viernes, 7 de marzo de 2008


PAGINA/12 UBICO AL PROFUGO DE LA MASACRE DE TRELEW Y EL MIAMI HERALD SIGUIO LA PISTA
A Bravo lo mira ya el Tío Sam
La prensa de los EE.UU. empezó a interesarse por Roberto Guillermo Bravo, el teniente retirado de la Marina a quien busca la Justicia de Chubut por el fusilamiento de 19 guerrilleros en 1972. Este diario reveló el 19 de febrero pasado que Bravo es presidente de una empresa en Miami.
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La fachada de RGB Group Inc, la empresa que preside el marino prófugo en Miami.
Imagen: Gentileza diario Miami Herald



Por Diego Martínez
Mientras la Justicia argentina se apresta a resolver la situación procesal de los cinco marinos detenidos por su responsabilidad en la Masacre de Trelew, la prensa de los Estados Unidos comienza a interesarse por la situación del teniente de navío retirado Roberto Guillermo Bravo, el prófugo que preside en Miami la empresa RGB Group Inc. Tal como informó Página/12 en exclusiva el 19 de febrero, la firma lleva las iniciales del oficial de la Armada sindicado por los sobrevivientes como fusilador, factura millones de dólares y brinda servicios a las fuerzas armadas norteamericanas. Ayer el diario Miami Herald difundió la noticia por primera vez en Estados Unidos. Un reportero intentó sin éxito ser recibido por Bravo, que tampoco respondió sus llamados. Página/12 logró comunicarse con Marilyn McDaniel, agente registrada de RGB Group Inc. Cuando escuchó que la consulta era de un periodista argentino por el jefe que busca Interpol respondió con un cálido y lapidario “I’m sorry. I can’t help you” y cortó la comunicación.
Hasta el momento el juez Hugo Sastre detuvo a cinco marinos retirados. Los capitanes de fragata Luis Emilio Sosa y Emilio Del Real estuvieron presentes durante la masacre. Sosa repitió el cuento oficial del intento de fuga, el tiroteo, las muertes inevitables, y aseguró que Del Real gatilló su ametralladora. Del Real fue el único que se negó a declarar. El cabo primero Carlos Amadeo Marandino contó que cuatro oficiales alcoholizados le ordenaron abrir las puertas de los calabozos y retirarse. Desde afuera escuchó los tiros, pero no participó, dijo. El contraalmirante Horacio Mayorga y el capitán de navío Rubén Paccagnini, comandante de la Aviación Naval y jefe de la base Almirante Zar respectivamente, admitieron que estaban por encima de los fusiladores y reiteraron la versión oficial. El fiscal Fernando Gélvez solicitó ayer el procesamiento de los cinco, incluido Marandino. “Su relato no es creíble. La explicación que dio durante la ampliación de indagatoria en el lugar de los hechos no cierra. Dijo que se tiró cuerpo a tierra detrás de un biombo –que sólo él nombró–, pero los espacios no dan”, explicó Gélvez.
Además del prófugo Bravo, el juez Sastre ordenó otras tres detenciones que aún no se concretaron. Primero la del capitán de navío retirado Jorge Enrique Bautista, quien por orden del almirante Hermes Quijada instruyó un sumario para respaldar la versión de la fuga. El cabo Marandino admitió ante el juez que la Armada le ordenó mentir para encubrir el fusilamiento. Las otras capturas pendientes son de oficiales del Ejército: el general retirado Eduardo Betti y el teniente coronel retirado Guillermo Muñoz, jefe y subjefe de la zona de emergencia dispuesta por el presidente de facto Agustín Lanusse tras la fuga del penal de Rawson. Bautista y Betti son ancianos y sus médicos no los autorizaron a viajar.
“I’m sorry”
Desde mediados de febrero este diario intentó sin suerte que el teniente empresario Bravo atendiera el teléfono. Esta semana se sumó a su búsqueda el periodista Gerardo Reyes, del Miami Herald. Sin abrirle la puerta le dijeron que Bravo no estaba. Dejó su teléfono pero no lo llamaron. También la agencia EFE fracasó en el intento. Página/12 logró finalmente dar con la agente registrada de la firma, Marilyn McDaniel. Cuando supo el motivo del llamado se disculpó por su silencio y cortó la comunicación.
La empresa de Bravo, fundada el 22 de junio de 1990 y con sede en el 4141 de North Miami Avenue, se dedica a la contratación de personal médico y paramédico en el exterior, sobre todo en Centroamérica. Sus principales clientes son las fuerzas armadas. Bravo entabló sus primeros contactos allí en 1974, cuando fue destinado a la Agregaduría Naval en Washington.
En el sitio web de la División Corporaciones del Departamento de Estado de Florida pueden leerse los informes anuales que RGB Group Inc. envió a partir de 1996. Bravo ya era presidente y su esposa Ana María Giordano vicepresidenta. Durante los cuatro primeros años registrados la pareja cambió tres veces de domicilio. En 1996 figura 27101 SW 143rd Court de Homestead, Florida. Al año siguiente, 1375 Marseille Drive, Miami Beach. Y desde 1999, su dirección actual: 2235 Arch Creek Drive, North Miami. El Herald informó que Bravo compró esa casa “por 225.000 dólares y hoy tiene un valor de mercado de 1.029.000”. La casa que el marino tiene en venta en el 6330 de Frost Drive, en Tampa, costa oeste de Florida, a cinco horas de Miami, es su morada de fin de semana.
El Herald recordó que “Bravo afronta la orden internacional de captura luego de que el diario Página/12 reveló que se encontraba en Tampa”. Agregó que la empresa “se especializa en la contratación de personal médico y paramédico en el exterior” y mencionó dos contratos con la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. El primero fue hace diez años: a cambio de 27 millones de dólares se comprometió a seleccionar odontólogos para bases aéreas de todo el país. El segundo, el año pasado: 88.239 dólares para reclutar técnicos en genética molecular. El periódico informó también que la esposa del marino tiene una inmobiliaria en la que Bravo figuró como socio hasta el año pasado.



