lunes, 7 de abril de 2008

Abogados de derechos humanos analizan las propuestas del Gobierno
Para acelerar las causas

Los cinco proyectos de ley del oficialismo para terminar con la impunidad y “dar celeridad a los juicios” que investigan delitos de lesa humanidad cosecharon aprobación y también críticas entre los abogados querellantes.


“Sigue siendo imperiosa la necesidad de racionalizar los casos abiertos”, opinó Varsky, del CELS.
Imagen: Télam
Subnotas
Recompensas y prófugos
Los jueces subrogantes
Apelaciones y elevaciones
La nueva Casación

Por Diego Martínez
El Gobierno presentó en Diputados cinco proyectos de ley con el objetivo de “dar celeridad a los juicios” que investigan delitos de lesa humanidad y “derribar el muro de impunidad”, según explicó el secretario Legal y Técnico, Carlos Zannini. Se trata de medidas que afectarán a todos los procesos penales, no sólo los relacionados con el terrorismo de Estado: la creación de una nueva Cámara de Casación Penal que descomprima de trabajo a la existente, de una unidad especial para buscar prófugos con un fondo de recompensas, la regulación del sistema de subrogancias en tribunales orales para que los lugares vacantes no demoren los juicios y reformas al Código Procesal Penal de la Nación para acelerar las apelaciones y evitar que argucias de las defensas posterguen la elevación de las causas. Antes de que el Congreso trate las propuestas, Página/12 consultó a abogados querellantes para conocer sus opiniones y recogió aprobación, pero también críticas y sugerencias (ver aparte las observaciones sobre cada uno de los proyectos oficiales).
Luciano Hazán, de Abuelas de Plaza de Mayo, consideró que “van a permitir que los procesos lleguen a juicio antes y no se traben en tribunales con agendas congestionadas”, pero “la manera de tener una Justicia eficiente, capaz de garantizar los derechos de las partes y perseguir el delito, es reformar estructuralmente el sistema, oralizándolo por completo y dando las investigaciones a los fiscales. Se trata de una larguísima deuda de la democracia”. La frustrada reforma integral del Código Procesal Penal de la Nación subyace a varios de los comentarios. En septiembre el entonces ministro de Justicia, Alberto Iribarne, anunció un anteproyecto diseñado por expertos, que fue archivado ante la cerrada oposición de la corporación judicial.
Rodolfo Yanzón, de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, destacó que “para agilizar procesos se debería hacer hincapié en su oralidad y destrabar la etapa escrita, la instrucción, donde sufrimos una demora indebida por recursos y planteos de las defensas. Se podría tomar como ejemplo el sistema alemán: los fiscales investigan sin límite de tiempo y cuando terminan presentan el caso en tribunales, que trabajan esencialmente con el proceso oral”. Yanzón cuestionó los “proyectos parche: no se puede legislar pensando en una problemática de casos. Si quieren modificar estos juicios, lo mejor es que la Corte Suprema imparta órdenes para descomprimir los tribunales orales; que las causas se organicen por centro clandestino o circuito y se unifiquen en la medida de lo posible”.
También Carolina Varsky, del Centro de Estudios Legales y Sociales, afirmó que “estas reformas deben ser complementadas por otras medidas específicas, que deben ser dictadas mediante decisiones de superintendencia e involucran especialmente a los jueces. Sigue siendo imperiosa la necesidad de racionalizar los casos abiertos, que los jueces busquen identificar la mejor forma de organizar y acumular casos para no someter a víctimas y testigos a declarar infinidad de veces”.
Ana Oberlin, de H.I.J.O.S. Rosario, destacó como positivo que los proyectos “toman propuestas de organismos y tienden a minimizar maniobras dilatorias de las defensas, que juegan a que sus clientes mueran impunes”. Advirtió que “las leyes pueden promover prácticas diferentes, pero mientras no se modifique la cultura judicial no habrá garantía de justicia”. Y destacó “el riesgo de que parches parciales descalabren el sistema procesal, que debe ser coherente”.
La más crítica fue Myriam Bregman, de Justicia Ya! Los proyectos “no dicen cómo se va a evitar que la carga de la prueba siga estando en las víctimas del terrorismo de Estado; para que no sigan declarando contra genocidas en libertad, algunos en funciones, otros al mando de agencias de seguridad; para que no se desguacen más las causas; para que de una vez por todas haya que dejar de probar caso por caso y se comience a juzgar por lo que realmente se cometió: un genocidio, en el que todos fueron responsables por todos los compañeros”.


Recompensas y prófugos

El proyecto del Gobierno propone crear un fondo de recompensas para quienes aporten información “determinante” sobre el paradero de acusados “en causas penales por violación a los derechos humanos” con orden de captura y una unidad encargada de recabar información, coordinar estrategias con fiscales y proteger a quienes aporten datos. La autoridad de aplicación sería el Ministerio de Justicia.
Oberlin, de Rosario, el distrito con más prófugos del país (10), consideró que “la recompensa no es buena o mala a priori, aunque la realidad muestra que no da resultados. Lo esencial es que complemente a un sistema de investigación eficiente, que incluya escuchas, cruce de llamadas, intercepción de mails y otras medidas que la Justicia puede utilizar para encontrar a quienes intentan burlarla, y no que se ofrezca para suplir lo que no se hace”. Ramos Padilla la consideró una medida “acertada” y sugirió que la unidad “debería buscar también por orden judicial a los 500 niños robados durante la dictadura, ya que a nivel judicial no hay investigaciones serias, pese a que siguen siendo víctimas de un delito y la Justicia tiene el deber de reestablecerles sus derechos”.
Orosz y Fresneda acordaron con la medida siempre “que no existan ventajas procesales ni disminuciones de pena para quienes proporcionen la información”. Yanzón también se opuso “a cualquier intento de negociar penas a cambio de información”, consideró que “deberían realizarse medidas previas, como rastrear patrimonios, ver su situación de revista o si perciben haberes del Estado”, y lamentó que “deberían realizarlas aquellos que seguramente les dan cobertura”.
Bregman rechazó la utilidad de las recompensas. “Nada se logró en el caso de nuestro compañero Jorge Julio López. El dinero no rompe un pacto de impunidad tan profundo. Si no se encuentra a los prófugos es porque hay complicidades en las fuerzas de seguridad. ¿Cómo puede ser que periodistas o las propias víctimas hayan ubicado a más genocidas que el Estado?”



