viernes, 21 de marzo de 2008

Las/12Viernes, 21 de Marzo de 2008
nota de tapa
Como botellas al mar
Periódicamente se tienen noticias de nuevos nietos o nietas que recuperan su identidad biológica y empiezan el camino de recuperar también su historia, su familia, ese relato del que fueron protagonistas en ausencia. Pero todavía son muchas las historias incompletas como las de Clara, Virginia y Laura. Tres mujeres que, lejos de desesperar, decidieron apoyar la búsqueda de sus hermanos o hermanas a través de los organismos de derechos humanos y comenzaron a utilizar herramientas alternativas –mensajes lanzados a la web, medios de comunicación– con la esperanza de fundirse alguna vez en ese abrazo tan deseado.
Por Noemí Ciollaro
Hay un único lugar donde ayer y hoy se encuentran y se reconocen y se abrazan. Ese lugar es mañana”, escribió Eduardo Galeano, flecha que siempre apunta a la esperanza. ¿Lo habrá hecho pensando en Clara, Virginia y Laura? No lo sabemos, pero igual vale.
Clara busca a Victoria. Virginia busca a Martín. Laura busca a Mariana.
Sus mensajes lanzados en la web navegan como botellas en el mar y entrañan el inagotable deseo de reconocerse y abrazarse con sus hermanos nacidos en cautiverio hace casi 32 años. Los transcurridos desde el 24 de marzo de 1976 con el inicio de la dictadura militar más demencial padecida en el país, cuyos delitos aberrantes incluyeron la apropiación de bebés paridos en campos clandestinos y arrancados a
sus madres detenidas-desaparecidas.
Clara, Laura y Virginia no integran la agrupación Hermanos, aunque mantienen vínculos con Abuelas de Plaza de Mayo y otros organismos de Derechos Humanos que desde un principio las apoyaron y orientaron en su búsqueda. Sus mensajes que circulan en todo el mundo a través de Internet son una iniciativa surgida a partir de la idea de que sus hermanos o quienes los conozcan encuentren semejanzas en las fotos o en las historias que muestran y devuelvan la respuesta tan anhelada a sus direcciones de correo electrónico.



