jueves, 13 de marzo de 2008

La lista de los veteranos de Malvinas
Represores con pensión



Jorge “El Tigre” Acosta.
Imagen: Rolando Andrade


El Ministerio de Defensa publicó en su página web (www.mindef.gov.ar) la nómina completa de los veteranos de la guerra de Malvinas que reúnen los requisitos para cobrar una pensión de guerra. Entre los nombres figuran los de los represores Jorge “Tigre” Acosta y Adolfo Donda, entre otros. A diferencia de lo que ocurre en la ciudad de Buenos Aires, donde no pueden acceder a este beneficio los que tengan antecedentes de violaciones a los derechos humanos, a nivel nacional sólo quedan excluidos después de ser condenados.
El listado comprende a los ex combatientes del Ejército, la Armada, la Fuerza Aérea y la Gendarmería y puede consultarse en la página de Internet igual que el texto completo de la mencionada norma legal. La ley 23.848 otorga a los ex soldados una pensión de guerra equivalente al 100 por ciento de la remuneración mensual integrada por los rubros “sueldos y regas (denominación en desuso de Reintegro Gastos de Servicios)” que perciben los cabos del Ejército. El beneficio alcanza a conscriptos de las tres fuerzas armadas que hayan estado destinados en el Teatro de Operaciones Malvinas (TOM) o entrado efectivamente en combate en el área del Teatro de Operaciones del Atlántico Sur (TOAS). También comprende a los civiles que cumplían funciones de servicio o apoyo en esos lugares durante el conflicto bélico, entre el 2 de abril y el 14 de junio de 1982, “debidamente certificado según lo establecido en el decreto 2634/90”.
Los legisladores de la ciudad dejaron sentada la imposibilidad de otorgarlo a represores que figuren en los listados de la Conadep, algo de lo que carece la norma nacional.
El abogado Rodolfo Yanzón pidió a los jueces de las causas del Primer Cuerpo y de Campo de Mayo que traben embargos preventivos “sobre los haberes de los imputados, así como también sobre otros eventuales pagos que se realicen a su favor, tal es el caso de las pensiones honoríficas vitalicias que se abonan según el decreto 886/2005 suscripto por el entonces presidente Néstor Kirchner a favor de los combatientes de Malvinas”. Según el decreto 886/2005, los únicos militares exceptuados de cobrar son los condenados por violación de los derechos humanos, por lo tanto los procesados están autorizados para percibir este beneficio.


La fiscalia solicito 25 años para los apropiadores de Maria Eugenia Sampallo
Otro pedido de pena máxima

El reclamo del fiscal Félix Crous se sumó al que realizó la querella en nombre de la joven secuestrada durante la dictadura. El 4 de abril se dará a conocer la sentencia contra los acusados: la pareja que anotó a Sampallo como propia y el militar que la entregó.


Osvaldo Rivas, el hombre que crió a María Eugenia Sampallo y le ocultó su verdadera identidad.
Imagen: Rolando Andrade