Los delitos que Patti suma



“Aún seguimos sumando testimonios que lo hacen responsable a Patti”, dijo Manuel Gonçalves, hijo del militante desaparecido Gastón Gonçalves, al referirse al nuevo procesamiento de ese represor por el asesinato de su padre. El sábado pasado, Página/12 publicó que el juez federal Alberto Suares Araujo, que lo había encarcelado por encontrarlo responsable de privaciones ilegales de la libertad y tormentos en siete casos, también lo procesó por el homicidio de Gonçalves, cuyo cuerpo fue identificado en 1996. Su hijo recordó que la causa por el secuestro y muerte de su padre comenzó en 1994 “cuando todavía (Patti) no era candidato a diputado nacional”. La decisión del juez se debió a que la Cámara de San Martín revocó la falta de mérito que había dictado sobre el homicidio, por lo cual la defensa del ex comisario evalúa presentar un pedido para que la sala I de ese tribunal se excuse.





Por resolucion de la justicia
Acosta y Astiz sin privilegios
La Cámara Federal resolvió que los ex represores de la ESMA, Alfredo Astiz y Jorge "Tigre" Acosta, sigan detenidos en cárceles comunes a la espera de ser juzgados por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar.

El tribunal de apelaciones ratificó así una decisión del juez federal Sergio Torres, quien en diciembre pasado envió a todos los procesados con prisión preventiva en la megacausa ESMA a cárceles comunes, tras el asesinato del detenido Héctor Febres en una dependencia de Prefectura.
"No se advierte que el traslado impuesto implique un empeoramiento a las condiciones de detención de los procesados ni que conlleve un peligro para la integridad física y/o la salud de los mismos", resolvieron los camaristas Eduardo Farah y Martín Irurzun.
Hasta ese momento, la mayor parte de los detenidos estaba alojado en el Instituto Penal de las Fuerzas Armadas en Campo de Mayo.
La sala II del tribunal de apelaciones rechazó un recurso presentado por las defensas de Jorge Acosta, Jorge Radice y Carlos Capdevilla contra el traslado a cárceles comunes, que se efectivizó el 15 de enero último.
La decisión del tribunal de apelaciones se hizo extensiva a otros represores de ESMA en la misma situación como Alfredo Astiz, Antonio Pernías, Pablo García Velasco, Juan Carlos Rolón, Alberto González, Raúl Scheller, Adolfo, Donda, Néstor Savio, Carlos Guillermo Suarez Mason (hijo), Carlos José Paz, Hugo Damario y Rogelio Martínez Pizarro.
Para la defensa de los represores que presentaron la apelación el traslado masivo dispuesto el 19 de diciembre, tras la confirmación del crimen de Febres con envenenamiento con cianuro en una dependencia militar, "provocó un agravamiento ilegítimo en la situación de detención".
Pero la Cámara rechazó este argumento y recordó que "claramente la Ley de Seguridad Interior 24059 excluye a las
Fuerzas Amadas entre los organismos que forman parte del sistema de seguridad interior".
El tribunal remarcó que es "el Servicio Penitenciario Federal la fuerza de seguridad destinada a la custodia y guarda de los procesados y a la ejecución de las sanciones penales privativas de libertad".
"No se advierte que el traslado dispuesto implique un empeoramiento a las condiciones de detención de los procesados ni que conlleve un peligro para la integridad física y/o salud de los mismos", consideró la Cámara.
Y remarcó que "es al Servicio Penitenciario Federal al que le corresponde arbitrar las medidas de seguridad pertinentes y fijadas por la normativa que la rige a fin de preservar la integridad física de quienes se hallen alojados en sus dependencias".
También encomendó al SPF "la atención médica relacionada a las afecciones que pudieran padecer los detenidos", algo que "no aparece tampoco imposibilitada de su debida prestación a través del servicio médico del instituto carcelario".
Además la Cámara recordó que "de así estimarlo conveniente el Cuerpo Médico Forense en los casos pertinentes" puede trasladar al detenido a un hospital designado por el juez de la causa "para un adecuado tratamiento".
Los camaristas encomendaron también al juez Torres que arbitre las medidas para que todos "reciban medicación indicada, se cumplimenten dietas establecidas y estudios, evaluaciones y tratamientos psiquiátricos".
Los ex represores de la Escuela de Mecánica de la Armada están procesados con prisión preventiva en causas relativas a homicidios, secuestros, privaciones ilegítimas de la libertad cometidos desde ese lugar, en particular por el grupo operativo que integraba Astiz.
Todos esperan ser sometidos a juicio oral en distintas instancias por el Tribunal Oral Federal 5, el mismo que estaba
juzgando a Febres por cuatro casos de secuestro y se aprestaba a emitir veredicto días después de su muerte.
Febrés fue encontrado envenenado con cianuro en su lugar de detención, la dependencia de Prefectura en el Tigre.
Antes de este asesinato, en reiteradas ocasiones los querellantes en las causas habían reclamado el traslado de los represores a cárceles comunes, algo repetidamente rechazado por Torres argumentando cuestiones de seguridad.
De hecho, al inicio del juicio oral a Febres, organismos de derechos humanos también pidieron su envío a una cárcel común, algo rechazado por el Tribunal que decidió que siguiera alojado en Prefectura, donde fue encontrado muerto
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Salta

Sostienen que la política de DDHH de Urtubey es "garantía de impunidad”
La Asociación de Derechos Humanos Lucrecia Barquet aseguró ayer que la permanencia en el gobierno provincial de personas vinculadas a la represión estatal “demuestra() la continuidad del aparato represivo del régimen romerista”.



Juan Manuel Urtubey.

