miércoles, 30 de abril de 2008

Jornada 24ª- Los "Consejos de Guerra"
No faltó casi ningún ingrediente en la jornada vigésimo cuarta de la Causa RI9, la última de la etapa testimonial de la misma. Desde los testimonios conmovedores de testigos-víctimas, hasta el de "memoria selectiva" que propuso la defensa, y por supuesto los planteos de los abogados San Emeterio y Gesino que no podían faltar. El primero aportando cuestiones que sirven más a la querella y el segundo realizando preguntas de tal simpleza que deja confundida a toda la sala; ya que es difícil saber si sencillamente son preguntas vanas e inconducentes o de una profundidad tal que escapa a la mayoría de los mortales. Restan solamente la lectura de las pruebas, los alegatos y la sentencia.
Hubiera querido no saber quienes eran
La primera en brindar su testimonio fue Silvia Martínez, una testigo que fue mencionada en numerosas oportunidades debido a que se habían ensañado con ella sus torturadores, de tal suerte que nadie olvidaba su estado físico y emocional. No fue fácil para Silvia dar este paso, a esta altura su testimonio solo agrega una gota más en un mar de imputaciones, pero quizás haya servido su testimonio en más de un sentido: para desnudar los "Consejos de Guerra" y su naturaleza absolutamente reñida con las más mínimas normas jurídicas y procesales, y también para cerrar una historia personal signada por el dolor y el inútil esfuerzo por olvidar el tipo de horror que marca para siempre.Licenciada en Trabajo Social y sin sobresaltos en lo económico, Silvia eligió el camino de la solidaridad y el compromiso social que caracterizó a su generación.Es detenida el 21 de agosto de 1976 a la madrugada, por hombres del Ejército y la Policía comandados por De Marchi, no tiene dudas ya que conocía al ex-Capitán. La vendaron inmediatamente y la trasladan a Santa Catalina donde permanece cuatro días, allí es torturada con tanto ensañamiento que no puede aún ahora contar los detalles de lo sufrido. Trae un certificado de su psiquiatra que le recomienda no profundizar innecesariamente el relato, y se lo acerca al Tribunal."De torturas no voy a hablar en detalles, pero todo lo que dice Achar de mí es cierto, pero yo no lo voy a repetir" afirma entre sollozos. En Santa Catalina ve además a Ramón Villalba y Carlos Achar, cuyos testimonios constan en la causa.Es trasladada al ex-Regimiento 9 y allí los ve a Barreiro, Losito y Piriz, además de a De Marchi. Los nombres del resto de los militares de la patota se los da los soldados santiagueños que la custodiaban en el CCD (Centro Clandestino de Detención). "Concurrían siempre, permanentemente...durante las noches se los veía e ingresaban silbando, como de jolgorio ¿vio?" dice con amargura. Recuerda el temor que sentía cuando ingresaba la patota, y el alivio cuando no le tocaba a ella ser torturada, "se daba esa contradicción" dice, de "querer que no me toque a mi, pero saber a la vez que eso significaba que le tocaba a otro...a un igual...y quizás le estaba tocando a Carlitos (Achar) por ejemplo...a quien quería con el alma" dice llorando. ¿Se dan cuenta de lo que digo? afirma buscando comprensión.Una noche la golpearon mucho preguntándole por su amiga, su nombre de guerra (que no tenía porque jamás adhirió a la lucha armada) y "¿saben qué también preguntaban? por la identidad sexual de Carlitos", recuerda. Silvia ve a Lucho Díaz en el CCD, el mismo que luego sería fusilado en Margarita Belén. La cuadra del RI9 donde funcionaba el CCD estaba repleta y nunca dejó de recibir maltrato.En diciembre la trasladan a la Policía Federal y en la Avenida Costanera le dicen ¡enderezate! y "yo me siento y veo que era de día y los lapachos estaban florecidos...y yo sentí recién ahí que había zafado, la Costanera me lo había dicho, aunque suene cursi" dice.Luego la llevan a la Gendarmería y allí reconoce