Por Laura Vales
El fiscal Félix Crous pidió 25 años de prisión para los apropiadores de María Eugenia Sampallo Barragán, la primera hija de desaparecidos que tras recuperar su identidad hizo juicio contra quienes la anotaron como si fuera propia, privándola del vínculo con su familia de sangre. El pedido de que se sancione a los tres acusados con la máxima condena se sumó a lo ya que había solicitado el martes la propia joven como querellante en el caso. El fiscal consideró probado que los apropiadores María Cristina Gómez Pinto, su ex marido Osvaldo Rivas y el ex capitán Enrique Berthier, quien les entregó a la niña, consumaron todos los delitos por los que fueron imputados con pleno conocimiento de lo que hacían.
La fiscalía tipificó esos delitos como retención y ocultamiento de la identidad, alteración del estado civil y falsificación de documento público en tres oportunidades.
La madre de María Eugenia, Mirta Barragán, fue secuestrada en diciembre de 1978, cuando estaba embarazada de seis meses. La llevaron al centro clandestino de detención El Atlético y más tarde a El Banco, de donde se sabe que fue sacada en febrero del ’78 dar a luz. Luego del parto, su beba fue entregada al matrimonio Gómez-Rivas, quienes con un certificado de nacimiento falso, que firmó el médico militar Julio César Cáceres Monié, la anotaron como si fuera hija propia.
Los fiscales señalaron en el alegato que la retención de María Eugenia y el ocultamiento de su identidad se extendió durante 24 años, hasta que la joven se presentó voluntariamente a realizarse un estudio de ADN que le permitió conocer su identidad y reencontrarse con su familia. Crous destacó que el ex capitán Berthier, quien entregó a la niña a los apropiadores, “la recibió de quien la arrebató a sus padres”; el militar se ha negado sin embargo a revelar cómo llegó la recién nacida a sus manos.
Aunque ha podido reconstruir la mayor parte de su historia, María Eugenia todavía no sabe cómo fueron sus dos primeros meses de vida. No conoce, por ejemplo, el día en qué nació ni el lugar. Es posible que haya sido en el hospital militar, y existe la sospecha de que Berthier la tuvo un tiempo en su casa. En esa época, él y su mujer estaban haciendo un tratamiento de fertilidad porque no podían tener hijos, por lo que existe la posibilidad de que el ex capitán la haya recibido inicialmente para sí y luego traspasado a los Gómez-Rivas. La niña fue inscripta con el nombre de María Eugenia Violeta, este último nombre como un homenaje que sus apropiadores hicieron a la mujer de Berthier, que se llamaba así.
Las audiencias del juicio oral pasaron a un cuarto intermedio hasta el martes 25, día en que los defensores oficiales de Gómez Pinto y Rivas realizarán sus alegatos. El miércoles 25 hará su defensa Berthier, el único que está detenido, quien cuenta con un abogado defensor privado, Alejandro Maceo. Según el cronograma difundido por el Tribunal Oral Nº 5, la sentencia se dará a conocer el viernes 4 de abril.
Causa por la masacre de Trelew
Ordenan la detención del ministro de Defensa y el secretario de la Junta Militar de Lanusse
El juez federal Hugo Sastre pidió hoy la detención del secretario de la Junta Militar, brigadier mayor Ezequiel Martínez, y del ministro de Defensa de la dictadura de Lanusse, Eduardo Aguirre Obarrio, en el marco de la causa por la Masacre de Trelew.

Hace dos días Página/12 había adelantado, en una entrevista al secretario de Derechos Humanos, Eduardo Luis Duhalde, el pedido de captura impulsado desde ese organismo del Estado, querellante en la causa contra los militares que fusilaron, el 22 de agosto de 1972, a los presos políticos que habían intentado fugarse del penal de Rawson.
Hoy, el juez federal de Rawson, Hugo Sastre, hizo lugar al pedido de Duhalde y ordenó la detención de Martínez y Aguirre Obarrio. De esta manera se estaría llegando al máximo nivel de responsabilidad dentro de la jerarquía del gobierno del general Lanusse.
Nota relacionada:“Olor a muerte”



CONVOCAN A LA MOVILIZACION POR LOS 32 AÑOS DEL GOLPE
"Seguiremos luchando y marchando por la verdad y la justicia"

Organizaciones sociales, políticas, gremiales y culturales se movilizarán el próximo 24 de marzo al cumplirse el 32 aniversario del golpe militar que derrocó a la ex presidenta María Estela Martínez de Perón. Al pedido de justicia por los crímenes cometidos durante la dictadura se suman en esta convocatoria los reclamos por la aparición de Jorge Julio López y el castigo a los responsables de los asesinatos de Carlos Fuentealba y Lázaro Duarte.


