miércoles, 30 de abril de 2008

Jornada 24ª- Los "Consejos de Guerra"
No faltó casi ningún ingrediente en la jornada vigésimo cuarta de la Causa RI9, la última de la etapa testimonial de la misma. Desde los testimonios conmovedores de testigos-víctimas, hasta el de "memoria selectiva" que propuso la defensa, y por supuesto los planteos de los abogados San Emeterio y Gesino que no podían faltar. El primero aportando cuestiones que sirven más a la querella y el segundo realizando preguntas de tal simpleza que deja confundida a toda la sala; ya que es difícil saber si sencillamente son preguntas vanas e inconducentes o de una profundidad tal que escapa a la mayoría de los mortales. Restan solamente la lectura de las pruebas, los alegatos y la sentencia.
Hubiera querido no saber quienes eran
La primera en brindar su testimonio fue Silvia Martínez, una testigo que fue mencionada en numerosas oportunidades debido a que se habían ensañado con ella sus torturadores, de tal suerte que nadie olvidaba su estado físico y emocional. No fue fácil para Silvia dar este paso, a esta altura su testimonio solo agrega una gota más en un mar de imputaciones, pero quizás haya servido su testimonio en más de un sentido: para desnudar los "Consejos de Guerra" y su naturaleza absolutamente reñida con las más mínimas normas jurídicas y procesales, y también para cerrar una historia personal signada por el dolor y el inútil esfuerzo por olvidar el tipo de horror que marca para siempre.Licenciada en Trabajo Social y sin sobresaltos en lo económico, Silvia eligió el camino de la solidaridad y el compromiso social que caracterizó a su generación.Es detenida el 21 de agosto de 1976 a la madrugada, por hombres del Ejército y la Policía comandados por De Marchi, no tiene dudas ya que conocía al ex-Capitán. La vendaron inmediatamente y la trasladan a Santa Catalina donde permanece cuatro días, allí es torturada con tanto ensañamiento que no puede aún ahora contar los detalles de lo sufrido. Trae un certificado de su psiquiatra que le recomienda no profundizar innecesariamente el relato, y se lo acerca al Tribunal."De torturas no voy a hablar en detalles, pero todo lo que dice Achar de mí es cierto, pero yo no lo voy a repetir" afirma entre sollozos. En Santa Catalina ve además a Ramón Villalba y Carlos Achar, cuyos testimonios constan en la causa.Es trasladada al ex-Regimiento 9 y allí los ve a Barreiro, Losito y Piriz, además de a De Marchi. Los nombres del resto de los militares de la patota se los da los soldados santiagueños que la custodiaban en el CCD (Centro Clandestino de Detención). "Concurrían siempre, permanentemente...durante las noches se los veía e ingresaban silbando, como de jolgorio ¿vio?" dice con amargura. Recuerda el temor que sentía cuando ingresaba la patota, y el alivio cuando no le tocaba a ella ser torturada, "se daba esa contradicción" dice, de "querer que no me toque a mi, pero saber a la vez que eso significaba que le tocaba a otro...a un igual...y quizás le estaba tocando a Carlitos (Achar) por ejemplo...a quien quería con el alma" dice llorando. ¿Se dan cuenta de lo que digo? afirma buscando comprensión.Una noche la golpearon mucho preguntándole por su amiga, su nombre de guerra (que no tenía porque jamás adhirió a la lucha armada) y "¿saben qué también preguntaban? por la identidad sexual de Carlitos", recuerda. Silvia ve a Lucho Díaz en el CCD, el mismo que luego sería fusilado en Margarita Belén. La cuadra del RI9 donde funcionaba el CCD estaba repleta y nunca dejó de recibir maltrato.En diciembre la trasladan a la Policía Federal y en la Avenida Costanera le dicen ¡enderezate! y "yo me siento y veo que era de día y los lapachos estaban florecidos...y yo sentí recién ahí que había zafado, la Costanera me lo había dicho, aunque suene cursi" dice.Luego la llevan a la Gendarmería y allí reconoce a Reynoso. La trasladan a Devoto más adelante y en el "79 le hacen un Concejo de Guerra "fantástico" según recuerda, con actores de las tres Fuerzas y defensores que se los imponían a los detenidos. Todos eran militares y algunos ni siquiera eran abogados.San Emeterio le recuerda parte de su declaración cuando afirma que no estaba de acuerdo con la lucha armada, y que por eso no pasó a la clandestinidad, y pregunta sin pudor ¿quién pasó a la clandestinidad? deme nombres, decía exaltado, interrogatorio que era muy común en otro contexto, pero que no parecía apropiado en el ámbito de un tribunal democrático. Así se lo hizo saber Silvia, que le dijo con firmeza ¡no tengo porqué darle nombres! y el Presidente reprendió al letrado sorprendido por su actitud.Silvia se fue de Corrientes porque en una ocasión lo vio a su torturador en la localidad de Paso de la Patria, distante a 35 kms. de la capital correntina, y éste le sostuvo la mirada, lo que le ocasionó pánico y una profunda angustia, sabía que no podría pasar por esa sensación nuevamente y se fue a vivir al sur del país. Hoy vive en Mar del Plata, y aún ahora no puede mirarlos sin sentir terror, "hubiera querido no saber quienes eran" dice.Una vez recuerda que la interrogan sobre Achar, y le dicen "a ese ya le dijimos que le vamos a hacer lo mismo que a los Cachos (en alusión al Cacho Ayala y Cacho Barozzi)..lo vamos a tirar a la laguna" dijeron los "mismos de siempre" es decir De Marchi y sus lugartenientes.
Las dos Iglesias
"Iván", mas comprometido que nunca
Le toca el turno a Teresita Fernández, una adolescente precoz que ya a los 11 años era catequista y fue electa Presidente de la Comisión Vecinal de su barrio a los 13 años. Profundamente católica y peronista, consideraba una cosa indivisible de la otra y parte de su esencia como ser humano.La detienen en un operativo comandado por Losito y secundado por fuerzas conjuntas del Ejército y la Policía. A Losito le decían Teniente Iván, pero ella lo identificaría más adelante por su verdadero nombre. Recuerda ya en el RI9, donde fue trasladada, que una vez estuvo en un velorio donde una persona joven estaba siendo inhumada. Un hombre lloraba desconsoladamente al pie del cajón. Se trataba nada menos que de Losito, aquél que en el operativo de su detención se hacía llamar Iván.En el CCD, Teresita le recuerda esta anécdota a su represor y éste cambia de actitud con ella. Al momento de su detención la había manoseado junto a Barreiro y en ese momento, el recuerdo del "amor de su vida" que había muerto en un accidente lo había ablandado al "Iván". Un día De Marchi la saca y como sabía de su fuerte compromiso religioso le pregunta si había tenido relaciones sexuales, "yo le dije que no, y acariciándome el brazo me dijo: preparate que esta noche te voy a desvirgar".En el RI9 ingresaba un sacerdote, un representante de la otra Iglesia, aquella que bendecía las armas de los represores y violaba secretos de confesión de los detenidos "porque primero está la patria y después Dios" según le refirió ante el cuestionamiento de Teresita.Fue trasladada a Devoto y también le arman un "Consejo de Guerra", en el que su propio abogado defensor le dice: "mire, usted es mi enemiga...acá lo que yo tengo que hacer es que usted confiese".Teresita es liberada en 1982, tras ser detenida, torturada y denigrada por ser peronista y pertenecer a la otra Iglesia, la paria, la del compromiso con los pobres.
El fantasma de Dorita Noriega
Lilián Losada
Tanto Teresita Fernández como la testigo que declara después, la vieron a la novia del "Mono" Vargas -Dorita Noriega- quien aún está desparecida. Lilián Losada, la vio en el baño y Dorita le dijo "mirá lo que me hicieron" y le mostraba su pecho lastimado con moretones y pústulas.Lilián sufrió torturas en el Regimiento de Paso de los Libres, los dos días posteriores a su detención, luego la trasladan al RI9 donde escucha los nombres de Barreiro y Losito de boca de los soldados santiagueños que la custodiaban.También tuvo que pasar por los inefables "Consejos de Guerra", luego de su paso por el Pelletier y Devoto. La detención modificó toda su vida, dice y en la dictadura su novio fue asesinado por el Ejército.En base a una declaración que no reconoce como suya, a menos que la haya firmado bajo tortura y no lo recuerde, se la acusa en el "Consejo de Guerra" y luego es juzgada por el juez Espósito, al igual que las anteriores que corrieron la misma suerte antes de ser liberadas. Tuvo que esperar tres años desde su detención para que Espósito la juzgue, basado en pruebas obtenidas bajo torturas. Finalmente salió en libertad, pero ya no vería a su padre que murió cuando estaba en cautiverio.
Otro de memoria selectiva
Posteriormente hizo su "aporte" un hombre que quería hablar mucho, de su casamiento, del nacimiento de su hija, etc. pero sin decir nada que pudiera perjudicar a su ex-patrón De Marchi. Recuerda que en diciembre del "76 lo contrató el ex-Capitán para que lo asesore en la siembra de sorgo, proyecto que le quitaba el sueño, sin embargo afirma que se plantó este cereal en octubre del mismo año, dos meses antes de empezar a asesorarlo. No recuerda qué se plantó en los años posteriores, solo el año que a la defensa le interesa justificar. Tampoco recuerda siquiera haber visto a Repetto, Miranda Gallino y Badesich, testigos de la defensa que supuestamente trabajaban allí. Jamás vio un tractor en todo el año 1976, sin embargo el propio Millán, cuñado de De Marchi y dueño del campo, refiere que había tres tractores nuevos en aquel entonces. Alguien miente, eso es lo único claro, porque tampoco se sabe para qué lo hacen, ni que probaría a esta altura si plantaba o no sorgo.
A confesión de parte...
Mariano Nadalich
Por último declara Mariano Nadalich, quien es detenido el 16 de septiembre del "76 y trasladado al RI9 y luego llevado varias veces a Santa Catalina, donde sufriría la tortura conocida como "la parrilla", que consiste en la aplicación de corriente eléctrica sobre el cuerpo extendido encima de una cama metálica sin colchón. Le preguntaban por Colombo, un joven que había vivido una semana en su casa alquilada en el Barrio Pujol.En el RI9 era custodiado por soldados santiagueños, todos excepto uno que era de las Breñas, localidad del sur del Chaco. Su padre era de Prefectura y moviendo influencias consigue verlo en el mismo CCD del RI9 y entra De Marchi, quien tras superar la sorpresa por verlo allí al padre de Mariano le dice "¿viste que no le dimos tanto? se portó bien el chico. Mariano le preguntó al Capitán De Marchi si había estado en la sesión (de tortura), porque creyó reconocer su voz. De Marchi le confesó que si..."pero no te preocupes que yo tengo un dicho familiar que dice: no hay joven que no sea revolucionario ni viejo que no sea Comisario".Por los agujeros de las frazadas de su "celda" pudo ver a alguien que él conocía de la secundaria, a Juan Ramón Vargas "el Mono", estaba con pantalón oscuro y camisa clara y había sido muy golpeado. El Mono continúa desaparecido y es uno de los casos por los que se juzga a los represores del RI9.Mariano se quiebra en varias oportunidades, al igual que Silvia Martínez había elegido olvidar lo inolvidable y sabe que eligió mal, por eso decidió reencontrarse valientemente con su dolor y dar su aporte a la reconstrucción de la memoria histórica. Es la primera vez que narra estos hechos sin que medie torturas o presiones de cualquier índole.En el año 1980 él y su padre firman un acta de liberación ante un escribiente y el propio De Marchi, el mismo que le confesó haber sido autor de sus torturas, y el mismo que sostiene que se retiró definitivamente en agosto de 1976. Es que a algunos les cuesta despedirse.

Lo que antecede no es un comunicado de prensa de la Comisión de Derechos Humanos de Corrientes, sino la difusión de una nota de su portal de noticias (www.cpdhcorrientes.com.ar). Se autoriza su libre difusión parcial o total. Si no desea seguir recibiendo estas noticias responda este mail modificando el asunto por "desuscribirme".


