jueves, 10 de abril de 2008


EL EX INTENDENTE SERA SOMETIDO HOY A INDAGATORIA POR CRIMENES DE LESA HUMANIDAD
Salida con destino a Tribunales
Tendrá que responder ante el juez Alberto Suares Araujo por dos secuestros que encabezó durante la dictadura militar El fiscal del caso rechazó su posible excarcelación.
Por Adriana Meyer
En el pabellón “de lesa humanidad” que comparte con represores de variado rango y procedencia, Luis Patti se pondrá esta mañana su traje, su camisa y su corbata. Pero no será para acudir al Congreso, como pretende tras el fallo de la Corte Suprema que avaló su intensión de asumir en el cargo de diputado, sino para presentarse ante el juez federal de San Martín, Alberto Suares Araujo, que lo volverá a interrogar en declaración indagatoria. Pablo Llonto y Ana Oberlin –abogados de Juana Muniz Barreto y Manuel Gonçalves, familiares de las víctimas de Patti– coincidieron en que la detención del ex comisario, ocurrida a fines de noviembre, hizo posible recolectar más pruebas en su contra. “El amedrentamiento, las amenazas y la persecución a los sobrevivientes y testigos fue una constante, por eso su encarcelamiento causó un impacto que animó a una veintena de testigos, sobrevivientes y familiares de sus víctimas, a contar lo que vivieron”, afirmó Llonto a Página/12. Mientras la causa que lo llevó a la cárcel avanza con testimonios contundentes, incluso de víctimas directas de secuestros que encabezó, el fiscal federal Jorge Sica rechazó la pretensión de su abogado de que sea excarcelado.
Los abogados son optimistas porque estiman que el juez Suares Araujo tendrá la misma posición que el fiscal, aunque también se mostraron prudentes porque su batalla judicial ha sufrido tanto avances como retrocesos. Saben también que los adherentes de Patti nucleados en su partido, el Paufe, acudirán por las dudas puedan verlo salir caminando. Otra posibilidad es que su abogado, Silvio Duarte, solicite una postergación de la audiencia. Mucho menos probable, aunque no imposible, sería una liberación a través de la Cámara de Casación. Ese tribunal debe resolver la apelación del represor a la confirmación de la Cámara Federal de San Martín sobre su procesamiento en siete casos –entre ellos el de Diego Muniz Barreto– de privación ilegal de la libertad doblemente agravada, imposición de tormentos y allanamientos ilegales, además del homicidio de Gastón Gonçálves. “Sería un bochorno jurídico, además de una sinrazón desde la lógica, porque los fueros no son retroactivos”, destacó Oberlin.
Patti será interrogado hoy sobre el secuestro de una persona que trabajaba en la imprenta del periodista Tilo Wenner, en Escobar, hecho ocurrido cuando este último ya estaba desaparecido. El hombre, que aún teme revelar su identidad en forma pública, salió una tarde de la imprenta hacia su casa y notó que había un auto estacionado enfrente. Cuando pasó por al lado del vehículo reconoció al entonces oficial de calle Patti, que lo señaló. Volvió el imprentero sobre sus pasos, lo enfrentó y tuvieron un forcejeo. Ante el juez admitió que nunca pensó lo que le podía pasar después. Contó que por el miedo que sintió quedó aturdido, y en lugar de irse a su casa, volvió a la imprenta, donde los policías lo recogieron para llevarlo a la comisaría de Escobar, en la que le pegaron y lo interrogaron. Quince días estuvo preso y sobrevivió para contarlo, al menos tres décadas después.
Sobre Wenner se sabe que Patti lo había amedrentado metiéndose en la imprenta con sus hombres por las notas que escribió sobre una huelga en la fábrica Ford, en diciembre de 1975. “Tilo me contó que reconoció a Patti disfrazado de obrero y que éste le pegó una cachetada”, contó un testigo en el Congreso durante el proceso de impugnación del diploma de diputado. En la causa que tiene Suares Araujo consta que lo fueron a buscar a su casa, el periodista se escapó, pero luego decidió acudir por su cuenta a la comisaría porque consideraba que “no tenía nada que esconder”. La familia de Wenner nunca más supo de él. Los testigos que declararon en aquel proceso parlamentario coincidieron en que Patti fue responsable de la desaparición de Wenner, Ricardo Giménez, Enrique Tomanelli y Gastón Gonçalves. Además, algunos precisaron que en sus rondas de “amedrentamiento” tenía preferencia por los militantes de la Juventud Peronista y por los delegados gremiales.
Otro de los casos nuevos por los que Patti deberá responder en las próximas ampliaciones de su indagatoria es el de un hombre que estuvo detenido junto al desaparecido militante justicialista Gastón Gonçalves, en un camión celular, cerca de la comisaría de Escobar. Este testimonio es fundamental porque la persona dijo haber sido secuestrada y torturada por Patti y vio tanto a su victimario como a Gonçalves en ese lugar. También hay testimonios recientes que dan cuenta del accionar de Patti tendiente a impedir el esclarecimiento de algunos de sus crímenes, como por ejemplo el hallazgo de los restos de Gonçalves que estaban en el cementerio de Escobar pero figuraban como NN.
En el juzgado de Suares Araujo ya es habitual el desfile de represores. Ayer fue el turno de Santiago Riveros, que tenía cita para ser indagado por los casos de Gonçalves y Wenner, pero se habría negado a responder preguntas. De todos modos, lo vieron salir sin esposas del tribunal. Y además de Patti, el 15 deberá presentarse Federico Meneghini, quien fuera jefe del ex intendente de Escobar en la comisaría de esa localidad.





Hubo incidentes en los tribunales de San Martin
Patti continúa preso
El subcomisario Luis Patti, que se encuentra acusado de violaciones a los derechos humanos durante la última dictadura militar, continuará preso luego de presentarse esta mañana a declarar ante el juez Alberto Suáres Araujo.
El ex intendente de Escobar había sido citado esta mañana al juzgado federal 2 de San Martín, para declarar sobre la denuncia de una víctima del secuestro y torturas en la comisaría donde prestaba servicios como oficial de la policía bonaerense, según informó Ana Oberlín, abogada querellante.
Luego de presentarse ante el magistrado, Patti fue trasladado nuevamente al penal de Marcos Paz, donde permanecerá detenido.
Al mediodía, Luis Patti se retiró del Juzgado de San Martín, en medio de incidentes entre sus partidarios y militantes de agrupaciones de derechos humanos.
Patti fue trasladado a la cárcel de Marcos Paz a las 11.45 en un móvil del Servicio Penitenciario Federal, tras una "lluvia" de huevos arrojados a la salida del Juzgado Federal de San Martín, donde declaró ante el juez Alberto Suáres Araujo.
PATTI RUMBO A JUICIO ORAL POR ENCUBRIDOR DE REPRESORES
Al filo de una condena
La Cámara Federal dispuso que sea enjuiciado por encubrir a Jorge Granada y Luis Arias Duval mientras estaban prófugos por la desaparición de militantes montoneros. Es posible que sea condenado, lo cual le impediría asumir como diputado.