Y afirmó que resulta “sorprendente y lamentable” que la política de derechos humanos del gobernador Juan Manuel Urtubey “sea garantía de impunidad”. La entidad respondió así al apoyo que el gobernador dio al secretario de Seguridad, Jorge Skaf, cuestionado tras conocerse que durante la dictadura militar realizó tareas de inteligencia en la Policía Federal. “¿Cuál es su política de derechos humanos cuando mantiene como responsable de la seguridad de los ciudadanos a un oficial vinculado a los Servicios de Inteligencia de la Policía Federal que actuaron durante la dictadura, y que ingresó a esa Secretaría en la gestión de(l ex gobernador) Juan Carlos Romero a petición de Sergio Nazario, alias Capitán Estévez, quien integró el grupo de asesinos que actuaba en el Campo de Concentración El Olimpo?”, interrogó la Asociación. También inquirió los motivos por los que se mantiene como asesor del área de Seguridad al comisario Rubén Sandoval, “ex jefe de la Oficina de Inteligencia D2 de la Policía de la provincia, quien durante la huelga docente del año pasado fue denunciado por practicar seguimiento y espionaje”. Y requirió las razones por los que el ministro de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos, Nicolás Juárez Campos (que respalda a Skaf), “designa como asesora (...) a la abogada María Eugenia Yaique, socia del bufete de abogados de Raymundo Sosa, quien fue abogado de la Policía durante la dictadura, vinculado al conocido represor (...) Joaquín Guil y que figura en los libros de la Comisión Nacional de Desaparecidos (CONADEP)". Yaique fue la abogada de Sosa cuando éste intentó ser excluido de la lista de represores de la CONADEP, lo que fue rechazado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación. “¿Dónde está el cambio prometido en derechos humanos?”, interrogó la Asociación. Y consideró “agraviante y peligrosa” la afirmación del gobernador de que los reclamos de miembros de organismos de derechos humanos “persiguen ‘otros intereses’”, afirmación en la que Urtubey recurrió al “conocido método de la dictadura: descalificar a las víctimas”. “Desde hace más de 30 años el único interés que perseguimos es: verdad, justicia y cárcel común y efectiva a los genocidas. Más allá de que esto pueda ser para usted una novedad, para el resto de los argentinos que acompañó nuestra lucha, no lo es. Sin embargo, sí es sorprendente y lamentable para el pueblo salteño que su política de derechos humanos sea garantía de impunidad", concluyó la entidad.


Salta

Ricardo Lona consiguió una nueva demora en la causa Ragone
El ex juez federal Ricardo Lona consiguió una vez más demorar un proceso judicial en su contra. Esta vez la Sala II de la Cámara Nacional de Casación Penal declaró nulo el procedimiento por el que se inició la investigación al ex magistrado como presunto responsable de los delitos de abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público, prevaricato y encubrimiento en relación con el secuestro y desaparición del ex gobernador Miguel Ragone.



Ricardo Lona.
Aunque la resolución de Casación no fija los efectos que tendrá sobre el proceso, de hecho implica una demora y es posible que llegue a provocar la caída de algunos actos en la causa que ahora instruye el juez ad hoc Marcelo Pío Castellani. En una resolución del 6 de febrero, pero que fue comunicada a los querellantes 14 días después (el 22 de febrero), la Cámara Nacional de Casación hizo lugar a un planteo de nulidad interpuesto por Lona en contra del procedimiento utilizado en marzo de 2005 por el juez federal Miguel Medina para elevar a consulta el dictamen del fiscal federal José Luis Bruno, quien se había pronunciado en contra de investigar al ex juez. Medina, que estaba a cargo de la causa Ragone, pidió a la Cámara Federal de Apelaciones de Salta que apartara a este fiscal y enviara la causa a otro que requiriera la acción penal. Pero este tribunal se abstuvo de opinar y remitió la consulta al fiscal general subrogante, Domingo Batule, quien rechazó la excusación de Bruno (producida en medio de estos trámites, que a esta altura ya llevaban más de un año) y lo apartó, y ordenó al fiscal federal Mario Snopek que promoviera acción penal contra Lona. Según pudo establecer Nuevo Diario, la resolución de la Cámara de Casación, que ya fue apelada por los querellantes, generó más confusión que certezas. Es que también hizo lugar a la recusación que el ex juez planteó en contral del fiscal Batule, que solo actuó en la causa Ragone como fiscal general subrogante. En la instrucción de este proceso interviene, desde junio de 2006, el fiscal Snopek, de Jujuy. Ahora la Cámara dispuso que el fiscal interviniente debe ser Bruno, pero éste ya se excusó. En Ragone Lona recusó a Batule por el mismo motivo que esgrimió en la causa Palomitas (que el fiscal tiene animosidad contra él porque hace años se negó a tomarle un juramento), pero esta razón ya fue desestimada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en esta última causa. Otra apelación Los querellantes también interpusieron una apelación en contra del sobreseimiento dictado en noviembre del año pasado por la jueza Gladis Comas a favor de Lona en la causa Palomitas, por el fusilamiento de 12 presos políticos durante la dictadura militar. En la misma resolución Lona fue procesado, pero solo por incumplimiento de los deberes de funcionario público. El delegado local de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, Martín Avila, recordó que Lona sí estuvo al tanto, tal como lo afirman otros imputados y testigos, del operativo de traslado montado por el Ejército y la Policía para fraguar un enfrentamiento y fusilar a los presos políticos. Y consideró que la jueza "no puede afirmar por un lado que Lona no investigó los hechos en forma dolosa, y luego sobreseerlo de encubrimiento".