Diario de Azul lleva a Juicio Oral y Público a integrantes de derechos humanos

Lo que tendrá que decidir la Justicia


El Director del Diario El Tiempo lleva a juicio a representantes de la APDH local al considerarse injuriado por la carta de lectores con la cual el organismo refutó la opinión editorial sobre la apropiación de hijos de desaparecidos durante la última Dictadura – para la APDH “fue claro el mensaje del editorial del diario que justificó la apropiación de esos hijos como acto de amor” – El juicio se llevará a cabo el 19 de mayo en la ciudad de Tandil-

El 19 de mayo próximo, tendrá lugar ante el Titular del Juzgado Correccional de Tandil el Juicio Oral y Público que por el delito de Injurias impulsa contra integrantes de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de Azul el Director del Diario “El Tiempo” de esa misma ciudad, Alfredo Ronchetti.-
Sobre esto, la APDH explica que “el hecho que motivó este juicio se inició con el editorial que Ronchetti publicó en el matutino, que tiene larga trayectoria en el medio como empresa familiar, en el que sostuvo que la apropiación de los hijos de desaparecidos fue un acto de amor por parte de sus perpetradores. Aquella publicación estuvo motivada en la noticia que divulgaban por entonces los medios periodísticos acerca de la recuperación de otro nieto de Abuelas; era el caso de Sebastián, hijo de un azuleño desaparecido”.
Agrega el organismo que “Ronchetti, a pesar de erigirse en sus columnas en acérrimo trasmisor del respeto a la ley, precisamente al poco tiempo de cumplirse los 30 años del golpe de estado, al editorializar respecto de la trascendente noticia –por tratarse del primer caso a nivel local- de la recuperación por parte de las Abuelas de Plaza de Mayo de Sebastián, hijo nacido en cautiverio de una pareja de desaparecidos -de un azuleño y una marplatense- emparentada con una tradicional familia local, apropiado durante la dictadura militar e ignorante hasta entonces de su verdadera identidad, calificó como un acto de amor la apropiación de niños nacidos en cautiverio y la sustitución de identidad, justificando desde lo ideológico lo que desde lo jurídico es en realidad un delito, cometido en el marco de los que han sido reconocidos como delitos de lesa humanidad”.-
Destaca por otra parte que “lógicamente ese editorial provocó la airada reacción pública de quienes por ser familiares de Sebastián trataron de localizarlo durante más de veinte años, el repudio y crítica del entonces Titular de la Secretaría de Derechos Humanos de la Provincia y el propio de esta ONG, entidad que, en el marco legal y estatutario que la regula, necesariamente debió erigirse en defensora de lo que fue una indudable afrenta a sus fines, y lo hizo sin recurrir a caminos legales, sino a través del mismo medio propiedad de Ronchetti, haciendo su publicación en la sección Carta de Lectores, el 30 de abril de 2006”.-
Subraya que el director del diario El Tiempo “consideró afectado su honor únicamente por la réplica dada por esta A.P.D.H. que consideró su opinión como una expresión más de las que nutre la posición del matutino respecto de la persecución de los autores del genocidio, pretendiendo extrajudicial y judicialmente sin éxito que los representantes estatutarios de la Asamblea se retractaran de sus apreciaciones”.-
Sigue diciendo que “Alfredo Ronchetti, en lugar de agotar la polémica planteada por él mismo a través de las páginas de su propio medio periodístico, asegurando la difusión y posibilitando una eventual discusión pública, la resolvió recurriendo a la justicia como querellante, acompañada –a pesar de integrar ADEPA- de una estricta censura a la APDH que se extiende desde entonces hasta estos días” y agregó que “fue claro el mensaje del editorial del diario que justificó la apropiación de esos hijos como acto de amor”
El Juicio informado por el organismo de Derechos Humanos, cuyos representantes legales al momento de las publicaciones, Luz Ramallo y José Luis Alvarez, serán sometidos a juicio el 19 de mayo próximo, tendrá lugar en la sede judicial de Uriburu Sur nro. 750, Planta Baja, de la ciudad de Tandil, donde ha quedado radicado el caso.-



masivo operativo policial en su busqueda
Desapareció en Zárate un testigo clave en varias causas contra represores

El titular de la Casa de la Memoria de la ciudad bonaerense de Zárate, Juan Evaristo Puthod, sobreviviente de un centro clandestino de detención y testigo de varias causas clave contra represores, era intensamente buscado luego de haberse denunciado que ayer desapareció.


Puthod, de 49 años, fue visto por última vez ayer a las 18.45 cuando salía de la Casa de la Memoria de Zárate y se dirigía a un programa de radio donde trabaja, según denunció su esposa.
Desde el ministerio de Seguridad se informó que lo buscaban más de 250 policías con el apoyo de seis helicópteros, supervisados por el titular de la cartera, Carlos Stornelli.
La secretaria de Derechos Humanos bonaerense, Sara Derothier de Cobacho, admitió la posibilidad de que "resabios de la dictadura" estén detrás de la desaparición de Juan Evaristo Puthod. Puthod, 49 años, falta de su casa en la ciudad de Zárate y de los lugares que suele frecuentar desde ayer a las 18.45 "cuando salió para ir a su audición de radio y no llegó nunca a la radio", agregó la funcionaria.
Cobacho añadió que a Puthod "se le perdió el rastro media cuadra del lugar del que salió". La funcionaria afirmó que "desde anoche a las 22 se lleva a cabo una intensa búsqueda en Zárate y aledaños, con tropa, perros y hasta helicópteros, pero aún no tenemos ninguna novedad".
Puthod "pasó por distintos centros clandestinos de detención" durante la dictadura militar y "fue un hombre muy torturado en el destacamento de la prefectura de Zárate", hasta que "lo mandaron preso al penal de Olmos", añadió la secretaria.
También indicó que el sobreviviente dirige la "Casa de la Memoria" en Zárate y se constituyó como "querellante en la causa 5310 sobre el hallazgo de presuntos restos humanos en el Tiro Federal" de esa ciudad bonaerense.
"Juan estaba organizando estos días un homenaje a (los militantes montoneros ejecutados) Osvaldo Cambiasso y Eduardo Pereira Rossi, el 16 de mayo en la ruta 9" expresó Cobacho, y sobre ese crimen, dijo, "todos sabemos que (Luis) Patti los mató".



Dos ex jefes penitenciarios a juicio oral
Los paseos de Alfredo Fanchiotti


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Fugarse no es ningún delito


Los dos jefes penitenciarios que permitieron salir de la cárcel al ex comisario Alfredo Fanchiotti serán llevados a juicio oral. El juez de Garantías de La Plata, Juan Pablo Masi, elevó el caso contra los dos ex responsables del penal de Olmos, Jorge Suárez y Diego Borba. Ambos habían admitido la irregularidad, aunque en su defensa argumentaron que fue porque a Fanchiotti “lo veían deprimido”.
El ex comisario, condenado por los asesinatos de Maximiliano Kosteki y Darío Santillán a reclusión perpetua, fue descubierto el 30 de enero último fuera del penal. Fanchiotti aseguró que iba a un taller de la cárcel ubicado a sólo 30 metros de su salida, y afirmó haber hecho el recorrido custodiado por un subjefe. El fiscal Marcelo Martini señaló sin embargo que “se acreditó que esto era mentira”.
El fiscal agregó que está probado que Fanchiotti no tenía ninguna autorización del tribunal que dictó su condena, ni la había solicitado. En Olmos, el ex comisario había conseguido ser alojado en un pabellón evangelista, donde las condiciones de detención son menos duras. Entre las pruebas hay un peritaje a las llamadas realizadas desde el celular del guardia que determinó que se encontraba en la localidad de City Bell, en el partido de La Plata, y no con el detenido, como éste había declarado.
Los jefes penitenciarios fueron acusados de los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público y facilitación de la evasión. Fanchiotti no será juzgado por las salidas porque la ley no castiga las fugas si no hay violencia o uso de la fuerza (ver aparte), pero deberá responder en una segunda causa por falso testimonio, ya que mintió para encubrirlos.
Por las irregularidades, ambos jefes fueron despedidos y pasaron a retiro a tres responsables penitenciarios de la provincia, los directores generales de Asistencia y Tratamiento, Julio Quintana; de Recursos Humanos, Héctor Sánchez, y de Seguridad, Mario Uzarralde. Fanchiotti, por su parte, fue trasladado al penal de máxima seguridad Nº 42 de Florencio Varela.



Empezo el juicio contra tres policias retirados por la masacre de Fatima
Gallone le echó la culpa a la foto

El comisario que aparece en la foto con una Madre de Plaza de Mayo en 1982 aseguró que el día de la masacre de Fátima estaba en Mar del Plata. Junto a otros dos policías, está siendo juzgado por el asesinato de treinta personas en agosto de 1976.

Carlos Gallone aseguró que sus amigos le dijeron que esta imagen iba a ser la “desgracia de su vida”.
Imagen: DyN/Marcelo Ranea
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Secretaría de Derechos Humanos


Por Diego Martínez
Luego de tres años preso, el comisario inspector Carlos Gallone intentó defenderse con un dato que había omitido durante todas las indagatorias anteriores: aseguró que el día de la masacre de Fátima estaba en Mar del Plata, con su padre, jugando en el casino. Con el mismo temple, dijo que durante la manifestación de Madres de Plaza de Mayo de 1982 que lo inmortalizó apretando la cabeza de una mujer contra su pecho “estaba la agrupación Hijos”. “Esa foto va a ser la desgracia de tu vida”, le advirtieron “los que me querían”. No explicó por qué. El comisario inspector Miguel Angel Timarchi, en tanto, aseguró que aquél, para agosto de 1976, llevaba diez meses de licencia médica. Así consta en su legajo. El comisario general Juan Carlos Lapuyole se negó a declarar. Los tres imputados escucharon ayer ante el Tribunal Oral Federal 5 el auto de elevación a juicio del juez Daniel Rafecas. Están acusados como autores mediatos de los secuestros y homicidios calificados por alevosía de los treinta secuestrados de Superintendencia de Seguridad Federal, asesinados y dinamitados en la masacre de Fátima.
Gallone y Timarchi, presos en Devoto, llegaron esposados. Lapuyole, con domiciliaria gracias a sus 78 años, llegó en su silla de ruedas, aunque mostró que camina sin problemas. La lectura de la acusación lo sumió un sueño profundo, con ronquidos incluidos. El juez Daniel Obligado, presidente del tribunal, lo despertó para preguntarle si iba a declarar. “Por consejo de mis abogados, no”, respondió. Sólo admitió que le decían “Francés desde que era cadete, porque cuando era joven tenía esa fisonomía” inconfundible de los franceses.
–¿En qué situación sigo? –quiso saber.
–Como acusado –le explicó O-bligado.
A pedido de su defensor, el TOF le permitirá estar ausente durante las audiencias previas a los alegatos.
Gallone, de 63 años, explicó que “mi apellido lleva más de 110 años en la Policía Federal”, desde su abuelo hasta su hijo mayor. “Lo único que he hecho fue proteger a la sociedad”, aclaró. Como garantía de pureza agregó que “no me involucré nunca en política”. Relató que en 1973 fue custodio del entonces ministro de Interior, el actual procurador Esteban Ri-ghi. Custodió a “todos los ministros de Interior de Cámpora, Perón e Isabel Martínez”. Tras el golpe siguió en la ayudantía policial del ministerio, que ocupó el general Cesáreo Cardozo y luego Albano Harguindeguy. Una tarde el ministro lo citó para comunicarle “que él venía con su gente” y preguntarle “qué destino le gustaría”. Gallone pidió Mar del Plata, pero por razones que no explicó Harguindeguy “me mandó al Departamento Sumarios de Superintendencia”. Allí no vio nada ilegal. Trabajó en la calle y realizó detenciones “ordenadas por los jueces de ese entonces”.
El día de la masacre gozaba en Mar del Plata del “franco largo mensual”. Pese a que en más de tres años nunca lo había mencionado, recordó en detalle que se alojaron en el Hotel Miami y “en la confitería de Santiago del Estero y la peatonal leímos que habían matado al general Actis”. “Pobre muchacho, lo conocí, fue interventor de YPF”, dice que dijo el padre, que “tenía una empresa de seguridad y era director de seguridad de la petrolera Amoco Argentina”. Al volver no escuchó un solo comentario sobre “el desastre inmundo de lo de Fátima”.
En 1982, destinado en la comisaría cuarta, le tocó “cuidar a las Madres de Plaza de Mayo, a las viejitas, abuelitas que los jueves daban vueltas” y “trataban de llegar a Casa de Gobierno”. Tomó agua, respiró y agregó que “ese día estaba la agrupación Hijos (que se formó en 1995), Madres, familiares de presos políticos y familiares de desaparecidos”. Desvió a las Madres para que no llegaran a la plaza y para compensar le ofreció a Adolfo Pérez Esquivel llevarlo a entregar un petitorio al gobierno. Al volver “una ancianita me dijo ‘gracias, hijo’, y se puso a llorar en mi pecho”. Días después la foto recorrió el mundo. Fue la desgracia de su vida, dijo. Al concluir, de espaldas al público, se tapó la cara como quien llora.
Timarchi, sereno y sin sobreactuar, arrancó con un ayudamemoria. “Traté por todos los medios legales de llegar a esta instancia para decir mi verdad”, dijo. Aseguró que “por educación y formación profesional nunca hubiese cometido un acto de terrorismo desde mi función de agente del Estado”. No se privó de elogiar el proceso de justicia: “La única forma de dar consuelo a las familias que no han cerrado las heridas es con la obtención de una verdad real. El Estado tiene la obligación de investigar y castigar hechos aberrantes como el que hoy se analiza aquí”, reflexionó. El problema es que “me han metido en una bolsa donde nunca estuve”.
Timarchi declaró que el Departamento Sumarios “no realizaba detenciones”, pero nada dijo sobre el “acto meritorio” que consta en su legajo “por su actuación contra elementos subversivos” el 20 de noviembre de 1974. Saltó sin escalas al 4 de octubre de 1975. “Iba en un móvil no identificable cuando advertí la presencia de una camioneta con dos masculinos que, al ver el móvil policial (sic) se dieron a la fuga”, relató. Tres cuadras después se produjo un tiroteo y la explosión de una granada le hizo perder el conocimiento. Explicó la neurosis que aún padece y se esmeró en demostrar que las licencias médicas superpuestas con cambios de destino que constan en su legajo no son contradictorias. Como creyó escuchar en la elevación de Rafecas que “todos los imputados niegan la existencia de un centro clandestino en Superintendencia”, aclaró que “yo no niego nada, hablo hasta el 3 de octubre de 1975”. Gallone lo miraba fiero