Las tres han formado sus propias familias y tienen hijos. Las tres reconstruyen las historias de sus padres detenidos-desaparecidos. Las tres, en algún momento de las entrevistas con Las/12, traen entre sus manos los retratos queridos. Esas imágenes eternamente jóvenes de mujeres y hombres que, a poco de iniciada la dictadura, comenzaron a recorrer el país y el mundo de la mano de las Madres y las Abuelas de Plaza de Mayo.
Clara Petrakos, hija de Constantino Petrakos y María Eloísa Castellini, tenía nueve meses cuando su mamá fue secuestrada en noviembre de 1976. Su foto preferida preside el living de su casa en Martínez, papá, mamá y Clara sonrientes en una escena familiar cotidiana. “Es la foto que más quiero porque aquí estamos los cuatro. Mamá ya estaba embarazada”, dice y revela un dato que la imagen no proporciona, pero que le transmitieron sus abuelos.
“A mamá la secuestraron de un jardín de infantes bonaerense donde era profesora de música y ese mismo día la patota la llevó a Capital, a nuestro departamento a esperar a mi papá. Papá llegó y vio a dos personas en la puerta del edificio y siguió de largo, se fue. Yo estaba allí con la hermana de mi mamá, vivíamos juntos mis padres, mi tía y su compañero. Mi tía se enteró por la gente del jardín que se habían llevado a mi mamá y le avisó a mi abuelo. La patota se quedó toda la noche en casa esperando a mi papá, y como no llegó se volvieron a llevar a mamá y nos dejaron a mi tía, a mi abuelo y a mí. Perfectamente nos podían haber llevado a todos. Mi tía les dio a entender que yo era su hija, como una forma de protegerme”, relata Clara uniendo los datos que recogió de la memoria familiar y de los ex detenidos-desaparecidos.
“Hace relativamente pocos años me encontré con Cristina Comandé y me contó que mamá estuvo en el proto Banco, frente al Vesubio, que después fue El Banco. Yo sólo sabía que mi mamá había estado en Banfield pero eso me revela que de noviembre al 28 de diciembre del ‘76 estuvo ahí. De enero a marzo no se sabe, no hay testimonios de Banfield. Después, por Adriana Calvo, sé que estuvo en el Pozo de Banfield donde nació mi hermana en abril del ‘77, y que mi mamá le puso Victoria de nombre”, precisa.
La mirada de Clara se opaca cuando habla de su papá griego, Constantino Petrakos, “lo de él está más en investigación, en marzo del ‘77 se va a Europa y las noticias que se tienen son hasta fines del ‘77, luego se pierde todo rastro. La gente que estuvo con él ya murió. Yo un tiempo quedé con mi papá hasta que se fue a Europa. Después me criaron mis abuelos paternos”.
Hoy Clara tiene 32 años, hace 12 que encaró la búsqueda personal de sus orígenes, de la historia y la militancia de sus padres, las respuestas que no encontraba a tantas preguntas que a veces la desbordaban.
“La familia siempre estuvo en la búsqueda –subraya– yo empecé alrededor de los 20 años, por una suma de cosas. Mis abuelos eran griegos y de Grecia se fueron a vivir a Orán, en Salta, a un pueblito chico, con mucha gente griega, y todo lo que pasó creo que ellos no llegaron a entenderlo, es muy difícil desde otra cultura y desde un pueblo pequeño venir a Capital, ver lo que pasaba, me criaron sin explicarme las cosas y con mucho temor, con mucho miedo. De chica aunque sabía más o menos mi historia no la tenía muy clara, tampoco ellos sabían explicarme ni qué era la militancia, ni qué había pasado con mi mamá y con mi papá, era todo confuso.”
Al cumplirse los 20 años del golpe del ‘76 muchos hijos que rondaban sus propios 20 años sintieron la necesidad imperiosa de saber más, de revolver cajas con fotos y documentación, de hablar con quienes, sin ser familiares, habían tenido contacto con sus padres. Clara, cuyos padres militaban en el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), sintió esa necesidad.
“A mis 20 años explotó la burbuja en la que yo vivía. Dentro de las cosas que pincharon la burbuja una es que fui mamá a los 20 años, a la misma edad que mi madre me tuvo a mí, eso fue muy fuerte, creo que la maternidad nos hace querer saber sobre nuestro nacimiento, sobre la historia familiar, en este caso sobre qué pasó con mamá, con mi hermana. Para esa época me llamó Mariana, de Abuelas, por el archivo biográfico, vio que yo no sabía mucho y me invitó a Abuelas, me orientó en la búsqueda, es la nieta de Rosa Rosinblit y la tenía clarísima. Empecé a hablar con gente, a meterme, a preguntar; iba mucho a Abuelas y veía cómo se buscaba, quería ayudar y leyendo me fui enterando de todos los casos. Advertí que en los primeros casos de los chicos ubicados había una participación muy activa de la familia, que cuanta más gente está buscando más posibilidades hay de encontrar, algo que era obvio, que era muy importante que yo hiciera una búsqueda propia, más allá de la búsqueda de Abuelas”, recuerda.
A poco de iniciar su búsqueda personal, Clara recibió un dato, finalmente falso, acerca de una chica que, le aseguraron, podía ser su hermana, concurrió a todos los lugares que le mencionaron sin lograr ubicarla “estaba complicadísima y una amiga me dijo que hiciera pública la búsqueda, ella me ayudó, primero publicamos la búsqueda en Página/12, como los recordatorios, pero pidiendo ayuda para encontrar a mi hermana. Eso produjo notas en varios medios y gente que se acercó a testimoniar, como Gustavo Caraballo que había estado con mamá. Y luego reparé en cómo circulaban las cadenas de mails y entonces hice uno, ‘Busco a Victoria’, que es el que reenvío cada tanto a todos lados, y al que me pueden responder quienes sepan algo. No inventé nada, en realidad adapté a mis necesidades cosas que ya existían”.
“Yo estoy en contacto con los organismos de derechos humanos, pero a mí me gusta estar en contacto con personas, con Maco de Antropólogos; con distintas chicas que trabajaron o trabajan en Abuelas, gente de Conadi. Yo me relaciono mejor así, mi contacto es con personas. Nunca me integré a un organismo ni quise hacerlo, siento que mi búsqueda es personal, tanto por mi hermana como por la historia de mis padres, pido ayuda de personas y también ofrezco lo que yo pueda hacer en relación con la búsqueda de otros. Es que yo no sirvo para integrarme, porque quizá un organismo tiene varios objetivos, estará incluido el mío pero también tiene otros, yo me siento mejor con mis tiempos y mi búsqueda personal, me siento más libre así”, asegura.
Fotos: Pablo Piovano
“No me gustaba ir a la ronda de la Plaza.”
“Desde que tengo memoria supe la verdad, mi abuela Delia Giovanola, la mamá de mi papá que es quien me crió, me lo decía bien claro, vos sos hija de desaparecidos, se los llevaron y a vos te dejaron durmiendo; y tenés un hermano que vamos a buscar siempre, siempre”, relata Virginia Ogando, hija de Jorge Ogando, empleado del Banco Provincia, y de Stella Maris Montesano, abogada, secuestrados en su casa de La Plata por el Ejército, en la madrugada del 16 de octubre de 1976.
Stella Maris estaba embarazada, y de acuerdo con el testimonio brindado por la ex detenida-desaparecida Alicia Carminati, con quien compartía la celda en el Pozo de Banfield, dio a luz el 5 de diciembre de 1976 a un niño a quien llamó Martín, que le fue quitado por los captores bajo la promesa de que lo restituirían a la familia. Martín, hermano de Virginia Ogando, aún está desaparecido, al igual que sus padres.
“Mi abuela Delia siempre fue una mina repolenta, primero estuvo en Madres, fue de las primeras, y luego se fue con Abuelas porque entendió rápidamente que la búsqueda era de mi hermano, no de mis padres. Es muy lúcida y tiene 82 años. Todos los jueves iba a las rondas de Plaza de Mayo y me llevaba. A mí no me gustaba, iba a la plaza a jugar con las palomas. Crecí siempre con la verdad pero sin involucrarme en la historia, como si fuera la historia de otra persona. Yo no hablaba del tema, no se lo contaba a nadie, pero mi abuela siempre bocona, decía ‘la nena es hija de desaparecidos’ y yo no quería ese papel, me chocaba, no lo asumía para nada. Hasta que a los veinte y pico se produjo solito un click.”
Lo primero que se le ocurrió a Virginia para la búsqueda de su hermano Martín fue ir en 1997 al programa de TV “Gente que busca gente”, de Franco Bagnato, fue idea de un compañero de trabajo.
“Mi abuela vio que era la primera vez que yo iba a accionar y me acompañó, fue muy shockeante para ella, durante la entrevista hizo una parálisis facial nerviosa, no podía cerrar un ojo. Tomaron el caso, salí al aire. Después me casé y me fui a vivir a Saladillo y el canal me siguió a Saladillo. Al año siguiente me volvieron a sacar porque no había habido ninguna respuesta.”
