrugada por un grupo de obreros de un horno de ladrillos, que se dirigían a su trabajo, y quedaron tan destrozados que sólo 16 de ellos han sido identificados, pese a que han pasado 31 años.
Entre las víctimas figuraban Luis Leiva y Conrado Alzogaray, empleados de la fábrica de autopartes Bendix, de la zona norte del Gran Buenos Aires.
Algunos sobrevivientes de la Superintendencia declararon en la etapa de instrucción haber escuchado a los policías vanagloriándose de la ejecución de la "Masacre de Fátima" en venganza de la bomba que "Montoneros" había accionado poco antes en el comedor de esa repartición, la cual acabó con la vida de 27 uniformados.
En el juicio por la "Masacre de Fátima" se prevé que desfilen de 50 a 70 testigos y posiblemente las audiencias se prolonguen hasta julio próximo.



Detención arbitraria de un militante de Derecho Humanos en Tucumán.
(AW)A raíz de una denuncia hecha por APDH de Tucumán, se hace público un comunicado de prensa que repudia el accionar policial ante la detención arbitraria de Ángel Augusto Medina, militante en la lucha por los Derechos Humanos, el pasado 18 de este mes.

COMUNICADO DE PRENSA
Los abajo firmantes repudiamos la detención arbitraria del compañero Ángel Augusto Medina (hijo de Ángel Alfonso Medina 'LITO' dirigente político-desaparecido el 29 de Setiembre de 1976- cuya familia recibió la medalla de oro que en el año 2003 el Banco Nación otorgó en reconocimiento a sus empleados desaparecidos durante la dictadura militar).
El compañero Ángel Augusto Medina es militante en la lucha por los Derechos Humanos y fundador del movimiento nacional Compromiso Por Una Nación con Futuro.
Su detención se produjo el día sábado 18 de abril a la madrugada en las inmediaciones del Hospital de Niños de Tucumán, donde el compañero había concurrido a pedir ayuda a los policías que estaban de guardia en el Hospital, debido a que fue atacado por tres personas (dos hombres y una mujer) que lo insultaban y le gritaban zurdo de mierda, entonces los Policías lo llevaron detenido a la Comisaría 2da. donde quedo incomunicado hasta el día Miércoles 23 cuando él pidió a los policías de la Comisaría que llamen a Casa de Gobierno, entonces fue liberado inmediatamente sin haber hecho ningún llamado.
Lo grave de la situación es que no le permitieron tomar su medicación contra la diabetes, le secuestraron su celular, DNI, y su billetera sin permitirle llamar a un abogado.
Le dijeron que estaba detenido por una contravención y que no les importaba que fuera hijo de desaparecidos. Con esta actitud, queda en evidencia porque la Policía de Tucumán defiende la vigencia de la Ley de Contravenciones Policiales Nº 5140 cuya constitucionalidad ha sido cuestionada por todos los Organismos de DDHH de la provincia ya que data de la ultima dictadura militar y es claramente violatoria de los principios constitucionales y de derechos humanos que sientan las bases de nuestro ordenamiento jurídico.
Esta norma debe ser derogada ya que atenta contra el debido proceso porque la policía actúa como Juez y parte, puede investigar, detener, juzgar y sancionar a una persona violando el principio de imparcialidad ya que los acusados no tienen la instancia de defensa correspondiente. Además la detención viola el derecho a libertad personal ya que no hay orden judicial de por medio, por lo tanto es una herramienta de control social y cultural contraria al núcleo duro de nuestra Carta Magna. Las contravenciones están tipificadas exclusivamente por la subjetividad policial, la Ley de Contravenciones es utilizada por la policía para recaudar dinero en negro y seguirá siendo así hasta que los casos no sean juzgados por un Juez Contravencional.
La denuncia ha sido enviada por APDH de Tucumán y solicita la mayor difusión y la solidaridad con el compañero Medina. Agregamos que participó recientemente en Metan, Salta, en la formación de la Comisión de Derechos Humanos de Metan que se realizo a instancia de la CTA de esa ciudad, y en el encuentro de organismos de derechos humanos de las provincias de Santiago del Estero, Catamarca, Salta, Jujuy, entre otras provincias en la Asociación de Prensa de Tucumán que presidio el titular de la Comisión de Derechos Humanos, el diputado nacional Remo Carlotto, acompañado por la diputada Victoria Donda

Una junta medica evaluara al preso por la Triple A
Análisis para Almirón

Extraditado de España el 19 de marzo pasado, el ex policía, lugarteniente de López Rega, todavía no declaró porque sus abogados aducen que no está en condiciones.


