lunes, 28 de abril de 2008

El TOF-5 comienza a juzgar mañana a los responsables por la Masacre de Fatima, ocurrida en agosto de 1976
Juicio al crimen más brutal de la dictadura

Los policías retirados Juan Carlos Lapuyole –hombre del ex ministro Harguindeguy–, Carlos Gallone y Miguel Angel Timarchi están acusados por el homicidio de veinte hombres y diez mujeres que permanecían secuestrados en la Superintendencia de Seguridad Federal.



El juez Guillermo Gordo y, a la derecha, el acusado Gallone, en una foto que intentó usar en su favor.


Por Diego Martínez
En la madrugada del 20 de agosto de 1976 veinte hombres y diez mujeres secuestrados en la Superintendencia de Seguridad Federal, bajo la órbita del Cuerpo I de Ejército, fueron adormecidos y cargados en un camión verde oscuro. A la altura del kilómetro 62 de la ruta 8, en un camino de tierra cercano a Fátima, el camión y los tres Ford Falcon que lo escoltaban se detuvieron. Bajaron a los moribundos, les dispararon un tiro a quemarropa y los apilaron sobre una carga de dinamita. A las 4.30 la explosión hizo temblar Fátima. El sumario policial detalló que tenían las manos atadas por la espalda y los ojos tapados con cinta adhesiva. Fue la matanza más brutal que se conoce de la última dictadura.
Mañana el Tribunal Oral Federal 5, integrado por Guillermo Gordo, Daniel Obligado y Ricardo Farías, comenzará a juzgar por la “Masacre de Fátima” a tres oficiales retirados de la Policía Federal. La acusación correrá por cuenta del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y del fiscal Félix Crous. Los imputados son el director de Inteligencia de la Superintendencia (SSF), comisario general Juan Carlos Lapuyole –hombre de íntima confianza del ex ministro del Interior Albano Harguindeguy, que interrogaba al pie de varias mesas de tortura porteñas con el alias de “Francés”– y dos miembros de sus brigadas: los comisarios inspectores Carlos Enrique Gallone y Miguel Angel Timarchi.
El sombrío edificio de Moreno 1417, a una cuadra del Departamento Central de Policía, fue desde los años ‘60 sinónimo de represión política. El año pasado, el uruguayo Antonio Viana Acosta, militante tupamaro, denunció que ya en febrero de 1974 fue torturado durante dos semanas en Coordinación Federal, nombre anterior de la SSF. En su secuestro, pedido por la inteligencia oriental, intervinieron los jefes de la Policía Federal, Alberto Villar y Luis Margaride, y de la Triple A, Rodolfo Almirón y Juan Ramón Morales. Coordinación ya era epicentro del incipiente Plan Cóndor.
El inspector Rodolfo Peregrino Fernández, ayudante de Harguindeguy durante 1976, relató en 1983 que el ministro tenía brigada propia para secuestrar, pero “cuando el grado de riesgo superaba la capacidad de acción de este grupo recurría a oficiales de la Dirección de Operaciones de la SSF, cuya jefatura ejercía el comisario mayor Lapuyole, siendo el principal Carlos Gallone, alias ‘Carlitos’, quien más frecuentemente era comisionado a estos efectos”. Agregó que Gallone tenía “ferviente admiración por la extrema derecha” y fue “el más estrecho colaborador de Harguindeguy en las tareas de represión ilegal. Se rodeó de los mayores torturadores y asesinos salidos de la Triple A, a quienes llevó a la Dirección General de Inteligencia”.
A diferencia de otros centros clandestinos porteños como El Olimpo, Club Atlético o la ESMA, recuperados como espacios para la memoria y con decenas de represores presos, la mayor parte de los asesinos de la SSF siguen impunes, y su edificio intacto. El juicio por Fátima es la excepción que confirma la regla. El juez federal Norberto Oyarbide, que instruye la causa Triple A, no avanzó por el momento más allá del entorno íntimo del ex ministro José López Rega. Y el Estado argentino, querellante por medio de su Secretaría de Derechos Humanos en causas de todo el país, no impulsó aún la investigación del centro clandestino más cercano al Obelisco.
Royal Air Force
Rara avis para una fuerza que convirtió el silencio en mandamiento, el sargento retirado Armando Luchina, ex carcelero de la superintendencia, declaró ante la Conadep en 1984, en el Juicio a las Juntas en 1985, y ante cada organismo, juez o periodista dispuesto a escucharlo. “Yo estoy jugado”, responde para explicar por qué no aceptó protección del Estado. A Luchina no le contaron la historia. Siempre admitió que tuvo contacto con los secuestrados y que debía llevar una lista de presos legales y otra de “RAF”, por Royal Air Force, como Lapuyole & Cía. nombraban a quienes consideraban “en el aire”.
La noche del 19 de agosto se apagaron todas las luces de la superintendencia menos las del ascensor y el estacionamiento, relató Luchina. Estaban los jefes de todas las brigadas. Gallone daba las órdenes. Bajaron a los treinta secuestrados desde distintos pisos. Cuatro parecían muertos. El resto, drogados. Los cargaron en un camión que no era de la dependencia. “Estos se van para arriba”, le comentaron. Dos días después leería en los diarios la aparición de los treinta cuerpos.
Un grupo de obreros se topó con la escena. La explosión había provocado un hoyo de un metro de profundidad. La brutalidad obligó a Videla a repudiar la masacre. Cinco cadáveres fueron identificados desde el primer momento. Inés Nocetti había sido secuestrada el 11 de agosto junto con Selma Ocampo, militante sindical despedida de la Ford de General Pacheco, identificada en 1984. Alberto Comas había desaparecido a fines de julio. Trabajaba en la fábrica Royo, pegada al Riachuelo. Ramón Lorenzo Vélez, Angel Osvaldo Leiva y Conrado Alsogaray, obreros de la firma Bendix, habían sido secuestrados en la madrugada del 16 de julio. Los otros 25 cuerpos fueron inhumados como NN en fosas individuales del cementerio de Derqui. El Equipo Argentino de Antropología Forense los exhumó en 1985, pero recién diez años después, en el marco del Juicio de la Verdad, pudo comenzar a identificarlos por medio de análisis genéticos. De las 30 víctimas, 16 ya tienen tumba con nombre y apellido. La mayoría eran obreros de Bendix y fueron vistos en la SSF.
A fines de 2002, en representación de familiares de Jorge Argente, Alberto Comas, Susana Pedrini de Bronzel y Horacio García Gastelú, el CELS pidió la reapertura de la causa. En mayo de 2004 el juez federal Daniel Rafecas procesó a Lapuyole, Gallone y al director de operaciones, Carlos Vicente “El Lobo” Marcote, que murió poco después. Al año, al confirmar los procesamientos, la Cámara Federal porteña incluyó también a Timarchi. En febrero de 2006 Rafecas elevó la causa a juicio oral. Lapuyole, de 75 años y serios problemas de salud, goza de prisión domiciliaria. Timarchi, de 62, y Gallone, de 60, están presos en Devoto. La causa tiene un solo prófugo: Luis Alberto “El Japonés” Martínez. El resto de los miembros de las brigadas de la superintendencia podrá presenciar el juicio como cualquier ciudadano. Nadie los busca.


