lunes, 31 de marzo de 2008

ORGANISMOS DE DD.HH.
SE PRONUNCIAN
(Agradecemos la difusión de esta declaración)

Sobre el lock-out patronal

Los Organismos de Derechos Humanos abajo firmantes reafirmamos nuestro compromiso con el camino institucional elegido por el pueblo argentino y rechazamos los intentos de desestabilización política y golpista de algunas instituciones representantes de los sectores económicos, políticos y sociales que propiciaron, sostuvieron y participaron en todos los golpes dados en nuestro país a partir de 1930 y que en 1976 impusieron, mediante el terrorismo de Estado, un modelo económico neoliberal que conlleva la violación sistemática de los derechos de la población de menores ingresos y cuyas consecuencias aún estamos padeciendo.
Detrás de los legítimos reclamos de los campesinos y pequeños productores, a los que apoyamos, se presentan como defensores del campo los mismos actores que para imponer sus políticas económicas, fueron ideólogos y cómplices del terrorismo de Estado y de sus métodos: asesinatos, desapariciones, torturas, prisión, exilio, violaciones, robo de niños.
Estas instituciones NO SON EL CAMPO. Representan la ambición egoísta de los capitalistas del agro y los pool de siembra en los que participan grandes grupos financieros no necesariamente agropecuarios. Representan a los 936 terratenientes que – según el Censo Agropecuario de 2002– poseen un promedio de 38 000 has. cada uno, mientras 140 mil agricultores poseen un promedio de 16,7 has. y que en los `90 mantuvieron silencio mientras 300 mil pequeños productores eran expulsados de sus campos. Representan a los Cargill y los Monsanto, que manejan el negocio de los agroquímicos y las semillas transgénicas. Representan el modelo que no admite que el Estado controle la renta agraria lograda con el sostén de un dólar alto y subsidios en combustibles a costa del esfuerzo de toda la Nación. Mientras emplean al 75% de los trabajadores rurales en negro y pagan sueldos miserables a los trabajadores en blanco.
El Estado tiene el deber de llevar a cabo una justa distribución de la riqueza y para tal fin consideramos que deben utilizarse las atribuciones que las leyes le otorgan como las retenciones a las exportaciones que generan enormes ingresos a los 'dueños' de la tierra y a grupos exportadores. Estas retenciones no les impiden ganar sumas fabulosas, simplemente les producen una disminución de sus ganancias. Los fondos recaudados de las retenciones a las exportaciones agrarias, y todo el superávit que genera el comercio exterior de alimentos, energía, minería y otros deberían destinarse a revertir una situación de polarización social. De esa manera, a la legalidad de las medidas se sumaría la legitimidad del cometido
Las entidades rurales que protagonizan el lock-out patronal no representan –según sus propias declaraciones– a las miles de familias agrupadas en Movimientos de Campesinos y de indígenas existentes en Santiago del Estero, Córdoba, Formosa, que no se dedican al cultivo de la soja transgénica –que ha devastado bosques, contaminado suelos y aguas, envenenado el ambiente y eliminado mano de obra– sino que se dedican a la producción de alimentos.
Hoy esas entidades utilizan para expresar su rechazo a las retenciones los mismos métodos que critican defendiendo 'el derecho a la circulación' cuando los usan desocupados, trabajadores mal pagos o familias con hambre. Y no sólo cortan las rutas sino que impiden –obligando a derramarlos en un derroche ofensivo– que los alimentos lleguen a los que tienen derecho a alimentarse.
Las retenciones son medidas necesarias pero insuficientes. Se requiere contemplar la modificación estructural del sistema impositivo, ineficaz, injusto e inequitativo. Los movimientos de campesinos, actores fundamentales, no pueden estar ausentes de una mesa de diálogo donde, además de la política de retenciones graduales y el destino de esos fondos, se discuta el modelo de producción agropecuario, y se contemplen créditos y subsidios amplios para las actividades perjudicadas por el monocultivo sojero.
Convencidos de que es deber del Estado intervenir en la actividad económica para garantizar una justa distribución de las riquezas, los organismos de derechos humanos abajo firmantes reiteramos nuestro compromiso con las políticas que tiendan a la participación democrática en un proyecto de liberación nacional, dirigidas a construir un país solidario, con plena vigencia del Estado de Derecho y que priorice a los sectores más vulnerables y desposeídos. Rechazamos el lock-out patronal y los proyectos monopólicos y desestabilizantes de la Sociedad Rural y sectores afines, avalamos las retenciones a los grandes propietarios y exportadores y apoyamos los reclamos de campesinos y pequeños productores.

