miércoles, 23 de abril de 2008


HIJOS E HIJAS POR LA IDENTIDAD Y LA JUSTICIA CONTRA EL OLVIDO Y EL SILENCIO
13 AÑOS

La historia –afortunadamente- sigue goteando sobre nuestras cabezas…
La historia sigue pidiendo que la desmientan…
La historia se rehúsa a quedar conforme con su lugar en el estante, le pica la mentira, la desespera el silencio.
La historia sigue sangrando ausencias mientras se coleccionan almanaques que intentan renovar promesas en desuso. La historia a veces mentirosa, a veces profeta, a veces también inocente se entremezcla con las baldosas de la vereda, con el mate de las siestas, con las sonrisas de los gurises. Y es esa historia, la “del mas acá”, la que no sale en los libros de la escuela, la que de veras, trasforma la realidad.
Y son esos sujetos, los más olvidados, los más hambrientos, los más subversivos, por donde pasa la historia; pero la historia no pasa suavecita, ni limpia, ni prolija. La historia que no se cuenta, es una historia de tachones, de contramarchas, de ollas populares, de partidos de fútbol en el barrio, de narices frías, de proyectos políticos, de sueños,…pero fundamentalmente es una historia de solidaridad.
Afortunadamente el imperativo de no olvidar ha quedado, nos han quedado las manos llenas de líneas inconclusas pero con muchas ganas de construir, nos ha quedado el mapa de las utopías grabado en alguna canción de cuna de nuestros viejos, para seguir caminando y caminando. Nos ha quedado la rebeldía, la necesidad de gritar con todas nuestras fuerzas que esto puede ser distinto. Y hay que seguir, porque es nuestra herencia, porque la historia lo necesita, porque los argentinos que hacemos nuestra historia lo necesitamos para seguir haciendo camino. Porque la historia señores, se hace de tripas y corazón.
Estamos convencidos de que llegar a la raíz del grito nos despertara del insomnio y nos quitara las telarañas, que salir a la calle será la única garantía. Aquí estamos, los personeros de la muerte no han podido borrar toda esperanza, no nos han vencido, al contrario nos hicieron más fuertes… y seguiremos armando puentes, afinando el grito, calentando el pulso, poblándonos el alma, transmitiendo las pequeñas- grandes historias, rescatando olvidos, buscando sin rendirnos a la justicia, resistiendo.
Estamos y estaremos ocupados, porque como dijo Roberto Arlt “el futuro será nuestro por prepotencia de trabajo”. Estamos y estaremos felices de hacer y seguir haciendo historia.

Soledad González
H.I.J.O.S. Regional Paraná


Visitantes "ilustres" en Causa RI9


El pasado 15 de abril se hicieron presentes en Corrientes en la sala de Debates del juicio a los genocidas De Marchi, Barreiro, Losito, Reynoso y Piriz, altos jefes del Ejército.

Ellos son:1_ RICARDO JOSÉ ETCHEGARAY, Teniente Coronel, fue en el año 2002 Jefe de Prensa del Estado Mayor Conjunto. En el año 2003 es designado agregado militar a la Embajada Argentina en EE.UU. y en el año 2006 Comandante de la V Brigada de Infantería Motorizada con asiento en la ciudad de Salta

.2-GUILLERMO ANDRE SANGUINETTI, Teniente Coronel.3-HORACIO FERNANDO LAURIA, Tte. Cnel., Participó en la Guerra de las Islas Malvinas; en el año 2003 fue agregado militar en México en la Embajada de Argentina en ese país.4-ENRIQUE GUILLERMO RIVAS, Tte. Cnel.,se encuentra en la lista de los 46 oficiales del Ejercito que se alzaron contra el orden constitucional en semana santa, publicada por el CELS. Actualmente es Director de Seguridad Patrimonial de la Empresa Acindar. Sobre él y Losito Horacio Verbitsky escribió los siguiente: "Entre los propuestos para el ascenso a coronel también figuran dos oficiales que participaron en los alzamientos carapintadas de la década del 80. Uno de ellos, Horacio Losito, fue indultado por Menem en octubre de 1989. El otro, Enrique Guillermo Rivas, fue uno de los 46 oficiales que declararon ante la justicia por su participación en la toma de la Escuela de Infantería de Campo de Mayo por Aldo Rico en la Semana Santa de 1987. A diferencia de otros oficiales que luego acompañaron las sublevaciones del coronel Mohamed Ali Seineldín, Losito y Rivas prosiguieron su carrera sin volver a involucrarse en actos de rebeldía armada."Y con anterioridad, el día 10 se hizo presente EDUARDO ALBERTO ÁLVAREZ, abogado , quien tuviera la defensa de José López Rega y en Carta de Lectores del diario La Nación publicó lo siguiente:A cargo del EstadoSeñor Director:"El Estado ya reconoció parte de su responsabilidad por la guerra contra la subversión, indemnizando a determinadas personas."Ese fue el mismo Estado que ordenó a sus Fuerzas Armadas «aniquilar» a la subversión. El que ordenó la destrucción de sus archivos, dictando una «autoamnistía» que luego dejó sin efecto. El que limitó el juzgamiento de hechos ocurridos a partir de determinada fecha y sólo para una cúpula militar que condenó e indultó. El que cedió la competencia de jueces militares naturales a favor de otros. El que reformó la Constitución incorporando tratados internacionales cuya aplicación retroactiva ahora impulsa. El que sancionó, promulgó y declaró constitucionales leyes de punto final y obediencia debida, que ahora deroga, anula, declara inoperantes e inconstitucionales."Así, transcurridos 30 años, cientos de integrantes de nuestras FF.AA. se encuentran detenidos o a punto de serlo por orden de ese Estado que ahora simula garantizarles su derecho de defensa en juicio, sabiendo que sus jefes muertos ya no podrán ser llamados a reconocer las órdenes impartidas y la documentación oficial exculpatoria destruida por expresa disposición del propio Estado jamás podrá ser aportada."¿Se hará cargo el Estado, aquí también, del daño que ha causado y sigue causando?"Eduardo Alberto ÁlvarezAbogadoUruguay 782, Capital Todos nos honraron con su presencia en su carácter de amigos de HORACIO LOSITO.
Lo que antecede no es un comunicado de prensa de la Comisión de Derechos Humanos de Corrientes, sino la difusión de una nota de su portal de noticias (www.cpdhcorrientes.com.ar). Se autoriza su libre difusión parcial o total. Si no desea seguir recibiendo estas noticias responda este mail modificando el asunto por "desuscribirme".



