jueves, 24 de abril de 2008













GELMAN Y EL REY EXALTARON LA VERDAD Y LA JUSTICIA
De Villa Crespo a Alcalá

Juan Gelman recibió ayer el Premio Cervantes de manos del Rey de España. Ambos exaltaron en sus discursos la lucha por los derechos humanos, la verdad y la justicia. La mujer y los nietos de Gelman escucharon con los ojos húmedos de ternura. Una ovación de tres minutos e inusual intensidad respondió a sus palabras. Luego se inauguró en la Universidad de Alcalá de Henares una hermosa exposición en su homenaje.

El premio fue entregado por el Rey, bajo la complacida mirada de Rodríguez Zapatero, en el Paraninfo de la Universidad de Alcalá de Henares.
Subnotas
Manantiales de consuelo
Texto íntegro del discurso de Juan Gelman en la entrega del Premio Cervantes


Por Horacio Verbitsky
Desde Madrid
El poeta argentino Juan Gelman y el Rey de España Juan Carlos de Borbón exaltaron la lucha por los derechos humanos, la verdad y la justicia, durante la ceremonia de entrega del Premio de Literatura en Lengua Castellana Miguel de Cervantes, que un jurado internacional otorgó al autor de Mundar. El premio fue entregado por el monarca ante la mirada complacida del recién reelecto presidente del gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, en el Paraninfo de la Universidad de Alcalá de Henares, la ciudad en la que nació el autor de Don Quijote hace 461 años.
Gelman pronunció su discurso de aceptación (ver aparte) desde un púlpito tallado con una policromía de verdes, rojos y dorados, bajo el artesonado morisco del paraninfo, construido en el siglo XVI. Al pie del púlpito lo custodiaban dos alabarderos de la Casa Real, ataviados con sus vestimentas medievales. Cuando el pibe de Villa Crespo, enfundado en un frac con la elegancia de quien lo usó toda la vida y que motivó admirativas observaciones femeninas, leyó sus conmovedoras palabras sobre el exilio, los desaparecidos por la dictadura militar argentina y el consuelo que encontró en Cervantes y en la poesía, desde un palco lateral lo observaban con los ojos húmedos su compañera de la vida, Mara La Madrid, y lo que Juan y Mara llaman “La nietada”. Este colectivo inseparable incluye a una hija y dos nietos de Mara (Paola, Andrea e Iván) y a dos nietos de Gelman, Jorge y Macarena.
En la primera fila estaban sentados dos de los miembros del jurado, el poeta español Antonio Gamoneda, premiado en la edición anterior del Cervantes, y el novelista argentino Martín Caparrós. Entre los invitados personales de Gelman estaba el artista Hermenegildo Sábat, quien pintó el retrato del poeta que será colocado en la galería de los autores que recibieron el premio Cervantes; el cineasta Jorge Denti, quien acaba de filmar un documental sobre la vida y la obra de Gelman; el bandoneonista Rodolfo Mederos; el rector de la Universidad Nacional de San Martín, Carlos Ruta; Silvia Vesco de Gorriarena, la viuda del pintor Carlos Gorriarena, amigo de Gelman desde la juventud hasta su muerte, en enero del año pasado; la médica y escritora Mónica Muller; el periodista Juan Carlos Algañaraz, quien trabajó con Gelman en el diario La Opinión en 1971 y ahora es corresponsal de Clarín en España, y el poeta mexicano Eduardo Hurtado. También asistieron el embajador argentino, Carlos Bettini, y su madre, Marta Francese de Bettini. Un hermano del embajador fue asesinado en un presunto enfrentamiento en noviembre de 1976. Poco después fueron secuestrados y nunca se supo de ellos su padre, el fiscal Antonio Bettini; su cuñado, el oficial de la Armada Jorge Devoto, y su abuela, de 77 años, Mercedes Hourquebie de Francese, Memé.
Conversación en el jardín
Al término de la ceremonia, la reina Sofía estuvo charlando en los jardines de la universidad con Macarena, hoy de 31 años, que nació en cautiverio en el Uruguay y fue entregada a un comisario policial por los mismos militares y policías que luego de su nacimiento asesinaron a su madre, María Claudia Irureta Goyena. Bajo la sombra de un árbol Sofía le pidió que le hablara de su vida y de la tarea que realizaron sus abuelos Juan y Mara para localizarla, hace nueve años, y permitirle que conociera su identidad y recuperara su apellido. Macarena accedió al pedido, con su bello rostro encendido por la emoción. La Reina también quiso conocer a Andrea, la nieta adolescente que no quiere soltarse de la mano de su abuelo, con quien parecen dos enamorados. Hace dos años, cuando Gelman recibió el premio Reina Sofía de poesía Iberoamericana, Andrea le mandó decir con Mara que ella era una princesa. “Quiero conocer a esa princesa”, reclamó la Reina. La nietada había recibido el encargo de guardar la caja de fulgurante cuero rojo de la que el Rey extrajo la medalla con la que condecoró a Gelman, y que no cabía en ninguna cartera. Como parte de la farra, los chicos la llamaban “El portacervantes”.
Mudos testigos
Las paredes del paraninfo lucían en letras doradas los nombres de alumnos ilustres de la Universidad de Alcalá. Estos fueron los mudos testigos del homenaje al gran poeta argentino: el historiador, arqueólogo y lingüista Ambrosio de Morales, que sólo escribía luego de investigar los hechos en los lugares donde habían sucedido; el historiador jesuita Juan de Mariana, autor de la doctrina del tiranicidio que justificó el magnicidio si un monarca imponía impuestos a los ciudadanos sin su consentimiento, les expropiaba su propiedad o impedía la reunión de un parlamento democrático; el médico y escritor renacentista Francisco Vallés de Covarrubias, el primero que enseñó anatomía con cadáveres humanos; el humanista y gramático Antonio de Nebrija; los escritores Lope de Vega y Francisco de Quevedo; el responsable de la primera edición políglota de la Biblia, en ocho volúmenes publicados en 1572, Benito Arias Montano; el clérigo Juan de Avila, procesado por la Inquisición a mediados del siglo XVI por llamar mártires a los quemados por herejes y sostener que las puertas del cielo estaban cerradas para los ricos; el teólogo Bartolomé de Carranza, quien también fue denunciado al Santo Oficio por postular limitaciones al poder papal; el filósofo Juan de Vergara, procesado por la Inquisición debido a su correspondencia con Erasmo; el místico agustino Santo Tomás de Villanueva, que agotó su fortuna y vendió hasta el jergón en que dormía para ayudar a los pobres; el dominico Domingo de Soto, profesor de teología y de economía, que desarrolló la teoría sobre la usura desde una perspectiva tomista, en la que el diferencial de precios se asimilaba al precio justo; el secretario de Estado de Felipe II, Antonio Pérez, el mayor coleccionista privado de arte de su tiempo; el filósofo y político de la Ilustración Gaspar Melchor de Jovellanos; pero también el fundador de la Compañía de Jesús, Ignacio de Loyola; el teólogo dominico Juan Ginés de Sepúlveda, defensor de la esclavitud de los americanos en el debate con Bartolomé de las Casas y el historiador Francisco López de Gomara, quien exaltó sin mucho apego por la verdad de los hechos la conquista de México por Hernán Cortés. Debajo de cada uno de esos nombres ilustres pendían blasones de la casa real, salvo dos que correspondían a la Universidad de Alcalá.
Los colores del saber
A la izquierda del Rey se sentaron los decanos y vicedecanos de las distintas facultades de Alcalá, todos con sus togas negras, pero cada uno con una museta de distinto color, según la respectiva especialidad: azul los de ciencias, rojo los de derecho, celeste los de humanidades, marrón los de ingeniería, naranja los de ciencias económicas y amarillo los de medicina. Los decanos tenían además birretes del mismo color que su museta. El discurso de Gelman fue saludado por una ovación que sorprendió a los habituados a estas ceremonias, por su intensidad y duración. La audiencia se peló las manos aplaudiendo durante no menos de tres minutos. Terminados los mensajes, una solista y un coro entonaron el himno universitario Gaudeamus Igitur también llamado De brevitate vitae. Su letra, que suele considerarse originaria del siglo XIII, comienza:
Alegrémonos pues,mientras seamos jóvenes.Tras la divertida juventud,tras la incómoda vejez,nos recibirá la tierra.
Sin inmutarse por estos versos cantados en latín, Gelman, quien dentro de diez días cumplirá 78 años, cuando esté en vuelo desde Madrid a México, y se propone vivir por lo menos 100, inauguró después una muestra en su homenaje organizada por la Universidad de Alcalá, titulada “El emperrado corazón amora”. Incluye una selección de los últimos cuadros que pintó Gorriarena, cada uno acompañado por un poema de Juan; la proyección de la película de Jorge Denti; una biografía literaria de Gelman compuesta sobre el diseño de las tres constelaciones de Centauro y la Cruz del Sur, con fotografías de los autores que ama, entre ellos Shakespeare y Cervantes, los desaparecidos por la dictadura Rodolfo Walsh, Paco Urondo, Haroldo Conti y Miguel Angel Bustos, Cortázar, Marechal, Pound, Pavese, Homero Manzi, Marcelo Ravoni, Baudelaire y Van Gogh; una caricatura de Rep y otra de Sábat, en la que Cervantes acaricia las alas de Gelman; las tapas en facsímil de las primeras ediciones de cada libro de Gelman, desde Violín y otras cuestiones, de 1956, hasta Mundar, de 2007; un capítulo sobre la obra periodística de Gelman, que incluye facsímiles de las tapas de las revistas Crisis, Panorama, el suplemento cultural del diario La Opinión, la tapa del diario Noticias que con la mera palabra “Dolor” anunció la muerte de Perón; la tapa del primer número de Página/12 y la nota que Juan escribió en esa edición sobre el juicio en Francia a Klaus Barbie.
El emperrado corazón
También se exhiben varios poemas de Juan, entre ellos el manuscrito “Sí”, que dice:
“celebrando su máquinael emperrado corazón amoracomo si no le dieran de travésde atrás alante en su porfíaalante de ala de volarque no otra cosa intentamolestándole piedrascomo especie de piespies que piesan en vez de alar o cómosería el mundo el buey lo que se hijasi no nos devoráramossi amorásemos muchosi fuéramos o fuésemoscomo rostros humanosempezando de a doscompletos en el resto”.