a Reynoso. La trasladan a Devoto más adelante y en el "79 le hacen un Concejo de Guerra "fantástico" según recuerda, con actores de las tres Fuerzas y defensores que se los imponían a los detenidos. Todos eran militares y algunos ni siquiera eran abogados.San Emeterio le recuerda parte de su declaración cuando afirma que no estaba de acuerdo con la lucha armada, y que por eso no pasó a la clandestinidad, y pregunta sin pudor ¿quién pasó a la clandestinidad? deme nombres, decía exaltado, interrogatorio que era muy común en otro contexto, pero que no parecía apropiado en el ámbito de un tribunal democrático. Así se lo hizo saber Silvia, que le dijo con firmeza ¡no tengo porqué darle nombres! y el Presidente reprendió al letrado sorprendido por su actitud.Silvia se fue de Corrientes porque en una ocasión lo vio a su torturador en la localidad de Paso de la Patria, distante a 35 kms. de la capital correntina, y éste le sostuvo la mirada, lo que le ocasionó pánico y una profunda angustia, sabía que no podría pasar por esa sensación nuevamente y se fue a vivir al sur del país. Hoy vive en Mar del Plata, y aún ahora no puede mirarlos sin sentir terror, "hubiera querido no saber quienes eran" dice.Una vez recuerda que la interrogan sobre Achar, y le dicen "a ese ya le dijimos que le vamos a hacer lo mismo que a los Cachos (en alusión al Cacho Ayala y Cacho Barozzi)..lo vamos a tirar a la laguna" dijeron los "mismos de siempre" es decir De Marchi y sus lugartenientes.
Las dos Iglesias
"Iván", mas comprometido que nunca
Le toca el turno a Teresita Fernández, una adolescente precoz que ya a los 11 años era catequista y fue electa Presidente de la Comisión Vecinal de su barrio a los 13 años. Profundamente católica y peronista, consideraba una cosa indivisible de la otra y parte de su esencia como ser humano.La detienen en un operativo comandado por Losito y secundado por fuerzas conjuntas del Ejército y la Policía. A Losito le decían Teniente Iván, pero ella lo identificaría más adelante por su verdadero nombre. Recuerda ya en el RI9, donde fue trasladada, que una vez estuvo en un velorio donde una persona joven estaba siendo inhumada. Un hombre lloraba desconsoladamente al pie del cajón. Se trataba nada menos que de Losito, aquél que en el operativo de su detención se hacía llamar Iván.En el CCD, Teresita le recuerda esta anécdota a su represor y éste cambia de actitud con ella. Al momento de su detención la había manoseado junto a Barreiro y en ese momento, el recuerdo del "amor de su vida" que había muerto en un accidente lo había ablandado al "Iván". Un día De Marchi la saca y como sabía de su fuerte compromiso religioso le pregunta si había tenido relaciones sexuales, "yo le dije que no, y acariciándome el brazo me dijo: preparate que esta noche te voy a desvirgar".En el RI9 ingresaba un sacerdote, un representante de la otra Iglesia, aquella que bendecía las armas de los represores y violaba secretos de confesión de los detenidos "porque primero está la patria y después Dios" según le refirió ante el cuestionamiento de Teresita.Fue trasladada a Devoto y también le arman un "Consejo de Guerra", en el que su propio abogado defensor le dice: "mire, usted es mi enemiga...acá lo que yo tengo que hacer es que usted confiese".Teresita es liberada en 1982, tras ser detenida, torturada y denigrada por ser peronista y pertenecer a la otra Iglesia, la paria, la del compromiso con los pobres.
El fantasma de Dorita Noriega
Lilián Losada