Los Tribunales de Comodoro Py serán escenario del primer juicio que tendría que enfrentar Patti.
Imagen: DyN
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Un Instituto de Educación


Por Irina Hauser
La posibilidad de que Luis Abelardo Patti reciba una condena no sería tan lejana. Un día antes de que la Corte Suprema le diera la razón en su reclamo por una banca de diputado, la Sala II de la Cámara Federal ordenó que sea enjuiciado “sin dilaciones indebidas” por encubrir a dos represores, Jorge Granada y Luis Arias Duval, que tenían pedido de captura por la desaparición de un grupo de militantes montoneros en 1980. De esta manera, el ex subcomisario tendría que enfrentar su primer juicio oral.
Los ex coroneles Granada y Arias Duval estuvieron prófugos durante un año en la causa sobre las desapariciones ocurridas dentro de la llamada Contraofensiva. Para escabullirse de la Justicia tuvieron la ayuda y la cobertura de Patti, según determinó el juez federal Claudio Bonadío en función de una conversación detectada entre las escuchas telefónicas de la investigación. “Se me está acabando el tiempo. Estoy pensando en entregarme. Es un buen momento”, le decía Granada al ex intendente de Escobar. También surgían alusiones a Arias Duval, ex jefe de la Central de Reunión del Batallón 601, que en ese momento acababa de ser detenido. En la indagatoria, Patti reconoció “una amistad de veinte años” con Granada, quien perteneció a la sección de Inteligencia 103 de Junín durante la dictadura. Incluso dijo que le daba una ayuda económica. Para el juez, Granada necesitaba ese dinero porque si iba a cobrar la pensión como retirado, lo atraparían en la ventanilla. Finalmente, procesó a Patti por encubrimiento en agosto de 2003. Tres años más tarde, otro juez que reemplazó a Bonadío en el caso, Ariel Lijo, elevó la causa a juicio oral. A partir de entonces comenzó un increíble derrotero.
Por el tipo de delito, que es correccional, el enjuiciamiento queda a cargo de un único magistrado. En un comienzo tocó al ex juez Guillermo Montenegro. La defensa de Patti pidió la nulidad del caso con cuestionamientos al fiscal Oscar Amirante, que no obtuvo el apoyo esperable del fiscal de la Cámara de Casación, Pedro Narvaiz. Montenegro anuló todo y el expediente volvió al juez Lijo, que reanudó la causa. En el ínterin, Patti planteó entre otras cosas la prescripción.
Finalmente, los camaristas Horacio Cattani y Martín Irurzun firmaron un fallo el lunes, que trascendió ayer, donde no sólo rechazan la prescripción, sino que dicen que Montenegro “se excedió en sus facultades en desmedro de principios procesales”, anulan la decisión con la que benefició al líder del Paufe, dan por válido todo lo anterior y ordenan que el juicio oral se haga pronto.
En la resolución, a la que accedió este diario, destacan “el interés social en la búsqueda de la verdad respecto de delitos como el que constituye el objeto de esta causa, donde se ha acusado a un funcionario público de colaborar con imputados por crímenes de lesa humanidad a sustraerse del accionar de la Justicia”. El juez que tendría que llevar a cabo el juicio es Norberto Oyarbide, que desde la semana próxima se hará cargo transitoriamente del juzgado que dejó Montenegro.
Patti está preso por secuestros, desapariciones y torturas durante la dictadura. El encubrimiento, por el que la Cámara reclama juzgarlo, es excarcelable pero podría significarle su primera condena, un requisito básico –según la Corte– para impedir que alguien sea legislador.


PLANTEAN LIMITES AL ACCESO A LA FUNCION PUBLICA
Una barrera a represores y cómplices


Por Miguel Jorquera
“Es una herramienta jurídica para que nadie que haya cometido delitos de lesa humanidad ocupe un cargo público, ya sea político, legislativo o judicial. Esas personas tienen que estar presas.” La diputada Victoria Donda –hija de desaparecidos y nacida en cauterio en la ESMA– fue la encargada de resumir el proyecto de ley que inhabilita en forma perpetua a asumir como legisladores, funcionarios o jueces a quienes hayan sido condenados por violaciones a los derechos humanos. Una medida que se extiende a aquellos sobre los que “existan pruebas suficiente” de ser partícipes “en cualquier grado” de ese mismo tipo de delitos y los que “hayan usurpado” cargos públicos durante la dictadura. La iniciativa fue elaborada por abogados de varios organismos de derechos humanos y tiene el respaldo de la mayoría de los bloques parlamentarios.
El proyecto ya estaba listo la semana pasada y su presentación estaba prevista para esta semana. Pero la resolución de la Corte Suprema a favor de que el ex subcomisario Luis Patti –preso por violaciones a los derechos humanos durante la dictadura– asuma su banca de diputado le dio una dimensión que sus propios autores no habían imaginado. La Cámara de Diputados votó ayer una cuestión de privilegio para el pronto tratamiento de la iniciativa y la semana que viene, en una reunión plenaria de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Derechos Humanos, se aprobaría un dictamen único para llevarlo rápidamente al recinto.
El proyecto presentado ayer, junto a varios diputados y organismos de derechos humanos (Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, Familiares, H.I.J.O.S, CELS, APDH y LADH), surgió como respuesta al nombramiento, en varias provincias, de funcionarios ligados a la represión durante la dictadura. Uno de esos casos es el de Carlos Rico Tejeiro, actual subsecretario de Seguridad de Mendoza y denunciado como “formador de los torturadores que operaban en Plan de Actividades contra la Subversión” en esa provincia. Otro tiene por protagonista al coronel retirado Guillermo López, nombrado ministro de Seguridad en San Luis, a pesar de haber reconocido su participación en el Operativo Independencia en Tucumán.
La iniciativa que tiene como objetivo “terminar con los funcionarios responsables y cómplices de la última dictadura” lleva la firma de Donda (Encuentro Popular y Social) y el acompañamiento de varios diputados: los kirchneristas Remo Carlotto, Adriana Puiggrós, Patricia Vaca Narvaja, Claudio Morgado y Edgardo Depetris; el socialista Ariel Basteiro, el arista disidente Eduardo Macaluse y Claudio Lozano, de Proyecto Sur. También se sumarían otros bloques.
El proyecto inhabilita en forma perpetua para ejercer cargos públicos de cualquier tipo a todos aquellos que hayan cometido delitos de lesa humanidad. Al presentarlo y exponer sus fundamentos, Donda replicó –sin mencionarla en forma directa– la decisión de la Corte Suprema: “Veinticinco años de impunidad y el retardo de justicia hicieron que Patti estuviera al borde asumir una banca de diputado, cuando hace años que debería estar donde está ahora, en la cárcel”.



CARMEN ARGIBAY DEFENDIO LA DECISION DE LA CORTE SOBRE PATTI
“No tenía condena”

Para la jueza, el argumento moral es nebuloso y la “pauta objetiva” es la condena. Reconoció que el fallo implica que Patti puede asumir su banca, “pero los diputados podrían pedir su desafuero”.

“Hay tener una pauta objetiva sobre lo que es la idoneidad moral”, dijo.
Imagen: gustavo Mujica
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Pintura negra en Campo de Mayo


”No creo que dé lugar a un conflicto de poderes”, dijo ayer la jueza Carmen Argibay. Se refería a la decisión de la Corte Suprema de Justicia –-que ella integra– de aceptar el pedido de amparo de la Cámara Nacional Electoral para dejar sin efecto la disposición del Parlamento que había impedido el ingreso del ex subcomisario Luis Abelardo Patti a la Cámara baja. Sucede que, para la magistrada, el argumento de “inhabilitación moral” esgrimido en aquel entonces es difuso: “Dejar esto librado a una nebulosa –como pasa con todo lo moral que tiene que ver con las costumbres y varía de época en época, de sociedad y sociedad– es muy peligroso. Por eso, la ley buscó una pauta objetiva que es la condena: el señor no tenía condena, entonces no lo podían dejar afuera”, explicó. Así, salió a defender su voto que autorizaría al ex subcomisario a asumir un escaño con los fueros correspondientes.
Como era previsible, la polémica ya cubrió al tema. Ocurre que el mismo martes tanto el oficialismo como la Coalición Cívica ratificaron su posición en contra del ingreso del ex intendente de Escobar al Parlamento, avalando así la inhabilitación que el 23 de mayo de 2006 aprobó la Cámara de Diputados por 164 votos contra 62. Sin embargo, con la resolución de la Corte, Patti podría asumir y beneficiarse así de los fueros que gozan los legisladores. Respecto de dichas protecciones, según dijo Argibay en declaraciones radiales, el fallo “implica que puede asumir su banca, pero los diputados podrían pedir su desafuero, así que no creo que haya problemas”. Por su parte, los organismos de derechos humanos insisten en que Patti está imputado, procesado y con prisión preventiva por delitos cometidos en 1976 y 1977. Y, como los fueros no son retroactivos, las protecciones que le puedan caber al diputado electo en 2005 nada tienen que ver con los delitos cometidos en los años de plomo.
Junto a Ricardo Lorenzetti, Carlos Fayt y Raúl Zaffaroni, Argibay votó a favor de los argumentos presentados por la defensa del ex intendente al considerar que el Congreso sólo puede expulsar a uno de sus miembros por hechos posteriores a su elección. En disidencia votaron Elena Highton de Nolasco, Enrique Petracchi y Juan Carlos Maqueda. “La minoría de la Corte opina que ésta es una cuestión política, no judiciable, que no hay que meterse, que no hay que resolver nada en el asunto y que es facultad exclusiva de la Cámara de Diputados”, afirmó. “La mayoría, en cambio, decidió que hay que tener una pauta objetiva sobre lo que es la idoneidad moral”, añadió.
Y si bien la magistrada, perseguida ella misma durante la última dictadura militar, aseguró que “los delitos de lesa humanidad son de una inmoralidad absoluta”, consideró que, como ministra de la Corte, debe aguardar a que exista condena “para saber que este señor es autor, partícipe o encubridor de un delito de lesa humanidad”.
Consultada sobre la tensión entre su ideología y su accionar, Argibay reconoció que “ése es un conflicto que todos los jueces tenemos siempre en todos los casos. Pero –continuó– en este caso no, porque ya habíamos dictado sentencia en el caso Bussi, que fue similar. Entonces ya sabíamos cómo venían las opiniones de cada uno, no había muchas variantes”. La referencia fue para la resolución del 14 de julio de 2007, en la que el tribunal benefició al ex gobernador de Tucumán, el represor Antonio Domingo Bussi.