La jornada 23ª de la Causa RI9
Raúl Reynoso, más complicado que nunca

Todos los sectores de la acusación coinciden en el sentido de que ya no hay nada por probar en la Causa RI9, no obstante los testimonios de las últimas jornadas han servido para agravar las imputaciones o para reforzar la credibilidad de los testigos de la querella.En la jornada 23 solo declararon dos testigos en aproximadamente una hora y media, pero han resultado muy importantes, mas de lo que se preveía, ya que ambos no eran interesados directos en el tema, pero también en ambos casos dieron por tierra con los vapuleados argumentos defensivos. En primer término declaró José Soler Mendoza, un gendarme retirado que no parecía querer decir mucho. Cuando le preguntaban sobre Cruz y Zanek por ejemplo, decía que ambos trabajaban en oficinas (aún cuando reconoce que éste último hacía muchas patrullas), cuando varios testigos los señalaron como los que reemplazaron a algunos soldados santiagueños como custodios del CCD del Ex-Regimiento 9 allá por mediados del "77.Pero de a poco se empezó a soltar el hombre, y reconoció que existía un fichero con el nombre de los detenidos de Gendarmería, que había un tal Alarcón que trabajaba en la oficina de Inteligencia, contradiciendo a los ex-Gendarmes propuestos por la defensa de Reynoso que no admitían siquiera que su Fuerza hiciera "inteligencia". No solo eso, lo ubica al propio Reynoso como el responsable de esa oficina, es el primer testigo no-víctima que lo hace, además de la sobrina de Rómulo Artieda, claro está, que no se puede calificar de víctima en primera persona pese a la importancia de su testimonio.No vio jamás personal del Poder Judicial en Gendarmería visitando a los detenidos y reconoce saber de un enfrentamiento en el que habría participado un oficial de apellido Palma de esa Fuerza. El mismo se habría dado en Avenida Maipú y no hubo detenidos en la oportunidad.
El aporte espontáneo
Píriz, descrito como severo, de características rudas
El Dr. Federico Urrieta hizo el Servicio Militar Obligatorio en el "77, y fue el segundo y último testimonio de la jornada. Complica los argumentos defensivos de los cuatro ex-militares, ya que los veía a todos en el Ex-Regimiento 9, mucho después del supuesto traslado de Losito y el supuesto retiro de De Marchi. Fundamentalmente lo señala a De Marchi como una de las personas a las que vio personalmente en el RI9 en varias oportunidades, de Losito no tiene tantas precisiones respecto de haberlo visto muchas veces en persona, aunque señala que sus compañeros le referían que era uno de los oficiales que asistía con alguna regularidad. Barreiro y Piriz sí eran vistos por él con mayor asiduidad.Cuenta que en una oportunidad presenció que bajaban de un camión militar a 15 o 20 detenidos, allá por el invierno de 1977, quizás en el mes de julio. Observó que los ingresaban en una cuadra de aproximadamente 25 o 30 metros de largo, con dirección norte-sur, construido al estilo típico de las cuadras del RI9, con techo a dos aguas y de acceso absolutamente restringido (el CCD). Los custodios de ese lugar eran soldados santiagueños que en una oportunidad le contaron que sentían gritos y que los prisioneros estaban tirados en el piso.La ropa de los detenidos eran las típicas de los estudiantes de la época y lo mismo su aspecto, con pelo largo y jeans. "En el fondo del Regimiento, donde se hacía gimnasia una vez hicieron una excavación de aproximadamente diez metros de largo, con la excusa de utilizar la zanja como mingitorios de la tropa mientras se arreglaban los baños...me surgió tiempo después la duda de si esa zanja no habría sido utilizada para sepultar NN, ya que se tapó de la noche a la mañana con palas mecánicas" afirma.Algunos testimonios de la defensa querían mostrarlo a Píriz como un Sargento de "trato correcto", con la evidente intención de desacreditar el valiosísimo testimonio del ex-conscripto Arce, que lo describía como irascible y agresivo. Urrieta señala que "Píriz era muy severo, de características rudas, siempre hacía alarde de su fuerza".Él observó con cierto sigilo ese movimiento de prisioneros, debido a que los conscriptos con prórroga universitaria eran "sospechosos" en la óptica de los represores, y para graficarlo cuenta una anécdota con un oficial de apellido Arévalo, que en ocasión de traer sándwiches para la compañía en la que hacía la conscripción, Urrieta sugirió que se repartiera la comida en partes iguales entre los soldados que habían estado trabajando en la confección de un polígono de tiro. Urrieta se puso furioso, como loco, y le puso una pistola 9 Mm. en la cabeza al grito de "dijiste una consigna comunista, te hago volar la cabeza".El testigo ubica a Arsich como el último Jefe de Inteligencia que ve antes de su baja en noviembre del "77, aunque no recuerda al anterior. Cuando termina la conscripción necesitaba un certificado de "Buena Conducta" expedido por el Regimiento para proseguir sus estudios y él recurre a Arsich precisamente en la Oficina de Inteligencia. Le llama la atención que en las paredes de dicha oficina habían muchas fotos, algunas de ellas estaban tachadas con cruces. En un momento dado Arsich se retira unos minutos y Urrieta aprovecha para observar con mayor detenimiento las fotografías, y observó que a varios de ellos los conocía de vista del ambiente universitario, pero de uno en particular recordaba el nombre: Lucho Díaz.Lucho es uno de los fusilados de Margarita Belén. Su foto estaba tachada con una cruz.
Lo que antecede no es un comunicado de prensa de la Comisión de Derechos Humanos de Corrientes, sino la difusión de una nota de su portal de noticias (www.cpdhcorrientes.com.ar). Se autoriza su libre difusión parcial o total. Si no desea seguir recibiendo estas noticias responda este mail modificando el asunto por "desuscribirme".