Tanto Teresita Fernández como la testigo que declara después, la vieron a la novia del "Mono" Vargas -Dorita Noriega- quien aún está desparecida. Lilián Losada, la vio en el baño y Dorita le dijo "mirá lo que me hicieron" y le mostraba su pecho lastimado con moretones y pústulas.Lilián sufrió torturas en el Regimiento de Paso de los Libres, los dos días posteriores a su detención, luego la trasladan al RI9 donde escucha los nombres de Barreiro y Losito de boca de los soldados santiagueños que la custodiaban.También tuvo que pasar por los inefables "Consejos de Guerra", luego de su paso por el Pelletier y Devoto. La detención modificó toda su vida, dice y en la dictadura su novio fue asesinado por el Ejército.En base a una declaración que no reconoce como suya, a menos que la haya firmado bajo tortura y no lo recuerde, se la acusa en el "Consejo de Guerra" y luego es juzgada por el juez Espósito, al igual que las anteriores que corrieron la misma suerte antes de ser liberadas. Tuvo que esperar tres años desde su detención para que Espósito la juzgue, basado en pruebas obtenidas bajo torturas. Finalmente salió en libertad, pero ya no vería a su padre que murió cuando estaba en cautiverio.
Otro de memoria selectiva
Posteriormente hizo su "aporte" un hombre que quería hablar mucho, de su casamiento, del nacimiento de su hija, etc. pero sin decir nada que pudiera perjudicar a su ex-patrón De Marchi. Recuerda que en diciembre del "76 lo contrató el ex-Capitán para que lo asesore en la siembra de sorgo, proyecto que le quitaba el sueño, sin embargo afirma que se plantó este cereal en octubre del mismo año, dos meses antes de empezar a asesorarlo. No recuerda qué se plantó en los años posteriores, solo el año que a la defensa le interesa justificar. Tampoco recuerda siquiera haber visto a Repetto, Miranda Gallino y Badesich, testigos de la defensa que supuestamente trabajaban allí. Jamás vio un tractor en todo el año 1976, sin embargo el propio Millán, cuñado de De Marchi y dueño del campo, refiere que había tres tractores nuevos en aquel entonces. Alguien miente, eso es lo único claro, porque tampoco se sabe para qué lo hacen, ni que probaría a esta altura si plantaba o no sorgo.
A confesión de parte...
Mariano Nadalich
Por último declara Mariano Nadalich, quien es detenido el 16 de septiembre del "76 y trasladado al RI9 y luego llevado varias veces a Santa Catalina, donde sufriría la tortura conocida como "la parrilla", que consiste en la aplicación de corriente eléctrica sobre el cuerpo extendido encima de una cama metálica sin colchón. Le preguntaban por Colombo, un joven que había vivido una semana en su casa alquilada en el Barrio Pujol.En el RI9 era custodiado por soldados santiagueños, todos excepto uno que era de las Breñas, localidad del sur del Chaco. Su padre era de Prefectura y moviendo influencias consigue verlo en el mismo CCD del RI9 y entra De Marchi, quien tras superar la sorpresa por verlo allí al padre de Mariano le dice "¿viste que no le dimos tanto? se portó bien el chico. Mariano le preguntó al Capitán De Marchi si había estado en la sesión (de tortura), porque creyó reconocer su voz. De Marchi le confesó que si..."pero no te preocupes que yo tengo un dicho familiar que dice: no hay joven que no sea revolucionario ni viejo que no sea Comisario".Por los agujeros de las frazadas de su "celda" pudo ver a alguien que él conocía de la secundaria, a Juan Ramón Vargas "el Mono", estaba con pantalón oscuro y camisa clara y había sido muy golpeado. El Mono continúa desaparecido y es uno de los casos por los que se juzga a los represores del RI9.Mariano se quiebra en varias oportunidades, al igual que Silvia Martínez había elegido olvidar lo inolvidable y sabe que eligió mal, por eso decidió reencontrarse valientemente con su dolor y dar su aporte a la reconstrucción de la memoria histórica. Es la primera vez que narra estos hechos sin que medie torturas o presiones de cualquier índole.En el año 1980 él y su padre firman un acta de liberación ante un escribiente y el propio De Marchi, el mismo que le confesó haber sido autor de sus torturas, y el mismo que sostiene que se retiró definitivamente en agosto de 1976. Es que a algunos les cuesta despedirse.