Por la memoria de Cristina Bettanin A quienes sé que podrán entenderme… (Ó el porqué no iré a un acto…) En el día de la fecha, 4 de marzo de 2008, Titi, mi hija, me reenvió un correo de la Directora Provincial de Igualdad de Oportunidades, señora Claudia Prince en el cual informa que el 6 de marzo(o sea dentro de dos días) la Secretaría de Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires, cuya titular es la señora Sara Cobacho, realizará una actividad en conmemoración del día Internacional de la Mujer. Asimismo solicitan que podamos enviar "alguna semblanza" (sic) de mi cuñada Cristina Bettanin "para incorporar a los fundamentos de la resolución que crea la distinción" que nos invitan a recibir en su nombre. Dicha distinción sería otorgada a mi cuñada por "luchadora y mujer". Antes de tomar la decisión de escribir estas palabras, respiré hondo, cerré los ojos y me puse a conversar con mi extrañada Cristina. Y pude verla, les juro, largando una de sus más hermosas carcajadas cuando le cuento que la van a homenajear por ser mujer. Y ella me pregunta, "pero Nené ¿se olvidaron que nosotras, mujeres peronistas y montoneras peleamos contra la oligarquía codo a codo con nuestros compañeros? ¿No saben que no nos perseguían por mujeres, que nos persiguieron, nos secuestraron, nos violaron, nos torturaron y nos mataron porque éramos militantes políticos y nuestro objetivo era la liberación nacional y social de nuestra Patria? Para ellos éramos el enemigo a exterminar y punto." Y me sigue preguntando "¿no van a decir que fui Oficial Montonera? ¿No van a contar que en casa funcionaba la imprenta del Evita Montonera? ¿Qué la ESMA allanó mi casa en Lanús después del enfrentamiento en Rosario el 2 de enero de 1977, y por eso trasladaron a Jaime, mi amor, desde la Jefatura de Policía de Rosario, torturado y golpeado a la ESMA y todavía hoy no nos hemos encontrado? ¿No van a contar que no traicioné, que preferí tomarme una pastilla de cianuro antes de caer viva en manos del enemigo? Me reclama…"Nené, hablá por mí, vos que me tuviste en tus brazos hasta mi último suspiro de vida." Siento que la piel me quema, mi corazón late muy fuerte y prefiero abrir los ojos porque…¿cómo carajo le cuento que "luchador" cuando no "víctima" son las nuevas palabras que utilizan para borrar nuestra historia? ¿cómo carajo le cuento que se esconden detrás de nuestra maravillosa historia, y de la muerte de miles de compañeros, para justificar las políticas de exclusión más terribles, para ocultar la muerte de los pibes del pueblo por gatillo fácil, por paco, por hambre y desnutrición? ¿cómo carajo le cuento de los hermanos envenenados por el cianuro de las mineras, de los inundados, de la oprobiosa acumulación de riqueza para algunos y la condena a la pobreza extrema para millones, de… , de…, de…¿cómo carajo le cuento de los "montoneros reciclados" haciendo patéticas volteretas para caer parados como los gatos? Prefiero no contarle… Sí le digo que el único y verdadero homenaje todavía está pendiente. Será el día en que en nuestra Patria se haga realidad la Justicia Social, la Independencia Económica y la Soberanía Política. Le digo que tenga la seguridad que su recuerdo más hermoso anida en el corazón de sus queridos negritos de Villa Jardín, que escribieron su nombre y el de Jaime en un mural a la entrada de la villa aún en plena dictadura militar; en el corazón de nosotros, su familia y en el de muchos compañeros, que por no estar dispuestos a sumarse a la comparsa, son ninguneados y perseguidos por los que roban nuestra historia. Me despido de ella diciéndole que se quede tranquila. Que a ese acto no voy a ir Nené






LOS POLICIAS DEL CASO DUFFAU CON PEDIDO DE ARRESTO
Seis detenciones en veremos
El fiscal que investiga el caso solicitó la detención de seis bonaerenses de la 2ª de Ramos Mejía. Pero el juez Carlos Blanco se tomará cinco días para resolver. Una nueva autopsia fue determinante y echó por tierra la versión policial del accidente.




