sábado, 5 de abril de 2008

BOTIN DE GUERRA

La Justicia sentencio a ocho y siete años de carcel a los apropiadores de Maria Eugenia Sampallo
Una condena por “un vínculo cruel y perverso”
Fue el primer juicio que una hija de desaparecidos hizo contra sus apropiadores. El Tribunal Federal Oral Número 5 condenó con 8 y 7 años de prisión a los apropiadores y con 10 años al militar que la entregó. Hubo críticas por la levedad de las penas.


Osvaldo Rivas y María Cristina Gómez Pinto, los apropiadores de María Eugenia Sampallo Barragán, condenados por la Justicia.
Subnotas
Historial con pocas penas
“Esto desalienta”



Por Laura Vales
El Tribunal Federal Oral Nº 5 condenó con 8 y 7 años de prisión a Osvaldo Rivas y María Cristina Gómez Pinto, los apropiadores de María Eugenia Sampallo Barragán. Los jueces le dieron además 10 años al capitán retirado Enrique Berthier, el militar que la entregó. El juicio fue el primero que una hija de desaparecidos hace contra quienes la inscribieron y criaron como si fuera propia. María Eugenia había pedido que se aplicara a sus apropiadores el máximo de la pena prevista, por haberla privado de su identidad y del vínculo con su familia, de quien estuvo separada durante 24 años. Ayer, tras escuchar la sentencia, su abogado y las Abuelas de Plaza de Mayo criticaron la levedad de las penas: “Los jueces no entienden la gravedad de estos delitos”.
Tras oír el fallo, la joven salió de la sala de audiencias sin hacer declaraciones. En el pasillo la esperaba para saludarla el público de a la audiencia: amigos, familiares y militantes de Hijos y de Abuelas. El abogado Tomás Ojea Quintana fue quien habló en su nombre:
–Lo importante es que los tres acusados fueron condenados; en ese sentido, el balance es positivo. Que hayan sido condenados es muy importante, y María Eugenia está conforme con haber llegado a esto después de llevar adelante un proceso de siete años; pero obviamente para nosotros estos delitos necesitan de penas mayores.
También el fiscal Félix Crous habló en esos términos: satisfacción por la condena, inconformidad con sus montos (ver aparte).
Durante el juicio, los testigos habían relatado la historia de María Eugenia, que cumplió hace poco treinta años. Sus padres fueron secuestrados en 1977. Su madre, Mirta Mabel Barragán, trabajaba en la fábrica SIAP (Sociedad Industrial de Aparatos de Precisión), donde era delegada. Su padre, Leonardo Rubén Sampallo, trabajaba en el Astillero Río Santiago y era también delegado. Ambos militaban en el Partido Comunista Marxista Leninista. Mirta tenía un hijo de tres años –Gustavo– y estaba embarazada de seis meses cuando la secuestraron junto con Leonardo. Los represores dejaron al niño en una comisaría, de donde lo pudo rescatar su familia. A Mirta y Leonardo los llevaron al centro clandestino de detención El Atlético y después al Banco. En febrero del ’78 a Mirta la sacaron de allí para que diera a luz. María Eugenia nació entre marzo y abril, posiblemente en el Hospital Militar.
Osvaldo Rivas y María Cristina Gómez Pinto recibieron a la beba cuando tenía entre dos y tres meses de vida. Se las “consiguió” el capitán Berthier, que era amigo de la mujer. El matrimonio dio sus datos personales para que el médico militar Julio César Cáceres Monié les hiciera un certificado de parto falso, en el que consignó a la beba como si fuera hija de ellos. Rivas inscribió a María Eugenia como propia usando este certificado falso. Tenía entonces 35 y su mujer 30; él era empleado de Terrabussi y ella ama de casa.
María Eugenia vivió con el matrimonio toda su infancia y la adolescencia; al declarar, contó que fueron años de maltratos y que apenas pudo se fue a vivir con una amiga. Ella supo a los siete años que no era hija de Rivas y Gómez Pinto, lo que la pareja le hizo saber a través de una psicóloga, pero le ocultaron su origen dándole diferentes versiones de su filiación. Le dijeron que era hija de un matrimonio que había muerto en un accidente de tránsito, luego que su madre había sido una empleada doméstica que la había regalado o de una azafata que no la quiso tener. Ella insistía en preguntar por sus padres; en todos los relatos, Rivas y Gómez Pinto la describían como una beba que había sido abandonada. Un día, una allegada a la familia le reveló que el capitán Berthier era la persona que la llevó a la casa de los Rivas. Otro, en una discusión, su apropiadora admitió que fue el militar el que se las había dado.
