sábado, 12 de abril de 2008

Ex Triple A, jefe de tránsito en lomas, desplazado por agresiones
Un rabioso servidor público

Juan Domingo López fue apartado de su cargo por golpear e intentar balear a un empleado. Fue beneficiado con un indulto menemista.
Secciones
Claudio Mardones
12.04.2008

Gesto severo. Juan Domingo López, de la Jotaperra a la Triple A. De allí a la cárcel, el indulto y una Dirección de Tránsito.
Fue el peor disparo que haya efectuado Juan Domingo López, un histórico dirigente de la derecha peronista que fue director de tránsito de la Municipalidad de Lomas de Zamora hasta hace horas y que en 1989 recuperó su libertad gracias a un indulto firmado por Carlos Menem. Si hace 15 días no hubiera perdido la paciencia, jamás habría revivido su historia ni desatado una tormenta en la Municipalidad. Los empleados de la Municipalidad tienen miedo por lo sucedido en la tarde del 28 de marzo: luego de una furiosa discusión con el inspector Carlos Leyes, López comenzó a golpearlo hasta dejarlo casi inconsciente. En el medio de los gritos, intervino el corpulento delegado del sindicato, José Nadal. Consiguió detener los puñetazos, y doblegó a su jefe. Lleno de impotencia, López se apartó unos metros y –así consta en el expediente judicial– le gritó: “Te voy a matar, esto no queda así”. Extrajo su pistola y disparó contra Nadal en medio de un playón. Como no acertó, gatilló de nuevo. Pero su nueve milímetros esta vez no lo acompañó: se había trabado. Quizás sea la última vez que su arma haya humeado, pero su último disparo despertó a los memoriosos. Es que Juan Domingo López, funcionario de carrera que ocupó el área de Tránsito desde 1998 y seguía firme en su puesto junto al actual intendente Jorge Rossi, es el mismo que integró la Triple A desde 1973 y que fue procesado y condenado por los secuestros y asesinatos del obrero naval Enrique Valverde en Boulogne y del presidente del Concejo Deliberante de Chacabuco, Miguel Máximo Gil. Ambos hechos ocurrieron en abril de 1975. Ex militante de la derecha peronista, fue delegado normalizador de la Juventud Peronista de la República Argentina (bautizada por sus opositores Jotaperra) hasta 1975. Cayó detenido el 24 de marzo de 1976, fue condenado a cadena perpetua y terminó salvado por Carlos Menem el 7 de octubre de 1989 con el decreto 1003, uno de los cuatro que firmó el ex gobernador riojano cuando indultó a 220 militares y 70 civiles. Los municipales de Lomas conocían sus antecedentes. Pero ahora le tienen más temor. “Siempre fue un tipo violento y a todos nos consta que le gustaba pasearse mostrando su pistola”, contó José Nadal, el delegado municipal que paró a López. La secuencia del disparo fallido se supo gracias a su denuncia y al testimonio del inspector Leyes, que están en manos del fiscal César Lucero, titular de la UFI 13 de los tribunales de Lomas. Pero, según los empleados golpeados, sus superiores hicieron todo lo posible para que el caso no trascendiera. “El jefe político de tránsito, Julio Riquelme, nos exigió que no hiciéramos la denuncia. Después nos demoraron, sacaron a López acovachado, limpiaron las manchas de sangre y sabemos que apretaron a la gente de la guardia médica para que no anotaran nada en el registro”, denunció Nadal a este diario. “Si nos pasa algo, hacemos responsable al intendente Jorge Rossi, al secretario de gobierno, y al director de Tránsito, que apoyan a Juan Domingo López y lo traen todos los días para ver si nos puede pelear”, agregó el delegado Carlos Ortiz.En diálogo con Crítica de la Argentina, López sostuvo que la víctima fue él. “No me gusta remover algo que ya fue juzgado, llevo 20 años en libertad y sin ninguna gotita de nada. Estos señores (por Nadal y Leyes) son todos delincuentes y cuando quieren atacarme se agarran de mi pasado. Si mi pasado fue malo o bueno, fue pasado y ya está. Yo no soy un genocida, no soy facho, no soy nazi, sólo soy doctrinario”, dijo. Y remató: “No me importa lo que digan los periódicos, a mí me interesa que la verdad salga, por eso le agradezco a Carlos Saúl Menem haberme dado ese tiempo para reconstruir mi vida. Soy su amigo y lo quiero con el alma, lo adoro, lo respeto y no oculto nada. Me encomiendo a la justicia de Dios”.
Esta edición
Sábado 12 de abrilAño I Edición Nº42