Por Horacio Cecchi
El fiscal de La Matanza Guillermo Bordenave pidió la detención de seis policías de la segunda de La Matanza por torturas seguidas de muerte de Gastón Duffau, luego de una reautopsia que reveló las bizarras y sugerentes incongruencias de la primera pericia y demostró que el joven de 34 años había sido ferozmente apaleado. Pero pedir no es realizar. El juez de Garantías Carlos Blanco respondió que se tomará cinco días para resolver. En ese tiempo, a menos que todo se trate en absoluto hermetismo, las garantías corren para los acusados, máxime si detrás tienen un delito comprobado con la autopsia y con condena a perpetua. Del hermetismo, nada. Ayer por la tarde, a los cinco minutos de haber recibido la respuesta dilatoria del juez, Mathias Valdez Duffau, primo de la víctima y abogado querellante-si-lo-dejan, se enteró de que el pedido ya se había filtrado a los medios. Para colmo, a 12 días del crimen, Blanco aún no reconoce al hermano de Gastón, Mariano, como particular damnificado, con lo que Duffau no puede ver la causa ni pedir ni querellar, pese a haber presentado DNI y partida de nacimiento. En un gesto de magnanimidad procesal, ayer Blanco pidió alguna foto de los dos hermanos juntos para ver si de esa forma podía reconocerlo. Duffau entregó dos. Una, de cuando tenían menos de diez años. El juez dijo “démela, puede servir” y garantizó que se tomaría el mismo tiempo, cinco días, para resolver. La balanza de la Justicia es equilibrada.
La reautopsia del cuerpo de Gastón Duffau se realizó el martes pasado, y demandó tres horas cuarenta minutos. Por orden de la procuradora general de la Suprema Corte, María del Carmen Falbo, se realizó fuera del registro de La Matanza y de la Bonaerense: en la morgue de los Tribunales de Lomas de Zamora. Y a cargo quedaron el director de la Morgue del Poder Judicial de Lomas de Zamora, Alfredo Romero, y el médico forense de la misma jurisdicción, César Adrián Rodríguez Paquete. La preocupación de Falbo fue tal que al lugar sólo tuvieron acceso los dos forenses mencionados y el fiscal Bordenave. Pero, por si fuera poco, envió como observadora a una representante de la Asesoría Pericial de la Procuración, la forense Virginia Creimer.
La reautopsia fue definitiva. Determinó, por un lado, que no existían rastros de fractura cervical. La autopsia policial había dicho que Gastón murió por fractura cervical en un accidente.
También encontró más de medio centenar de lesiones compatibles con “golpes de puño, bastón, rodillas, puntapiés, etc.”, que no fueron mencionadas en la autopsia anterior. Confirmó además las marcas de las esposas que, por supuesto la versión policial ni mu.
“La cara la tenía absolutamente desfigurada, pero la pericia anterior sólo dice que tenía algún hematoma superficial”, confió el investigador. La comparación entre ambas autopsias arrojó resultados tan bizarros que los presentes en la reautopsia llegaron a dudar que el primer estudio hubiera sido realizado por un médico. De hecho, el sello es ilegible y la firma no revela el nombre.
Este diario anticipó que la versión policial hacía agua sin llover. El martes pasado se fue a pique definitivamente: según la policía, Gastón Duffau había sido atropellado entre el lunes 18 y el jueves 21 de febrero. Sufrió fractura de cuello, costillas y heridas en el cráneo, que soportó durante dos a cinco días. Pero antes de morir, el sábado 23, pretendió asaltar el McDonald’s de Rivadavia al 14.300, y luchó con el guardia hasta que llegó la policía. Después apareció muerto vaya a saber cómo.
Ante semejante panorama, la reautopsia era definitiva. Si se saldaba en terreno neutral, habría demasiados elementos para que Bordenave pidiera la detención de todos los que estuvieron dando vueltas alrededor.
Esto lo sabían en la Bonaerense. Una situación curiosa se produjo en las puertas de la sala.
El martes, a las 17, unos minutos antes de que los doctores Romero y Rodríguez Paquete iniciaran la reautopsia, golpearon la puerta de la sala: era un forense enviado como perito de parte por el ministro de Seguridad bonaerense, Carlos Stornelli. Bordenave, a cargo del escenario, miró la lista y mandó a decir que en la autopsia no había partes y rechazó el ingreso. Al rato, Stornelli redobló la apuesta y envió un equipo de Asuntos Internos de la Bonaerense, portadores de una nota en términos “poco amigables”, según confió una fuente, para permitir el ingreso del perito de parte de la policía.
Pero Bordenave tallaba con la orden de clausura de Falbo, se acomodó la corbata, tosió y volvió a rechazar el ingreso. El argumento tiene sus fundamentos: aún no había acusados.
Ayer, dos días después de haber sido rechazado de la autopsia y luego de que trascendieran los pedidos de detención, el Ministerio de Stornelli envió a la prensa un comunicado titulado “Caso Duffau: el Ministerio de Seguridad informa que se tomaron todas las medidas que le corresponden a esta cartera”. En él, sostiene que los policías fueron pasados a disponibilidad. La participación en el caso de Asuntos Internos se supone, dado el relato anterior, será defensista.
Entretanto, los Duffau siguen golpeando puertas. Ayer, se presentaron ante el Ministerio de Justicia nacional para pedir protección para Mariano. “Vive en Capital y hay seis locos armados sueltos”, dijo Valdez Duffau.
Poco antes, a las tres de la tarde, se habían presentado ante el juez Blanco pidiendo entrar en la causa como parte. Mariano ya había presentado DNI y partida de nacimiento. “No alcanza”, les dijo Blanco. “¿Qué más hace falta doctor, una foto con mi hermano?”, dijo Mariano y le mostró dos, una de ellas cuando tenían cinco o seis años. “A ver, por qué no me las deja, por ahí sirven”, respondió Blanco. Los dos fueron a hacer fotocopias de las fotos a la vuelta de los Tribunales de San Justo. A la vuelta se enteraron de que los pedidos de detención ya se habían filtrado.