Los jueces subrogantes

El proyecto establece que en caso de generarse vacantes en un Tribunal Oral Federal serán ocupadas por jueces de tribunales orales de la misma jurisdicción, de la Cámara Federal local o de tribunales orales de la jurisdicción más próxima, en ese orden. Claudio Orosz y Martín Fresneda (H.I.J.O.S. Córdoba) celebraron que “terminará con las maniobras dilatorias y a veces cómplices por las inhibiciones y excusaciones”. Alejo Ramos Padilla, que patrocina a Chicha Mariani, de Abuelas, y a la familia de Jacobo Timerman, se manifestó de acuerdo: “La práctica de subrogantes permite eludir controles constitucionales y la evaluación sobre el compromiso con la democracia y los derechos humanos”, carencia por la cual “personajes ligados con la dictadura pueden resultar sorteados para investigar casos de terrorismo de Estado sin ningún control”.



Apelaciones y elevaciones

Uno de los proyectos oficiales propone que el trámite de apelar resoluciones pase a ser oral, que los camaristas deliberen y resuelvan en la misma audiencia y sólo en casos complejos dispongan de cinco días, y crea una Oficina Judicial para organizar las audiencias. Orosz y Fresneda sostuvieron que los plazos perentorios “deberían ser fatales y no ordenatorios, de modo que su incumplimiento genere responsabilidad para magistrados y funcionarios”.
Otro proyecto establece que los recursos presentados por las partes “en ningún caso impidan la elevación” de causas a juicio oral. Varsky aclaró que ese agregado incorporaría a la legislación algo que ya ocurre por vía jurisprudencial. “La Cámara Federal ha dicho que no obsta a que la instrucción quede clausurada que subsista alguna vía de impugnación, pero los jueces hacen caso omiso.” Yanzón coincidió: “Si los procesos se demoran por los recursos no es por falta de normas, sino por decisión de algunos jueces que los usan como excusa. Si el código estableciera que todo recurso será resuelto al momento de dictarse sentencia quisiera ver quién los sigue presentando”. Oberlin destacó que algunos jueces “hacen lugar a planteos improcedentes, a veces de-sopilantes, que deberían rechazar in limine. Lo hacen para mostrarse cuidadosos de las garantías de un juicio justo, pero olvidan que debe ser justo para ambas partes y permiten dilaciones inaceptables. Por eso es imprescindible trabajar fuerte sobre las prácticas judiciales, que suelen ser mucho más lesivas que la legislación”.




La nueva Casación

El proyecto propone crear una Cámara Nacional de Casación de la Capital Federal, con un presidente y tres salas de tres jueces que el Consejo de la Magistratura debería seleccionar. Apunta a reducir la cantidad de expedientes que absorbe la cámara actual, que pasaría a ocuparse sólo de casos de competencia federal. Casación duplicó sus causas a partir del fallo Casal (20/9/05), en el cual la Corte estableció su deber de controlar cuestiones de derecho, además de hechos y pruebas. Las causas por delitos de lesa humanidad seguirán en el tribunal original.
Para Yanzón, “el desdoblamiento propiciará cámaras que realmente reexaminen las cuestiones debatidas en los juicios orales”. Bregman cuestionó que se presente como “política antiembudo” un sistema que funciona en las provincias y ejemplificó con Buenos Aires, en donde “la creación de una cámara similar lejos estuvo de garantizar derechos humanos: las cárceles son desastrosas, con presos sin condena, técnicamente inocentes, en condiciones inhumanas. Tememos que lo que se acelere sea la criminalización de la pobreza y la protesta”. La abogada lamentó que “las causas contra genocidas seguirán en la Cámara actual” y concluyó que “una elemental medida democrática sería la exoneración de todos los funcionarios judiciales que provienen de la dictadura, su investigación y castigo”. También Yanzón enfatizó las “tareas pendientes del Consejo de la Magistratura: acusar, juzgar y remover a los jueces que obstruyen, demoran y benefician indebidamente a los imputados”, entre otras.

Niño Wichi desnutrido es internado en Salta
(AW) Mientras ricos y poderosos pelean por la suculenta “torta” de la soja, una parte del nuestro pueblo sufre las consecuencias de una política que sólo atiende los intereses de los que mucho tienen. Hace 5 días se encuentra internado en Salta, con un cuadro de desnutrición el niño wichi, Mariano Moreno, de 1 año y 4 meses. Nadie o casi nadie ve ni discute las verdaderas implicancias de la política sojera, los desmontes y su consecuente impacto ambiental que dejó a miles de personas sin medio de subsistencia.


Por Alejandro Ahuerma
Salta, 7 de abril de 2008 (Copenoa) Desde hace 5 días se encuentra en el viejo Hospital de niños de la ciudad de Salta, el niño Mariano Moreno, de 1 añito y 4 meses, de la comunidad Wichí de Quebrachal II de Ballivián, luego de ser trasladado desde la ciudad de Tartagal donde ingresó con un canal de desnutrición 4,(ahora se encuentra en canal 3)

El niño wichí se encuentra con sus padres quienes no tuvieron ni tienen ayuda de nadie, y menos del Estado Provincial, que además hizo lugar a una denuncia radicada en el juzgado formal 1º de Tartagal donde alguien le puso una denuncia a su madre Teresa Olmos por abandono de persona según lo expresado por la custodia, una agente de la policía provincial que no sabe bien porqué está ahí, solo que se debe a esa denuncia.

Los padres solicitan que los ayuden, pues bien se sabe que si hay algo peor que ser extranjero en su propia tierra, es la maldición de haber nacido aborigen y pobre en esta argentina donde acabamos de ver la obscena pelea de ricos contra poderosos por las retenciones de la soja, y donde nadie o casi nadie ve ni discute las verdaderas consecuencias de los desmontes y el abandono de persona que el propio estado hace con nuestras comunidades indígenas, a los que no basta con haberlos masacrado y explotado durante 500 años, sino que a los pocos sobrevivientes se los ha condenado desde hace años al olvido, un estado ausente también es culpable de este etnicidio al que estamos asistiendo de brazos cruzados mientras peleamos por la parte de la torta que deja la soja. y la parte de la torta en el mismo IPPIS (Inst. Prov. de Pueblos Indígenas de Salta) donde de Salta donde en este momento se están peleando cargos, sin mirar que sus pueblos se extinguen entre la desnutrición y el olvido. Rogamos a las personas sensibles difundir esta información y llamar a conocidos y amigos que tengan poder de decisión en el gobierno o la oposición o en los denominados Organismos de DDHH (el tel. del pueblo como me dijo una vez, la Secretaria de DDHH de la provincia María Pace no sabe no contesta) esto es una Urgencia, el padre Favián Moreno, pide asistencia urgente y que se revise la denuncia por la cual le pusieron vigilancia policial a la mujer que además de tener que cargar con el peso de ser India y pobre, tiene que estar a cargo de su hijo desnutrido bajo sospecha de abandono.