LA CAMARA DE DIPUTADOS SE APRESTABA A APROBAR EL DESAFUERO DE PATTI, COMO PIDIO EL JUEZ
Casi listo para volver a Marcos Paz
Al cierre de esta edición, la Cámara de Diputados se aprestaba a votar el desafuero de Luis Patti, como lo pidió el juez Suares Araujo. Al proyecto del kirchnerismo lo acompañarían la Coalición Cívica, el socialismo, el ARI autónomo y parte del radicalismo.



Desde las gradas, decenas de militantes de organismos de derechos humanos siguieron el desarrollo de la sesión.
Imagen: DyN
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El ex comisario “no piensa”
Reclamo frente al Congreso

Por Miguel Jorquera
Al cierre de esta edición, la Cámara de Diputados se aprestaba a desaforar a Luis Abelardo Patti y quitarle la inmunidad parlamentaria que le otorgó la Justicia y le permitió salir de la cárcel de Marcos Paz. El kirchnerismo dejó de lado el conflicto de poderes con la Corte Suprema y acotó su dictamen al desafuero pedido del juez federal Alberto Suares Araujo, para alcanzar el consenso y los votos necesarios –dos tercios de los diputados presentes– a fin de que el ex comisario se someta a la Justicia y vuelva a prisión. Se esperaba que la mayoría de las bancadas opositoras respaldarían –aun con críticas– el proyecto del oficialismo para no permitir la impunidad del ex comisario. La Coalición Cívica, el socialismo, el ARI Autónomo y otros bloques menores acompañarán el desafuero de Patti; el radicalismo votaba dividido y sólo el macrismo se mostraba dispuesto a votar en contra. En las barras, los familiares de las víctimas del Patti y organismos de derechos humanos esperan la votación para cerrar otro capítulo de impunidad para los represores de la dictadura.
“Hemos descrito el sumario judicial y la gravedad de los hechos imputados causa horror. Los hechos imputados son delito. Existe semiplena prueba de su autoría. El sumario es serio y la etapa procesal es la adecuada. Nada más cabe entonces agregar y solo corresponde hacer lugar al desafuero del ciudadano Luis Abelardo Patti”, concluyó Graciela Camaño, la miembro informante del proyecto de resolución del oficialismo.
Antes había justificado la determinación del kirchnerismo. “Debemos dejar en claro al pueblo argentino –dijo Camaño– que Patti no es juzgado por sus ideas sino por sus conductas. Y que los fueros parlamentarios no son garantía de impunidad. Esta Cámara dice que Patti no tiene fueros desde mayo de 2006, aunque está libre por una pretendida interpretación judicial de lo fueros parlamentarios. Pero no podemos ser funcionales a las variaciones de la estrategia de la impunidad y tenemos la obligación de otorgar el desafuero para que tenga que responder ante la justicia.”
A esa hora, las seis y media de la tarde, había poco más de 200 (de los 257) diputados sentados en sus bancas. El oficialismo seguía con atención los discursos opositores y tablero electrónico, donde se detalla la presencia de los legisladores en el recinto. La preocupación del kirchnerismo era alcanzar los dos tercios de los votos.
Las intervenciones de la CC, el PS y los aristas disidentes llevaron algo de tranquilidad al oficialismo, a pesar de las críticas. “No compartimos el criterio de la Corte, pero debemos respetarlo para preservar la institucionalidad. Sin embargo, para que haya justicia Patti debe ser desaforado y no se trata de ninguna incongruencia. Nunca compartimos ni una lista ni un proyecto político con Patti”, señaló Adrián Pérez para justificar el acompañamiento al proyecto de la mayoría y de paso cuestionar al PJ bonaerense que llevó a Patti en su boleta.
El ARI Autónomo, a través de Eduardo Macaluse, reivindicó la actuación de la Cámara de Diputados en el caso Patti y afirmó que “difícilmente se hubiera logrado la reapertura de las causas” contra el ex comisario si la Cámara no hubiese brindado “las garantías institucionales” para que las víctimas pudieran testificar sin temor. “Jerarquicemos el más amplio consenso de este cuerpo y eliminemos las trabas que impiden la urgente resolución de la causa Patti, proceder a su desafuero y ponerlo a disposición del juez interviniente”, sostuvo la socialista Laura Sesma.
Promediaba el debate y el radicalismo seguía discutiendo en los pasillos cuál sería su postura a la hora de votar. El jefe de la bancada de la UCR, Oscar Agaud, había insistido en la previa que Patti debía asumir para ser desaforado, pero atendiendo los reclamos internos terminó por flexibilizar su postura. El radicalismo presentó un dictamen en minoría: aceptar la resolución de la Corte y aprobar el desafuero de Patti pedido por la Justicia, pero sin acompañar el proyecto oficialista.
El cambio de postura no alcanzó para mantener la unidad en el bloque. La diputada porteña Silvana Giudici fue la voz de los rebeldes. “Es una discusión jurídica y muy finita. Nosotros por una cuestión de conciencia vamos a votar el dictamen de la mayoría, aunque vamos a pedir que la Cámara trate el proyecto de ética pública, presentado antes del caso Patti”, remarcó Giudici, que arrastró a varios miembros de su bancada. Había radicales que no quería terminar en una foto junto al PRO.
En la fuerza de Mauricio Macri tampoco faltaron los cabildeos. La ausencia del jefe del bloque, Federico Pinedo, colaboró a generar dudas. Pero el discurso del diputado Julián Obiglio, en nombre del Interbloque Federal, no dejó margen para el disenso: “Estamos de acuerdo con que hay que quitarle los fueros a Patti, pero debemos asegurar que las garantías institucionales sean respetadas. Nuestro bloque quiere votar a favor del desafuero, pero no lo puede hacer porque el oficialismo ha decidido quitarle el derecho a descargo a Patti”.
El macrismo estuvo acompañado por el Movimiento Popular Neuquino, los representantes de los hermanos Rodríguez Saá y los “gansos” del Partido Demócrata de Mendoza. El demócrata mendocino Omar Demarchi desempolvó una boleta electoral de la colectora del peronismo bonaerense para las legislativas de 2005, donde el nombre de Luis Patti era mucho más grande que el de Chiche Duhalde. “Patti no llegó a la política en un plato volador, sino a través del partido por el que llegaron varios de los diputados que ahora militan en el kirchnerismo”, argumentó.
La banca del pattista Dante Camaño estaba vacía y la otra diputada del Paufe, Adriana Tomaz, se enredó en un discurso técnico en el que ni siquiera hubo definiciones políticas a favor de su líder.
Con el pañuelo de HIJOS sobre su banca, Victoria Donda Pérez –hija de desaparecidos y nacida en cautiverio en la ESMA– tomó la palabra: “Quiero hablar de la justicia y la impunidad. Una impunidad estructurada del Estado que construyó un muro para que las víctimas y el pueblo no puedan tener justicia. Debe haber juicio al torturador y asesino Patti, como para los responsables que hicieron que hubiera miles de desaparecidos”. Donda recordó que “Patti, perteneció a maldita policía de (Ramón) Camps” y señaló que hoy existen “organizaciones extorsivas, que actúan en narcotráfico o secuestros extorsivos con las mismas prácticas que aprendieron en la dictadura”. Luego hizo suyas, las palabras del nieto recuperado e hijo de una de las víctimas de Patti, Manuel Goncalves, cuando su hija le preguntó “porqué el asesino de su abuelo está en la televisión y no en la cárcel”.
En las gradas, junto a decenas de militantes de organismos de derechos humanos, los testigos de la causa que envió a la cárcel al ex policía, sus abogados y otros familiares de las víctimas de Patti, estaba Manuel. Esperaban que la votación cumpliera el deseo de todos ellos: que Patti pierda la inmunidad parlamentaria y vuelva a la cárcel.