Un ensayo fotografico sobre la desaparicion y los recuerdos
La memoria de las imágenes

En el Museo de Arte y Memoria de La Plata se expone una muestra del fotógrafo Gerardo Dell’Orto que reúne tomas de su hermana desaparecida, su hija, sus obras y su compañero de cautiverio, el testigo Jorge Julio López, también desaparecido.



Gerardo Dell’Oro, en la muestra que continúa abierta hasta fines de mayo. Abajo una foto que integran la exposición.


Por Adriana Meyer
“Patricia, mi hermana desaparecida. En las fotos que le hizo mi padre. En las que le hice yo a su hija. En sus pinturas, dibujos y grabados. En el relato guardado durante años por un testigo.” Así presenta el fotógrafo Gerardo Dell’Orto la muestra que expone en el Museo de Arte y Memoria (MAM) de La Plata. El testigo que menciona ya no está, es el desaparecido Jorge Julio López, compañero de cautiverio de Patricia Dell’Orto, y a quien ella le pidió que buscara a su hija y le dijera que la amaba. López encontró a Mariana Dell’Orto y cumplió, pero desde el 18 de septiembre de 2006 está ausente de las fotos familiares. “Julio me dio la foto que me faltaba, una imagen relatada que estaba en su memoria”, resume Dell’Orto.
Patricia era la mayor de los hermanos, luego venían Cecilia y Silvia. Le llevaba once años a Gerardo. Militaba en la Juventud Peronista, en la Unidad Básica Juan Pablo Maestre que la Tendencia tenía en Los Hornos y donde conoció a López, junto a su compañero Ambrosio De Marco. Era dibujante y su último trabajo fue en la fábrica Rigolleau, antes de quedar embarazada y empezar a criar a Mariana. Su secuestro fue en la quinta de fin de semana que la familia tenía en Villa Elisa, donde estaban viviendo todos juntos, 25 días después del nacimiento de Mariana. “Estaba en la cama y un tipo me apuntó con una ametralladora”, dice Gerardo sobre ese momento.
Muchas de las fotografías de la muestra fueron tomadas en esa casa. Una serie de retratos de Mariana fue realizada por su tío cuando tenía 21 años, la misma edad que Patricia cuando fue secuestrada. En uno de ellos Mariana muestra un tatuaje que lleva en el hombro, una figura tomada de un cuadro de su madre.
Gerardo Dell’Orto encontró en los árboles el motivo de un ensayo fotográfico para un taller que hizo con Adriana Lestido. Tomó esas fotos en 1999 cuando su padre, también fotógrafo, presentó el caso de Patricia en el Juicio por la Verdad, en La Plata. “López declaró en ese juicio por primera vez, y algunas de esas fotos son de árboles en Arana, cuando fueron al reconocimiento”, describe Dell’Orto a Página/12. “La idea de incluirlas tiene que ver con los altibajos en la búsqueda de justicia, la esperanza y la derrota. Algunas son oscuras y movidas, otras tienen formas de tumbas, de siluetas y hasta de un puño en alto”, precisa.
Ruben López, el hijo del testigo desaparecido, acudió a la inauguración de la muestra. Junto al padre de Gerardo, Alfonso Dell’Orto, recordaron el encuentro entre las dos familias. “Julio López me contó que estuvo con mi hermana y Ambrosio, que los mataron como represalia por una bomba en la policía”, recuerda. En el juicio contra el represor Miguel Etchecolatz, López relató la tortura sufrida por la pareja, el momento del asesinato, y no dudó en señalar al acusado como quien “dirigió personalmente esa matanza”. Con el paso de los años, López comenzó a escribir y dibujar en una serie de cuadernos. Las fotos de Dell’Orto también reflejan parte de su contenido.
“Todo esto empieza como un intento de ensayo fotográfico con una chica hija de desaparecidos, y al mismo tiempo le sacaba a Mariana, hasta que me di cuenta de que tenía que ser a Mariana. Ponía distancia, no sabía bien qué tan afuera o qué tan adentro estaba de su historia, cuál era mi lugar. Quedó ahí en un cajón hasta el juicio (contra Etchecolatz). La condena cosió la historia, ató las partes. Y el secuestro de López me dejó en un lugar de angustia que no podía resolver. Algo tenía que hacer, y fue esto: los ojos de Mariana, los ojos de Patricia, las fotos familiares del ’76 y del ’96 en el álbum familiar, aparecieron los viejos negativos de mi papá de fotos que le sacó a Patricia, y el relato de López que me traía una imagen que yo no quería. Patricia era la hija desaparecida de mi viejo, era la hermana desaparecida nuestra, eran los padres que Mariana nunca había conocido. Cuando López me cuenta, me cae la ficha de que Patricia es la madre que se perdió de criar a una hija, esa foto que me faltaba me la da López, es una imagen relatada y guardada en la memoria”, dice este fotógrafo, sereno y conmovido.
La exposición continuará abierta hasta fines de mayo en el MAM, calle 9 número 984, en La Plata.