Impenetrable: "La situación es peor que antes", dice el Centro Mandela
(AW) Un estudio realizado por el Centro de Estudios Nelson Mandela informa que en las comunidades indígenas del Impenetrable, "persiste la pobreza extrema y el hambre continuo". Reproducimos a continuación el informe.

Nación TOBA / QOM
Interfluvio [Teuco / Bermejito]


Persiste la pobreza extrema y el hambre continuo, antiguo, de muchas décadas, que llamamos hambre seco, que diagnosticamos durante el año 2007. Ahora se agregó el hambre mojado, que directamente se vincula con las inundaciones que se produjeron en la región conocida como el Interfluvio producto de las intensas lluvias y el notable aumento del caudal de los Ríos Bermejito y Teuco.

Quedan comprendidas 160.000 hectáreas donde se ubican 28 comunidades indígenas y 4 mixtas [aborígenes, criollos y gringos], con aproximadamente 25.000 habitantes comprometidos por la emergencia, que sobreviven en distintos parajes existentes en torno a Villa Río Bermejito, El Espinillo y los parajes existentes en la región, hasta Manantiales y el Mojo. Todas estas comunidades están inundadas a la fecha y sin asistencia alimentaria y sanitaria específica.

En los meses de enero a marzo no se articuló la necesaria intervención de la Nación y de la nueva gestión gubernamental que administra los destinos del Chaco, por lo que no se logró eficacia ni efectividad para afrontar el combate que debe darse, y que aún está pendiente, contra el hambre prolongado y la desnutrición de las distintas comunidades indígenas del Interfluvio Teuco Bermejito.

Se planeó una organización paraestatal [FundaQom], visibilizada mediáticamente como Paicha o Hambre Cero, utilizándose recursos y medios de diversos ministerios [desarrollo social, salud pública y el área gobernación], pensada para una asistencia operativa rápida en todos los territorios indígenas de la provincia. La acción de esta Fundación ha sido marcadamente parcial y de escasa calidad institucional y operativa. No logró obtener los resultados que inicialmente se había planteado; los pretextos fueron vanos, y las consecuencias fueron absorbidas por las comunidades indígenas y los criollos pobres del El Impenetrable.

A los cuatro meses de existencia desde que fuera creada, esta Fundación se ha reducido a operar en un solo lugar [Nueva Pompeya], con magros resultados, en lo que se refiere a la asistencia alimentaria con agua y sanitaria que ordenara la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Luego, se dedicó a asistir, de manera desordenada e insuficiente, a los sectores afectados por las inundaciones. No se contempló la participación de las comunidades indígenas, de manera que se desplegaron acciones totalmente inconsultas, muchas veces inapropiadas y equivocadas en casi todas las situaciones de emergencia. A la fecha son muchos los cuestionamientos que se han acumulado contra el modelo de gestión de la Fundación, fundamentalmente en la figura del periodista Manuel Bordón.

El desempeño de esta organización se caracteriza por un despliegue costoso en insumos, viáticos y recursos humanos, medios de movilidad y otros gastos poco razonables y hasta innecesarios. Los resultados logrados son menos que modestos; son absolutamente insignificantes ante la magnitud del escenario de pobreza generalizada y hambre continuo que rodea a las comunidades indígenas.

En definitiva, todavía no comenzaron a ejecutarse políticas de estado con intervención de los ministerios que debieron planificar e instrumentar las acciones de asistencia alimentaria y sanitaria, lo cual no resulta comprensible dado que la situación era conocida de antemano por el sistema público de bioestadística y en el terreno político.

En otras palabras, se puede sintetizar el escenario señalándose que hasta el día de hoy el Estado no ha instrumentado acciones destinadas a suministrar agua suficiente y segura para consumo humano, comunicaciones para acceder por vía terrestre o fluvial a los parajes, asistencia alimentaria, atención sanitaria a conforme a las pautas cautelares establecidas por la Corte Suprema.


Villa Río Bermejito/Espinillo/Manantiales, hasta el Mojo
[diciembre/marzo]

Ningunas de las comunidades asentadas en el Interfluvio Teuco Bermejito fueron atendidas por el operativo Paicha o Hambre Cero. Ninguno de los entes ministeriales han desarrollado planes para atender las poblaciones que viven en El Impenetrable. Es más, en la mayoría de los casos el Estado está ausente.

La Nación desplegó en este terreno recursos humanos, insumos y alimentos sin la mínima coordinación con la Provincia. Accionaron separadamente, generándose confusión en el marco de un marcado desorden operativo. Las comunidades indígenas están desorientadas. A veces se producen conflictos laterales entre las mismas comunidades producto de que la asistencia que se les brinda es despareja y discontinua. El IDACH sostiene que nunca fueron consultados. Todas las comunidades exigen coordinación y un mejor funcionamiento de las estructuras estatales.

En la actualidad no se brinda asistencia alimentaria a estas poblaciones. Se tiene entendido que la próxima semana Nación procedería a asistir a las familias censadas en la zona roja. Todo se agravó como consecuencia de que hace 60 días las inclemencias climáticas producen anega-miento por lluvia y por el desborde de los ríos Teuco y Bermejito en la mayoría de los parajes.

No existe acceso por vía terrestre. Se produjo la rotura del puente de La Sirena por paso de camiones con acoplados transportando ilegalmente rollizos del Interfluvio. No se preservan los caminos alternativos, ni de los otros puentes. No se formó un equipo de agentes viales solicitado por las comunidades para que los propios indígenas cuidaran los caminos y los puentes, evitando –de ese modo- la salida clandestina de postes de madera dura de la zona.

Los pocos animales caprinos, porcinos, ovinos y bovinos de las comunidades sucumben o so-breviven sin pastura en los espacios altos del Interfluvio. No se implementó el auxilio para los traslados de las familias y de sus pocas pertenencias.

No se han proporcionado botes, canoas o chalanas para entrar y salir de los parajes donde so-breviven familias enteras autoevacuadas, rodeadas por aguas del Teuco o de Bermejito.