EL DICTADOR SE NEGO A DECLARAR Y RAFECAS LE IMPUTO CRIMENES DEL PRIMER CUERPO DEL EJERCITO
Videla, detenido por 900 delitos más

El juez Rafecas lo indagó por desapariciones, torturas y secuestros ocurridos durante la dictadura. El represor continuará con prisión domiciliaria. Ahora el Estado podrá rechazar los pedidos de extradición y juzgar a Videla en el país.



Daniel Rafecas resolvió detener a Videla por casos no contemplados en el Juicio a las Juntas de 1985.
Imagen: Arnaldo Pampillon


El ex presidente de facto Jorge Rafael Videla se negó a declarar ayer ante el juez federal Daniel Rafecas, quien dispuso su detención por casi novecientos secuestros, torturas y desapariciones de personas, hechos ocurridos bajo la órbita del Primer Cuerpo de Ejército durante la última dictadura. El magistrado pretendía indagar al teniente general retirado sobre delitos que no formaron parte del histórico Juicio a las Juntas Militares de 1985, por los cuales nunca antes se lo había citado. Videla se limitó a admitir que se consideraba responsable de los delitos cometidos por sus subordinados, pero que desconocía la jurisdicción de la Justicia Federal y que pretendía ser juzgado por el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas.
La citación de ayer al militar permitirá al Estado argentino cumplir con su obligación asumida internacionalmente de juzgar los crímenes de lesa humanidad en su propio territorio y, al mismo tiempo, rechazar los pedidos de extradición que pesan sobre Videla.
Rafecas citó al dictador para dar explicaciones sobre 570 secuestros, 270 tormentos y 29 homicidios. Ese universo de casos abarca el circuito de centros clandestinos Club Atlético-Banco-Olimpo, y los centros de detención El Vesubio y Automotores Orletti, todos comprendidos bajo la órbita del Cuerpo I de Ejército. El juez ya procesó a autores directos de los delitos, a jefes de centros clandestinos y a varios de los mandos militares responsables por su lugar en la cadena de mandos, pero hasta ayer no había avanzado contra el máximo jefe del Ejército.
Videla fue trasladado a primera hora de la mañana desde su departamento en la avenida Cabildo al 600 hasta el tercer piso de los tribunales de Comodoro Py. Durante dos horas, el dictador escuchó la lectura de los delitos que se le imputan. Luego se limitó a decir que admitía su responsabilidad sobre las acciones de los militares bajo su mando, que desconocía la jurisdicción de la Justicia civil, que sólo el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas podía juzgarlo, y se negó a declarar.
Rafecas le informó de inmediato que ordenaba su detención por todos los delitos que le imputaba, medida que no modificará la cotidianidad del dictador de 82 años que, desde 1998, cumple prisión preventiva domiciliaria. El presidente de la primera Junta Militar está procesado por el plan sistemático de robo de bebés y por los crímenes perpetrados en el marco del Plan Cóndor.
La indagatoria de ayer cancela la posibilidad de que Videla sea juzgado en países que habían solicitado su extradición. El pedido más antiguo lo formuló el Estado de Alemania, querellante en la causa que investiga la desaparición de la ciudadana alemana Elizabeth Kasemann, quien estuvo cautiva en El Vesubio. La Comunidad Gallega también había pedido la extradición del militar a Rafecas, para juzgarlo por la desaparición en la Argentina de miembros de su colectividad. En diciembre, a pedido del fiscal Giancarlo Capaldo, la jueza romana Luissana Figliola también libró orden de captura contra Videla, entre otros represores del Cono Sur, para juzgarlo por crímenes cometidos en el marco del Plan Cóndor. Con el trámite de ayer, la Cancillería argentina podrá responder a los tres países que Videla será juzgado aquí, y clausurar definitivamente sus reclamos de extradición.
Desde el juzgado de Rafecas se informó que la medida constituye “un paso indispensable previo a la inminente elevación a juicio de las tres megacausas que tramita el magistrado”, en referencia a Atlético-Banco-Olimpo, Vesubio y Automotores Orletti. Hasta el momento la única causa elevada por Rafecas que tiene fecha de juicio es la Masacre de Fátima: el martes próximo, en el Tribunal Oral Federal 5, comenzarán a ser juzgados los oficiales de la Policía Federal Juan Carlos Lapuyole, Carlos Gallone y Miguel Angel Timarchi. El juez también instruyó y elevó a juicio las acusaciones contra un grupo de represores procesados en los ’80 y liberados por las leyes de impunidad alfonsinistas, los delitos cometidos por el comandante de la ex subzona Capital Federal, general Jorge Olivera Róvere, y los jefes de áreas militares que ejecutaban sus órdenes. Todas esperan turno en el abarrotado TOF-5.




ENCUENTRO A 30 AÑOS DEL MUNDIAL ’78
El partido por la memoria


Los derechos humanos y el fútbol se entroncan otra vez en una convocatoria común por la preservación de la memoria. El Mundial ’78, del que se cumplen el 1º de junio treinta años, generó una iniciativa del Instituto Espacio para la Memoria (IEM) que se define como “La otra final, el partido por la vida y los derechos humanos”. Ana María Careaga, su directora ejecutiva, dijo que se trata de “un evento que permitirá difundir lo que se intentó tapar con el fútbol en la Argentina de la dictadura militar: los campos de concentración como la ESMA, que funcionó a pocas cuadras del estadio de River, y las denuncias que se hacían en el exterior por violaciones a los derechos humanos”.
Precisamente, el escenario elegido ha sido el Monumental, donde se jugaron los partidos más importantes de la Copa que ganó el seleccionado nacional conducido por César Luis Menotti. Allí se realizará esta actividad que “reivindicará la vigencia de los derechos humanos” y que contará “con la participación de jugadores de la Selección del ’78, de la actual, jugadores extranjeros y jóvenes profesionales en representación de aquellos que fueron víctimas de la dictadura que instauró el terrorismo de Estado”, señaló en un comunicado el instituto.
Con el objetivo de dar más precisiones sobre el encuentro, hoy, a las 13, se realizará una conferencia de prensa en la sede del IEM (Avenida Roque Sáenz Peña 547, 4º piso), un ente autárquico que creó la Legislatura de la ciudad de Buenos Aires por la ley 961 y que integran organismos de derechos humanos y otras entidades. Son ellos Madres de Plaza de Mayo (Línea Fundadora), Abuelas de Plaza de Mayo, Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, H.I.J.O.S, Familiares de De-saparecidos y Detenidos por Razones Políticas, Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos, Servicio Paz y Justicia, Hermanos de Desaparecidos, Liga Argentina por los Derechos del Hombre, Buena Memoria Asociación Civil y Fundación Memoria Histórica y Social Argentina.
Careaga explicó que ya se avanzó en la convocatoria a futbolistas que jugaron el Mundial ’78 para que participen de este encuentro tan especial en River. En 2008 ya hubo también alguna evocación parecida a la que propone el Instituto Espacio para la Memoria. El 24 de marzo pasado se realizó en Mansión Seré un partido de fútbol que recordó la fuga de tres detenidos-desaparecidos de aquel campo de concentración en 1978. En coincidencia con el segundo aniversario del golpe de Estado, Claudio Tamburrini, ex arquero de Almagro, y dos compañeros más lograron escaparse de aquel centro clandestino de detención controlado por la Aeronáutica.
Al encuentro, que se desarrolló el mismo día que una prueba atlética por la memoria y la proyección de la película Crónica de una fuga (que dirigió Adrián Caetano), asistieron varios jugadores, ex jugadores, actores, músicos y periodistas que participaron del juego. Quizá pueda considerarse un buen antecedente de lo que se pretende hacer en junio, tomando en cuenta que a Mansión Seré asistió mucha gente aquel feriado.
Varios campeones mundiales del ’78 –con pocas excepciones– tuvieron dificultades o escasa voluntad en el pasado para sumarse a este tipo de propuestas donde los derechos humanos dominan la escena. Como fuere, desde el IEM se considera que ya hubo autocríticas y que ésta, la del 30º aniversario del campeonato, puede ser una buena oportunidad para reformular una saga de desencuentros entre el fútbol y la memoria histórica.