Argentina ante el Tribunal Mundial en Ginebra

Por Rodolfo Mattarollo *
Felizmente superados los achaques de una salud quebrantada, aunque con la voz afónica, y por momentos casi con el aliento que lo hacía aún más imponente, el embajador de Uruguay en Ginebra, el jurista Alejandro Artucio, presidió la semana pasada la sesión en que las Naciones Unidas examinaron el cumplimiento por Argentina de sus obligaciones en materia de derechos humanos.
Nuestro país estaba representado por el secretario de Derechos Humanos, Eduardo Luis Duhalde, por el embajador en Ginebra, Alberto Dumont, por varios funcionarios del servicio exterior y de la Secretaría de Derechos Humanos, entre ellos quien escribe esta nota.
Artucio hizo a un lado el protocolo y recordó ante los 47 Estados miembro del Consejo, numerosos países observadores, ONG, periodistas y público, las épocas de la militancia común en el exilio latinoamericano en Europa de él mismo, de Duhalde y del autor de estas líneas.
La sesión se desarrollaba ahora en una de las salas en que se reunía por entonces la Comisión de Derechos Humanos de la ONU en plena dictadura militar argentina, representada en ese recinto por Gabriel Martínez, el jefe de la diplomacia militar. Y como constataba el embajador Artucio, el azar, que a veces hace bien las cosas, reunía 32 años después como representantes de gobiernos democráticos, en el mismo lugar, en funciones oficiales, a quienes habían sido, como miembros de ONG, denunciantes de los crímenes atroces del terrorismo de Estado.
Nuestro país, a través de la Cancillería y de nuestra Misión en Ginebra, está estrechamente vinculado a la ingeniería política e institucional de esta nueva experiencia onusiana, el “examen periódico universal” (de la observancia de los derechos humanos) por el que deben pasar los 192 Estados miembro de la organización mundial, empezando por los que, como Argentina, han formado o forman parte del Consejo de Derechos Humanos.
El examen dura tres horas. Un gran reloj electrónico indica en la pared a la izquierda de la presidencia el tiempo asignado ineluctablemente al Estado examinado –en este caso la Argentina–, una hora, y a los Estados miembro y observadores (dos horas).
Duhalde pronunció el discurso inicial que reseña las políticas públicas de derechos humanos en las dos últimas gestiones de gobierno. Luego Mattarollo, Andrea Gualde (Asuntos Internacionales) y el asesor jurídico Ciro Annichiarico, de la Secretaría de Derechos Humanos, contestaron las preguntas que los Estados habían hecho llegar por escrito. Por último llegó el momento crucial de la sesión, el llamado “diálogo interactivo” en el que los Estados preguntan sin ningún anuncio previo. Intervinieron en esta etapa final 31 Estados que plantearon con frecuencia varias cuestiones cada uno.
Todos los Estados sin excepción elogiaron las políticas de lucha contra la impunidad de graves violaciones de los derechos humanos en la Argentina actual. Es explicable. Argentina ejerce un liderazgo indiscutido en la lucha contra la impunidad conforme a los muchas veces no escuchados llamados de las Naciones Unidas a investigar y juzgar a los autores de asesinatos, desapariciones forzadas, torturas y otras graves violaciones de los derechos humanos.
Pero éste es un ejercicio de luces y sombras que en el caso de Argentina se alejó de ese formalismo que se conoce como “la lengua de madera de las organizaciones internacionales”.
En efecto, en gran parte las preocupaciones de los Estados, que se referían a la cara oscura de los derechos humanos en estas latitudes, ya habían sido adelantadas por la presentación autocrítica de la delegación argentina: detención preventiva prolongada, hacinamiento en las cárceles, demora en sancionar un nuevo régimen penal juvenil, indispensable refuerzo de la protección de testigos, insatisfactoria respuesta a la violencia contra la mujer, insuficiente protección de los pueblos originarios, brechas abismales en la distribución del ingreso.
Las recomendaciones formuladas por los Estados pueden ser aceptadas o no por el Estado examinado. Nuestro país recibió 21 recomendaciones –en su mayor parte sobre las cuestiones antes mencionadas– y se dispuso a acatarlas todas –a diferencia de otros Estados que rechazaron observaciones o que reservaron enteramente su opinión para más adelante–. Ahora viene el momento del seguimiento de esas obligaciones.
Además, todo país examinado puede formular compromisos voluntarios, cosa que hizo nuestra delegación en distintos aspectos. Algunos países, por ejemplo, trataron de debilitar el papel de las ONG en el ejercicio, y propusieron que no se incluyeran en la página web oficial los informes originales de dichas asociaciones. Nuestra delegación, por el contrario, se comprometió a reforzar el papel de las ONG, a todas las cuales rindió un homenaje que sintetizó con la mención de las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo.
Es que la Argentina, con el liderazgo que se le reconoce en la materia tanto en el plano universal como regional, está desempeñando un importante papel de moderación y equilibrio constructivo dentro de los organismos multilaterales, algo que rara vez se muestra cuando se pretende que las políticas de la actual gestión están caracterizadas siempre por la estridencia, tanto en el plano interno como en el internacional.
En todo caso el único momento de tensión en toda la sesión fue cuando la delegación argentina rechazó en términos severos las pretensiones del Reino Unido sobre las Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur, en respuesta a la innecesaria provocación de Londres de incluir a las islas del Atlántico Sur entre los territorios en que ejerce soberanía.
* Ex subsecretario de Derechos Humanos de la Nación.