El único helicóptero del ejército que opera con base en Laguna Yema, Formosa, no da abasto dado que debe cubrir una basta región.

El sistema de radio policial y sanitaria no cumple eficientemente su cometido. Faltan operadores bilingües en la Zona Sanitaria VI [dos wichi, dos qom, dos criollos y dos para reemplazo por enfermedad o licencia], para que pueda funcionar la red de comunicación sanitaria. Los agentes sanitarios no tienen medios de movilidad apropiados para la zona.

Los nuevos agentes bilingües, interpretadores y facilitadotes, han sido seleccionados por las comunidades, validados por el IDACH. Son 240 varones y mujeres para cubrir 120 Puestos Sanitarios B, en todo el Impenetrable. Inexplicablemente no se inicia la capacitación de los mismos, a pesar que son indispensables.

La Nación, por vía de funcionarios del Ministerio de Salud, aún no cae en la cuenta de incrementar el número y el monto de las becas del programa Anahí. Solo trabajan14 agentes Anahí en El Impenetrable, para un total de 240 que se necesitan. Tampoco toman decisiones precisas para con los equipos interdisciplinarios de pueblos originarios. No proveen de medios de movilidad ni vivienda, sometiéndolos a condiciones infrahumanas. Mientras tanto, la provincia aún no ha montado la infraestructura para contener en el sistema de salud a profesionales de alto rendimiento, superiores a los conocidos como médicos comunitarios.

Los equipos de médicos comunitarios que actúan a través de los Centros de Integración Comunitaria [CIC] y los técnicos de las disciplinas que integran los de Pueblos Originarios, son importantes para modificar la realidad sanitaria, ambiental, nutricional y organizacional de las comunidades indígenas del Interfluvio Qom como Wichi. Sin embargo, no cuentan con los medios adecuados para mejorar los resultados; sufren una suerte de abandono.

El chagas y la tuberculosis siguen reinando en todo El Impenetrable. El déficit crónico y actual de recurso humano para erradicar estos flagelos se profundiza al no existir decisiones presupuestarias en los ministerios de salud de la Nación y del Chaco para y contratar radicar equipos de profesionales interdisciplinarios en todo El Impenetrable. Este grave déficit quedará en evidencia con la llegada del invierno de 2008, que se pronostica como muy severo, lo cual puede repetir la serie de muertes del año anterior.

Nación WICHI
El Impenetrable wichí, desde Nueva Pompeya, Wichi, Sauzal, Sauzalito, Viscacheral, Tres Pozos, Fortín Belgrano, Comandancia Frías, Fuerte Esperanza y Miraflores, conformado por numerosos parajes con comunidades indígenas, no goza de una apropiada asistencia de los gobiernos de la Nación y de la provincia.

Las comunidades wichi han iniciado un proceso asambleario y en poco tiempo presentarán ante las autoridades las conclusiones de sus deliberaciones. Reclaman ser incluidas en la resolución que dictara la Corte Suprema de Justicia. Piden vivienda digna, alimentación y agua potable, comunicación terrestre y por vía radial, asistencia sanitaria, desarrollo cooperativo para trabajo genuino y educacional.

No tienen apoyo nutricional apropiado, ni elementos para cubrir sus ranchos o generar estanques para defender sus viviendas de las gravísimas inclemencias climáticas que padecen en la actualidad. Falta gasoil para los consorcios camineros de la zona, alambres y plásticos.

Tanto en Sauzalito como en otros lugares, las comunidades reclaman sistemáticamente para que se les entregue alimentos y herramientas para afrontar las inundaciones. La temporada seca de la región comenzará en mayo y se prolongará hasta noviembre.


Nación MOCOVI
Las comunidades mocovíes que habitan el sudoeste chaqueño tampoco tienen asistencia apropiada de agua potable y segura para consumo humano, asistencia alimentaria, sanitaria y comunicacional por parte de la provincia y de la Nación. Asambleas indígenas mocovíes solicitarán la asistencia pendiente. Pedirán atención integral para todas las comunidades, que son las más afectadas por el impacto sojero en su territorio original. Son las más olvidadas o abandonadas de las tres etnias que habitan en el Chaco. Sobreviven en condiciones de alta vulnerabilidad social

Lo pendiente y lo que se debe hacer
Asistencia sanitaria intercultural
Es indispensable que en forma inmediata se construyan los Puestos Sanitarios B en todo el territorio de El Impenetrable, teniéndose en cuenta el modelo contemplado para los centros de integración comunitarios del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación.

Es imperiosa la necesidad que se entable una fluida coordinación entre la Provincia, la Nación y el IDACH, para determinar el proyecto médico arquitectónico, equipamiento y movilidad que corresponda a cada uno de los Puestos Sanitarios, incluido la inmediata captación y capacitación de recursos humanos interdisciplinarios en medicina tradicional e intercultural, respetándose género y étnias.

Es indispensable la puesta en marcha de planes de acción para la erradicación del chagas y la tuberculosis, dos enfermedades endémicas que están fuera de control y que reinan libremente en la región.

Asistencia alimentaria
Se debe revisar, replantear y corregir la actual política de asistencia alimentaria implementada a través del Programa Paicha o Hambre Cero y el Ministerio de Desarrollo Social. Hasta ahora, las acciones desplegadas se caracterizan por sus ineficiencias, inoperancias, imprevisiones y discriminaciones, tanto en territorio wichi como qom, siendo prácticamente inexistente la asistencia en territorio mocoví.

Deberán iniciarse de inmediato emprendimientos productivos agrícolas y ganaderos para la provisión de alimentos naturales y libres de agroquímicos.

No avanzan las contrataciones de agentes bilingües para sostener servicios de agua potable y segura para el consumo humano, para consumo animal y riego para la agricultura y electrifica-ción rural en el Interfluvio y en otras regiones de El Impenetrable.

Asistencia comunicacional
Los caminos y puentes de la zona adolecen de total falta de mantenimiento y conservación, con escasas maquinarias y combustibles insuficientes para la reparación de accesos secundarios y terciarios de ambos interfluvios. No se produjeron los nombramientos de los agentes viales bilingües en los consorcios camineros, ni en empresas del estado que entiendan en la temática.

No se ha provisto de camionetas, camiones, lanchas, canoas, bicicletas, motos, caballos para facilitar la comunicación por vías terrestre y pluvial entre las comunidades que habitan la región.

