domingo, 30 de marzo de 2008

RECUSACION EFECTUADA POR LA COMISION POR LOS JUICIOS VERDAD JUSTICIA Y MEMORIA AL FISCAL GENERAL JUAN MANUEL PETTIGIANI DE LA CIUDAD DE MAR DEL PLATA

T.O.C.F.
CAUSA Nº 890/12

RECUSA A FISCAL GENERAL

Excmo. Tribunal:

Gloria del Carmen León, abogada inscripta en el T° 059 F° 602 C.F.A.M.d.P., T° VII F° 329 CAMDP Leg. Previsional 57.631-4 , CUIT e IB 27-11135935-6, Resp. MT , con domicilio legal constituido en calle Jujuy Nº 636 de Mar del Plata, en autos caratulados: “COLEGIO DE ABOGADOS DE MAR DEL PLATA y otros S/ DESAPARICION FORZADA DE PERSONAS s/inc. Universidad Nacional de Mar del Plata, s/actividades de inteligencia de la represión ilegal”,” de trámite por ante este Excmo. Tribunal, a V.E. respetuosamente digo:

I.- Que vengo por el presente, y confome Art. 71 CPPN, legislación vigente y jurisprudencia aplicable al caso, a recusar al Sr. Fiscal General por ante este Tribunal Dr. Juan Manuel Pettigiani, por los motivos que a continuación expongo:

II.- La actitud asumida por el Señor Fiscal respecto a la vista que este Tribunal le corriera, cuya respuesta fue primero dada a la prensa (Diario La Capital del martes 18 de marzo ppasado, pag. 28 y ver fecha de presentación en la causa) pone de manifiesto una absoluta falta de seriedad respecto al ejercicio de su investidura como miembro del Ministerio Público Federal.

Pero más aún, y más grave: pone de manifiesto su posición personal respecto a la caracterización jurídica de los delitos a investigar. Y digo personal, pues del análisis de su presentación (de la cual me notifiqué de manera espontánea pues no se me ha dado traslado), se concluye que hace un relato histórico-político de los acontecimientos que marcaron el período de tiempo 1974/1975. Pero no analiza en absoluto las constancias obrantes en autos, respecto a documentación (por ej. causa Nº 401/75 caratulada: "ARGIBAY JORGE Y OTROS S/ INF. ARTS. 90, 104,149 bis,162 y 210 C.P.") y testimonios brindados por testigos y víctimas, tales como declaración de Isabel Eckert, Eduardo Soares, María Laura Chino, Josefina Chino, Jorge Giordano, Jorge Casales, Gonzalo Chávez, Elena Arena, Luis Rafaldi, Susana Ure, Mirta Clara, Carlos Cervera, Jorge Agüero, Zenón Márquez, Andrés Cabo, Ricardo Muñoz, Juan Gaspari, Elsa Portugheis, Noelia Pantano, Gregoria Marín, Susana Salerno, Juan Carlos Suarías, Carlos Kifer, testimonio del 4 de febrero 2008 (testigo de identidad reservada), Beatriz Alicia Sebreiro, María Elena Sammartino, Carlos Alberto Tabbia.

Testimonios de los cuales surge la participación de personas debidamente identificadas y que actuaron con la complicidad, apoyo logístico y operativo de las fuerzas de seguridad y militar y de distintos órganos del Estado, tal la Universidad Provincial (en 1975 nacionalizada), el Poder Judicial Federal y Provincial, por lo cual esta parte entiende que se dan los presupuestos básicos para instar la acción penal.

Pues de lo que se trata es de perseguir penalmente delitos que por su naturaleza pertenecen a la categoría jurídica de delitos de lesa humanidad, no de simples hechos “terroristas”.

III.- Es preciso delimitar normativamente este tipo de delitos, y su diferencia con los delitos comunes y por ende precriptibles.
III-1.- Y para ello, y no abundar, me remito a la reciente jurisprudencia emanada de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que con fecha 10 de Mayo de 2005, el caso Lariz Iriondo como pauta interpretativa, en el cual se analiza y se concluye, por mayoría, que los actos cometidos por los grupos “terroristas” sin la participación del elemento Estado no constituyen delitos de lesa humanidad y son, por ende, juzgados por el derecho penal interno, que prevé y reprime delitos contra la vida, abuso de armas, delitos contra libertad individual, extorsión, daños, delitos contra la seguridad pública, delitos contra el orden público; todos ellos de naturaleza común y prescriptible.
Pero ni la Triple A ni la CNU cuadran en este concepto de grupo político como es el analizado por la CSJN en el caso de referencia. No son delincuentes “terroristas” que actúan conforme una estrategia que el grupo se da, sino que sistemáticamente sus actos cuentan con el apoyo operativo y logístico de diversos órganos del Estado, desde la policía hasta la Justicia. Sus delitos no son delitos comunes y prescriptibles, como la Corte ha determinado que lo son los cometidos por las organizaciones político militares que actuaran sin la aquiescencia del Estado.
Nótese, al respecto, que nunca se ha hecho referencia a que estas organizaciones criminales (Triple A, CNU) fueran catalogadas como “subversivas”. De lo que se colige, entonces, que se está frente a otra categoría de actores y de delitos.
III-2.- Y llegados a este punto, hago referencia al reciente fallo de la Cámara Nacional Criminal y Correccional Federal, Sala 1: Delitos de lesa humanidad. Crímenes cometidos por la organización “Triple A”. Imprescriptibilidad, Buenos Aires, 14 de marzo de 2008.- Rovira, Miguel Angel.

El Dr. Eduardo Freiler hace un repaso del recorrido de la categoría de delito de lesa humanidad por el proceso de codificación, en el ámbito internacional, desde su moderna significación, que “se acuñó por primera vez en la Carta del Tribunal Militar Internacional que funcionó en Nüremberg. La categoría de crímenes contra la humanidad también se incluyó -con los mismos alcances que para el mencionado Tribunal Militar Internacional- en el artículo 5 c) del Estatuto del Tribunal Militar Internacional para Lejano Oriente, cuya base jurídica fue un decreto del Comandante en jefe de las fuerzas aliadas Douglas MacArthur, del 19 de enero de 1945”.

Señala “que la Ley Nº 10 del Consejo de Control Aliado acogió el tipo de crímenes contra la humanidad pero con algunas añadiduras y una modificación esencial: mientras que los Estatutos de Nüremberg y de Tokio exigían una relación entre el crimen contra la humanidad y los crímenes de guerra o la agresión, en la Ley Nº 10 desaparece esta accesoriedad. Esto permitió que fueran castigados como crímenes contra la humanidad actos cometidos con bastante anterioridad al inicio de la guerra (Gil Gil, Alicia, Derecho Penal Internacional, Tecnos, Madrid, 1999, p. 1117, nota 39)”.

Continúa: “El proceso de codificación de estos crímenes culminó con la adopción del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional que entró en vigencia el 1 de julio de 2002. Se estableció la jurisdicción del Tribunal Internacional respecto de "los crímenes más graves de trascendencia ), entre los que se enumeró al crimen de lesa humanidad internacional" (art. 1 )”.

Entiende: "Por ataque contra una población civil en el contexto de esos elementos -se refiere a los últimos elementos de cada crimen- se entenderá una línea de conducta que implique la comisión múltiple de los actos indicados en el párrafo 1 del artículo 7 del Estatuto contra una población civil a fin de cumplir o promover la política de un Estado o de una organización de cometer esos actos. No es necesario que esos actos constituyan un ataque militar. Se entiende que la política...de cometer esos actos requiere que el Estado o la organización promueva o aliente activamente un ataque de esa índole contra una población civil".