La policia, por orden de los fiscales, detiene a chicos para identificacion
Privados hasta de libertad

La Defensoría General de la ciudad denunció que el 10 por ciento de los contraventores detenidos para identificación son menores. En su mayoría son chicos de bajos recursos, que se dedican a la venta ambulante o el cartoneo.

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Orientación a los habitantes
Más competencias penales


Por Eduardo Videla
En la ciudad de Buenos Aires, la Policía Federal, con el aval de los fiscales contravencionales, detiene a niños, niñas y adolescentes para identificarlos a ellos o a sus padres, posibles imputados de una contravención. Desde septiembre del año pasado hasta el 31 de marzo último, fueron privados de su libertad durante algunas horas 39 menores de 18 años, que son inimputables para la ley. La denuncia fue realizada por el defensor general de la Ciudad, Mario Kestelboim, a partir de datos relevados por la flamante Oficina de Atención a las Personas Privadas de la Libertad, que depende de la Defensoría.
Según Kestelboim, no son sólo los niños y adolescentes el blanco de la actuación policial. También los inmigrantes, especialmente aquellos que no tienen documentación del Mercosur (bolivianos y peruanos, en su mayoría), que son privados de su libertad durante horas para su identificación, no por ser sospechosos de delitos sino por estar imputados por una contravención, como la venta ambulante o la oferta de sexo en la vía pública.

El centro de detención está ubicado en una denominada Oficina Central de Identificación, que funciona en el edificio que la Justicia porteña tiene en Combate de los Pozos 155, a media cuadra del Congreso. En su interior, además de calabozos, hay una sala de espera para los presuntos infractores detenidos, un recinto vidriado al que llaman “pecera”, destinada al personal de seguridad, y el llamado Centro de Espera de Niños, Niñas y Adolescentes Detenidos (sic), donde deben esperar los chicos que son privados de su libertad.
–¿Por qué hay niños detenidos si los menores de 18 años son inimputables en materia contravencional, según la ley? –preguntó este diario.
–Allí son llevados los niños que están con su padre o con su madre, acusados de ser contraventores y que no han sido identificados en la calle, porque no tienen documentos. Y también chicos que son acusados de contraventores y que no llevan documentación personal –explica Kestelboim.
–Entonces ¿no se priva de la libertad a chicos o jóvenes imputados de ser contraventores?
–Sí, aunque la policía sabe que los menores de 18 son inimputables, a veces los traen detenidos para acreditar su identidad. En general son chicos que trabajan como cartoneros, a los que sorprenden con una trincheta, que usan para cortar los cartones y les hacen un acta por portación de arma impropia. O a los que venden baratijas entre los autos los acusan de venta ambulante –aclara Magdalena Gainn, secretaria de la Defensoría.
“Los niños que son detenidos con su padre o su madre no pueden ser retirados por otro familiar, aunque cuente con autorización de su progenitor”, relata Gainn. Ella misma y su personal se encargan de atender a los niños durante su permanencia involuntaria, de organizar juegos y facilitarles materiales para hacer dibujos como el que ilustra esta página, realizado por una nena de seis años a cuya mamá la policía le secuestró la mercadería que vendía en la calle y la llevó detenida. “Policía malo”, identifica la nena a cada uno de los agentes de su ilustración. “Ce llebó nuestras cosas de mamá”, escribe en el papel que está pegado en la oficina de la Defensoría.
Para afrontar esas situaciones, Kestelboim aprobó una serie de Criterios Generales de Actuación para orientar el accionar de los defensores oficiales que de él dependen, “sin perjuicio de la autonomía con la que ellos cuentan”, aclara. En uno de ellos se establece que “en resguardo de los derechos de niños, niñas y adolescentes, los defensores públicos deberán solicitar la conclusión del proceso por inimputabilidad del menor”.
De acuerdo con la ley, las personas que son trasladadas para su identificación no pueden estar privadas de la libertad más de 10 horas. En ese lapso, el personal policial toma las huellas dactilares y las remite para constatar antecedentes. En ocasiones también se hace la constatación de domicilio del presunto infractor.
Antes de la existencia de la Oficina Central de Identificación, los indocumentados eran llevados a las comisarías. El año pasado, ante la evidencia de que cotidianamente eran trasladadas personas a esa oficina, y que muchos de ellos eran niños, la Defensoría creó la Oficina de Atención a las Personas Privadas de la Libertad, con el objetivo de poner a disposición de los detenidos el servicio de defensa pública en caso de que lo necesiten.
Esta oficina se puso en marcha el 10 de septiembre último. “Hasta entonces, durante ocho años pasó lo mismo pero nunca se supo”, observó Kestelboim. Desde entonces, lleva estadísticas de las personas privadas de su libertad para su identificación: al 31 de marzo, suman 413 las detenciones. De ese total, casi un 10 por ciento fueron niños, niñas o adolescentes. La mayor parte de esas intervenciones se produjeron por presuntas infracciones al artículo 83 del Código Contravencional, que sanciona el “uso indebido del espacio público”, una figura que castiga la venta ambulante. De esos 39 niños que terminaron presos, seis se encontraban acompañando a sus padres y al ser éstos detenidos, quedaron privados de su libertad. Otros 33 quedaron acusados por ser presuntos contraventores: venta de portacelulares, limpiavidrios, cartoneros. pero la causa se archivó por ser inimputables
De acuerdo con las estadísticas de la Defensoría, una de cada cuatro detenciones se produjo por venta ambulante; el 20 por ciento por oferta de sexo en la vía pública y un 10 por ciento por utilizar armas no convencionales, entre ellas, el cutter de los cartoneros. Le siguen los encausados por ensuciar bienes: son las personas que suelen orinar en la calle, en muchos casos porque carecen de acceso a baños públicos. Esas contravenciones son aplicadas, por lo general a personas carentes de recursos, como vendedores ambulantes o de artesanías, limpiadores de vidrios, cuidacoches. “Son todos trabajadores precarios que requieren de la defensa pública para salvaguardar sus derechos y garantías”, dicen en la Defensoría.
Los números de la Defensoría revelan además que casi la mitad de las detenciones –un 48 por ciento– correspondieron a inmigrantes y “se produjeron independientemente de contar con documentación en regla, es decir, con residencia legal”. La mayoría de ellos fueron bolivianos y peruanos.
eduardovidela@pagina12.com.ar

martes, 29 de abril de 2008


La Audiencia Nacional española rechazo el pedido de extradicion de Isabel Martinez de Peron, reclamada por la Triple A
“A ella nada la relaciona con las desapariciones”

La Justicia española desestimó los argumentos del juez Norberto Oyarbide para juzgar en la Argentina a la ex presidenta. Consideró que no cometió delitos de lesa humanidad.

Subnotas
Todas las culpas, en José López Rega

Por Oscar Guisoni
Desde Madrid
La Audiencia Nacional española negó ayer la extradición a la Argentina de la ex presidenta María Estela Martínez de Perón. Las dos resoluciones judiciales, de 28 páginas cada una, a las que tuvo acceso Página/12, dejan al descubierto la debilidad y las contradicciones del proceso que lleva a cabo contra la ex presidenta el juez Norberto Oyarbide. Los magistrados consideraron que la documentación remitida por éste a los tribunales españoles no demuestra la pertenencia de Isabelita a la Triple A, a la que ni siquiera se tomó la molestia de implicarla directamente como parte integrante de la organización. También desestima la causa iniciada por el juez de Mendoza Héctor Acosta por considerar que con sólo dos casos no puede hablarse de delitos de lesa humanidad cometidos “contra la población civil”. La Audiencia sentó un precedente favorable a la ex presidenta, ya que consolidó la tesis de que era un mero títere con poco control sobre su propio gobierno.
En ambos documentos se señala como uno de los obstáculos para “la entrega” la Ley 23062 del 24 de mayo de 1984, surgida del famoso pacto entre Isabelita y Raúl Alfonsín con el que el ex presidente pretendió contener al peronismo durante sus primeros meses de mandato. El auto de la Audiencia cita el párrafo de la ley en el que se afirma que “los jueces carecen de legitimación para juzgar a las autoridades constitucionales destituidas por actos de rebelión” y luego resalta que la ex presidenta se haya “comprendida” explícitamente en su articulado, “lo cual no es muy habitual en la técnica legislativa y podrá inclusive decirse que carece de la vocación de universalidad que toda norma debe tener”. Toda una crítica de la Justicia española a una de las leyes controvertidas del alfonsinismo. “Lo cierto”, concluye la Audiencia, “es que la misma continúa vigente y supone un inicial obstáculo para la entrega derivado del propio ordenamiento del Estado” que la ha solicitado.
La Audiencia desestima los argumentos del magistrado argentino señalando que “no deja de extrañarnos que sólo después de más de 30 años de ocurridos los hechos se pretenda la presente extradición” y recuerda que la cooperación de Isabelita con la Triple A “ya podía presumirse” en los datos que había en “la causa archivada en julio de 1989 con motivo del fallecimiento de José López Rega”. “Se hace difícil comprender tanto retraso”, concluyen lapidariamente. La Audiencia discrimina luego entre la situación de Isabelita y la del recientemente extraditado en el marco del mismo proceso Rodolfo Eduardo Almirón, destacando que mientras en el caso del ex comisario estaba probada su pertenencia a la Triple A, en el caso de la ex presidenta “no aparece con claridad la intervención de la reclamada”, por lo cual “encontramos dificultades para hacer extensible a ella” el pedido.
A propósito de la pertenencia de Isabelita a la Triple A, la Audiencia Nacional considera que Oyarbide no ha aportado pruebas suficientes de ello, y ataca el argumento presentado por el magistrado argentino que hace mención a una reunión de gabinete presidida por Isabel en la quinta de Olivos el 8 de agosto de 1974 en la que supuestamente se mostraron diapositivas de dirigentes políticos que luego fueron asesinados. El mismo juez argentino, señala el tribunal madrileño “no atribuye a la reclamada ni la muerte, ni los secuestros, ni las desapariciones perpetradas por la Triple A” y tampoco “permite saber si es que siquiera tuvo capacidad para tolerar la perpetración” de los crímenes, ya que “quien ostentaba dominio real sobre las acciones de dicha asociación era López Rega”. Haber estado en esa reunión y haber visto esas diapositivas no quiere decir que haya dado ella la orden de matar, concluye el tribunal madrileño. Si tuvo responsabilidad “por omisión, tendría que haberse especificado hasta qué punto ésta podía haber evitado que la Triple A hubiera cometido los diferentes delitos” que cometió, cosa que Oyarbide tampoco hizo, mientras que resulta evidente que los crímenes que se cometieron en el periodo comenzaron “mucho antes de su mandato”, un detalle que el juez argentino no tuvo en cuenta a la hora de instruir la causa.
En la segunda resolución, la Justicia española va aún más allá a la hora de analizar la responsabilidad de Isabel Perón en la desaparición de Héctor Aldo Fagetti y la detención y tortura de Jorge Valentín Berón, que sustentaban la causa abierta en Mendoza. La Audiencia analiza los argumentos de la defensa que afirman que los famosos “decretos contra el ‘accionar de la subversión’” no fueron “firmados por la reclamada”, sino “por otros miembros del gobierno, como Italo Luder, presidente en funciones, Antonio Cafiero, Carlos Ruckauf y otros, contra los que no consta que se hayan seguido causas penales y señala que “los actos de terrorismo y desaparición forzada de personas se iniciaron con el llamado ‘Operativo Independencia’ en Tucumán, que tuvo lugar un año antes del golpe de Estado Tales operaciones se basaban en el Decreto N 261/1975” y en ellos “se autorizaba al Ejército de Tierra a ejecutar las operaciones necesarias para neutralizar o aniquilar” las acciones supuestamente subversivas.
La Audiencia hizo un pormenorizado análisis de qué debe considerarse “crímenes de lesa humanidad” y concluyó que los delitos por los cuales ha sido imputada Isabelita en la causa mendocina “quedan fuera de esta tipificación” ya que “estamos en presencia de una detención ilegal y desaparición de un ciudadano” en el caso Héctor Fagetti “detenido por imperio del Decreto Nacional de ‘Aniquilamiento del Accionar de la Subversión’ y ante un caso de detención ilegal y torturas en el caso de Jorge Valentín Berón, delitos que debido al paso del tiempo ya han prescripto. No hay elementos, dicen los jueces españoles “para poder estimar que nos encontramos en presencia de un delito de lesa humanidad” ya que no existe un vínculo concreto entre Isabelita “y las detenciones ilegales” y tampoco “puede inferirse la existencia de un ataque sistematizado contra la población civil, conocido y consentido por las más alta Autoridad de la Nación” “pues nada le relaciona con las numerosas desapariciones ocurridas durante su mandato”. Así las cosas, ahora la fiscalía madrileña tiene dos días para apelar la resolución de la Audiencia. Si no lo hace, la ex presidenta argentina podrá volver a pasearse por Madrid sin tener que rendir cuentas a la justicia por el resto de sus días.