El veinte por ciento de los adolescentes no va ni podra ir a la secundaria
Educación (obligatoria) no para todos

Los niveles de deserción crecen en los hogares pobres a medida que los jóvenes tienen que trabajar. Dentro de una década, medio millón de chicos de 13 a 14 estará marginado del mundo escolar.


El informe sobre deserción escolar fue realizado por Ctera.
Imagen: Daniel Jayo
Subnotas
Y los más chiquitos, que esperen


Por Cledis Candelaresi
En la Argentina no se cumple con la obligatoriedad de la enseñanza secundaria, ya que un promedio del 20 por ciento de los adolescentes que tienen entre 13 y 18 años está fuera del sistema educativo. La conclusión corresponde a un estudio de Ctera, realizado en base a datos oficiales, en el que se consignan datos aún más dramáticos. Aquel valor sube al 40 por ciento para el grupo de mayor edad, donde el nivel de deserción crece notoriamente, en parte porque muchos estudiantes se ven forzados a dejar la escuela para buscar trabajo. El registro también se duplica en las regiones más pobres del país, lo que consolida la exclusión de sectores ya marginados de la economía. Para los jóvenes que sí tienen la posibilidad de asistir a la escuela la situación también plantea sus bemoles. Otro trabajo del gremio docente da cuenta de que para universalizar la enseñanza es necesario crear 1,1 millón de vacantes, lo que equivale a mil quinientos establecimientos de jornada simple, según el déficit de bancos estimado por los educadores.
El texto de la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina –realizado en base al último Censo de Población, entre otras fuentes oficiales– distingue también al subgrupo menos aventajado del estudio, como son los 28.600 adolescentes que “nunca concurrieron a la escuela”. A esta forma de marginación extrema se añade el agravante de la deserción, que aumenta a medida que pasa el tiempo y desmejoran las condiciones socioeconómicas. Este enfoque dinámico lleva a concluir que “casi el 40 por ciento de los chicos deja de estudiar”, lo que configura “un proceso de progresiva exclusión”.
En el promedio general, los chicos de 13 o 14 años tienen una concurrencia superior al 90 por ciento. Sin embargo, el 8 por ciento de ellos ya dejó la educación formal y, según proyecta el informe, en una década habrá “medio millón de jóvenes” de esas edades que estarán fuera de cualquier establecimiento. La situación es mucho más grave en los de 18 años, ya que el porcentaje que estudia baja a un magro 58 por ciento. La danza de números muestra también diferencias por sexo (las mujeres desertan menos) y por urbanización (la escolarización baja considerablemente en la zona de población rural dispersa).
El trabajo de Ctera desnuda con rigor estadístico lo que parece una verdad de Perogrullo, como que la exclusión del colegio secundario está estrechamente ligada a la pobreza, considerada ésta como “estructural” y no “por ingresos”. Este enfoque divide la población en función de quienes tienen o no Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI), descartando la segmentación según quienes pueden o no acceder a la canasta básica de bienes y servicios. Mirar las NBI es mirar el núcleo duro de pobres, que no dejan de serlo aunque se controle la inflación o haya alguna leve mejora en el salario.
Sólo el 41,47 por ciento de los jóvenes pobres por NBI concurren a la secundaria. Ese casi 60 por ciento restante marginado tras la puerta está condenado a la desocupación o informalidad laboral, entre otras penurias previsibles. El dato resulta especialmente preocupante si se tiene en cuenta cómo se configura el mapa demográfico del país y algunos otros indicadores sociales.
Los jóvenes de la edad en estudio configuran la mitad de la población urbana de la Argentina y están entre los más afectados por la pobreza, aun la medida según el nivel de ingresos. Entre 1991 y el 2006, la desocupación en esta franja se duplicó, subiendo del 17 al 34 por ciento. Esto da la pauta de que quienes dejan los estudios tampoco encuentran amparo en un trabajo, ni siquiera informal y precario.
También existe una divisoria muy notable entre las distintas regiones del país. El Nordeste (Corrientes, Chaco, Formosa y Misiones) tiene el porcentaje general más alto de inasistencia escolar entre los adolescentes: 28,29 por ciento. Pero este valor supera el 43 por ciento cuando se mide lo que ocurre entre los más pobres y llega al 48 si la mira se focaliza en los chicos de 18 años, generalmente convocados a trabajar para paliar una situación familiar desfavorable.
Esos guarismos muestran que la magnitud del problema es muy superior en esas pobres y cálidas provincias norteñas que en la región Metropolitana, la más poblada y rica del país. Aquí, la inasistencia oscila entre el 10,9 por ciento de los no pobres y el 25,9 por ciento de los que sí lo son.
Aun con esta importante franja de la población joven fuera del sistema educativo, existe un contundente requerimiento para atender la demanda de los estudiantes por ahora incluidos. Según el análisis de Ctera, para garantizar “la gradual universalización de la escuela secundaria” es necesario crear 1,1 millón de vacantes.
Bajo la recomendación pedagógica de que los establecimientos no superen los 1000 estudiantes en total y las secciones los 25, se deriva que son necesarias mil quinientas escuelas de dos turnos simples cada una en todo el país. De ese total, 423 deberían estar en territorio bonaerense, la mitad en el superpoblado conurbano. Según subraya el trabajo, no implica necesariamente construir esa cantidad de edificios, pero sí marca la necesidad de disponer del lugar para el dictado de clases en las condiciones previstas.
“Para dar cumplimiento al derecho social a la educación de todos los adolescentes y jóvenes no alcanza con que los gobiernos nacional y provinciales realicen la inversión necesaria para la construcción de escuelas. También es necesario que garanticen políticas públicas (educativas y socioeconómicas) específicas destinadas a facilitar el ingreso y el reingreso de aquellos que no están, así como garantizar el tránsito y terminalidad del nivel”, concluye el texto de los docentes.