Que se cumpla lo que él necesita
Con esas textuales palabras se refirió doña Lita, la cocinera de los Millán y De Marchi, cuando el presidente le preguntó si tiene algún interés en el resultado de la causa. Cuando se refiere a "él" es a De Marchi precisamente. A confesión de parte...Típica mujer correntina de campo, con todo lo bueno y lo malo que ello implica: agradecida, carismática, capaz de sentir en carne propia la situación de sus patrones, pero poco afecta a defender sus propios intereses y su condición de ser humano libre y digno. "Somos todos de la familia" dijo, incluso mi hijo es actualmente el encargado. Sabía bien que tenía que decir que su patrón se había hecho cargo del campo desde Agosto del "76, quizás hasta sabía porqué convenía que dijera eso, aunque tal vez no, después de todo ella estaba ahí para que se cumpla lo que él necesita.Venía bien doña Lita, hasta que da un paso en falso, es que esto de andar recordando fechas es embromado...y concluye su declaración afirmando con seguridad y solvencia que De Marchi plantaba sorgo en el "66 en el campo de los Millán, es decir, varios años antes de conocerlos. Un adelantado el hombre.
Esas malditas revistas...
No obstante el primer turno de la décimo segunda jornada del debate oral de la "Causa RI9" no era el de doña Lita, sino el de una de las víctimas de la patota del RI9, el sastre Zoilo Pérez, a quién detienen 6 o 7 hombres de civil que irrumpen a la madrugada preguntando por el "modisto", y le pegan ni bien dice "soy yo".Zoilo narra que fue detenido el 6 de julio de 1977, mas o menos la fecha en que se lo vio por última vez a Rómulo Artieda, estuvo alrededor de una semana allí y luego lo trasladan a la Jefatura de Policía, junto a Trainer, Aguirre, Basualdo y Alegre. Allí escucha hablar de Rómulo Artieda, le cuentan los demás detenidos que Artieda era quien servía la comida a los demás prisioneros y se preguntaban qué sería de la vida de él, si lo habían trasladado...o algo peor, porque ya no lo veían los últimos días.En la Jefatura de Policía también le cuentan que los que habían sido más torturados eran precisamente Artieda, Trainer y Ramón Cura, también ponen nombre a quien comandaba los operativos por aquél entonces, "un petiso de alrededor de un metro sesenta, de bigotito, blanquito, de pelo castaño o algo así, lo que yo llamaría un rubiecito". Se trataba de Barreiro, según le refirieron sus compañeros de martirios.Cuenta Zoilo que en la Jefatura le preguntaban qué había entendido de unas revistas que el compró a un cliente. Se trataba de la revistas "El combatiente" y "Estrella Roja", que parecen ser la razón de su detención, al menos por lo que se desprende de las preguntas que le hacían y del comentario con el que lo despidió este petiso al que identifica como Barreiro y Pietronave cuando deciden liberarlo varios meses después. "No entendiste nada le dijo Barreiro" con sorna. Estuvo con libertad condicional hasta el 79, todo porque compró un par de revistas, que sólo él sabe si al menos, alcanzó a comprender.
El viajante
Jorge Teruggi declaró después de Zoilo y antes de Lita, la cocinera, a quien hemos mencionado en primer término al solo efecto de titular la nota, aunque en rigor de verdad fue la tercera de la jornada.Jorge lo conoce a De Marchi (pronuncia "De Marqui" como le gusta al ex-Capitán, nada de andar castellanizando que quita status) allá por el año 1976, "cuando yo visitaba a los gladioleros Agterberg", más adelante lo vería mas seguido hasta sellar una muy buena relación, recién cuando De Marchi se dedicó a plantar sorgo, fecha que no precisa para nada.Muy dubitativo hasta para describirlo físicamente, no entra en terreno que le pudiera significar hablar de más, acaso por eso no precisa la fecha en que empezaría a frecuentarlo mas seguido a De Marchi para asesorarlo con el sorgo y otras cuestiones.
El "Guardiero"
Le toca el turno al peón de De Marchi, don Filemón Fernández, quien refiere que el que le pagaba el sueldo desde mediados del "76 era De Marchi, quien solía quedarse a dormir en el casco de la Estancia y era cuidado por peones que hacían guardia por turnos a la noche. De Marchi se dormía y apagábamos la luz, para eso estábamos los "guardieros" dijo. Ante una pregunta del Fiscal Ferrini reconoce que De Marchi tenía una camioneta Ford clara, la que describió como verdecita y blanca, pero refiere, fiel a su patrón como buen peón, que el sorgo se empezó a plantar en el "76. Muy conveniente ya que le asigna actividad plena al campo de los Millán justo cuando convenía a la defensa de su patrón. Impecable don Filemón.
El tractorista
Mercedes Ramírez, hombre de 50 años que tuvo que dejar los estudios en quinto grado, a los diecisiete años como muchos peones rurales, declaró que no solo ya se plantaba sorgo en el "76 sino que además lo hacía él mismo, ni bien se sacaban los bulbos de los gladiolos de Agterberg. Se acordó incluso del mes: agosto del "76 dijo, sin dudarlo. Si hubiera estado en la audiencia el Ingeniero Agrónomo Víctor Rodríguez, testigo de la defensa que testimonió en la jornada anterior, se hubiera "agarrado la cabeza", ya que como señaló en su testimonio, era imposible plantar sorgo inmediatamente después de los gladiolos porque la tierra era muy ácida en ese campo. Extremadamente fértil, por las características de la siembra del gladiolo, pero demasiado ácida para el sorgo, por eso es que él mismo tuvo que iniciar un largo tratamiento a la tierra ("no menos de seis meses" dijo) para cambiarle el Ph. Teniendo en cuenta que el gladiolo se corta el 2 de noviembre y después hay que retirar el bulbo, tratar la tierra para quitarle acidez y esperar que llegue el tiempo en que se siembra el sorgo (agosto o septiembre), la plantación del mismo no pudo empezar antes de esos meses, pero al año siguiente, es decir en el "77.Además para qué querría un tractorista la finca "Santa Rosalía" en el año 1976 si, según los dichos de otro testigo de la defensa, el holandés Agterberg, De Marchi y los Millán no tenían tractores en el "76...ni uno solo.
La funcionaria de Rentas
Por último declaró María Elena Esquenón, soltera de 74 años. Memoriosa a tal punto de que no se olvida de que lo vio a De Marchi en el "76, en las fiestas patronales del pueblo de Santa Rosa, donde vive desde el "72.Señala que en el año 1976 De Marchi se inscribió en Rentas como administrador de la finca "Santa Rosalía" de los Millán. Bien, muy prolija, aunque no aporta su testimonio para la defensa del ex-Capitán, al no indicar qué contradicción hay entre éste hecho y la posibilidad de que dirija un Grupo de Tareas de la represión ilegal. La administración de un campo sin tractores, sin plantaciones propias, alquilado en parte a los gladioleros, y sin mas trámites que pagar el sueldo a la escasa peonada no debía demandarle mucho tiempo a nadie, mucho menos impedirle realizar operativos nocturnos, generalmente los fines de semana, a menos de dos horas de distancia de la Capital correntina y el Centro Clandestino de Detención del RI9.

Lo que antecede no es un comunicado de prensa de la Comisión de Derechos Humanos de Corrientes, sino la difusión de una nota de su portal de noticias (http://www.cpdhcorrientes.com.ar/). Se autoriza su libre difusión parcial o total.