Masacre de Fatima
Hoy tuvo lugar la primera audiencia del juicio oral
El primer juicio oral y público por una de las matanzas emblemáticas de la dictadura militar, la "Masacre de Fátima", en la que 30 personas fueron secuestradas, asesinadas y dinamitadas, comenzó hoy contra tres ex jerarcas de la Policía Federal.

El Tribunal Oral Federal 5 (TOF5) inició el debate en el proceso al comisario Juan Carlos Lapuyole, 78 años, ex jefe de inteligencia de la Superintendencia de la Policía Federal; el comisario Miguel Angel Timarchi, 65 años, y el comisario Carlos Enrique Gallone, 63 años.
Los tres uniformados llegaron a esta audiencia procesados como supuestos "autores mediatos" de los delitos de "privación ilegal agravada" y "homicidio calificado por alevosía" en 30 casos, es decir 20 hombres y 10 mujeres víctimas en la llamada "Masacre de Fátima".
También en esta causa, caratulada con el número 16.441 y desprendida de la llamada "Megacausa Primer Cuerpo de Ejército", estaba procesado el comisario Carlos Vicente Marcote, ex jefe operativo de la Superintendencia de Seguridad Federal, ya fallecido.
En la primera parte de la audiencia de hoy, se dio lectura a la requisitoria de elevación a juicio oral elaborada por el fiscal federal Federico Delgado, que calificó los hechos como "delitos de lesa humanidad", ocurridos en el centro clandestino de detención que funcionó en la Superintendencia, ubicada en la calle Moreno 1417.
A la noche del 19 al 20 de agosto de 1976, 30 prisioneros que estaban secuestrados en el tercer piso de aquel edificio con la denominación "RAF" (por la Royal Air Force) porque "estaban en el aire", es decir no registrados, fueron sacados de allí por un grupo de tareas policial.
El policía Víctor Armando Luchina, que aquella noche estaba allí de guardia, testimonió en la etapa de instrucción que cuatro de los prisioneros retirados del lugar parecían muertos y los otros 26, dopados, y precisó que entre quienes los trasladaban figuraba Gallone.
Los subieron a un camión sin identificación con el que fueron llevados a un playón de estacionamiento, y ahí los ejecutaron de un disparo en la cabeza a cada uno. Luego se dirigieron a la localidad de Fátima, en el partido de Pilar.
En el camino de Fátima a la ruta provincial 6, en el kilómetro 62 de la ruta nacional ocho, descargaron los cuerpos y los apilaron, para luego proceder a su voladura con una fuerte carga de trotyl, que al explotar se escuchó en toda la zona, hacia las 4.30 de la mañana.
Los cuerpos fueron encontrados hacia las 5.30 de la madrugada por un grupo de obreros de un horno de ladrillos, que se dirigían a su trabajo, y quedaron tan destrozados que sólo 16 de ellos han sido identificados, pese a que han pasado 31 años.
Entre las víctimas figuraban Luis Leiva y Conrado Alzogaray, empleados de la fábrica de autopartes Bendix, de la zona norte del Gran Buenos Aires.
Algunos sobrevivientes de la Superintendencia declararon en la etapa de instrucción haber escuchado a los policías vanagloriándose de la ejecución de la "Masacre de Fátima" en venganza de la bomba que "Montoneros" había accionado poco antes en el comedor de esa repartición, la cual acabó con la vida de 27 uniformados.
En el juicio por la "Masacre de Fátima" se prevé que desfilen de 50 a 70 testigos y posiblemente las audiencias se prolonguen hasta julio próximo.



Detención arbitraria de un militante de Derecho Humanos en Tucumán.
(AW)A raíz de una denuncia hecha por APDH de Tucumán, se hace público un comunicado de prensa que repudia el accionar policial ante la detención arbitraria de Ángel Augusto Medina, militante en la lucha por los Derechos Humanos, el pasado 18 de este mes.

COMUNICADO DE PRENSA
Los abajo firmantes repudiamos la detención arbitraria del compañero Ángel Augusto Medina (hijo de Ángel Alfonso Medina 'LITO' dirigente político-desaparecido el 29 de Setiembre de 1976- cuya familia recibió la medalla de oro que en el año 2003 el Banco Nación otorgó en reconocimiento a sus empleados desaparecidos durante la dictadura militar).
El compañero Ángel Augusto Medina es militante en la lucha por los Derechos Humanos y fundador del movimiento nacional Compromiso Por Una Nación con Futuro.
Su detención se produjo el día sábado 18 de abril a la madrugada en las inmediaciones del Hospital de Niños de Tucumán, donde el compañero había concurrido a pedir ayuda a los policías que estaban de guardia en el Hospital, debido a que fue atacado por tres personas (dos hombres y una mujer) que lo insultaban y le gritaban zurdo de mierda, entonces los Policías lo llevaron detenido a la Comisaría 2da. donde quedo incomunicado hasta el día Miércoles 23 cuando él pidió a los policías de la Comisaría que llamen a Casa de Gobierno, entonces fue liberado inmediatamente sin haber hecho ningún llamado.
Lo grave de la situación es que no le permitieron tomar su medicación contra la diabetes, le secuestraron su celular, DNI, y su billetera sin permitirle llamar a un abogado.
Le dijeron que estaba detenido por una contravención y que no les importaba que fuera hijo de desaparecidos. Con esta actitud, queda en evidencia porque la Policía de Tucumán defiende la vigencia de la Ley de Contravenciones Policiales Nº 5140 cuya constitucionalidad ha sido cuestionada por todos los Organismos de DDHH de la provincia ya que data de la ultima dictadura militar y es claramente violatoria de los principios constitucionales y de derechos humanos que sientan las bases de nuestro ordenamiento jurídico.
Esta norma debe ser derogada ya que atenta contra el debido proceso porque la policía actúa como Juez y parte, puede investigar, detener, juzgar y sancionar a una persona violando el principio de imparcialidad ya que los acusados no tienen la instancia de defensa correspondiente. Además la detención viola el derecho a libertad personal ya que no hay orden judicial de por medio, por lo tanto es una herramienta de control social y cultural contraria al núcleo duro de nuestra Carta Magna. Las contravenciones están tipificadas exclusivamente por la subjetividad policial, la Ley de Contravenciones es utilizada por la policía para recaudar dinero en negro y seguirá siendo así hasta que los casos no sean juzgados por un Juez Contravencional.
La denuncia ha sido enviada por APDH de Tucumán y solicita la mayor difusión y la solidaridad con el compañero Medina. Agregamos que participó recientemente en Metan, Salta, en la formación de la Comisión de Derechos Humanos de Metan que se realizo a instancia de la CTA de esa ciudad, y en el encuentro de organismos de derechos humanos de las provincias de Santiago del Estero, Catamarca, Salta, Jujuy, entre otras provincias en la Asociación de Prensa de Tucumán que presidio el titular de la Comisión de Derechos Humanos, el diputado nacional Remo Carlotto, acompañado por la diputada Victoria Donda

Una junta medica evaluara al preso por la Triple A
Análisis para Almirón

Extraditado de España el 19 de marzo pasado, el ex policía, lugarteniente de López Rega, todavía no declaró porque sus abogados aducen que no está en condiciones.


Rodolfo Almirón fue encontrado en España a través de una investigación periodística.
Imagen: Rolando Andrade

Rodolfo Almirón será sometido a una junta médica, ordenada por la Justicia argentina para establecer si es incapaz. Del equipo médico participarán peritos forenses y tres representantes de la querella y de sus abogados de parte, según lo dispuso ayer el juzgado de Norberto Oyarbide. La decisión que es el avance más importante de la causa de la Triple A en los últimos días abre el camino para saber si el integrante de la organización parapolicial es capaz clínicamente de ser indagado y sometido a un proceso judicial o debe ser internado en una institución alternativa como el represor Emilio Massera.
Almirón llegó de España el último 19 de marzo extraditado por la misma Audiencia Nacional que ayer rechazó ese camino para la ex presidenta María Estela Martínez de Perón en el marco de la misma causa. A partir de entonces, el juez Oyarbide intentó someterlo a una declaración indagatoria, pero sus abogados se lo impidieron porque exigen una evaluación previa de la Junta Médica para saber si es consciente de su criminalidad.
En ese contexto, los abogados de las víctimas pidieron autorización para presentar a sus peritos de parte en los exámenes. El juez aceptó ayer ese pedido y autorizó la presencia de un cardiólogo y dos psiquiatras que formarán parte de la Junta en representación de la asociación Justicia Ya!, integrante de la querella.
“Como van a evaluar si Almirón comprendía o no su criminalidad en el marco del artículo 34 del Código procesal, nosotros pedimos un perito que controle la evaluación”, precisó Liliana Mazeo abogada de la asociación.
El ex policía Almirón formó parte del corazón ejecutivo de la organización parapolicial creada por “El Brujo” José Lopez Rega mientras era ministro de Bienestar Social del gobierno constitucional de Isabel Martínez de Perón. Según el expediente, era cabecilla de una cúpula integrada además por el ex policía Miguel Angel Rovira y el ex comisario Juan Ramón Morales. Los tres eran ejecutores de las órdenes de López Rega en un gobierno presidido por la viuda de Perón.
La Justicia pidió sus detenciones en diciembre de 2006, cuando Oyarbide reactivó la causa original de 1974 abierta por ocho asesinatos. Las víctimas son el diputado Rodolfo Ortega Peña, Pablo Laguzzi (un bebé de cinco meses, hijo del entonces decano de Derecho de la UBA), el abogado Alfredo Curutchet, el ex subjefe de la Policía Bonaerense Julio Troxler, el abogado Silvio Frondizi y su yerno Luis Mendiburu, del periodista Pedro Barraza y su amigo Carlos Laham, Daniel Banfi y Luis Latrónica. El expediente estuvo sin instrucción hasta que Oyarbide le dio el primer impulso declarando a los crímenes como delitos de lesa humanidad. Así, mientras España extraditaba a Almirón, la Cámara Federal confirmó luego la decisión de Oyarbide, indicando que como tales esos crímenes no prescriben.
Con Almirón, el juez pidió la detención de Rovira, Morales, Isabel Perón y Felipe Romeo que dirigía el órgano de difusión. De ellos, Almirón está a punto de comenzar un largo proceso de evaluación médica que irá a verlo a la cárcel de Marcos Paz donde está detenido. Rovira en cambio está con prisión domiciliaria. Morales está muerto y Romeo es el único prófugo. Isabel podía ser extraditada a la Argentina, pero la Justicia española ayer rechazó esa posibilidad. En su decisión la Audiencia Nacional entró en contradicción no solo con la posición de la primera instancia –como admite el fallo (ver aparte)– sino también con la posición de la Camara de Apelaciones que en principio dio por válida la participación de Isabel.
En aquella ocasión, de hecho, los jueces Cattani y Freiler incorporaron a la resolución la reunión de gabinete del 8 de agosto de 1974, clave para entender la información que tenía la ex presidenta durante su gobierno. Según la investigación en esa reunión se proyectaron diapositivas de futuras víctimas, entre ellas de Troxler que murió poco después. Para la Justicia española la reunión no es prueba suficiente de la participación de Isabel en esta trama, para la argentina en cambio parece que sí. Los camaristas tampoco invocaron en aquel momento la ley de Alfonsin para juzgar a los crímenes pero los españoles sí.
Más allá de estos nombres, la investigación no generó nuevos responsables. La querella está pidiendo indagatorias para identificar a responsables especialmente del ámbito civil, pero los investigadores aseguran que aún no hay pruebas directas. Fuera de eso, el fiscal Eduardo Taiano que está a cargo de la instrucción analiza ahora el universo de nombres y de víctimas posibles para trazar los limites de la investigación en Buenos Aires y Capital Federal y derivar las otras causas.