Establecido desde 2002 como Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia en homenaje a las víctimas de la dictadura militar, y fijado como no laborable en 2005, el lunes 24 la Plaza de Mayo volverá a recibir a miles de personas como todos los años desde el regreso de la democracia.
La agrupación Encuentro Memoria, Verdad y Justicia marchará a las 15.30 desde el Congreso a Plaza de Mayo, en reclamo "por los 30.000 compañeros detenidos-desaparecidos, por la aparición con vida de Jorge Julio López, contra la impunidad y la represión".
Reclamarán también por "el castigo a los responsables políticos y materiales del asesinato del docente Carlos Fuentealba y de Lázaro Duarte, asesinados en Neuquén-, cárcel común y efectiva a todos los genocidas; la restitución de la identidad de los más de 400 jóvenes apropiados y la apertura de los archivos de la dictadura.
Las Madres de Plaza de Mayo-línea fundadora, junto a Familiares de ex Detenidos-Desaparecidos, se concentrarán a partir de las 14.30 en la esquina de Piedras y Avenida de Mayo, leerán un documento y partirán hacia Plaza de Mayo portando la bandera con las fotos de miles de desaparecidos.
"Seguiremos luchando y marchando por la verdad y la justicia" dice un comunicado de la línea fundadora, en el que además reclama por "la aparición con vida de Julio López y por el esclarecimiento del asesinato de Carlos Fuentealba".





Caso Febres
Suspenden la indagatoria al ex jefe de Prefectura

La indagatoria al ex jefe de la Prefectura, Carlos Fernández, en el marco de la investigación por el asesinato del represor Héctor Febres, se postergó debido a que "los organismos oficiales no remitieron la documentación necesaria" para el procedimiento.


Los mismos voceros señalaron que aún no se resolvió la nueva fecha en que Fernández será indagado por la jueza federal de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado, quien busca respuestas sobre las condiciones de detención de las que gozaba Febres, con privilegios especiales y un régimen de visitas casi sin restricciones.
Al momento de ser envenenado con cianuro, Febres estaba detenido por delitos de lesa humanidad en la delegación Prefectura del Delta Bonaerense.
Allí se alojaba en una habitación con computadora, teléfono celular, entre otras comodidades y era visitado asiduamente por familiares y amigos.
El ex jefe de Prefectura fue desplazado del cargo cuando salieron a la luz estas irregularidades.
Febres fue encontrado muerto el 10 de diciembre pasado, a los 66 años, días antes de conocerse la sentencia en el juicio que se le seguía por torturas cometidas en la ESMA. La autopsia determinó que el fallecimiento se produjo por envenenamiento con cianuro.
Arroyo Salgado procesó a dos prefectos como "partícipes necesarios" del homicidio mientras que a la esposa y dos hijos de Febres les imputó encubrimiento.

"Cuidado, que viene el electricista"