UN DERROTERO DE COMO ZAFAR
Las rejas en el horizonte

Por Adriana Meyer
Es cierto que el ex comisario y diputado electo Luis Abelardo Patti –-legajo policial 11.541 y legajo Conadep 1530, alias “el Loco”– aún no tiene condenas. Pero estuvo cerca más de una vez de no haber mediado un juez que cambió su sentencia en una causa, una Cámara que declaró la prescripción por el paso del tiempo en otra y veinte años de parálisis por las leyes de impunidad en los demás procesos que lo tuvieron como acusado. La mayoría de sus víctimas están muertas o desaparecidas, sus familiares fueron amedrentados y aún temen por el poder que acumuló el represor. Sin embargo, luego de la impugnación de su diploma en 2005 y, sobre todo, luego de su detención en noviembre pasado, se activaron las dos causas que sí lo pueden llevar al banquillo.
El proceso que duró tres meses en el que Patti pudo ejercer su defensa y los sobrevivientes revivieron su calvario ante los diputados de la Comisión de Peticiones, Poderes y Reglamento provocó una revisión de los numerosos casos existentes, en su mayoría relatados en el “Manuel del Buen Torturador” (CELS, 1999). Y también generó la aparición de nuevos testigos, como Juana Muniz Barreto, hija del diputado justicialista Diego Muniz Barreto, secuestrado por una comisión policial que encabezaba Patti y aún desaparecido, que se presentó como querellante ante la Justicia. El caso de su padre se sumó a la causa por el asesinato del militante justicialista Gastón Gonçalves y a los otros 310 casos de la megacausa por los crímenes que se cometieron en el centro clandestino de Campo de Mayo. En noviembre, el juez federal Alberto Suares Araujo determinó que el ex comisario es responsable del secuestro de Muniz Barreto y su colaborador Juan Fernández, de la desaparición de los hermanos D’Amico y de Carlos Souto, y de la detención ilegal de Osvaldo Ariosti. La Cámara de San Martín confirmó la medida pero, además, ordenó que lo procesaran también por el asesinato de Gonçalves.
Fue así que Patti terminó en la cárcel de Marcos Paz, aunque no era la primera vez que estaba preso. En 1983 el torturador confeso estuvo detenido en la Unidad 3 de San Nicolás por el asesinato de Osvaldo Cambiasso y Eduardo Pereyra Rossi. Tras enormes presiones el juez que lo había encarcelado cambió su posición y lo sobreseyó. La Cámara de San Nicolás confirmó aquel sobreseimiento pero consignó que los testigos habían modificado “extrañamente” sus dichos. Luego de estar siete meses prófugo, fue preso por segunda vez el 4 de octubre de 1990, acusado de haber torturado a los presos comunes Mario Bárzola y Miguel Guerrero. Cinco años más tarde fue absuelto por prescripción del caso sin que hubiera condena. Ahora, una sentencia se acerca porque fue elevada a juicio oral la causa por encubrimiento del teniente Jorge Granada cuando estaba prófugo en la causa por la Contraofensiva. La cuarta detención de Patti sería un trámite inminente, en beneficio de quienes se animaron a hablar porque estaba tras las rejas.

OPINION
Vuelta y vuelta


Por Mario Wainfeld
La sentencia de la Corte Suprema había habilitado ese resquicio. El tribunal cifró su decisión en lo ocurrido antes de la asunción de Luis Abelardo Patti. Todo lo acontecido después, en especial los avances de dos causas en su contra con procesamientos incluidos, quedó excluido de la resolución. Esos hechos, sobrevinientes a la elección de Patti y a su frustrado juramento, fueron fundamento de la medida que la Cámara de Diputados se disponía a aprobar a medianoche, al cierre de esta columna. Se gambeteó así el conflicto de poderes, la Cámara volvió a desaforar al represor, aunque no lo haya expresado en esos términos. Más aún, los legisladores optaron por el único camino que podía honrar dos decisiones judiciales no contradictorias sino sucesivas y complementarias: el fallo de la Corte y el posterior pedido de desafuero del juez Alberto Suares Araujo.
La discusión parlamentaria versó sobre una cuestión de procedimiento: ¿debía tomarse o no juramento a Patti como requisito previo al desafuero? La mayoría consideró que no es necesario. No es un punto desdeñable pero ciertamente subalterno en jerarquía a la decisión sustantiva. En el debate de fondo concordaron muchos partidos democráticos, incluyendo al oficialismo y a las fuerzas más relevantes de la oposición. El extendido consenso es especialmente relevante por la importancia institucional del asunto y resalta por contraste en un sistema político en el que la crispación predomina (demasiado) sobre los acuerdos transpartidarios.
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El delito, no las ideas: Geográfica y moralmente distante del Congreso, Patti desfiló (celular mediante) por varias radios y canales de tevé. Usó el mejor argumento a que podía echar mano, el de la soberanía popular, invocando el derecho de quienes lo votaron. Se victimizó alegando una persecución política. Pero ni el Congreso ni la Justicia federal toman en cuenta su ideología. Lo que prima es la avanzada investigación de crímenes de lesa humanidad, que se habría entorpecido si no se lo desvestía de fueros.
Sus ideas pueden ser repudiables para muchos. Por añadidura, aunque suene enojoso, es bastante verosímil suponer que buena parte de sus votantes lo apoyaron por lo que piensa o aun por lo que es, incluyendo su condición de apologista público de la tortura. Pero no está en cuestión su penosa escala de valores sino sus presuntos delitos. La última palabra no se pronunció ayer por boca de sus competidores políticos, la emitirán los tribunales en juicios ajustados a derecho.
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La prueba escrita: La diputada Graciela Camaño leyó estremecedores documentos (algunos de aquellos tiempos, otros de los albores de la democracia) en los que se mencionaba el insidioso protagonismo del líder de Paufe en la etapa del terrorismo de Estado. Una carta manuscrita de Diego Muniz Barreto, material de la Conadep. También citó una nota periodística publicada en 1977 por el diario Buenos Aires Herald en la que se identificaba por su apellido a las víctimas de Patti y a éste. En tiempos en que tanto se discute el rol y compromiso democrático de la prensa, bueno es recordar (y valorar) a los pocos que mantuvieron una conducta digna en tiempos tan duros, sin dejar de preguntarse por qué esa misma información no fue difundida por otros medios más reconocidos.
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Una familia presente: El contexto de impunidad, hilvanado por la dictadura y por las defecciones de gobiernos democráticos, signó que recién ahora puedan avanzar las causas contra Patti. Esa misma dilación influyó en otro hecho histórico, reflejado en la crónica de ayer. Victoria Donda, hija de desaparecidos, votó con la mayoría, aludiendo a ese contexto y recordando la saga de su familia. Sus padres, su abuela (fallecida hace pocos meses) que siempre la buscó y la quiso recuperar, ella misma, su hija. En el tramo más vibrante de una sesión memorable, Donda, pañuelo blanco en ristre, conjugó emoción y pertinencia. Cifró en su cuerpo y en su historia todo lo que se jugaba ayer en el recinto. Los vítores que recibió son, paradojas te da la vida, producto de la eterna dilación de la Justicia.
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Todos marcharon: En la avenida Rivadavia y dentro del Congreso había militantes políticos, sociales y de derechos humanos. En el recinto, sí que en mucha menor medida, se dejaron ver partidarios de Patti. Contra lo que muchos dijeron días atrás, la democracia se expresa en marchas y contramarchas. El espacio público es de todos y no es de nadie. Así fue ayer, así debe ser.
Una vez desaforado, Patti podrá defenderse en los tribunales, amparado en la presunción de inocencia. Sus víctimas tendrán tardía chance de perseguir verdad y justicia. Las instituciones funcionaron, con un cruel delay de 30 años. Pero funcionaron, en el estrecho margen de lo que es posible aquí y ahora.