Rodolfo Almirón fue encontrado en España a través de una investigación periodística.
Imagen: Rolando Andrade

Rodolfo Almirón será sometido a una junta médica, ordenada por la Justicia argentina para establecer si es incapaz. Del equipo médico participarán peritos forenses y tres representantes de la querella y de sus abogados de parte, según lo dispuso ayer el juzgado de Norberto Oyarbide. La decisión que es el avance más importante de la causa de la Triple A en los últimos días abre el camino para saber si el integrante de la organización parapolicial es capaz clínicamente de ser indagado y sometido a un proceso judicial o debe ser internado en una institución alternativa como el represor Emilio Massera.
Almirón llegó de España el último 19 de marzo extraditado por la misma Audiencia Nacional que ayer rechazó ese camino para la ex presidenta María Estela Martínez de Perón en el marco de la misma causa. A partir de entonces, el juez Oyarbide intentó someterlo a una declaración indagatoria, pero sus abogados se lo impidieron porque exigen una evaluación previa de la Junta Médica para saber si es consciente de su criminalidad.
En ese contexto, los abogados de las víctimas pidieron autorización para presentar a sus peritos de parte en los exámenes. El juez aceptó ayer ese pedido y autorizó la presencia de un cardiólogo y dos psiquiatras que formarán parte de la Junta en representación de la asociación Justicia Ya!, integrante de la querella.
“Como van a evaluar si Almirón comprendía o no su criminalidad en el marco del artículo 34 del Código procesal, nosotros pedimos un perito que controle la evaluación”, precisó Liliana Mazeo abogada de la asociación.
El ex policía Almirón formó parte del corazón ejecutivo de la organización parapolicial creada por “El Brujo” José Lopez Rega mientras era ministro de Bienestar Social del gobierno constitucional de Isabel Martínez de Perón. Según el expediente, era cabecilla de una cúpula integrada además por el ex policía Miguel Angel Rovira y el ex comisario Juan Ramón Morales. Los tres eran ejecutores de las órdenes de López Rega en un gobierno presidido por la viuda de Perón.
La Justicia pidió sus detenciones en diciembre de 2006, cuando Oyarbide reactivó la causa original de 1974 abierta por ocho asesinatos. Las víctimas son el diputado Rodolfo Ortega Peña, Pablo Laguzzi (un bebé de cinco meses, hijo del entonces decano de Derecho de la UBA), el abogado Alfredo Curutchet, el ex subjefe de la Policía Bonaerense Julio Troxler, el abogado Silvio Frondizi y su yerno Luis Mendiburu, del periodista Pedro Barraza y su amigo Carlos Laham, Daniel Banfi y Luis Latrónica. El expediente estuvo sin instrucción hasta que Oyarbide le dio el primer impulso declarando a los crímenes como delitos de lesa humanidad. Así, mientras España extraditaba a Almirón, la Cámara Federal confirmó luego la decisión de Oyarbide, indicando que como tales esos crímenes no prescriben.
Con Almirón, el juez pidió la detención de Rovira, Morales, Isabel Perón y Felipe Romeo que dirigía el órgano de difusión. De ellos, Almirón está a punto de comenzar un largo proceso de evaluación médica que irá a verlo a la cárcel de Marcos Paz donde está detenido. Rovira en cambio está con prisión domiciliaria. Morales está muerto y Romeo es el único prófugo. Isabel podía ser extraditada a la Argentina, pero la Justicia española ayer rechazó esa posibilidad. En su decisión la Audiencia Nacional entró en contradicción no solo con la posición de la primera instancia –como admite el fallo (ver aparte)– sino también con la posición de la Camara de Apelaciones que en principio dio por válida la participación de Isabel.
En aquella ocasión, de hecho, los jueces Cattani y Freiler incorporaron a la resolución la reunión de gabinete del 8 de agosto de 1974, clave para entender la información que tenía la ex presidenta durante su gobierno. Según la investigación en esa reunión se proyectaron diapositivas de futuras víctimas, entre ellas de Troxler que murió poco después. Para la Justicia española la reunión no es prueba suficiente de la participación de Isabel en esta trama, para la argentina en cambio parece que sí. Los camaristas tampoco invocaron en aquel momento la ley de Alfonsin para juzgar a los crímenes pero los españoles sí.
Más allá de estos nombres, la investigación no generó nuevos responsables. La querella está pidiendo indagatorias para identificar a responsables especialmente del ámbito civil, pero los investigadores aseguran que aún no hay pruebas directas. Fuera de eso, el fiscal Eduardo Taiano que está a cargo de la instrucción analiza ahora el universo de nombres y de víctimas posibles para trazar los limites de la investigación en Buenos Aires y Capital Federal y derivar las otras causas.