Lo que antecede no es un comunicado de prensa de la Comisión de Derechos Humanos de Corrientes, sino la difusión de una nota de su portal de noticias (www.cpdhcorrientes.com.ar). Se autoriza su libre difusión parcial o total. Si no desea seguir recibiendo estas noticias responda este mail modificando el asunto por "desuscribirme".


Diario de Azul lleva a Juicio Oral y Público a integrantes de derechos humanos

Lo que tendrá que decidir la Justicia


El Director del Diario El Tiempo lleva a juicio a representantes de la APDH local al considerarse injuriado por la carta de lectores con la cual el organismo refutó la opinión editorial sobre la apropiación de hijos de desaparecidos durante la última Dictadura – para la APDH “fue claro el mensaje del editorial del diario que justificó la apropiación de esos hijos como acto de amor” – El juicio se llevará a cabo el 19 de mayo en la ciudad de Tandil-

El 19 de mayo próximo, tendrá lugar ante el Titular del Juzgado Correccional de Tandil el Juicio Oral y Público que por el delito de Injurias impulsa contra integrantes de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de Azul el Director del Diario “El Tiempo” de esa misma ciudad, Alfredo Ronchetti.-
Sobre esto, la APDH explica que “el hecho que motivó este juicio se inició con el editorial que Ronchetti publicó en el matutino, que tiene larga trayectoria en el medio como empresa familiar, en el que sostuvo que la apropiación de los hijos de desaparecidos fue un acto de amor por parte de sus perpetradores. Aquella publicación estuvo motivada en la noticia que divulgaban por entonces los medios periodísticos acerca de la recuperación de otro nieto de Abuelas; era el caso de Sebastián, hijo de un azuleño desaparecido”.
Agrega el organismo que “Ronchetti, a pesar de erigirse en sus columnas en acérrimo trasmisor del respeto a la ley, precisamente al poco tiempo de cumplirse los 30 años del golpe de estado, al editorializar respecto de la trascendente noticia –por tratarse del primer caso a nivel local- de la recuperación por parte de las Abuelas de Plaza de Mayo de Sebastián, hijo nacido en cautiverio de una pareja de desaparecidos -de un azuleño y una marplatense- emparentada con una tradicional familia local, apropiado durante la dictadura militar e ignorante hasta entonces de su verdadera identidad, calificó como un acto de amor la apropiación de niños nacidos en cautiverio y la sustitución de identidad, justificando desde lo ideológico lo que desde lo jurídico es en realidad un delito, cometido en el marco de los que han sido reconocidos como delitos de lesa humanidad”.-
Destaca por otra parte que “lógicamente ese editorial provocó la airada reacción pública de quienes por ser familiares de Sebastián trataron de localizarlo durante más de veinte años, el repudio y crítica del entonces Titular de la Secretaría de Derechos Humanos de la Provincia y el propio de esta ONG, entidad que, en el marco legal y estatutario que la regula, necesariamente debió erigirse en defensora de lo que fue una indudable afrenta a sus fines, y lo hizo sin recurrir a caminos legales, sino a través del mismo medio propiedad de Ronchetti, haciendo su publicación en la sección Carta de Lectores, el 30 de abril de 2006”.-
Subraya que el director del diario El Tiempo “consideró afectado su honor únicamente por la réplica dada por esta A.P.D.H. que consideró su opinión como una expresión más de las que nutre la posición del matutino respecto de la persecución de los autores del genocidio, pretendiendo extrajudicial y judicialmente sin éxito que los representantes estatutarios de la Asamblea se retractaran de sus apreciaciones”.-
Sigue diciendo que “Alfredo Ronchetti, en lugar de agotar la polémica planteada por él mismo a través de las páginas de su propio medio periodístico, asegurando la difusión y posibilitando una eventual discusión pública, la resolvió recurriendo a la justicia como querellante, acompañada –a pesar de integrar ADEPA- de una estricta censura a la APDH que se extiende desde entonces hasta estos días” y agregó que “fue claro el mensaje del editorial del diario que justificó la apropiación de esos hijos como acto de amor”
El Juicio informado por el organismo de Derechos Humanos, cuyos representantes legales al momento de las publicaciones, Luz Ramallo y José Luis Alvarez, serán sometidos a juicio el 19 de mayo próximo, tendrá lugar en la sede judicial de Uriburu Sur nro. 750, Planta Baja, de la ciudad de Tandil, donde ha quedado radicado el caso.-



masivo operativo policial en su busqueda
Desapareció en Zárate un testigo clave en varias causas contra represores

El titular de la Casa de la Memoria de la ciudad bonaerense de Zárate, Juan Evaristo Puthod, sobreviviente de un centro clandestino de detención y testigo de varias causas clave contra represores, era intensamente buscado luego de haberse denunciado que ayer desapareció.