RESUMEN DE PRENSA
SOBRE DERECHOS HUMANOS
al 22.04.08.
Resumen elaborado por la Secretaria de Derechos Humanos del Partido por la Victoria del PuebloLA REPÚBLICA PÁG. 2Gilberto Vázquez sin whisky ni visitas.Suspendieron por dos meses las visitas a Gilberto Vázquez, el ex militar detenido en la cárcel especial Nº 8 de Domingo Arena, informó anoche Canal 4. Fue sancionado por intentar recibir whisky en un termo. Vázquez iba a recibir el sábado la visita de un viejo amigo y camarada. El veterano militar ingresó a la cárcel con un termo de acero inoxidable.Cuando la guardia pasó el recipiente por los controles de rutina encontró en el fondo de una bolsa de nailon un líquido amarillo y un fuerte olor a alcohol. Al pedir respuesta al visitante, el militar dijo que traía "té de marcela" para su amigo Gilberto Vázquez. LA REPÚBLICA PÁG. 30Sobre la muerte de Nibia Sabalsagaray.Señor Director de LA REPUBLICADr. Federico Fasano MertensEn el día de la fecha aparece en el diario de su digna dirección un artículo sobre la muerte de la Prof. Nibia Sabalsagaray el 29 de junio de 1974, ocurrida durante su detención en el Batallón de Trasmisiones Nº 1.En esa fecha, el suscrito, Dr. Alberto Sitkewich, se desempeñaba como encargado de la Policlínica Pediátrica del mencionado cuartel adonde concurría dos veces por semana en consulta de dos horas.No me desempeñaba como jefe del Servicio Sanitario de la unidad, cargo que era responsabilidad del Dr. Franco Danza.Ese día, durante mi consulta pediátrica, fui llamado sorpresivamente para constatar el fallecimiento de la que fuera Sabalsagaray y tal como se menciona en su artículo constaté fallecimiento y di pase al forense Dr. José Mautone. En otra parte de su artículo se dice que fui indagado por la Justicia.Quiero dejar en claro que nunca fui citado por ningún juzgado ni indagado por ningún juez en relación a este episodio. Mi vinculación con este lamentable episodio fue puramente ocasional y no tuve nada que ver con al muerte de la mencionada prisionera, tal como podría desprenderse de la repetida citación de mi nombre en el artículo correspondiente.Agradeciendo la publicación de esta nota, se pone a sus gratas órdenes.Dr. ALBERTO SITKEWICH.EL OBSERVADOR PÁG. 2Ofensiva inadecuada. EDITORIAL.La renovada ofensiva para anular la Ley de Caducidad, a la que se ha incorporado oficialmente el Frente Amplio pese a la posición contraria del presidente Vázquez, es una imposibilidad jurídica dentro de nuestra estructura institucional. Es tan inaceptable que, por impulso aparente de la obsesión de algunos sectores, el Plenario del FA haya decidido que toda la estructura del partido de gobierno seembarque en un curso a contrapelo del estado de derecho, como es pasar a "formar parte de la Comisión Coordinadora por la Nulidad de la ley".La decisión de que la coalición participe formalmente de la recolección de firmas para la consulta popular propiciada por el PIT-CNT y grupos radicales de izquierda fue tomada la semana pasada por el Plenario del FA, bajo influencia decisiva del Partido Comunista y con apoyo de las bases, del Nuevo Espacio del senador Rafael Michelini y del Partido por la Victoria del Pueblo. Se opusieron los gruposde mayor peso electoral del FA, incluyendo el MPP, el Partido Socialista y Asamblea Uruguay, lo cual, unido a la reiterada posición de Vázquez de mantener vigente la Ley de Caducidad, resta peso a la recolección de firmas para forzar un referéndum que anule la norma.Pero lo grave no es que haya firmas o no sino la confusión jurídica y conceptual que implica esta campaña de recolección de firmas, a la cual se suma ahora el Plenario del FA. Hay una cosa clara: ningún poder del Estado tiene atribución para producir la nulidad de una ley. El Poder Legislativo puede derogarlas, dejándolas sin efecto hacia el futuro, pero no puede anularlas, borrando los efectos producidos durante su vigencia. La Suprema Corte puede declarar inconstitucional una ley pero no anularla. Y el cuerpo electoral puede, en un referéndum, derogar una ley pero en caso alguno tiene iniciativa para su anulación. Y la campaña en marcha no habla de derogación sino específicamente de "nulidad", lo cual la convierte en un dislate jurídico que pone a sus promotores en la comprometida posición de violentar el estado de derecho.No es concebible que quienes se han incorporado a la campaña contra la Ley de Caducidad ignoren la diferencia entre anular y derogar. Y además de que la anulación es jurídicamente imposible, la derogación carece totalmente de sentido por superflua. Luego de años de manejo fluctuante del tema durante los cuatro primeros gobiernos desde el restablecimiento de la democracia, la actual administración de izquierda, en observancia estricta del texto de la ley, ha habilitado en función de la potestad otorgada por el artículo 4º, la acción de la Justicia en algunos casos concretos. De esa acción judicial resultó el procesamiento de varios militares y jerarcas civiles del período dictatorial bajo cargo de violaciones a los derechos humanos, incluyendo a su último presidente, el general Gregorio Álvarez. Como más lejos no se puede ir, el único efecto de esta convocatoria a anular la Ley de Caducidad es continuar fomentando rencores a expensas de la unidad de los uruguayos, que el país necesita y que algunos se empecinan en impedir. LA REPÚBLICA PÁG. 2Jorge Vázquez firma hoy contra la Ley de Caducidad.El prosecretario de la Presidencia de la República, Jorge Vázquez Rosas, se sumará hoy a la campaña por la Nulidad de la Ley de Caducidad, al firmar, públicamente, su adhesión a la causa.En la sede del PIT-CNT, en 18 de Julio 2190, la Coordinadora Nacional por la Nulidad de la Ley de Caducidad realizará a las 10 horas una conferencia de prensa, "en el marco de la campaña de recolección de firmas para la reforma constitucional por iniciativa popular" que culmine en la eliminación de la normativa de impunidad, señala el comunicado.El colectivo, compuesto por organizaciones políticas y sociales, y al que recientemente también adhirió el Frente Amplio, según resolución del Plenario Nacional del 5 de abril, anuncia que importantes personalidades de la cultura, el deporte y la política, se sumarán hoy a la causa, entre los que se destaca el hermano del presidente de la República, según informaron fuentes a LAREPUBLICA.En otro sentido, también en la jornada de hoy, el abogado defensor de DDHH, Oscar López Goldaracena, realizará una charla en el local de Fucvam (Haedo 2219), a las 18 horas, vinculada a la aprobación del proyecto de ley de reparación a las víctimas de violaciones graves de los DDHH y en apoyo a la anulación de la Ley de Caducidad.13. AGENCIA EFE (Esp.) (19/04/08)Brasil tiene lista la divulgación de