Abogados de los militantes asesinados piden que se investigue al general Alfredo Arrillaga
Para juzgar la represión en La Tablada
A casi veinte años del intento de copamiento del cuartel de La Tablada por un grupo armado del MTP, piden que se juzgue a los responsables del operativo represivo. Todavía hay varios desaparecidos y cuerpos sin identificar.


El entonces presidente Raúl Alfonsín recorrió el cuartel una vez que había sido recuperado.
Imagen: Víctor Buge

Por Adriana Meyer
Todavía hay una posibilidad de que las graves violaciones a los derechos humanos cometidas durante la represión al copamiento del cuartel de Tablada sean juzgadas. A casi 20 años de los hechos, la Justicia podría llamar a indagatoria al militar que estuvo a cargo del operativo por los homicidios, las desapariciones y las torturas de varios miembros del Movimiento Todos por la Patria si prospera un pedido de los abogados de los familiares de las víctimas, y lo haría porque considera que estos delitos son imprescriptibles. Además, está pendiente la finalización de los estudios para identificar restos humanos, la confección de las partidas de defunción y la entrega de los restos a los familiares.
El proceso que culminó con la condena a los atacantes del regimiento ignoró lo que estableció la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA en 1997: el Estado argentino es responsable por las ejecuciones y torturas a los detenidos. “Las autoridades no lograron identificar los cadáveres de dichas personas a fin de establecer la causa de la muerte”, dijo la CIDH al referirse a Carlos Burgos, Roberto Sánchez Nadal, Iván Ruiz Sánchez, José Alejandro Díaz, Carlos Samojedny, Francisco Provenzano, Berta Calvo, Ricardo Veiga y Pablo Martín Ramos. Cinco de ellos permanecen en condición de desaparecidos. Ese organismo internacional determinó la necesidad de realizar “una investigación independiente, completa e imparcial de los hechos para identificar y sancionar a los responsables de las violaciones a los derechos humanos”. Los abogados Martha Fernández y Rodolfo Yanzón señalaron que el pedido de la fiscalía de dictar sobreseimientos en el caso “va en línea opuesta”.
Los cuerpos de quienes perdieron la vida el 23 de enero de 1989 –los que murieron en el combate más los ejecutados y los desaparecidos– fueron enterrados por orden del juez Gerardo Larrambebere sin previo aviso a sus familiares y sin realizar las medidas necesarias para establecer si hubo ejecuciones extralegales, arbitrarias o sumarias. “Me acuerdo perfectamente de que en ese duro trance en que ellos eran atormentados y flagelados imploraban por sus vidas”, dijo el sargento José Alberto Almada sobre la detención de “dos atacantes desarmados con las manos en alto”. La declaración de Almada fue esencial para desmentir que Iván Ruiz y José Díaz hayan intentado fugarse en una ambulancia, previo asesinato del cabo Esquivel. “Se continuó con los actos de tortura porque yo escuchaba gritos desgarradores de dolor y me daba cuenta de que eran Iván y José. Esta sesión de interrogatorio y de tortura en ese lugar se llevó a cabo en presencia de las más altas autoridades y con su aquiescencia”, dijo el sargento al desmentir la versión dada por el mayor Jorge Varando y el general Alfredo Arrillaga sobre el asesinato del cabo Esquivel, quien, según Almada, murió en el combate “sin haber tenido contacto con estos detenidos”.
Fernández y Yanzón consideraron que están comprobados los hechos y por lo tanto solicitaron al juez federal de Morón, Germán Castelli, que cite a declaración indagatoria al general Arrillaga –encargado de recuperar el cuartel que aún se jacta de la efectividad de aquella acción y acusado de haber sido parte de la Noche de las Corbatas (secuestro de abogados) en Mar del Plata durante la dictadura– así como también que sea convocado como acusado el mayor Varando, imputado en otra causa por el asesinato de Gustavo Benedetto durante la represión de diciembre de 2001. Además de pedir que se arbitren los medios para finalizar los estudios sobre los restos humanos que aún tienen a su disposición y entreguen las correspondientes partidas de defunción, los abogados apuntaron la posibilidad de avanzar más adelante sobre las responsabilidades penales de “los superiores que emitieron las órdenes de torturar, matar a prisioneros y producir desapariciones forzadas de personas”.