El sistema de radio policial y sanitaria no está activo. Requiere reparaciones y equipamientos nuevos. No se han nominado los operadores bilingües que estas comunicaciones requieren para la asistencia familiar, hospitalaria y productiva de la zona.

Salud indígena
En el Chaco operan funcionarios y agentes del Ministerio de Salud de la Nación; habitualmente son muchos, que actúan no muy ordenadamente y que responden a distintas áreas y dependencias de este organismo nacional. Lo llamativo es que nadie trabaja en el Chaco como perteneciendo a la Dirección de Salud Indígena de la Nación. Lo que ocurre es que ha sido vaciada, vaya a saber por qué razones. En definitiva, no existe ni está en marcha una política de salud indígena en nuestro territorio. No existe medicina para los pueblos originarios. Así las cosas en la Argentina y en el Chaco.

En definitiva, debe planificarse y ejecutarse una política de salud indígena integral, compatible con las diversidades étnicas, para lo cual se debe fortalecer las direcciones de salud indígena de la nación y de la provincia; de lo contrario, seguiremos fracasando como hasta ahora.

Reclaman por Ivan Torres, desaparecido en una comisaria en 2003
Un agujero negro en Chubut

María Millacura, la madre de Iván, se instaló con un colchón frente a la comisaría 1ª de Comodoro Rivadavia, de donde desapareció su hijo en octubre de 2003. El caso está trabado en la Corte Interamericana. Varios testigos fueron asesinados o amenazados.


Iván Eladio Torres desapareció después de recibir una golpiza.
Imagen: Gentileza Crónica de Comodoro Rivadavia
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El caballo del comisario



María Millacura, la madre del joven desaparecido Iván Torres, se instaló con un colchón en la puerta de la comisaría primera de Comodoro Rivadavia. “Acá me quedo hasta que me devuelvan a mi hijo con vida, como se lo llevaron”, dice. La semana pasada viajaron a esa ciudad para apoyar su reclamo las Madres de Plaza de Mayo Nora Cortiñas y Mirta Baravalle (ver aparte). El caso, que ya cuenta con dos testigos muertos, sigue trabado en los organismos internacionales de la OEA (Organización de Estados Americanos). La Corte Inte- ramericana de Derechos Humanos volvió a requerir al Estado argentino que adopte las medidas necesarias para proteger la vida e integridad física de las personas que aún están con vida, pero no se expide sobre la cuestión de fondo hasta que no lo haga la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
“Necesito traerme una cocina a leña”, le anunció María Millacura al ministro de Gobierno de Chubut, Máximo Pérez Catán. “No se preocupe, le arreglamos el baño y la cocina de la comisaría”, le contestó el funcionario. El breve diálogo, ocurrido el viernes 28, incluyó el persistente reclamo de la mujer por su hijo, y ninguna respuesta en tal sentido por parte del ministro. “Es todo absurdo, le dicen que le van a dar eso para que termine siendo parte del paisaje, para naturalizar la gravedad de su demanda”, se quejó su abogada, Verónica Heredia, en diálogo con Página/12 desde Comodoro Rivadavia. En presencia de Pérez Catán, María y la abogada marcaron el número telefónico del juzgado federal difundido en los afiches del Ministerio de Interior que ofrecen una recompensa de 100 mil pesos a cambio de información sobre el joven desaparecido. “Escuche ministro, no responde nadie”, le dijeron mientras le pasaban el teléfono.
Desde el 2 de octubre de 2003, familiares y amigos de Iván Eladio Torres denuncian que desapareció de la comisaría primera de Comodoro Rivadavia. En enero de 2004, María Millacura Llaipen se instaló allí por tres meses reclamando que le devuelvan a su hijo. El 17 de enero de 2005 apareció muerto David Hayes en la alcaidía de Comodoro Rivadavia. Una semana antes le había escrito una carta a María donde denunciaba haber visto cómo le pegaban a Iván entre varios policías en el patio de la comisaría primera y le decía que temía por su propia vida. En octubre de 2005, la Comisión Inte-ramericana de Derechos Humanos admitió la denuncia realizada dos años antes por la desaparición forzada de Iván. En julio de 2006, la Corte Interamericana de Derechos Humanos dictó medidas provisionales a favor de veinte personas –amigos, familiares y abogadas– que requerían que el Estado proteja sus vidas y su integridad física.
Aún en vigencia de esa resolución, un año después María Millacura se enteró de que Walter Mansilla, uno de los testigos protegidos por la Corte Interamericana, estaba muerto. El 6 de febrero la Corte volvió a requerir al Estado que adopte medidas a fin de proteger a las personas involucradas en el caso que aún están vivas. Pero rechazó el pedido de ampliación de la protección a favor de Iván por considerar que es una cuestión de fondo que permanece sin resolver ante la Comisión Interamericana. Ese organismo finalizó la primera semana de marzo una nueva sesión sin dictar el informe de fondo que le solicitan desde 2005. Así planteada, la situación parece destinada a quedar encerrada en un laberinto sin salida.
El 6 de julio pasado, en la audiencia con la Corte Interamericana, hubo un acuerdo entre ese organismo, el Estado argentino y la demandante y un plan de trabajo que incluía reuniones mensuales. “Ya desde 2005, en la Corte tenían las medidas cautelares de la Comisión pero el Estado argentino no las cumple. La Comisión es veedora de esos acuerdos con el Estado, pero el Estado no dice nada y la Comisión sigue callada. Es como una trampa”, resumió Heredia. En aquella audiencia, Millacura pidió a los jueces que protegieran a su hijo y le respondieron que no pueden porque la denuncia no sale de la Comisión. “La preocupación está ahí desde 2003, pero la cuestión de fondo no llega aún a la Corte porque la Comisión no impulsa esa denuncia por desaparición forzada”, aclaró Heredia. ¿Cuál es la razón de esta inacción?, quiso saber este diario. “Suponemos que es una cuestión política, que en época de democracia no prospere una denuncia por desaparición forzada”, fue su respuesta. ¿Y hasta dónde llega el poder de la Corte Interamericana? “Las decisiones de la Corte son obligatorias para los Estados. La Cancillería se debería poner en contacto con nosotras, al igual que el Ministerio del Interior, pero ni nos hablan”, se lamentó la letrada.
La semana pasada, María Millacura avisó a la Comisión Interamericana y a otros organismos nacionales y provinciales que volvía a instalarse en la comisaría de Comodoro Rivadavia.