archivos sobre represión de la dictadura.Los archivos sobre la represión de la dictadura militar de Brasil (1964-1985) están "digitalizados y preparados para ser divulgados", informó hoy el secretario especial de Derechos Humanos, Paulo Vannuchi, en una audiencia en el Congreso.Según Vannuchi, la ministra de la Presidencia, Dilma Rousseff, que es la responsable final por la custodia del Archivo Nacional, será quien dé la autorización final para el acceso a los documentos."Son tres grandes archivos: de las comisiones generales de investigación sobre la corrupción en 1964 y en los años siguientes; del Consejo de Seguridad Nacional y, más fuertes aún, los archivos del antiguo Servicio Nacional de Informaciones (policía política)", detalló Vannuchi en declaraciones recogidas por la Agencia Cámara.Según el funcionario, el Gobierno brasileño prepara cambios en la ley que impide el acceso a los documentos que albergan secretos de Estado con el fin de crear un organismo interministerial que reciba informaciones, declaraciones y archivos del aparato de represión de los gobiernos militares.El presidente de la Comisión de Derechos Humanos, Pompeo de Mattos, aseguró que estos documentos permitirán "profundizar en las investigaciones sobre la Operación Cóndor y la muerte del ex presidente João Goulart", depuesto en 1964 por los militares y muerto en extrañas circunstancias en Argentina en 1976.Los familiares de Goulart denuncian que el ex presidente fue envenenado por agentes al servicio de los gobiernos militares del Cono Sur, en el marco de la represión política contra disidentes de la Operación Cóndor. ABC (Par.) 20/04/08Vinculan a Pinochet con crimen de un sindicalista.Un documento firmado por ex colaboradores de la dictadura militar (1973-1990) revela al parecer que Augusto Pinochet dio la orden de asesinar al jefe sindical Tucapel Jiménez, en febrero de 1982.El escrito, cuya existencia fue dada a conocer por el hijo del sindicalista, el diputado oficialista Tucapel Jiménez, está firmado entre otros por el general en retiro Manuel Contreras, ex director de la DINA, policía represora de Pinochet, según la misma fuente.El texto corresponde, siempre según ese informe, a una declaración notarial en la que los firmantes aseguran haber escuchado al ex director de la Dirección de Inteligencia del Ejército, Arturo Alvarez, declarar espontáneamente haber recibido de parte de Pinochet la orden de matar al entonces presidente de la Asociación Nacional de Empleados Fiscales."Me interesa que se sepa la verdad ", dijo el diputado Jiménez, quien tiene previsto emplazar a los ex uniformados, recluidos en el Penal Cordillera por violaciones a los derechos humanos, para que se pronuncien sobre la veracidad del documento.La declaración de Alvarez, quien cumple una condena de ocho años por el secuestro y asesinato de Tucapel Jiménez, se produjo al parecer en julio de 2006 durante una reunión con los firmantes de la declaración en el recinto de reclusión."Nosotros tenemos la convicción absoluta de que Pinochet dio la orden de asesinar a nuestro padre y, de ser verídico este documento, se confirmaría", dijo el parlamentario.El ex dictador, fallecido en diciembre de 2006, declaró en el caso Tucapel Jiménez por exhorto mientras estaba detenido en Londres en diciembre de 1999.El juez Sergio Muñoz le solicitó nuevamente una declaración en noviembre de 2000, pero Pinochet se negó argumentando problemas de salud. 15. PORTAL PARAGUAYO DE NOTICIAS (Par.) 22/04/08Amnistía afirma que Lugo debe priorizar Plan Nacional de Derechos Humanos.El Presidente electo del Paraguay Fernando Lugo tiene una oportunidad histórica para terminar con la larga historia de graves violaciones a los derechos humanos en el Paraguay, comprometiéndose a adoptar un Plan Nacional de Derechos Humanos, dijo hoy Amnistía Internacional en el primer mensaje al ex obispo"Luego de sesenta años de una historia de graves violaciones a los derechos humanos y de impunidad en el Paraguay, estas elecciones representan un momento decisivo de cambio y una oportunidad para crear una nueva cultura de respeto y promoción de todos los derechos humanos en el país," dijo Amnistía Internacional.El plan debe dar soluciones a los problemas centrales y urgentes de derechos humanos de Paraguay – particularmente en relación a la impunidad por crímenes de la pasada dictadura militar; tortura; falta de acceso a la justicia; extrema pobreza y discriminación contra grupos vulnerables, especialmente mujeres y pueblos indígenas.El pasado marzo, Amnistía Internacional Paraguay entregó una guía para el Plan Nacional de Derechos Humanos al Presidente Lugo – y otros candidatos presidenciales.Información generalEl Partido Colorado lleva más de 60 años en el poder en el Paraguay. Desde 1954 a 1989, fue el sustento político de la dictadura militar del general Alfredo Stroessner, acusado de graves y sistemáticas violaciones a los derechos humanos la mayoría de las cuales quedaron en la impunidad.Desde el fin del gobierno de facto del general Alfredo Stroessner en 1989, el Partido Colorado ha triunfado en cuatro elecciones. El electo Presidente Fernando Lugo, ex-obispo de la Iglesia católica, encabeza la Alianza Patriótica para el Cambio. ESTADAO.COM (Bra.) 16/04/08Anistia indeniza mais 4 perseguidos políticos da ditadura.Mais quatro perseguidos políticos pelo regime militar que se instalou no Brasil após 1964 vão receber indenização e, em dois casos, prestações mensais do Tesouro. Eles foram julgados ontem em sessão da Caravana da Anistia, evento promovido pela Comissão de Anistia do Ministério da Justiça para julgar em bloco casos semelhantes.Julio Prata, João Roberto Villares, Pedro Rocha Filho e Bernardo Boris Jorge Vargaftig, todos com militância política em São Paulo, foram julgados na sede do Sindicato dos Professores da Rede Estadual (Apeoesp) no centro da capital. Julio Prata teve direito a uma indenização de R$ 345 mil e prestações mensais de R$ 3 mil para sua mulher. Ele morreu em 2005.Ex-professor e líder do movimento estudantil, Pedro Rocha Filho, que chegou a ser preso no famoso Congresso de Ibiúna em 1968, vai receber R$ 257 mil de indenização e prestações mensais de R$ 1,7 mil. O médico formado pela Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) Bernardo Boris Jorge Vargaftig receberá R$ 100 mil de indenização em prestação única, sem direito a prestação mensal.Militante da Vanguarda Armada Revolucionária (VAR-Palmares), João Roberto Villares vai receber R$ 37.350, o equivalente a 90 salários mínimos, de indenização, sem direito a prestação mensal. Ele, que foi preso na Operação Bandeirante (Oban) não conseguiu comprovar vínculo de trabalho. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.