En esa infancia que la propia María Eugenia describió como de desamor, ella estuvo a punto de reencontrarse con su familia, porque las abuelas recibieron una denuncia, la encontraron y pidieron un adn. Sin embargo, en esa época su familia paterna no estaba en el banco de datos y la tecnología disponible no permitió llegar a un resultado. Ella recuperó su identidad recién en el 2001, luego de presentarse voluntariamente para un segundo análisis. Así se enteró de que su abuela Azucena, su hermano Gustavo y sus tías la estaban buscando hacía 24 años.
Ayer por la mañana, el tribunal abrió la jornada preguntando a los acusados si querían hacer uso del derecho a decir unas últimas palabras antes de pasar a deliberar. Los tres lo rehusaron. Berthier había sido llevado al recinto esposado (es el único de los tres que está preso). Cecilia Pando y su grupo de lobbistas castrenses estuvieron en la puerta de los Tribunales para apoyarlos, pero no pudieron ingresar al recinto. La semana pasada habían aplaudido al militar en su alegato de defensa y habían sido desalojados de la sala; Pando ayer tuvo que quedarse en las escalinatas de la entrada.
Tras la condena, los apropiadores Rivas y Gómez Pinto seguirán en libertad hasta que haya una sentencia firme, es decir hasta que el juicio pase por Casación y eventualmente por la Corte Suprema. Berthier podrá pedir la libertad cuando cumpla dos tercios de la condena. Como está preso desde hace más de cinco años, eso podría suceder en breve. Durante el juicio, ambos apropiadores se declararon inocentes.
¿Cuál sería una pena justa para quien se apropió del hijo de un desaparecido? ¿Cómo medir el daño que provocaron los que, sin haber sido parte directa en la represión, sin haber matado o torturado, se adueñaron de lo más valioso de la vida? ¿Fueron esas apropiaciones igual que una adopción, en todo caso que una adopción ilegal, o se trata de algo más grave aún? Esas son algunas de las preguntas que circularon en estas audiencias. Rosa Rosimblit, vicepresidenta de Abuelas, aseguró que la Justicia encuentra atenuantes cuando juzga a los apropiadores, una tendencia que no se modifica pese a los años. “Lo mismo le dieron al secuestrador de mi nieto y al de Carla” (Rutilo Artés, una hija de desaparecidos que fue restituida en 1985). Victoria Donda, nieta recuperada y legisladora, hizo una comparación: “A un pibe que sale a robar le dan más pena que al que robó una vida durante mas de 20 años”. María Eugenia, que habló muy poco con los medios (sólo dio una entrevista a Página/12 y ofreció una conferencia de prensa), pidió que no se confunda a sus apropiadores con padres adoptivos. “La pregunta es si una persona que robó a un recién nacido, que le ocultó que fue robado, que tal vez secuestró o torturó a sus padres, que lo separó de ellos y de su familia, que le mintió siempre respecto de sus orígenes, que –más frecuentemente de lo que cada uno quiere pensar– lo maltrató, humilló, engañó, si una persona que hizo todo o algo de todo esto puede saber y sentir qué es el amor filial. Yo respondo que no, que el vínculo con este tipo de personas queda determinado por la crueldad y la perversión”.
La condena de ocho años contra Rivas le fue dictada por los delitos de retención y ocultamiento de una menor de diez años, más falsedad ideológica de documento público; los siete años a Gómez Pinto fueron por el delito de retención (la diferencia es porque no firmó el acta de nacimiento falsa); los 10 años a Berthier, por ser considerado coautor del ocultamiento de la niña. El tribunal integrado por Guillermo Gordo, Héctor Farías y Daniel Obligado dará a conocer los fundamentos de la sentencia el próximo viernes.