Abogados de los militantes asesinados piden que se investigue al general Alfredo Arrillaga
Para juzgar la represión en La Tablada
A casi veinte años del intento de copamiento del cuartel de La Tablada por un grupo armado del MTP, piden que se juzgue a los responsables del operativo represivo. Todavía hay varios desaparecidos y cuerpos sin identificar.


El entonces presidente Raúl Alfonsín recorrió el cuartel una vez que había sido recuperado.
Imagen: Víctor Buge

Por Adriana Meyer
Todavía hay una posibilidad de que las graves violaciones a los derechos humanos cometidas durante la represión al copamiento del cuartel de Tablada sean juzgadas. A casi 20 años de los hechos, la Justicia podría llamar a indagatoria al militar que estuvo a cargo del operativo por los homicidios, las desapariciones y las torturas de varios miembros del Movimiento Todos por la Patria si prospera un pedido de los abogados de los familiares de las víctimas, y lo haría porque considera que estos delitos son imprescriptibles. Además, está pendiente la finalización de los estudios para identificar restos humanos, la confección de las partidas de defunción y la entrega de los restos a los familiares.
El proceso que culminó con la condena a los atacantes del regimiento ignoró lo que estableció la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA en 1997: el Estado argentino es responsable por las ejecuciones y torturas a los detenidos. “Las autoridades no lograron identificar los cadáveres de dichas personas a fin de establecer la causa de la muerte”, dijo la CIDH al referirse a Carlos Burgos, Roberto Sánchez Nadal, Iván Ruiz Sánchez, José Alejandro Díaz, Carlos Samojedny, Francisco Provenzano, Berta Calvo, Ricardo Veiga y Pablo Martín Ramos. Cinco de ellos permanecen en condición de desaparecidos. Ese organismo internacional determinó la necesidad de realizar “una investigación independiente, completa e imparcial de los hechos para identificar y sancionar a los responsables de las violaciones a los derechos humanos”. Los abogados Martha Fernández y Rodolfo Yanzón señalaron que el pedido de la fiscalía de dictar sobreseimientos en el caso “va en línea opuesta”.
Los cuerpos de quienes perdieron la vida el 23 de enero de 1989 –los que murieron en el combate más los ejecutados y los desaparecidos– fueron enterrados por orden del juez Gerardo Larrambebere sin previo aviso a sus familiares y sin realizar las medidas necesarias para establecer si hubo ejecuciones extralegales, arbitrarias o sumarias. “Me acuerdo perfectamente de que en ese duro trance en que ellos eran atormentados y flagelados imploraban por sus vidas”, dijo el sargento José Alberto Almada sobre la detención de “dos atacantes desarmados con las manos en alto”. La declaración de Almada fue esencial para desmentir que Iván Ruiz y José Díaz hayan intentado fugarse en una ambulancia, previo asesinato del cabo Esquivel. “Se continuó con los actos de tortura porque yo escuchaba gritos desgarradores de dolor y me daba cuenta de que eran Iván y José. Esta sesión de interrogatorio y de tortura en ese lugar se llevó a cabo en presencia de las más altas autoridades y con su aquiescencia”, dijo el sargento al desmentir la versión dada por el mayor Jorge Varando y el general Alfredo Arrillaga sobre el asesinato del cabo Esquivel, quien, según Almada, murió en el combate “sin haber tenido contacto con estos detenidos”.
Fernández y Yanzón consideraron que están comprobados los hechos y por lo tanto solicitaron al juez federal de Morón, Germán Castelli, que cite a declaración indagatoria al general Arrillaga –encargado de recuperar el cuartel que aún se jacta de la efectividad de aquella acción y acusado de haber sido parte de la Noche de las Corbatas (secuestro de abogados) en Mar del Plata durante la dictadura– así como también que sea convocado como acusado el mayor Varando, imputado en otra causa por el asesinato de Gustavo Benedetto durante la represión de diciembre de 2001. Además de pedir que se arbitren los medios para finalizar los estudios sobre los restos humanos que aún tienen a su disposición y entreguen las correspondientes partidas de defunción, los abogados apuntaron la posibilidad de avanzar más adelante sobre las responsabilidades penales de “los superiores que emitieron las órdenes de torturar, matar a prisioneros y producir desapariciones forzadas de personas”.

POR LA CAUSA DE LA EX FABRICA MILITAR "D. MATHEU"
Otros represores a la sombra

La orden de detención fue realizada por el juez federal Marcelo Bailaque. Pérez Blanco y Porra están alojados en Prefectura, en tanto Pelliza quedó bajo arresto domiciliario.


El sector donde funcionó el centro clandestino en la Fábrica Militar "Domingo Matheu". Los tres se abstuvieron de declarar ante el juez federal.


Por José Maggi
Tres represores que participaron activamente en el centro de detención que funcionaba en la ex Fabrica Militar de Armas Domingo Matheu, están presos desde el último viernes. Se trata de Jorge Walter Pérez Blanco, jefe del servicio de calle del Destacamento de Inteligencia del Ejército; Ariel Porra, alias el Puma y de Alberto Pelliza, quien según Eduardo "Tucu" Constanzo era quien arrojaba detenidos en los llamados "vuelos de la muerte". Porra -conocido en el ambiente futbolístico- y Pérez Blanco -ex docente de la Facultad de Medicina quien desató una fuerte polémica en la Universidad Nacional de Rosario (UNR) al cobrar una indemnización- fueron trasladados a la sede local de la Prefectura mientras a Pelliza se le otorgó el beneficio del arresto domiciliario por consejo médico. Los tres se abstuvieron de declarar.
La detención del trío se produjo en el marco de la causa "Jordana Testoni sobre Privación ilegítima de la libertad agravada, tormentos y homicidio" en la que se investigan los hechos ocurridos en el centro clandestino que funcionaba en la ex Fábrica Militar de Armas "Domingo Matheu", durante la última dictadura militar, a partir de una solicitud interpuesta por los querellantes Juan Rivero y Ramón Verón, patrocinados por Gabriela Durruty.
La orden de detención fue realizada por el juzgado federal Nº 4 de Rosario a cargo del juez Marcelo Martín Bailaque y correspondió en primera instancia a Porra como Pérez Blanco luego "de ser indagados por la comisión de los delitos de asociación ilícita, privación ilegal de la libertad agravada, cometidos contra Juan Antonio Rivero, Ramón Verón, Adriana Arce, Olga Cardozo, Ariel Morandi, Susana Miranda e Hilda Moyano, aplicación de tormentos contra todos ellos y los homicidios de Morandi y Miranda", según informó la abogada Gabriela Durruty. En tanto Pelliza no pudo ser indagado por razones de salud. No obstante "la orden de detención ya se efectuó", explicó Durruty
Estos detenidos se suman a Juan Daniel Amelong, Jorge Alberto Fariña, Pascual Guerrieri, Eduardo Costanzo y Walter Salvador Dionisio Pagano, contra quienes la querella requirió la elevación a juicio oral y público.
En este juicio será importante el testimonio de Olga Moyano, enfermera de 51 años, quien recuerda claramente el rostro de su captores a pesar de los 30 años transcurridos desde mayo de 1978. Entonces junto a Susana Miranda y Ariel Morandi, dos enfermeros que también trabajaban en el sanatorio Plaza -se encuentran desaparecidos-, compartió el encierro. Fue hasta finales de junio del mismo año, aunque ella se quedó hasta mediados de agosto del 78 cuando cumplió 21 años.
Su testimonio es importante porque es quien más tiempo estuvo detenida en el centro clandestino de detención que funcionara en la "Domingo Matheu", tiempo en el que escuchó las voces de su carceleros y aprendió a descubrir sus rasgos físicos.
Olga describió ante Rosario/12 a "el Puma, un morochón no muy alto, de contextura robusta, muy gordito, de bigotes y pelo crespo y se la pasaba gritando todo el tiempo. Y siempre estaba con Carlitos, que era mucho más histérico, de cutis blanco, corriendo para un lado y para el otro. A pesar de los 30 años que pasaron tengo imágenes en la cabeza. El Puma y Aldo llevaron a Nadia (Susana Miranda) que estaba conmigo el día que desaparecieron".
Sobre Pelliza, alias Armando, Constanzo recordó que vivía en Deán Funes 1729/31. "Ese era otro que era igual que yo, pero era del grupo que iba en el avión donde yo no iba. La verdad es que quería ir pero nunca me llevaron. Es uno de los integrantes del grupo que arrojaba gente del avión. El que manejaba todo ahí era el teniente coronel Marino González que vive en Santa Fe, alias Pepe. Fíjese que yo denuncio ante Sutter Schneider la desaparición de los enfermeros del Sanatorio Plaza, que los secuestra el teniente coronel Riegé, y digo cómo los llevaron, dónde los llevaron, qué auto me hicieron manejar a mí, qué capitán iba con nosotros. Y lo único que ha hecho el juez es hacerme coautor a mí", se había quejado Constanzo en su declaración ante este diario el 11 de enero de 2008.

Ataque y amenazas a la editorial Nuestra America
“Les va a pasar lo mismo que a López”



“Si quisieron meter miedo, lo lograron”, dice Marcelo Cafiso.
Imagen: Jorge Larrosa


Los seguimientos e intimidaciones se venían acumulando, particularmente desde febrero. Pero el 15 de abril pasado en la editorial Nuestra América tuvo lugar el episodio más grave. Sobre Rodríguez Peña al 400, donde funciona la editorial, los dueños notaron desde el mediodía la presencia de dos personas que merodeaban como vigilando. Tan sólo unas horas más tarde ingresó un hombre, con una manopla con puntas de acero en la mano. Intentó golpear a los tres presentes, los amenazó de muerte, habló de torturas y advirtió: “Ustedes no saben con quién se metieron, les va a pasar lo mismo que a Julio López”. Después de algunos forcejeos, el hombre huyó. Pero volvió al día siguiente, aparentemente armado. El grito no fue tan distinto: “Insecto, te vamos a matar”.
Dedicada a la publicación de obras relacionadas con temas de derechos humanos, la historia política argentina y la izquierda latinoamericana, Nuestra América tiene ya más de 20 años de vida. Marcelo Cafiso es su titular y fue quien radicó la denuncia policial. “Tuvimos ya varios episodios de provocaciones a lo largo de nuestra historia, pero ninguno como éste. Si quisieron meter miedo, lo lograron”, reconoce. Respecto del momento, varias son las hipótesis que se barajan, pero la principal señala que los hechos se precipitaron desde la detención –el 12 de febrero– de Luis Emilio Sosa por la Masacre de Trelew.
Así, con sucesivos controles a las actividades del local y hasta sacando fotos de las instalaciones y sus empleados, la presión fue aumentando paulatinamente. Sin ir más lejos, el 25 marzo –relata Cafiso– otro hombre de estridente camisa amarilla ingresó en el comercio a realizar “preguntas absolutamente intrascendentes y fuera de lugar”. Luego merodeó un largo rato, con el celular registró cada movimiento y se retiró. Cafiso decidió seguirlo, pero lo perdió a las dos cuadras. Al darse vuelta, los roles se habían invertido: el sujeto estaba detrás de él.
El hombre del episodio del 15 de abril tendría unos 50 años y su apellido, según pudieron ver en las cosas que desparramó por el local, sería Grondona. Lo primero que hizo fue preguntarle al vendedor la dirección de otra editorial. Y, sin esperar respuesta, le lanzó una piña a la cara que el joven alcanzó a esquivar. Inmediatamente, el personal reaccionó y logró reducir al hombre que, colérico, seguía hablando de torturas y despellejamientos. En su denuncia, así lo describe Cafiso: “Aseguraba ser un miembro de los grupos de tareas y que había masacrado gente, que tenía 500 en su cuenta, y que nos va a pasar lo mismo que a Julio López, que no saben con quién se metieron, que era de la SIDE”.
Al cabo de 15 minutos, mientras una de las tres personas de la editorial salía a buscar a un policía, los otros dos sin querer fueron ablandando las medidas de seguridad. Tanto que, súbitamente, el hombre logró soltarse lo suficiente como para calzarse una punzante manopla con la que volvió a arrojar golpes. Así escapó para volver armado al día siguiente, reincidir en las amenazas y nuevamente perderse por Callao y Corrientes. Al día de hoy, por seguridad, la editorial Nuestra América permanece cerrada.
Informe: Diego González.