Miércoles 09 de Abril de 2008


Edicion impresa pag. 02 y 03 » Nacionales


Indagatoria en Bahía por torturas a Bohoslavsky



Bohoslavsky, cuando declaró en Bahía en el 'juicio por la verdad'.

BAHÍA BLANCA (Especial, Shirley Herreros).- La indagatoria de uno de los militares que integraron el 'Consejo de Guerra' mediante el cual se buscó 'blanquear' la detención ilegal y torturas en 1976 de Pablo Bohoslavsky -ex rector de la UNC en la década del 90- se efectuaría hoy en el juzgado federal a cargo de Alcindo Álvarez Canale.Hasta ayer, y por tercer día consecutivo, continuaba la lectura de los cargos contra Jorge Enrique Mansueto Swendsen. Hoy se conocerá si el militar retirado presenta su descargo ante el juez o se niega a declarar.Mansueto Swendsen, Argentino Tauber, Miguel García Moreno y Julian Corres -que utilizaba el alias de 'Laucha' durante los interrogatorios bajo picana eléctrica- fueron detenidos la semana pasada en el marco de la causa por los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura.Mansueto Swendsen (79) era mayor del ejército en 1976 y hasta 1979 fue jefe del batallón 181 y se lo responsabilizó por las detenciones y privaciones de la libertad ocurridas en el batallón.Durante su mando, un grupo de estudiantes secundarios de la ENET de Bahía fueron detenidos ilegalmente y hasta su liberación, permanecieron en el batallón en forma clandestina, luego de haber pasado por las torturas en 'La Escuelita' de Bahía, tras ser 'señalados' por las autoridades del establecimiento.Varios de aquellos adolescentes (de primer y tercer año en 1976) sobrevivieron a los padecimientos y se presentaron como víctimas denunciantes en esta causa.Para hoy se espera la indagatoria de García Moreno (65), un oficial del departamento 3 de operaciones. Se lo vinculó cn el asesinato en Bahía de una pareja de jóvenes (fue condecorado por ello) y tuvo participación en un Consejo de Guerra con el que se buscó 'blanquear' la detención clandestina de tres militantes que fueron brutalmente torturados.Uno de ellos era Pablo Bohoslavsky -ex rector de la UNC- que fue detenido tras haber 'panfleteado' en contra de la dictadura en las calles de Bahía. Durante su detención ilegal fue torturado en el centro clandestino 'La Escuelita' de esa ciudad, luego se lo trasladó al Batallón donde, vía 'Consejo de Guerra' , se lo condenó a reclusión en el penal de Rawson.



LA JUSTICIA ESPAÑOLA SOBRE RICARDO CAVALLO
Ningún sobreseimiento

La Sala III de la Audiencia Nacional de España ratificó que el capitán de corbeta retirado Ricardo Miguel Cavallo debe ser juzgado en la Argentina, aunque destacó que el sobreseimiento en la causa por genocidio y terrorismo abierta en aquel país sólo será definitivo cuando el represor efectivamente sea juzgado y, en caso de ser condenado, cuando cumpla la pena.
El ex miembro del grupo de tareas 3.3.2 de la ESMA fue extraditado a la Argentina la semana pasada. Indagado por el juez federal Sergio Torres, negó su participación en los delitos de lesa humanidad que se le imputan. El juez, además, rechazó un pedido de excarcelación. Tuvo en cuenta la “gravedad” y “reiteración” de los delitos que cometió y la “peligrosidad” del marino, que permanece detenido en el penal de Marcos Paz.
El 13 de marzo la Sala III resolvió sobreseer y archivar el expediente español y autorizar la entrega en extradición. El tribunal argumentó que tiene prioridad la Justicia del país donde se cometieron los hechos y que ya no existen obstáculos para juzgarlo. La respuesta de las acusaciones populares y particulares fueron recursos de súplica para que reviera la medida. El motivo principal es que en España la investigación estaba avanzada (la fiscalía había pedido 17.010 años de cárcel), mientras que aquí se abre una larga etapa de instrucción.
El viernes la Sala III desestimó los recursos. Remarcó “la absoluta identidad de los hechos” y la prioridad de la competencia de la jurisdicción donde se cometieron los delitos. Dado que la Justicia había resuelto y el Consejo de Ministros autorizado la extradición, debía “poner fin a la causa española”. Ese era el deseo de Cavallo. El tribunal, sin embargo, destacó que “la jurisdicción española sería recuperada en caso de que Cavallo no sea enjuiciado o en el supuesto de que, condenado en el proceso argentino, no cumpliese la pena impuesta”. La resolución elogió la implementación del principio de justicia universal, en tanto “ha servido para garantizar los derechos de las víctimas” mientras existía “una imposibilidad legal de enjuiciamiento en Argentina”.
Cavallo llegó al país el lunes de la semana pasada. Durante la primera indagatoria negó haber participado del robo de bienes a secuestrados. Tres días después pidió ampliar la indagatoria, reiteró su negativa y fotocopió documentos del expediente. La resolución de la Audiencia Nacional deja la puerta abierta para que Torres lo indague por todos los casos que se le imputan.

tania kiriaco seguirá como asesora de derechos humanos
Marcha atrás con el despido de una funcionaria
10.04.2008

Urtubey. Decidió no echar a Kiriaco.
El Gobierno salteño dio marcha atrás con el despido de Tania Kiriaco, la funcionaria que tras ser amenazada por el jefe de la policía provincial fue despalazada de su cargo. En su edición del martes, Crítica de la Argentina hizo pública la decisión del Ministerio de Justicia local de rescindir el contrato de la abogada de derechos humanos “por no estar de acuerdo con la política” del gobernador Juan Manuel Urtubey. Sin embargo, después de la difusión del caso, el ministro Nicolás Juárez Campo negó la información y dijo que Kiriaco “sigue trabajando en nuestra área” aunque “manifieste ciertas discrepancias”.Kiriaco había tomado fotografías con las imágenes de los jefes de la policía que actuaron en la dictadura y que estaban colgadas en el departamento central de la fuerza. El comisario Gerardo González, actual jefe de la policía provincial, le “sugirió” entonces que “deje de investigar el pasado”, y esa madrugada una voz se anunció como “policía de la provincia” por el portero eléctrico de la casa de la funcionaria, aunque nadie respondió a la pregunta sobre los motivos de la “visita”. Ante estas intimidaciones, la abogada –quien actúa en la causa por la Masacre de Palomitas– recibió mensajes de solidaridad de colegas y organismos de derechos humanos de todo el país. Opuesta fue la reacción del gobierno de Urtubey, quien no sancionó al jefe de la policía sino a Kiriaco, que dejó de recibir tareas en la Secretaría de Derechos Humanos de la cual es asesora jurídica. Aunque la decisión de expulsar a Kiriaco estaba tomada, la nota publicada en este diario provocó que el ministro Juárez Campo volviera sobre sus pasos. Ayer en declaraciones a medios locales aseguró que “no hubo ningún inconveniente” y que la abogada “sigue trabajando en nuestra área y tiene derecho a discrepar”.
Esta edición
Jueves 10 de abrilAño I Edición Nº40

LA CAMARA DE DIPUTADOS APROBO LA NORMA QUE PENALIZA EL TRAFICO DE PERSONAS
Ley para combatir la trata
La norma impone penas de 3 a 6 años a quien capte, traslade y reciba personas con fines de explotación sexual o laboral. Las sanciones se agravan en caso de menores de 18 años. Para los mayores, debe probarse que existió “engaño, violencia o amenazas”.