El analisis de ADN confirmo que Evelyn es hija de Susana Pegoraro y Ruben Bauer, desaparecidos en 1977
Cuando una verdad demora treinta años
La Justicia confirmó la identidad de Evelyn.
La joven nunca aceptó extraerse sangre, pero la muestra que permitió conocer su origen fue obtenida de elementos secuestrados en su casa.
Por Diego Martínez

Pegoraro y Bauer desaparecieron el 18 de junio de 1977. Ella en Constitución y él en La Plata.
Susana Beatriz Pegoraro, embarazada de cinco meses, fue secuestrada en la estación Constitución el 18 de junio de 1977. Su compañero, Rubén Santiago Bauer, cayó ese mismo día en La Plata. La hija de ambos nació en la maternidad clandestina de la ESMA. Poco después fue entregada al ex marino Policarpio Vázquez y a su esposa Ana María Ferra, que la inscribieron como propia y la llamaron Evelyn. Ayer, luego de treinta años de búsqueda, Abuelas de Plaza de Mayo confirmó que la niña es hija biológica de Bauer y Pegoraro, ambos desaparecidos, vistos por última vez en la ESMA. La directora del Banco Nacional de Datos Genéticos, Belén Rodríguez Cardozo, le informó a la jueza María Servini de Cubría que el estudio inmunogenético realizado en el Hospital Durand arrojó una compatibilidad entre los ADN de Vázquez y la pareja Bauer-Pegoraro de un 99,9 por ciento. Evelyn siempre se negó a realizarse la extracción de sangre, por lo que la muestra que permitió identificarla se obtuvo de elementos de uso cotidiano secuestrados durante un allanamiento a su casa.
En 1999, Vázquez admitió que Evelyn no era su hija. Contó que en 1978 trabajaba en el edificio Libertad, donde una persona a la que conocía como El Turco le dijo "que había una criatura para adoptar sin papeles". Con su mujer resolvieron aceptarla "porque la iban a matar". Aseguró desconocer si los padres "estaban vivos o desaparecidos". Ambos coincidieron en que la llegada de Evelyn fue "un mandato divino" y "una bendición de Dios".
En 2001 la joven se negó a someterse a un análisis de ADN que pudiera usarse como prueba en contra de quienes la criaron. Luego de varias presentaciones, la mayoría de la Corte Suprema de Justicia le dio la razón: se debía proteger su derecho a intimidad. Pese al desconocimiento de su identidad real, cinco años después Servini decretó la clausura de la instrucción. En febrero de 2006 los fiscales Luis Comparatore y Patricio Evers pidieron nueve años y medio de prisión para Vázquez, nueve para su esposa y seis para la partera Justina Cáceres por haber firmado un certificado de nacimiento con datos filiatorios falsos. Destacaron que el matrimonio "recibió de una persona de rango militar desconocido, de apellido Salles o similar, una niña recién nacida a la que procedieron a anotar como su hija biológica, mediante la obtención de un certificado de nacimiento ideológicamente falso". Luego "criaron a la niña ocultándole su verdadera identidad". Consideraron que se trataba de "un hecho de extrema gravedad que afectó de manera esencial la propia formación de la identidad de una persona desde el mismo instante de su nacimiento". Calificaron el caso como "delito de lesa humanidad". El castigo a los apropiadores es "un imperativo ético de un estado democrático de derecho", escribieron.
Cuando los apropiadores pidieron su absolución con el argumento de que el único elemento para condenarlos era su propia confesión, Servini consideró que el análisis de ADN había dejado de ser una mera prueba complementaria y ordenó allanar la casa de la mujer para extraer muestras alternativas de ADN. Al recibir la notificación, Evelyn recusó a Servini. Argumentó que no podía la misma jueza investigar el caso y juzgar a sus apropiadores. En junio la Cámara Federal apartó a Servini del juicio al matrimonio, que pasó a manos del juez Octavio Aráoz de Lamadrid, pero le ordenó profundizar la investigación sobre la identidad de la joven.
La jueza se tomó ocho meses para ordenar el paso siguiente. El 14 de febrero personal del Banco de Datos Genéticos allanó el departamento de Evelyn Vázquez. Se llevó su cepillo de dientes, ropa interior y una pinza de depilar. Evelyn presentó un recurso de nulidad contra el allanamiento, que fue rechazado por la Cámara Federal. Entrevistada por el diario La Nación, explicó que "se portaron correctamente, pero que te allanen es una cosa muy violenta". Admitió que se había reunido con sus abuelas "para decirles que no estoy contra ellas". Comprendía "que quieran saber si soy o no su nieta porque me buscaron todos estos años y es horrible, pero tienen que entender que yo tuve una familia y la sigo queriendo". "A mí me da pánico pensar que después no sean mi familia biológica", confesó. Ayer, finalmente, confirmó que las Abuelas de Plaza de Mayo no estaban equivocadas.
El de Evelyn Vázquez es el tercer caso de apropiación que la Justicia esclarece con métodos de identificación alternativos a la extracción de sangre. El primero fue el de Natalia Suárez Nelson, apropiada por el tanguero Omar Alonso, a quien ahora querella. El segundo fue el de Alejandro Sandoval Fontana, apropiado por el gendarme Víctor Rei.
Varios debates de fondo relacionados con los métodos de identificación de niños robados durante la dictadura esperan resolución en la Corte Suprema de Justicia. Uno es sobre la extracción de sangre compulsiva. Otro, sobre la validez de métodos alternativos para conocer el ADN. El tercero lo plantearon los hijos adoptivos de la dueña del Grupo Clarín, Ernestina Herrero de Noble, quienes se niegan a ser compulsados con la totalidad de muestras del Banco de Datos del Hospital Durand y sólo aceptan que se verifique su compatibilidad con los familiares de la pareja que las Abuelas estiman son sus padres biológicos. La Corte se inclinaría por rechazar la extracción compulsiva pero dejaría la puerta abierta para que la Justicia continúe utilizando métodos como el que ayer le permitió a Evelyn Vázquez conocer su verdadera identidad.
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SEGUN FISCAL A MENENDEZ LE CORRESPONDERIA PRISION PERPETUA   Córdoba, 22 de abril (Télam).- La fiscal federal de Córdoba Graciela López de Filoñuk, que instruyó la causa elevada a juicio contra Luciano Benjamín Menéndez, evaluó que de acuerdo a los cargos, al militar le correspondería prisión perpetua.  "De acuerdo a las imputaciones hechas por mí, que es privación ilegítima de la libertada agravada, imposición de tormento agravado y homicidios agravados, es cadena perpetua", dijo la fiscal.  El juicio estará a cargo del Tribunal Oral Federal 1 de esta ciudad que fijó el 27 de mayo como fecha de inicio de lo que será el primer juicio en Córdoba contra el ex comandante del Tercer Cuerpo, en la causa por tortura, desaparición y muerte de cuatro personas.  En la causa conocida como "Brandalisis" están imputados además Hermes Oscar Rodriguez, Jorge Exequiel Acosta, Carlos Alberto Vega, Carlos Alberto Diaz, Luis Alberto Manzanelli, Oreste Valentín Padován y Ricardo Alberto Lardone.  Graciela López de Filoñuk acompañará a los fiscales Maximiliano Hairabedián junto y José Fabián Asis, después de haber participado de la instrucción de la causa que fue elevada a juicio por la jueza federal número 3, Cristina Garzón de Lascano.  En esa causa se investiga la desaparición, tortura y asesinatos, en diciembre de 1977, de Humberto Brandalisis, Carlos Enrique Lajas, Lidia Flora Palacios y Raúl Cardozo.  De los imputados excepto Lardone, que trabajaba como personal civil de inteligencia del Ejército, los demás son ex suboficiales de esa fuerza que actuaron en distintas áreas, como el centro clandestino de detención La Perla, hoy convertido en el Museo de la Memoria.  Filoñuk confirmó hoy que la Fiscalía aportará unos 25 testigos, algunos de ellos en el extranjero, que en la mayoría de los casos coinciden con los que convocarán los querellantes Claudio Orosz y Martín Fresneda, abogados de Hijos.  Una decena de esos testigos son protegidos por una brigada especial de la Policía ya que, dijo la fiscal, "de los testigos míos, todos aquellos que han pedido protección, la tienen".  Destacó que "tenemos testigos de los secuestros, tenemos testigos de que han sido vistos en La Perla, y al hacer parecer que es una operación 'ventilador', tenemos certificados de defunción de los cuatro".  "Tenemos pruebas de que ingresaron a la morgue, de la morgue los llevaron al cementerio San Vicente y de ahí, por supuesto, fueron a la fosa común", recordó la fiscal. (Télam). 




