sábado, 26 de abril de 2008

Comienza el Juicio por la Peor Masacre de la Dictadura
La historia de una foto que miente
El policía que se mostró abrazando a una madre de Plaza de Mayo en 1982 será juzgado por la matanza de Fátima. Allí fueron asesinados 30 detenidos ilegales en 1976.

Marcelo Larraquy
26.04.2008

Abrazo falso. El policía Gallone se mostró junto a una madre en la Plaza de Mayo.
1982. 5 de octubre. Las Madres se enfrentan a la Policía Montada en la Plaza de Mayo. Una de ellas increpa a un uniformado, que permanece de pie, inmóvil. Intenta acallarla. Luego la abraza. Es el primer abrazo. Un reconocimiento al dolor. La comprensión. Un nuevo relato que explica el fin de la dictadura de otra manera. Pero no. Era sólo una foto.La película era más negra y más larga. Ese policía, el de la foto, el comisario inspector Carlos Enrique Gallone, será juzgado por el Tribunal Oral Federal 5 a partir del martes próximo por su responsabilidad en la peor masacre de la dictadura militar: 30 cuerpos dinamitados en un descampado en la localidad de Fátima, partido de Pilar. Bajo los mismos cargos, “homicidio calificado por ensañamiento y alevosía y privación ilegítima de la libertad”, serán sometidos a juicio los ex policías Miguel Ángel Timarchi y Juan Carlos Lapuyole. La Fiscalía pidió prisión perpetua. La causa tiene un policía prófugo, “El Japonés” Luis Alberto Martínez.1976. 19 de agosto. Los prisioneros son seleccionados al azar y extraídos de los calabozos del tercer piso de la Superintendencia de Seguridad Federal, en Moreno 1417. Casi dos meses antes, Montoneros había colocado una bomba que destruyó el comedor de la planta baja y mató a por lo menos 22 miembros de la fuerza. La represalia policial sumó a casi un centenar de muertos en tres días. Ahora, el 19 de agosto, mientras los prisioneros son bajados del ascensor, todas las luces del edificio de la calle Moreno están apagadas. Son conducidos con aprehensión. Algunos parecen drogados, caminan moribundos, envueltos en mantas; otros son llevados en brazos, en posición fetal, hacia el playón descubierto. Suman 30: veinte hombres, 10 mujeres. Los apilan sobre la caja de un camión del Ejército. Los prisioneros tienen nombre y apellido, pero no están a disposición de la Justicia o del Poder Ejecutivo. Están a disposición de la “Real Air Force” (RAF), un código policial interno que concentra a los prisioneros que están en el aire. Y se van a ir para arriba.Algunos ya lo hicieron, a través del helipuerto de la Policía Federal, detrás de la Ciudad Deportiva de Boca Juniors. Otros fueron conducidos a playas de estacionamiento céntricas y aparecieron con un balazo en la cabeza, en un auto. Y al día siguiente salieron en los diarios: “extremistas muertos en un enfrentamiento”.El camión es conducido por personal de otra fuerza del Estado pero tiene el apoyo de los miembros de las brigadas de la Superintendencia, que van custodiando su salida en los vehículos oficiales. Este traslado será terrestre y más prolongado. El camión llega hasta un descampado en Fátima, cercano a la ruta provincial 8, partido de Pilar. La brigada desciende a los prisioneros, les pegan un tiro en la nuca a cada uno con una 45 o una 9 milímetros, y luego los acomodan debajo de una carga de trotyl. Y entonces vuelan.Este juicio que comenzará el martes próximo pondrá en conocimiento público las responsabilidades criminales de la Superintendencia de la Seguridad Federal. No sólo durante la dictadura militar. Sino durante el gobierno peronista 1973-76. El principal testimonio en el que se apoya la acusación es el de Víctor Luchina, ex miembro de la fuerza. Luchina había declarado en 1984 ante la CONADEP y en la causa 13, contra las Juntas Militares. Luchina admite que ayudó a conducir a los detenidos hasta el camión, pero dice que estaba de guardia, y no fue a Fátima, ni formaba parte de las Brigadas. En sus testimonios describió torturas, reconoció secuestrados y represores, relató operativos y traslados. Tiempo después, se