LO DENUNCIÓ CRÍTICA
Macri tiene un flor de renunciador
Pedro Florido se desempeñaba como asesor de la Procuración General de la Ciudad, que comanda Pablo Tonelli. Alegó "motivos personales".
08:03
12.04.2008

Pedro Florido en una misa por un represor muerto, tomada en el año '83 en la ciudad de Rosario. Cerca de él, Francis Whamond, el segundo del "Tigre" Acosta en la ESMA.
“Tengo el agrado de dirigirme a Ud. a fin de presentarle a partir del día de la fecha mi renuncia indeclinable como asesor legal de la planta de gabinete del organismo a su cargo, por motivos personales. Firma: Pedro C. Florido. DNI 7.598.712.” La renuncia, con fecha de ayer, fue aceptada por el jefe de Florido, el procurador general de la Ciudad de Buenos Aires, Pablo Tonelli.Así, con ese texto, se terminó la carrera de Florido en el gobierno macrista; justo un día después de que Crítica de la Argentina difundiera sus antecedentes: es un ex capitán de navío que operó como asesor legal en la ESMA durante la última dictadura militar y luego como abogado de ex marinos que pasaron por el campo de concentración que manejaba la Armada.“Le decían Florido o Florindo y era una especie de auditor. Estaba siempre en los casos que tuvieran que ver con guita o con propiedades. Lo vi cuatro o cinco veces, hasta que un día se prestó para que le hiciera un documento”, recordó el ex detenido Víctor Basterra, quien estuvo secuestrado en la ESMA durante cuatro años y cinco meses y trabajó como mano de obra esclava falsificando documentos. Un día de hace 26 años que aún recuerda, Basterra fotografió a Pedro Florido.Basterra declaró que Florido fue uno de los marinos que lo obligó a falsificar pasaportes para Licio Gelli, el jefe de la Logia Propaganda 2.El renunciado también tuvo contactos con Francis Whamond, uno de los secuaces en la ESMA de Jorge “Tigre” Acosta, uno de los represores que permanecen detenidos por sus actividades en los grupos de tareas de la Marina durante la dictadura.Florido presenta aportes del gobierno porteño desde febrero, pero según averiguó este diario trabajaba para Macri desde diciembre. Su designación fue ordenada por el procurador general adjunto de control de legalidad, Carlos Guaia.Antes de que Florido renunciara, el legislador de Encuentro Progresista Raúl Fernández había presentado un proyecto en repudio a su designación en el gobierno porteño y pidiendo su despido. “Estoy contento; la renuncia de Florido es un premio al trabajo del diario de ustedes y la presión que se puede hacer desde la política. Igual, lo deseable hubiera sido que lo echaran y no que renunciara. Hubiera demostrado una actitud más firme sobre las violaciones de los derechos humanos.”Además, Fernández pidió la renuncia del subsecretario de Derechos Humanos, Helio Rebot, porque “no podía ignorar el tema; Florido tuvo presencia en los medios, fue denunciado por la Conadep y el CELS cuando lo ascendieron a capitán de navío en 2000. Sé que Rebot no va a renunciar, pero debería hacerlo”.El diputado porteño Fernández planea presentar un proyecto para impedir que en la ciudad porteña asuman funcionarios vinculados con la represión y los gobiernos dictatoriales.El rol de la Procuración General, para la que trabajaba hasta ayer este ex asesor de un campo de concentración como fue la ESMA, es dictaminar sobre la legalidad de los actos administrativos del Ejecutivo.Whamond, el hombre de la foto“Pablo” o “Duque” era el seudónimo que utilizaba en los operativos de caza, secuestro y tortura; “Federico Willliams”, el sosias empleado para las tropelías cometidas en la ESMA con los bienes de las víctimas; capitán de fragata Francis William Whamond, la verdadera identidad, para los registros de la Armada, la familia y la vida social. Los sobrevivientes Marcelo Hernández y Miguel Ángel Lauletta no se equivocaron cuando, al declarar ante la Justicia, le calcularon la edad: “Entre 45 y 50 años ”, dijeron. Tenía 46 y estaba retirado, cuando después del golpe de 1976 decidió regresar al servicio por vocación.Para los sobrevivientes Graciela Daleo, Víctor Basterra, Hernández y Lauletta su nombre está indisolublemente asociado a la picana y los traslados. El 23 de diciembre de 2002 murió por rotura de un aneurisma abdominal. Estaba detenido en la ESMA por el asesinato y el despojo de los empresarios Conrado Gómez, Victorio Cerutti y Horacio Palma.