Buenos Aires, 30 de marzo de 2008


Abuelas de Plaza de Mayo
Asamblea Permanente por los Derechos Humanos
Buena Memoria
Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones
Políticas
Herman@s por la Verdad y la Justicia
H.I.J.O.S.
Liga Argentina por los Derechos del Hombre
Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora
Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos
Servicio Paz y Justicia

CONTACTO

Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas
49536465 / 49535646 / 15665291'06
Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora
43431926 / 48039759



Nueva linea de investigacion en la causa por la desaparicion de Lopez
El regreso de la pista policial

Mientras continúan las disputas internas en la Justicia federal platense, hoy se intentará avanzar en la hipótesis de “una operatoria por encargo” que involucraría a la Policía Bonaerense en el secuestro de Jorge Julio López.

La interna judicial amenaza con paralizar el expediente sobre el testigo desaparecido hace un año y cinco meses.
Imagen: DyN



Por Adriana Meyer
Mientras el testigo Jorge Julio López sigue desaparecido, la Justicia encontró una nueva línea de investigación sobre su secuestro y hoy intentará avanzar en ese sentido. A pesar de que el juez federal Arnaldo Corazza no cuenta con el expediente, que le fue requerido por el camarista Ramón Alberto Durán, la realización de la medida prevista no se suspendió. Por su posible relevancia, la naturaleza de la misma fue mantenida en reserva por la fuente consultada. Sin embargo, Página/12 pudo saber que la nueva hipótesis vuelve a la pista policial y se refiere a “una operatoria por encargo”. Esto ocurre en medio de la caliente interna de la Justicia federal platense, con la causa López como reactivadora de antiguos enconos. Lo que está en juego es la posible paralización del expediente.
Nunca hubo tanta gente en la sala de sorteos de la Cámara Federal de La Plata como el martes de la semana pasada, cuando el caso fue asignado a la sala I. Es que, según algunos de los presentes, el camarista Tito Durán esperaba ansioso que cayera en sus manos como una oportunidad para pedir el juicio político al juez Corazza. Ambos magistrados mantienen un enfrentamiento que fue acumulando rencores mutuos desde hace varios años. El último capítulo terminó con una denuncia cruzada entre Durán y Corazza, archivada en noviembre por el Consejo de la Magistratura, porque el primero se negó a entregar el expediente de la causa sobre la Brigada de Quilmes para que fuera digitalizado en la Comisión Provincial por la Memoria.
A un año y cinco meses de la última vez que fue visto el testigo, ¿cómo es que el expediente llegó a la Cámara? La querella de Justicia Ya! –integrada, entre otros, por las abogadas de López durante el juicio al represor Miguel Etchecolatz– viene insistiendo desde el principio con dos cuestiones que considera fundamentales: que la policía bonaerense sea apartada de la investigación y que el caso sea calificado como desaparición forzada de persona. El fiscal federal Sergio Franco estuvo de acuerdo con lo primero, y lo pidió también, pero no acompañó el segundo reclamo por considerar que no estaba dado uno de los requisitos de los tratados internacionales, que es la “aquiescencia” (consentimiento) del Estado en la desaparición de López. Sin embargo, Franco no consideró que se tratara de una “desaparición común” y, por eso, en su momento instó a que la causa se mantuviera en la órbita federal, tal como terminó resolviendo la Corte Suprema. De todos modos, el juez Corazza no accedió a ninguno de los dos pedidos y la querella de Justicia Ya! apeló esta decisión ante la Cámara.
El problema surgió cuando supieron que su apelación sería resuelta por la sala I, integrada por el camarista Durán, a quien ya recusaron en diciembre de 2005 en la denominada causa Raffo y en todos los procesos por violaciones a los derechos humanos cometidos en La Plata y aledaños. El jueves volvieron a recusarlo, y también a la camarista Alicia Di Donato. Diputados del ARI y del Frente para la Victoria habían denunciado en la Cámara baja que los estrechos vínculos de Durán con la policía bonaerense “conspiran contra la posibilidad de una correcta administración de justicia y violan la garantía de imparcialidad”. Los legisladores utilizaron en su proyecto de resolución los argumentos utilizados por Justicia Ya! en la recusación de 2005. Ahora esas razones cobran validez porque el cuestionado camarista debía resolver, precisamente, sobre la continuidad de la bonaerense en el caso López.
“Ya sabíamos que la causa estaba muerta, pero verla pasar fue como presenciar el paso del féretro”, comentó la abogada de Justicia Ya! Guadalupe Godoy, que presenció cuando los empleados trasladaban el voluminoso expediente. De hecho, Durán pidió enseguida todos los cuerpos y los anexos, que superan el centenar, y exigió que fueran los originales “en el estado en que se encuentren”. En principio esto apareció como un impedimento para continuar la investigación del caso. Aunque le advirtieron que no se desprendiera de la causa sin sacar copias, Corazza no lo hizo. Decidió abrir un nuevo legajo, dado que la nueva pista aparecida es independiente del resto, y seguirá con sus planes. De todos modos, Página/12 averiguó que pedirá al tercer integrante (no recusado) de la sala I que le devuelva el expediente, ya que es ocioso que quede en Cámara el indeterminado tiempo que implicará la resolución de la recusación de sus compañeros Durán y Di Donato. Y si esto no se produce, el juez presentará una denuncia ante el Consejo de la Magistratura.
El entusiasmo del juzgado respecto de la nueva pista tiene que ver con que el coordinador de las fuerzas de seguridad que intervienen en la investigación, el comisionado Carlos Prost, director de Casos Especiales, manifestó que era “la primera vez” que estaba ante “algo verosímil”.
La querella representada por el abogado de la familia López, Alfredo Gascón Cotti, se reunió con el camarista Durán para expresarle su preocupación por que “nada demore el trámite del expediente”, y para que resuelva si se aparta o no “con la mayor celeridad posible”. El abogado dijo a este diario que la recusación le parece “muy forzada” y consideró que los recusados camaristas “han tenido una actitud intachable en las causas por violaciones a los derechos humanos”. Cotti enfatizó que, “si bien el caso tiene su relevancia institucional”, no quiere que “ningún elemento politice el expediente”. Respecto de los asuntos que motivaron las apelaciones, el letrado no quiso anticipar su posición. Por su parte, el fiscal general Marcelo Molina estaría dispuesto a respaldar la apelación de Justicia Ya!, con argumentos propios.
Hace tres semanas esa organización presentó su apelación y pidió que cuando la Cámara requiriera la causa le enviaran copias, con la idea de evitar que la interna entre jueces la paralizara. Así como recusó de inmediato al camarista, Justicia Ya! viene siendo crítica también respecto de la actuación de Corazza, quien –como reconocen sus propios colaboradores– está más cerca de jubilarse que de seguir lidiando con la compleja investigación sobre el testigo desaparecido.