Otra pericia psiquiatrica al preso por la Triple A
Otra treta del policía Almirón


El ex subcomisario Almirón.
Imagen: Rolando Andrade



Por Irina Hauser
Rodolfo Eduardo Almirón, el ex subcomisario que fue extraditado para ser juzgado por los crímenes de la Triple A, se negó a subir al camión celular que iba a trasladarlo desde el penal de Marcos Paz a Tribunales para su declaración indagatoria. Sus defensores oficiales se presentaron en el juzgado de Norberto Oyarbide y consiguieron que convoque a una junta médica para que evalúe una vez más su estado mental y de salud. A la espera de los resultados, el interrogatorio volvió a quedar suspendido.
Sin orden del juez, los agentes penitenciarios no podían llevar a Almirón a tribunales a la fuerza. El ex jefe operativo de la Triple A dijo que no iría, y no fue. El traslado iba a ser a la mañana temprano y la audiencia estaba prevista para las 12. Poco antes de la hora señalada, los defensores oficiales Roberto Catinelli y Eduardo Fox presentaron en el despacho de Oyarbide un escrito en el que reclamaban la suspensión de la indagatoria y, a pedido de los familiares del ex policía, que le den arresto domiciliario.
Los defensores se basaban en un informe del propio Cuerpo Médico Forense que la semana pasada dijo que el represor podía declarar sólo con ciertos recaudos. El parte, recordaron, señalaba “la vulnerabilidad vascular y cardiológica que podría devenir en agravamiento neuropsiquiátrico”. Aquella era la segunda vez que los peritos oficiales revisaban a Almirón. La primera había tenido lugar apenas llegó a Buenos Aires. En esa ocasión desaconsejaron que fuera interrogado: sus problemas de salud reales y el deterioro propio de sus 75 años se mezclaban con la fatiga del viaje. Además, un informe que había recibido Oyarbide de las autoridades españolas advertía que tenía trastornos de memoria, dificultades para situarse en el tiempo y secuelas de graves afecciones cardíacas.
“Resulta obvio que debería practicarse un amplio chequeo y/o pericia médica con las especialidades médicas comprometidas –cardiólogo, neurólogo y psiquiatra– como mínimo”, reclamaron ayer Catinelli y Fox. La semana próxima la junta médica ya entraría en acción, integrada por peritos de cada parte, querellantes incluidos.
Almirón, ex custodio de José López Rega, llegó al país un día después de que la Cámara Federal confirmara que los crímenes cometidos por la banda terrorista que operó durante el gobierno constitucional de Isabel Perón son crímenes de lesa humanidad y, por lo tanto, no prescriben. La extradición de la ex presidenta sigue en pleno trámite en España.
Por ahora el expediente judicial comprende diez homicidios cometidos y reivindicados por las AAA, entre ellos el del diputado Rodolfo Ortega Peña, el del abogado Alfredo Curutchet, el del ex subjefe de la Policía Bonaerense Julio Troxler y de Silvio Frondizi (hermano del ex presidente) y su yerno Luis Mendiburu. Contra algunas versiones, cerca del juzgado de Oyarbide, aclararon que Almirón –acusado de asociación ilícita– está lejos de recuperar la libertad.


Quieren vaciar un arroyo para agilizar la busqueda
Nuevo intento para encontrar a López


Por Adriana Meyer
Para buscar mejor a Jorge Julio López quieren vaciar un arroyo de las afueras de La Plata. “Hay que aislar el lugar y sacar toda el agua, si no vamos a estar rastreando al azar”, le dijo a Página/12 uno de los investigadores del caso del testigo desaparecido. Esta semana comenzó un operativo en la localidad de Ignacio Correas a partir de los dichos de un testigo de identidad reservada que habría escuchado a dos personas hablar sobre el cuerpo de López arrojado en un arroyo de la zona. A pesar de contar con un sofisticado aparato que proveyó el Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos, la búsqueda se fue haciendo interminable con el paso de los días.
Según comentó la fuente, en el lecho del arroyo El Pescado hay motores, restos de animales y objetos varios que aparecen en el “rastrillaje acuático” que están haciendo los buzos y la policía científica bonaerense, coordinados por el comisionado Carlos Prost. Unas 80 personas están trabajando en el arroyo y en sus alrededores, con el apoyo de un perro rastreador de cadáveres. Utily Scan es el nombre del equipo que el gobierno nacional adquirió especialmente para la búsqueda de personas desaparecidas, dijo a este diario uno de los investigadores. El aparato permitiría detectar restos humanos sin necesidad de realizar perforaciones.
El juez federal Arnaldo Corazza dispuso ahora que lo más conveniente sería intentar vaciar el arroyo para acelerar los tiempos. Así se lo sugirieron los peritos policiales y ya consultó a las autoridades políticas del Ministerio de Obras Públicas provincial para que algún ingeniero confirme la viabilidad de la idea. Le dijeron que trabajarían el fin de semana y que el lunes tendrían una respuesta. Mientras tanto, el lugar quedó con custodia diurna y nocturna hasta que se reanude el procedimiento.
El comisionado Prost –quien coordina a los policías bonaerenses, federales y a los agentes de la Secretaría de Inteligencia que intervienen en la investigación del caso López– fue quien aportó al nuevo testigo. En principio, a los funcionarios del juzgado y de la fiscalía que lo escucharon les pareció “creíble”.
El testigo habría aportado datos que vuelven a la pista policial y mencionó una “operatoria por encargo” como definición del secuestro de López. La declaración se produjo el martes por la mañana y ese mismo día a la tarde el juez ordenó el procedimiento en Ignacio Correas, una localidad ubicada a 17 kilómetros de La Plata.
Página/12 pudo saber que el testigo aún no dio los nombres de quienes habrían participado del secuestro. “Todavía falta la mitad de la película”, contó una fuente. No queda claro si esa otra parte fundamental aún no está en el expediente porque el juez decidió verificar la primera parte de los dichos antes de ordenar más medidas, o si el testigo fue reticente al momento de decir todo lo que sabe.