Gelman recibió el premio Cervantes 2007
El poeta argentino Juan Gelman recibió hoy el Premio Cervantes 2007 de manos del rey Juan Carlos de Borbón, en el Paraninfo de la Universidad de Alcalá de Henares. En su discurso de entrega del distinguido premio, Gelman reclamó el cierre de las heridas y rescate de la "memoria histórica" para poder "limpiar el pasado" y abrir las puertas a la "verdad" y la "justicia".

El poeta recibió el galardón, en una ceremonia en la que estuvo también presente José Luis Rodríguez Zapatero.


En el transcurso de un solemne acto, presidido por los reyes Juan Carlos y Sofía en el Paraninfo de la Universidad de Alcalá de Henares -que este año conmemora su quinto centenario-, Gelman profundizó al afirmar que "las heridas aún no están cerradas".
"Laten en el subsuelo de la sociedad como un cáncer sin sosiego. Su único tratamiento es la verdad", indicó el poeta argentino tras recibir la medalla y la escultura que lo acreditan como ganador del galardón, informó la agencia de noticias Europa Press.
"Hoy celebro una España que no acepta las aventuras bélicas y rompe clausuras sociales que hieren en la intimidad de las personas. Hoy celebro una España empeñada en rescatar su memoria histórica como único camino para construir una conciencia cívica sólida que abra las puertas al futuro", sostuvo Gelman.
"Ya no vivimos en la Grecia del siglo V antes de Cristo en que los ciudadanos eran obligados a olvidar por decreto. Esa clase de olvido es imposible. Bien lo sabemos en el Cono Sur", agregó.
Acompañado por el presidente de Gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, el ministro de Cultura, César Antonio Molina, y numerosas personalidades del mundo de la cultura y la política, Gelman habló también de la muerte en Occidente y de la aparición del concepto de "muerte a distancia".
Fue, explicó, "en lugares como Hiroshima, cuando el coronel Paul Tobbets apretó un botón y aniquiló a 200.000 civiles".
El Premio Cervantes lo relacionó en la actualidad con Irak al afirmar que "la muerte se ha vuelto anónima y hay algo peor: hoy mismo centenares de miles de seres humanos son privados de la muerte propia. Así se da en Irak".
Para el poeta argentino, Don Quijote supo ver esta "muerte a distancia, cada vez más segura para el que mata, cada vez más terrible para el que muere" y la muerte llega hoy también "hospitalizada con un cortejo de silencios y mentiras".
En su discurso el poeta argentino, que sufrió en carne propia la tragedia durante la última dictadura militar argentina, recordó la desaparición de 30.000 personas durante la dictadura militar.
"Cabe señalar que la palabra desaparecido es una sola pero encierra cuatro conceptos: el secuestro de ciudadanos y ciudadanas inermes, su tortura, su asesinato y la desaparición de sus restos en el fuego, en el mar o en el suelo ignoto. El Quijote me abría entonces manantiales de consuelos", recordó.
En otro párrafo de su discurso, Gelman se confesó devoto de Cervantes, quien, aseguró, "inventó la primera novela moderna que contiene y es madre de todas las novedades posteriores, de Kafka a Joyce".
También se describió como un devoto de la poesía, "hoy premiada" y calificó este género de "doncella tierna y de poca edad y en todo extremo hermosa para don Quijote, doncella que, dice Cervantes en 'Viaje al Parnaso', puede pintar en la mitad del día, la noche y en la noche más oscura el alba bella que perlas cría...".