casó con una muchacha uruguaya, militante tupamara, detenida ilegal del tercer piso de Moreno 1417.La estructura. “En la Superintendencia existía un doble standard. Había detenidos por delitos federales, contrabando o falsificaciones, y detenidos políticos ilegales. “El órgano funcionaba como la central de espionaje interno y represión de la Policía Federal”, indicó a este diario el fiscal Felix Krous, que intentará probar los cargos a los acusados.En la Superintendencia, cada piso implicaba una función. En el noveno, el Departamento de Extranjeros se ocupaba de la represión de los exiliados de países limítrofes, a quienes enviaban a sus países de origen, luego de detenerlos y torturarlos. El Departamento también prestaba cooperación de inteligencia y logística para grupos de tareas extranjeros que venían a la caza de los que escapaban de sus países. En ese piso se gestó el embrión del Cóndor, el plan de represión conjunta de los países del Cono Sur.El caso más paradigmático es el General Prats y su esposa, acogidos por Perón para resguardarlo de Pinochet, asesinados por la policía secreta chilena, con la colaboración de la Superintendencia, en setiembre de 1974. En otros pisos se centralizaba información de inteligencia sobre asuntos “gremiales” “políticos”, “estudiantiles” o “subversivos”.Antes del golpe de 1976, las brigadas se ocuparon de espiar personalidades, y captaban a sus custodias para que les brindaran información directa de sus protegidos, como fue el caso de Lorenzo Miguel, Ricardo Balbín o el propio general Lanusse.Cada brigada estaba integrada por cinco o seis miembros. Se sumaban a ellos personal “de enlace” del Ejército o la Marina y procedían: detenían “subversivos”, los interrogaban bajo torturas en el tercer piso de la Superintendencia y luego se decidía si los ponían a disposición de la RAF, del PEN o los liberaban.Durante los años 70 y 80, las brigadas formaron parte de la Triple A, participaron en grupos de tareas de la dictadura militar, en los secuestros de Osvaldo Sivak, de Mauricio Macri, en alzamientos carapintadas y luego formaron parte de las agencias de seguridad del Aeropuerto de Ezeiza. Sin embargo, este juicio es acotado a sólo tres “brigadistas”, con responsabilidad en la Masacre de Fátima, el expediente será una referencia jurídica para la apertura de nuevas causas.Uno de los acusados, Lapuyole, era director de Inteligencia. Gallone y Timarchi eran miembros de las brigadas operativas. Los tres negaron que las detenciones que realizaban fueran ilegales: cumplían órdenes de una “oficina judicial” afincada en el segundo piso. Gallone incluso presentó la foto como prueba con una madre de Plaza de Mayo como prueba de que era un hombre sin resentimientos.Qué pasó el 19 de agosto del 76La masacre de Fátima fue un acto de propaganda política de la dictadura que utilizó una metodología propia de la Triple A: exhibir los cuerpos como instrumento de terror y no hacerlos desaparecer, que era el procedimiento de la dictadura militar. Con los restos esparcidos por el campo, no podía argumentarse que había sido un enfrentamiento. El propio Videla se sintió obligado a condenar este “hecho de violencia”. Pero luego de escrutar los cuerpos, no de identificarlos, lo causa se cerró. Y los cuerpos fueron enterrados como “NN” en el cementerio de Derqui. Hacia el fin de la dictadura se abrió un expediente que cambió varias veces de jurisdicción. El Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) también empezó a trabajar en las identificaciones. Aunque todavía no se logró determinar las identidades de todos, se supo que algunos eran obreros, militantes de zona norte y un dirigente gremial del Banco Nación. En el juicio, sus familiares darán testimonio de cómo fueron secuestrados.






Los abogados de Patti intentan sacarlo de Marcos Paz
Defensa, en problemas
El lunes, los defensores del ex comisario pedirán la eximición de prisión de su cliente ante la Cámara de San Martín. La batalla judicial del represor.



