jueves, 20 de marzo de 2008






Nueve represores citados por el secuestro de embarazadas y niños
Los médicos de los partos clandestinos

El juez federal de San Martín Alberto Suares Araujo ordenó indagatorias para Riveros, Bignone y otros represores acusados por la apropiación de ocho bebés en Campo de Mayo. Entre los acusados hay cuatro médicos, que están en libertad.

El médico militar Atilio Bianco manejaba la maternidad clandestina del hospital de Campo de Mayo.
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“Fue una gran máquina de matar”
Actos por la memoria

Por Victoria Ginzberg
Nueve represores fueron citados a declarar como sospechosos por los secuestros de ocho mujeres embarazadas y sus hijos nacidos en el Hospital Militar de Campo de Mayo durante la dictadura. Entre los acusados convocados por el juez federal de San Martín Alberto Suares Araujo figuran cuatro médicos. Uno de ellos es Norberto Atilio Bianco, quien ya estuvo preso por apropiarse de dos niños y ahora está viviendo en Paraguay.

La lista de los represores a quienes el magistrado citó a declaración indagatoria son Santiago Omar Riveros, Reynaldo Benito Bignone, Eugenio Guañabens Perelló, Osvaldo García, Santiago Mansilla, Jorge David Haddad, Raúl Eugenio Martín, Oscar Capecce y Bianco. Los cuatro primeros ya están presos por su responsabilidad en violaciones a los derechos humanos cometidas en el centro clandestino de Campo de Mayo. Los otros cinco serían arrestados después de sus declaraciones, que empezarán el 1º de abril.

Mansilla es un policía que estaba a cargo de una comisaría de San Martín por donde pasaron niños que luego fueron secuestrados. El mismo, durante la dictadura, envió cartas a las familias de los chicos en las que aseguró que ellos estaban ahí, aunque luego no los entregó.

Los otros acusados son médicos que trabajaron en el Hospital Militar de Campo de Mayo. En el sector de Epidemiología de ese lugar funcionó una maternidad clandestina que fue comandada por Bianco y por la que se estima pasaron más de 35 mujeres embarazadas. “Estamos conformes por los llamados a indagatorias resueltos por el juez, pero nos parece que se notificaron con mucho tiempo de anticipación y por lo tanto hay riesgo de que los acusados que están en libertad se fuguen”, señaló Alan Iud, abogado de Abuelas de Plaza de Mayo.

Bianco ya estuvo en prisión, pero por la apropiación de dos menores a quienes anotó como hijos propios. Hasta ahora, no fue arrestado por su rol protagónico en el plan sistemático para apropiarse de hijos de desaparecidos. Antes de ser arrestado, Bianco se refugió en Paraguay. Ahora, volvió a vivir a su viejo refugio y está ejerciendo como médico en una clínica. Las Abuelas de Plaza de Mayo creen poco factible que el represor viaje a Buenos Aires, donde quedaría detenido. Pidieron que se libre orden de arresto internacional, pero el reclamo no fue escuchado. Suares Araujo tampoco se hizo eco de la solicitud de las Abuelas para que les prohíban salir del país a quienes están en libertad.

Médicos y enfermeros del Hospital Militar relataron ante la Justicia cómo funcionaba la maternidad clandestina de Campo de Mayo. La obstetra Luisa Yolanda Arroche de Sala García dijo que en 1976 y 1977 atendió entre 20 y 30 mujeres embarazadas en Epidemiología. Vio a mujeres con las manos atadas y la cara tapada. Siempre había custodios. Concepción Piffaretti fue enfermera auxiliar en Epidemiología. Aseguró que las mujeres internadas allí tenían los ojos vendados y a veces estaban encapuchadas.


Por el traslado de represores

Abogados querellantes de la causa Campo de Mayo pidieron al juez Martín Suárez Araujo el traslado a dependencias del Servicio Penitenciario de los represores con arresto domiciliario: los generales (R) Santiago Riveros, Benito Bignone, Eduardo Espósito, Jorge Osvaldo García, Eugenio Guañabens Perelló y del coronel (R) Carlos Tepedino. La prisión hogareña es una “libertad encubierta” que implica “una manifiesta desigualdad ante la ley”. Agregaron que no existen garantías de seguridad para los procesados que no están en cárceles porque la Justicia es incapaz de controlar el uso de armas. Recordaron los suicidios de Paul Navone, Emilio Anadón y el (frustrado) de Juan Azic para destacar que “el mayor potencial de riesgo se encuentra en las casas de los procesados” y advirtieron el “grave riesgo de que se produzcan nuevos homicidios, suicidios y suicidios inducidos”.