La coalicion del oficialismo uruguayo hara campaña por anular la Ley de Caducidad
Desafía el Frente a Tabaré por la amnistía
Las bases del Frente Amplio resolvieron sumarse a la campaña para juntar firmas y anular la normativa que perdona a militares represores en Uruguay. El presidente se opone y hay quienes aseguraron que con esto se evidenciaron las “fricciones” en el FA.


El presidente Tabaré Vázquez se comprometió a sostener la Ley de Caducidad, que impide que se juzgue a los militares.




Las bases y sectores de izquierda del gobernante Frente Amplio (FA) cuestionaron al presidente uruguayo Tabaré Vázquez. Aunque el mandatario prometió respetar durante su mandato la Ley de Caducidad, la coalición oficialista resolvió el sábado por la noche participar de la campaña para anular dicha normativa, que perdonó a militares represores de la dictadura uruguaya. Hasta ahora la Coordinadora contra la Ley de Caducidad reunió 60.000 firmas, pero se necesitarían unas 300.000 para forzar el plebiscito. “Es muy importante porque se lanza la recolección de firmas”, dijo ayer a Página/12 Rafael Michelini, un senador del oficialista Nuevo Espacio, que apoya la campaña. Sin embargo, otros sectores del frente vieron en la resolución del fin de semana un síntoma de las fricciones internas. “Hay diferencias. A veces algunos se guían por un microclima de odio a los milicos y se olvidan lo que acordaron”, reconoció a este diario Lucía Topolansky, senadora del Movimiento de Participación Popular. La presión de los minoritarios sectores de izquierda y la significativa militancia de base se hizo sentir este fin de semana, luego de que impusieran con 81 votos a favor, nueve en contra y 53 abstenciones, la decisión de sumar la coalición oficialista a la campaña contra la Ley de Caducidad. En la resolución primó la postura sostenida por el Partido Comunista Uruguayo, el Nuevo Espacio, el Partido por la Victoria del Pueblo, el Partido Obrero Revolucionario, el Movimiento 20 de Mayo, la Corriente de Izquierda y el Partido Socialista de Trabajadores (PST). En cambio, paradójicamente quedaron en minoría los sectores electoralmente mayoritarios dentro de la coalición, como el MPP del ex tupamaro José Mujica, el Partido Socialista (PS) de Vázquez, la Asamblea Uruguay del ministro de Economía Danilo Astori, la Vertiente Artiguista y la Alianza Progresista. La razón fue que los delegados de base del PS y el MPP votaron en contra de sus direcciones partidarias y a favor de participar en la campaña por la anulación de la Ley de Caducidad.
Pese al apoyo resuelto a favor de la campaña, el PST cree que el Frente cada vez se aleja más de sus bases. “Quieren decir que no a la anulación de la ley, pero no se atreven. Tabaré quería cerrar el tema. Las fuerzas que dirigen el gobierno ya no necesitan de las instancias orgánicas porque definen todo desde arriba. Se está produciendo una ruptura”, dijo a Página/12 el dirigente Aldo Gilli. Al igual que otros grupos radicales minoritarios, el PST está analizando los próximos pasos que va a dar tras la reciente retirada del movimiento 26 de Marzo del FA.
Las fricciones no son nuevas. En el último congreso del Frente –máximo órgano de conducción política de la coalición– ya se había decidido el 16 de diciembre pasado adherir a la campaña por la anulación de la amnistía. Sin embargo, varios dirigentes recordaron en el reciente plenario que Vázquez se comprometió a sostener la Ley de Caducidad. Según delegados que estuvieron presentes, algunos argumentaron que el gobierno avanzó con los derechos humanos y que era hora de “perdonar”.



una funcionaria salteña amenazada por sacar fotos de represores
“Deje de investigar lo que ya pasó”
Tania Kiriaco fotografió los retratos de ex jefes policiales de la dictadura y recibió intimidaciones de las autoridades actuales.
Martina Noailles
07.04.2008

Tania Kiriaco. Fue “congelada” y recibe intimidaciones.
“Los derechos humanos se deberían abocar a los temas actuales. Deje de investigar lo que ya pasó.” La “sugerencia” del jefe de la Policía de Salta, comisario Gerardo González, a Tania Kiriaco tuvo otras consecuencias. Desde hace dos semanas, esta abogada querellante en causas por delitos de lesa humanidad y asesora de la Secretaría de Derechos Humanos no tiene tareas asignadas ni le otorgan el pase que pidió a la Cámara de Diputados provincial.La recomendación del comisario González ocurrió el 17 de marzo, cuando la abogada visitó el departamento central de la Policía provincial para fotografiar los cuadros que decoran la institución. Las imágenes que tomó Kiriaco con su celular personal muestran los rostros serios y engominados de los jefes de la Policía salteña que actuaron durante la última dictadura, alineados y colgados en una de las paredes del edificio. Antes de sacar las fotos, la abogada pidió autorización al personal de la jefatura. González la convocó a su despacho y la autorizó a tomar las imágenes, previa “sugerencia” para que abandone las investigaciones. Después de la intimidación de González, Kiriaco volvió a su casa, donde a las 3 de la madrugada sonó el portero eléctrico. “Policía de la provincia”, dijo una voz de hombre que no volvió a responder cuando la abogada quiso saber por qué la requerían a esa hora. Después de ese episodio, las fotos de la jefatura de Policía fueron descolgadas. Quienes visiten la institución ya no podrán ver las caras de Víctor Mendía ni de Juan Carlos Grande. Tampoco de Miguel Gentile, el ex teniente coronel, jefe de esa fuerza que actualmente se encuentra procesado y detenido por su responsabilidad en la Masacre de Palomitas, en la que el 6 de julio de 1976 fueron asesinados doce presos políticos.Ese 17 de marzo, una hora y media después del episodio con el comisario, María Pacce, la secretaria de Derechos Humanos de Salta y en los hechos, su jefa, llamó a Kiriaco a su celular para interrogarla “de manera insistente e inquisitiva” –según contó a Crítica de la Argentina– sobre los motivos por los que había asistido a la central de Policía. La abogada aún no había mencionado el tema a nadie. Kiriaco vincula su situación también con otro caso. Días antes del episodio en la jefatura de Policía, las organizaciones defensoras de derechos humanos de Salta denunciaran que el secretario de Seguridad de la provincia, Jorge Skaf, había actuado como espía en la universidad local durante la dictadura. “Cuando el gobierno de Urtubey me convocó como asesora, lo hizo con el pleno conocimiento de quién soy y a quién representé desde que me recibí hace 7 años”, explica la joven abogada que, con 32 años, ya defendió desde piqueteros de General Mosconi hasta docentes en conflicto y es parte de la Red Nacional de Abogados de Derechos Humanos. La semana pasada, Urtubey se solidarizó públicamente con Kiriaco y con la concejala Nora Ríos, presidenta de la comisión de Derechos Humanos, quien también recibió amenazas. Sin embargo, y a contramano de las denuncias de los organismos, Urtubey confirmó a Skaf como secretario de Seguridad, al señalar que no hay pruebas suficientes para desplazarlo. Según testimonios brindados en el Juicio por la Verdad salteño, Skaf habría actuado durante la dictadura como un “topo” de la Policía dentro de la Universidad Católica de Salta. El mes pasado, Cristina Cobos, hermana de un militante asesinado en un operativo militar y mujer de un soldado desaparecido, declaró ante el tribunal que policías de Inteligencia la vigilaban en la universidad, entre ellos Skaf. El ex policía cumple funciones en la Secretaría de Seguridad desde la gestión del ex gobernador Juan Carlos Romero. Llegó de la mano de Ricardo Nazario, el ex comandante de Gendarmería que debió renunciar cuando fue reconocido por una de sus víctimas como uno de los represores del centro clandestino El Olimpo. Por su intervención en varias causas vinculadas con la dictadura, Kiriaco se encuentra bajo el programa de protección al testigo y abogado, que puso en marcha la justicia federal después de la desaparición de Jorge López. Aunque hizo la denuncia penal ante la Fiscalía Federal Nº 1 de Salta, no se siente segura. Abogados y organismos de derechos humanos de todo el país le hicieron llegar su apoyo, pero Kiriaco concluye: “¿Estas cosas no deberían ocurrir en plena democracia, no?”.