Renuncio el marino que estuvo en la ESMA y asesoraba a la Procuracion porteña
Florido se marchitó súbitamente
El capitán de navío Pedro Florido, denunciado por obligar a falsificar documentación a un secuestrado de la ESMA y por comandar el Grupo de Contención de la Armada, renunció a su cargo de asesor de la Procuración designado por el macrismo.

El jefe de Gobierno porteño, Mauricio Macri, había designado a Pedro Florido en diciembre.
Imagen: Pablo Piovano

Por Nora Veiras
El capitán de navío retirado Pedro Florido, oficial de Inteligencia y abogado, era un habitué al centro clandestino de detención que funcionó en la ESMA. Ya en democracia supo ser el alma mater del “Grupo de Contención” de la Armada encargado de asesorar a represores acusados de delitos de lesa humanidad y de-sactivado a partir de las denuncias de este diario. Hasta fines de febrero no figuraba en el Registro de Retirados, lo cual indica que había sido recontratado y cobraba como si estuviese en actividad. Apenas Página/12 informó que estaba en esa condición, el Ministerio de Defensa aseguró que había dejado la actividad. Encontró conchabo rápido: había sido contratado como asesor de la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires. Ayer, Florido presentó la renuncia indeclinable al cargo en el gobierno macrista. “El nombramiento lo hice yo a pedido de uno de los procuradores adjuntos, Carlos Guaia. No conocía esos antecedentes. La renuncia la decidió Florido”, dijo a este diario el procurador general Pablo Tonelli,
–¿Qué explicación le dio Florido?
–La única explicación que me dio era que no quería afectar ni a la Procuración ni al Gobierno de la Ciudad.
–Era conocido que se había desempeñado en la ESMA durante la dictadura y que asesoraba a los represores...
–Yo no conocía las cosas que se le adjudican. Florido era asesor de Guaia.
–¿Qué explicación le dio Guaia?
–Lamentablemente, Guaia había viajado el viernes a la noche a los Estados Unidos por razones personales y no estaba para darme ninguna explicación.
–¿Se dijo que el nombramiento de Florido no apareció en el Boletín Oficial?
–No me tomé el trabajo de revisarlo, pero eso no es así. Todas las designaciones se publican en el Boletín Oficial. Lo designamos en diciembre, al principio de la gestión.
Florido tiene una larga historia en la Armada. Durante la dictadura el entonces joven oficial-abogado era un asiduo visitante a la ESMA. Víctor Basterra, uno de los secuestrados que era obligado a falsificar documentación, declaró que Florido le exigió la confección de un pasaporte argentino para el gran maestre de la Logia P2, Licio Gelli. Con ese documento fue detenido Gelli en Europa. Eran varios los militares argentinos que engrosaban esa organización mafiosa, entre ellos el mandamás de la Armada, Emilio Eduardo Massera.