María Estela Martínez seguirá en Madrid
La Justicia española negó la extradición de Isabelita Perón
La Audiencia Nacional consideró que los delitos por los que era reclamada por la Justicia argentina no son de lesa humanidad y por lo tanto, prescribieron. Los jueces Oyarbide y Acosta querían indagarla por los crímenes de la Triple A.
08:50
28.04.2008

Isabelita se mantuvo en la presidencia entre 1974 y 1976, épocas del virulento accionar de la Triple A en el país. (Télam)
La Audiencia Nacional española rechazó hoy extraditar a la Argentina a la ex presidenta María Estela Martínez, conocida como Isabelita Perón, al considerar que los delitos por los que era reclamada no son de lesa humanidad y, por tanto, han prescrito.Isabelita había declarado la semana pasada ante la justicia española en relación a los dos pedidos de extradición que pesan sobre ella solicitados por los jueces argentinos Norberto Oyarbide y Héctor Raúl Acosta, por la causa en la que investigan los delitos cometidos por la Triple A."Era una información que estábamos esperando. Uno de los fundamentos para denegar la extradición sería que los crímenes de la Triple A no son considerados de lesa humanidad", señaló esta mañana el abogado de la ex presidenta, Atilio Neira.Isabelita, de 78 años, gobernó la Argentina entre 1974 y 1976, y fue detenida en su domicilio madrileño el 12 de enero de 2007 por orden del juez Juan del Olmo, después de que la Justicia argentina solicitara su arresto. En dos ocasiones ya negaron la extradición al país alegando que tiene nacionalidad española y el juez decidió dejarla en libertad provisional a la espera de la decisión sobre su entrega.Meses atrás, Oyarbide había admitido que existían suficientes pruebas para inculpar a la ex presidenta. Los documentos dan cuenta de que sabía del accionar de la Triple A y su dependencia de José López Rega.

REEMPLAZAN AL PROCURADOR PENITENCIARIO
Mejor no hablar de ciertas cosas

El martes, Francisco Mugnolo ampliará su informe sobre torturas en centros penitenciarios al tiempo que la Comisión Bicameral de la Defensoría nombrará en el cargo a Silvia Martínez.