Organizaciones sociales expresaron duras críticas al proyecto promovido por el oficialismo.
Imagen: DyN

Por Carlos Rodríguez
A pesar de las críticas que recibió por parte de la oposición, de una legisladora del Frente para la Victoria y de organizaciones sociales, anoche recibió su sanción como ley el proyecto del oficialismo que penaliza la trata de personas con fines de explotación sexual, laboral o para la extracción de órganos. Los aspectos centrales en debate, como anticipó Página/12, giraron sobre todo respecto del punto segundo de la ley, que establece que en los casos de explotación sexual de una persona mayor de 18 años tiene que estar probado que no hubo consentimiento por parte de la víctima. En ese sentido, según el proyecto oficial, debe probarse que la persona fue objeto de “engaño, fraude, violencia, amenaza o cualquier medio de intimidación o coerción, abuso de autoridad o de una situación de vulnerabilidad, o pagos”. La ley se aprobó por 157 votos a favor, 35 en contra y seis abstenciones.
Durante el debate, una de las voces del oficialismo que planteó objeciones fue la de la diputada del Frente para la Victoria Stella Maris Córdoba. Teniendo en cuenta que en el proyecto oficial la pena prevista para la trata es de 3 a 6 años de prisión –puede llegar a diez años sólo si el culpable es cónyuge o familiar de la víctima–, la legisladora pidió una sanción mayor, de 4 a 15 años, para impedir la excarcelación de los imputados.
Sobre el tema del consentimiento, Córdoba citó un párrafo de la Convención para la Represión de la Trata de Personas y Explotación de la Prostitución Ajena, aprobada en el año 1949. En su punto primero, dice expresamente que la penalidad debe caer sobre el que “explotare la prostitución de otra persona aún con el consentimiento de tal persona”.
Desde el oficialismo, la encargada de defender el proyecto oficial, impulsado por el ministro de Justicia, Aníbal Fernández, fue la diputada Vilma Ibarra, quien ya lo había hecho en el Senado, donde fue aprobado en diciembre del año pasado. La norma propuesta por la mayoría del oficialismo castiga la “captación, transporte o traslado y la acogida o recepción” de personas con fines de explotación sexual, laboral o para la extracción de órganos. En los casos de explotación de menores de 18 años, las penas pueden llegar a los 15 años de prisión.
Entre muchas críticas, la ley fue apoyada por la Organización Internacional para las Migraciones (OIM). Su representante en el Cono Sur, Eugenio Ambrosi, aseguró que con la aprobación en Diputados, la Argentina “adaptó su legislación para permitir el combate a las redes delictivas transnacionales que engañan y someten a sus víctimas con el fin de explotarlas, ya sea sexual como laboralmente, saldando una cuenta pendiente desde la ratificación del Protocolo de Palermo que realizó el país en noviembre de 2002, y esto debe considerarse una excelente noticia”. Ambrosi sostuvo en una declaración que la ley sancionada “cumple con los estándares fijados” por el citado protocolo.
Un grupo de feministas de “todos los sectores” intentaron hasta último momento que se modificaran algunos aspectos, en especial la cuestión del consentimiento. “En franca contradicción con la política de derechos humanos que viene llevando adelante la Argentina, se revictimiza a la persona explotada invirtiendo la carga de la prueba”. La declaración fue firmada, entre otras, por la monja Martha Pelloni, Virginia Franganillo, Ana Suppa, Dolores Fenoi y Marcela Durrieu.
En el recinto, la Unión Cívica Radical cuestionó el mismo punto señalando, entre otros conceptos, que “al someter a la esclavitud a una persona se viola un derecho humano y eso no lo puede disponer ninguna persona, de manera que tal consentimiento (el de la víctima) no puede lavar la imputabilidad de quien es el victimario”. El diputado Claudio Lozano, por su parte, afirmó que “la desigualdad social, la impunidad y la pobreza extrema generan condiciones propicias para la trata”, no sólo con fines de explotación sexual sino también para la compra y venta de niños”. Por eso requirió una “política de Estado real y contundente, con un Programa de Atención Integral de las Víctimas”. El Ministerio de Justicia anunció la puesta en marcha del Programa Nacional de Prevención y Erradicación de la Trata de Personas y de Asistencia a sus Víctimas, que fue creado el año pasado por decreto presidencial.



35 AÑOS PARA SU EX JEFE DE INTELIGENCIA PERUANO
Un fallo que complica a Fujimori


Por Carlos Noriega
Desde Lima
Un fallo judicial que condena al jefe de inteligencia de Fujimori por los crímenes del escuadrón de la muerte Colina complica la situación del ex presidente peruano, procesado por 25 asesinatos cometidos por el Grupo Colina. El general Julio Salazar Monroe, jefe del Servicio de Inteligencia Nacional (SIN) durante el régimen de Fujimori, fue condenado a 35 años de prisión por el secuestro y asesinato en julio de 1992 de nueve estudiantes y un profesor de la Universidad La Cantuta. En la sentencia a Salazar Monroe, el tribunal señala que el Grupo Colina actuó bajo las órdenes del SIN y con el consentimiento de Fujimori. Y agrega que durante el régimen fujimorista, Colina formó parte de una política de Estado que utilizó métodos de eliminación, secuestro, desaparición forzada y tortura. De esta manera, por primera vez un tribunal peruano determina que el Grupo Colina existió y operó en el marco de una política estatal de guerra sucia dirigida por Fujimori.
Aunque se trata de una sentencia dictada por un tribunal distinto al que juzga al ex mandatario peruano, este fallo se convierte en un precedente jurídico sobre la responsabilidad de Fujimori en los crímenes de Colina.
Precedente que tendrá un peso importante al momento que el tribunal que juzga a Fujimori por los asesinatos de la Universidad La Cantuta y por la ejecución en noviembre de 1991 de 15 personas en una vivienda de Barrios Altos en el centro de Lima, deba determinar su responsabilidad como autor intelectual de esos crímenes.
La fiscalía ha pedido una condena de 30 años para Fujimori. El fallo judicial que condena al general Salazar Monroe y que menciona directamente la responsabilidad de Fujimori fortalece la acusación fiscal contra el ex presidente peruano.
El fiscal supremo José Peláez, responsable de la acusación contra Fujimori, calificó este fallo judicial como “un precedente para determinar que Fujimori sí sabía de la existencia de Colina y sus acciones criminales”. “Se trata de una sentencia histórica que sin duda tendrá consecuencias jurídicas en el proceso contra Fujimori, porque ahora existe una condena y no sólo una presunción de que los crímenes de Colina fueron parte de una política dirigida y liderada por Fujimori”, señaló Carlos Rivera, abogado de las víctimas del fujimorismo en el juicio contra el ex presidente.
“Después de diecisé is años se hace justicia, pero esto es sólo la mitad, ahora falta que sean sentenciados los que dieron las órdenes”, dijo una emocionada Raida Cóndor, madre de uno de los estudiantes de La Cantuta asesinados por el Grupo Colina, luego de escuchar la sentencia contra el general Salazar Monroe.
Además del ex jefe de inteligencia de Fujimori, fueron condenados a quince años los ex agentes de Colina José Alarcón, Orlando Vera y Fernando Lecca.