Esos años en el corazón de la represión le garantizaron a Florido el conocimiento cabal de los responsables directos y de sus víctimas. Con el retorno a la democracia siguió haciendo carrera hasta que ese expertise se convirtió en esencial. Con la continuidad de los juicios por el robo de bebés, considerado delito de lesa humanidad aún antes de la anulación de las leyes de impunidad, Florido empezó a ser un habitué de Tribunales. Los cronistas de la época recuerdan que el capitán visitaba al entonces juez Adolfo Bagnasco. Garantizaba que los uniformados se presentarían y a cambio “negociaba” que siguieran libres o en prisión domiciliaria.
En el 2000, la jueza María Romilda Servini de Cubría llegó a citar a Florido a su despacho. La crónica de Clarín consignaba que lo había increpado por las amenazas que había sufrido uno de sus secretarios que llevaba una causa por robo de bebés. “No me vengan con el cuento de que ustedes no pueden hacer nada, porque si los quisieran parar, los pararían”, le habría dicho la jueza al capitán de navío abogado fundada en la sospecha de que desde la conducción de la Armada, que ejercía Joaquín Stella, se les prestaba colaboración a los imputados en causas por delitos de lesa humanidad.
Página/12 había denunciado que “un día antes de la entrega del poder el ex presidente Carlos Menem y su último ministro de Defensa, Jorge Domínguez, pidieron el ascenso a capitán de navío del oficial de la Armada Pedro Florido”, a pesar de sus antecedentes en la ESMA y su “trabajo” en Tribunales. En ese momento, diciembre del ’99, este diario había confirmado que el capitán abogado Florido actuaba junto con Sergio Vargas como enlace de la Armada ante los jueces para que le comunicaran cualquier novedad sobre los expedientes que interesan a la Armada, por la apropiación de bebés o averiguación de la verdad. A pesar de esos antecedentes, Florido fue ascendido durante el gobierno de la Alianza y recién se retiró a fines del 2003. Para entonces, el Grupo de Contención había pasado del área de Inteligencia al de la Subsecretaría de Relaciones Institucionales.
Florido pertenece a una familia consecuente. Su hermano Rodolfo Patricio, integrante también del Servicio de Inteligencia de la Marina, recaló en la SIDE en los albores del menemismo junto con otros represores. Amigo del nazi Erich Priebke, Rodolfo Florido se mudó a Bariloche donde hace oír sus opiniones en una FM. Formó parte de la troupe de servicios despedidos durante la gestión aliancista. Oficiales retirados con el apoyo de agentes de Personal Civil de Inteligencia potencian sus convicciones en la Unión de Promociones. Durante la campaña electoral, la UP consiguió reunirse varias veces con los referentes PRO. La fallida designación de Florido se convirtió en un traspié a pesar de la coincidencia de intereses.

La Justicia rechazo el pedido de habeas corpus del represor
Patti, atrapado sin salida

El ex intendente de Escobar fracasó en su nuevo intento por salir de la cárcel, pero sus abogados solicitarán otra vez que sea excarcelado y reclamarán a la Corte Suprema que ordene cumplir el fallo que lo habilitó para asumir como diputado nacional.

El ex comisario Patti sale de los tribunales de San Martín hacia la cárcel en la que seguirá detenido.
Imagen: DYN
Subnotas
“Hay un conflicto de poderes”