La Camara Federal anularia el indulto a Jose Alfredo Martinez de Hoz
Hacia un final anunciado con barrotes

El perdón al ex ministro de la dictadura sería revocado y quedaría preso por secuestro y asesinato. Las maniobras de la defensa.



La semana pasada, la Secretaría de Derechos Humanos reclamó el arresto de José Alfredo Martínez de Hoz.
Imagen: Télam



Por Irina Hauser
Es sólo cuestión de tiempo. José Alfredo Martínez de Hoz lo sabe bien. La Cámara Federal tiene la llave para dejar preso al ex ministro de Economía de la dictadura: el tribunal ya anuló varios indultos a represores y, a simple vista, no hay razones para pensar que hará una excepción en su caso. Por eso, cada vez que los camaristas están en condiciones de resolverlo, la defensa del ex funcionario del terrorismo de Estado los ataca con recusaciones que dilatan lo que ya es un final anunciado y que, según vaticinan en tribunales, tampoco debería demorar tanto. A lo sumo algunas semanas.
Martínez de Hoz está acusado, junto con el dictador Jorge Rafael Videla y el ex ministro del Interior Albano Harguindeguy, del secuestro extorsivo de los empresarios Federico y Miguel Ernesto Gutheim el 5 de noviembre de 1976. Padre e hijo fueron detenidos por un decreto y puestos a disposición del Poder Ejecutivo con el objetivo de forzarlos a que su empresa, la textil Sadeco, sellara un acuerdo de exportación con Hong Kong, por el cual la dictadura obtendría una línea de créditos. Durante su cautiverio, de hecho, fueron trasladados cuatro veces a las oficinas donde transcurrían las negociaciones con los chinos en las que siempre participaba un representante del Ministerio de Economía. Los liberaron el 6 de abril de 1977, también con un decreto que pretendía dar aspecto de legalidad a los hechos.
Los tres, Martínez de Hoz, Videla y Harguindeguy, fueron procesados y estuvieron presos en 1988 por orden del entonces juez (ahora camarista) Martín Irurzun. Al año siguiente fueron indultados por Carlos Menem. Esto interrumpió su juzgamiento e impidió que recibieran sentencia. En septiembre de 2006, el juez federal Norberto Oyarbide aceptó reabrir la causa sobre los Gutheim a pedido de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre y la Asociación de ex Detenidos Desaparecidos, que ya habían conseguido que impulsaran la causa el fiscal nacional de investigaciones administrativas, Manuel Garrido, y el fiscal Federico Delgado.
Los fiscales enmarcaron el secuestro de los empresarios en el ataque generalizado y sistemático propio del terrorismo de Estado. El fin en este caso puntual, explicaron, era presionarlos para cerrar un negocio que se había frustrado según había tomado conocimiento Martínez de Hoz en un viaje oficial a Hong Kong. Finalmente, entonces, Oyarbide declaró inconstitucionales los indultos que habían beneficiado a los imputados con el argumento de que están en juego delitos de lesa humanidad, que no pueden ser indultados ni amnistiados y que el Estado tiene la obligación de investigar. En ese momento el magistrado no ordenó sus arrestos.
Ante la insistencia de la Secretaria de Derechos Humanos, Harguindeguy fue detenido en febrero último después de que un guardavidas avisó que lo había visto en una playa de Pinamar. En esos días, la jueza María Servini de Cubría subrogaba a su colega Oyarbide y fue ella quien decidió mandar a buscar al ex ministro, que también está acusado por su participación en el Plan Cóndor y en el plan para ejecutar el golpe militar de 1976. Harguindeguy estaba preso al momento de recibir el indulto y, por eso, frente a la nulidad del perdón, su nuevo arresto era una consecuencia casi directa. Videla ya cumple arresto domiciliario por otras causas. Como Martínez de Hoz había sido excarcelado antes del perdón presidencial, Oyarbide optó por esperar hasta tener un aval de la Cámara antes de ponerle las esposas.