Conflicto de poderes
Miguel Bonasso
09.04.2008
El fallo de la Corte Suprema “autorizando” al torturador Luis Abelardo Patti para asumir como diputado nacional genera un conflicto de poderes entre el Judicial y el Legislativo, totalmente inconducente y altamente perjudicial para la democracia argentina. Inconducente (y abstracto), porque la Corte carece de poder para obligar a dos tercios de la Cámara de Diputados para que le tomemos juramento, anulando la votación del 23 de mayo de 2006, en que dispusimos –por mayoría calificada– que el represor no ingresara al cuerpo. Inconducente, porque pocos días después de esa histórica sesión asumió su banca Dante Camaño, el segundo de Patti en la lista del PAUFE.Inconducente porque el represor está preso en Marcos Paz, acusado por la Cámara Federal de San Martín de haber perpetrado numerosos crímenes de lesa humanidad cuando era policía de la dictadura en la comisaría de Escobar.Altamente perjudicial para la democracia, porque la respetabilidad y solvencia de esta Corte realimentarán las expectativas de los partidarios de Patti y de no pocos opinadores que se confunden y confunden a sectores de la opinión pública, pretendiendo presentar la decisión mayoritaria y democrática de la Cámara como una arbitrariedad que vulnera la soberanía popular. Precisamente, el fundamento de nuestra impugnación a Patti partió de una convicción compartida por diputados de distintos bloques de que la democracia se asienta sobre dos pilares: el voto popular y el respeto a los derechos humanos. Pretender que puede haber soberanía popular sin respeto a los derechos humanos llevaría a convalidar regímenes como los de Mussolini o Hitler, que llegaron al poder a través de elecciones.Altamente perjudicial para la democracia porque genera un conflicto de poderes en el que ambos (Legislativo y Judicial) resultarán inevitablemente lastimados. El Legislativo porque se siente legítimamente agraviado por la intromisión del Judicial, que le niega lo que le otorga el artículo 64 de la Constitución Nacional: la potestad de excluir del cuerpo a ciudadanos que carezcan de la idoneidad moral para desempeñarse como representantes del pueblo. El Judicial, porque su fallo no será cumplido.Puede que algunos ministros de la Corte hayan votado a favor pensando que la definición de “idoneidad moral” podía ser muy laxa y susceptible de ser utilizada –en otro contexto político– para “perseguir” a ciudadanos ubicados en las antípodas de Patti. Es un prurito legítimo, pero no se aplica al caso: los fundamentos de nuestra impugnación se basan también en otro artículo de la Constitución, que es el 75, inciso 22, por el cual nuestro país adhiere a todos los tratados y convenciones internacionales sobre tortura, crímenes de lesa humanidad y violaciones a los derechos humanos.Desde el mismo instante en que se impidió el juramento del torturador, en diciembre de 2005, se aclaró expresamente que se trataba de un caso excepcional (por la gravedad de los hechos imputados) y se aseguró que Patti pudiera ejercer su derecho a la defensa en la Comisión de Poderes, Peticiones y Reglamento, que sesionó durante tres meses.Aunque Patti le mintió a la Cámara al afirmar que no tenía causas abiertas, este legislador pudo demostrarle que tenía varias, incluyendo una en el juzgado de Ariel Lijo por encubrimiento de otros dos genocidas.Esto quedó corroborado después, cuando el juez federal de San Martín le dictó la prisión preventiva por los secuestros de Diego Muniz Barreto y Juan Fernández, el asesinato de Gastón Gonçalves, las desapariciones de Carlos Souto y Luis y Guillermo D’Amico y la detención ilegal de Osvaldo Arriosti. Decisión que convalidó el 8 de febrero pasado la Sala 1 de la Cámara Federal de San Martín, manteniéndolo preso en el penal de Marcos Paz, en el mismo pabellón donde están presos los llamados autores de crímenes de lesa humanidad.Éste no es un caso judiciable, sino la decisión soberana de la Cámara de Diputados que la Corte no puede juzgar. Así lo dijo uno de los ministros del máximo tribunal, Juan Carlos Maqueda, en ocasión del fallo similar a favor del genocida Domingo Antonio Bussi: “es una cuestión vinculada con la esfera interna del Poder Legislativo, que al referirse a su propia integración está sometida al criterio de ponderación del propio cuerpo sin forma jurídica precisa (…) Por consiguiente, el pronunciamiento sobre la existencia y validez de los títulos de los miembros de los poderes políticos está previsto por la Constitución Nacional de manera que excluye una sentencia, por necesidad final, de esta Corte Suprema”.El doctor Maqueda y los ministros Elena Highton de Nolasco y Enrique Santiago Petracchi volvieron a votar ahora en disidencia. Es una verdadera lástima que sus otros cuatro colegas hayan elegido el conflicto de poderes.



JusticiaTucumán: Por la muerte de los ArancibiaOrdenan la detención de diez ex policías y la indagatoria a Bussi y MenéndezPor: PRIMERA FUENTEFecha publicación: 07/04/2008


Tema: Situación en la Provincia de TucumánPaís/es: Argentina
El juez federal subrogante Nº 1, Daniel Bejas, ordenó la detención de diez ex policías y la declaración indagatoria para los represores Antonio Domingo Bussi y Luciano Benjamín Menéndez por el asesinato de los dirigentes y hermanos Francisco y Arturo Arancibia. Ambos fueron acribillados en la sede de la Agremiación Tucumana de Educadores Provinciales (ATEP) en la madrugada del 24 de marzo de 1976. En cuanto a la detención la medida ya se concretó, mientras que el juez fijó para el 14 de abril la fecha para tomarle declaración a Bussi en el country de Yerba Buena donde cumple arresto domiciliario. Y el 15 de este mes, Menéndez tendrá que presentarse en la Justicia Federal. Los ex agentes habrían sido los que violentaron la puerta de ATEP y protagonizado el tiroteo que terminó con la muerte de los gremialistas.

RESUMEN DE PRENSA.
SOBRE DERECHOS HUMANOS CORRESPONDIENTE AL
Resumen elaborado por la Secretaria de Derechos Humanos
del Partido por la Victoria del Pueblo