Miguel Ángel Miño miraba a la puerta del Tribunal minutos antes de ingresar, acaso intuyendo que sería revictimizado con preguntas cuyo sentido resulta inexplicable.
Reynoso hoy se retiró abatido por las declaraciones de Miño
Con vos firme y serena, por momentos profundamente conmovido, el testigo Miguel Ángel Miño contó los horrores vividos en la dictadura por él, su madre y su padre. Todo comenzó el 16 de noviembre de 1976. Irrumpen a su casa personal de Ejército, Policía Provincial y un hombre de civil que comandaba las acciones. "Entran golpeando, a mi me encierran en el baño y me pegan con golpes de puño y culatazos, de arma larga y pistola y a mis padres los golpean duramente", "ese día mi mamá había sido dada de alta de una operación y mi padre comete el error de decir que no le peguen porque había sido recientemente operada" tras lo cual la golpeaban precisamente en la herida de su reciente operación con la cabeza de su esposo a quien tomaban del pelo.Dos hombres se destacaban por sobre el resto, el de civil por ser quien comandaba las acciones, y su lugarteniente, un flaco alto quién prevalecía por su crueldad. Su madre se abrazaba a la columna de madera del patio para que no le sigan pegando en la panza, pero no sin decirles "peguen nomás que ni siquiera hombres son". La dignidad a veces se ve aún en medio del horror.Los trasladan a la Jefatura, a él y a su padre, aunque no descienden allí y luego los llevan al RI9. Miño conoce bien el ex-Regimiento porque hacía educación física allí durante parte de su secundaria. Lo picanean en un lugar donde el piso era de tierra, sobre una cama metálica, en las tetillas, bajo el brazo y en los testículos lo que le provoca un dolor inenarrable. Ya estaba encapuchado, pero reconoce las mismas voces que habían estado en su detención, la de éstos hombres que se destacaban por sobre los demás. Cuando salen sus torturadores y lo trasladan a la cuadra, Miño pregunta a sus guardias quiénes lo habían torturado, y estos le dicen el Capitán De Marchi y el Teniente Losito.Permanece seis días colgado por las esposas, sufrimiento que solo se interrumpe cuando se alimenta, cuando va al baño o cuando los propios soldados santiagueños que lo cuidaban le sacaban las esposas y le permitían descansar.Las torturas eran de noche, siempre se sentían los gritos de dolor en horario nocturno, a él solo lo picanearon el primer día mientras le preguntaban por "el mono" (Vargas). Una noche pide para bañarse y se lo permiten, lava allí su ropa interior y la deja a secar en el mismo baño, a los dos días quiere ponerse su calzoncillo y solicita ir al baño y que le sea devuelta su prenda, a lo que le responden "no te preocupes que ya no la vas a necesitar" y luego le dicen "hasta acá llegaste". El aprieta los dientes y piensa que lo iban a matar, pero se ríen y lo devuelven a la cuadra. Se trataba de "una broma". La esposa de Piriz sonríe en la sala.El 26 de noviembre lo trasladan hasta la Alcaidía y permanece allí hasta febrero de 2007, luego lo llevan a la U7 del Chaco y finalmente a La Plata, donde lo liberan precisamente un 26 de noviembre pero de 1981. Ingresó a los 19 años y le robaron lo mejor de su juventud.Don Miño padre era un hombre duro, de pocas palabras, pero de tanto insistir mucho después de ser liberado confiesa a su hijo que había sido trasladado a Gendarmería, donde conversa mucho con el Comandante Arrúa, pero una vez lo trasladan y dan vueltas y vueltas y no puede precisar si lo traen de vuelta a la Gendarmería o en otro lugar, donde lo tortura Reynoso. Miño padre sobrevivió allí a dos paros cardíacos, pero quedaría con secuelas permanentes después de esa tortura: la impotencia sexual. En este punto Miño se quiebra y no puede evitar llorar. La esposa de Piriz ya no sonríe. Un ambiente de consternación se apodera de la sala.Miño efectúa luego un reconocimiento de sus captores, De Marchi se para solo, entregándose, sin que nadie le pida, y Miño dice "ése es De Marchi", y aquél que está al lado del policía es Losito, identificándolos correctamente.Luego de nombrar a ex-detenidos con los que se encuentra en la Alcaidía, entre los que estaban Carlos Achar, Chengo Almirón y otros testigos de la Causa RI9, es sometido a un extenso e inentendible interrogatorio del Abogado de Losito y Piriz, el Dr. Gesino, que mas parecía una revictimización que las preguntas de un simple abogado. Preguntaba y repreguntaba sobre cuestiones sobre las que ya había declarado. Insólito. Incluso le pidió que hiciera un croquis de la casa donde fue detenido. Miño no solo hizo el croquis, todo lo preciso que su destreza manual le permitía, sino que además contestó cada una de las preguntas sin fisuras.