En eso estaban los camaristas Eduardo Freiler y Horacio Cattani, cuando los defensores del ex ministro de la dictadura –que son su hijo homónimo y el abogado Carlos Franco– comenzaron a echar mano de artimañas legales para frenar el fallo que se avecinaba. Para empezar, recusaron a Freiler con el argumento de que no es un juez imparcial porque está vinculado con la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, “merced a la cual conoció a la actual presidenta Cristina Fernández de Kirchner”. Y agregaba, con un típico tono castrense: “Estamos en presencia de lo que se ha denominado por algunos doctrinarios el derecho penal del enemigo”.
Ese primer intento de embarrar la cancha fue desestimado de plano por Cattani y otro camarista, Eduardo Farah. Pero Martínez de Hoz volvió a la carga con un recurso extraordinario (que pretende llegar a la Corte Suprema) en rechazo a esa decisión. Frente a esta nueva situación los camaristas deben decidir si “abren” el recurso, como se dice en términos jurídicos. Si se niegan a concederlo pueden, sin esperar siquiera un minuto, pronunciarse sobre los indultos. La semana pasada estaban terminando las notificaciones burocráticas previas y era cantado que la semana próxima podrían resolver. Más aún teniendo en cuenta que Freiler regresa después de unos días de licencia.
Todo esto explica por qué el viernes Martínez de Hoz volvió a la carga y esta vez también recusó a Cattani. La excusa fue una publicación periodística que anunciaba la cercanía del fallo y la posible detención, algo obvio para cualquier abogado avezado. En rigor, las resoluciones anteriores de la Cámara hablan por sí mismas. En una decisión de todos sus miembros el año pasado anuló los indultos a Videla y a Emilio Massera en el expediente del Juicio a las Juntas. Pero, además, las dos salas que componen el tribunal tuvieron pronunciamientos previos en el mismo sentido en distintos casos.
Pero éste no es el único frente en el que peligra la comodidad que tuvo el ex ministro de Economía de Videla en los últimos veinte años. La semana pasada, la Secretaría de Derechos Humanos reclamó también su arresto ante el juez Daniel Rafecas por el asesinato de Juan Carlos Casariego de Bel, director del Registro de Inversiones Extranjeras durante la gestión de Martínez de Hoz. Casariego fue secuestrado cuando se negó a poner su firma en una maniobra para la nacionalización a un valor millonario de la Compañía Italo Argentina de Electricidad, que había presidido el propio Martínez de Hoz hasta el golpe. El 15 de junio de 1977 llamó a su mujer para avisarle que regresaría más tarde porque tenía una reunión por ese asunto en el despacho del secretario de Planificación, Guillermo Walter Klein. Nunca más volvieron a verlo.
El juez Rafecas ya cuenta, entre otros elementos, con un informe que en 1985 elaboró la Comisión de Investigación de la Transferencia de la Cámara de Diputados sobre el caso de Casariego y la Italo. A la Cámara Federal sólo le queda superar los nuevos escollos del laberinto kafkiano para dejarle a Oyarbide el camino despejado.