BRECHA 4/04/08Argentina espera a Soca y Maurente. La justicia uruguaya habilitó la extradición. TORRE DE PAPEL.La decisión de la jueza uruguaya Fanny Canessa de extraditar a los militares Luis Maurente y Ernesto Soca generó expectativas en los tribunales federales argen tinos y entre los organismos defensores de los derechos humanos. Ambos son reclamados en el marco de la causa Automotores Orletti, instruida por el juez federal Daniel Rafecas a partir del testimonio de varios uruguayos del pvp que fueron secuestrados en Buenos Aires, trasladados al centro clandestino Orletti –ubicado en el barrio de Floresta–, y finalmente conducidos en avión a Montevideo a fines de 1976.Las situaciones de ambos militares son distintas, sin embargo. Mientras Maurente tiene la causa por el secuestro de Adalberto Soba abierta en Uruguay y la justicia argentina deberá esperar a que finalice ese proceso, Soca no tiene causa en territorio oriental. "Eso facilitaría las cosas relativamente", aseguran en los tribunales federales argentinos. "Seguramente la defensa de Soca va a apelar la decisión y eso abre un período que puede extenderse varios meses. De todas maneras, presumimos que Maurente no llegará antes del año próximo como mínimo, teniendo en cuenta el proceso que tiene en Uruguay", afirman.Soca tiene pendiente, además, un pedido de extradición en una de las causas por sustracción de bebés que en estos momentos tiene a cargo el juez federal Norberto Oyarbide. "La idea es acelerar los tiempos y las investigaciones para tratar de verificar en los archivos y los testimonios de ex detenidos, familiares de desaparecidos y otras causas que se tramitan en la capital y la provincia de Buenos Aires, a efectos de saber si no es posible que Soca y Maurente aparezcan con más pruebas involucrados en nuevos casos de desaparición de personas, secuestros y torturas", aseguran los abogados reunidos en el colectivo de derechos humanos Justicia Ya. Se busca fortalecer la causa del Plan Cóndor, ya elevada por la Fiscalía a juicio oral, la de enriquecimiento de los represores, a cargo del fiscal Federico Delgado, y las de centros clandestinos de detención ubicados en el Gran Buenos Aires.De todas maneras, el optimismo es la señal común en los tribunales federales y entre losorganismos de derechos humanos: "Es la primera vez que Uruguay habilita extradiciones y eso es una señal positiva para los juicios. Esperemos que los jueces argentinos acompañen", dijo Tati Almeida, de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora.LA REPÚBLICA PÁG. 9Caso Calcagno: juez asumió competencia. Doctor Vomero.El juez penal de 10º Turno, Rolando Vomero, asumió competencia con respecto al pedido de extradición que pesa sobre el coronel (r) Carlos Calcagno, a quien la Justicia de Paraguay pretende juzgar por la desaparición de Federico Tatter, un militante opositor al régimen de Alfredo Stroessner.El magistrado recibió el expediente del Juzgado Penal de 20º Turno, a cargo de la doctora Aída Vera Barreto, el viernes anterior a Semana de Turismo y sobre las últimas horas definió que le corresponde asumir competencia en la causa, indicaron fuentes judiciales a LA REPUBLICA.El coronel (r) Calcagno se encuentra bajo prisión administrativa en la Unidad Penitenciaria Nº 8 ("Cárcel de Militares"), desde el pasado 7 de diciembre, ante la orden de "captura internacional" que libró en su contra el juez Gustavo Santander. El estado de salud del militar "es bastante delicado", por lo que "es urgente" que se resuelva la solicitud de "cese del arresto administrativo", indicó su abogado,doctor Germán Amondarain. ÚLTIMAS NOTICIAS PÁG. 4Homenaje a militares extraditados. CASELLA, SARLI Y RADAELLI.LOS MILITARES Tomás Casella, Wellington Sarli y Eduardo Radaelli, que fueron extraditados a Chile hace dos años y no han podido retornar al Uruguay, serán homenajeados el 17 de este mes por familiares, amigos y camaradas del arma. El acto tendrá lugar en la sede de la Asociación de Quioscos y Quinielas, ubicada en Uruguay 1835.Los militares fueron extraditados a pedido del juez chileno Alejandro Madrid, quien lleva la causa del secuestro y asesinato del químico Eugenio liemos, cuyo cuerpo apareció en la Costa de Oro durante el gobierno de Luis Alberto Lacalle. Casella, Sarli y Radaelli fueron vinculados a la muerte de Berríos, quien habría estado detenido en la casa de uno de los implicados, por lo que luego de varios años de investigación, la Justicia determinó su extradición. Los oficiales permanecieron detenidos en una cárcel militar del país andino durante más de un año, pero posteriormente Madrid autorizó su libertad bajo palabra.Sin embargo, varios pedidos para que se les permitiera retornar al país fueron negados, pese a que el propio presidente Tabaré Vázquez y la entonces ministra de Defensa, Azucena Berrutti, se comprometieron a asegurar su retorno a Chile, en caso que la justicia andina así lo determinara. BRECHA PÁG. 3La suerte de Gavazzo. Lentitudes en la Suprema Corte.La fiscal Mirtha Guianze solicitó a la Suprema Corte de Justicia (SCJ) que emita una resolución anticipada sobre el recurso de inconstitucionalidad contra el artículo 5 de la ley de amnistía de 1985 presentado por el represor José Nino Gavazzo.Luego de ser procesados en setiembre de 2006, la mayoría de los represores encarcelados plantearon recursos de inconstitucionalidad contra ese artículo que excluyó de la amnistía a militares y policías violadores de los derechos humanos durante la dictadura.La scj se expidió recién el 3 de diciembre de 2007 rechazando la inconstitucionalidad, y el juicio largamente paralizado por la chicana siguió su curso. No obstante, la defensa de Gavazzo, a sabiendas de la posición de la scj y ante la inminente acusación de la Fiscalía que se aprestaba a solicitar condena por graves delitos de lesa humandidad, presentó luego un recurso de idénticas características, que la corporación aún no resuelve.Así, los juicios contra Gavazzo y José Arab,* que se tramitan en un mismo expediente, quedaron estancados. Por ello, Guianze pide que se aplique el artículo 519 del Código del Proceso Penal y "se resuelva la cuestión de acuerdo al criterio sostenido por la scj en reciente pronunciamiento ante solicitud de los coprocesados (Jorge) Silveira, (Luis) Maurente, (Gilberto) Vázquez, (Ricardo) Medina, y (José) Sande", según el escrito al que accedió Brecha."Teniendo en cuenta que esa Suprema Corte ya tiene criterio formado y explicitado sobre el tema, me permito solicitar que se resuelva ahora la cuestión, antes de que pueda producirse la desintegración del órgano por retiro de uno de sus miembros", subrayó la fiscal.Arab no planteó inconstitucionalidad, pero se beneficia de la paralización. Volver al índice.BRECHA PÁG. 6La verdad puede más. El dictamen fiscal que sobreseyó a Roger Rodríguez.Los fundamentos de la fiscal penal Diana Salvo para solicitar el sobreseimiento del periodista Roger Rodríguez, acusado de difamación por el mayor retirado del Ejército Enrique Mangini, constituyen un sólido aporte para establecer los derechos y las limitaciones de los comunicadores expuestos al fuego cruzado en la eterna lucha entre poder y libertad.Samuel Blixen"Se mandó en cana él mismo." El mayor retirado Enrique Mangini quizás había previsto que la justicia no daría curso a su denuncia de difamación contra el periodista Roger Rodríguez. Pero le erró al bizcochazo si alimentó la esperanza de que un tal juicio pudiera detener otro, por su responsabilidad en el asesinato del estudiante Santiago Rodríguez Muela, ocurrido en agosto de 1972.Un saco desabrochado fue su perdición: al salir del edificio de los juzgados penales fue fotografiado en octubre último acompañando al inefable general Iván Paulós y la foto reveló que estaba armado.Decidido a identificarlo, Roger remontó aquellos luctuosos episodios y en una investigación demostró que el hoy guardaespaldas de Paulós había integrado la banda de la jup que asaltó el liceo número 8 y dio muerte al estudiante.En las audiencias públicas por difamación, Mangini cavó su fosa al admitir que había ingresado, aquella noche, al local liceal ocupado; adujo que no fue armado al liceo. Pero que sí lo estaban sus compañeros, algunos de los cuales accedió a identificar. Los testigos aportados por Roger confirmaron que Mangini sí estaba armado, y la prueba documental reclamada de oficio por el juez Luis Charles permitió reconstruir algunos capítulos "olvidados" por Mangini: que fue procesado por el entonces juez de instrucción Milton Cairoli y que finalmente fue amnistiado por la dictadura.El expediente judicial exhumado del Archivo General de la Nación revela que Mangini y otros "jupos" fueron condenados por el delito de "violencia privada"; el asesinato de Rodríguez Muela quedó impune.En la cuarta y última audiencia por difamación, el juez Charles dictó sentencia convalidando el pedido de la fiscal Diana Salvo, sobreseyendo al periodista, declarando inexistente el delito y ordenando el archivo de las actuaciones. Dado el volumen de elementos aportados por el denunciado, se esperaba que el juez resolviera de oficio la investigación del asesinato. Pero el magistrado estimó que no le correspondía entender en ese asunto.Ello no quiere decir que el caso esté cerrado. Por el contrario, se aguarda que los abogados del Serpaj formalicen a la brevedad una denuncia, de modo que el mayor Mangini no podrá despedirse de los tribunales. Treinta y seis años después, los familiares de Rodríguez Muela tendrán oportunidad de reclamar justicia.Así como quedó en evidencia que el guardaespaldas de Paulós hizo cálculos errados, y que quizás hubiera sido mejor para sus intereses no ventilar cuestiones de honor, también quedó en evidencia que su abogado defensor, Daniel Arocha, no ha leído detenidamente la ley de prensa que invocó para la denuncia. Al comenzar la audiencia, el miércoles 2, el juez Charles preguntó al abogado si tenía intención de iniciar una acción privada, a raíz de la solicitud de la fiscal –en la audiencia del 31 de marzo– de sobreseer al periodista acusado.Arocha dijo que no, pero una hora más tarde, cuando el magistrado dictó sentencia convalidando el pedido fiscal, el abogado solicitó un recurso de apelación. El juez se lo negó y Arocha afirmó que estaban violando los derechos de su patrocinado. Charles volvió a negar el pedido y el abogado reclamó un recurso de queja por denegación de apelación. Recibió otra negativa: "Usted tuvo 48 horas para iniciar una acción privada", dijo Charles."Es que no fui notificado", alegó el abogado. "¡Pero si usted estaba presente en la audiencia anterior!", replicó el juez. El abogado anunció que, en protesta, no firmaría el documento que formalizaba el fallo. "Muy bien –dijo el juez– llamaré a un escribano para que certifique que usted no quiso firmar."En sala hubo quienes opinaron que el abogado de Mangini pretendía montar un circo aprovechando el carácter público del juicio. Otros se inclinaban a pensar que el profesional desconocía el mecanismo del juicio oral. El juez, en todo caso, no se esmeró por ocultar el desagrado que le produjo el incidente.DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL PERIODISTA.La solidez de la investigación periodística de Roger Rodríguez en el diario La República preanunciaba el sobreseimiento. Pero la fiscal Salvo prefirió aprovechar la coyuntura para abundar sobre conceptos que ayudan a delimitar las funciones de los periodistas, y en ese sentido aportan elementos que jerarquizan la labor de informar y permiten reflexionar sobre derechos y responsabilidades, no sólo de los periodistas, sino también de las empresas de comunicación.La magistrada inició su análisis considerando la armonía o colisión de dos derechos consagrados en la Constitución: el individual, referido al honor y la reputación que son patrimonio de cada ciudadano; y el social, de toda la colectividad, a estar informada. Citando a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sostuvo que "una sociedad que no esté bien informada no es plenamente libre".La fiscal apuntó "un tercer actor en juego: la sociedad en su conjunto, interesada en que