Puthod, de 49 años, fue visto por última vez ayer a las 18.45 cuando salía de la Casa de la Memoria de Zárate y se dirigía a un programa de radio donde trabaja, según denunció su esposa.
Desde el ministerio de Seguridad se informó que lo buscaban más de 250 policías con el apoyo de seis helicópteros, supervisados por el titular de la cartera, Carlos Stornelli.
La secretaria de Derechos Humanos bonaerense, Sara Derothier de Cobacho, admitió la posibilidad de que "resabios de la dictadura" estén detrás de la desaparición de Juan Evaristo Puthod. Puthod, 49 años, falta de su casa en la ciudad de Zárate y de los lugares que suele frecuentar desde ayer a las 18.45 "cuando salió para ir a su audición de radio y no llegó nunca a la radio", agregó la funcionaria.
Cobacho añadió que a Puthod "se le perdió el rastro media cuadra del lugar del que salió". La funcionaria afirmó que "desde anoche a las 22 se lleva a cabo una intensa búsqueda en Zárate y aledaños, con tropa, perros y hasta helicópteros, pero aún no tenemos ninguna novedad".
Puthod "pasó por distintos centros clandestinos de detención" durante la dictadura militar y "fue un hombre muy torturado en el destacamento de la prefectura de Zárate", hasta que "lo mandaron preso al penal de Olmos", añadió la secretaria.
También indicó que el sobreviviente dirige la "Casa de la Memoria" en Zárate y se constituyó como "querellante en la causa 5310 sobre el hallazgo de presuntos restos humanos en el Tiro Federal" de esa ciudad bonaerense.
"Juan estaba organizando estos días un homenaje a (los militantes montoneros ejecutados) Osvaldo Cambiasso y Eduardo Pereira Rossi, el 16 de mayo en la ruta 9" expresó Cobacho, y sobre ese crimen, dijo, "todos sabemos que (Luis) Patti los mató".



Dos ex jefes penitenciarios a juicio oral
Los paseos de Alfredo Fanchiotti


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Fugarse no es ningún delito


Los dos jefes penitenciarios que permitieron salir de la cárcel al ex comisario Alfredo Fanchiotti serán llevados a juicio oral. El juez de Garantías de La Plata, Juan Pablo Masi, elevó el caso contra los dos ex responsables del penal de Olmos, Jorge Suárez y Diego Borba. Ambos habían admitido la irregularidad, aunque en su defensa argumentaron que fue porque a Fanchiotti “lo veían deprimido”.
El ex comisario, condenado por los asesinatos de Maximiliano Kosteki y Darío Santillán a reclusión perpetua, fue descubierto el 30 de enero último fuera del penal. Fanchiotti aseguró que iba a un taller de la cárcel ubicado a sólo 30 metros de su salida, y afirmó haber hecho el recorrido custodiado por un subjefe. El fiscal Marcelo Martini señaló sin embargo que “se acreditó que esto era mentira”.
El fiscal agregó que está probado que Fanchiotti no tenía ninguna autorización del tribunal que dictó su condena, ni la había solicitado. En Olmos, el ex comisario había conseguido ser alojado en un pabellón evangelista, donde las condiciones de detención son menos duras. Entre las pruebas hay un peritaje a las llamadas realizadas desde el celular del guardia que determinó que se encontraba en la localidad de City Bell, en el partido de La Plata, y no con el detenido, como éste había declarado.
Los jefes penitenciarios fueron acusados de los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público y facilitación de la evasión. Fanchiotti no será juzgado por las salidas porque la ley no castiga las fugas si no hay violencia o uso de la fuerza (ver aparte), pero deberá responder en una segunda causa por falso testimonio, ya que mintió para encubrirlos.
Por las irregularidades, ambos jefes fueron despedidos y pasaron a retiro a tres responsables penitenciarios de la provincia, los directores generales de Asistencia y Tratamiento, Julio Quintana; de Recursos Humanos, Héctor Sánchez, y de Seguridad, Mario Uzarralde. Fanchiotti, por su parte, fue trasladado al penal de máxima seguridad Nº 42 de Florencio Varela.



Empezo el juicio contra tres policias retirados por la masacre de Fatima
Gallone le echó la culpa a la foto

El comisario que aparece en la foto con una Madre de Plaza de Mayo en 1982 aseguró que el día de la masacre de Fátima estaba en Mar del Plata. Junto a otros dos policías, está siendo juzgado por el asesinato de treinta personas en agosto de 1976.