La definición contenida en el Estatuto fue especialmente tenida en cuenta por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en los precedentes "Arancibia Clavel" y "Simón", y en el más reciente fallo "Derecho, René Jesús s/Incidente de prescripción de la acción penal 24.079-" (D. 1682. XL, rta. el 11 de julio de 2007).

III-3.- En los autos "Simón", particularmente especificó el Máximo Tribunal que "la descripción jurídica de estos ilícitos contiene elementos comunes de los diversos tipos penales descriptos, y otros excepcionales que permiten calificarlos como crímenes contra la humanidad porque: 1- afectan a la persona como integrante de la "humanidad", contrariando a la concepción humana más elemental y compartida por todos los países civilizados; 2- son cometidos por un agente estatal en ejecución de una acción gubernamental, o por un grupo con capacidad de ejercer un dominio y ejecución análogos al estatal sobre un territorio determinado." (Voto del Dr. Ricardo Luis Lorenzetti -consid. 13‑).

“El segundo aspecto requiere que la acción no provenga de otro individuo aislado, sino de la acción concertada de un grupo estatal o de similares características que se propone la represión ilícita de otro grupo, mediante la desaparición física de quienes lo integran o la aplicación de tormentos. No se juzga la diferencia de ideas, o las distintas ideologías, sino la extrema desnaturalización de los principios básicos que dan origen a la organización republicana de gobierno”.
“No se trata de juzgar la capacidad del Estado de reprimir los delitos o de preservarse a sí mismo frente a quienes pretenden desestabilizar las instituciones, sino de censurar con todo vigor los casos en que grupos que detentan el poder estatal actúan de modo ilícito, fuera del ordenamiento jurídico o cobijando esos actos con una ley que sólo tiene la apariencia de tal. Por ello, es característico de esos delitos el involucrar la acción organizada desde el Estado o una entidad con capacidad similar, lo que comprende la posibilidad del dictado de normas jurídicas que aseguran o pretenden asegurar la impunidad" (del voto del Dr. Ricardo Luis Lorenzetti -consid. 13‑).

“Este extracto ilustra y delimita correctamente la razón de ser de los delitos contra la humanidad, aspecto ineludible y dirimente a la hora de trazar una diferencia con los crímenes comunes -reservados a la soberanía de los Estados- y también de establecer quién puede cometerlos.”

“El Dr. Lorenzetti en el voto más arriba reproducido, remarca que los crímenes contra la humanidad afectan "los bienes que constituyen la base de la coexistencia social civilizada" y desnaturalizan "los principios básicos que dan origen a la organización republicana de gobierno", violando derechos fundamentales que "no pueden ser suprimidos por el Estado Nacional" ni por "un grupo con capacidad de ejercer un dominio y ejecución análogos al estatal sobre un territorio determinado", pero que si lo son tienen tutela internacional”.

“La definición, entonces, debe construirse a partir del componente de dominación política, en tanto éste explica no sólo la dimensión y alcance de los crímenes sino también el por qué de la reacción de los Estados civilizados -como entes que también ejercen dominación política pero como ámbito de realización, y no supresión, del hombre- en auxilio del individuo.

“Bajo las condiciones apuntadas se satisface el elemento político -policy element- que distingue a los crímenes contra la humanidad, en el sentido de que el ataque generalizado o sistemático contra una población civil debe llevarse a cabo de conformidad con la política de un Estado o de una organización de cometer esos actos o para promover esa política”.

“Los antecedentes mencionados bastan para representar la hipótesis de imputación: homicidios, privaciones ilegítimas de la libertad y pertenencia a una asociación ilícita concebida en un sector del Estado con el objetivo de perseguir clandestinamente, por medio de tales acciones y otras, a opositores políticos”.

“Debe recordarse que la Corte Suprema de Justicia, in re: "Arancibia Clavel" consideró, con apego a la definición mencionada, que formar parte de una agrupación destinada a perseguir opositores políticos, por medio de homicidios, desaparición forzada de personas y tormentos, con la aquiescencia de funcionarios estatales, constituía delito de lesa humanidad y un atentado al derecho de gentes tal como lo prescribe el artículo 118 de la Constitución Nacional (Fallos 327: 3312)”.

"La asociación conocida como "Triple A" fue proyectada, materializada y conducida por agentes públicos -alguno de ellos encumbrados en la organización del Estado-, que las autoridades nacionales de entonces toleraron su actuación y procedimientos de acción, y que su objetivo fue presionar, amedrentar y eventualmente aniquilar a opositores ideológicos o partidarios, a otros actores sociales que pensaran o actuaran de modo diferente al que pretendían sus mentores, o a quienes no acataran las instrucciones que se les dirigían".

“Los rasgos institucionales reducidos a un papel meramente ornamental, definitivamente fueron abandonados con el golpe militar de marzo de 1976 que reveló un trazo continuo a través de la participación trascendente de la Triple A en el centro clandestino de detención conocido como "Automotores Orletti" que funcionó entre mayo y noviembre de 1976, bajo la dependencia operacional de la SIDE, en el contexto del plan criminal aprobado por los ex comandantes de las fuerzas armadas -v. c. 13/84 de este Tribunal, capítulos XI y XX de la sentencia- (c. 39739 "Guglielminetti, Raúl y otros s/ procesamiento", 19/7/07, reg. 804)-“.

·El patrón de la presencia del Estado, ya sea en su versión de terrorismo de Estado -dictadura- o bien como aquí se describió, parece ser también la razón de que la Corte Suprema de Justicia de la Nación haya reconocido el derecho a cobrar el beneficio que prevé la ley 24.411 por hechos anteriores al 24 de marzo de 1976 en los que hubiesen participado personal de las fuerzas armadas, de seguridad o de grupos paramilitares (Fallos 327:4048), y no, por ejemplo, en supuestos donde él no haya tenido responsabilidad directa ni indirecta (Fallos 326:3032)”.

El camarista Horacio Cattani hace una enumeración del derrotero judicial de estos casos para mostrar que todos los expedientes terminaron en sobreseimientos, tal como ocurrió con los casos que se exige se reabran, o no se registran actuaciones judiciales. “La gravedad de la situación no tuvo correlato alguno con las pesquisas realizadas”, dice el juez. Hasta López Rega, que llegó a ser arrestado y extraditado, murió en 1989 antes de recibir condena.
Según Cattani, la impunidad que permitía la multiplicación de los crímenes, se extendía en todos los poderes del Estado. Describe que en el ámbito parlamentario “cundía el terror”: se evitaban alusiones a la Triple A o el oficialismo las impedía. Los que “alzaron su voz en solitario fueron perseguidos, amenazados, incluso muertos”, en alusión, entre otros, a Ortega Peña. También enumera intimidaciones a los medios de prensa y dice que “ni siquiera la Iglesia estaba exenta de ser blanco de la Triple A basta rememora el asesinato del padre Carlos Mujica”.
Freiler hace hincapié en que el poderío de la organización fue tan grande que “neutralizó” al poder del Estado y ejerció de facto un poder absoluto. Esto, sostuvo, constituyó “la antecámara del colapso total de las instituciones que tuvo lugar con la dictadura militar”.

III-4.- De los párrafos señalados precedentemente extraemos la fundamentación de porqué los delitos que solicitamos se les impute a los miembros de la CNU son delitos de lesa humanidad.

Nos referimos a secuestros y homicidios, llevados a cabo, tal como lo denuncian los testimonios señalados, por la organización CNU y Triple A “grupo originario” y bajo el amparo del Estado. El informe de la D.I.P.B.A. entregado por la Comisión Provincial de la Memoria (de lo cual la prensa ha dado pormenorizada cuenta) y los informes de inteligencia provenientes de la PNA entregados por el Archivo Nacional de la Memoria, al Tribunal, contienen datos más que relevantes sobre personas y hechos.