Virginia trabajaba en la sucursal de Saladillo del Banco Provincia, como su papá, hoy, a los 35 años, lo hace en la sede de La Plata y participa en la Coordinación de Derechos Humanos, creada por el banco para restituirles a los familiares de los empleados desaparecidos todos los derechos correspondientes. A Martín Ogando, afirma la entidad, le mantienen el puesto de trabajo que perteneció a su padre antes
de su desaparición forzada.
“Un día estaba en la sucursal de Saladillo trabajando y una señora me dice que tiene que contarme algo fuera del banco. Salimos a la calle y me relata que su marido había fallecido y que ella le había prometido decirme que conocía a un chico que vivía en Mar del Plata, que había un enorme porcentaje de posibilidades de que fuera mi hermano. Había sido adoptado, lo escondían bajo los asientos del auto cuando lo sacaban de su casa. Me decía que era rubio de ojos celestes, con pecas y rulos, como yo. Volé a Mar del Plata, lo ubiqué pero no me acerqué. Al día siguiente lo esperé frente a su casa y lo encaré, le dije quién era yo, le conté mi historia y que pensaba que podía ser mi hermano. Era muy parecido a mí, muy parecido a mi papá comparándolo con sus fotos.”
Virginia cuenta la historia con expresividad, reviviendo el momento, la alegría y la ansiedad que le produjo el encuentro y la posibilidad de que ese chico fuera realmente Martín. “Me contó que le habían dicho que la mamá era prostituta y lo había entregado en adopción, y que su historia no le cerraba. Pero no me coincidía la fecha para nada, había tres años de diferencia, pero eran tantas las ganas que hicimos el ADN. Formamos un vínculo tan fuerte, me ilusioné tanto.”
Pero el ADN fue negativo y a eso se sumaron más malas noticias, “resultó no ser buena persona, manipuló toda la situación para sacar rédito de mi familia, se puso de novio con mi prima y preguntaba de la parte económica. Mi prima me lo contó el mismo día que yo iba a buscar el resultado del ADN, le decía que esperaba que yo no hubiera gastado la plata de la reparación que le correspondía a él. Una cagada total, pero también una experiencia para aprender a no andar por la vida golpeando puertas y preguntando ¿vos sos mi hermano?, y seguir dándome la cabeza contra la pared”.
Un tiempo después, Virginia se separó de su marido y se instaló en La Plata, ingresó en la misma sucursal del banco en la que había trabajado su papá y encontró a gente que le hablaba de él. Poco más tarde se puso en contacto con Hijos y con Hermanos, “era como hablar el mismo idioma”, asegura.
En 2005 Clara Petrakos le pasa a Virginia datos sobre un chico que podía llegar a ser su hermano y vive en Pinamar .
“Lo fuimos a ver con chicas de Hijos, y me dijo que todo bien, pero que no se iba a hacer el ADN porque él a sus viejos no los iba a cagar, me criaron con amor, me ocultaron que soy adoptado pero no los voy a cagar de ninguna manera, me dijo. Le dije que lo pensara, y la semana pasada me llamó al celular para decirme que estaba saliendo del Durán de hacerse el análisis. Ahora habrá que esperar tres meses hasta que estén los resultados. No sé, está adoptado ilegalmente y nació cinco días después que Martín, no sé, eso está bien, pero es enorme, altísimo, tengo en mente que no es.”
Virginia tiene dos hijos de 7 y 8 años, trabaja y necesita dedicarles tiempo. Piensa que por la búsqueda los dejó un poco de lado. “Ya no sigo en Hijos, aunque mantengo contacto con ellos. También estoy tratando de conocer más de la militancia de mis padres, no pude conocer a nadie que supiera darme datos de eso. Por un tío sé que papá siempre le entregaba un material Estrella Roja, pueden haber sido del ERP, pero no lo sé con certeza, sí sé que tenían compromiso social. Trato de andar despacio, junto cosas para mostrarle a mi hermano y como Clara, mando correos a todas partes buscando a Martín y trabajo mucho en la Coordinadora de Derechos Humanos del banco, estoy donde quería estar, donde estaba mi papá.”
Foto: Compay
“Querida Hermana”
“Soy Laura, hija de Susana Nora La Spina y Jorge Néstor Cena. Nuestros padres fueron secuestrados por la dictadura militar entre el 15 y 20 de noviembre de 1976 en La Plata. Mamá estaba embarazada de vos y esa misma noche naciste en una comisaría. Tres días pasaste con ella. Mamá te puso el nombre Mariana, que es tu verdadero nombre. Luego te llevaron y nunca más supimos de tu paradero. Nuestros padres están desaparecidos. Yo te busco desde hace años, sos mi única hermana y mi deseo es que estemos juntas. Quiero que sepas que tenés una familia que te espera y te ama, y a pesar de que nunca te vimos, sabemos que estás viva. Ojalá que si alguien sabe algo de vos nos ayude a encontrarte.”
En esta apretada síntesis, Laura Cena relata, vía correo electrónico, la historia de su familia nuclear, esperando que arribe a algún puerto que le devuelva noticias de Mariana. Siguiendo el ejemplo de Clara y Virginia, golpea puertas desde el espacio virtual.
Laura que tenía 2 años cuando secuestraron a sus padres, también fue a “Gente que busca gente” en 2001, pero no obtuvo resultados. De su mamá supo, por compañeras sobrevivientes, que dio a luz la misma noche en que fue detenida, el nombre de su hermana, Mariana, y que los captores se la sacaron a la madre diciéndole que la llevarían a la Casa Cuna.
“De papá supe que en un supuesto enfrentamiento en Boulogne lo mataron a él y a sus compañeros. En el año ‘85 exhumaron sus cuerpos y ahora yo estoy esperando que me entreguen el cuerpo de papá que está en Antropología Forense para hacer el ADN. De mamá no sé más nada. De Mariana ni una palabra, por eso es que hago las cadenas de correos electrónicos”, relata.
Los padres de Laura eran delegados en la fábrica SIAP, y militantes del PCML, hasta que el 25 de marzo de 1976 la planta fue tomada por el Ejército. Laura estaba con sus papás en el momento del secuestro y la dejaron con unos vecinos.
“Mis abuelas siempre buscaron a mis padres y a mi hermana, siempre hicieron todo lo que había que hacer, y cuando ellas ya estaban viejitas, continué yo con la tarea. En noviembre del año pasado empecé con los mails por mi hermana. Nunca estuve en Hijos, me manejé mucho con Chicha Mariani que busca a su nieta y que era amiga de mi familia, siempre me orientó para hacer todas las cosas y seguir la búsqueda. Ella me guió muchísimo a partir de la muerte de mi abuela materna, mi abuelo paterno ya había fallecido y mi abuela de papá estaba mal, con desequilibrio emocional. He tenido mis pausas, porque a veces hay altibajos que una no los puede manejar, pero siempre me levanté y seguí. Tengo mis dos hijos chiquitos y me necesitan mucho también”, afirma.
En 2001 Laura declaró en el Juicio a la Verdad por sus padres y su hermana, “recién empezaba el juicio cuando me tocó declarar, me preparé mucho, me informé y me enteré de cosas que no sabía, eran cosas que yo escuchaba cuando hablaban mis abuelas, pero realmente no sabía mucho, no me decían mucho en aquél entonces, pero a los 8 años yo ya sabía bastante, es increíble cómo asimilaba lo que escuchaba siendo tan chica. Los abuelos siempre me protegieron mucho”.
Laura relata que su abuela materna se murió pensando que su hija iba a volver, que cada vez que tocaban el timbre decía “ahí llega tu madre”.
“Nunca me decían nada llorando, actuaban con entereza, me decían que había tenido una hermanita y que la estaban buscando. Y de chica una no era como los nenes de ahora que preguntan todo, y tampoco yo pensaba tanto. La familia de mamá siempre fue alegre, la de papá es más reservada. Yo me parezco a la familia de mamá, soy más extrovertida, más impulsiva. De política nunca se hablaba, ni palabra. Cuando quise saber más, lo obtuve a través de mi abogada, no en la familia. Y cuando declaré en el juicio, inmediatamente quedé embarazada, antes no podía, de ninguna forma.”
Laura tampoco milita, ni está integrada a Hijos o Hermanos, prefiere hacer su búsqueda de esta forma. A veces, cuando está jugando con sus hijos, echada en el piso, con la nena encima y el más grande corriendo alrededor, piensa que ella no tuvo eso con sus padres, piensa en lo que se perdió. Y llora. Pero más tarde se recupera y sabe que de la manera que sea, seguirá buscando.
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La salud de Almirón


