lunes, 10 de marzo de 2008

Lunes, 10 de Marzo de 2008

Organismos de derechos humanos piden la renuncia de un funcionario en Salta
La denuncia contra un secretario
El secretario de Seguridad salteño, Jorge Skaf, es acusado de haber actuado como espía en la universidad bajo la dictadura. El gobierno provincial aseguró que no hay “nada probado” y lo ratificó.


Para Urtubey, la denuncia es motivada por “otros intereses”.
Imagen: DyN


Por Laura Vales
El gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey, está en problemas con su secretario de Seguridad, Jorge Skaf. Los organismos de derechos humanos de la provincia denunciaron que el funcionario, que es un ex policía federal, habría actuado durante la dictadura como un “topo” de la fuerza dentro de la universidad. Skaf había entrado a la Secretaría de Seguridad de Salta durante la gobernación de Juan Carlos Romero, apadrinado por Ricardo Nazario, un represor que tuvo que renunciar cuando una de sus víctimas lo reconoció como su captor en el centro clandestino de detención El Olimpo. Tras aquella denuncia, Nazario se fue, pero Skaf siguió vinculado con la secretaría. Después de la asunción de Urtubey fue promocionado para hacerse cargo de la seguridad de la provincia.
Las denuncias en su contra se activaron por el testimonio de una familiar de desaparecidos. El 21 de febrero pasado, Cristina del Valle Cobos, hermana de un militante peronista asesinado en un operativo militar y pareja de un soldado desaparecido en la guarnición Salta, declaró en el Juicio por la Verdad que se realiza en los tribunales salteños. Cobos contó que, tras la muerte de su hermano y la desaparición de su pareja, comenzó ella también a ser vigilada. Era estudiante de la Universidad Católica, donde había un policía de inteligencia de apellido Vigiani que se había anotado en la facultad y del que siempre sospechó que la seguía. Cobos dijo que vio en la universidad a ese policía hablando con Skaf y también que vio al propio Skaf en repetidas ocasiones en las aulas. Más tarde, un día en que tuvo que ir a la Policía Federal para hacer un trámite por el pasaporte, lo encontró dentro del edificio, según contó. Un abogado conocido le aseguró que Skaf había realizado “tareas” en la dictadura junto con otro oficial de la Federal.
Los abogados querellantes en el Juicio por la Verdad pidieron que se remitiera el legajo de Skaf al tribunal. “Comprobamos de esa manera que los datos de su legajo coinciden con la denuncia de Cristina Cobos”, dijo a Página/12 David Arnaldo Leiva, del Encuentro Memoria, Verdad y Justicia. Los antecedentes del secretario de Seguridad revelaron que había entrado a la policía en 1976 y permanecido hasta el ‘80. “Aunque Skaf argumentó en su defensa que en los ‘70 vivió en Buenos Aires como cadete de la Escuela Ramón Falcón, su legajo señala que hizo cursos en la Universidad Católica, tal como dice Cobos.” Esas constancias señalan que cursó dos materias para contador y un curso de toxicología en la UCA de Salta. Skaf también fue durante un tiempo policía de la provincia, cursó Derecho en la Universidad Nacional de Salta y es actualmente abogado.
Entre los organismos que reclamaron su desplazamiento están la Asociación de Derechos Humanos Lucrecia Barquet, el Espacio Memoria, Verdad y Justicia de Salta, la CTA local, la Comisión de Derechos Humanos del Concejo Deliberante de Salta y la asamblea docente provincial.
Ante los reclamos, el gobernador Urtubey ha planteado que no hay pruebas suficientes para desplazar a Skaf. “Que una persona tenga un uniforme o haya sido un uniformado no implica que esté necesariamente vinculado con la represión”, sostuvo Urtubey al ratificar al funcionario.
Urtubey consideró que la denuncia estaba movida por “otros intereses” que los de la defensa de los derechos humanos. “Lo que hay es una declaración de una señora que dijo que sospecha que Skaf había estado haciendo inteligencia, pero nada probado. Estamos hablando de algo que pasó cuando él tenía 18 años y era cadete. Efectivamente en esa época hizo un curso en la Universidad Católica, sin embargo eso no es prueba de que haya realizado tareas de inteligencia”, ampliaron en la Secretaría de Prensa de la gobernación.
El caso ha generado cruces en la provincia, donde todavía está fresco el recuerdo de la política de seguridad del ex gobernador Juan Carlos Romero enfocada a reprimir los conflictos sociales.
Los organismos también cuestionan que Skaf mantenga como asesor de la Secretaría de Seguridad al comisario Rubén Sandoval, que el año pasado, siendo jefe de la oficina de Inteligencia de la policía salteña, ordenó seguimientos sobre los docentes en huelga. El comisario preparó una carpeta con 600 fotos que mostraban pueblo por pueblo quiénes se habían plegado al conflicto. En ese informe valoraba que era preferible un docente muerto a que no se supiera quién mandaba en la provincia. El dossier se filtró al periodismo y se abrió una denuncia penal contra Sandoval, hoy investigado por el juez Luis Costa.