La Cámara Federal de San Martín rechazó el pedido de hábeas corpus presentado por los abogados de Luis Patti. La decisión judicial es una confirmación de que el ex comisario deberá continuar detenido en la cárcel de Marcos Paz, donde cumple prisión preventiva acusado de un homicidio y siete casos de secuestros y tortura cometidos durante la dictadura. Sus defensores anticiparon, sin embargo, que seguirán insistiendo con el pedido de excarcelación e irán a la Corte Suprema para que “ordene que se haga efectiva” la sentencia que lo habilitó a asumir como diputado nacional.
El hábeas corpus, un recurso que se presenta cuando se entiende que una persona está detenida ilegalmente, fue rechazado “in limine” por la Sala I de la Cámara Federal de San Martín, una figura que indica que para los camaristas no hay ninguna duda de que la detención de Patti cumple con todos los resguardos legales.
El ex comisario tiene dos causas abiertas en su contra. Está preso por su presunta participación en siete secuestros y un homicidio cometidos entre 1976 y 1977, cuando se desempeñaba como oficial de calle de la policía bonaerense. En este proceso, conocido como la causa Riveros o Campo de Mayo, se investiga la detención ilegal de personas que fueron llevadas a la comisaría 1ª de Escobar, lugar que funcionó como centro clandestino de detención; muchos de esos detenidos fueron trasladados después a Campo de Mayo, donde los esperaba la tortura y la muerte. Patti está acusado por los cargos de privación ilegal de la libertad agravada, tormentos, amenazas y allanamientos ilegítimos de los que fueron víctimas Gastón Goncalvez, Diego Muniz Barreto, Juan José Fernández, Carlos Souto, los hermanos Guillermo y Luis D’Amico y Osvaldo Arriosti.
El ex comisario tiene, además, un procesamiento por haber encubierto a dos represores acusados de la desaparición de quince montoneros en 1980, en la llamada Contraofensiva. Finalmente, también fue acusado en relación con los asesinatos de los militantes peronistas Osvaldo Cambiasso y Eduardo Pereyra Rossi; lo sobreseyeron, pero un fiscal federal ha pedido que la causa sea reabierta.
Con esa suma de causas judiciales era imposible que el pedido de hábeas corpus prosperara. Más que un reclamo viable, la presentación pareció ser parte del paquete resuelto por sus abogados luego de que la Corte Suprema diera luz verde para que Patti asumiera en el Congreso. Otra medida en este sentido fue un pedido de excarcelación con el argumento de que su cliente tiene fueros parlamentarios. El juez Alberto Suares Araujo, quien está a cargo de la causa Riveros, ya lo rechazó; el magistrado sostuvo que cuando se cometieron los delitos, en 1976, Patti no tenía inmunidad parlamentaria. Ahora los defensores del ex comisario tienen sus expectativas puestas en que la Sala II de la Cámara Federal de San Martín se expida sobre el punto.
El defensor Silvio Duarte dijo además que apuesta a que el fallo de la Corte Suprema pueda influir, por otra parte, ante la Cámara de Casación Penal, que debe resolver sobre otras apelaciones.
Según detalló Pablo Llonto, abogado de los querellantes en la causa Riveros, el martes habrá novedades. Ese día está citado a declarar quien fue el jefe de Patti del ’76 al ’77, el jefe de la comisaría de Escobar Juan Fernando Meneghini. El ex policía debe responder sobre los mismos casos de los que está acusado Patti, entre ellos los secuestros de Diego Muniz Barreto y Juan José Fernández.
Patti fue electo diputado por la provincia de Buenos Aires en el 2005. La Cámara baja no le permitió que asumiera porque entendió que una persona acusada de crímenes de lesa humanidad es “moralmente inhábil” para legislar. La Corte Suprema se expidió sobre el punto el martes pasado, en un fallo en el que señaló que los diputados no tienen la atribución de tomar tales decisiones. Gregorio Badeni, otro de los abogados de Patti, pidió por esto a la Corte que haga cumplir su fallo, con un pronunciamiento expreso para que el Congreso siente a Patti en una banca.