El represor Rodolfo Almiron llego al pais, pero no declaro por su estado de salud
De ladero del Brujo a Marcos Paz

Acusado de una decena de crímenes cometidos por la Triple A, el ex custodio de López Rega arribó extraditado desde España. “¿De qué me tengo que arrepentir?”, preguntó. Un informe forense determinó que “no se encuentra en condiciones de prestar declaración indagatoria”.



Tras la demora del vuelo, Almirón, de 72 años, llegó esposado y con un chaleco antibalas.
Imagen: Rolando Andrade
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El represor impenitente


Por Irina Hauser
Tiene la piel de la cara floja, un rasgo propio de sus 72 años. Su pelo, extrañamente, exhibe pocas canas. Se lo ve algo encorvado pero se desplaza con cierta destreza escoltado por un círculo de uniformados. A él, que alguna vez fue un subcomisario “estrella” de la custodia de José López Rega, esta vez, aunque con más de treinta años de demora, le tocaba estar del otro lado. Esposado. Con camisa celeste y un pesado chaleco antibalas que se puso por obligación. Así se lo veía a Rodolfo Eduardo Almirón ayer a la mañana, cuando llegó extraditado desde España, acusado de al menos una decena de homicidios y secuestros cometidos por la organización terrorista Triple A, durante el gobierno de Isabel Perón. El paso del tiempo no impedirá juzgarlo, tal como resolvió esta semana la Cámara Federal, pero difícilmente vuelva atrás el deterioro físico que describe un informe del Cuerpo Médico Forense que lo examinó al llegar, según el cual, “no se encuentra en condiciones de prestar declaración indagatoria en los estrados judiciales”.
Por ahora, Almirón estará en el hospital del penal de Marcos Paz y el jueves de la semana que viene le harán otro estudio forense. Los peritos estiman poco probable que el resultado del chequeo se modifique. En el primer informe describieron un cuadro de deterioro psíquico y psiquiátrico y un largo historial de cardiopatías.
Almirón está acusado de haber integrado una asociación ilícita que mataba, secuestraba y amedrentaba, y que por lo menos lo hizo entre 1973 y 1976, aunque su accionar tuvo continuidad durante la dictadura. El ex subcomisario ladero de López Rega había sido denunciado en 1975 junto con otros jerarcas de la banda y tenía un pedido de captura pendiente desde 1984. Nadie lo recordaba, hasta que una investigación periodística española ubicó al represor a fines de 2006 en un pueblito de Valencia. A partir del hallazgo, el juez federal Norberto Oyarbide pidió su extradición para juzgarlo. También solicitó la de la viuda de Perón, que está pendiente.
Pese a las cartas que envió su esposa, Ana María Gil Calvo –que se quedó en el viejo continente–, a los jueces y la empresa Aerolíneas Argentinas, alertando que el precario estado de salud de su marido podía matarlo en el vuelo a Buenos Aires, Almirón llegó ayer a la madrugada sin grandes alteraciones físicas, a pesar de haber estado un día varado en Brasil. Un informe del Ministerio del Interior español había detallado un largo listado de patologías del imputado: desde “alteraciones de la memoria” y “ligera desorientación temporal” hasta una “inestabilidad en la deambulación” que ayer no se advirtió.
El juez Oyarbide ordenó que a su arribo lo revisara el Cuerpo Médico Forense. Y así ocurrió. Lo llevaron al Palacio de Tribunales, donde fue captado por las cámaras de televisión: se lo vio arquear las cejas y alternar miradas al piso.
El informe forense está dividido en una parte psquiátrica y otra cardiológica. Por empezar, señala que Almirón presenta un “síndrome psicorgánico” y un déficit psíquico global “con afectación neurocognitiva secundaria”. Sugiere que, “luego de un tiempo prudencial de recuperación del cuadro de fatiga”, propio de un viaje largo, el acusado ex subcomisario sea enviado para “profundizar el estudio psicológico y psicotécnico” y electroencefálico. Por lo pronto, afirma el reporte que lleva la firma del perito Juan Carlos Verdún, “no se encuentra en condiciones de prestar declaración en los estrados judiciales”.
El capítulo sobre su estado cardíaco explica que, ante las preguntas del forense, Almirón dijo tener antecedentes de hipertensión arterial y que tuvo hace algunos años un episodio de disnea y arritmia. El parte español en manos de Oyarbide habla de varios infartos. Al momento de esta revisión, dice el documento, no tenía signos de “insuficiencia cardíaca”. Según un electrocardiograma que le practicaron, tiene “secuelas de necrosis y fibrosis inferior sobre carga ventricular izquierda”. También le hicieron un ecodopler que arrojó “insuficiencia valvular aórtica leve”. Estos resultados los firma el médico Mariano Fassi.
Con este panorama es improbable que el hombre pueda declarar. Podría terminar con una declaración de incapacidad, como ocurrió con el represor Emilio Massera en las causas por los crímenes de la última dictadura. En este caso, es probable que lo recluyan en una institución psiquiátrica o alguna similar. Mientras tanto, su residencia es la cárcel de Marcos Paz.