LA JUSTICIA SALTEÑA TOMO LA DECISION LUEGO DE QUE SE COMPROBO QUE EL MILITAR NO CUMPLIA CON EL ARRESTO DOMICILIARIO EN COMODORO RIVADAVIA


Revocan la prisión domiciliaria contra el represor Hugo EspecheEl juez federal de Salta, Abel Cornejo, revocó la prisión domiciliaria que gozaba desde 2005 el coronel (r) Hugo César Espeche y ordenó que sea detenido nuevamente en la causa por la Masacre de Palomitas, ocurrida en julio de 1976. El militar fue arrestado tras comprobarse que violaba el arresto domiciliario en Comodoro Rivadavia.
El represor Hugo Espeche era gerente en Comodoro de la empresa de su propiedad: “Espe SRL”.
El incumplimiento del arresto domiciliario del represor condenado fue descubierto por familiares de víctimas de los asesinatos cometidos en Salta durante la dictadura. El magistrado tomó la decisión luego que se conociera que Espeche no cumplía con la prisión domiciliaria en Comodoro Rivadavia, donde tiene fijada su residencia.En el juzgado federal de Salta se informó que el coronel retirado debe ser trasladado a Salta y puesto a disposición del juez, quien deberá decidir en qué lugar el militar esperará la sentencia definitiva por su presunta participación en el fusilamiento de 12 presos políticos cometido el 6 de julio de 1976.Ese día, por la mañana el director del penal de Villa Las Rosas, Braulio Pérez, recibió una citación del entonces jefe de la Guarnición militar Salta, coronel Carlos Alberto Mulhall, quien le informó que esa tarde se iba a proceder a un simple traslado, sin proporcionarle los nombres ni el número de los presos.Por la tarde, se presentó ante Pérez el coronel Espeche portando una orden escrita y la lista de los detenidos, y ordena no registrar en los libros de la cárcel la salida de los presos.
EN COMODOROEspeche, quien debía cumplir su prisión domiciliaria en Comodoro por el asesinato de 12 presos cometido en Salta en el año 76, era gerente de la empresa de servicios de limpieza y seguridad privada “Espe SRL”. Uno de los requisitos que establece la ley provincial N°5297 para el funcionamiento de estas empresas es que sus integrantes no registren antecedentes por violación de los derechos humanos. En el mes de marzo de 2004 se ratificó a Hugo Espeche como gerente de esa firma. El diario Página 12 había publicado que Espeche transitaba libremente por las calles de Comodoro violando la prisión domiciliaria. En el mes de noviembre del año pasado había sido detenido en Comodoro otro represor de la dictadura, Orlando Benito Martel. Los asesinados fueron Celia Raquel Leonard de Avila, Evangelina Botta de Nicolai, María Amaru Luque de Usinger, María del Carmen Alonso de Fernández, Georgina Graciela Droz, Benjamín Leonardo Avila, Pablo Ouetes Saravia, José Ricardo Povolo, Roberto Luis Oglietti, Rodolfo Pedro Ussinger, y Alberto Simón Zavarnsky. La metodología del asesinato en Palomitas fue similar a la de la Masacre de Margarita Belén, ocurrida en el Chaco en diciembre de 1976. En ambos casos estuvieron involucrados funcionarios judiciales ya que las víctimas tenían causas abiertas en la Justicia. En el expediente de Margarita Belén, la Cámara del Chaco liberó a los acusados que había arrestado el juez Carlos Skidelsky. En el de Palomitas, Medina –que había declarado la inconstitucionalidad de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final– cumplió con ordenar las detenciones que dispuso el tribunal superior.



EL ABOGADO DE MARIA EUGENIA SAMPALLO HABLA DESPUES DEL JUICIO
“Son delitos de lesa humanidad”
En diálogo con Página/12, Tomás Ojea Quintana dijo que así deben ser consideradas las apropiaciones de los hijos de los desaparecidos. También destacó que las audiencias reflejaron lo que pasó en la sociedad durante la dictadura.