III-5.- A título ejemplificativo sobre el valioso material que obra en poder de este Tribunal y del Ministerio Público (y del que he tomado conocimiento por haber consultado personalmente el Archivo Nacional de la Memoria), transcribo un párrafo del informe de Prefectura “Plan de colección de informaciones. Placintara 1975. Prefectura MdP, sección informaciones”, bibliorato 95:

…El GADA 601, que siempre mantuvo hermetismo respecto de sus operativos, no cuenta con personal capacitado en inteligencia, en la medida que las circunstancias lo aconsejan y en un primer momento de esta guerra se valió de personas civiles que militaban en la CONCENTRACIÓN NACIONAL UNIVERSITARIA que llegaron a actuar con total impunidad en la ciudad, para cubrir tal falencia, dejando de lado a los Servicios de fuerzas amigas (PF, PBA, FT6, etc). Luego, cuando la CNU fue dejada de lado por el GADA, éste quedó sin la corriente informativa que las circunstancias aconsejan y en la actualidad daría la impresión de que está “tirando blancos” sin mayor criterio y sin lograr resultados positivos”. (fs. 94)”

El resaltado es mío y no es posible pasar por alto el significado de esa frase “y en un primer momento de esta guerra se valió de personas civiles que militaban en la CONCENTRACIÓN NACIONAL UNIVERSITARIA que llegaron a actuar con total impunidad en la ciudad…” No caben dudas acerca de cuál es ese primer momento, teniendo en cuenta el año al que estos informes hacen referencia.

Pero nada ha dicho en su dictamen el Sr. Fiscal sobre este valiosísimo material incorporado en autos. (Y de consulta exclusiva para el Tribunal y el Ministerio Público, tal como se me notificara en oportunidad de pedir esta parte tomar vista del mismo)

Pero sí se explaya en una defensa del gobierno de Isabel Martinez de Perón. La génesis de los delitos de lesa humanidad, para ser considerados como tales, deben ser de una gravedad tal que ofenden a la conciencia humana más allá del daño infringido a nivel personal y deben ser cometidos por el Estado o con la aquiescencia del Estado, circunstancia que ha quedado demostrada en autos.

Pero confunde dicha participación, necesaria, estatal, con la asunción de una política expresa del gobierno, y llevada a cabo por todo el gobierno de entonces, lo cual ciertamente no es posible afirmar que así fuera. Pero no puede escapar al entendimiento de los hechos acaecidos que la responsabilidad sobre la organización Triple A y los subgrupos que operaron en el interior del país, no fueron responsabilidad exclusiva del Ministro Lopez Rega, pues ido éste del país el accionar criminal de estos grupos continuó.

III-6.- Otro párrafo del voto del Dr. Freire: “El diputado Porto agregó a fs. 81/88 copia de una carta, organigrama y sobre que le remitió Paino.(Testigo) Allí obra una "lista de López Rega" en la que se señala al Cnel. Damasco, Ortega Peña, Tomás Hernández, Padre Mugica, Chavez padre e hijo, "Laferrere de la UOM", Troxler, "Universidad (no recuerda nombre)"; "atentados (conexión C.N.U.)", Clarín, Descamisado, Militancia, Noticias, El Mundo, así como la directiva de confundirse con ERP o Montoneros para ver el clima. Del organigrama se desprende que del "enlace Carlos G.A. Villone", dependía el "grupo A", a cargo de Almirón y el "B", bajo el mando de Rovira”.

“Respecto del modo en que estaba estructurada la organización, el Juez tuvo en cuenta que los testimonios de Salvador Paino y de Peregrino Fernández aludieron a una actuación dividida en grupos y subgrupos. “

IV.- En relación al accionar criminal de la CNU en nuestra ciudad, conjuntamente con miembros de la misma organización y de la Triple A provenientes de la ciudad de La Plata y Buenos Aires, se ha testimoniado en ante este Tribunal (declaración de Juan Gaspari, Gonzalo Chávez, Eduardo Soares, Susana Salerno, Juan Carlos Suarías), y ha quedado demostrada la participación de distintos órganos del Estado brindando cobertura legal a sus miembros: todos eran empleaos de la Universidad (Provincial y Nacional), y algunos también eran empleados de la fiscalía Federal. Basta con ver los legajos adjuntados a estos autos.

V.- Reitero la gravedad de la forma elegida por el Señor Fiscal para dar a conocer su dictamen, pues deja de lado las necesarias formalidades procesales para formar parte de una ¿campaña? de desnaturalización y desprestigio del juicio por la Verdad y las causas penales que a partir de éste se formalizan. Vuelve a salir en el diario La Capital el lunes 24 de marzo página 7.

Me refiero concretamente a la nota periodística, en la misma página en que el diario publica una crónica de la jornada del día lunes 17 del Juicio por la Verdad, crónica deliberadamente suspicaz y con el inocultable propósito de confundir a la opinión pública, desmereciendo la importancia y seriedad de este Juicio.

Señalo el párrafo en que el diario afirma: (referido al secuestro del Lic. Roberto Sammartino)”…Su caso fue tratado ayer en una nueva audiencia del Juicio por la Verdad que sirvió para ratificar la nebulosa, la falta de testigos y de precisiones que aun reina sobre su muerte”…

Pero lo que aquí importa, y motiva esta presentación, es la actitud del Señor Fiscal, si puede procesalmente seguir ejerciendo su ministerio o si debe ser separado.

Y en opinión de esta parte, la actitud asumida por el miembro del Ministerio Público denota claramente, y más allá de la actitud personal respetuosa desplegada por el mismo, una manifiesta enemistad encuadrable en el inc. 11 del art. 55 CPPN.

Pues de lo que se trata es de determinar, no literalmente una enemistad desde el punto de vista estrictamente personal, sino, fundamentalmente, procesal.

Pues, qué garantía de Justicia podremos tener cuando exigimos la investigación y consecuente castigo a los responsables de ese plan de exterminio que comenzó a ponerse en práctica con anterioridad al golpe de Estado de 1976.

Cómo podremos confiar el ejercicio de la acción penal a quien, desde el punto de vista procesal, debe ejercerla, si ya se ha manifestado que respecto a estos casos, no hay delito.

No podemos tolerar que un fiscal de la Nación, que considera que los crímenes cometidos por la tiple A y la CNU, están comprendidos entre los delitos del Derecho Penal común y por lo tanto han prescripto, contradiga las pautas interpretativas que brinda, a través de sus pronunciamientos, la Cámara Nacional Criminal y Correccional, las directivas emanadas de la UNIDAD FISCAL DE COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS CAUSAS POR VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS COMETIDAS DURANTE EL TERRORISMO DE ESTADO.

Reproduzco párrafos de la nota al Dr. Rodolfo Mattarollo (Ex Sub Secretario de Derechos Humanos de la Nación) en Página 12 del 18/03/08:

“La resolución de la Cámara Federal, que califica los delitos cometidos por la Triple A como crímenes de lesa humanidad, es tal vez la más importante, política, jurídica y éticamente desde el juicio a los integrantes de las tres primeras juntas militares. Ese fallo coincide con las orientaciones de la jurisprudencia internacional en casos similares”.

“Una conclusión inevitable del carácter de crímenes de lesa humanidad de las atrocidades cometidas por la Triple A es su imprescriptibilidad y el hecho de que la asociación ilícita para cometer crímenes de lesa humanidad constituye a su vez un crimen de lesa humanidad, por su naturaleza, imprescriptible.”