Liberaron a los prefectos acusados por el caso Febres




Los prefectos Mario Volpi y Roberto Iglesias recuperaron ayer su libertad. Estaban detenidos en la cárcel de Marcos Paz, acusados de haber participado del homicidio del represor Héctor Febres, que apareció muerto en la celda VIP que ocupaba en la sede Delta de la Prefectura. La Cámara Federal de San Martín ordenó su excarcelación en una resolución en la que indicó a la jueza Sandra Arroyo Salgado una serie de medidas. Esta decisión de la Cámara, publicada ayer en exclusiva por Página/12, se basa en que no habría elementos para afirmar que se trató de un homicidio, como entendió la magistrada, y tampoco para establecer que fue un suicidio. Sin embargo, los camaristas avalaron la constatación de la jueza sobre las irregularidades en la detención de Febres en la Prefectura, que le permitieron gozar de todo tipo de privilegios (en la imagen se lo puede ver “de vacaciones” en la base de Azul).
DERECHOS HUMANOS-TUCUMAN/ LA DEFENSA DE BUSSI Y DE MENENDEZ QUIERE UN JUCIO ESCRITO Tucumán, 19 de marzo (Télam).- La defensa de los ex represores Antonio Bussi y Luciano Benjamín Menéndez aseguró hoy que los procesados no pueden ser sometidos a un juicio oral por violaciones a los derechos humanos durante la dictadura militar, sino que tienen que ser juzgados por medio de un proceso escrito. "Por la ley que era aplicable al tiempo de los hechos que se investigan en la causa, la número 24.121, no puede haber un juicio oral contra mis defendidos", aseveró a Télam el abogado Horacio Conesa Mones Ruiz. El letrado efectuó un planteo ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal, al que a fines de 2007 Daniel Bejas, a cargo del juzgado federal número 1, elevó la primera causa a juicio contra los militares retirados por violaciones a los derechos humanos. Conesa Mones Ruiz explicó que la Ley 24.121, que estableció los Tribunales Orales en 1992 como consecuencia de la reforma del Código Procesal Penal de la Nación, que introdujo el principio de la oralidad, permitía -para los procesos en trámite o relacionados con hechos anteriores a ese fecha- escoger por el sistema escrito. "El artículo 12 de la Ley 24.121 permite la opción (entre el juicio escrito y el oral) y, si no se lo hace, automáticamente se aplicaba el proceso escrito. Entonces, por mandato de mis defendidos, hicimos uso de la opción", manifestó el letrado. Como consecuencia, Conesa Mones Ruiz pidió al Tribunal Oral que se declare incompetente y que devuelva la causa al juzgado federal número 1 para que prosiga con la actuación y advirtió que hizo reserva de plantear los recursos de casación y extraordinario para el caso en que el Tribunal no haga lugar al planteo. A fines de febrero, llegó al tribunal el expediente en el que Bejas dio por concluida la etapa de instrucción y dispuso el auto de elevación a juicio oral de la causa en la que Bussi y Menéndez están con orden de prisión preventiva por la desaparición del ex senador Guillermo Vargas Aignasse (PJ), ocurrida en marzo de 1976. En la primera elevación a juicio oral por lo sucedido durante la dictadura, Bejas imputó a ambos militares retirados violación de domicilio y violación ilegítima de la libertad agravada, aplicación de tormentos reiterados, homicidio calificado y asociación ilícita, en concurso real con el delito de lesa humanidad. Sobre los dos militares retirados pesa una decena de órdenes de prisión preventiva en causas en las que se investigan desapariciones de personas, teniendo en cuenta que, entre 1976 y 1977, Bussi estuvo al mando de la V Brigada de Infantería, que dependía del III Cuerpo de Ejército, que encabezaba Menéndez. Bussi está detenido por orden del ex juez federal Jorge Parache (Bejas lo reemplaza en forma interina desde el 1 de junio) desde el 15 de octubre de 2003, lo que impidió que asumiera como intendente de la capital tucumana, cargo para el que había sido elegido durante los comicios del 26 de junio de ese a[o. Desde el 14 de diciembre, Bussi cumple arresto domiciliario en una vivienda particular de uno de sus familiares, en Yerba Buena, municipio ubicado a unos 10 kilómetros al oeste de la capital tucumana, y en la misma condición reviste Menéndez en Córdoba. (Télam).-