POR LA CAUSA DE LA EX FABRICA MILITAR "D. MATHEU"
Otros represores a la sombra

La orden de detención fue realizada por el juez federal Marcelo Bailaque. Pérez Blanco y Porra están alojados en Prefectura, en tanto Pelliza quedó bajo arresto domiciliario.


El sector donde funcionó el centro clandestino en la Fábrica Militar "Domingo Matheu". Los tres se abstuvieron de declarar ante el juez federal.


Por José Maggi
Tres represores que participaron activamente en el centro de detención que funcionaba en la ex Fabrica Militar de Armas Domingo Matheu, están presos desde el último viernes. Se trata de Jorge Walter Pérez Blanco, jefe del servicio de calle del Destacamento de Inteligencia del Ejército; Ariel Porra, alias el Puma y de Alberto Pelliza, quien según Eduardo "Tucu" Constanzo era quien arrojaba detenidos en los llamados "vuelos de la muerte". Porra -conocido en el ambiente futbolístico- y Pérez Blanco -ex docente de la Facultad de Medicina quien desató una fuerte polémica en la Universidad Nacional de Rosario (UNR) al cobrar una indemnización- fueron trasladados a la sede local de la Prefectura mientras a Pelliza se le otorgó el beneficio del arresto domiciliario por consejo médico. Los tres se abstuvieron de declarar.
La detención del trío se produjo en el marco de la causa "Jordana Testoni sobre Privación ilegítima de la libertad agravada, tormentos y homicidio" en la que se investigan los hechos ocurridos en el centro clandestino que funcionaba en la ex Fábrica Militar de Armas "Domingo Matheu", durante la última dictadura militar, a partir de una solicitud interpuesta por los querellantes Juan Rivero y Ramón Verón, patrocinados por Gabriela Durruty.
La orden de detención fue realizada por el juzgado federal Nº 4 de Rosario a cargo del juez Marcelo Martín Bailaque y correspondió en primera instancia a Porra como Pérez Blanco luego "de ser indagados por la comisión de los delitos de asociación ilícita, privación ilegal de la libertad agravada, cometidos contra Juan Antonio Rivero, Ramón Verón, Adriana Arce, Olga Cardozo, Ariel Morandi, Susana Miranda e Hilda Moyano, aplicación de tormentos contra todos ellos y los homicidios de Morandi y Miranda", según informó la abogada Gabriela Durruty. En tanto Pelliza no pudo ser indagado por razones de salud. No obstante "la orden de detención ya se efectuó", explicó Durruty
Estos detenidos se suman a Juan Daniel Amelong, Jorge Alberto Fariña, Pascual Guerrieri, Eduardo Costanzo y Walter Salvador Dionisio Pagano, contra quienes la querella requirió la elevación a juicio oral y público.
En este juicio será importante el testimonio de Olga Moyano, enfermera de 51 años, quien recuerda claramente el rostro de su captores a pesar de los 30 años transcurridos desde mayo de 1978. Entonces junto a Susana Miranda y Ariel Morandi, dos enfermeros que también trabajaban en el sanatorio Plaza -se encuentran desaparecidos-, compartió el encierro. Fue hasta finales de junio del mismo año, aunque ella se quedó hasta mediados de agosto del 78 cuando cumplió 21 años.
Su testimonio es importante porque es quien más tiempo estuvo detenida en el centro clandestino de detención que funcionara en la "Domingo Matheu", tiempo en el que escuchó las voces de su carceleros y aprendió a descubrir sus rasgos físicos.
Olga describió ante Rosario/12 a "el Puma, un morochón no muy alto, de contextura robusta, muy gordito, de bigotes y pelo crespo y se la pasaba gritando todo el tiempo. Y siempre estaba con Carlitos, que era mucho más histérico, de cutis blanco, corriendo para un lado y para el otro. A pesar de los 30 años que pasaron tengo imágenes en la cabeza. El Puma y Aldo llevaron a Nadia (Susana Miranda) que estaba conmigo el día que desaparecieron".
Sobre Pelliza, alias Armando, Constanzo recordó que vivía en Deán Funes 1729/31. "Ese era otro que era igual que yo, pero era del grupo que iba en el avión donde yo no iba. La verdad es que quería ir pero nunca me llevaron. Es uno de los integrantes del grupo que arrojaba gente del avión. El que manejaba todo ahí era el teniente coronel Marino González que vive en Santa Fe, alias Pepe. Fíjese que yo denuncio ante Sutter Schneider la desaparición de los enfermeros del Sanatorio Plaza, que los secuestra el teniente coronel Riegé, y digo cómo los llevaron, dónde los llevaron, qué auto me hicieron manejar a mí, qué capitán iba con nosotros. Y lo único que ha hecho el juez es hacerme coautor a mí", se había quejado Constanzo en su declaración ante este diario el 11 de enero de 2008.

Ataque y amenazas a la editorial Nuestra America
“Les va a pasar lo mismo que a López”



“Si quisieron meter miedo, lo lograron”, dice Marcelo Cafiso.
Imagen: Jorge Larrosa