El ex comisario Luis Abelardo Patti fue desaforado y encarcelado.
Imagen: DyN


Por Adriana Meyer
Mientras el represor Luis Patti se vuelve a acomodar en el pabellón de lesa humanidad de Marcos Paz, sus abogados preparan una batería de recursos para tratar de revertir lo que, en principio, parece no tener retorno. Para Silvio Duarte, defensor del ex comisario, los diputados que votaron el desafuero “violaron la Constitución”. Por su parte, Pablo Llonto, abogado de la familia de una de las víctimas de Patti, consideró que la única discusión era por los fueros y vaticinó que no prosperarán los nuevos planteos.
La defensa de Patti intentará sacarlo de la cárcel apelando ante la Cámara de San Martín el rechazo del juez federal Alberto Suares Araujo a su pedido de eximición de prisión “antes de las 9.30 del lunes”, como anticipó Duarte. Según Llonto, no habría riesgos en esa instancia. “A partir de ahora nada le va a prosperar en el juicio penal porque la única discusión eran los fueros. Lo demás estaba todo claro; la Cámara ya le había rechazado sus apelaciones por el procesamiento en sí”, explicó el letrado. Sin embargo, el equipo de abogados contratados por el represor tiene otras apuestas en marcha. Una de ellas es el pedido de nulidad de toda la causa que lo llevó a la cárcel por siete casos de secuestros, torturas y asesinatos, que tramita en la Cámara de Casación. Llonto cree que tampoco allí tendrán suerte porque “todo dependía de los fueros, la Corte Suprema no dijo que había que volver hacia atrás, la cuestión era si podía ser detenido o no”. En el plano penal, el último recurso sería que prosperara la recusación del juez Suares Araujo, cuestionado por la defensa de Patti porque habría mantenido una conversación telefónica con la diputada kirchnerista Diana Conti. “Una llamada de un funcionario del Poder Legislativo para ver cómo va una causa no significa presión, es algo normal, tendrían que probar que el juez anticipó opinión o algo así”, argumentó el abogado de Juana Muniz Barreto.
El otro frente de batalla para los abogados Duarte, Carlos Laplacette, Luis Velazco y Gregorio Badeni estará ubicado en la Justicia federal o en el fuero contencioso administrativo, donde presentarán un amparo cuestionando el desafuero que votó la Cámara de Diputados. Las dudas sobre la Justicia federal surgen porque la jueza federal, con competencia electoral María Servini de Cubría ya rechazó sus posturas. Duarte aseguró a Página/12 que “los diputados hicieron todo mal porque tiraron los artículos 67 y 70 de la Constitución por la ventana”. Según su punto de vista, los legisladores “violaron la Constitución porque Patti debió jurar y, acto seguido, poner sobre la mesa el expediente de Suares Araujo pidiendo el desafuero y debatir en la Comisión de Asuntos Constitucionales para que se realice un juicio público como dice la ley”. En cambio Llonto entendió que “los abogados de Patti cometieron un tremendo error al no haber cuestionado a Dante Camaño. Ellos tendrían que haber procurado que no asumiera nadie, no puede haber 258 diputados, la banca que Patti reclama está ocupada y él nunca le reclamó a su reemplazante”.