MASACRE DE TRELEW
Prisión preventiva y embargo para todos los detenidos
El juez federal, Hugo Sastre, ordenó "el procesamiento y convertir en prisión preventiva" la detención de Luis Emilio Sosa, Emilio Jorge Del Real, Carlos Amadeo Marandino, Rubén Norberto Paccagnini y Horacio Alberto Mayorga, todos imputados por la "Masacre de Trelew". La resolución además traba embargos millonarios contra los bienes de los imputados por la muerte de los 16 militantes el 22 de agosto de 1972 en la base Almirante Zar, y dispone que, excepto Marandino, los ex oficiales de la Armada sean trasladados a la cárcel de Marcos Paz.




Resumen de DH al 10 de Marzo
Titulo: Un despacho vacío
Medio: Pagina 12, sección el País,
pagina 8
En el piso 13 del Edificio Libertad quedó una oficina vacía. El jueves pasado sacaron todo. Rápido, expeditivo por órdenes superiores, el personal de maestranza iba y venía borrando cualquier vestigio del trabajo del capitán de navío Juan Martín Poggi. El domingo 2, Pagina/12 había revelado que a pocos metros del despacho del almirante Jorge Godoy funcionaba el llamado Grupo de Contención dedicado a asesorar a los represores involucrados en delitos de lesa humanidad. Allí recalaba Poggi. El martes quedó sellada la suerte del oficial: lo pasaron a retiro definitivo. Poggi revestía en la categoría "retirado en servicio", es decir que había sido recontratado.Dependiente en forma directa de la Subsecretaría de Relaciones Institucionales, subordinada a su vez a la Secretaría GeneralNaval, Poggi había declarado ante el juez de Rawson, Chubut, que investiga la Masacre de Telew, que entre sus funciones estaba reunirse con sus camaradas denunciados en "delitos de derechos humanos". No fue el único que cambio de destino. El Ministerio de Defensa informó que, además de Poggi, pasó a disponibilidad el capitán de Corbeta Sergio Vargas, otro de los abogados del equipo naval que desde hace años viene cumpliendo el rol de contención. Al regreso de la gira de la Presidenta, la ministra Garré analizará esas relaciones de la Marina con los represores detenidos.En el caso del Ejército, está a consideración el informe que elevó el general Roberto Bendini por el trabajo de asesoramiento que se realizaría también en el Departamento de Bienestar de la fuerza. El Centro de Militares para la Democracia (CEMIDA) hizo una denuncia sobre esas tareas y la Subsecretaría de Derechos Humanos de la cartera de Defensa investigó el tema y elevó su propio informe a Garré.
Título: La denuncia contra un secretario
Medio: Página 12

Link: http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-100415-2008-03-10.html
Nota: El secretario de Seguridad salteño, Jorge Skaf, es acusado de haber actuado como espía en la universidad bajo la dictadura. El gobierno provincial aseguró que no hay "nada probado" y lo ratificó.
El gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey, está en problemas con su secretario de Seguridad, Jorge Skaf. Los organismos de derechos humanos de la provincia denunciaron que el funcionario, que es un ex policía federal, habría actuado durante la dictadura como un "topo" de la fuerza dentro de la universidad. Skaf había entrado a la Secretaría de Seguridad de Salta durante la gobernación de Juan Carlos Romero, apadrinado por Ricardo Nazario, un represor que tuvo que renunciar cuando una de sus víctimas lo reconoció como su captor en el centro clandestino de detención El Olimpo.