se le garantice el libre acceso a las noticias, sin obstáculos". En ese sentido afirmó que "la información puede entenderse como un acto al que tienen derecho todas las personas y no como un patrimonio exclusivo de los medios de comunicación". Esos derechos, sostiene la magistrada, "pueden ser ubicados en un plano superior al de los otros derechos civiles, pues ello depende de la estructura de las relaciones entre poder y libertad".Para contribuir al objetivo se plantean dos requisitos: "la veracidad y el interés general", porque "la libertad de expresión no es ilimitada". El criterio de interés público se basa en el "objetivo útil para la sociedad" de la información divulgada; ello excluye "la curiosidad malsana o morbosa". Cuando objetivamente se consagra el carácter de interés y de utilidad, ese carácter "es prevalente".Los conceptos vertidos por la fiscal no sólo comprenden un derecho sino también una obligación, que no siempre está presente en la función de los medios de comunicación, cuando sus responsables ejercen censura sobre el trabajo de sus periodistas.Pero el interés público está también determinado por la veracidad: "Una información es verdadera cuando después de una adecuada comprobación se pueda deducir que los hechos trasmitidos están sucediendo en la realidad o han sucedido. Es un concepto de verdad objetiva".Llegando al punto, la fiscal Salvo introduce un elemento de valoración que resulta fundamental en la relación desigual entre el objetivo periodístico de obtener información y el poder que pretende ocultarla: "Ese criterio de veracidad objetiva debe complementarse con un requisito subjetivo, que está dado por la creencia o convicción en la veracidad de lo informado".La convicción atiende a la imposibilidad de obtener todas las pruebas que documenten la veracidad; pero esa convicción debe basarse en elementos objetivos, fundamentalmente la comprobación de la información suministrada. Para Salvo, la comprobación se apoya "en la deducción de que la noticia es verdadera o de que existen indicios racionales de que lo es".De modo que la convicción, en función de indicios, comprobaciones y deducciones, habilita la divulgación, a partir de que la información se estima verdadera, "aunque ex post se demuestre el hecho como objetivamente falso". El punto de inflexión está dado por la honestidad del periodista; por el contrario, es necesario analizar si existe "malicia real", es decir, "si el informador es consciente de la falsedad o si cuando, sin saber realmente si un hecho es falso, actúa con desprecio de su verdad o falsedad, porque trasmite los hechos sin realizar ningún tipo de comprobación, ni siquiera la indiciaria". La fiscal invierte entonces la ecuación: "En este sentido puede afirmarse que a pesar de que los hechos sean verdaderos desde el punto de vista objetivo, no podrá considerarse legítima la información por la carencia de ese requisito subjetivo complementario".En el juicio promovido por el militar contra el periodista, para la fiscal resulta evidente que prevalece el derecho a la información sobre el derecho individual al honor; que el periodista no tuvo intención de ofender; que la información fue producto de una investigación seria y profunda; que se realizaron comprobaciones y acumularon indicios de veracidad y que no hubo desprecio por la verdad.El cúmulo de indicios y comprobaciones habilita a sostener la información de que Mangini integraba el grupo de asesinos de Rodríguez Muela y por tanto la divulgación es pertinente, en función del interés general, más allá de que, finalmente, la justicia compruebe o no que el mayor retirado es culpable de homicidio.Habrá que agradecer a Mangini que su juicio por difamación haya permitido robustecer el papel de los periodistas y esclarecer sobre las obligaciones que los medios tienen con la sociedad. 10. CRÓNICAS PÁG. 3Justicia concedió extradición de Soca y Maurente a Argentina y habrá apelación. Por violaciones a los derechos humanos.La Justicia concedió la extradición a Argentina de los militares Ernesto Soca y Luis Maurente, reclamados para ser juzgados por su posible participación en violaciones a los derechos humanos durante las dictaduras que gobernaron en ambos países, informaron fuentes próximas al caso. La jueza penal de sexto turno, Fanny Canessa, fue la encargada de emitir la sentencia. El abogado defensor de los militares, Gastón Chávez Hontou, dijo a CRÓNICAS que apelará el fallo.Tras la notificación (el martes) "tenemos tres días para presentar la apelación y diez más para fundamentarla", agregó el abogado. "Queda un largo camino jurídico por resolver antes de que los casos queden resueltos por la apelación y, eventualmente, la elevación a la Suprema Corte de Justicia.No creo que se definan antes de un año", señaló Chávez Hontou. El juez argentino Daniel Rafecas, quien lleva la instrucción del caso de la prisión ilegal conocida como Automotoras Orletti, solicitó la extradición a fines de 2006 porque las declaraciones de varios ex presos políticos relacionaban a Soca, conocido con el sobrenombre de "Drácula", y a Maurente con ese centro de detención durante 1976.Los militares uruguayos se encuentran actualmente detenidos en la Unidad Penitenciaria Número 8 ("Cárcel de Militares"), ante los pedidos de extradición de Argentina, por la causa Orletti" y por el robo de bebés.Maurente está pendiente de otro proceso judicial en Uruguay por la desaparición del militante del Partido por la Victoria del Pueblo (PVP) Adalberto Soba, y no podrá ser extraditado hasta que finalice esa causa.La solicitud de extradición quedará "congelada", pero no prescribe, y Maurente podrá ser procesado y juzgado en Argentina una vez que termine el proceso uruguayo.Soca tiene además otra solicitud de extradición pendiente desde Argentina por la causa del robo de bebés durante la última dictadura, instruida por el juez federal Norberto Oyarbide.La extradición de Soca, que no tiene ninguna causa abierta en Uruguay, se producirá cuando los organismos del Poder Judicial lo dispongan, aunque los plazos pueden alargarse por las apelaciones de la defensa.Otra extradición desde España.El gobierno argentino afirmó que la extradición desde España del ex militar Ricardo Miguel Cavallo reconoce la lucha "contra la impunidad" en este país, mientras grupos de derechos humanos pidieron "celeridad" a la Justicia.El secretario argentino de Derechos Humanos, Eduardo Luis Duhalde, señaló que la extradición del ex capitán de la Armada es "un reconocimiento a la labor contra la impunidad que está desarrollando Argentina" desde la gestión de Néstor Kirchner (2003-2007) y continuada por su esposa y actual presidenta, Cristina Fernández."El hecho de que la Justicia y el gobierno español hayan dispuesto su juzgamiento con los jueces naturales, que son los argentinos, ratifica la política de lucha contra la impunidad, memoria, verdad y justicia que llevan adelante los tres poderes del Estado", subrayó Duhalde a periodistas.Los organismos de derechos humanos también-valoraron la extradición y demandaron a la Justicia un compromiso en el proceso que afrontará Cavallo en Argentina por delitos de lesa humanidad durante la última dictadura militar (1976-1983). La titular de las Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, se manifestó "conmovida" por la extradición del represor y, tras pedir "celeridad" a la Justicia argentina, expresó sus deseos de que sea condenado a "prisión perpetua".Piden acelerar procesos."Estoy conmovida. Espero reclusión perpetua. La Justicia tiene que actuar rápidamente porque no se puede dilatar en el tiempo la angustia de los familiares de las víctimas de este genocida", enfatizó.Tiras llegar extraditado desde España y escuchar las imputaciones en su contra, Cavallo se negó a declarar ante el juez federal Sergio Torres y el fiscal Eduardo Taiano, quienes investigan los crímenes perpetrados en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), donde funcionó la mayor cárcel clandestina de la dictadura.Después de la audiencia, Torres dispuso que el ex marino fuera trasladado a la cárcel de Marcos Paz, situada en esa localidad de la periferia de Buenos Aires y donde permanecerá detenido. Cavallo se encontraba encarcelado en España desde que el 29 de junio de 2003 fuera extraditado por México, donde fue detenido en agosto de 2000 tras ser reconocido por varios supervivientes de centros de detención en Argentina durante el régimen militar.La Audiencia Nacional española autorizó hace dos semanas la extradición a Argentina del ex marino, además de acordar el archivo y el sobreseimiento de la causa que se seguía en España contra Cavallo por genocidio, terrorismo y torturas durante la dictadura militar en el vecino país.El juez Torres, quien en 2006 había solicitado a España la extradición de Cavallo, pretendía interrogar al imputado únicamente por la apropiación de bienes de detenidos ilegalmente en la ESMA durante el último régimen de facto.Fuentes de su juzgado explicaron que recién cuando la Justicia española indique los cargos por los que el ex militar argentino es investigado en ese país, Torres le interrogará por el resto de las acusaciones que pesan en su contra en Argentina, para evitar el "doble juzgamiento". El magistrado investiga los delitos de lesa humanidad cometidos en la ESMA, por donde -según familiares de las víctimas y sobrevivientes de la represión- pasaron unas 5.000 personas durante el régimen militar argentino.De acuerdo con estimaciones oficiales argentinas, en la última dictadura desaparecieron 18.000 personas, pero los organismos de derechos humanos afirman que el número de víctimas asciende a 30.000.EL PAÍS PÁG. 11Reclaman el reparo a víctimas del MLN. García Pintos evoca el 14 el compromiso oficial.El diputado colorado Daniel García Pintos reclamó esta semana a los coordinadores de la bancada del Frente Amplio una respuesta definitiva sobre el proyecto de ley de reparación a las víctimas de la sedición.García Pintos planteará el tema el 14 de abril en el tradicional acto de la Plaza de la Bandera por el día de los caídos "en defensa de las instituciones" y por eso quiere saber qué pasará con una ley que parece congelada. El diputado se quejó porque espera desde hace un año por una solución y pidió que se trasladara el tema al presidente del Frente Amplio Jorge Brovetto, que se reunió el miércoles con los coordinadores de bancada.El proyecto de García Pintos fue tomado por el presidente Tabaré Vázquez a comienzos del año pasado y lo envió al Parlamento. Pero la iniciativa causó rechazo general en el Frente Amplio y en las organizaciones de derechos humanos.En aquel momento el Frente decidió formar una comisión bicameral especial sobre el tema, que se reunió por última vez a fines de 2007. Se acordó elaborar dos proyectos: uno que contemple a los familiares de las víctimas del terrorismo de Estado y otro para los familiares de las víctimas de la sedición. Sin embargo, esta última iniciativa no cuenta con el visto bueno de la bancada frenteamplista.En una de las últimas reuniones de la comisión, diputados y senadores oficialistas acordaron reparar solo a aquellas personas que fueron "perseguidas o sometidas por el régimen", sin precisar los casos comprendidos o el monto de la reparación económica. El 14 de abril del año pasado, García Pintos –en nombre de la asociación que recuerda a los caídos- valoró la iniciativa del Poder Ejecutivo tendiente a reparar a las víctimas de la sedición, pero consideró que el tema no era suficiente para lograr la reconciliación nacional.El diputado criticó duramente aquel día a "la izquierda dura" que objeta el proyecto de reparación, por entender que lo hace "para justificar la continuidad de su odio". "No entienden que en este proyecto no hay demonios sino muertos y aunque parte de ellos hayan actuado con crueldad y sin razón, estamos dispuestos a otorgarles una vez más la generosidad de esta patria grande", indicó.
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DURAS CRÍTICAS A LA JUSTICIA FEDERAL DE TUCUMÁN
Aseguran que los magistrados investigan en forma "perversa" las causas de la dictadura