“En la constitución y operaciones de la Triple A hubo una directa responsabilidad estatal, por acción y por omisión. Sin embargo, aun desde la perspectiva de delitos cometidos por grupos no estatales, los miembros de la Triple A son individualmente responsables de crímenes de lesa humanidad”.

La mayoría del tribunal argumentó que puede haber crímenes de este tipo en el contexto de un gobierno constitucional. En este caso, explicó, fueron parte de “un ataque generalizado o sistemático contra la población civil” ejecutado por “una asociación ilícita concebida en un sector del Estado con el objetivo de perseguir clandestinamente” a “opositores políticos”. Pero además, tuvieron un rasgo distintivo: que ocurrieron al amparo de un sistema de impunidad.

VI.- PETITORIO: Por las razones expuestas, solicitamos se de curso a la presente, haciendo lugar al pedido de acusación del Sr. Fiscal General Juan Manuel .Pettigiani-

Tener presente y proveer de conformidad

Que será Justicia


II.-
Caso 1.- IZUS, RENE ARMANDO:

Causa Nro. 99, caratulada: “Izus, René Arnaldo s/ Muerte”
Fecha del hecho 19 de febrero de 1975.-

Caso 3.- Elizagaray, Enrique – Videla, Guillermo Enrique – Videla, Jorge Enrique – Videla, Jorge Lisandro.-
Causa Nro. 108, caratulada: “Elizagaray, Enrique – Videla Guillermo Enrique – Videla, Jorge Enrique – Videla, Jorge Lisandro S/ Muertes”
Fecha del hecho: 21 de marzo de 1975

Caso 4.- Goldemberg, Bernardo Alberto.-
Causa Nro. 109, caratulada: “ Goldenberg, Bernardo Alberto s/ Muerte”
Fecha del hecho: 21 de marzo de 1975

Caso 5.- Gasparri, Daniel – Stoppani, Jorge.-
Fecha del hecho: 25/4/75

Caso 6.- Maggi, María del Carmen.-
Causa Nro. 260, caratulada: “Maggi, María del Carmen s/ Privación Ilegal d ela libertad”.-
Fecha del hecho: 09 de mayo de 1975

Caso 7.-­Soarez, Eduardo Adolfo.-
Causa Nro. 163, cartulada: “Soares, Eduardo Adolfo s/ Muerte”
Fecha del hecho: 27 de mayo de 1975.-

Caso 8.- Tortosa, Juan José –Tortosa, Ricardo Emilio.-
Causa nro. 191: “TORTOSA, JUAN JOSE S/ MUERTE”.-
Fecha del hecho: 31 de mayo de 1975

Causa nro. 278: “TORTOSA, RICARDO EMILIO S/ MUERTE”.-

Caso 9.- Sammartino, Roberto Hector.-
Causa Nro. 282, caratulada: “Sammartino, Roberto Héctor s/ victima de homicidio”
Fecha del hecho: 5 de junio de 1975

Caso 10.-Kein, Victor Hugo – Del Arco,Jorge Osmar.-
Causa Nro. 277 (se agregaron en aquella época las causas nro. 275, caratulada: “Kein, Victor Hugo s/ victima de homicidio; y 276, caratulada: “ Del Arco, Jorge Odsmar s/ victima de homicidio”), caratulada: “Kein, Victor Hugo –Del Arco, Jorge Osmar s/ Privación Ilegítima de la libertad”.-
Fecha del hecho: 11 de junio de 1975.-

Causa nro. 277: “KEIN, VICTOR HUGO – DEL ARCO, JORGE OSMAR S/ PRIVACIÓN ILEGAL DE LA LIBERTAD”.-
Causa nro. 275: “KEIN, VICTOR HUGO S/ VICTIMA DE HOMICIDIO”.-
Causa nro. 276: “DEL ARCO, JORGE OSMAR S/ VICTIMA DE HOMICIDIO”.-
Con igual fecha que en el caso anterior

Caso 11.- Crespo, Juan Manuel – Azorin, Emilio
Causa Nro. 513, caratulada: “Azorín, Emilio – Crespo, Juan Manuel Horacio s/ Víctimas de sus homicidios
CJVJM Comisión por los Juicios VERDAD JUSTICIA y MEMORIA - Mar del Plata

SOCIEDAD RURAL ARGENTINA IDEÓLOGA DEL GOLPE



"Debemos recordar que el presidente Videla ha expresado que la Nación está dispuesta a apoyar al sector agropecuario el cual, en el momento de la prueba, hace cuatro años, fue el primero en ponerse en pie y dar el sí a la convocatoria del Proceso de Reorganización Nacional".

Jorge Zorriegueta, Secretario de Agricultura y Ganadería, 20 de mayo de 1980.


Decimos que la rural es uno de los sectores del poder económico que impulsó el Proceso de Reorganización Nacional porque fue partícipe del núcleo duro de la Asamblea Permanente de Entidades Gremiales Empresarias (APEGE). Aquí se aglutinó el establishment argentino para desestabilizar el gobierno de Isabel Martinez de Perón al intensificar la crisis institucional para que las Fuerzas Armadas Genocidas se apropien del Estado.
O sea, según dicen sus solicitadas en los matutinos, pretendían “ la rectificación total de la filosofía político, económica y social que ha llevado a nuestra Argentina al borde del caos”.
APEGE desarrolla sus actividades entre agosto del 75 y marzo del 76. Su secretariado directivo estaba integrado por el Sr. Celedonio Pereda (Sociedad Rural Argentina), Dr. Armando Braun (Cámara Argentina de Comercio), Sr. Jorge Sabate (Unión Comercial Argentina), Sr. Jorge Aguado (CARBAP), Sr. Federico Peña (Cámara de Sociedades Anónimas) y el Ing. Cesar Polledo (Cámara Argentina de la Construcción).
Tras una serie de reuniones con otras entidades empresarias de los diferentes rubros de la economía y en distintos puntos del país, deciden convocar a un lock out patronal para el lunes 16 de febrero de 1976. Es así que la SRA vuelve a condicionar a los pequeños y medianos trabajadores del campo – siendo que ni si quiera los representa – para que se manifiesten a favor de un modelo de país netamente injusto, económicamente dependiente y sometido políticamente a las potencias extranjeras
SOCIEDAD RURAL ARGENTINA BENEFICIARIA DEL GOLPE
Entrado el 24 de marzo de 1976 la economía argentina nuevamente es digitada por un hijo pródigo de la SRA: José Alfredo Martinez de Hoz; quien es bisnieto de uno de los fundadores de la centenaria entidad, que se apropio de las tierras de miles de nativos tras ser cruentamente asesinados por el ejército de línea del Gral Roca.
Por si fuera poco otro miembro de la rural ocupó un puesto estratégico en la dictadura oligárquica: el lobbista Jorge Zorreguieta fue quien representó los intereses de los dueños de la tierras como Subsecretario de Agricultura, y el 6 de abril de 1979 sube algunos escalones al asumir como Secretario de Agricultura y Ganadería tras la renuncia de Mario Cadenas Madariaga.
Con gran parte del Estado en sus manos, y como es su costumbre la SRA lloraba a través de su presidente, el Sr. Celedonio Pereda en la exposición del 76: “Para poder realizar esta política es requisito indispensable desterrar definitivamente los gravámenes, impuestos o derechos a las exportaciones y mantener un tipo de cambio realista”.
Y para ratificar su apoyo al genocidio - que estaba en su pico más sangriento - , Pereda en la exposición del 77 remarcó: “ El proceso de moralización iniciado en marzo de 1976 se nota en todos los niveles del cuerpo social. Es indudable que cuando las autoridades dan el ejemplo con su actitud de austeridad, ecuanimidad y sobrio uso del poder promueven la emulación y el respeto de todos”.
Así es, el gran objetivo de cambiar de rumbo el modelo del sistema político, social y económico de la Nación, se le estaba haciendo realidad a este grupo de aristócratas terratenientes; enfocando sus miradas hacia su “civilizado” mercado externo en perjuicio del “bárbaro” mercado interno. Es decir, resolvieron que era más conveniente enviar carnes y granos al resto del mundo que alimentar a un pueblo que desde hacia mucho tiempo se venía levantando en anhelos de justicia social.
Por lo tanto, es por la sangre derramada de nuestros compañeros - que se atrevieron a cuestionar la matriz de la distribución de las riquezas -, que desde el último golpe hasta la actualidad se profundizo el proceso de concentración de tierras como nunca antes se vió en la Argentina. Miles de familias emigraron del campo a la ciudad ya que los aumentos en las tasas de creditos, y la falta de subsidios para obtener tecnología importada para aumentar la producción hicieron que fuera insostenible la propiedad de un campo de pocas hectáreas.
Ahora la SRA nos presiona para que nuestro país se perpetúe en el tiempo como un modelo neocolonial, transgénico y biotecnológico. Lo que quiere decir que no haya condiciones para invertir en la industria, que un pequeño grupo de familias sean las dueñas de gran parte de las tierras; que otro grupo de intereses extranjeros se apropien de otra gran parte de la tierra; que un grupo de pooles de siembra multinacionales alquilen los campos de los pequeños agricultores para cultivar soja, y que estos sigan migrando del campo a la ciudad; que el ganado vacuno se traslade desde el centro hacia el norte del país, reduciéndose en cantidad y calidad; que las políticas de investigación cientifica de los institutos nacionales y privados se orienten a establecer la mejor manera de que el pueblo argentino deje la carne por la soja; y que se agudice el cambio climático y se atente contra la biodiversidad a través de los desmontes, el uso intensivo de fumiguicidas y el desgaste y erosionamiento de los suelos.