Miguel Radrizzani Goñi, el abogado que en 1975 presentó la denuncia que dio origen a la causa sobre la Triple A, advirtió que el ex subcomisario Rodolfo Almirón, extraditado esta semana, “podría quedar en libertad” si el Cuerpo Médico Forense lo declara inimputable. Almirón, ex jefe operativo de la organización terrorista, fue sometido a un estudio forense apenas llegó a la Argentina acusado de una decena de homicidios y, según los primeros resultados, no está en condiciones de declarar. El jueves próximo los peritos harán un nuevo informe. “Si concluyen que Almirón tiene problemas mentales y no es consciente de los delitos que se le imputan, al juez no le va a quedar otra opción que declararlo inimputable”, dijo Radrizzani Goñi. En ese caso, agregó, según el Código Penal, podría quedar internado en un psiquiátrico (si lo consideran peligroso) o cabe la posibilidad de que lo liberen y hasta pueda volver a España. En el juzgado de Norberto Oyarbide no estarían dispuestos a excarcelarlo y lo enviarían a alguna institución. Por ahora está en el hospital de la cárcel de Marcos Paz.





CUATRO CAPITANES DE CORBETA SE RESISTIERON A TRASLADAR A REPRESORES
La muchachada está díscola
La desarticulación del Grupo de Contención que funcionaba en la Armada para asistir a los camaradas citados por delitos de lesa humanidad provocó una reacción impensada: cuatro oficiales se negaron a cumplir una orden de asistirlos.