Los amigos de Losito
Humberto Collino y Ricardo Colombo, precedieron la declaración de Miño y sostienen que Losito estuvo en Comodoro Rivadavia desde febrero de 1977. El primero declara muy brevemente, el segundo sin embargo se demora más y antepone a cada frase la palabra "creería" o "supongo". Términos que le pueden servir para no incurrir en falso testimonio, pero que poco ayudan a su "amigo" debido al carácter excesivamente dubitativo del mismo.Esté último refirió que estuvo destinado en el Regimiento de Libres y es interrogado incisivamente por el Dr. Vigay, letrado de la Comisión de Derechos Humanos de Corrientes, quien pregunta si participó de operativos en Paso de Los Libres, lugar de donde es oriundo Vigay, y si conoce a el "Pata" Acosta, un estudiante libreño víctima de la dictadura. A todo respondió que no, visiblemente nervioso.
El asistente del jefe
Luego de Humberto Collino y Ricardo Colombo y antes que declare Miño contó su experiencia el ex-colimba Miguel Ángel Ríos, asistente del Jefe de la Compañía "A" quien reconoce de entrada la existencia de un lugar de detención dentro del RI9, pero parece esforzarse en conferirle un carácter lícito, tal es así que refiere que estaba custodiado por un hombre vestido de verde en la puerta (del lado de afuera), siendo el único testimonio, incluyendo todos los de la defensa y los de la querella, que ubica a un guardia fuera de la cuadra y no adentro como lo reconocen los propios suboficiales de jornadas anteriores. Ríos sostiene algo muy importante y que perjudica no solo a Barreiro sino a los que declararon que éste hizo un curso de Comandos desde los primeros días de septiembre hasta mediados de noviembre. Dice que nunca dejó de verlo a Barreiro en la diana, desde que ingresó en abril del 76 hasta que terminó la colimba precisamente en noviembre de 1976, Barreiro siempre estaba allí, al igual que De Marchi, quien sostiene que desde agosto ya no iba al RI9 porque se había retirado. Refiere además que había soldados santiagueños, en consonancia con lo relatado por las víctimas.Empiezan a aparecer profundas causales de falso testimonio entre los testigos de la defensa, sobre todo los que han sido más audaces en sus declaraciones, pero seguramente esto se dará recién cuando se valore las testimoniales, lo cierto es que alguien miente entre los testigos de los imputados y los que no lo hacen parecen ser testigos de la querella porque complican cada vez más a los represores.
El colimba de 33 años
Le toca el turno a Miño, cuya declaración aparece en primer término en esta crónica, y luego viene Francisco Malfussi, de vocación "colimba". Cuenta consternado que no supera la revisión médica del servicio militar obligatorio por problemas mentales o dentales, no se escucha muy bien. Aunque más tarde aclara que recibió muchos tratamientos odontológicos, de lo que puede uno estar casi seguro que se refería a problemas dentales efectivamente. No se cruzó de brazos y consiguió hacer la colimba, aunque recién a los 33 años, ya que la denegación del cuerpo médico del Ejército había constituido un deshonor para él, "un baldón", dijo.Campechano, casi humorista, contesta muchos preguntas con un "si pue", incluso aquellas donde no parece estar muy seguro. Lo interesante de este testimonio es que señala que De Marchi fue convocado nuevamente al servicio activo por el "conflicto con Chile", razón demás para suponer que fue retenido también en el servicio activo para el conflicto que dio la excusa al Golpe de Estado: "la lucha contra la subversión".
El testigo estrella