Política
Memoria del horror
Gestionan el primer archivo sobre la represión
Nilda Eloy, de la Asociación de Detenidos Desaparecidos, dijo que en el ámbito bonaerense se hallaron 600.000 fichas personales en manos de la policía.
13:54
06.03.2008
Como testimonio de los abusos de la dictadura, Eloy quiere preservar la base de datos que estaba en poder de la Dirección General de Inteligencia de la provincia de Buenos Aires.
Nilda Eloy, integrante de la Asociación de Detenidos Desaparecidos en Argentina, afirmó en España que la cifra histórica de 30.000 desaparecidos en el período de la represión militar en nuestro país (1976-1983) "se queda pequeña".Eloy hizo estas declaraciones momentos antes de pronunciar la conferencia "Memoria Histórica en Argentina: la represión militar" en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Extremadura (oeste de España).Según indicó, pasados muchos años desde que se tomó el primer testimonio a familiares de desaparecidos, "hay gente que está declarando ahora por primera vez y también supervivientes y muchas familias que no habían formulado antes una denuncia".En este sentido, manifestó que la sensación que ella tiene, "y como yo más ciudadanos argentinos, es que la cifra histórica de 30.000 desaparecidos, se queda pequeña".Eloy, que también es miembro de la Comisión Provincial por la Memoria, explicó que esta institución gestiona "el único archivo latinoamericano" sobre la represión, "que pertenecía a la Dirección General de Inteligencia, de la provincia de Buenos Aires"."En el mismo, que contempla el período comprendido entre 1957 y 1998, se encontraron más de 600.000 fichas personales, que constituyen una prueba de lo que hacía y escribía la policía de Buenos Aires de los ciudadanos de la Argentina", dijo.En este archivo "hay fichas de todo aquel que consideraban que debía ser investigado", agregó.Acerca de su propio cautiverio, Eloy relató que fue detenida el 1 de octubre de 1976 y considerada como desaparecida 11 meses, tiempo que pasó en 6 campos de concentración, en los que fue torturada y reprimida, para después pasar a disposición de la Junta Militar, que la obligó a pasar casi dos años más en la cárcel.En cuanto a los motivos que pudieron propiciar su detención y posterior tortura, afirmó que "hoy en día creo que fue porque fueron a mi casa en busca de un ex novio mío, cuando yo tenía tan sólo 19 años, y trabajaba y estudiaba"."Formaba parte de una generación que tenía ilusiones, y que era un obstáculo para que se implantase lo que después se implantó, a sangre y fuego", dijo.Fuente: EFE





JUSTICIA PROCESA A PATTI POR HOMICIDIO Y DEFENSA APELA Buenos Aires, 6 de marzo (Télam).- El juez federal Alberto Suárez Araujo procesó al ex subcomisario Luis Patti por su presunta vinculación en el homicidio de Gastón Goncálvez, cumpliendo una resolución de la Cámara de Apelaciones de San Martín, pero su abogado defensor confirmó que apeló la resolución. Patti está procesado y detenido desde el 22 de noviembre por los delitos de "privación ilegal de la libertad doblemente agravada, imposición de tormentos y allanamientos ilegales" en secuestros y torturas sufridas por siete personas durante la última dictadura militar mientras era oficial de la bonaerense en la ciudad de Escobar. La medida dispuesta por el juez Araujo corresponde a la resolución de la Cámara Federal de Apelaciones de San Martín, que días atrás revocó la falta de mérito solicitada por la defensa de Patti en el delito de homicidio de Gastón Goncálves. El abogado de Patti, Silvio Duarte, consideró que la medida "obliga al juez a dictar la prisión preventiva" al ampliar el procesamiento por la muerte de Gastón Goncálvez, "a pesar de no existir recurso que lo solicitara". Gastón Goncálvez fue secuestrado en Zárate el 24 de marzo de 1976 y, según testimonios de la causa, estuvo detenido en un camión celular ubicado detrás de la comisaría donde Patti se desempeñaba como suboficial inspector y su cadáver encontrado en el cementerio de Escobar veinte años después. El 7 de febrero pasado la Sala I del Tribunal había confirmado en todos sus términos el procesamiento de Patti, a pesar de las apelaciones de la defensa. En una nueva instancia, la misma sala instruyó días atrás al juez Suárez Araujo resolver en el homicidio de Goncálves y esa instancia fue considerada por Duarte como "una cuestión de parcialidad". "Ya el juez se había pronunciado y fundamentado", dijo Duarte consultado por Télam, sobre la presunta participación de Patti en el homicidio, cuya comprobación "es imposible", según el letrado. Mientras la defensa de Patti evalúa presentar un pedido para que se excuse la Sala I, "sin perjuicio de la idoneidad de sus integrantes", Manuel Goncálves, hijo del militante desaparecido, insistió en que "Patti está involucrado en la muerte" de su padre. "La decisión del juez es independiente de la Cámara", sostuvo a Télam el joven recuperado por Abuelas de Plaza de Mayo, quien además aseguró que "aún seguimos sumando testimonios que lo hacen responsable". En ese sentido, Goncálves recordó que la causa por el secuestro y muerte de su padre comenzó en 1994 "cuando todavía no era candidato a diputado nacional" y que desde entonces "continúan aportando nuevos testimonios". Goncálves precisó el testimonio presentado en febrero por un ex empleado secuestrado en el mismo lugar y época de su padre y que en 1996 trabajó en la Municipalidad de Escobar cuando Patti era intendente. "El relató cómo quiso ocultar todo lo que sucedió en Escobar durante la represión", afirmó, y concluyó: "Creemos que con la mitad de los testimonios que presentamos es indudable su responsabilidad". (Télam)






LOS PRESOS QUE LO DENUNCIARON FUERON GOLPEADOS AL GRITO DE "BUCHONES"
¿Una venganza de Fanchiotti?
Los reclusos habían denunciado las salidas sin autorización del ex comisario. Por seguridad los trasladan.