Imagen: Gonzalo Martínez



Por Nora Veiras
El Grupo de Contención que funcionaba en la Armada para informar y asesorar a los represores acusados por delitos de lesa humanidad fue desactivado. Sin embargo, los problemas siguen. El viernes 7, el subsecretario de Relaciones Institucionales, Daniel Francisco Hindryckx, citó a su despacho del piso 13 a cuatro capitanes de corbeta para que se ocuparan del traslado de quince camaradas procesados en la causa ESMA. La orden se transformó en un problema de conducción: los capitanes se negaron a ejecutarla y terminó realizando la tarea el propio almirante Hindryckx con oficiales superiores. La discusión ahora es qué hacer con los que resistieron la instrucción del jefe de Estado Mayor, Jorge Godoy. En Defensa están pensando en que sean directamente las fuerzas de seguridad las que se ocupen del destino penitenciario de los marinos acusados de cometer delitos de lesa humanidad.
Los capitanes de corbeta, que tienen entre 33 y 38 años, fueron citados por separado pero decidieron en conjunto. Según pudo saber Página/12 el razonamiento fue: si no cumplimos la orden sabemos que seremos sancionados pero si la cumplimos también. Los oficiales se negaron a seguir oficiando de guardiacárceles. En realidad, el tema es que al hacerse público el tratamiento especial que la Marina les garantizaba a los represores, la Armada concretó los retiros y pases a disponibilidad de los encargados de realizar la tarea.
El Grupo de Contención estalló a partir del testimonio del cabo Carlos Marandino en el juicio por la Masacre de Trelew. El suboficial declaró ante el juez de Rawson, Hugo Sastre, que en octubre pasado los capitanes de navío Juan Martín Poggi y Angel Vázquez lo habían citado en el Edificio Libertad para ponerlo al tanto de su situación procesal en la causa por el fusilamiento de 19 presos –tres sobrevivieron– en 1972 tras el fallido intento de fuga. El juez citó a los oficiales. Poggi ratificó que se reunía institucionalmente con todos los camaradas involucrados en “delitos de derechos humanos” (sic).
Página/12 contó la historia del funcionamiento del Grupo de Contención que se remonta a la reapertura de los juicios por violaciones a los derechos humanos. En el 2000, la jueza María Servini de Cubría había citado al capitán Pedro Florido para exigirle que hiciera todo lo necesario para que cesen las amenazas a uno de sus secretarios que llevaba adelante una causa por robo de bebés. En ese momento, Florido acababa de ser ascendido a pesar de la denuncia del sobreviviente de la ESMA, Víctor Basterra, que había asegurado que el capitán-abogado le había ordenado falsificar un pasaporte de Licio Gelli, el gran maestre de la P2.
Junto con Florido trabajaba otro oficial abogado, Sergio Vargas, quien acaba de ser pasado a disponibilidad al trascender la denuncia de este diario. La sanción a Vargas fue uno de los argumentos que usaron ahora los capitanes de corbeta para resistirse a asistir a los represores. En rigor, Vargas no se limitaba a acompañar, sino que era conocido como un activo abogado con estrechos contactos judiciales. Florido figuraba como retirado en servicio, es decir recontratado, aunque sin destino. Poggi estaba en la misma situación, aunque con funciones en el Grupo de Contención, pero al hacerse pública su función lo pasaron a retiro efectivo. A Vázquez lo habían enviado a Mendoza y le quitaron la misión.
En el piso trece del Edificio Libertad, a metros del despacho de Godoy, fue Hindryckx quien recibió en directo la negativa de los oficiales y tuvo que asumir la tarea que iba a delegar. El almirante les advirtió que se exponían a una sanción, los capitanes daban por hecho esa alternativa pero plantearon la incertidumbre por la suerte que habían corrido los que habían cumplido órdenes semejantes. La diferencia es que el Grupo de Contención no fue constituido como tal sino que se asignarán tareas ad hoc de acuerdo con las necesidades de los represores citados y de las familias.
El episodio pone de relieve otra rémora de los fueros especiales que benefician a los militares. A diferencia de cualquier otro ciudadano sospechado de delincuente, los uniformados no se presentan ante la Justicia, sino que es la fuerza a la que pertenecen la que les informa sobre la citación y los traslada.
Quienes buscan una lectura positiva del planteo de los capitanes de corbeta dicen que, en realidad, está bien que hayan evitado cumplir con la orden de asistir a los represores. La actitud tiene dos consecuencias: primero, en una estructura jerárquica es difícil eludir una sanción ante semejante incumplimiento. Los capitanes habrían usado como argumento que si la orden hubiese sido por escrito no hubiesen tenido margen de maniobra para resistirse. Segundo, la actitud es valorada por aquellos que impulsan que las Fuerzas Armadas dejen de oficiar de guardiacárceles, una función que no les corresponde. La continuidad de esa cobertura de apoyo demuestra que la institución sigue “cuidando” a sus hombres.
En los pasillos de Defensa aseguran que para conjurar cualquier intento de reorganización del Grupo de Contención se destinará personal de las fuerzas de seguridad. Después de la muerte de Héctor Febres en la sede Delta de la Prefectura y la posterior investigación que probó las condiciones de privilegio de las que gozó el torturador, los represores empezaron a poblar el penal de Marcos Paz y la “contención” se empezó a desarticular.