Carlos Gallone aseguró que sus amigos le dijeron que esta imagen iba a ser la “desgracia de su vida”.
Imagen: DyN/Marcelo Ranea
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Secretaría de Derechos Humanos


Por Diego Martínez
Luego de tres años preso, el comisario inspector Carlos Gallone intentó defenderse con un dato que había omitido durante todas las indagatorias anteriores: aseguró que el día de la masacre de Fátima estaba en Mar del Plata, con su padre, jugando en el casino. Con el mismo temple, dijo que durante la manifestación de Madres de Plaza de Mayo de 1982 que lo inmortalizó apretando la cabeza de una mujer contra su pecho “estaba la agrupación Hijos”. “Esa foto va a ser la desgracia de tu vida”, le advirtieron “los que me querían”. No explicó por qué. El comisario inspector Miguel Angel Timarchi, en tanto, aseguró que aquél, para agosto de 1976, llevaba diez meses de licencia médica. Así consta en su legajo. El comisario general Juan Carlos Lapuyole se negó a declarar. Los tres imputados escucharon ayer ante el Tribunal Oral Federal 5 el auto de elevación a juicio del juez Daniel Rafecas. Están acusados como autores mediatos de los secuestros y homicidios calificados por alevosía de los treinta secuestrados de Superintendencia de Seguridad Federal, asesinados y dinamitados en la masacre de Fátima.
Gallone y Timarchi, presos en Devoto, llegaron esposados. Lapuyole, con domiciliaria gracias a sus 78 años, llegó en su silla de ruedas, aunque mostró que camina sin problemas. La lectura de la acusación lo sumió un sueño profundo, con ronquidos incluidos. El juez Daniel Obligado, presidente del tribunal, lo despertó para preguntarle si iba a declarar. “Por consejo de mis abogados, no”, respondió. Sólo admitió que le decían “Francés desde que era cadete, porque cuando era joven tenía esa fisonomía” inconfundible de los franceses.
–¿En qué situación sigo? –quiso saber.
–Como acusado –le explicó O-bligado.
A pedido de su defensor, el TOF le permitirá estar ausente durante las audiencias previas a los alegatos.
Gallone, de 63 años, explicó que “mi apellido lleva más de 110 años en la Policía Federal”, desde su abuelo hasta su hijo mayor. “Lo único que he hecho fue proteger a la sociedad”, aclaró. Como garantía de pureza agregó que “no me involucré nunca en política”. Relató que en 1973 fue custodio del entonces ministro de Interior, el actual procurador Esteban Ri-ghi. Custodió a “todos los ministros de Interior de Cámpora, Perón e Isabel Martínez”. Tras el golpe siguió en la ayudantía policial del ministerio, que ocupó el general Cesáreo Cardozo y luego Albano Harguindeguy. Una tarde el ministro lo citó para comunicarle “que él venía con su gente” y preguntarle “qué destino le gustaría”. Gallone pidió Mar del Plata, pero por razones que no explicó Harguindeguy “me mandó al Departamento Sumarios de Superintendencia”. Allí no vio nada ilegal. Trabajó en la calle y realizó detenciones “ordenadas por los jueces de ese entonces”.
El día de la masacre gozaba en Mar del Plata del “franco largo mensual”. Pese a que en más de tres años nunca lo había mencionado, recordó en detalle que se alojaron en el Hotel Miami y “en la confitería de Santiago del Estero y la peatonal leímos que habían matado al general Actis”. “Pobre muchacho, lo conocí, fue interventor de YPF”, dice que dijo el padre, que “tenía una empresa de seguridad y era director de seguridad de la petrolera Amoco Argentina”. Al volver no escuchó un solo comentario sobre “el desastre inmundo de lo de Fátima”.
En 1982, destinado en la comisaría cuarta, le tocó “cuidar a las Madres de Plaza de Mayo, a las viejitas, abuelitas que los jueves daban vueltas” y “trataban de llegar a Casa de Gobierno”. Tomó agua, respiró y agregó que “ese día estaba la agrupación Hijos (que se formó en 1995), Madres, familiares de presos políticos y familiares de desaparecidos”. Desvió a las Madres para que no llegaran a la plaza y para compensar le ofreció a Adolfo Pérez Esquivel llevarlo a entregar un petitorio al gobierno. Al volver “una ancianita me dijo ‘gracias, hijo’, y se puso a llorar en mi pecho”. Días después la foto recorrió el mundo. Fue la desgracia de su vida, dijo. Al concluir, de espaldas al público, se tapó la cara como quien llora.
Timarchi, sereno y sin sobreactuar, arrancó con un ayudamemoria. “Traté por todos los medios legales de llegar a esta instancia para decir mi verdad”, dijo. Aseguró que “por educación y formación profesional nunca hubiese cometido un acto de terrorismo desde mi función de agente del Estado”. No se privó de elogiar el proceso de justicia: “La única forma de dar consuelo a las familias que no han cerrado las heridas es con la obtención de una verdad real. El Estado tiene la obligación de investigar y castigar hechos aberrantes como el que hoy se analiza aquí”, reflexionó. El problema es que “me han metido en una bolsa donde nunca estuve”.
Timarchi declaró que el Departamento Sumarios “no realizaba detenciones”, pero nada dijo sobre el “acto meritorio” que consta en su legajo “por su actuación contra elementos subversivos” el 20 de noviembre de 1974. Saltó sin escalas al 4 de octubre de 1975. “Iba en un móvil no identificable cuando advertí la presencia de una camioneta con dos masculinos que, al ver el móvil policial (sic) se dieron a la fuga”, relató. Tres cuadras después se produjo un tiroteo y la explosión de una granada le hizo perder el conocimiento. Explicó la neurosis que aún padece y se esmeró en demostrar que las licencias médicas superpuestas con cambios de destino que constan en su legajo no son contradictorias. Como creyó escuchar en la elevación de Rafecas que “todos los imputados niegan la existencia de un centro clandestino en Superintendencia”, aclaró que “yo no niego nada, hablo hasta el 3 de octubre de 1975”. Gallone lo miraba fiero