Cavallo llega hoy al pais, extraditado por España
Con un represor en el avión



El represor Ricardo Cavallo dejó el aeropuerto de Barajas anoche.
Imagen: EFE



El represor Ricardo Cavallo dejó el aeropuerto de Barajas en España a las 0.55 de anoche para embarcar en un vuelo de Air Europa UX041 con destino a Buenos Aires. Cavallo llegará al país extraditado por un pedido del juez argentino Sergio Torres, para ser juzgado en el marco de la llamada megacausa de la ESMA como responsable, entre otros crímenes, del homicidio del periodista y escritor Rodolfo Walsh, de las monjas francesas Léonie Duquet y Alice Domon y de las Madres de Plaza de Mayo Esther Ballestrino de Careaga, María Ponce de Bianco y Azucena Villaflor.
Según los argentinos que siguieron su juicio en España, la extradición de Cavallo es “temporaria” y puede estar condicionada a los avances de la causa en el país.
“Tuvimos la mala suerte de que un juez español decidió no juzgarlo”, dijo a Página/12 Carlos Slepoy, abogado y uno de los impulsores de los juicios a los represores en España. “Si algo nos ha enseñado este inmenso trayecto que recorrimos es que la jurisdicción universal permite juzgar a los represores en el país en que mejores condiciones existan. Y eso sucedía en España porque la causa está completamente avanzada: por eso, es una verdadera vergüenza que la Audiencia Nacional española no haya podido juzgarlo.”
Cavallo está detenido desde el año 2000, cuando una investigación periodística de José Vales lo descubrió en México. España lo requirió tres años más tarde en una causa del juez Baltasar Garzón por genocidio, torturas y terrorismo. El expediente se archivó por orden de la Audiencia Nacional el último 14 de marzo y desencadenó la extradición.
A instancias del Consejo de Ministros, la Audiencia aceptó ese mismo día la extradición por el principio de “locus delicti”, el criterio que indica darle prioridad tribunalicia al sitio donde se cometieron los hechos, en contra del principio de jurisdicción universal, la herramienta que permitió en todo el mundo avanzar contra los represores.
La extradición pedida hace una semana por Torres coincide con los deseos del propio Cavallo, cuyos abogados dijeron que luchó “siete años” para “ser juzgado en Argentina ante el juez natural”.

política
Denuncia de organismos de derechos humanos
Polémica por el pasado del secretario de Seguridad salteño, acusado de hacer inteligencia para la dictadura

Jorge Amado Skak -según la denuncia- se desempeñó como servicio de inteligencia en ámbitos educativos en la época del Terrorismo de Estado.
La designación del abogado Jorge Amado Skaf como Secretario de Estado de Seguridad de la provincia de Salta acusado de haber realizado tareas de inteligencia para el gobierno militar genera una polémica que con el correr de los día se tornó en un tema que exedió el ámbito provincial.Las organizaciones defensoras de los derechos humanos salteñas Encuentro por la Memoria y Asociación por los Derechos Humanos "Lucrecia Barquet" remitieron sendas cartas a Madres de Plaza de Mayo y Madres de Plaza de Mayo – Línea Fundadora advirtiendo sobre el nombramiento de Skaf, a quien acusan de haberse desempeñado como "como oficial superior de la Policía Federal en 1977/80 y a partir de allí como oficial de la Policía de la provincia".Las notas, dirigidas a las respectivas líderes de las organizaciones, Hebe de Bonafini y Nora Cortiñas, recuerdan que "Skaf fue reconocido por Cristina Cobos, esposa del compañero Víctor Brizzi, desaparecido mientras cumplía con el servicio militar obligatorio y hermana de un joven de 17 años asesinado por las fuerzas represivas en 1976". Según la nota, Skaf se desempeñaba como "'topo' que realizaba tareas de inteligencia en las Universidades de Salta y en ámbitos docentes, durante la última dictadura"."Solicitamos que vuestra asociación se pronuncie pidiendo la remoción de Jorge Skaf del cargo de secretario de Seguridad de la Provincia", reclamaron las organizaciones en sus notas, firmadas por David Leiva, por Encuentro por la Memoria, y Emiliano y Roberto Gareca, por la ADH "Lucrecia Barquet".Fuente: DyN