Amenazas en Mendoza

El martes fueron pintadas en las calles de San Rafael. “30.000 terroristas”, decían. Ayer fueron cintas rojas en la reja de la casa de Alicia Morales, la sobreviviente que declaró ante la Justicia haber reconocido en los calabozos del centro clandestino que funcionó en el D2 de la policía de Mendoza a Carlos Rico Tejeiro, el ex comando de Mohamed Ali Seineldín que pese al reclamo de organismos de derechos humanos y del gobierno nacional aún ocupa el cargo de secretario de Seguridad.
Las pintadas aparecieron sobre carteles con nombres de calles y en la Plaza de la Memoria de San Rafael. Algunas llevan firma: “Pabellón Argentina”. Mientras las Madres de Plaza de Mayo manifestaban su impotencia durante la tradicional ronda por plaza San Martín, el intendente jaquista Omar Félix no dudó en repudiar el hecho en conferencia de prensa al lado de Morales, secretaria de la APDH local. “Son grupos minúsculos con mente retorcida”, explicó. El juez federal Raúl Acosta recibió la denuncia por intimidación, guardó las cintas y contactó a la víctima con un programa de protección de testigos.
El gobernador Jaque resiste la remoción de Rico Tejeiro y de los ex comisarios incriminados por su actuación durante la dictadura. Esta semana aprobó una partida para instalar en la explanada de Casa de Gobierno una placa de mármol de seis metros de ancho con los nombres de los 240 desaparecidos mendocinos. Se inaugurará el lunes 24. La mayor parte de los organismos estarán presentes. Para evitar críticas y no ver carteles contra su funcionario Jaque seguirá ausente.


El ministro de El Alberto


La Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) resolvió pedirle al gobernador de San Luis, Alberto Rodríguez Saá, que remueva a su ministro de Seguridad, el coronel Guillermo López, “quien estuvo de servicio en el Operativo Independencia, cuya legalidad no lo exime de haber sido un antecedente ominoso de las prácticas genocidas”. La carta la mandaron con copia a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner.

“Fútbol por la Memoria”

El municipio de Morón, que conduce Martín Sabbatella, conmemorará el aniversario del 24 de marzo con un maratón de diez kilómetros, un partido de fútbol, obras de teatro y cine. El lunes a las 9.30 será la Prueba Atlética por la Verdad, la Memoria y la Justicia que recorrerá las calles de Castelar, a lo que seguirá un partido de Fútbol por la Memoria, del que participarán los sobrevivientes de Mansión Seré, Guillermo Fernández y Claudio Tamburrini, el director de cine Adrián Caetano, los actores Pablo Echarri, Diego Alonso, Nazareno Casero, Rodrigo de la Serna, los músicos Iván Noble y Palo Pandolfo y los periodistas Marcelo Zlotogwiazda y Ariel Scher. También se proyectará la película Crónica de una fuga y la obra Vic y Vic, de Teatro por la Identidad