La policia, por orden de los fiscales, detiene a chicos para identificacion
Privados hasta de libertad

La Defensoría General de la ciudad denunció que el 10 por ciento de los contraventores detenidos para identificación son menores. En su mayoría son chicos de bajos recursos, que se dedican a la venta ambulante o el cartoneo.

Subnotas
Orientación a los habitantes
Más competencias penales


Por Eduardo Videla
En la ciudad de Buenos Aires, la Policía Federal, con el aval de los fiscales contravencionales, detiene a niños, niñas y adolescentes para identificarlos a ellos o a sus padres, posibles imputados de una contravención. Desde septiembre del año pasado hasta el 31 de marzo último, fueron privados de su libertad durante algunas horas 39 menores de 18 años, que son inimputables para la ley. La denuncia fue realizada por el defensor general de la Ciudad, Mario Kestelboim, a partir de datos relevados por la flamante Oficina de Atención a las Personas Privadas de la Libertad, que depende de la Defensoría.
Según Kestelboim, no son sólo los niños y adolescentes el blanco de la actuación policial. También los inmigrantes, especialmente aquellos que no tienen documentación del Mercosur (bolivianos y peruanos, en su mayoría), que son privados de su libertad durante horas para su identificación, no por ser sospechosos de delitos sino por estar imputados por una contravención, como la venta ambulante o la oferta de sexo en la vía pública.