COMUNICADO DE PRENSA

Los abajo firmantes, Organismos de Derechos Humanos y Organizaciones de la Sociedad Civil tucumana, quieren hacer público SU REPUDIO FRENTE AL ACCIONAR ARBITRARIO DEL GOBIERNO PROVINCIAL quien, mediante decreto del PE, dejó cesante de la Secretaría de Derechos Humanos de la Provincia, al Dr. Matías Lorenzo Pisarello.

Las argumentaciones verbales esgrimidas por el mismo Secretario de Derechos Humanos de la Pcia., Daniel Posse, fueron que el Estado estaba en proceso de reorganización administrativa, que la “orden” de cese de funciones fue enviada directamente por la gobernación, y que podría “haberle tocado” a cualquiera de dicha Secretaría. Como agravante agregó: “esto es el Estado, no una ONG. Tus pergaminos aquí no valen”.

El Dr. Matías Lorenzo Pisarello —nieto del ilustre abogado Ángel Pisarello, asesinado por el terrorismo de Estado de la última dictadura militar— prestaba servicios profesionales en dicha repartición gubernamental desde el año 2006, siendo uno de los pocos que presentan, en esta Secretaría, una fuerte formación técnica en materia de Derechos Humanos. El Dr. Lorenzo Pisarello es, además, miembro de ANDHES (“Abogados y Abogadas del Noroeste Argentino en Derechos Humanos y Estudios Sociales”) y de la Comisión de Derechos Humanos del Colegio de Abogados de Tucumán, habiendo trabajado con anterioridad en el INADI - Tucumán (Instituto Nacional contra la Discriminación, Xenofobia y Racismo) y en FUNDEF (Fundación por los Derechos Fundamentales).

Como organismos de derechos humanos y de la sociedad civil, queremos resaltar la seriedad y compromiso del trabajo del Dr. Lorenzo Pisarello desde la Secretaría de Derechos Humanos de la Pcia. A modo de ejemplo, vale destacar su accionar tramitando graves denuncias de violaciones a los derechos fundamentales —casos de abusos policiales y detenciones arbitrarias— como los informes de situación realizados por este profesional, en cuanto a violaciones colectivas de derechos ocurridas en la provincia, tal la represión sufrida recientemente por diversos ciudadanos y periodistas tucumanos en la protesta por la suba del cospel.

Atento a lo mencionado, consideramos que este injusto cese de funciones se enmarca en una actitud persecutoria de tinte político, por parte del Superior Gobierno de la Provincia, en clara contradicción con las políticas nacionales de derechos humanos, dado que sin más razones —frente a la solidez del trabajo y trayectoria profesional del Dr. Lorenzo Pisarello— el Estado tucumano sólo pudo argumentar, para su despido, meros pretextos formales de reorganización administrativa, además de las opiniones vertidas por Daniel Posse, Secretario de Estado de Derechos Humanos.

Al contrario de todo lo ocurrido, creemos que un verdadero Estado democrático de derecho debe bregar para que profesionales, como el Dr. Matías Lorenzo Pisarello, continúen trabajando desde lo público, aportando así al fortalecimiento de las instituciones y a la plena vigencia de los derechos humanos de toda la población.

ANDHES (“Abogados y Abogadas del Noroeste Argentino en Derechos Humanos y Estudios Sociales”) – H.I.J.O.S. Tucumán en la Red Nacional (“Hijos por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio) – APDH (Asamblea Permanente por los Derechos Humanos) – FADETUC (“Familiares de Desaparecidos de Tucumán”) - Grupo Fogón Andino – Organización El Andamio-Avalancha Norte – Secretarías General y Gremial del CEFAU (Centro de Estudiantes de Arquitectura y Urbanismo de la UNT) -
Las adhesiones remitir a: ANDHES, lo más pronto posible por favor.
GraciasA:
comunicacion@andhes.org.ar,

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