EL JUEZ DE LA MASACRE DE TRELEW VIAJA A BUENOS AIRES
Preguntas para cuatro imputados

Por Diego Martínez
Mientras la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia recibió esta semana una copia completa de la investigación de la Masacre de Trelew para analizar las apelaciones de los cinco marinos procesados, el Juzgado Federal de Rawson se trasladará a Buenos Aires el 7 y 8 de marzo para indagar a otros cuatro imputados. El último en confirmar su voluntad de declarar es Eduardo Aguirre Obarrio, ministro de Defensa del dictador Alejandro Lanusse. Su abogado José María Orgeira se presentó el lunes ante el juez Hugo Sastre con certificados médicos para justificar su ausencia a la citación original.
La causa tiene cinco procesados con prisión preventiva. El contraalmirante Horacio Mayorga y los capitanes Luis Sosa, Emilio Del Real y Rubén Paccagnini están en el penal de Marcos Paz. El cabo primero Carlos Marandino, por razones de seguridad, está en una comisaría de Rawson. El único prófugo es el teniente Roberto Bravo, dueño de la firma RGB Group en Miami, que brinda servicios al Pentágono. El juzgado espera una respuesta de Interpol, que dispone de varias direcciones donde ubicarlo.
El lunes 7 el juez Sastre indagará en Buenos Aires al general Eduardo Betti, jefe de la zona de emergencia dispuesta por Lanusse después de la fuga del penal de Rawson, y al capitán de navío Jorge Enrique Bautista, responsable del sumario interno elaborado por la Armada para respaldar la versión oficial. El cabo Marandino admitió ante el juez que le ordenaron mentir ante Bautista para encubrir el fusilamiento.
El martes 8 el juez le tomará declaración al brigadier mayor Ezequiel Martínez, ex secretario de Planificación de Lanusse, y al ex ministro Aguirre Obarrio. Como miembros de primera línea del gobierno de facto en 1972 ambos están denunciados como autores mediatos de los fusilamientos y el juez ya dispuso su arresto domiciliario. El día anterior a la masacre los comandantes de las Fuerzas Armadas se reunieron con Lanusse y parte de su gabinete, incluido Martínez, mientras en otro salón funcionarios chilenos le informaban al canciller Eduardo McLoughlin que el presidente socialista Salvador Allende había facilitado el viaje a Cuba de los presos que habían huido de Rawson. Martínez tiene dos semanas para repensar qué ocurrió aquel día.
Aguirre Obarrio y Orgeira son abogados de oficio. En el Juicio a las Juntas de 1985 defendieron al almirante Isaac Anaya y al teniente general Roberto Viola, respectivamente. “Por mí que a la primera junta le den 25 años. Lo que no veo es cómo va a hacer el fiscal para probar la conexión de los ex comandantes (en referencia a la tercera junta) con los hechos”, razonó Aguirre Obarrio. Aquella vez le fue bien: la Cámara absolvió a Anaya. Ahora le toca ocupar el banquillo de los acusados.




LA MAGISTRADA QUE INVESTIGA LA MUERTE DE HECTOR FEBRES CITARIA A GODOY
La jueza no se baja del caballo
Aunque la Cámara resolvió liberar a los prefectos acusados del asesinato de Febres, señaló que debe profundizarse la pesquisa sobre las condiciones de detención del represor. La jueza citará al ex jefe de Prefectura y avanzará sobre la Armada.



El represor de la ESMA Héctor Febres mientras estaba “detenido” en la base naval de Azul.