La represion en Salta
Policías en apuros


Al anochecer del 1º de abril de 2005 cientos de docentes salteños que se manifestaban pacíficamente en la plaza 9 de Julio para exigir mejoras salariales fueron arrasados a bastonazos, gases lacrimógenos y balas de goma por parte de la policía provincial. La represión, una de las más violentas de la gestión del gobernador menemista Juan Carlos Romero, terminó con varias decenas de heridos y pasó a la historia como “La noche de las tizas”. Tres años después, la Justicia procesó por vejaciones reiteradas al entonces jefe de policía Hugo Roberto Liendro y al ex titular de la Unidad Regional 1 José Rubén Arcelán. Exculpó, en cambio, al superior inmediato de ambos: el entonces secretario de Seguridad Gustavo Ferraris, célebre por aplicar la mano dura como lugarteniente de Romero, quien diez días antes de dejar la gobernación lo premió con un lugar en la Corte de Justicia.
“El accionar de la policía fue desmedido, desproporcionado y no encuentra justificativo alguno”, escribió el juez de instrucción Sergio Roberto Miranda, quien no ahorró adjetivos para describir el conflicto y la reacción oficial. Frente a docentes que “siempre se manifestaron en forma pacífica” la primera respuesta fue “la de hacer oídos sordos a sus reclamos” y “confundir a la sociedad tratando de hacer aparecer sus peticiones como ilegítimas”. Ante la masividad de las marchas “el malestar en el Ejecutivo y en los funcionarios obsecuentes era palpable” y “se trasladaba a la fuerza policial”.
La consecuencia fue lógica: los docentes “sufrieron un bárbaro, injustificado y cobarde atropello por parte de los efectivos policiales”, que con “el único propósito de desalojar la plaza arremetieron con bastones y escudos, gases lacrimógenos y balas de goma”. El juez remarcó que la mayor parte de los manifestantes eran mujeres acompañadas por niños que “nada pudieron hacer ante el avance de la policía”.
La mayor parte de los policías citados por el juez Miranda se abstuvieron de declarar. Como las víctimas no pudieron identificarlos, el corto brazo de la Justicia no los alcanzó. Liendro, jefe de policía, se abstuvo de emitir palabra. El juez lo procesó por vejaciones reiteradas en 57 casos. Ese fue el número de víctimas identificadas. A Arcelán, reconocido garrote en mano por dos maestros, lo procesó sólo por esos dos casos. Ambos quedaron con libertad provisoria.
Pese al énfasis en la irresponsabilidad política que derivó en la represión, el juez no avanzó sobre funcionarios de Romero. Los policías “indudablemente respondieron ante la orden impartida por el jefe de policía, ya que así lo expresa el subjefe Rubén Barrios en su declaración, coincidente con lo informado (sic) por quien fuera secretario de Seguridad”, a quien no nombra. El ex funcionario informante no es otro que Gustavo Ferraris, el juez de la Corte provincial premiado por Romero, cuya designación fue impugnada por el Colegio de Abogados de Salta por inhabilidad moral y jurídica. Horas antes del avance policial, Ferraris aseguró que no se iba a desalojar la plaza. El juez, al menos, le creyó.



Sábado, 26 de abril de 2008
Atacan y Amenazan a Maria del Carmen Verdú.


A 17 años del asesinato de Walter Bulacio por parte de la Policia, y al regresar de la marcha que se realizó en la tarde del 25 de abril, Maria del Carmen Verdú fue atacada y amenazada por desconocidos en una moto.
A continuación el comunicado de prensa de CORREPI.



COMUNICADO URGENTE

En el día de la fecha, viernes 25 de abril, después de la actividad que lleváramos adelante en el centro de la ciudad a 17 años de la detención y muerte de Walter Bulacio, y tras haber tenido una entrevista en el Diario Clarín, en el camino de regreso a su casa, nuestra compañera María del Carmen Verdú fue atacada por dos individuos en moto, que alcanzaron a romper el vidrio de su auto, y se retiraron haciendo señas de pasarse la mano por el cuello a guisa de degüello.

Este grave hecho es parte de una sucesión de actos intimidatorios que se han venido sucediendo a lo largo de la última semana respecto de diferentes compañeros de nuestra organización, avanzando de las amenazas telefónicas a los hechos. Alertamos a los compañeros que luchan por los derechos del pueblo para que redoblen sus cuidados ante el aumento de estas cobardes acciones.

Responsabilizamos al gobierno nacional por el ataque hacia nuestra compañera, y le hacemos saber que su sostenido accionar es por demás inútil, ya que no evitará que sigamos denunciando la política represiva del estado.

Mesa de Dirección de CORREPI

CORREPI
Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional
Ciudad de Buenos Aires • Argentina
correpi@fibertel.com.ar http://correpi.lahaine.org/

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