Desafuero de Patti
La Comisión emitió un dictamen favorable

La Comisión de Asuntos Consitucionales de la Cámara de Diputados emitió esta tarde un dictamen favorable al proyecto que otorga el desafuero al ex represor y ex subcomisario Luis Patti, que hoy el oficialismo buscará votar en el recinto de sesiones.



La presidenta de la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, Graciela Camaño dialogando con Alejandro Rossi.



El despacho fue impulsado por el kirchnerismo, Coalición Civica, la CTA, Diálogo por Buenos Aires, mientras que en el radicalismo hay posturas diversas sobre el pedido de desafuero solicitado por el juez Alberto Suares Araujo, y el PRO se pronunció en contra de esta medida.
Los diputados kirchneristas utilizaron como antecedente para otorgar el desafuero pedido por el juez el caso del fueguino Juan "Jeringa" Barrionuevo, a quien le dieron el desafuero previo a asumir su banca.




Por delitos de lesa humanidad
Videla fue trasladado a declarar
El represor Jorge Rafael Videla fue trasladado esta mañana a los tribunales federales de Retiro para ser indagado por delitos contra los derechos humanos cometidos en jurisdicción del Primer Cuerpo del Ejército durante la última dictadura militar. Fuentes vinculadas a la causa confirmaron que la audiencia estuvo a cargo del juez federal Daniel Rafecas. Videla se encuentra cumpliendo arresto domiciliario, condenado por los crímenes y desapariciones cometidas durante la última dictadura militar.




Procesan y embargan a once marinos y un policia por la ESMA
Justicia para una patota

El juez federal Sergio Torres avanzó en el procesamiento a los jefes e integrantes de los grupos de tareas de la ESMA. Los almirantes Franco y Otero y el capitán de navío Daviou integran la nueva lista. Suman 50 los represores procesados.

En el edificio de la Escuela de Mecánica de la Armada funcionó uno de los mayores centros clandestinos.
Imagen: Gustavo Mujica
Subnotas
“Niego todos los hechos”

Por Diego Martínez
El juez federal Sergio Torres procesó a once oficiales retirados de la Armada y a un ex policía federal por su participación en secuestros, torturas y homicidios en la ESMA durante la última dictadura militar. El listado incluye a marinos menos célebres que Astiz, Acosta & Cía. pero con carreras exitosas como los almirantes retirados Rubén Oscar Franco, que llegó a ser comandante en jefe de la Armada hasta el retorno de la democracia, Edgardo Aroldo Otero, alias “Honda”, director de la ESMA y comandante del grupo de tareas 3.3.2 en 1980, y el capitán de navío retirado Carlos Daviou, alias “Justo”, sindicado por Adolfo Scilingo en España como uno de sus acompañantes en los vuelos de la muerte y segundo jefe de inteligencia de la Armada hasta su retiro en septiembre de 1999. La mayor parte de los delitos que les imputa la Justicia fueron cometidos entre 1978 y 1980. Según los registros del Centro de Estudios Legales y Sociales, la medida elevó a cincuenta el número de procesados con prisión preventiva del mayor centro clandestino de detención de la Armada y de la Capital Federal.
La resolución de Torres y su secretario Diego Slupski tiene más de 250 páginas e incluye embargos millonarios. Los procesados por privaciones ilegales de la libertad, tormentos y tormentos seguidos de muerte son los almirantes Franco y Otero, los contraalmirantes Mario Pablo Palet y Eduardo Morris Girling, el vicealmirante Alberto Gabriel Vigo, los capitanes de fragata Ricardo Lynch Jones, Miguel Angel Rodríguez, Julio César Binotti y el médico Carlos Octavio Capdevila, los capitanes de navío Daviou y Miguel Angel García Velazco, y el sargento Juan Carlos Fotea Dineri, de la Policía Federal, detenido en España en 2005 y extraditado a la Argentina.
Los seis primeros gozan de arresto domiciliario. La propia Armada debe trasladarlos hoy a las ocho de la mañana a los tribunales de Comodoro Py para que se notifiquen de la medida. Los otros seis, presos en el penal de Marcos Paz, fueron notificados ayer. El mayor embargo recayó sobre García Velazco, con 370 millones de pesos. Le siguen Otero con 285 millones, Fotea con 269, Franco con 225, Lynch Jones con 199, Morris Girling con 101, Daviou con 98, Vigo con 94, Capdevila con 86, Rodríguez con 16, Palet y Binotti con 7 millones de pesos.
La mayor parte de los procesados fueron detenidos por orden de Torres el 11 de marzo pasado. Dos de los que el juez ordenó capturar ya habían muerto impunes: los vicealmirantes Rodolfo Antonio Remotti y Leopoldo Alfredo Suárez del Cerro. Otros dos se convirtieron en prófugos de la Justicia: el subprefecto Jorge Manuel Díaz Smith y el oficial de la Policía Federal Claudio Pittana. La megacausa ESMA tiene otros cinco imputados que burlan con éxito al Estado: el capitán de navío Jorge Vildoza, el prefecto Gonzalo Sánchez y los policías Roberto González, Juan Carlos Linares y Pedro Salvia. Según el listado de 18 represores cuyas capturas ordenó Torres el mes pasado, restaría resolverse la situación procesal del contraalmirante Jorge Néstor Estévez, que como subjefe de operaciones comandó la Fuerza de Tareas 3 en 1978, y de Luis Wis Navarro, que integró el sector operaciones entre 1977 y 1979.
Según pudo saber Página/12 de fuentes judiciales, el único de los marinos detenido en marzo que no se negó a declarar fue el capitán de fragata retirado Ricardo Lynch Jones, quien según el dictamen del fiscal Eduardo Taiano se desempeñó en 1977 con el alias “Panceta” como voluntario del grupo de tareas 3.3.2. Hizo uso de la palabra para aclarar que quien actuó en la ESMA no fue él sino su hermano Gustavo Alberto, acusado de participar en vuelos de la muerte, que no está para defenderse de la acusación de “Panceta” porque murió hace más de veinte años.
En su resolución el juez Torres explicó que “la constitución, organización y funcionamiento” de los grupos operativos “se gestó desde la cúpula misma de la Jefatura de la Armada, con los medios y el personal perteneciente a esa fuerza, de un modo institucional y jerárquico”. Agregó que “ninguno de los estratos intermedios entre la Jefatura y el personal operativo, de inteligencia y logística que formaban parte del grupo de tareas, ignoraban o desconocían, negaban ni impedían de modo alguno la actividad de aquella formación”.
El juez detalló que “mientras duró el cautiverio de las víctimas en la Escuela de Mecánica de la Armada se les dispensó un trato inhumano, cruel y degradante”. Recordó que además de la picana eléctrica, el submarino y demás métodos de torturas, los secuestrados debían permanecer “encapuchados, esposados y a veces también engrillados a la pared o a una bala de cañón y únicamente se les permitía sentarse para comer, pero mirando hacia la pared. No les estaba permitido hablar ni moverse. Se les restringía al máximo la alimentación y para ir al baño debían levantar la mano y esperar”, aunque “muchas veces debieron evacuar en el mismo lugar donde estaban acostados”.
Según los registros del CELS, 27 de los 50 procesados en la megacausa ESMA están presos en el pabellón de lesa humanidad del penal de Marcos Paz, 22 gozan de arresto domiciliario, en tanto el prefecto Juan Antonio Azic aún se recupera de su suicidio frustrado en el Hospital Naval.