Título: Para que la Justicia no llegue tarde
Medio: Página 12

Link: http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-100420-2008-03-10.html
Nota: Los abogados que intervienen en casos de violaciones a los derechos humanos durante la dictadura coinciden en la necesidad de un plan para agilizar los juicios y proteger a los testigos.
En el camino hacia la obtención de justicia por los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura sigue habiendo escollos. Esta inquietud es compartida por el Gobierno y los organismos de derechos humanos que son querellantes en estos procesos.

Título: El Gobierno busca acelerar los juicios por la represión Principio del formulario
Medio: La Nación
Link: http://www.lanacion.com.ar/edicionimpresa/politica/nota.asp?nota_id=994221
Analiza una profunda reforma judicial
La lentitud judicial en las causas relacionadas con la represión ilegal llevó al Gobierno a buscar alternativas para acelerar los procesos. Si bien todavía no encontró la Casa Rosada la fórmula ideal para impulsar las causas, quienes conversaron en los últimos días con la presidenta Cristina Fernández de Kirchner afirmaron que la esperanza de ésta es cruzar la línea del Bicentenario con las sentencias resueltas.


Título: Día crucial en el caso de la Masacre de Trelew
Medio: La Nación
Link: http://www.lanacion.com.ar/edicionimpresa/politica/nota.asp?nota_id=994223
Nota: RAWSON.- Los cinco imputados en la causa que investiga la denominada Masacre de Trelew, ocurrida el 22 de agosto de 1972, conocerán hoy su situación procesal. El juez federal de Rawson, Hugo Sastre, presentará el escrito en el que resolverá si absuelve, dicta la falta de mérito o si, tal como lo solicitó la semana pasada el fiscal, procesa y dicta la prisión preventiva sobre los marinos, todos ellos ya retirados del servicio activo, involucrados en los hechos.


Título: Pesimismo entre los jueces de una histórica sentencia
Medio: La Nación

Link: http://www.lanacion.com.ar/edicionimpresa/politica/nota.asp?nota_id=994222
Nota: Gil Lavedra, Torlasco y D´Alessio enjuiciaron a la junta militar
Tienen la intención común de acelerar en lo inmediato todas las causas por violación de los derechos humanos en la dictadura y creen que el Gobierno posee un alto grado de responsabilidad en este delicado tema por su "ineficacia, desorientación o ignorancia". Con diferentes matices, plantean soluciones concretas para unificar las 850 causas que hoy están desperdigadas en diferentes juzgados. Y consideran que los testigos de las causas de derechos humanos corren "serio peligro", a la vez que están convencidos de que al paso que hoy marcha la Justicia los juicios podrían demorar una década.


Un dictamen ordena al Estado atender la denuncia de la joven maltratada por policias, medicos y jueces
Por una reparación a la niña toba violada
El caso fue revelado por Página/12. La joven fue violada, a los 15 años, por tres jóvenes blancos, en 2003. Los acusados fueron absueltos por la Justicia chaqueña. Un dictamen del Inadi consideró que el Estado debe allanarse a la denuncia de la víctima.

La denuncia de L.N.P. recién fue tomada después de que la comunidad se plantó ante la comisaría.
Subnotas
La víctima investigada
“Discriminación múltiple”
Los reclamos al Estado
Voces contra la discriminación