Por su activa participación en la Conquista del desierto, por su planificación del Proceso de Reorganización Nacional y por su actual pretensión de querer consolidarnos como republiquita forrajera con pronta fecha de vencimiento, decimos:

SOCIEDAD RURAL ARGENTINA, 142 AÑOS IMPULSANDO EL HAMBRE Y LOS GENOCIDIOS EN NUESTRO PAÍS.

TIERRA, TRABAJO Y JUSTICIA.

DISTRIBUCIÓN DE LA RIQUEZA





30 000 COMPAÑEROS DESAPARECIDOS PRESENTES!!!


H.I.J.O.S. Regional Río Cuarto en la Red Nacional






RadarDomingo, 30 de Marzo de 2008



El’75
Cuando hace unos años los archivos fotográficos de La Razón, Tiempo Argentino y El Cronista Comercial fueron tirados a la basura, la Asociación de Reporteros Gráficos de Argentina los rescató. Pero como si salvar esa riqueza documental no fuera suficiente, entre las pilas de papeles aparecieron sobres repletos de un material inesperado: prontuarios, informes, comunicados de prensa y fotos de armas, casas allanadas y personas detenidas, golpeadas y luego desaparecidas. Todo, fechado en 1975. Todo, material que la policía repartía a los medios para informar sobre la “actividad subversiva”. Hoy, todo eso, parte de la muestra Archivos incompletos, aporta información sustancial sobre la actividad ilegal de las fuerzas del Estado antes del golpe, la planificación del terrorismo de Estado y el borramiento de la historia previa al ’76.