LA JOVEN IDENTIFICADA COMO EVELYN BAUER EN REALIDAD LAURA PEGORARO BAUER NO IMPUGNARA EL ADN
Una certeza que no se discute

El estudio genético que estableció la identidad de la hija de los desaparecidos Rubén Bauer y Susana Pegoraro no será cuestionado por la joven. Ella se negó a sacarse sangre en forma voluntaria y el examen se realizó por métodos alternativos.



Creció como Evelyn Vázquez, pero el Banco Nacional de Datos Genéticos confirmó que es hija de desaparecidos.
Imagen: Gentileza Revista Veintitres


La joven a quien la Justicia identificó como Evelyn Bauer Pegoraro no impugnará la prueba genética que permitió determinar su identidad. Según los exámenes, ella nació en la Escuela de Mecánica de la Armada y es hija de biológica de Susana Beatriz Pegoraro y Rubén Santiago Bauer, ambos desaparecidos. Como un fallo de la Corte le impidió a la Justicia obligar a Evelyn a hacerse una extracción de sangre, los exámenes genéticos se hicieron a partir de elementos alternativos. Fue la tercera nieta recuperada de esta manera.
La joven explicó su decisión de no oponerse a los resultados de ADN a través de su abogado, Juan Pablo Vigliero, quien dijo que las Abuelas de Plaza de Mayo no los usarán como prueba contra el ex marino Policarpo Vázquez y su esposa Ana María Ferrá. Ellos son las personas que criaron a Evelyn como a su hija y están siendo juzgadas en una causa que está a punto de recibir sentencia.
En diálogo con Página/12, el coordinador del departamento jurídico de Abuelas, Luciano Hazan, explicó que se trata de “una cuestión procesal vinculada al estado avanzado de la causa”.
Judicialmente, el caso de Evelyn está centrado en dos causas. La primera es sobre la que recayó el fallo de la Corte Suprema de Justicia que le impidió a la justicia hacerle un examen de ADN a partir de la extracción de sangre. En aquel momento, la joven se negó a hacerse las pruebas y su pedido terminó avalado por la Corte. Pero el caso siguió adelante para investigar las responsabilidades penales de Vázquez y de Ferrá en la apropiación. Esa causa está ahora en manos del juez federal Octavio Aráoz de Lamadrid y en situación de “plenario”, una etapa comparable con el juicio oral de acuerdo al viejo código procesal. Como Vázquez y Ferrá admitieron la responsabilidad en la apropiación de Evelyn, su confesión más que la prueba sanguínea se convirtió en la prueba clave. La etapa de “plenario” le impide legalmente a las partes aportar nuevas pruebas, por eso ni Abuelas ni los abogados de Evelyn ni nadie podría presentar los resultados de este examen genético.
Fuera de eso, existe la otra causa. Aquella que está en el juzgado de María Romilda Servini de Cubría por la identidad y la búsqueda de la verdad. Esa causa se abrió luego del fallo de la Corte y la jueza admitió los allanamientos que permitieron recoger piezas como pelos o cepillos de dientes para buscar mecanismos alternativos de conocer el ADN.
En esa expediente, la Justicia ya no investiga la responsabilidad penal de quienes la criaron. Pero sí abre las puertas a otras investigaciones. “Es un objeto procesal distinto”, dijo Hazan. “En este caso se abrió la causa por la averiguación de verdad que el Estado les debe a los familiares de Evelyn y al mismo tiempo por la responsabilidad penal de todos los cómplices que participaron de la sustracción de Evelyn en la ESMA.” Sólo en este caso y por las características que tuvo, sus apropiadores no van a formar parte de esta última causa porque ya está siendo juzgada.
Susana Beatriz Pegoraro estaba embarazada de cinco meses cuando la secuestraron en la estación de trenes de Constitución, el 18 de junio de 1977. Su compañero Rubén Santiago Bauer cayó ese mismo día en La Plata. La hija de ellos nació en la maternidad de la ESMA. Poco después fue entregada al ex marino y su mujer. Evelyn siempre se negó a realizar la extracción de sangre, porque no quería que usaran los resultados contra sus apropiadores, pero se entrevistó con quienes, se creía, eran sus abuelas biológicas. Ahora sabe con certeza que son sus familiares.

RENUNCIO EL SECRETARIO JUDICIAL DANIEL MADRID
Otra baja en la Cámara de Casación


El ex juez Alfredo Bisordi. Antes de irse defendió a Madrid.
Imagen: DyN

Daniel Enrique Madrid, secretario de la Sala IV de la Cámara de Casación, renunció a su cargo. El funcionario había sido denunciado por jueces del mismo tribunal por haber basado una sentencia en un fallo anterior que no existía. Ambas resoluciones estaban vinculadas con la liberación del represor Víctor Rei.
Madrid firmó como secretario una resolución con la que se concedía la excarcelación a Rei, acusado de apropiarse de un menor durante la última dictadura. Ese fallo estaba fundamentado en una supuesta decisión anterior del tribunal que, en realidad, nunca había salido. En tribunales suponen que la “confusión” se originó porque existía un proyecto favorable a Rei, pero que luego no fue firmado ni notificado. Según esa hipótesis, la segunda resolución se realizó en base a ese borrador. Para las Abuelas de Plaza de Mayo, la “irregularidad” se cometió para evitar que el represor siguiera en prisión.
El escrito impugnado fue suscripto por los jueces Ana María Capolupo de Durañona y Vedia (que luego renunció) y Gustavo Hornos. Al detectar la maniobra, las Abuelas de Plaza de Mayo recusaron a esos magistrados. El presidente de la Cámara, Juan Fégoli, abrió una investigación por el tema en la que quedó involucrado Madrid. Además, el tribunal y el abogado del represor Rei iniciaron acciones penales contra el secretario judicial.
En su momento el funcionario fue respaldado por Alfredo Bisordi, el ex juez de la Cámara de Casación cuestionado por intentar trabar los juicios por violaciones a los derechos humanos. Durante su presidencia, la Cámara de Casación se convirtió en un “tapón” para los procesos contra los represores. Antes de irse, Bisordi (que presentó su renuncia hace un mes) le reprochó a Fégoli –a los gritos y en un pasillo de Comodoro Py– que hubiera abierto el sumario contra su empleado.
La salida de Madrid se da en el marco de un recambio en el controvertido tribunal. Luego de Bisordi, renunciaron Amelia Berraz de Vidal y Capolupo de Durañona y Vedia. La semana pasada asumieron como subrogantes en la Cámara de Casación los jueces Augusto Diez Ojeda, Mariano González Palazzo y Guillermo Yacobucci. El próximo 14 de mayo se sumará Luis García, ya que existe otra vacante en el tribunal producto del nombramiento de Pedro David en la Corte del Mercosur.


Rozanski pide unificar causas

“De continuar de esta manera habrá cien años de juicios”, advirtió el juez federal de La Plata Carlos Rozanski al defender la necesidad de unificar las causas por violaciones a los derechos humanos. El titular del Tribunal Federal Oral de La Plata, que condenó a los represores Miguel Etchecolatz y Cristian von Wernich, propuso reunir las causas judiciales de acuerdo “con el circuito de centros clandestinos de detención. Hay que dejar de hacer juicios por centro clandestino como ahora y hacerlos por circuitos, de acuerdo con la zona del país que se enmarque en los cuerpos de Ejército”. Sostuvo que estos circuitos “están perfectamente descriptos, desde el Juicio a las Juntas hasta hoy hay una cantidad de material absolutamente vasta y muy interesante como para tener definidos esos sistemas”.