Por Mariana Carbajal
El principal organismo del Gobierno que vela contra la discriminación, la xenofobia y el racismo (Inadi) consideró que el Estado argentino debe ofrecer una “reparación integral” a L.N.P., la niña toba que fue violada y cuyos agresores fueron absueltos por un tribunal chaqueño a pesar de haberse comprobado el acceso carnal violento, tal como reveló Página/12 en su edición del sábado. En un dictamen al que tuvo acceso este diario, el Inadi concluyó que el país debe “allanarse a la denuncia interpuesta” ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU por ese caso. Del análisis del proceso judicial “surge que L.N.P. ha sido discriminada por razón de género, por edad y por etnia, vulnerando derechos y garantías constitucionales, en abierta violación a la normativa interna e instrumentos internacionales incorporados a la Constitución”, señala el documento.
La opinión del Inadi está contenida en un dictamen que fue solicitado por la Comisión Interministerial de Derechos Humanos de Chaco. A pedido de la Cancillería, el gobierno de esa provincia tiene que elaborar un descargo para presentar ante la Comité de Derechos Humanos de la ONU. El plazo para que Argentina responda vence el 6 de abril. Y el país podría ser condenado a indemnizar a la niña y a su familia y a implementar cambios en normativas y en la administración de justicia para evitar que situaciones similares, de violaciones múltiples de derechos, se repitan (ver aparte).
“El caso en análisis no resulta un evento aislado; sino que denota el grado de vulnerabilidad de las mujeres pertenecientes a pueblos originarios, ya que padecen discriminación no solo como mujeres, sino como integrantes de pueblos originarios. Al respecto, se observa con gran preocupación la impunidad sistemática de los responsables y la indiferencia de las autoridades responsables de garantizar a dichas mujeres el derecho a sentirse seguras y a no sufrir violencia”, señala el Inadi, cuya titular es la abogada María José Lubertino.
L.N.P. tenía 15 años cuando el 3 de octubre de 2003 fue violada en su pueblo, en el Impenetrable, por tres jóvenes “criollos”, blancos, vecinos de la comunidad qom a la que pertenece la muchacha. Uno de ellos la ultrajó y los otros taparon la escena con sus remeras para proteger al principal agresor. Para silenciar los gritos de la niña, le taparon la boca. El paraje –cuyo nombre este diario mantiene en reserva para proteger la identidad de la víctima– está a unos 400 kilómetros de Resistencia: allí no hay teléfonos –ni fijos ni móviles– ni acceso a Internet ni transporte público.
El caso fue denunciado después de que la comunidad aborigen en pleno se plantara frente a la subcomisaría local para que accedieran a tomarle la declaración a la madre de la muchachita. Los acusados fueron detenidos pero luego, el 31 de agosto de 2004, resultaron absueltos por la Cámara Segunda en lo Criminal de la ciudad de Presidencia Roque Sáenz Peña, en una sentencia plagada de conceptos sexistas.
Antes y durante el proceso judicial, L.N.P. sufrió una sucesión de atropellos interminable, según la denuncia elevada al CDH por dos organizaciones de mujeres, el Instituto de Género, Derecho y Desarrollo (Insgenar), de Rosario, y el Comité para América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer (Cladem), con sede en Perú.
Algunas de las irregularidades detectadas por las ONG:
- En la Comisaría se hizo esperar varias horas a la víctima y, sin tomar la denuncia, la enviaron al puesto sanitario.
- La víctima fue maltratada en el puesto sanitario, en el que, a horas de ocurrido el hecho, se le efectuó tacto anal, rectal y vaginal (aun cuando la víctima manifestó haber sido violada vía anal), volviéndole a causar un intenso dolor.
- La denuncia policial fue tomada por la presión ejercida por la comunidad qom. Fue efectuada por la madre de la niña pero se realizó sin intérprete, cuando la mujer –igual que su hija– habla con dificultades el español. El juicio también fue sustanciado en español y sin intérpretes.
- La víctima nunca accedió a asesoramiento letrado, por lo que nunca pudo constituirse en querellante, ni recurrir la sentencia.
- El Tribunal no les notificó la sentencia absolutoria ni a la víctima ni a su familia.
- El fallo judicial contiene expresiones discriminatorias en razón del género y del origen étnico-racial.
- Tres testigos del hecho que declararon en el juicio fueron descalificados durante el proceso por ser “indígenas”.
- No se resguardó la identidad de la víctima: durante la instrucción judicial se ordenó averiguar en el pueblo si la víctima ejercía la prostitución.
En la sentencia absolutoria, los entonces integrantes de la Cámara Segunda en lo Criminal de la ciudad de Roque Sáenz Peña, distante 240 kilómetros del pueblo de L.N.P., alegaron que si bien había quedado acreditado que la niña había sido accedida carnalmente por vía anal, no estaban seguros de que no hubiera consentido la relación. “No se debe confundir la violación con la violencia propia de un acto sexual”, afirmaron en el fallo. Para los magistrados, las heridas sufridas por la muchacha en la zona anal –-corroboradas por pericias forenses– responden al “ímpetu con que se intenta la penetración” y a la “juventud del sujeto activo, edad en que la excitación sexual suele ser mucho más impetuosa y más aún ante la ingesta alcohólica –que fue reconocida por el autor y constatada por el médico– que suele producir mayor desenfreno”.

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