El centro de detención está ubicado en una denominada Oficina Central de Identificación, que funciona en el edificio que la Justicia porteña tiene en Combate de los Pozos 155, a media cuadra del Congreso. En su interior, además de calabozos, hay una sala de espera para los presuntos infractores detenidos, un recinto vidriado al que llaman “pecera”, destinada al personal de seguridad, y el llamado Centro de Espera de Niños, Niñas y Adolescentes Detenidos (sic), donde deben esperar los chicos que son privados de su libertad.
–¿Por qué hay niños detenidos si los menores de 18 años son inimputables en materia contravencional, según la ley? –preguntó este diario.
–Allí son llevados los niños que están con su padre o con su madre, acusados de ser contraventores y que no han sido identificados en la calle, porque no tienen documentos. Y también chicos que son acusados de contraventores y que no llevan documentación personal –explica Kestelboim.
–Entonces ¿no se priva de la libertad a chicos o jóvenes imputados de ser contraventores?
–Sí, aunque la policía sabe que los menores de 18 son inimputables, a veces los traen detenidos para acreditar su identidad. En general son chicos que trabajan como cartoneros, a los que sorprenden con una trincheta, que usan para cortar los cartones y les hacen un acta por portación de arma impropia. O a los que venden baratijas entre los autos los acusan de venta ambulante –aclara Magdalena Gainn, secretaria de la Defensoría.
“Los niños que son detenidos con su padre o su madre no pueden ser retirados por otro familiar, aunque cuente con autorización de su progenitor”, relata Gainn. Ella misma y su personal se encargan de atender a los niños durante su permanencia involuntaria, de organizar juegos y facilitarles materiales para hacer dibujos como el que ilustra esta página, realizado por una nena de seis años a cuya mamá la policía le secuestró la mercadería que vendía en la calle y la llevó detenida. “Policía malo”, identifica la nena a cada uno de los agentes de su ilustración. “Ce llebó nuestras cosas de mamá”, escribe en el papel que está pegado en la oficina de la Defensoría.
Para afrontar esas situaciones, Kestelboim aprobó una serie de Criterios Generales de Actuación para orientar el accionar de los defensores oficiales que de él dependen, “sin perjuicio de la autonomía con la que ellos cuentan”, aclara. En uno de ellos se establece que “en resguardo de los derechos de niños, niñas y adolescentes, los defensores públicos deberán solicitar la conclusión del proceso por inimputabilidad del menor”.
De acuerdo con la ley, las personas que son trasladadas para su identificación no pueden estar privadas de la libertad más de 10 horas. En ese lapso, el personal policial toma las huellas dactilares y las remite para constatar antecedentes. En ocasiones también se hace la constatación de domicilio del presunto infractor.
Antes de la existencia de la Oficina Central de Identificación, los indocumentados eran llevados a las comisarías. El año pasado, ante la evidencia de que cotidianamente eran trasladadas personas a esa oficina, y que muchos de ellos eran niños, la Defensoría creó la Oficina de Atención a las Personas Privadas de la Libertad, con el objetivo de poner a disposición de los detenidos el servicio de defensa pública en caso de que lo necesiten.
Esta oficina se puso en marcha el 10 de septiembre último. “Hasta entonces, durante ocho años pasó lo mismo pero nunca se supo”, observó Kestelboim. Desde entonces, lleva estadísticas de las personas privadas de su libertad para su identificación: al 31 de marzo, suman 413 las detenciones. De ese total, casi un 10 por ciento fueron niños, niñas o adolescentes. La mayor parte de esas intervenciones se produjeron por presuntas infracciones al artículo 83 del Código Contravencional, que sanciona el “uso indebido del espacio público”, una figura que castiga la venta ambulante. De esos 39 niños que terminaron presos, seis se encontraban acompañando a sus padres y al ser éstos detenidos, quedaron privados de su libertad. Otros 33 quedaron acusados por ser presuntos contraventores: venta de portacelulares, limpiavidrios, cartoneros. pero la causa se archivó por ser inimputables
De acuerdo con las estadísticas de la Defensoría, una de cada cuatro detenciones se produjo por venta ambulante; el 20 por ciento por oferta de sexo en la vía pública y un 10 por ciento por utilizar armas no convencionales, entre ellas, el cutter de los cartoneros. Le siguen los encausados por ensuciar bienes: son las personas que suelen orinar en la calle, en muchos casos porque carecen de acceso a baños públicos. Esas contravenciones son aplicadas, por lo general a personas carentes de recursos, como vendedores ambulantes o de artesanías, limpiadores de vidrios, cuidacoches. “Son todos trabajadores precarios que requieren de la defensa pública para salvaguardar sus derechos y garantías”, dicen en la Defensoría.
Los números de la Defensoría revelan además que casi la mitad de las detenciones –un 48 por ciento– correspondieron a inmigrantes y “se produjeron independientemente de contar con documentación en regla, es decir, con residencia legal”. La mayoría de ellos fueron bolivianos y peruanos.
eduardovidela@pagina12.com.ar

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