Sin dudas, mas allá del conmovedor relato de Miño, el testimonio que más sorprendió fue el de Eduardo Bestar. Colimba en el "76 al igual que Ríos y al igual que él, reconoce que hubo un lugar de detención custodiado por soldados santiagueños, y no solo eso, cuenta que los sobornaba para que le acerquen a un primo que estaba detenido en el Centro Clandestino de Detención (CCD) lo que su éste le pedía, tras enterarse que tenía afuera de la cuadra un benefactor: espirales para los mosquitos y cuestiones nimias pero importantes en ese contexto deshumanizado, como maquinitas de afeitar. También veía a Barreiro en la diana en todo momento pese a que éste decía haber ido a un curso de Comandos."No querían que nos acerquemos al CCD porque los detenidos eran correntinos y podíamos reconocerlos" dijo. Ante la pregunta concreta de porqué no debían acercarse a los detenidos respondió "porque eran enemigos nuestros, así nos decían los oficiales" señaló. Sorprendida ante tantas revelaciones que complicaban a los imputados la Dra. Badaró, integrante del tribunal le preguntó lo que muchos en la sala querían saber ¿quien lo trajo como testigo? No sé, a mi me entregó una citación la policía dijo, yo a todos les dije que iba a declarar y a decir la verdad, tanto a la gente de DDHH como a un Comisario que vino a hablarme, "espero haber cumplido con todos" dijo el testigo de "la defensa".
Lo que antecede no es un comunicado de prensa de la Comisión de Derechos Humanos de Corrientes, sino la difusión de una nota de su portal de noticias (http://www.cpdhcorrientes.com.ar/). Se autoriza su libre difusión parcial o total. Si no desea seguir recibiendo estas noticias responda este mail modificando el asunto por "desuscribirme".
DERECHOS HUMANOS-CORDOBA/ EL TRIBUNAL FEDERAL 1 TENDRA A SU CARGO CAUSA CONTRA MENENDEZ Córdoba, 13 de marzo (Télam).-
El Tribunal Oral Federal número 1 tendrá a su cargo el primer juicio que por crímenes por lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar se realiza en Córdoba, y que involucra al represor Luciano Benjamín Menéndez por la causa Brandalisis. Según se informó desde la justicia federal, el tribunal estará integrado por los jueces Jaime Díaz Gavier, Eduardo Muscará y Carlos Otero Alvarez. Por su parte, el fiscal del tribunal, Maximiliano Hairabedián, anticipó que solicitará el apartamiento de su participación en el caso, dado que su padre, el abogado Carlos Hairabedián, fue un detenido político durante la última dictadura. Sobre la designación del tribunal, el abogado querellante de la agrupación Hijos, Claudio Oroz, anticipó que "si no se producen inhibiciones, se van producir recusaciones". En ese sentido precisó que es "decisión de los organismos de Derechos Humanos, recusar a Otero Alvarez, que incluso se encuentra denunciado ante la justicia federal". Precisó que está "acusado de haber sido partícipe de los delitos gravísimos" que ocurrieron durante la dictadura en la cárcel penitenciaria de barrio San Martín de esta capital. En esa oportunidad, recordó Oroz, "hubo más de una treintena (de detenidos por causas políticas) que fueron fusilados por una pretendida fuga". La causa que fue caratulada como caso "Brandalisis", además del ex titular del III Cuerpo de Ejército, que es llevado a juicio por primera vez en Córdoba, involucra a otros siete ex militares. El caso está relacionado con el asesinato de Humberto Brandalisis, Carlos Enrique Lajas, Ilda Flores Palacios y Raúl Cardozo, ocurridos en el centro clandestino de detención de La Perla. Todos fueron secuestrados en distintos operativos en noviembre de 1977 y, luego de ser torturados, fueron asesinados un mes después, en un presunto enfrentamiento ocurrido en barrio Quebrada de Las Rosas. Oroz resaltó que las víctimas permanecen desaparecidas, excepto en el caso de Ilda Palacios, cuyos restos fueron identificados por el Equipo de Antropología Forense en una de las fosas comunes del cementerio San Vicente de esta ciudad. Emiliano Fessia, de la agrupación Hijos, dijo que están haciendo un "reclamo al Estado, para que tome todas las medidas para que los sobrevivientes a los campos de concentración, que son los principales testigos, no tengan que sufrir ni amenazas ni agresiones". "Tampoco que pase en Córdoba lo que pasó con Jorge Julio López que sigue desaparecido, y por otro lado que también cuiden la vida de los genocidas, que tienen que llegar al estrado judicial (en alusión al caso Febres) y decir la verdad". Al respecto la fiscal federal Graciela López de Filoñuk dijo que los testigos "están protegidos. Los que han pedido protección la tuvieron inmediatamente, y los que la vayan a pedir, van a tener protección. En ese aspecto pienso que todos podemos estar tranquilos". En esta causa también están involucrados, además de Menéndez; Hermes Oscar Rodríguez; Jorge Exequiel Acosta; Luis Alberto Manzanelli; Carlos Alberto Vega; Carlos Alberto Diaz; Oreste Valentín Padován y Ricardo Alberto Ramón Lardone.(Télam)