Los seguimientos e intimidaciones se venían acumulando, particularmente desde febrero. Pero el 15 de abril pasado en la editorial Nuestra América tuvo lugar el episodio más grave. Sobre Rodríguez Peña al 400, donde funciona la editorial, los dueños notaron desde el mediodía la presencia de dos personas que merodeaban como vigilando. Tan sólo unas horas más tarde ingresó un hombre, con una manopla con puntas de acero en la mano. Intentó golpear a los tres presentes, los amenazó de muerte, habló de torturas y advirtió: “Ustedes no saben con quién se metieron, les va a pasar lo mismo que a Julio López”. Después de algunos forcejeos, el hombre huyó. Pero volvió al día siguiente, aparentemente armado. El grito no fue tan distinto: “Insecto, te vamos a matar”.
Dedicada a la publicación de obras relacionadas con temas de derechos humanos, la historia política argentina y la izquierda latinoamericana, Nuestra América tiene ya más de 20 años de vida. Marcelo Cafiso es su titular y fue quien radicó la denuncia policial. “Tuvimos ya varios episodios de provocaciones a lo largo de nuestra historia, pero ninguno como éste. Si quisieron meter miedo, lo lograron”, reconoce. Respecto del momento, varias son las hipótesis que se barajan, pero la principal señala que los hechos se precipitaron desde la detención –el 12 de febrero– de Luis Emilio Sosa por la Masacre de Trelew.
Así, con sucesivos controles a las actividades del local y hasta sacando fotos de las instalaciones y sus empleados, la presión fue aumentando paulatinamente. Sin ir más lejos, el 25 marzo –relata Cafiso– otro hombre de estridente camisa amarilla ingresó en el comercio a realizar “preguntas absolutamente intrascendentes y fuera de lugar”. Luego merodeó un largo rato, con el celular registró cada movimiento y se retiró. Cafiso decidió seguirlo, pero lo perdió a las dos cuadras. Al darse vuelta, los roles se habían invertido: el sujeto estaba detrás de él.
El hombre del episodio del 15 de abril tendría unos 50 años y su apellido, según pudieron ver en las cosas que desparramó por el local, sería Grondona. Lo primero que hizo fue preguntarle al vendedor la dirección de otra editorial. Y, sin esperar respuesta, le lanzó una piña a la cara que el joven alcanzó a esquivar. Inmediatamente, el personal reaccionó y logró reducir al hombre que, colérico, seguía hablando de torturas y despellejamientos. En su denuncia, así lo describe Cafiso: “Aseguraba ser un miembro de los grupos de tareas y que había masacrado gente, que tenía 500 en su cuenta, y que nos va a pasar lo mismo que a Julio López, que no saben con quién se metieron, que era de la SIDE”.