Mauro Federico
28.04.2008

Devoto. Requisa personal, aislamiento, golpes y lesiones fueron los ítems de la encuesta que realizó la Procuración.
El Procurador Penitenciario de la Nación, Francisco Mugnolo, será desplazado de su cargo después de que presente un informe que demuestra la violación sistemática de los derechos humanos en las unidades que dependen de ese servicio. Se trata de un relevamiento –del segundo semestre de 2007, entre 939 reclusos– que concluye en que “el 63,4% de los detenidos sufrió algún tipo de agresión física”. La difusión de estos datos ya provocó la reacción de la Defensoría General de la Nación, organismo que salió a desmentir dicho informe. “De resultar cierto, hablaría de una práctica sistemática de tortura y esta descripción no se ajusta a la realidad”, replicó un documento firmado por los titulares de la Comisión de Cárceles de la Defensoría General de la Nación, Sergio Paduczak, Catalina Moccia de Heilbron y Silvia Martínez. Es justamente Martínez quien será postulada este martes por la Comisión Bicameral Permanente de laDefensoría que preside Roxana Latorre. “Se pueden tener diferencias de opinión sobre cómo implementar una política penitenciaria, pero no se puede negar la evidencia documentada”, dijo Mugnolo en diálogo con este diario. La Procuración Penitenciaria de la Nación tiene como objetivo “la defensa y protección de los derechos humanos de las personas privadas de su libertad en el ámbito federal”. Fue creada por decreto presidencial en 1993 y, durante sus primeros diez años, dependió del Poder Ejecutivo. Con la sanción de la ley 25.875 en 2003, se le otorgó al organismo autonomía funcional y pasó a la órbita parlamentaria, bajo la supervisión de una comisión bicameral.Mugnolo es procurador desde 2000. “Hasta ahora el Congreso había avalado mi gestión pero desde la asunción de Alejandro Marambio como director del Servicio Penitenciario Federal, sufrimos obstaculizaciones que pasan los límites razonables y lindan con el encubrimiento y el ocultamiento de los hechos más brutales de tortura y malos tratos perpetrados en las cárceles federales”, sostuvo Mugnolo.EL INFORME. La investigación de la Procuración se basa en una encuesta realizada entre 939 presos, es decir el 10% de la población detenida en cárceles federales. Las entrevistas se hicieron en la unidades 2 de Devoto; 3 y 31 de Ezeiza; 24 de Marcos Paz; en los complejos penitenciarios 1 de Ezeiza y 2 de Marcos Paz; y las unidades de máxima seguridad 6 de Rawson Chubut, 9 de Neuquén, y 7 de Chaco. Las preguntas apuntaron a las formas de malos tratos que se usan como castigo: requisa personal, sanción de aislamiento y golpes. Requisa personal: se practica en todas las prisiones con variantes y los blancos predilectos son las mujeres y los jóvenes hasta 24 años. El 83% de los consultados fue obligado a exponer su cuerpo desnudo. Un 24,8% habló de una variante: desnudo con flexiones para revisarles los genitales. Un 46,7% enfrentó desnudos parciales, y cacheos, un 76,6%. Estos últimos casos se elevan en las mujeres a 72,2 y 84,1%. Aislamiento: es la sanción penitenciaria por excelencia según registros de los últimos diez años de la Procuración. Los presos son llevados a celdas especiales o pabellones diferenciados de los que no pueden salir. Son lugares sin luz, sin camas ni mantas, donde se les raciona la comida. Orinan y defecan en recipientes que se dejan en el interior de las celdas. Golpes: El 63,4% de los entrevistados dijo haber sufrido agresiones físicas. Un 58,8% se refirió a golpes (con palos, puños, patadas, empujones). La mayor violencia física directa se despliega contra los varones, más en los jóvenes. Sólo 5,7% de las mujeres dijo haber recibido golpes o ataques similares. El módulo de jóvenes del penal de Ezeiza aparece como el que hace el mayor uso de esta práctica: ahí el 85% de los detenidos (8 de cada 10) reveló maltrato físico. Lesiones: El 37,7% de los varones que fueron agredidos físicamente sufrió también lesiones lo que demostraría el uso de un alto grado de violencia.