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el ministro que trabajó en la dictadura
Terror sin remedio

Franklin José Moyano, titular de Salud santiagueño, fue subsecretario del área en 1980. Hace campañas antiaborto. Lo denuncian por presiones.

Martina Noailles
10.03.2008

Moyano. El ministro de Zamora que cumplió tareas en la dictadura.
En Santiago del Estero la mordaza se dobla pero no se rompe. Es herencia del juarismo. El aire de un nuevo gobierno, esta vez radical, tampoco es garantía para quienes guardan secretos del pasado. El ministro de Salud de Gerardo Zamora fue funcionario de la última dictadura. Pero hoy sólo se sabe lo que se ve: es médico obstetra, bajito, canoso y usa anteojos, asumió hace seis meses y su nombre es Franklin José Moyano. En silencio, sus antecedentes hablan: durante la gestión militar del general de brigada César Ochoa ocupó el cargo de subsecretario de Salud Pública de la provincia.A quienes lo conocen de cerca, la noticia no les sorprendió. Incluso, les permitió entender algunas de las acciones de Moyano al frente del ministerio, como la persecución a trabajadores de programas relacionados con el control del tráfico de bebés y con la salud reproductiva.Las letras del Boletín Oficial y los archivos periodísticos del diario El Liberal no dejan dudas. Franklin Moyano fue nombrado subsecretario de Salud Pública en 1980 cuando el coronel Carlos Alberto Canudas estaba al frente del Ministerio de Bienestar Social de la provincia. Canudas provenía del Regimiento de Infantería Aerotransportado 17 de Catamarca, del cual fue jefe durante el gobierno del general Juan Carlos Onganía.Cuando Moyano estuvo al frente del área de salud, Santiago del Estero no era ajena a la política de terror impuesta por la dictadura. En la sede del Servicio de Inteligencia de la policía local funcionaba un centro clandestino de detención al mando del ex comisario Musa Azar, hoy detenido por cometer delitos de lesa humanidad, incluso, en democracia. Según pudieron recopilar los organismos de derechos humanos, en la provincia hubo, al menos, 130 desaparecidos.La semana pasada, miembros de organismos de derechos humanos de Santiago del Estero le entregaron a una funcionaria del Ministerio de Desarrollo Social nacional una foto de Moyano publicada en El Liberal, donde consta su cargo.PASADO Y PRESENTE. Moyano asumió como ministro en agosto pasado. Se sentó en el sillón de Salud por un escándalo en el que quedó involucrado su antecesor, Juan Carlos Smith. El único tomógrafo del Hospital Regional no funcionaba y los enfermos eran derivados a una clínica alejada, propiedad del cuñado del gobernador.Con la llegada de Moyano nada cambió. El tomógrafo sólo funcionó durante 10 días y los pacientes continúan siendo llevados a esa clínica que le factura a la provincia más de 70 mil pesos mensuales.Desde la llegada del ex funcionario de la dictadura, muchos trabajadores de la salud denuncian, en voz baja, que son perseguidos y presionados. Es el caso de quienes cumplen funciones en el Programa Recién Nacidos, destinado a controlar el ingreso y egreso de los bebés de los hospitales públicos, en una provincia con gravísimas denuncias de tráfico de niños.Los trabajadores de los programas asociados a salud reproductiva también sufren a Moyano. En las Unidades Primarias de Atención, los médicos sólo dan un preservativo. Lo mismo ocurre con las pastillas anticonceptivas. Quien no cumple puede perder el trabajo. Tal vez en el currículum que el club de Leones publica sobre su "vicegobernador "León Doctor Franklin José Moyano" se encuentre la explicación. Además de su paso como socio del exclusivo Rotary Club, el ministro es miembro del Movimiento Familiar Cristiano, una organización católica que hace campaña "en contra del aborto y a favor de la adopción".