Por Adriana Meyer
Los prefectos acusados de haber participado en el homicidio del represor Héctor Febres fueron beneficiados por la “duda” que la Cámara de San Martín consideró que persiste en el caso. Según ese tribunal, no hay elementos suficientes para establecer que fue un asesinato, pero tampoco para afirmar que el prefecto se suicidó. La jueza federal de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado, acatará las instrucciones de sus superiores, pero, según pudo saber Página/12, lo hará sin abandonar la hipótesis de que Febres fue silenciado para evitar que involucrara a otros represores y aportara información cuando le tocara hablar en el juicio oral, el 14 de diciembre. La magistrada buscará profundizar y completar la investigación con elementos que prueben el homicidio. “Atrás de esto hay un mensaje”, comentó a este diario una alta fuente judicial respecto de la muerte del prefecto. Arroyo Salgado completará las medidas que tenía previstas para avanzar en la responsabilidad de mayor nivel jerárquico: la postergada declaración indagatoria del ex jefe de la Prefectura y la citación del jefe de la Armada, Jorge Godoy.
Más allá de la calificación legal que termine teniendo el caso, punto en el que la Cámara discrepó con la jueza, el fallo de segunda instancia convalidó la investigación sobre las concesiones y privilegios que gozó Febres durante el tiempo que pasó en la sede Delta de la Prefectura, con prisión preventiva: visitas ilimitadas, celulares, computadora, departamento privado, salidas a veranear en la base naval de Azul, utilización de las instalaciones para festejos familiares, entre otros beneficios impensados para cualquier preso. Por eso, la Cámara mantuvo el procesamiento por abuso de autoridad del prefecto Mario Volpi, a cargo directo del represor, y del jefe de la sede Delta, Roberto Iglesias.
En su resolución, los camaristas Alberto Criscuolo y Horacio Prack ratificaron que el ex enlace entre la Prefectura y la Armada en la ESMA tuvo un “régimen elástico no reglamentario de detención”, lo cual habilitaría a la jueza a abordar las responsabilidades que van “más allá” de Volpi e Iglesias, en línea ascendente en la cadena de mandos.
A criterio del juzgado, la Cámara omite cuestiones importantes, como el hecho de que la computadora que Febres tenía en el camarote estuvo prendida a la una de la mañana, con su chat abierto. “Alguien estaba allí, según los médicos a esa hora ya estaba muerto”, explicó la fuente. En el entorno de Arroyo Salgado insisten en que la cantidad de cianuro encontrada en el cadáver del represor fue “un mensaje”, que no es casual que el veneno elegido haya sido el mismo utilizado por militantes montoneros ante situaciones límite, y que para suicidarse, precisamente, alcanza con apenas “una pastillita” de ese tóxico.
Es cierto que Febres estaba preocupado por su inminente condena que lo llevaría a una cárcel común, y que temía que su familia se viera afectada en lo económico, como alegan las defensas de los prefectos Volpi e Iglesias. Pero los investigadores de la jueza sostienen que seguramente sus familiares no hubieran sufrido requisas humillantes porque su destino hubiera sido el penal de Marcos Paz, donde hay un pabellón especial para presos “de lesa humanidad”, como lo llaman. Y los eventuales juicios civiles no los hubiera tenido que pagar la familia sino el Estado.
El fallo de la Cámara no causó sorpresa en el juzgado, pero sí llamó la atención porque en otras investigaciones con menos elementos sus superiores confirmaron lo actuado. También les resultó sugestivo que lo hayan emitido con tanta rapidez, incluso con errores de tipeo, siendo que los últimos diez cuerpos los tuvieron recién la semana pasada.
Una de las medidas sugeridas por la Cámara es la realización de un perfil psicológico de Febres, a partir algunas cartas escritas entre 2000 y 2006. La jueza piensa incorporar más elementos para determinar el perfil requerido. De todos modos, para Arroyo Salgado los testimonios son coincidentes sobre el amor que tenía por su familia, por lo cual les hubiera dejado un mensaje y, además, hubiera reivindicado su accionar en la dictadura y su apellido. Otro elemento determinante para la magistrada son las últimas actividades que realizó y que tenía pensadas Febres: el 8 de diciembre armó el árbol de Navidad, el 9 le reclamó a su esposa las lucecitas y un disfraz de Papá Noel, el lunes 10 pensaba entrevistarse con sus defensores oficiales. Según sus amigos, el estado de ánimo era el de quien está dispuesto a conversar sobre su equipo de fútbol, como lo hizo el domingo a la noche con su yerno.
“Podemos decir que la causa Febres vuelve a fojas cero”, denunciaron los querellantes de Justicia Ya! Por su parte, Rodolfo Yanzón, otro de los querellantes destacó que la responsabilidad de la Armada y la Prefectura en el envenenamiento de Febres “se mantiene intacta” a pesar del fallo judicial que liberó a los dos prefectos imputados



Trabajadores de Fate

Ayer se realizó un homenaje a los trabajadores de la empresa Fate desaparecidos durante la dictadura, María Rosa Mora González, Gustavo Adolfo Becker Martínez y Oscar Lagrotta Alzien. Estos obreros fueron parte de las denominadas “coordinadoras interfabriles” organizadas en la zona norte en los años ’70, “que cuestionaron las condiciones de trabajo y la explotación en cada fábrica, además de poner en jaque al gobierno de Isabel Perón y José López Rega”, tal como recordaron sus compañeros de la seccional San Fernando del Sindicato del Neumático.


La Iglesia y los represores


El arzobispo de la provincia de Córdoba, Carlos Ñáñez, sostuvo ayer que la Iglesia Católica sigue los juicios a los represores “con serenidad y confiando en la Justicia”. “Creo que eso es lo que cabe en este momento. Se ven oportunidades para que los juicios sean llevados en la verdad, con serenidad y atendiendo en todo momento a una verdadera justicia, nada más”, consideró el arzobispo tras la misa crismal en la Catedral cordobesa. Sobre los casos como los del cura Christian von Wernich, quien pese a su condena por crímenes de lesa humanidad conserva todos sus atributos como sacerdote, simplemente sostuvo: “Somos todos ciudadanos y entonces, con las debidas garantías, (esperamos) lo que la Justicia determine”.

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