“Si se está yendo, se muere solo”Una causa que tramita en Juzgado Federal N° 1 de Morón investiga si existió un complot, del que habrían participado agentes del Servicio Penitenciario Federal, para asesinar al procurador penitenciario. Así lo denunciaron cuatro detenidos del penal de Marcos Paz al declarar que guardiacárceles les dieron una pistola calibre 7,65 para que lo asesinaran en un penal. Al revisar el pabellón, las autoridades encontraron el arma en el lugar señalado por los denunciantes. “Es un disparate inventado por Mugnolo para victimizarse”, aseguró el titular del SPF, Alejandro Marambio. Y agregó: “¿Para qué lo van a matar? Si se está yendo, no existe más, se muere solo”.La respuesta del procurador no se hizo esperar. “Yo no sé cuál fue la motivación específica, pero tenemos una fuerte confrontación con la dirección del SPF, que trata de ocultar lo que ocurre en las cárceles”.Desde el penal de Devoto, dos internos cuentan "bienvenidas" y torturasJuan Alberto L. tiene 33 años. Casi la mitad de su vida transcurrió dentro de un penal. “Pasé por Olmos, Bahía Blanca, Sierra Chica, y hace cuatro años que estoy en Devoto”, relató a Crítica de la Argentina en conversación telefónica. “Nunca me molieron tanto a palos como acá”, dijo al referirse al lugar donde está recluido. Al ser consultado sobre cómo se realizan las prácticas de tortura, el preso detalló: “Una de las más frecuentes son las requisas de pabellón. Ellos las llaman ‘inspecciones generales de rutina’; suena un pito y entra corriendo una tromba de funcionarios del cuerpo de requisas al pabellón, nos amontonan en el fondo totalmente desnudos y nos machacan a palos, te pegan en los talones, en los codos, en las rodillas, caminan encima de la montaña humana, te hacen el pata-pata (golpes con palos en las plantas de los pies que no te dejan caminar). Después nos agrupan de a diez y nos verduguean con cachetazos, insultos y nos tiran todas nuestras pertenencias”.Por su parte, Juan R. , recluido desde hace dos años y medio en el mismo penal, dio precisiones sobre otro clásico del maltrato carcelario: las bienvenidas. “Cuando llegan los ingresantes al penal, primero son revisados por un médico, que firma el acta de admisión. Luego los entrevista el jefe de turno, y mientras le hace las preguntas, otros agentes lo cagan a palos, patadas y piñas. Después los encierran en la leonera, un espacio pelado, donde no hay nada y los dejan hasta las seis de la mañana, cuando recién les dan el ingreso formal a los pabellones”.“Una vez me pusieron un poco de picadura de marihuana en las pilchas –recordó Miguel– me hicieron un parte volador (causa armada) para castigarme y me trasladaron del pabellón universitario a la villa planta 2, quinto piso, un pabellón que estaba intervenido porque se había electrocutado un muchacho durante una riña. En el trayecto me fueron pegando trompadas y palazos y cuando llegamos recibí la peor paliza de mi vida”. Ambos reclusos coincidieron: “Si alguien que estuvo en Devoto te dice que nunca le pasó algo como esto, te está mintiendo”.
Campaña por la libertad en la Argentina y el mundo
Ponele la firma a La Galle