Por Hugo Salas
La dictadura que gobernó a sangre y fuego el país entre 1976 y 1983 es responsable de más de un vacío. El vacío de cada una de esas personas que hoy deberían estar y faltan, el vacío de las discusiones políticas, condenadas a girar hasta el absurdo en los límites de un liberalismo aviesamente chato, un innegable vaciamiento económico –que, merced a la colaboración de la sucesión democrática, significa aún hoy la vida en la miseria para millones– y también un vacío histórico: el total borramiento de la historia de las organizaciones armadas antes y durante lo que ellos llamaron el Proceso de Reorganización Nacional. En más de un sentido, el interés por mantener vivo el recuerdo del criminal accionar de las Juntas ha contribuido a difuminar la historia, los pormenores y las contradicciones del principal objeto de su encono (vicisitud que, desde hace unos años a esta parte, comienza a ser aprovechada, de manera perversa, por los grupos de derecha que demandan una “memoria completa”).
Allí, justamente, radica el interés de Archivos incompletos, muestra inaugurada por la Asociación de Reporteros Gráficos de la República Argentina (Argra) el 24 de marzo pasado, donde puede verse material sobre tres organizaciones armadas de las que poco suele escucharse (y mucho menos verse): el Ejército Guerrillero del Pueblo, las Fuerzas Argentinas de Liberación y la Junta Coordinadora Revolucionaria (de la que formaba parte el ERP). Con una peculiaridad; estas fotos no han sido tomadas por fotoperiodistas, tampoco por fotógrafos aficionados, ni por miembros de los propios grupos, sino por las “fuerzas del orden”, que luego las enviaban a los diarios, donde eran diligentemente publicadas. Cómo estas fotos de prontuario y difusión antisubversiva llegaron a la Fototeca de Argra, desnuda en parte el sutil proceso de destrucción generalizada de la historia.
Izquierda: Según consigna la información policial, esta valija de doble fondo habría sido encontrada en poder de las hermanas Graciela y Sandra Alvarez Daisson al momento de su detención, el 31 de marzo de 1977. Ambas continúan desaparecidas.Derecha: “Bibliografía subversiva”: abajo de todo asoma El Capital en dos tomos.
LA CAMARA DELATORA
“Al venderse La Razón, hace casi diez años ya, gran parte de su archivo fotográfico fue a parar a la calle”, comenta Inés Ulanovsky, desde el año pasado a cargo de la Fototeca de Argra junto a Lucila Quieto. “En ese momento, alguien informa telefónicamente lo que acaba de ocurrir y el entonces presidente de Argra, Osvaldo Baratucci, va con una camioneta y carga todo lo que encuentra: bolsas de residuos y cajas, dentro de las cuales había distintos sobres con membrete. Tiempo después, lo mismo estuvo a punto de pasar con el archivo de El Cronista Comercial, que a su vez se había quedado con el de Tiempo Argentino, pero en esa oportunidad se rescató antes de que fuera a dar a la calle.”
Desde entonces, las cajas y bolsas permanecieron a buen resguardo, pero cerradas, hasta que el año pasado Ulanovsky y Quieto se hicieron cargo de la coordinación de la Fototeca. Durante los primeros meses de trabajo, cuentan, todo fue abrir cajas y sobres y visualizar: qué tenía cada foto, cuáles estaban identificadas al dorso y cuáles no, de dónde provenían. Así comenzaron a aparecer sobres que llevaban las leyendas “subversión”, “extremistas”, “allanamiento policial”, y que en su mayoría coincidían en la fecha: 1975. En ellos encontraron recortes periodísticos, prontuarios policiales, circulares de prensa oficiales y fotos, las mismas que hoy pueden verse expuestas en las paredes de Argra.
“En su mayoría –señala Quieto–, se trata de operativos realizados por la policía en 1975, vale decir en pleno auge de la Triple A. Son fotos de lugares allanados, como la imprenta y la fábrica de armas de la JCR o la cárcel del pueblo de las FAL, pero también de personas encarceladas, golpeadas, muchas de las cuales desaparecieron o fueron asesinadas poco tiempo después, durante la dictadura militar.” La muestra cobra así un efecto inquietante: el de desnudar la poca ruptura y mucha continuidad que hubo dentro de las fuerzas entre uno y otro momento; vale decir, que ya durante el gobierno de Isabelita se aplicaba el terrorismo de Estado, y que los datos así obtenidos fueron utilizados a mansalva durante los años siguientes.
Más que elocuentes, fotografías de algunos de los miembros de la JCR detenidos en 1975, tomadas en sede policial. El viernes 11 de abril, La Razón las utilizaría, con sus respectivos nombres, para ilustrar una nota a doble página con la volanta “8 hombres y 15 mujeres constituían una vasta organización extremista internacional”.
LA PRUEBA INVERTIDA
La investigación, dedicada a establecer en algunos casos qué había ocurrido con las personas cuyo nombre se indicaba al dorso de las fotos y en otros la identidad de los retratados, puso a las curadoras en contacto con el Archivo de la Memoria, cuyos responsables se sorprendieron del material, habida cuenta de lo mucho que cuesta conseguir pruebas de actividades represivas antes de 1976. Más tarde fue el turno del Archivo General de la Nación y del Equipo de Antropología Forense, que permitió completar la información que forma parte de la muestra, y a su vez sacó un beneficio: la foto de Luis María Aguirre, médico maoísta y dirigente de las FAL, asesinado en 1977 y la de su mujer, Lidia Marina Malamud de Aguirre, cuyas imágenes eran desconocidas.
“Cuando vimos el interés que despertaba –comenta Ulanovsky–, nos dimos cuenta de que no sólo era necesario rescatar este material sino también exhibirlo, sobre todo para hacer un llamado de atención: esto que hoy nos parece tan importante estuvo a punto de desaparecer, tirado en la basura. Entonces abrimos ese archivo, escaneamos todo, lo compartimos con las instituciones y la idea es dárselo a todo aquel que quiera tenerlo, que circule, porque es realmente impresionante. Sobre todo porque son fotografías tomadas por la policía. Desde lo fotográfico, justamente, es impactante: los detenidos acaban de caer, los llevan a una comisaría, los ponen contra un fondo blanco y les da de lleno un flash... un flash que, por otro lado, deja ver todo: cortes, golpes, lastimaduras. En algunos prontuarios, por ejemplo, algunos aparecen tapados del cuello hacia abajo por una frazada... Andá a saber qué había debajo de la frazada. Y no deja de ser curioso, a modo de reflexión sobre la fotografía, que el mismo medio que ellos utilizaban para registrar su accionar hoy para nosotros sea una prueba en su contra.”
Curiosamente, la atención y el cuidado que no ponían al fotografiar a los prisioneros aparece en las imágenes de los allanamientos, de los objetos, minuciosamente distribuidos en encuadres compuestos con obsesivo rigor. Algunas tomas, si uno olvidase su siniestra procedencia, incluso podrían parecer “lindas fotos”, con esa imparcialidad despiadada que tiene –como todas las máquinas– la cámara fotográfica. La cuestión del autor, sin embargo, queda fuera de los alcances de Archivos incompletos, como reconoce Ulanovsky: “Suponemos que ninguna de estas fotos fue tomada por un reportero gráfico. Tal vez sí, tal vez en algún caso el medio haya enviado un fotógrafo, pero en general creemos que casi todas son fotografías policiales”. Habrá que aceptar que la que exponen estas fotografías, entonces, es una curiosa poética policial.
5 de marzo de 1964: la foto más antigua. El día anterior, en el campamento La Toma, Gendarmería Nacional detiene a los integrantes del Ejército Guerrillero del Pueblo (EGP), primera experiencia guevarista en la Argentina, que opera en la provincia de Salta entre mediados de 1963 y 1964. Junto a los militantes, caen detenidos dos agentes de la DIPA, infiltrados en el grupo. Así, en estas fotografías de la rueda de presos puede verse a Federico Frontini, el cubano Oscar del Hoyo, Alberto Castellanos y el infiltrado Víctor Eduardo Fernández, cuya identidad Gendarmería desconocía. Los tres primeros cumplieron cuatro años de prisión.
ARCHIVESE
“Cualquiera que hubiese abierto esas cajas se habría dado cuenta de que era un material valioso e importante –dispara Lucila Quieto–. Entonces, la pregunta es cómo y por qué llega a la basura, donde supuestamente habría de perderse.” “No es accidental –reflexiona Inés Ulanovsky–, y no pasa sólo con la fotografía. Todos sabemos que ATC borró la historia de la televisión, grabando una y otra vez sobre los mismos soportes, por ejemplo, y en general la Argentina es un país que tiene problemas con los archivos. Incluso en el uso cotidiano, cuando se dice ‘Archivalo’ no necesariamente significa que se trata de algo valioso que hay que resguardar sino más bien de condenar algo al olvido.”
En realidad, Archivos incompletos dispara múltiples preguntas, difíciles de responder. La primera, y más obvia, es qué tipo de material, similar, parecido o igual a éste, habrá en los archivos de los otros dos grandes diarios activos en la época, y por qué a ningún fiscal o juez se le había ocurrido, hasta ahora, solicitar su cooperación. Si las caras de “guerrilleros”, “subversivos” y “extremistas” conformaban el menú habitual de la indigesta noticia que circulaba en los ’70, ¿por qué no se le ocurrió a nadie echar un vistazo allí, justamente, a la hora de recabar información o incluso elementos probatorios? ¿Por qué esos diarios no investigan sus propios archivos? Y por otra parte, tratándose de información tan necesaria, tan acuciante, ¿es lícito esperar su decisión, su buena voluntad o que, en un descuido, la tiren a la calle?
Otra serie de preguntas atañe directamente a la práctica del periodismo en sí mismo. Mucho se ha hablado de su connivencia ideológica con el poder político en los ’70, de lo que se callaba, no se decía o no se publicaba (salvo honrosas excepciones). Hoy, sin embargo, las paredes de Argra permiten entrever una arista más compleja; en el modo automático e insensible en que estos diarios convertían la circular de prensa policíaca en noticia, había ya algo más efectivo y siniestro, pero sin duda menos silencioso, que la connivencia activa: se garantizaba, sin mediaciones, la difusión del discurso del poder. Que el periodismo medianamente sincero muere frente a la gacetilla, es una verdad de Perogrullo que no requiere de excesiva comprobación; entender hasta qué punto puede ser nociva y cómplice esa práctica deshonesta –que continúa extendida hoy en los más diversos ámbitos de la información–, es lo que permite entender hoy Archivos incompletos.
La muestra puede visitarse de lunes a viernes, de 12.30 a 18, en la sede de la Asociación de Reporteros Gráficos de la República Argentina, Venezuela 1433.


Un estudio medico establece que el represor Rodolfo Almiron puede declarar
En condiciones de ir a prisión

El ex jefe operativo de la Triple A fue extraditado desde España la semana pasada, pero no pudo ser indagado porque un primer informe del Cuerpo Médico Forense decía que tenía problemas de salud. Ahora sería citado.