Al cabo de 15 minutos, mientras una de las tres personas de la editorial salía a buscar a un policía, los otros dos sin querer fueron ablandando las medidas de seguridad. Tanto que, súbitamente, el hombre logró soltarse lo suficiente como para calzarse una punzante manopla con la que volvió a arrojar golpes. Así escapó para volver armado al día siguiente, reincidir en las amenazas y nuevamente perderse por Callao y Corrientes. Al día de hoy, por seguridad, la editorial Nuestra América permanece cerrada.
Informe: Diego González.


Informe del procurador penitenciario
Castigos en las cárceles federales


Un estudio que la Procuración Penitenciaria presenta hoy públicamente revela que el 63,4 por ciento de los presos alojados en cárceles federales sufrió agresiones físicas, que el 83 por ciento fue sometido a requisas humillantes y que un 28 por ciento de los reclusos fue castigado con el aislamiento en celdas sin luz, camas ni abrigo. El informe sobre Malos Tratos Físicos y Tortura en dependencias carcelarias será presentado por el ombudsman penitenciario, Francisco Mugnolo, justo el mismo día en que una comisión bicameral resolverá en el Congreso quién será su sucesor.
El informe será presentado a las 16.30 en el Salón Verde de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA). La investigación se hizo entre el 29 de junio y el 7 de septiembre de 2007 a través de una encuesta realizada a 939 detenidos –el 10 por ciento de la población del Servicio Penitenciario Federal–.
El estudio fue realizado por Alcira Daroqui, profesora de la cátedra Sociología del Sistema Penal de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, con entrevistas en las Unidades 2 de Devoto, 3 y 31 de Ezeiza, 24 de Marcos Paz, en los Complejos Penitenciarios 1 de Ezeiza y 2 de Marcos Paz y en las cárceles de máxima seguridad de Rawson, Neuquén y Resistencia, Chaco.
Casi en el mismo momento en que Mugnolo presente su informe, la Comisión bicameral de la Defensoría del Pueblo tratará el nombramiento del reemplazante de Mugnolo, quien nunca consiguió el aval parlamentario. La candidata a ocupar ese lugar es la diputada kirchnerista Silvia Martínez.
A propósito de esa designación, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) manifestó su preocupación por la situación carcelaria del país y solicitó que la designación del futuro procurador penitenciario se realice mediante “un trámite participativo, que garantice la idoneidad del candidato o candidata y su compromiso con los derechos humanos de los detenidos”. Según el CELS, la Procuración Penitenciaria “ha sufrido un continuo desgaste institucional que debilitó el mecanismo de protección de los derechos de las personas privadas de su libertad”.

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