Multitudinaria marcha en Neuquen a un año del asesinato del docente Carlos Fuentealba
“Queremos ver a Sobisch en la cárcel”
Maestros, estudiantes y trabajadores de distintos sectores colmaron ayer las calles de la capital neuquina en reclamo de justicia. Todas las demandas apuntaron hacia la responsabilidad del ex gobernador Jorge Sobisch, que ordenó la represión.


“Esta marcha demuestra que no logró fusilarnos a todos ni llegó a escarmentarnos.”
Imagen: DyN
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La Ctera, en la marcha
“Nunca más represión”



Por Elio Brat
Desde Neuquén
Una multitud, que llegó a tener más de veinte cuadras compactas, marchó por las calles de Neuquén capital al cumplirse ayer un año del asesinato del maestro Carlos Alberto Fuentealba. En el acto central del país donde se recordó el hecho que conmovió a todos los argentinos en abril del 2007, el apellido más repudiado fue el del ex gobernador Jorge Sobisch, a quien la esposa del docente Fuentealba, Sandra Rodríguez, le dijo que “esta marcha demuestra que no logró fusilarnos a todos ni llegó a escarmentarnos. Y no pararemos hasta verlo en la cárcel”.
A las 11, la hora prevista por ATEN (Asociación de Trabajadores de la Educación de Neuquén), el gremio del que era delegado Fuentealba, una larguísima columna comenzó a moverse desde el centro mismo de la ciudad. Miles de docentes llegados de todo el país –en la Patagonia el paro educativo fue total y también pararon los profesores universitarios de la Conadu Histórica– marcharon junto a decenas de estudiantes, trabajadores judiciales y estatales y una gran columna de los obreros ceramistas de la ex fábrica Zanon, hoy Fasinpat (Fábrica Sin Patrones).
La marcha fue encabezada por Sandra Rodríguez, que ayer fue acompañada por sus padres, que llegaron desde Buenos Aires para también expresar su repudio. Los manifestantes gritaron su bronca frente a los tribunales de la provincia, donde el próximo 4 de junio comenzará el juicio al cabo José Darío Poblete, identificado por varios testigos como el que tiró el disparo de muerte a Fuentealba. También se pasó frente a la Casa de Gobierno de Neuquén, donde dos inmensos frisos realizados por la Cocapre (Comisión Carlos Presente) mostraban dibujos de figuras con las fotos de rostros como Darío Santillán, Teresa Rodríguez y el propio Carlos Fuentealba.
El acto final se desarrolló sobre la Ruta Nacional 22, el mismo camino donde fusilaron a Fuentealba hace doce meses, pero a 50 kilómetros de la capital, en el conocido cruce de Arroyito. Desde allí una muy emocionada Sandra Rodríguez volvió a reclamar “juicio y castigo a todos los responsables materiales y políticos del fusilamiento público de mi compañero Carlos”. Cuando la también docente de nivel primario en Neuquén dijo desde un improvisado escenario sobre un camión a lo largo de la ruta que “me duele que la Ctera no haya impulsado para hoy un paro nacional”, muchos de los docentes presentes expresaron su descontento chiflando a la conducción nacional de su gremio. Allí estaban maestros que llegaron con carteles de Suteba de Quilmes, La Plata, La Matanza, Brandsen y Bahía Blanca, entre otros lugares de Buenos Aires. Y también llegaron docentes de Córdoba, Santa Fe, Mendoza, Río Negro, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Chubut y de todo el interior neuquino.
Cuando se dirigió públicamente al ex gobernador Jorge Sobisch, en medio de gritos de “asesino, asesino”, Sandra Rodríguez dijo que “no hay perdón ni olvido. Solo cárcel para él, como para Poblete, Pascuarelli, Salazar, Soto (N de R: el ex secretario de Seguridad de Sobisch y los ex jefes de la policía provincial) y tantos otros responsables del asesinato de Carlos”.
Pero tampoco estuvieron ausentes en el discurso de la compañera de Fuentealba palabras directas para el actual gobernador neuquino, Jorge Augusto Sapag: “Está en sus manos diferenciarse. Garantizar, en uno de los casos más importantes de esta provincia y del país, el deber de hacer justicia, castigando a los culpables. De esa manera mostrarnos que no quiere gobernar de la misma forma que lo hizo el ex gobernador Sobisch. Si no, entenderemos su complicidad”, expresó en medio de aplausos.
Al momento de la desconcentración, varias militantes del conocido colectivo feminista La Revuelta, que en su gran mayoría son docentes neuquinas, repartían un volante donde se leía: “El Estado criminal y el gobierno del MPN te matan y después te dan asueto”, refiriéndose a la medida del gobernador Sapag, que licenció a los maestros neuquinos por lo que se recordó ayer. “No queremos su asueto cómplice e hipócrita: queremos justicia”, era el desafío.