24 MARZO-CAMPO DE MAYO RESPALDO DE GOBIERNO A LA JUSTICIA EN CAUSAS DE LESA HUMANIDAD Buenos Aires, 19 de marzo (Télam).- El secretario de Derechos Humanos, Eduardo Luis Duhalde, respaldó hoy el impulso dado por la Justicia para avanzar en las causas que investigan delitos de lesa humanidad y pidió a los represores "romper el pacto de silencio" para llegar a la verdad con lo ocurrido durante la dictadura. El apoyo del Gobierno al Poder Judicial fue expresado también por la ministra de Defensa, Nilda Garré, quien se mostró "satisfecha" por la extradición del ex comisario Rodolfo Almirón para ser juzgado en el país por su participación en la Triple A y por la reapertura de procesos como la Masacre de Trelew. Duhalde exhortó esta mañana a "correr el velo de ocultamiento" que impide el esclarecimiento de los hechos ocurridos durante la última dictadura, en un acto en Campo de Mayo donde se inauguró la señalización de la guarnición militar con tres pilares de hormigón que llevan la inscripción "Memoria, Verdad" y "Justicia". "Sabemos poco porque pocos sobrevivieron", dijo el titular de Derechos Humanos, al tiempo que instó ante familiares, organismos de derechos humanos, jóvenes y alumnos de escuelas del partido de San Miguel a "fortalecer la memoria para apostar al futuro". Frente a los pilares levantados a metros de la puerta por donde ingresaron miles de detenidos-desaparecidos, Duhalde se refirió al centro clandestino de detención como "el más grande del país" que funcionaba como "una máquina eficiente de matar". En tanto, Garré destacó "la decisión política de (el ex presidente Néstor) Kirchner" en fijar "una política de Estado irrenunciable" en materia de derechos humanos, aunque reconoció que "quizás" los procesos judiciales "no se dan con el ritmo que querríamos". Sin embargo, la titular de Defensa confió en que "con los mecanismos procesales, vamos a ir superando los objetivos". El acto de señalización de la guarnición militar de Campo de Mayo se realizó este mediodía sobre la ruta provincial 8, frente al acceso de la puerta 4, donde la mayoría de los detenidos eran ingresados por esa puerta para ser trasladados a las maternidades clandestinas o a los centros clandestinos que allí funcionaban. La inauguración a cargo de la Secretaría de Derechos Humanos bonaerense, cuya titular es Sara Derotier de Cobacho, forma parte del programa denominado Red Federal de Sitios de la Memoria. En su discurso, la funcionaria, cuyo hijo fue detenido clandestinamente en Campo de Mayo y aún permanece desaparecido, destacó la importancia de la señalización del lugar como "una reivindicación que esperamos durante 32 años". "Campo de Mayo es un lugar emblemático y este acto nos debe dar fuerzas para seguir luchando por la memoria de nuestros hijos", recalcó Cobacho. Participaron del acto, el intendente de San Miguel, Joaquín de la Torre; el jefe de Gabinete provincial, Alberto Pérez; el secretario de Gobierno bonaerense, José Scioli, y representantes de la Comisión de Recuperación de la Memoria de Campo de Mayo. Los tres pilares que llevan al frente la inscripción "Memoria", "Verdad" y "Justicia" están unidos en la parte inferior por una viga con un texto que dice: "Aquí funcionó el centro clandestino de detención... durante la dictadura militar que asaltó los poderes del Estado entre el 24 de marzo de 1976 y el 10 de diciembre de 1983. NUNCA MAS GOLPE Y TERRORISMO DE ESTADO". El diseño estuvo a cargo de del Equipo de Voluntariado Proyecto de Recuperación de la Memoria ESMA y Campo de Mayo integrada por docentes y estudiantes de la Facultad de Arquitectura Diseño y Urbanismo. (Télam).-

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