Exigimos a los jueces Juan Fégoli, Gustavo Mitchel y Pedro David, integrantes de la Sala Nº II de la Cámara de Casación Penal, que fallen urgentemente a favor de las salidas transitorias reclamadas por nuestra compañera Karina Germano López.
El expediente de La Galle llegó a Casación luego de que el juez Sergio Delgado negara, en acuerdo con el fiscal Oscar Hermelo, su derecho adquirido. Como se sabe, este fiscal fue miembro del grupo de tareas 3.3.2 de la Escuela de Mecánica de la Armada, durante la dictadura militar, donde "reciclaba" los bienes de los compañeros desaparecidos en favor de sus desaparecedores. Paradójicamente, este grupo de tareas es el responsable de la desaparición de Rodolfo "Rocco" Germano, padre de Karina.
Mientras miles de genocidas de la dictadura fueron beneficiados con la impunidad, unos pocos con la cárcel VIP o la falsa detención domiciliaria, a nuestra compañera, militante de la Agrupación H.I.J.O.S. se le negó lo que el derecho le otorga.
Karina fue trasladada desde Brasil el 9 noviembre de 2006 luego de permanecer detenida durante casi cinco años en el Penal de Carandirú, San Pablo, producto de una causa fraguada en la que fue acusada del secuestro del empresario Washington Olivetto, sin prueba alguna. En realidad, el castigo obedeció a su compromiso y solidaridad con las luchas populares. Por todo ello exigimos: Basta de persecución: Transitorias ya.

Enviar las adhesiones a libertadalagalle@yahoo.com.ar
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