El titular de la Corte detecto que intentaban espiar su PC
Un hacker con avidez Suprema

Ricardo Lorenzetti se dio cuenta de que estaban tratando de entrar a su computadora le pidió información a la empresa Telmex, que le brinda servicio a la Corte. Le confirmaron la sospecha. Ahora espera un informe escrito para hacer la denuncia.

El presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, estudia denunciar el intento de hackeo.
Imagen: Gustavo Mujica


El presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, descubrió un intento de hackeo a su computadora después de haber recibido varios e-mails sospechosos. Eran correos electrónicos que le advertían que su clave personal para acceder al sistema del tribunal estaba a punto de caducar y le pedían renovar con urgencia todos sus datos personales. La empresa Telmex, que les provee los servicios informáticos a los supremos, les confirmó a los colaboradores de Su Señoría en forma extraoficial, verbal, que había sido blanco de un típico caso de phishing. Pero no era todo: le advirtió que la maniobra podría estar relacionada con un ex agente de la SIDE, hasta hace unos días integrante de la Policía de Seguridad Aeroportuaria. El viernes Lorenzetti le pidió por carta a la compañía que todo eso se lo dijera por escrito, con miras a concretar una denuncia.
Como es característico del phishing –un método de hackers que se usa para robar datos y/o ingresar a un determinado sistema– los e-mails que recibió Lorenzetti provenían de Telmex. O eso aparentaban. En conversaciones varias con la Administración General y el área de Informática de la Corte, la empresa mexicana de telecomunicaciones dijo que los mensajes no habían sido enviados por ella sino que se trataba, en efecto, de un intento de hackeo. Eso es lo que relataron a Página/12 funcionarios confiables del tribunal. El dato causó preocupación, por tratarse del presidente de la Corte, y porque no es la primera vez que ocurre algo así en la red suprema: ya le pasó a Raúl Zaffaroni.
A eso se sumó la presunta vinculación del episodio, al parecer mencionado por Telmex, con el ex espía Iván Germán Velázquez. Tanto en el Poder Judicial como en el Ejecutivo, el nombre de Velázquez habría quedado asociado el año pasado a distintos episodios de hackeo a funcionarios y periodistas. Dos semanas atrás este diario informó que, además, aparecía como uno de los supuestos gestores de una convocatoria por medio de una cadena de e-mails (mediante la utilización de direcciones de correo hackeadas) a una Marcha Federal a Plaza de Mayo de sectores del campo para el viernes 28 de marzo, cuando estalló el conflicto rural por las retenciones. El texto que circuló, escrito con un precario lenguaje castrense, daba precisiones sobre puntos de encuentro y hasta cantidad estimada de gente que asistiría.
En aquel momento, Velázquez trabajaba en el área de Contrainteligencia de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), que depende del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos. Por esos días, un funcionario de la PSA consultado por Página/12 dijo que no confiaba en Velázquez pero sólo le abriría un sumario si surgían las evidencias necesarias que lo relacionaran con los e-mails. “Son chicos raros que hacen un trabajo raro también”, minimizó.
A los pocos días el policía fue llamativamente separado de su puesto junto con un estrecho colaborador, Pablo Carpintero. Según el mismo funcionario de la PSA nuevamente consultado, el desenlace no fue por la convocatoria a la protesta del campo sino por haber ido a increpar –a raíz de una interna– a un alto funcionario de la SIDE. Voceros del Ministerio de Justicia consultados por este diario se limitaron a decir: “Pregúntenle a la Policía Aeroportuaria”. Ambos, Velázquez y Carpintero, habrían optado por dejar la Argentina y radicarse en Uruguay.
Mucho antes de todas estas andanzas, en abril de 1999, Velázquez fue detenido, acusado de vender instrucciones para armar bombas en disquetes. Pertenecía entonces a la Comunidad Nativa de Organizaciones Regionales que formó el vicecomodoro Horacio Riccardelli. Un grupo de militares de ultraderecha fue a reclamar por su libertad al juzgado junto al abogado defensor Pedro Bianchi, defensor de represores.
En la Corte Suprema prefieren mantener la calma y esperan que Telmex –la empresa del multimillonario Carlos Slim– les diga oficialmente cuando menos lo esencial de lo que les dijo informalmente: que existió un intento de hackeo, phishing o alguna de sus variantes. Lorenzetti, al parecer, tiene la intención de hacer la denuncia, pero preferiría esa confirmación de la compañía al momento de presentarse en un juzgado.