Informe del procurador penitenciario
Castigos en las cárceles federales


Un estudio que la Procuración Penitenciaria presenta hoy públicamente revela que el 63,4 por ciento de los presos alojados en cárceles federales sufrió agresiones físicas, que el 83 por ciento fue sometido a requisas humillantes y que un 28 por ciento de los reclusos fue castigado con el aislamiento en celdas sin luz, camas ni abrigo. El informe sobre Malos Tratos Físicos y Tortura en dependencias carcelarias será presentado por el ombudsman penitenciario, Francisco Mugnolo, justo el mismo día en que una comisión bicameral resolverá en el Congreso quién será su sucesor.
El informe será presentado a las 16.30 en el Salón Verde de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA). La investigación se hizo entre el 29 de junio y el 7 de septiembre de 2007 a través de una encuesta realizada a 939 detenidos –el 10 por ciento de la población del Servicio Penitenciario Federal–.
El estudio fue realizado por Alcira Daroqui, profesora de la cátedra Sociología del Sistema Penal de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, con entrevistas en las Unidades 2 de Devoto, 3 y 31 de Ezeiza, 24 de Marcos Paz, en los Complejos Penitenciarios 1 de Ezeiza y 2 de Marcos Paz y en las cárceles de máxima seguridad de Rawson, Neuquén y Resistencia, Chaco.
Casi en el mismo momento en que Mugnolo presente su informe, la Comisión bicameral de la Defensoría del Pueblo tratará el nombramiento del reemplazante de Mugnolo, quien nunca consiguió el aval parlamentario. La candidata a ocupar ese lugar es la diputada kirchnerista Silvia Martínez.
A propósito de esa designación, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) manifestó su preocupación por la situación carcelaria del país y solicitó que la designación del futuro procurador penitenciario se realice mediante “un trámite participativo, que garantice la idoneidad del candidato o candidata y su compromiso con los derechos humanos de los detenidos”. Según el CELS, la Procuración Penitenciaria “ha sufrido un continuo desgaste institucional que debilitó el mecanismo de protección de los derechos de las personas privadas de su libertad”.

lunes, 28 de abril de 2008

El TOF-5 comienza a juzgar mañana a los responsables por la Masacre de Fatima, ocurrida en agosto de 1976
Juicio al crimen más brutal de la dictadura

Los policías retirados Juan Carlos Lapuyole –hombre del ex ministro Harguindeguy–, Carlos Gallone y Miguel Angel Timarchi están acusados por el homicidio de veinte hombres y diez mujeres que permanecían secuestrados en la Superintendencia de Seguridad Federal.



El juez Guillermo Gordo y, a la derecha, el acusado Gallone, en una foto que intentó usar en su favor.


Por Diego Martínez
En la madrugada del 20 de agosto de 1976 veinte hombres y diez mujeres secuestrados en la Superintendencia de Seguridad Federal, bajo la órbita del Cuerpo I de Ejército, fueron adormecidos y cargados en un camión verde oscuro. A la altura del kilómetro 62 de la ruta 8, en un camino de tierra cercano a Fátima, el camión y los tres Ford Falcon que lo escoltaban se detuvieron. Bajaron a los moribundos, les dispararon un tiro a quemarropa y los apilaron sobre una carga de dinamita. A las 4.30 la explosión hizo temblar Fátima. El sumario policial detalló que tenían las manos atadas por la espalda y los ojos tapados con cinta adhesiva. Fue la matanza más brutal que se conoce de la última dictadura.
Mañana el Tribunal Oral Federal 5, integrado por Guillermo Gordo, Daniel Obligado y Ricardo Farías, comenzará a juzgar por la “Masacre de Fátima” a tres oficiales retirados de la Policía Federal. La acusación correrá por cuenta del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y del fiscal Félix Crous. Los imputados son el director de Inteligencia de la Superintendencia (SSF), comisario general Juan Carlos Lapuyole –hombre de íntima confianza del ex ministro del Interior Albano Harguindeguy, que interrogaba al pie de varias mesas de tortura porteñas con el alias de “Francés”– y dos miembros de sus brigadas: los comisarios inspectores Carlos Enrique Gallone y Miguel Angel Timarchi.
El sombrío edificio de Moreno 1417, a una cuadra del Departamento Central de Policía, fue desde los años ‘60 sinónimo de represión política. El año pasado, el uruguayo Antonio Viana Acosta, militante tupamaro, denunció que ya en febrero de 1974 fue torturado durante dos semanas en Coordinación Federal, nombre anterior de la SSF. En su secuestro, pedido por la inteligencia oriental, intervinieron los jefes de la Policía Federal, Alberto Villar y Luis Margaride, y de la Triple A, Rodolfo Almirón y Juan Ramón Morales. Coordinación ya era epicentro del incipiente Plan Cóndor.
El inspector Rodolfo Peregrino Fernández, ayudante de Harguindeguy durante 1976, relató en 1983 que el ministro tenía brigada propia para secuestrar, pero “cuando el grado de riesgo superaba la capacidad de acción de este grupo recurría a oficiales de la Dirección de Operaciones de la SSF, cuya jefatura ejercía el comisario mayor Lapuyole, siendo el principal Carlos Gallone, alias ‘Carlitos’, quien más frecuentemente era comisionado a estos efectos”. Agregó que Gallone tenía “ferviente admiración por la extrema derecha” y fue “el más estrecho colaborador de Harguindeguy en las tareas de represión ilegal. Se rodeó de los mayores torturadores y asesinos salidos de la Triple A, a quienes llevó a la Dirección General de Inteligencia”.
A diferencia de otros centros clandestinos porteños como El Olimpo, Club Atlético o la ESMA, recuperados como espacios para la memoria y con decenas de represores presos, la mayor parte de los asesinos de la SSF siguen impunes, y su edificio intacto. El juicio por Fátima es la excepción que confirma la regla. El juez federal Norberto Oyarbide, que instruye la causa Triple A, no avanzó por el momento más allá del entorno íntimo del ex ministro José López Rega. Y el Estado argentino, querellante por medio de su Secretaría de Derechos Humanos en causas de todo el país, no impulsó aún la investigación del centro clandestino más cercano al Obelisco.
Royal Air Force
Rara avis para una fuerza que convirtió el silencio en mandamiento, el sargento retirado Armando Luchina, ex carcelero de la superintendencia, declaró ante la Conadep en 1984, en el Juicio a las Juntas en 1985, y ante cada organismo, juez o periodista dispuesto a escucharlo. “Yo estoy jugado”, responde para explicar por qué no aceptó protección del Estado. A Luchina no le contaron la historia. Siempre admitió que tuvo contacto con los secuestrados y que debía llevar una lista de presos legales y otra de “RAF”, por Royal Air Force, como Lapuyole & Cía. nombraban a quienes consideraban “en el aire”.
La noche del 19 de agosto se apagaron todas las luces de la superintendencia menos las del ascensor y el estacionamiento, relató Luchina. Estaban los jefes de todas las brigadas. Gallone daba las órdenes. Bajaron a los treinta secuestrados desde distintos pisos. Cuatro parecían muertos. El resto, drogados. Los cargaron en un camión que no era de la dependencia. “Estos se van para arriba”, le comentaron. Dos días después leería en los diarios la aparición de los treinta cuerpos.
Un grupo de obreros se topó con la escena. La explosión había provocado un hoyo de un metro de profundidad. La brutalidad obligó a Videla a repudiar la masacre. Cinco cadáveres fueron identificados desde el primer momento. Inés Nocetti había sido secuestrada el 11 de agosto junto con Selma Ocampo, militante sindical despedida de la Ford de General Pacheco, identificada en 1984. Alberto Comas había desaparecido a fines de julio. Trabajaba en la fábrica Royo, pegada al Riachuelo. Ramón Lorenzo Vélez, Angel Osvaldo Leiva y Conrado Alsogaray, obreros de la firma Bendix, habían sido secuestrados en la madrugada del 16 de julio. Los otros 25 cuerpos fueron inhumados como NN en fosas individuales del cementerio de Derqui. El Equipo Argentino de Antropología Forense los exhumó en 1985, pero recién diez años después, en el marco del Juicio de la Verdad, pudo comenzar a identificarlos por medio de análisis genéticos. De las 30 víctimas, 16 ya tienen tumba con nombre y apellido. La mayoría eran obreros de Bendix y fueron vistos en la SSF.
A fines de 2002, en representación de familiares de Jorge Argente, Alberto Comas, Susana Pedrini de Bronzel y Horacio García Gastelú, el CELS pidió la reapertura de la causa. En mayo de 2004 el juez federal Daniel Rafecas procesó a Lapuyole, Gallone y al director de operaciones, Carlos Vicente “El Lobo” Marcote, que murió poco después. Al año, al confirmar los procesamientos, la Cámara Federal porteña incluyó también a Timarchi. En febrero de 2006 Rafecas elevó la causa a juicio oral. Lapuyole, de 75 años y serios problemas de salud, goza de prisión domiciliaria. Timarchi, de 62, y Gallone, de 60, están presos en Devoto. La causa tiene un solo prófugo: Luis Alberto “El Japonés” Martínez. El resto de los miembros de las brigadas de la superintendencia podrá presenciar el juicio como cualquier ciudadano. Nadie los busca.


Un ensayo fotografico sobre la desaparicion y los recuerdos
La memoria de las imágenes

En el Museo de Arte y Memoria de La Plata se expone una muestra del fotógrafo Gerardo Dell’Orto que reúne tomas de su hermana desaparecida, su hija, sus obras y su compañero de cautiverio, el testigo Jorge Julio López, también desaparecido.



Gerardo Dell’Oro, en la muestra que continúa abierta hasta fines de mayo. Abajo una foto que integran la exposición.