Tomás Ojea Quintana, junto a María Eugenia Sampallo Barragán, exhibe una fotografía del padre de ella.
Imagen: Rafael Yohai



Por Laura Vales
El juicio de María Eugenia Sampallo Barragán fue el primero que una hija de desaparecidos hizo contra sus apropiadores. Esa gran novedad dejó en un segundo plano otros hechos no menos novedosos: en las audiencias orales se vio no sólo lo que hicieron los represores sino también el papel de otros actores civiles, incluso no politizados, en el escenario de violencia de la dictadura. Los apropiadores eran, en el momento en que se quedaron con la niña, una pareja de clase media de 35 y 30 años, él empleado de Terrabusi y ella ama de casa. En el mismo edificio donde María Eugenia convivió con ellos y sufrió sus maltratos, hubo vecinos que cuando ella era chica le dieron contención, y que la respaldaron de adulta en el proceso judicial. Tomás Ojea Quintana, el abogado de María Eugenia, habló con Página/12 sobre el tema. También explicó por qué considera insuficientes las penas de 7, 8 y 10 años que el tribunal dictó contra los apropiadores.
–¿Fue nuevo para ustedes que declararan los vecinos?
–Fue interesante, nosotros hablábamos a veces con María Eugenia de cómo en el juicio quedó de manifiesto lo que pasó durante la dictadura con la sociedad en general. Porque los juicios de derechos humanos suelen estar regidos por los testimonios de las víctimas, de los que sufrieron las desapariciones, pero en este caso no pasó sólo eso, sino que se acercaron a declarar personas que no tenían ninguna militancia, pero que frente a valores tan esenciales como defender la verdad y la búsqueda de justicia dieron su testimonio, jugándose. También nos interesó especialmente que el tribunal considerara la situación de la apropiadora en iguales términos que el apropiador.
–¿Los jueces tienden a exculpar a las mujeres en los casos de robo de bebés?
–En todos los casos anteriores, la apropiadora siempre era absuelta de culpa y cargo, o recibía penas irrisorias, de dos o tres años. En este juicio la condena para ella fue casi igual a la del apropiador, lo que revela que los jueces la consideraron tan culpable como él: en esto hubo un avance. Al mismo tiempo, le dieron a ella, Cristina Gómez Pinto, un año menos de condena que a él, Osvaldo Rivas.
–¿Cuál fue la diferencia?
–Rivas fue quien hizo los trámites para anotar a María Eugenia como si fuera hija propia. Nosotros trabajamos muchísimo en darle al tribunal la prueba y el razonamiento lógico que permitía afirmar que ella era responsable como Rivas de este delito, pero lamentablemente el tribunal no modificó su visión sobre ese punto, y condenó a su mujer sólo por el delito de sustracción y ocultamiento de un menor.
–¿Cómo está María Eugenia?
–Este fue un proceso muy largo y lleno de obstáculos. Llevó siete años, y el año pasado hasta le volvieron a cuestionar los resultados del ADN y toda la familia se tuvo que hacer un nuevo análisis. Hubo muchos obstáculos para llegar finalmente al juicio oral, que tuvo como resultado la condena de los tres acusados. Así que ella está muy conforme con que el juicio haya concluido, con todos los costos que le significaron ponerse al frente. Está conforme en ese sentido, pero por algo hicimos un pedido de pena máxima: para ella la gravedad de los delitos fue mucho más seria.
–¿Por qué 10, 8 y 7 años de prisión serían penas insuficientes?
–Porque esta apropiación se cometió en el marco de la dictadura militar, en el marco de un plan sistemático para el robo de bebés, y porque la supresión de identidad se prolongó durante décadas, fue un delito continuado. Pero los jueces tomaron los delitos en forma individual, con penas que son iguales o menores a las que se aplican para los delitos contra la propiedad. Es decir, los tribunales condenan con mayores penas a quienes violan la propiedad que a quienes vulneran la identidad de una persona durante décadas. Para nosotros tiene además una gravedad en términos de que se trata de delitos de lesa humanidad, lo que en principio parece que el tribunal no consideró.
–Pero no hay tradición en considerar estos delitos como de lesa humanidad, ¿no es así?
–No, hasta ahora ninguno de los casos que llegaron a juicio oral se ha considerado en esos términos. Hubo antecedentes jurisprudenciales que asociaron la apropiación de niños al delito de apropiación forzada, que sí está considerado un crimen de lesa humanidad, y en base a ellos hicimos nuestro planteo. Ahora vamos a escuchar en los fundamentos (de la sentencia, que se conocerán el viernes) para ver qué respuesta dio el tribunal sobre ese punto.
–¿Realmente el que roba un auto tiene una pena mayor?
–El que roba un auto con armas tiene una pena de entre 5 y 15 años; en el secuestro extorsivo, si la víctima es un menor, el máximo de la pena es de 25 años, eso en cuanto a las leyes. Sobre cómo aplica las leyes la Justicia, en general siempre frente a las violaciones del derecho de la propiedad usa criterios más graves de los que aplicaron acá.
–¿Cree que esta tendencia tiene que ver con cómo mira la sociedad a los apropiadores?
–Creo que es al revés, que la sociedad, sobre todo con este juicio oral, se abrió a comenzar a debatir el considerar estos delitos como parte de lo que ocurrió durante la dictadura militar. Pero la Justicia tiene sus tiempos en masticar los argumentos jurídicos y aceptarlos. Siempre la Justicia tarda en llegar a su conclusión jurídica en este tipo de casos. Tenemos como ejemplo la propia causa 13, el juicio a las Juntas, en el que los jueces no consideraron los crímenes cometidos como de lesa humanidad, y tuvimos que esperar más de una década hasta que un juez lo consideró así, y después la Corte Suprema.
–¿Ya tienen decidido apelar?
–La apelación ya está casi tomada en cuanto a las penas. Y en cuanto a los fundamentos, hay que escuchar cuáles son. De todos modos, nosotros hemos dicho, y Eugenia así lo cree, que estamos muy satisfechos con la condena a los tres acusados. Este era un juicio muy difícil. Son juicios en los que las pruebas son muy complicadas porque lo hechos ocurrieron hace 30 años y en el marco del plan sistemático de la dictadura militar.
–Con este fallo, ¿los condenados quedan en libertad?
–Rivas y Gómez Pinto pasaron casi cuatro años detenidos y habían sido excarcelados, es decir que ya cumplieron cuatro años de la condena. Van a seguir en libertad hasta que la condene quede firme, y en ese momento se verá si están en condiciones de pedir la condicional, que se otorga cuando se cumplen dos tercios de la pena. Si no tienen los dos tercios, deberán volver a prisión. Berthier está preso hace poco más de cinco años, él está cumpliendo prisión preventiva y está por resolverse en la Cámara de Casación un pedido de excarcelación. Se abren varias discusiones, porque está condenado a diez años, pero Casación puede interpretar que esa condena no está firme y que, por lo tanto, sigue siendo inocente, con lo cual no puede estar en prisión preventiva más tiempo. Así que hay que esperar a ver qué hace Casación.

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