La barbarie, la casualidad y la memoria

Por Eric Nepomuceno *
La comisión de amnistía del Ministerio de Justicia brasileño empieza, hoy y mañana, a conceder las primeras indemnizaciones a campesinos que hace más de treinta años fueron detenidos y torturados por el ejército. Todo eso ocurrió durante operaciones de combate a la guerrilla instalada en la región del río Araguaia, Pará, en la Amazonia. La ceremonia en la localidad de San Domingos deberá contemplar a 40 víctimas. Alrededor de 240 casos fueron llevados al análisis de la comisión de amnistía, que ya se definió por 120, considerando que “quedó más que comprobado” que los crímenes fueron efectivamente cometidos por las fuerzas armadas. A nombre del Estado brasileño se pedirá formalmente perdón a los moradores de aquella región.
Los militares brasileños siempre insistieron en que no quedó ningún registro oficial, ningún archivo, nada de nada sobre las operaciones contra la guerrilla del Araguaia, llevada a cabo por el Partido Comunista do Brasil (PcdoB), de tendencia maoísta. De paso, rechazaron siempre –clasificándolos de fantasía izquierdista– relatos sobre mutilaciones, degollados, torturas y violaciones llevadas a cabo por la tropa. Al no existir ninguna información oficial es imposible encontrar el lugar en que se enterraron los cadáveres de las víctimas y, menos aún, saber cómo se dieron las operaciones en el Araguaia. Al no haber registro, no hay cómo determinar sus responsables.
Entre 1972 y 1975 operaciones conjuntas del ejército, la marina y la fuerza aérea se dedicaron a aniquilar los focos guerrilleros. Los números oficiales indican que murieron en combate 59 militantes, 16 militares y diez moradores de la región. Hay causas judiciales requiriendo información sobre 22 desaparecidos, casi todos pequeños agricultores. Sobrevivientes de la guerrilla aseguran que los muertos fueron muchos más, inclusive entre las tropas del ejército. Las fuerzas armadas insisten en los números oficiales, reiterando siempre que los archivos ya no existen.
Sin embargo, la casualidad –la simple casualidad– comprobó que, al contrario de lo que dijeron y dicen los altos mandos militares, los documentos sí existen. Lo probó un trámite burocrático banal, iniciado en 1990 por un teniente retirado llamado José Vargas Jiménez. Luego de recordar sus tiempos de tropa, él concluyó que bien se merecía una condecoración. Solicitó nada menos que la Medalla del Pacificador en su grado máximo.
Empezado el trámite de rutina, Jiménez recibió en su casa, y por equivocación (al fin y al cabo, había solicitado nada más que una medalla), varios documentos con el sello de “secreto” con todas las informaciones que supuestamente no existían. Son registros de operaciones, y comprueban que al menos veinte guerrilleros fueron llevados a bases militares con las manos esposadas y luego aparecieron como “muertos en combate”. Hay nombres y fechas, además de la trascripción de los testimonios prestados en los interrogatorios bajo tortura. El guerrillero Antonio de Pádua da Costa llegó vivo a una base del ejército el día 24 de enero de 1974, según el registro firmado por quien lo detuvo, el mismo Vargas Jiménez. El guerrillero Antonio de Pádua da Costa murió en combate el 5 de marzo de 1974, según el registro oficial de la marina, que lo mató. Entre una fecha y otra, quedó a disposición de las fuerzas armadas. Hay inclusive fotos de ese período.
Entre los documentos entregados a Vargas Jiménez estaba el “Plan de Búsqueda y Aprehensión” producido por el ejército, que señalaba a 17 campesinos como cómplices de la guerrilla. Uno aparece en la lista oficial de muertos en combate. Los otros 16 integran la relación de desaparecidos. Sus nombres constan en las listas de la comisión de amnistía del Ministerio de la Justicia y sus familias serán indemnizadas.
José Vargas Jiménez fue jefe de grupos de combate responsables por la muerte de al menos 32 guerrilleros en el Araguaia entre octubre de 1973 y febrero de 1974. “Las órdenes eran claras: disparar primero, preguntar después. Entramos para destruir, para matar, no para hacer prisioneros. La cuestión era clara: exterminar. Y no veo por qué ocultar que hubo tortura y que estamos hablando de exterminio”, dice. Y cuenta más: muchos de los cuerpos fueron dejados a la intemperie, para ser devorados por animales. Recuerda el caso de tres guerrilleros que fueron degollados y tuvieron sus manos amputadas. Recuerda haber participado en la muerte del ex diputado Mauricio Grabois, principal líder de la guerrilla, en el día de Navidad de 1973. Y también de la muerte de Maria Lucia de Souza, la temible “Sonia”, que hirió a tiros a dos oficiales antes de ser destrozada por ráfagas de ametralladora disparadas por los militares que la detuvieron, Vargas Jiménez entre ellos.
A tiempo: al teniente retirado le fue concedida la Medalla del Pacificador en su grado más elevado. Ahora, él contó lo que sabía y reprodujo parte de la documentación recibida en un libro llamado Memorias de un guerrero de la selva.
Enfrenta un juicio del ejército por divulgar documentos secretos. Los mismos documentos que, según el ejército, no existen. Y que por primera vez circulan a la luz del día, en una edición pequeña, casi imposible de encontrar, y que el autor, con su grado de Pacificador, pagó para imprimir.
* Escritor y periodista brasileño. Su último libro es O massacre.

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