Por Adriana Meyer
“Patricia, mi hermana desaparecida. En las fotos que le hizo mi padre. En las que le hice yo a su hija. En sus pinturas, dibujos y grabados. En el relato guardado durante años por un testigo.” Así presenta el fotógrafo Gerardo Dell’Orto la muestra que expone en el Museo de Arte y Memoria (MAM) de La Plata. El testigo que menciona ya no está, es el desaparecido Jorge Julio López, compañero de cautiverio de Patricia Dell’Orto, y a quien ella le pidió que buscara a su hija y le dijera que la amaba. López encontró a Mariana Dell’Orto y cumplió, pero desde el 18 de septiembre de 2006 está ausente de las fotos familiares. “Julio me dio la foto que me faltaba, una imagen relatada que estaba en su memoria”, resume Dell’Orto.
Patricia era la mayor de los hermanos, luego venían Cecilia y Silvia. Le llevaba once años a Gerardo. Militaba en la Juventud Peronista, en la Unidad Básica Juan Pablo Maestre que la Tendencia tenía en Los Hornos y donde conoció a López, junto a su compañero Ambrosio De Marco. Era dibujante y su último trabajo fue en la fábrica Rigolleau, antes de quedar embarazada y empezar a criar a Mariana. Su secuestro fue en la quinta de fin de semana que la familia tenía en Villa Elisa, donde estaban viviendo todos juntos, 25 días después del nacimiento de Mariana. “Estaba en la cama y un tipo me apuntó con una ametralladora”, dice Gerardo sobre ese momento.
Muchas de las fotografías de la muestra fueron tomadas en esa casa. Una serie de retratos de Mariana fue realizada por su tío cuando tenía 21 años, la misma edad que Patricia cuando fue secuestrada. En uno de ellos Mariana muestra un tatuaje que lleva en el hombro, una figura tomada de un cuadro de su madre.
Gerardo Dell’Orto encontró en los árboles el motivo de un ensayo fotográfico para un taller que hizo con Adriana Lestido. Tomó esas fotos en 1999 cuando su padre, también fotógrafo, presentó el caso de Patricia en el Juicio por la Verdad, en La Plata. “López declaró en ese juicio por primera vez, y algunas de esas fotos son de árboles en Arana, cuando fueron al reconocimiento”, describe Dell’Orto a Página/12. “La idea de incluirlas tiene que ver con los altibajos en la búsqueda de justicia, la esperanza y la derrota. Algunas son oscuras y movidas, otras tienen formas de tumbas, de siluetas y hasta de un puño en alto”, precisa.
Ruben López, el hijo del testigo desaparecido, acudió a la inauguración de la muestra. Junto al padre de Gerardo, Alfonso Dell’Orto, recordaron el encuentro entre las dos familias. “Julio López me contó que estuvo con mi hermana y Ambrosio, que los mataron como represalia por una bomba en la policía”, recuerda. En el juicio contra el represor Miguel Etchecolatz, López relató la tortura sufrida por la pareja, el momento del asesinato, y no dudó en señalar al acusado como quien “dirigió personalmente esa matanza”. Con el paso de los años, López comenzó a escribir y dibujar en una serie de cuadernos. Las fotos de Dell’Orto también reflejan parte de su contenido.
“Todo esto empieza como un intento de ensayo fotográfico con una chica hija de desaparecidos, y al mismo tiempo le sacaba a Mariana, hasta que me di cuenta de que tenía que ser a Mariana. Ponía distancia, no sabía bien qué tan afuera o qué tan adentro estaba de su historia, cuál era mi lugar. Quedó ahí en un cajón hasta el juicio (contra Etchecolatz). La condena cosió la historia, ató las partes. Y el secuestro de López me dejó en un lugar de angustia que no podía resolver. Algo tenía que hacer, y fue esto: los ojos de Mariana, los ojos de Patricia, las fotos familiares del ’76 y del ’96 en el álbum familiar, aparecieron los viejos negativos de mi papá de fotos que le sacó a Patricia, y el relato de López que me traía una imagen que yo no quería. Patricia era la hija desaparecida de mi viejo, era la hermana desaparecida nuestra, eran los padres que Mariana nunca había conocido. Cuando López me cuenta, me cae la ficha de que Patricia es la madre que se perdió de criar a una hija, esa foto que me faltaba me la da López, es una imagen relatada y guardada en la memoria”, dice este fotógrafo, sereno y conmovido.
La exposición continuará abierta hasta fines de mayo en el MAM, calle 9 número 984, en La Plata.

Argentina ante el Tribunal Mundial en Ginebra

Por Rodolfo Mattarollo *
Felizmente superados los achaques de una salud quebrantada, aunque con la voz afónica, y por momentos casi con el aliento que lo hacía aún más imponente, el embajador de Uruguay en Ginebra, el jurista Alejandro Artucio, presidió la semana pasada la sesión en que las Naciones Unidas examinaron el cumplimiento por Argentina de sus obligaciones en materia de derechos humanos.
Nuestro país estaba representado por el secretario de Derechos Humanos, Eduardo Luis Duhalde, por el embajador en Ginebra, Alberto Dumont, por varios funcionarios del servicio exterior y de la Secretaría de Derechos Humanos, entre ellos quien escribe esta nota.
Artucio hizo a un lado el protocolo y recordó ante los 47 Estados miembro del Consejo, numerosos países observadores, ONG, periodistas y público, las épocas de la militancia común en el exilio latinoamericano en Europa de él mismo, de Duhalde y del autor de estas líneas.
La sesión se desarrollaba ahora en una de las salas en que se reunía por entonces la Comisión de Derechos Humanos de la ONU en plena dictadura militar argentina, representada en ese recinto por Gabriel Martínez, el jefe de la diplomacia militar. Y como constataba el embajador Artucio, el azar, que a veces hace bien las cosas, reunía 32 años después como representantes de gobiernos democráticos, en el mismo lugar, en funciones oficiales, a quienes habían sido, como miembros de ONG, denunciantes de los crímenes atroces del terrorismo de Estado.
Nuestro país, a través de la Cancillería y de nuestra Misión en Ginebra, está estrechamente vinculado a la ingeniería política e institucional de esta nueva experiencia onusiana, el “examen periódico universal” (de la observancia de los derechos humanos) por el que deben pasar los 192 Estados miembro de la organización mundial, empezando por los que, como Argentina, han formado o forman parte del Consejo de Derechos Humanos.
El examen dura tres horas. Un gran reloj electrónico indica en la pared a la izquierda de la presidencia el tiempo asignado ineluctablemente al Estado examinado –en este caso la Argentina–, una hora, y a los Estados miembro y observadores (dos horas).
Duhalde pronunció el discurso inicial que reseña las políticas públicas de derechos humanos en las dos últimas gestiones de gobierno. Luego Mattarollo, Andrea Gualde (Asuntos Internacionales) y el asesor jurídico Ciro Annichiarico, de la Secretaría de Derechos Humanos, contestaron las preguntas que los Estados habían hecho llegar por escrito. Por último llegó el momento crucial de la sesión, el llamado “diálogo interactivo” en el que los Estados preguntan sin ningún anuncio previo. Intervinieron en esta etapa final 31 Estados que plantearon con frecuencia varias cuestiones cada uno.
Todos los Estados sin excepción elogiaron las políticas de lucha contra la impunidad de graves violaciones de los derechos humanos en la Argentina actual. Es explicable. Argentina ejerce un liderazgo indiscutido en la lucha contra la impunidad conforme a los muchas veces no escuchados llamados de las Naciones Unidas a investigar y juzgar a los autores de asesinatos, desapariciones forzadas, torturas y otras graves violaciones de los derechos humanos.
Pero éste es un ejercicio de luces y sombras que en el caso de Argentina se alejó de ese formalismo que se conoce como “la lengua de madera de las organizaciones internacionales”.
En efecto, en gran parte las preocupaciones de los Estados, que se referían a la cara oscura de los derechos humanos en estas latitudes, ya habían sido adelantadas por la presentación autocrítica de la delegación argentina: detención preventiva prolongada, hacinamiento en las cárceles, demora en sancionar un nuevo régimen penal juvenil, indispensable refuerzo de la protección de testigos, insatisfactoria respuesta a la violencia contra la mujer, insuficiente protección de los pueblos originarios, brechas abismales en la distribución del ingreso.
Las recomendaciones formuladas por los Estados pueden ser aceptadas o no por el Estado examinado. Nuestro país recibió 21 recomendaciones –en su mayor parte sobre las cuestiones antes mencionadas– y se dispuso a acatarlas todas –a diferencia de otros Estados que rechazaron observaciones o que reservaron enteramente su opinión para más adelante–. Ahora viene el momento del seguimiento de esas obligaciones.
Además, todo país examinado puede formular compromisos voluntarios, cosa que hizo nuestra delegación en distintos aspectos. Algunos países, por ejemplo, trataron de debilitar el papel de las ONG en el ejercicio, y propusieron que no se incluyeran en la página web oficial los informes originales de dichas asociaciones. Nuestra delegación, por el contrario, se comprometió a reforzar el papel de las ONG, a todas las cuales rindió un homenaje que sintetizó con la mención de las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo.
Es que la Argentina, con el liderazgo que se le reconoce en la materia tanto en el plano universal como regional, está desempeñando un importante papel de moderación y equilibrio constructivo dentro de los organismos multilaterales, algo que rara vez se muestra cuando se pretende que las políticas de la actual gestión están caracterizadas siempre por la estridencia, tanto en el plano interno como en el internacional.
En todo caso el único momento de tensión en toda la sesión fue cuando la delegación argentina rechazó en términos severos las pretensiones del Reino Unido sobre las Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur, en respuesta a la innecesaria provocación de Londres de incluir a las islas del Atlántico Sur entre los territorios en que ejerce soberanía.
* Ex subsecretario de Derechos Humanos de la Nación.


El veinte por ciento de los adolescentes no va ni podra ir a la secundaria
Educación (obligatoria) no para todos

Los niveles de deserción crecen en los hogares pobres a medida que los jóvenes tienen que trabajar. Dentro de una década, medio millón de chicos de 13 a 14 estará marginado del mundo escolar.


El informe sobre deserción escolar fue realizado por Ctera.
Imagen: Daniel Jayo
Subnotas
Y los más chiquitos, que esperen


Por Cledis Candelaresi
En la Argentina no se cumple con la obligatoriedad de la enseñanza secundaria, ya que un promedio del 20 por ciento de los adolescentes que tienen entre 13 y 18 años está fuera del sistema educativo. La conclusión corresponde a un estudio de Ctera, realizado en base a datos oficiales, en el que se consignan datos aún más dramáticos. Aquel valor sube al 40 por ciento para el grupo de mayor edad, donde el nivel de deserción crece notoriamente, en parte porque muchos estudiantes se ven forzados a dejar la escuela para buscar trabajo. El registro también se duplica en las regiones más pobres del país, lo que consolida la exclusión de sectores ya marginados de la economía. Para los jóvenes que sí tienen la posibilidad de asistir a la escuela la situación también plantea sus bemoles. Otro trabajo del gremio docente da cuenta de que para universalizar la enseñanza es necesario crear 1,1 millón de vacantes, lo que equivale a mil quinientos establecimientos de jornada simple, según el déficit de bancos estimado por los educadores.
El texto de la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina –realizado en base al último Censo de Población, entre otras fuentes oficiales– distingue también al subgrupo menos aventajado del estudio, como son los 28.600 adolescentes que “nunca concurrieron a la escuela”. A esta forma de marginación extrema se añade el agravante de la deserción, que aumenta a medida que pasa el tiempo y desmejoran las condiciones socioeconómicas. Este enfoque dinámico lleva a concluir que “casi el 40 por ciento de los chicos deja de estudiar”, lo que configura “un proceso de progresiva exclusión”.
En el promedio general, los chicos de 13 o 14 años tienen una concurrencia superior al 90 por ciento. Sin embargo, el 8 por ciento de ellos ya dejó la educación formal y, según proyecta el informe, en una década habrá “medio millón de jóvenes” de esas edades que estarán fuera de cualquier establecimiento. La situación es mucho más grave en los de 18 años, ya que el porcentaje que estudia baja a un magro 58 por ciento. La danza de números muestra también diferencias por sexo (las mujeres desertan menos) y por urbanización (la escolarización baja considerablemente en la zona de población rural dispersa).
El trabajo de Ctera desnuda con rigor estadístico lo que parece una verdad de Perogrullo, como que la exclusión del colegio secundario está estrechamente ligada a la pobreza, considerada ésta como “estructural” y no “por ingresos”. Este enfoque divide la población en función de quienes tienen o no Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI), descartando la segmentación según quienes pueden o no acceder a la canasta básica de bienes y servicios. Mirar las NBI es mirar el núcleo duro de pobres, que no dejan de serlo aunque se controle la inflación o haya alguna leve mejora en el salario.
Sólo el 41,47 por ciento de los jóvenes pobres por NBI concurren a la secundaria. Ese casi 60 por ciento restante marginado tras la puerta está condenado a la desocupación o informalidad laboral, entre otras penurias previsibles. El dato resulta especialmente preocupante si se tiene en cuenta cómo se configura el mapa demográfico del país y algunos otros indicadores sociales.
Los jóvenes de la edad en estudio configuran la mitad de la población urbana de la Argentina y están entre los más afectados por la pobreza, aun la medida según el nivel de ingresos. Entre 1991 y el 2006, la desocupación en esta franja se duplicó, subiendo del 17 al 34 por ciento. Esto da la pauta de que quienes dejan los estudios tampoco encuentran amparo en un trabajo, ni siquiera informal y precario.
También existe una divisoria muy notable entre las distintas regiones del país. El Nordeste (Corrientes, Chaco, Formosa y Misiones) tiene el porcentaje general más alto de inasistencia escolar entre los adolescentes: 28,29 por ciento. Pero este valor supera el 43 por ciento cuando se mide lo que ocurre entre los más pobres y llega al 48 si la mira se focaliza en los chicos de 18 años, generalmente convocados a trabajar para paliar una situación familiar desfavorable.
Esos guarismos muestran que la magnitud del problema es muy superior en esas pobres y cálidas provincias norteñas que en la región Metropolitana, la más poblada y rica del país. Aquí, la inasistencia oscila entre el 10,9 por ciento de los no pobres y el 25,9 por ciento de los que sí lo son.
Aun con esta importante franja de la población joven fuera del sistema educativo, existe un contundente requerimiento para atender la demanda de los estudiantes por ahora incluidos. Según el análisis de Ctera, para garantizar “la gradual universalización de la escuela secundaria” es necesario crear 1,1 millón de vacantes.
Bajo la recomendación pedagógica de que los establecimientos no superen los 1000 estudiantes en total y las secciones los 25, se deriva que son necesarias mil quinientas escuelas de dos turnos simples cada una en todo el país. De ese total, 423 deberían estar en territorio bonaerense, la mitad en el superpoblado conurbano. Según subraya el trabajo, no implica necesariamente construir esa cantidad de edificios, pero sí marca la necesidad de disponer del lugar para el dictado de clases en las condiciones previstas.
“Para dar cumplimiento al derecho social a la educación de todos los adolescentes y jóvenes no alcanza con que los gobiernos nacional y provinciales realicen la inversión necesaria para la construcción de escuelas. También es necesario que garanticen políticas públicas (educativas y socioeconómicas) específicas destinadas a facilitar el ingreso y el reingreso de aquellos que no están, así como garantizar el tránsito y terminalidad del nivel”, concluye el texto de los docentes.