Otro procesado por Trelew

El capitán de navío retirado Jorge Enrique Bautista se convirtió ayer en el sexto oficial de la Armada procesado en la causa que investiga la Masacre de Trelew. El juez federal de Rawson, Hugo Sastre, lo imputó como cómplice secundario del fusilamiento ocurrido el 22 de agosto de 1972 en la Base Almirante Zar. Bautista fue el encargado, por orden del almirante Hermes Quijada, de instruir el sumario que respaldó la versión oficial del intento de fuga, el tiroteo y las muertes inevitables. Durante su indagatoria, el 7 de abril, el marino detalló los testimonios que tomó, pero dijo no recordar a qué conclusiones había arribado. Bautista, de 82 años y con problemas cardíacos, se descompensó ayer al conocer la orden del juez Sastre de trasladarlo al penal de Marcos Paz, por lo cual quedó alojado en el Hospital Naval.




BOLIVIA. LIBERACIÓN DE FAMILIAS INDÍGENAS CAUTIVAS Y RESTITUCIÓN DE SUS TERRITORIOS ANCES

FAVOR DIFUNDIRACCIÓN URGENTe



Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, abril 17 de 2008



LIBERACIÓN DE FAMILIAS INDÍGENAS CAUTIVAS Y RESTITUCIÓN DE SUSTERRITORIOS ANCESTRALES



La Coordinadora Interinstitucional de Defensa de los Derechos Humanosde Santa Cruz – BOLIVIA y el Capítulo Boliviano de Derechos HumanosDemocracia y Desarrollo, denuncian los hechos de violencia contradelegaciones del pueblo indígena Guaraní, comisión gubernamental y deorganizaciones civiles encargadas de realizar el proceso de liberaciónde familias indígenas en estado de esclavitud y de saneamiento ytitulación de sus territorios ancestrales en el sector ganadero delChaco de Santa Cruz.HECHOS1. El 27 de febrero del presente año una comisión del Gobierno deBolivia, encabezada por el Viceministro de Tierras, los directoresNacional y Departamental Santa Cruz del Instituto Nacional de ReformaAgraria (INRA) y una delegación del pueblo guaraní, acompañada por supresidente, Wilson Changaray, que pretendía dar inicio al proceso desaneamiento del territorio indígena Guaraní de ALTO PARAPETÍ, ubicadoen la provincia Cordillera del Departamento de Santa Cruz, fueinterceptada y atacada por hacendados y personal armado cuandotransitaban por el fundo "Caraparicito" de propiedad del ciudadanoestadounidense Ronald Larsen. La delegación gubernamental fue retenidaen el mencionado predio y conducida posteriormente a la población deLagunillas, distante 50 Km. del lugar, donde se le pretendíacomprometer, mediante actas, a suspender el proceso legal desaneamiento de la propiedad agraria, hasta pasada la realización deuna consulta por la autonomía departamental de Santa Cruz -convocadapara el próximo 4 de mayo por la Prefectura de dicho Departamento, almargen de la Ley y la Constitución Nacional.2. El pasado 4 de abril, una nueva comisión encabezada por lasmismas autoridades de Gobierno, acompañada pacíficamente por policíasy comunarios guaraníes, que se dirigían a la comunidad indígena deItacuatía, para dar comienzo al proceso de saneamiento de tierras, fueatacada en el mismo sitio por ganaderos y personal contratado por elSr. Larsen con piedras y palos. Todos los atacantes estabanfuertemente armados y la policía no pudo disuadir a los agresores. Lasacciones violentas se dirigieron especialmente contra los indígenasguaraníes y contra la policía, resultando gravemente herido el Capitánpolicial que acompañaba la comisión.3. El 11 de abril se celebró una reunión del Consejo Provincial deParticipación Popular, instancia de control social establecidalegalmente, la cual fue utilizada por hacendados y autoridades localespara tomar acciones de presión con el fin de impedir el saneamiento detierras y la liberación de las comunidades indígenas cautivas en lashaciendas. En dicha reunión se ordenó la expulsión de la ProvinciaCordillera de la Ministra de Desarrollo Rural, Agropecuario y MedioAmbiente, Susana Rivero, del Viceministro de Tierras, AlejandroAlmaraz, y de todos los funcionarios del INRA, e igualmente se ordenóun bloqueo indefinido de carreteras. En horas de la noche un grupo dehombres armados se dirigió al hotel donde se hospedaban losfuncionarios intentando tomarlos por la fuerza. La Ministra Riverohabía llegado al lugar para instalar una mesa de diálogo con el fin deviabilizar el proceso de saneamiento agrario.4. El 13 de abril, en la localidad de Cuevo, a pocos kilómetros deCamiri, una delegación del pueblo indígena Guaraní fue interceptada yatacada salvajemente por una turba de gente a instancias de hacendadosde la región, dejando un saldo de 43 personas heridas y 8desaparecidas -tres de ellos son periodistas y otros son asesores delpueblo Guaraní. Se tiene conocimiento que varias personas fuerontomadas como rehenes, se les ató a un palo en la plaza pública dondefueron torturadas, y sometidas a otros vejámenes. También se hainformado que todavía se encuentran allí los conductores de dosvehículos y están siendo víctimas de malos tratos y se teme por susvidas.La Prefectura del Departamento de Santa Cruz, constitucionalmenteresponsable por la vida y la seguridad de todos los ciudadanos ycomunidades que viven en la región ha facilitado sus vehículos para lamovilización de los agresores y brinda apoyo público a las acciones ybloqueos. Todo ello en el marco de la campaña por el referéndum por laautonomía departamental que impulsa la Prefectura, no obstante elpúblico y masivo rechazo de la población del lugar.Los medios de comunicación niegan la existencia de familias cautivas oen estado de semi esclavitud en el Alto Parapetí y en general en elChaco boliviano, manipulando la opinión pública nacional y regional.ANTECEDENTESMás de 167 familias del pueblo indígena Guaraní viven cautivas bajo unrégimen de trabajo servidumbral, peonazgo por deudas o formas análogasesclavitud, en 13 haciendas de ganaderos en el territorio del ALTOPARAPETÍ, hecho que fue constatado por organismos internacionales deDerechos Humanos como la Organización Internacional del Trabajo - OIT,las Naciones Unidas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanosde la OEA - CIDH.La Asamblea del Pueblo Guaraní -APG- máxima representante de estepueblo indígena, viene exigiendo al Estado boliviano desde hace más de20 años la recuperación de su territorio ancestral, y la liberación delas familias cautivas.En enero de 2005, la OIT emitió un informe sobre "Enganche yservidumbre por deudas en Bolivia" en el que recomienda laratificación del Convenio Nº 29 de dicho organismo multilateral, larevisión de la legislación vigente y la aprobación de un Plan deAcción para la erradicación del trabajo forzoso, en especial en lazona guaraní. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos – CIDH ennoviembre de 2006 realizó una visita in loco a la zona y en su informerecomienda la adopción inmediata de medidas para la erradicación detoda forma de servidumbre o esclavitud a través de la aplicación delproceso de saneamiento y titulación de tierras en el marco de la LeyNº 3545. En el mes diciembre de 2007 el Relator Especial de lasNaciones Unidas para las libertades y los derechos de los pueblosindígenas, visitó la zona, se entrevistó con personas que han sidovíctimas del cautiverio, y manifestó especial preocupación sobre lasituación de servidumbre en la que viven las comunidades guaraníesresultado del despojo de sus territorios ancestrales.En consonancia con las recomendaciones de las altas instanciasinternacionales de protección de los derechos humanos, en noviembre de2006 el Congreso de Bolivia promulgó la Ley Nº 3545 de ReconducciónComunitaria de la Reforma Agraria y en agosto 2007 se expidió elDecreto Supremo 29215 que establecen el nuevo proceso de saneamiento ytitulación de Tierras Comunitarias de Origen –TCO, figuraconstitucional del territorio indígena. El 28 de noviembre de 2007 seaprobó el Decreto Supremo Nº 29292 que incluye el "Planinterministerial transitorio para el pueblo guaraní 2007-2008", quebusca la erradicación de la servidumbre, el trabajo forzoso y formasanálogas de esclavitud.En aplicación de estas disposiciones, la comisión gubernamental ydelegaciones indígenas que fueron objeto de las agresiones señaladas,pretendía iniciar los procedimientos para la liberación de lasfamilias en estado de cautiverio y la restitución de sus territoriosmediante el proceso de saneamiento de la propiedad agraria.La Prefectura del Departamento de Santa Cruz, al amparo del ComitéCívico que aglutina los principales sectores de poder regional, haconvocado para el próximo 4 de mayo un referéndum con el fin dedeclarar la autonomía del Departamento y validar un estatutoautonómico, cuyo contenido es abiertamente contrario a los derechoshumanos reconocidos a los pueblos indígenas y se dirige a mantener yproteger las tierras usurpadas por los hacendados a las comunidadesindígenas del Departamento y las relaciones esclavistas que sostienencon las familias en cautiverio. Dicho referéndum es contrario a laConstitución Política del Estado, por lo cual no ha sido autorizadopor las instancias electorales nacionales.PETICIÓNAnte la violación al derecho a la libertad y al territorio y la graveamenaza a la seguridad física en que se encuentra el pueblo indígenaguaraní, en especial las familias cautivas en las haciendas en el AltoParapetí, y ante la inminente amenaza contra los funcionariosgubernamentales y demás personas vinculadas al proceso de saneamientoterritorial, solicitamos a la comunidad nacional e internacionaldirigirse a las autoridades nacionales y departamentales de Santa Cruzexigiendo lo siguiente:1. Proceder a la liberación inmediata de las personas que se encuentraen calidad de rerehenes, señores Mario Rivero e Hilarión Castillo, yde otras personas que se encuentran desaparecidas desde el pasado 13de abril, cuyas vidas e integridad se encuentran en grave riesgo.2. Evacuar a los heridos en la zona de los acontecimientos relatados ybirndar a éstos la atención médica y humanitaria para garantizar suvida e integridad.3. Adoptar de manera urgente todas las medidas de protecciónnecesarias y adecuadas para garantizar la vida e integridad de lasfamilias, personas y organizaciones afectadas por los hechos deviolencia, así como de los funcionarios públicos del INRA y delViceministerio de Tierras, presentes en la región del Chaco.4. Adoptar las medidas que sean necesarias para la inmediataliberación de las comunidades indígenas guaraníes que viven en estadode esclavitud y servidumbre y salvaguardar sus vidas e integridadfísica, social, económica y cultural.5. Brindar todas las garantías para la realización en forma pacíficadel proceso de liberación y del saneamiento y titulación delterritorio Guaraní de Alto Parapetí y demás territorios indígenasguaraníes.6. Procesar penalmente al Sr. Andrew Larsen, terrateniente poseedor de15.777 hectáreas en 5 haciendas en el Alto Parapetí por los hechos acádenunciados y por mantener a 12 familias indígenas en cautiverio, y alas demás personas responsables y cómplices del delito de "reducción ala esclavitud o estado análogo" establecido en el art. 291 del CódigoPenal Boliviano y hechos conexos.7. Investigar las agresiones violentas de que han sido víctimas losfuncionarios gubernamentales, las delegaciones indígenas y demásciudadanos que apoyan el proceso de liberación de las comunidades y desaneamiento y titulación de sus territorios, y procesar penalmente atodos los implicados como autores intelectuales y materiales,especialmente a las autoridades públicas involucradas y a losrepresentantes y miembros de organizaciones gremiales como el ComitéCívico de Santa Cruz, la Unión Juvenil Cruceñista, la Federación deGanaderos de Santa Cruz y la Asociación de Ganaderos de Camiri.8. Exigir a las autoridades departamentales y municipales en elDepartamento de Santa Cruz y en todo el país, actuar conforme a losinstrumentos internacionales de Derechos Humanos y de los derechos delos pueblos indígenas ratificados por Bolivia.Dirigir sus comunicaciones a:Sr. Evo Morales AymaPRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE BOLIVIADirección: Palacio de Gobierno Casa Militar Gral. Brig. Elías Eduardo PérezTeléfono: (+591-2) 2202321Fax: (+591-2) 2153878La Paz, BoliviaLic. Alfredo Rada VélezMINISTRO DE GOBIERNODirección: Av. Arce 2409Teléfono: (591-2) 2440466Fax: (591-2) 2401014 Ce. 72040820e-mail: http://ar.f449.mail.yahoo.com/ym/Compose?To=mail@mingobierno.gov.boLa Paz – BoliviaLic. Juan Carlos RojasDIRECTOR NACIONAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE REFORMA AGRARIA (INRA)Dirección: Calle Junín 745Teléfono: (+591-2) 2408618 2407292Fax: (+591-2) 2409072Correo: http://ar.f449.mail.yahoo.com/ym/Compose?To=inra@datacom-bo.netLa Paz- BoliviaIng. Rubén Costas AguileraPREFECTO DEL DEPARTAMENTO DE SANTA CRUZDirección: Av. Omar Chávez Edif. Ex Cordecruz 6to. PisoTeléfono: (+591-3-) 3636101Fax: (+591-3) 3636178e-mail: mjustiniano@santa cruz.gov.boSanta Cruz de la Sierra – BoliviaCoronel Dest Enrique Urquiri PaezCOMANDANTE DEPARTAMENTAL DE LA POLICÍA – SANTA CRUZDirección: Av 26 de Febrero s/n Frente al Hotel CórtezTeléfono: (+591-) 334556 - 77Fax: (+591-) 334556 – 77 Int. 109Santa Cruz de la Sierra – BoliviaSr. Marcelino ApuraniSUBPREFECTO DE LA PROVINCIA CORDILLERA – SANTA CRUZDirección: Av. Suárez Roca (Frente al Centro Urucupiña)Teléfono: (+591-) 3952 2350Fax: (+591) 3952-2590e-mail: http://ar.f449.mail.yahoo.com/ym/Compose?To=stacruz.gov.bo@hotmail.comCamiri – Santa CruzDr. Waldo Albarracín SánchezDEFENSOR DEL PUEBLO DE BOLIVIADirección: Calle Colombia Nº 440Teléfono: (+519-2) 2113600Fax: (+519-2) 2125436e-mail: http://ar.f449.mail.yahoo.com/ym/Compose?To=delpueblo@defensor.gov.boLa Paz, Bolivia.Enviar copias a:Dr. Guido Náyar ParadaPresidente de la Federación de Ganaderos de Santa CruzDirección: Av. Ejército Nacional Esq. Soliz de HolguínTeléfono: (+591-3) 351144Fax: (+591-3) 352117e-mail: http://ar.f449.mail.yahoo.com/ym/Compose?To=fegasacruz@fegasacruz.org.Santa Cruz de la Sierra – BoliviaSr. Javier Antunéz SambranaPresidente de la Asociación de Ganaderos de CamiriDirección: Av. Busch Nº 244Teléfono: (+591-3)3952 2002Fax: (+591-3) 3952 2916e-mail:Camiri – BoliviaLic. Tufí AréJefe de Redacción Diario "EL DEBER"Dirección: 2do. anilloTeléfono: (+591-3) 3538373 Cel. 77385004Fax: (+591-3) 539053e-mail: http://ar.f449.mail.yahoo.com/ym/Compose?To=tare@eldeber.com.boSanta Cruz de la Sierra – Bolivia
















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