Edición N° 114 12 de marzo de 2008
ADC y ANDHES solicitaron que se revea la candidatura
El gobierno tucumano postuló a un ex funcionario de la dictadura como Vocal de la Corte provincial

El Poder Ejecutivo tucumano remitió a la Legislatura provincial el pliego de Francisco Sassi Columbres como candidato a Vocal de la Suprema Corte de Justicia de la provincia. El actual Fiscal de Estado se desempeñó como Secretario de Gobierno durante la gobernación del militar Antonio Merlo. ADC y ANDHES manifiestan que es insostenible que personas que demostraron no tener un compromiso con la democracia ocupen hoy puestos de tanta jerarquía.
(Buenos Aires – Tucumán, 12 de Marzo de 2008) "Es insostenible que personas que participaron activamente en puestos políticos clave del gobierno de facto, durante el cual se cometieron las más graves violaciones a los derechos humanos en la historia reciente de nuestro país, ocupen hoy los estrados más altos de un estado democrático" manifestaron en una carta conjunta a los legisladores de la provincia de Tucumán la Asociación por los Derechos Civiles (ADC) y la organización ANDHES (Abogados y Abogadas del Noroeste Argentino en Derechos Humanos y Ciencias Sociales). La misiva fue enviada en ocasión de estar desarrollándose el proceso de selección de un nuevo Vocal de la Suprema Corte de Justicia de esa provincia."Este tipo de decisiones no es coincidente con la política nacional en materia de respeto a los derechos humanos que se viene desarrollando en los últimos años", agregaron las organizaciones. Francisco Sassi Colombres se desempeñó como Secretario de Gobierno durante la gobernación del militar Antonio Merlo. Y en 1982 fue nombrado Fiscal de Estado.También observaron que "la elección de un nuevo Vocal de la Suprema Corte de Justicia de Tucumán constituye un acto político de gran trascendencia institucional para nuestra provincia". Si bien la constitución tucumana establece que la designación de un juez de Corte es atribución exclusiva de los órganos políticos, nada dice sobre las cualidades o condiciones que debe reunir esta persona. Esta ausencia es un vacío del que adolecen varios ordenamientos tanto a nivel nacional como provincial. A fin de subsanar este vacío legal en el año 2003 se dictó a nivel nacional el decreto Nº 222 por el cual, entre otras cosas, se establece que se debe ponderar en la selección de los candidatos a cubrir las vacantes en la Corte la correcta valoración de sus aptitudes morales, su idoneidad técnica y jurídica, su trayectoria y su compromiso con la defensa de los derechos humanos y los valores democráticos que lo hagan merecedor de tan importante función. ANDHES y ADC consideran que esta serie de características mínimas deben tenerse presente en toda selección de un vocal de Corte o Superior Tribunal de provincia. "Entre las exigencias básicas, el compromiso con la defensa de los derechos humanos y los valores democráticos, cobran en nuestros días una real dimensión cuando estamos frente a la posible elección de un nuevo vocal de la Corte tucumana que fue un importante funcionario durante la última dictadura militar" sostuvieron.Es por ello que ANDHES y ADC realizaron también una invitación a toda la sociedad tucumana a que tome conciencia de la gravedad de estos hechos y reclame la elección de jueces comprometidos y consustanciados con los problemas, realidades sociales y valores democráticos vigentes.
DOCUMENTOS RELACIONADOS
Texto de la Carta enviada a los legisladores tucumanos por elección de Vocal de la Corte Provincial
Acerca de la Asociación por los Derechos Civiles (ADC)

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