María Estela Martínez seguirá en Madrid
La Justicia española negó la extradición de Isabelita Perón
La Audiencia Nacional consideró que los delitos por los que era reclamada por la Justicia argentina no son de lesa humanidad y por lo tanto, prescribieron. Los jueces Oyarbide y Acosta querían indagarla por los crímenes de la Triple A.
08:50
28.04.2008

Isabelita se mantuvo en la presidencia entre 1974 y 1976, épocas del virulento accionar de la Triple A en el país. (Télam)
La Audiencia Nacional española rechazó hoy extraditar a la Argentina a la ex presidenta María Estela Martínez, conocida como Isabelita Perón, al considerar que los delitos por los que era reclamada no son de lesa humanidad y, por tanto, han prescrito.Isabelita había declarado la semana pasada ante la justicia española en relación a los dos pedidos de extradición que pesan sobre ella solicitados por los jueces argentinos Norberto Oyarbide y Héctor Raúl Acosta, por la causa en la que investigan los delitos cometidos por la Triple A."Era una información que estábamos esperando. Uno de los fundamentos para denegar la extradición sería que los crímenes de la Triple A no son considerados de lesa humanidad", señaló esta mañana el abogado de la ex presidenta, Atilio Neira.Isabelita, de 78 años, gobernó la Argentina entre 1974 y 1976, y fue detenida en su domicilio madrileño el 12 de enero de 2007 por orden del juez Juan del Olmo, después de que la Justicia argentina solicitara su arresto. En dos ocasiones ya negaron la extradición al país alegando que tiene nacionalidad española y el juez decidió dejarla en libertad provisional a la espera de la decisión sobre su entrega.Meses atrás, Oyarbide había admitido que existían suficientes pruebas para inculpar a la ex presidenta. Los documentos dan cuenta de que sabía del accionar de la Triple A y su dependencia de José López Rega.

REEMPLAZAN AL PROCURADOR PENITENCIARIO
Mejor no hablar de ciertas cosas

El martes, Francisco Mugnolo ampliará su informe sobre torturas en centros penitenciarios al tiempo que la Comisión Bicameral de la Defensoría nombrará en el cargo a Silvia Martínez.

Mauro Federico
28.04.2008

Devoto. Requisa personal, aislamiento, golpes y lesiones fueron los ítems de la encuesta que realizó la Procuración.
El Procurador Penitenciario de la Nación, Francisco Mugnolo, será desplazado de su cargo después de que presente un informe que demuestra la violación sistemática de los derechos humanos en las unidades que dependen de ese servicio. Se trata de un relevamiento –del segundo semestre de 2007, entre 939 reclusos– que concluye en que “el 63,4% de los detenidos sufrió algún tipo de agresión física”. La difusión de estos datos ya provocó la reacción de la Defensoría General de la Nación, organismo que salió a desmentir dicho informe. “De resultar cierto, hablaría de una práctica sistemática de tortura y esta descripción no se ajusta a la realidad”, replicó un documento firmado por los titulares de la Comisión de Cárceles de la Defensoría General de la Nación, Sergio Paduczak, Catalina Moccia de Heilbron y Silvia Martínez. Es justamente Martínez quien será postulada este martes por la Comisión Bicameral Permanente de laDefensoría que preside Roxana Latorre. “Se pueden tener diferencias de opinión sobre cómo implementar una política penitenciaria, pero no se puede negar la evidencia documentada”, dijo Mugnolo en diálogo con este diario. La Procuración Penitenciaria de la Nación tiene como objetivo “la defensa y protección de los derechos humanos de las personas privadas de su libertad en el ámbito federal”. Fue creada por decreto presidencial en 1993 y, durante sus primeros diez años, dependió del Poder Ejecutivo. Con la sanción de la ley 25.875 en 2003, se le otorgó al organismo autonomía funcional y pasó a la órbita parlamentaria, bajo la supervisión de una comisión bicameral.Mugnolo es procurador desde 2000. “Hasta ahora el Congreso había avalado mi gestión pero desde la asunción de Alejandro Marambio como director del Servicio Penitenciario Federal, sufrimos obstaculizaciones que pasan los límites razonables y lindan con el encubrimiento y el ocultamiento de los hechos más brutales de tortura y malos tratos perpetrados en las cárceles federales”, sostuvo Mugnolo.EL INFORME. La investigación de la Procuración se basa en una encuesta realizada entre 939 presos, es decir el 10% de la población detenida en cárceles federales. Las entrevistas se hicieron en la unidades 2 de Devoto; 3 y 31 de Ezeiza; 24 de Marcos Paz; en los complejos penitenciarios 1 de Ezeiza y 2 de Marcos Paz; y las unidades de máxima seguridad 6 de Rawson Chubut, 9 de Neuquén, y 7 de Chaco. Las preguntas apuntaron a las formas de malos tratos que se usan como castigo: requisa personal, sanción de aislamiento y golpes. Requisa personal: se practica en todas las prisiones con variantes y los blancos predilectos son las mujeres y los jóvenes hasta 24 años. El 83% de los consultados fue obligado a exponer su cuerpo desnudo. Un 24,8% habló de una variante: desnudo con flexiones para revisarles los genitales. Un 46,7% enfrentó desnudos parciales, y cacheos, un 76,6%. Estos últimos casos se elevan en las mujeres a 72,2 y 84,1%. Aislamiento: es la sanción penitenciaria por excelencia según registros de los últimos diez años de la Procuración. Los presos son llevados a celdas especiales o pabellones diferenciados de los que no pueden salir. Son lugares sin luz, sin camas ni mantas, donde se les raciona la comida. Orinan y defecan en recipientes que se dejan en el interior de las celdas. Golpes: El 63,4% de los entrevistados dijo haber sufrido agresiones físicas. Un 58,8% se refirió a golpes (con palos, puños, patadas, empujones). La mayor violencia física directa se despliega contra los varones, más en los jóvenes. Sólo 5,7% de las mujeres dijo haber recibido golpes o ataques similares. El módulo de jóvenes del penal de Ezeiza aparece como el que hace el mayor uso de esta práctica: ahí el 85% de los detenidos (8 de cada 10) reveló maltrato físico. Lesiones: El 37,7% de los varones que fueron agredidos físicamente sufrió también lesiones lo que demostraría el uso de un alto grado de violencia.“Si se está yendo, se muere solo”Una causa que tramita en Juzgado Federal N° 1 de Morón investiga si existió un complot, del que habrían participado agentes del Servicio Penitenciario Federal, para asesinar al procurador penitenciario. Así lo denunciaron cuatro detenidos del penal de Marcos Paz al declarar que guardiacárceles les dieron una pistola calibre 7,65 para que lo asesinaran en un penal. Al revisar el pabellón, las autoridades encontraron el arma en el lugar señalado por los denunciantes. “Es un disparate inventado por Mugnolo para victimizarse”, aseguró el titular del SPF, Alejandro Marambio. Y agregó: “¿Para qué lo van a matar? Si se está yendo, no existe más, se muere solo”.La respuesta del procurador no se hizo esperar. “Yo no sé cuál fue la motivación específica, pero tenemos una fuerte confrontación con la dirección del SPF, que trata de ocultar lo que ocurre en las cárceles”.Desde el penal de Devoto, dos internos cuentan "bienvenidas" y torturasJuan Alberto L. tiene 33 años. Casi la mitad de su vida transcurrió dentro de un penal. “Pasé por Olmos, Bahía Blanca, Sierra Chica, y hace cuatro años que estoy en Devoto”, relató a Crítica de la Argentina en conversación telefónica. “Nunca me molieron tanto a palos como acá”, dijo al referirse al lugar donde está recluido. Al ser consultado sobre cómo se realizan las prácticas de tortura, el preso detalló: “Una de las más frecuentes son las requisas de pabellón. Ellos las llaman ‘inspecciones generales de rutina’; suena un pito y entra corriendo una tromba de funcionarios del cuerpo de requisas al pabellón, nos amontonan en el fondo totalmente desnudos y nos machacan a palos, te pegan en los talones, en los codos, en las rodillas, caminan encima de la montaña humana, te hacen el pata-pata (golpes con palos en las plantas de los pies que no te dejan caminar). Después nos agrupan de a diez y nos verduguean con cachetazos, insultos y nos tiran todas nuestras pertenencias”.Por su parte, Juan R. , recluido desde hace dos años y medio en el mismo penal, dio precisiones sobre otro clásico del maltrato carcelario: las bienvenidas. “Cuando llegan los ingresantes al penal, primero son revisados por un médico, que firma el acta de admisión. Luego los entrevista el jefe de turno, y mientras le hace las preguntas, otros agentes lo cagan a palos, patadas y piñas. Después los encierran en la leonera, un espacio pelado, donde no hay nada y los dejan hasta las seis de la mañana, cuando recién les dan el ingreso formal a los pabellones”.“Una vez me pusieron un poco de picadura de marihuana en las pilchas –recordó Miguel– me hicieron un parte volador (causa armada) para castigarme y me trasladaron del pabellón universitario a la villa planta 2, quinto piso, un pabellón que estaba intervenido porque se había electrocutado un muchacho durante una riña. En el trayecto me fueron pegando trompadas y palazos y cuando llegamos recibí la peor paliza de mi vida”. Ambos reclusos coincidieron: “Si alguien que estuvo en Devoto te dice que nunca le pasó algo como esto, te está mintiendo”.
Campaña por la libertad en la Argentina y el mundo
Ponele la firma a La Galle


Exigimos a los jueces Juan Fégoli, Gustavo Mitchel y Pedro David, integrantes de la Sala Nº II de la Cámara de Casación Penal, que fallen urgentemente a favor de las salidas transitorias reclamadas por nuestra compañera Karina Germano López.
El expediente de La Galle llegó a Casación luego de que el juez Sergio Delgado negara, en acuerdo con el fiscal Oscar Hermelo, su derecho adquirido. Como se sabe, este fiscal fue miembro del grupo de tareas 3.3.2 de la Escuela de Mecánica de la Armada, durante la dictadura militar, donde "reciclaba" los bienes de los compañeros desaparecidos en favor de sus desaparecedores. Paradójicamente, este grupo de tareas es el responsable de la desaparición de Rodolfo "Rocco" Germano, padre de Karina.
Mientras miles de genocidas de la dictadura fueron beneficiados con la impunidad, unos pocos con la cárcel VIP o la falsa detención domiciliaria, a nuestra compañera, militante de la Agrupación H.I.J.O.S. se le negó lo que el derecho le otorga.
Karina fue trasladada desde Brasil el 9 noviembre de 2006 luego de permanecer detenida durante casi cinco años en el Penal de Carandirú, San Pablo, producto de una causa fraguada en la que fue acusada del secuestro del empresario Washington Olivetto, sin prueba alguna. En realidad, el castigo obedeció a su compromiso y solidaridad con las luchas populares. Por todo ello exigimos: Basta de persecución: Transitorias ya.

Enviar las adhesiones a libertadalagalle@yahoo.com.ar
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