Bussi y Menendez a juicio oral
Represores al banquillo


Los represores Antonio Bussi y Luciano Benjamín Menéndez serán sometidos a juicio oral y público. Así lo dispuso el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Tucumán, tras rechazar el pedido de ambos militares de ser enjuiciados en un proceso escrito. Bussi y Menéndez irán a juicio por la desaparición del ex senador peronista Guillermo Vargas Aignasse en marzo de 1976, por la cual cumplen prisión preventiva.
“Hoy por hoy la única forma de ser sometido a un enjuiciamiento con motivo de una acusación que atribuye la comisión de un delito, en virtud de las normas constitucionales y convencionales internacionales vigentes en nuestro ordenamiento jurídico, es por un juicio que se realice mediante una audiencia oral y pública”, argumentaron los camaristas Carlos Jiménez Montilla, Gabriel Casas y Josefina Curi en contra de la pretensión de los represores. Agregaron que “la responsabilidad de los jueces sólo puede hacerse efectiva cuando sus actos son públicos, es decir, cuando los ciudadanos pueden asistir al debate y a la lectura de la sentencia”.
El Tribunal Oral tucumano rechazó así el pedido que había hecho el abogado Horacio Conesa Mones Ruiz con el argumento de que los imputados no necesariamente debían someterse a un juicio oral. Según la defensa de Bu-ssi y Menéndez, la ley que estableció los Tribunales Orales en 1992 permitía –para los procesos en trámite o relacionados con hechos anteriores a ese fecha– escoger por el sistema escrito.
Tras el rechazo al planteo de los represores, ahora sólo resta que las partes ofrezcan la prueba del caso y revisen la documentación de la causa. Cumplido ese trámite se podrá fijar la fecha para la realización de las audiencias orales y públicas.
El caso llegó al Tribunal Oral tucumano a fines de 2007, cuando el juez federal Daniel Bejas dio por finalizada la etapa de instrucción de la causa en la que Bussi y Menéndez están acusados y con prisión preventiva por la desaparición de Vargas Aignasse.
En su resolución, Bejas acusó a los dos represores de violación de domicilio y violación ilegítima de la libertad agravada, aplicación de tormentos reiterados, homicidio calificado y asociación ilícita, en concurso real con el delito de lesa humanidad. Ambos tienen, además, prisión preventiva en otras causas en las que se investigan desapariciones de personas cuando Bussi estuvo al mando de la V Brigada de Infantería, dependiente del III Cuerpo de Ejército, que encabezaba Menéndez.
FUERTES CRUCES EN LA ULTIMA SESION DE DIPUTADOS
Entre insultos y amenazas

Un proyecto de repudio a las agresiones sufridas por HIJOS el día que declaró el represor Patti en San Martín disparó un encendido debate entre legisladores justicialistas y del PDP.

El diputado peronista Alberto Monti llamó "imbécil" a su colega del PDP, Gabriel Real. Lo invitó a resolver las "cuestiones personales fuera del recinto, dónde quiera y cómo quiera".
Subnotas
Otro repudio a Patti