Luego de visitar a los jueces y fiscales federales de Tucumán, Claudio Cholakián, secretario letrado de la vicepresidencia del Consejo de la Magistratura de la Nación (a cargo de la diputada nacional Diana Conti), fue crítico en relación a la actuación de los magistrados en las causas vinculadas a la última dictadura. "A nivel país, todavía no hemos podido quebrar algunos vicios que tienen los procesos, que se deben en gran medida a la poca voluntad de los jueces. Y en Tucumán pasa algo de eso. Tanto el Ministerio Público como jueces no sé si están absolutamente convencidos de lo que tienen que hacer y eso se refleja en la demora de los procesos", señaló Cholakián a primerafuente. Y en un tono más duro disparó que "la organización de los procesos ha sido perversamente diseñada en Tucumán", argumentando que las investigaciones no conducen al esclarecimiento ni a determinar el grado de responsabilidad de todos los que participaron en los crímenes de lesa humanidad.
Urtubey es derecho y humano
La medida se tomó porque la asesora en DD.HH. "no coincidía con la política" del mandatario salteño. Había sido intimidada por la policía.

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Martina Noailles
08.04.2008

Urtubey. El gobernador de Salta, un mimado del kirchnerismo, desplazó a una asesora de derechos humanos amenazada.
El gobierno salteño de Juan Manuel Urtubey echó a la abogada de derechos humanos que había sido amenazada por tomar fotografías de policías que actuaron durante la dictadura. Tania Kiriaco se desempeñaba como asesora de la Secretaría de Derechos Humanos salteña, hasta que ayer Crítica de la Argentina publicó la denuncia sobre las intimidaciones que sufrió de boca del actual jefe de la Policía. "Queda claro cuál es el compromiso con los derechos humanos del ministro de Justicia", dijo Kiriaco quien, tras la noticia, recibió el apoyo de abogados de todo el país. "Se le rescinde el contrato porque no coincide con la política de derechos humanos del Gobierno", fue la explicación oficial. La decisión fue tomada ayer por el ministro de Justicia, Nicolás Juárez Campos, de quien depende la Secretaría. "Los derechos humanos se deberían abocar a los temas actuales. Deje de investigar lo que ya pasó", le había dicho el comisario Gerardo González el 17 de marzo pasado cuando Kiriaco visitó el Departamento Central para fotografiar los cuadros que decoraban la institución. Luego de la intimidación, la abogada realizó la denuncia judicial y pública, y días después, las imágenes de los jefes de la Policía que actuaron durante la última dictadura fueron descolgadas. Pero ésa no fue la única consecuencia. A partir de este episodio, la abogada comenzó a ser apartada de las causas y reuniones de trabajo de la Secretaría a la que asesoraba.Kiriaco es abogada querellante en la mayoría de las causas por delitos de lesa humanidad cometidos en Salta, como la que investiga la Masacre de Palomitas. Además, cumplía funciones de asesoramiento jurídico en la Secretaría de Derechos Humanos que encabeza María Pacce, bajo un tipo de contrato conocido como de "agrupamiento político", que suele otorgarse en la administración pública por acuerdos entre el gobierno de turno y algún aliado. En este caso, la abogada pertenece al Frente Grande salteño, partido que le otorgó la personería jurídica a Urtubey para que pudiera presentarse a las últimas elecciones. Fue el propio gobernador quien pidió que se contrate a Kiriaco en el área en la que se especializa.Por tal motivo, la Mesa Nacional del Frente Grande envió ayer al gobernador y al ministro de Justicia de Salta una carta en la que solicitan "se garantice la seguridad de la Dra. Tania Nieves Kiriaco", tras "estos actos amenazantes que no constituyen hechos aislados, ya que son varios los denunciantes de violaciones de derechos humanos y militantes políticos que han sido objeto de actos intimidatorios".Hasta el cierre de esta edición la abogada no había sido notificada sobre su despido. Sin embargo, aclaró que de concretarse "quedaría claro cuál es el compromiso y la posición con los derechos humanos del ministro Juárez Campos". Para Mirta Mántara, abogada querellante en causas por delitos de lesa humanidad y miembro de la Red Nacional de Abogados de Derechos Humanos, Kiriaco está sufriendo "persecución ideológica" de parte del Gobierno salteño. Así se lo hizo saber al gobernador Urtubey en una carta que le presentó ayer y en la que le solicita "su intervención a fin de corregir y reparar las conductas" tomadas por la secretaria Pacce.

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