Estela. El ex comisario Alfredo Fanchiotti fue castigado por salir sin autorización de la Unidad 25. Sus ex compañeros denuncian una venganza.
Tres de la madrugada. Horario inusual para un traslado. Más aún si quienes se llevan a los presos de una unidad a otra entran encapuchados, dando palazos y al grito de "pendejos buchones". Los cuarenta detenidos pertenecían a la intervenida Unidad 25 de Olmos en la que, hasta hace dos semanas, cumplía condena perpetua el ex comisario Alfredo Fanchiotti. Ahora, los internos están en el pabellón "Población" de la Unidad 1, donde llaman "refugiados" a los de "la 25", considerada unidad modelo. La versión que dio el Ministerio de Justicia bonaerense a Crítica de la Argentina es que se trató de un "traslado común para normalizar la situación tras la intervención"."El sábado pasado a la madrugada entró un grupo de choque del Servicio Penitenciario, vestidos de negro y con capuchas. Los golpearon y después los obligaron a dejar sus celdas con lo puesto", denuncia con miedo la mamá de un detenido insulinodependiente que desde 2006 se encontraba en "Cristo la única esperanza", una unidad en la que conviven 260 presos -entre ellos ex policías y personas con graves enfermedades-, en su mayoría evangelistas.La subsecretaria de Política Criminal del Ministerio de Justicia, Maria Pía Leiro, negó que el traslado haya sido violento. "No se usó la fuerza ni hubo ningún tipo de incidente. Fue el viernes desde las 23 y estuvo presente el interventor Gabriel Filipini", aseguró y explicó que los motivos del traslado fueron "que esos detenidos debían estar en un penal de máxima seguridad y que, además, había superpoblación". Hasta el 20 de febrero pasado en ese sector del penal de Olmos estaba detenido el acusado de asesinar a los piqueteros Maximiliano Kosteki y Darío Santillán. Fanchiotti fue trasladado a la cárcel de máxima seguridad de Florencia Varela luego de que la Justicia comprobó que, al menos una vez, había salido de paseo sin autorización, acompañado del subjefe de Vigilancia y Tratamiento, Diego Borba, hoy imputado por "incumplimiento de los deberes de funcionario público y facilitación de evasión de presos". "Estamos muy preocupados porque la Unidad 1 es una picadora de gente. Allí envían a los presos con problemas de conducta y a los peores asesinos. Los del Servicio Penitenciario lo saben perfectamente", explica esta madre que por seguridad pide que no sea publicado su nombre. La razón del traslado: un castigo. En el SP creen que fueron los presos comunes de la Unidad 25 quienes informaron sobre los privilegios de Fanchiotti. El lunes pasado la mamá llevó la denuncia ante el Tribunal Oral Criminal Nº 7 en el que tramita la causa por robo de su hijo y el que, a la vez, condenó al ex comisario por la llamada masacre de Avellaneda. Allí fue llevado el joven para testimoniar sobre lo que ocurrió el sábado. "Pero no pudo contar todo porque mientras declaraba tenía al lado un guardiacárcel. El Servicio Penitenciario funciona como una corporación junto a la Policía provincial y después toman represalias", contó.La primera denuncia de esta mamá fue publicada por Prensa De Frente, el portal periodístico del Frente Popular Darío Santillán, donde militaban los dos asesinados el 26 de junio de 2002.




Título: Un lugar para juzgar a Cavallo
Medio: Página 12

Link: http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-100204-2008-03-06.html
Nota: Mientras los abogados de las acusaciones populares y particulares esperan que la Audiencia Nacional de España fije cuanto antes la fecha de inicio del juicio contra el capitán de corbeta (R) Ricardo Miguel Cavallo, el juez Baltasar Garzón consideró ayer que su país es "el lugar más idóneo y rápido" para enjuiciar al marino, acusado por delitos de lesa humanidad en la ESMA. El viernes pasado el Consejo de Ministros autorizó la "entrega temporal" de Cavallo una vez que "deje extinguidas las responsabilidades contraídas" en España.



Título: Revés judicial para Martínez de Hoz
Medio: La Nación
Nota: RECHAZAN UN PEDIDO La Sala II de la Cámara Federal rechazó un planteo de José Martínez de Hoz para apartar al camarista Eduardo Freiler de una causa en la que se investiga al ex ministro de Economía de la última dictadura militar por el secuestro de dos empresarios. Martínez de Hoz fundó su reclamo en los vínculos de Freiler con "organismos de derechos humanos y con la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto", a quien señaló como el nexo entre el juez y Cristina Kirchner.

Título: Lo procesaron a Patti como "cómplice" de un crimen
Medio: Infobae

Link: http://www.infobae.com/contenidos/367823-100898-0-Lo-procesaron-Patti-como-cómplice-un-crimen
Nota: La resolución fue dictada por el mismo juez, Alberto Suárez Araujo, que lo tiene preso desde noviembre pasado por otros crímenes de lesa humanidad. Ahora lo acusan por la muerte de un militante en 1976
El ex subcomisario Luis Abelardo Patti recibió otro revés de la Justicia. Esta vez, el juez Araujo lo procesó por la muerte de Gastón Goncalves, un militante peronista, que fue secuestrado en Zárate el mismo día del último golpe militar





A PEDIDO DE LA QUERELLA POR LA DESAPARICION DE TITO MESSIEZ ESTA DETENIDO EL REPRESOR JULIAN GAZARI BARROSO
El 20/09/2007 se pidió la detención de este represor , miembro de la asociación ilícita que constituía con todos los integrantes de las fuerzas de ocupación del Plan Cóndor, que es quién informó a poco tiempo de la desaparición de TITO, que en el Cuerpo II de Ejército no había noticias sobre su paradero. La respuesta del juez Germán Sutter Schneider, hijo del jerarca de la Dictadura Militar Genocida fue que se había ordenado su detención en el año 2005. Corrió por cuenta de esta querella aportar datos como domicilio y números telefónicos obtenidos a partir de una investigación periodística que por supuesto el juez integrante del "área judicial del Segundo Cuerpo" desestimó. Lo cierto es que ante la reiteración de nuestro pedido ante la Unidad de Asistencia para las violaciones a los derechos humanos durante el Terrorismo de Estado el asesino fue detenido el 28 de febrero en un operativo que de "espectaculares características" no tuvo nada. Tocaron timbre, preguntaron por él y quedó preso. De no mediar nuestra insistencia desde el primer momento, este genocida todavía estaría "prófugo" por obra y gracia de la complicidad judicial-policial. Actualmente se encuentra en el Hospital de la cárcel de Villa Devoto por su estado de salud y habiendo comparecido el día 3 de marzo se negó a declarar en la indagatoria.

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