Por Juan Carlos Tizziani
Un repudio de la Cámara de Diputados de Santa Fe a las agresiones que sufrieron militantes de HIJOS y de otros organismos de Derechos Humanos frente a los Tribunales de la localidad bonaerense de San Martín el jueves a la mañana, cuando declaró el represor Luis Patti, derivó en un fuerte cruce entre legisladores del oficialismo y la oposición, en la que el justicialista Alberto Monti llamó "imbécil" a su colega del PDP, Gabriel Real y lo invitó a resolver las "cuestiones personales fuera del recinto, dónde quiera y cómo quiera". La pelea coronó una tensa sesión en la que Monti acusó también a otro diputado demócrata progresista, Luis Mauri, de haber sido intendente de Santo Tomé durante la dictadura y firmar un decreto que declaró huésped de honor al genocida Roberto Viola. "Muchachos, póngase de acuerdo. Por un lado, tienen a los defensores a ultranza de los Derechos Humanos, y por el otro, a los peores represores de la dictadura", disparó Monti. El pasado de Mauri es conocido, por lo que el legislador ?acaso con algún aviso? optó por una retirada estratégica y se esfumó de su banca antes del escándalo. Pero lo curioso es que Mauri no llegó a la lista del Frente Progresista por el PDP, sino de la mano del propio gobernador Hermes Binner y con el padrinazgo político de alguna jerarquía de la Iglesia, como es vox populi en los corrillos de la Casa Gris.
La sesión comenzó a calentarse cuando otra diputada del PDP, Estela De Michelis, planteó una "alerta" por el lanzamiento del Observatorio de Discriminación en los Medios. "Nos preocupa y mucho a los partidos, a los medios nacionales e internacionales. Sin libertad de prensa no hay democracia y sin democracia no hay ciudadanos libres", dijo.
El ataque de De Michelis al gobierno nacional volvió a dividir ?por segunda vez en pocas semanas? el bloque del Frente Progresista. Porque no sólo le salió al cruce el diputado Marcelo Brignoni (Encuentro), sino también su colega del ARI, Antonio Riestra, quienes reivindicaron el documento sobre el rol de los medios que produjo la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires (UBA).
El debate parecía agotado cuando el diputado Real volvió a la carga contra el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner y cuestionó por "parcial, discriminatorio y resentido" el documento de la UBA
Saltó entonces el kircherista Gerardo Rico, sorprendido por "la falta de memoria" de los demócratas progresista que "acompañaron el golpe militar, la dictadura de Videla y ahora dicen respaldar la libertad de prensa". Pero fue su colega del PJ, Alberto Monti, quien acusó al tercer diputado del PDP, Luis Mauri ?que no estaba en su banca? de haber sido intendente de Santo Tomé durante el proceso. "Mauri ya no está, pero me voy a referir a él. En 1977, yo también estuve a disposición del PEN. Y a mi no me botoneó ningún milico, me botonearon, precisamente, todos los civiles que le hacían el caldo gordo a los milicos. El que me botoneó también fue diputado de la provincia y tenía que ir todos los fines de semanas a pintarme los dedos porque me dejaron con prisión domiciliaria en mi casa. Y eso no lo hicieron los militares, lo hicieron aquellos que le dieron respaldo político a la dictadura", dijo Monti.
"Y si bien es cierto que el diputado Real no tiene edad para haber participado, sí es cierto que miembros de su bloque participaron activamente. Y no sólo participaron, también le cantaron loas a los militares que en ese momento estaban matando gente. Un decreto firmado en ese momento (por Mauri) declaró huésped de honor en la ciudad de Santo Tomé al represor Viola. Entonces, muchachos, póngase de acuerdo. Por un lado, tienen a los defensores a ultranza los derechos humanos, y por el otro, a los peores represores de la dictadura. Póngase de acuerdo, y vamos a dar el debate cuándo y dónde quieran", desafió Monti. Unos minutos después, la pelea recrudeció cuando se discutía un proyecto de la diputada del ARI, Alicia Gutiérrez, de repudio a las agresiones que sufrieron la abogada de HIJOS, Ana Claudia Oberlin y militantes de derechos humanos frente a los Tribunales de la localidad bonaerense de San Martín el jueves a la mañana, cuando declaró Patti. roblema personal conmigo, lo solucionamos cuándo quieras y cómo quieras afuera del recinto!", le gritó Monti.
Real aprovechó para preguntar a los gritos a Monti ?sin tener el uso de la palabra? por qué partido había sido electo Patti diputado nacional. Pero como Monti no le contestaba, Real insistió: "Diputado, como usted no tiene memoria yo le voy a recordar que Patti fue electo por un acuerdo con el PJ". Y ahí reaccionó Monti: '¡Imbécil! ¡Si tenés algún problema conmigo lo solucionamos, cuándo quieras y cómo quieras, afuera del recinto!", gritó el peronista.
El desafío generó otro revuelo, pero al final Real pidió al presidente de la Cámara, Eduardo Di Pollina que tache en la versión taquigráfica la reacción de Monti y éste también aceptó, aunque salió de la Legislatura con los ojos húmedos y la bronca a cuesta.

1 comentario:

Anónimo dijo...

...Con una visión particular de los Derechos Humanos.... tal como indican en su página, su visión es muy recortada. Será que no pueden asumirse como terroristas?