"Dippy" Moore pasó por los tribunales federales de la ciudad
Detenido desde el jueves, ayer declaró en la justicia federal en el marco de la causa Feced. La justicia pretende que explique su participación en distintos hechos de privaciones de la libertad.

Moore con campera y una carpeta en sus manos, abandona tribunales en un móvil policial. Desde allí fue trasladado a la delegación local de la Policía Federal.


El represor Carlos "Dippy" Moore estuvo ayer en el edificio de los Tribunales Federales de Oroño al 900 en dos turnos, por la mañana y por la tarde, entre las 16.30 y las 20. Moore no pudo declarar por la mañana habida cuenta de una problema con su defensa, que fue resuelta pasado el mediodía. Moore conocido también como "Anteojito" tiene el legajo de Conadep 0877/4277 y está mencionado como represor en el Servicio de Informaciones que funcionó en la Jefatura de Policía de Rosario, en la esquina de San Lorenzo y Dorrego. La justicia pretende que explique su participación en distintos hechos de privaciones de la libertad, que tuvieron como víctimas a quienes pasaron por ese centro de detención.
La Policia Federal había detenido a Moore la tarde del jueves en la calle Mendoza al 3100, en pleno corazón de barrio Echesortu, con una orden que librada hace tiempo por el entonces juez federal Nº 4 Germán Sutter Schneider y reactualizada ahora por Marcelo Bailaque, actual titular del juzgado, a través de la secretaría Nº 1 a cargo del doctor López Quintana. Moore no opuso resistencia al momento del arresto y de inmediato fue alojado en la sede que la fuerza federal tiene en calle 9 de Julio casi Ayacucho.
El nombre de Moore está incluido entre los represores de la Causa Feced: Rubén el Ciego Lo Fiego; José Carlos "Archie" Scortecchini; Alberto Vitantonio; César "Pirincha" Peralta, y Telmo "Rommel" Ibarra quienes fueron beneficiados por las leyes de Obediencia Debida y Punto Final. Esto le permitió seguir en la fuerza policial hasta llegar a ocupar el cargo de Jefe de Seguridad Personal.
Cabe recordar que a finales de 2006 el entonces juez federal Germán Sutter Schneider, declaró en rebeldía y ordenó la captura de seis imputados en la megacausa Feced, que estaban prófugos desde hacía dos años, desde que se reabrió el expediente, el 7 de setiembre de 2004.
El magistrado había comunicado a la Policía Federal la orden de captura de los represores Carlos "Dippy" Moore, Carlos Ulpiano Altamirano, César "Pirincha" Peralta, Carlos Alberto Brunatto, José "Pollo" Baravalle y Graciela Porta, para que insistiera con su búsqueda dentro y fuera del país, ante la sospecha de que algunos de ellos podían estar en el exterior.
Vale recordar que el último detenido por violaciones a los derechos humanos en Rosario fue el ex agente civil del Destacamento de Inteligencia Militar 121, Walter Pagano, quien cayó el 28 de abril de 2006 en una iglesia del macrocentro, en bulevar Oroño y San Luis, a pocos metros de los Tribunales Federales de Oroño al 900. Un hecho inédito. Pero además, Pagano fue identificado por un policía que es hijo de Eduardo "Tucu" Constanzo, otro imputado en la investigación por los desaparecidos en la Quinta de Funes, uno de los centros clandestinos de detención que dependían del Segundo Cuerpo de Ejército.
Los ex comisarios Moore y Peralta estuvieron en actividad en la Policía de Rosario hasta diciembre de 1997, cuando el primer gobierno de Jorge Obeid los pasó a disponibilidad y después a retiro obligatorio en octubre de 1998, junto a otros cuatro de sus colegas: Lo Fiego, Scortechini, Alberto Julio Vitantonio y Telmo Alcides Ibarra.

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