Rodolfo Almirón está acusado de haber participado en diez homicidios cometidos por la Triple A.
Imagen: Télam


Por Irina Hauser
El horizonte de Rodolfo Eduardo Almirón, el ex jefe operativo de la Triple A extraditado la semana pasada, se parece cada vez más a las paredes del penal de Marcos Paz. Según un nuevo estudio forense al que fue sometido el jueves, el ex subcomisario no estaría ni loco ni desmemoriado. O al menos se encontraría en condiciones de enfrentar la indagatoria del juez Norberto Oyarbide, que le imputa haber participado en diez homicidios cometidos por la banda terrorista que operó, bajo el liderazgo de José López Rega, durante le gobierno de María Estela Martínez de Perón.
Almirón llegó a la Argentina la semana pasada y de inmediato fue examinado por el Cuerpo Médico Forense que, en su primer parte, concluyó que no estaba en condiciones de declarar. El informe hablaba de un déficit psíquico global y daba cuenta de la existencia de las secuelas de antiguos infartos y otros males cardíacos. Pero los propios peritos decían que ese resultado inicial podía explicarse por la fatiga del viaje, sumada a sus 72 años. De hecho, aun ese día, nada impidió que le funcionaran los reflejos para contestar a la pregunta que alcanzó a hacerle un periodista. “¿Se arrepiente?”, inquirió el reportero. “¿De qué me tengo que arrepentir?”, desafió Almirón.
El ex policía estuvo durante todos estos días alojado en el hospital de la cárcel de Marcos Paz. Por recomendación de los forenses, anteayer le hicieron una nueva revisión. Oyarbide todavía no recibió las conclusiones por escrito pero, según pudo saber Página/12, obtuvo un adelanto de las nuevas conclusiones: Almirón podría ser indagado tomando algunos simples recaudos.
La preocupación por constatar el real estado de salud de Almirón respondió, en parte, a que su esposa, Ana María Gil Calvo, había enviado unas cartas alarmantes al juez, a la Cámara Federal y a Aerolíneas Argentinas advirtiendo que su esposo podía morir en el vuelo que lo trasladaría desde España, donde vivía desde 1975, cuando se fue custodiando a López Rega en su huida. La mujer se apoyaba en informes del propio Ministerio del Interior español que incluso ya estaban en poder de Oyarbide y decían que tenía alteraciones de la memoria, desorientación temporal e inestabilidad para caminar.
Cuando tenga el parte forense definitivo en papel, firmado y sellado, Oyarbide definirá qué día le toma indagatoria. Según fuentes judiciales, podría ser la semana próxima. Almirón está acusado de haber integrado una asociación ilícita que mataba, secuestraba y amedrentaba y que desplegó su accionar por lo menos entre 1973 y 1976, aunque tuvo su continuidad después del golpe militar. La denuncia que dio lugar a la causa sobre la Triple A data de 1975. Además de implicar a Almirón, apuntaba entre otros a su suegro el ex comisario Juan Ramón Morales –que falleció el año pasado– y a otro policía, Miguel Angel Rovira, que tiene arresto domiciliario. Los tres habían sido custodios del Brujo López Rega, que murió en 1989, cuando iba rumbo a ser condenado.
Almirón fue hallado en Valencia por una investigación periodística del diario El Mundo a fines de 2006. Eso fue lo que disparó la reapertura de la causa, donde había pedidos de captura pendientes de veintidós años de antigüedad nunca concretados. Para poder avanzar, Oyarbide firmó una resolución en la que decía que los crímenes de la Triple A debían considerarse delitos de lesa humanidad, por lo tanto imprescriptibles. Esa definición fue confirmada por la Cámara Federal antes de la llegada de Almirón. Ahora España debe definir si extradita o no a Isabel Perón, a quien el juez atribuyó por acción u omisión una “colaboración esencial” con los crímenes de la Triple A.
Por ahora el expediente abarca los asesinatos cometidos en 1974 del diputado Rodolfo Ortega Peña, de Pablo Laguzzi (un bebé de cinco meses, hijo del entonces decano de la Facultad de Derecho de la UBA), del abogado Alfredo Curutchet, del ex subjefe de la Policía Bonaerense Julio Troxler, de Silvio Frondizi (hermano del ex presidente) y su yerno Luis Mendiburu, del periodista Pedro Barraza y su amigo Carlos Laham, de Daniel Banfi y Luis Latrónica. El juez deberá definir si acepta incluir otros 600 casos que fueron presentados desde que se reabrió la causa.

UN REVÉS PARA LA DEFENSA

Un fiscal opinó en contra de que Bussi y Menéndez sean juzgados por escrito


El ex gobernador de facto espera ahora la decisión del Tribunal.

Para el fiscal general ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Tucumán, Alfredo Miguel Terraf, los represores Antonio Domingo Bussi y Luciano Benjamín Menéndez tienen que sentarse en el banquillo de los acusados para ser juzgados por la desaparición y secuestro del ex senador provincial Guillermo Vargas Aignasse. La opinión de Terraf –no vinculante- será tenida en cuenta por los miembros del Tribunal para tomar una decisión final.
La defensa de los represores Antonio Domingo Bussi y Luciano Benjamín Menéndez tuvo un revés en su planteo de que ambos sean juzgados por escrito en el marco de la causa por el secuestro y desaparición del ex senador provincial Guillermo Vargas Aignasse. El jueves pasado, el fiscal general ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Tucumán, Alfredo Miguel Terraf, firmó su dictamen en contra del planteo del abogado Horacio Conesa Mones Ruiz, y a favor de que los represores sean sentados en el banquillo de los acusados.
Ahora la opinión de Terraf, que si bien no es vinculante, será tenida en cuenta por los miembros del Tribunal, Carlos Jiménez Montilla (presidente), Gabriel Casas y Josefina Curi (vocales), quienes tendrán que resolver finalmente si los militares retirados serán sometidos a un juicio oral o por escrito. primerafuente confirmó la decisión de Terraf, sin conocer hasta el cierre de esta edición los argumentos de su dictamen. Sólo se supo que entre sus fundamentos citó jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
El abogado defensor no quiere que sus clientes se sienten en el banquillo de los acusados en el que será el primer juicio por los derechos humanos que se realizará en Tucumán. “Prefiero que se los juzgue por escrito porque las palabras se las lleva el viento y los papelitos cantan. Y personalmente no quiero ningún circo después de 30 años”, manifestó ante la consulta telefónica de primerafuente, durante la semana pasada.
El letrado hizo el planteo ante el Tribunal Oral en base al artículo 12 de la Ley 24.121 sobre Implementación y Organización del Proceso Oral Penal. Según Conesa Mones Ruiz, Bussi y Menéndez tienen que ser juzgados en base al Código Procesal Penal que regía al momento de los hechos, salvo que ellos manifiesten lo contrario. Y en el marco de esa vieja norma –según señaló- los juicios son por escrito.

La Camara Federal le nego la excarcelacion
Guglielminetti se queda en Marcos Paz



Guglielminetti comparte pabellón con Etchecolatz y Von Wernich.
Imagen: Rolando Andrade


El ex personal civil de inteligencia (PCI) del Ejército Raúl Guglielminetti no podrá por el momento volver a pisar La Mapuche, su bonita casaquinta en las afueras de Mercedes. Los camaristas Martín Irurzun y Eduardo Farah, miembros de la Sala I de la Cámara Federal porteña, rechazaron ayer un nuevo pedido de excarcelación presentado por su defensa. El “Mayor Guastavino”, como se hacía llamar en los centros clandestinos de la última dictadura, seguirá compartiendo sus días en el “pabellón de lesa” del penal de Marcos Paz, en compañía de Miguel Etchecolatz, Cristian von Wernich y otras celebridades.
Guglielminetti, un símbolo de la mano de obra de la dictadura reciclada en democracia, fue detenido el 9 de agosto de 2006, en su casa, por su participación en Automotores Orletti, centro de detención de la Secretaría de Inteligencia del Estado dependiente del Cuerpo I de Ejército, por el que pasaron más de 300 personas secuestradas. En teoría estaba prófugo desde la reapertura de las causas en 2003. En la práctica, todo el pueblo de Mercedes sabía dónde vivía. El 6 de septiembre el juez federal Daniel Rafecas lo procesó como responsable de 65 casos de privación ilegítima de la libertad y torturas, por su actuación en los centros clandestino El Banco, El Olimpo y Automotores Orletti, todos dependientes del Cuerpo I de Ejército. En abril de 2007 la Sala I de la Cámara Federal porteña, con las firmas de Gabriel Cavallo y Eduardo Farah, confirmó el procesamiento.
En la negativa a la excarcelación de ayer, que ratifica un pronunciamiento de Rafecas, el camarista Farah admitió que en general la prisión preventiva se aplica “excepcionalmente”, pero destacó que Guglielminetti estuvo prófugo y que no podía descartarse que “intentará eludir la acción de la Justicia y entorpecer el curso de la investigación en caso de recuperar la libertad”. El magistrado consideró además que por las tareas que desempeñó durante el gobierno de facto, es altamente probable que conozca “el destino real de las víctimas de los sucesos que se le imputan”, es decir de los desaparecidos
Durante la declaración ante el juez Rafecas, Guglielminetti admitió que perteneció a inteligencia del Ejército entre 1971 y 1979 pero aseguró ser ajeno a los delitos del ex Batallón 601, negó los secuestros y torturas que se le adjudican y dijo que estaba preso por “cuestiones políticas”.
El ex lugarteniente de Aníbal Gordon también tuvo una participación activa en las patotas que durante 1974 y 1975 actuaron en las universidades nacionales del Sur y del Comahue, de Bahía Blanca y Neuquén respectivamente, como secretario del rector interventor, el rumano Remus Tetu. Sin embargo, la Justicia patagónica aún no lo citó a indagatoria.
Con el retorno de la democracia Guglielminetti fue custodio del ex presidente Raúl Alfonsín. Estuvo involucrado en secuestros extorsivos, integró el “grupo Alem” de inteligencia paralela, fue detenido en España en 1985, se benefició con la Ley de Obediencia Debida en 1987, pero siguió preso hasta 1989 en otra causa por tenencia de armas de guerra.

Medidas urgentes para que el represor de la ESMA no quede en libertad
Cavallo hace las valijas

El juez Sergio Torres ordenó que una comitiva de Interpol viaje de inmediato a Madrid para traer de regreso a “Sérpico”. El represor iba a ser juzgado en España, pero ese país decidió que el proceso se realice en la Argentina.





El juez federal Sergio Torres ordenó ayer que efectivos de Interpol viajen a España para concretar de inmediato el traslado a la Argentina del capitán de corbeta (R) Ricardo Miguel Cavallo, ex miembro de los grupos operativos de la Escuela de Mecánica de la Armada bajo los alias “Sérpico” y “Marcelo”, cuya extradición quedó habilitada por recientes resoluciones de las autoridades españolas. Torres cursó oficios con carácter de “muy urgente” a la Policía Federal y a la Cancillería, ya que según las leyes españolas Cavallo quedaría en libertad el próximo lunes. El magistrado precisó en su resolución que la entrega de Cavallo es “temporal” y queda sujeta a la eventual reapertura de la causa por terrorismo y genocidio que se le sigue en España. Ayer mismo Cancillería gestionó los exhortos ante las autoridades españolas. Los abogados querellantes en la megacausa ESMA celebraron la celeridad de la medida de Torres, que trabaja contrarreloj en la preparación de la indagatoria del marino, que espera concretar en cuanto llegue al país.
El 14 de marzo pasado la Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional resolvió el sobreseimiento y archivo de la causa contra Cavallo en España. El tribunal argumentó que debía dar “absoluta prioridad” al país donde se cometieron los crímenes y mostrar una “necesaria unidad en el enjuiciamiento de otros procesados” luego de que Torres, que ya procesó y detuvo a más de cuarenta marinos en la Argentina, solicitara la extradición. La resolución de la Sala Tercera, que investigaba a Cavallo por los delitos de genocidio, torturas y terrorismo como miembro de un grupo de tareas de la ESMA, generó un rechazo unánime entre los organismos de derechos humanos de argentinos residentes en España, que incluso organizaron una manifestación de repudio.
La decisión “es escandalosa e improcedente”, consideró el abogado Carlos Slepoy, que representa a la Comisión de Solidaridad con las Familias de Desaparecidos y Muertos en la Argentina (Cosafan), porque “contradice una decisión previa del Tribunal Supremo español, del propio Consejo de Ministros y va en contra de la ley de enjuiciamiento criminal”.
El abogado lamentó que el sobreseimiento, además de coartar la posibilidad de aplicar una vez más el principio de justicia universal, ocurrió cuando “Cavallo está a punto de ser juzgado en España, mientras en la Argentina se abriría una larga etapa de instrucción”. El marino afrontaba en España una pena mínima de 13.332 años de cárcel y máxima de 17.010 años, por los mismos delitos por los que fue juzgado y condenado a 1085 años de prisión el compañero de tareas Adolfo Scilingo.
Sin embargo, la medida no es definitiva. Slepoy anunció que presentará un recurso de “súplica” para pedir que el pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional revea la decisión de la Sala Tercera y, en caso de no prosperar, puede presentar también un recurso de casación ante el Tribunal Supremo. También Antonio Segura, que ejerció como acusación popular en representación de la Asociación Argentina pro Derechos Humanos-Madrid (AAPDH-M), criticó con dureza al titular de la Sala Tercera, Alfonso Guevara, al considerar que con su decisión “se ríe de las víctimas” y se abocó a estudiar la sentencia que “no es firme” y “puede ser contraria a derecho”, ya que “está negando a las víctimas un proceso con todas las garantías”.
De todos modos, las acciones judiciales no permiten suspender el trámite de entrega del represor a la Argentina. Sólo el gobierno de España podría frenar la extradición, tal como se lo solicitaron el lunes las acusaciones populares, pero se descarta que no lo hará. El 29 de febrero pasado el Consejo de Ministros español concedió la extradición bajo la condición de que el marino “deje extinguidas las responsabilidades contraídas” en ese país, condición que se concretó con el fallo de la Audiencia Nacional.
Según constancias del sumario, tras el sobreseimiento del 13 de marzo las autoridades españolas decidieron comunicar a Torres la necesidad de proceder con “urgencia” para llevar a cabo la entrega de Cavallo “dado el prolongado período de prisión provisional en que se encuentra”, en referencia a sus ocho años de detención, entre México y España.
La “entrega temporal” se basa en las condiciones pactadas en el Tratado de Extradición y Asistencia Judicial en Materia Penal entre la República Argentina y el Reino de España. “Atento a la premura que fuera señalada”, ayer a media mañana Torres mandó adelantar su decisión por fax a la Cancillería para que el oficio fuera puesto en conocimiento de las autoridades de España vía diplomática. El juez cursó oficio también al Departamento Interpol de la Policía Federal “para que, con carácter urgente, se conforme una comisión que se traslade a la ciudad de Madrid, Reino de España, haciendo saber a la misma que deberá comunicarse de manera inmediata con este Tribunal una vez que arribe al país”.
El abogado Rodolfo Yanzón, representante de varios querellantes en la causa ESMA, destacó la “celeridad” que el juez le imprimió al trámite aunque lamentó los “vaivenes” que tuvo la situación procesal del marino en España. Yanzón confrontó los “casi siete años que se tomó la Justicia extranjera para decidir que no juzgaría a Cavallo”, con la “urgencia” que las autoridades de España le reclamaron a Torres. “Ahora hay que proceder con la máxima celeridad para evitar que un represor que cometió delitos aberrantes quede en libertad”, concluyó.








1 comentario:

Anónimo dijo...

Quisiera saber si tienen algún dato sobre el Ing César Polledo. Figura como integrante de una comisión asesora del ministerio de Bienestar Social en 1979 para el "Año del Niño y la Familia"; también Antonio Trozzo. Es para un análisis de la política social durante la dictadura. Gracias,
tetepi@gmail.com