martes, 18 de marzo de 2008

La Camara Federal confirmo el fallo que permite seguir juzgando a los secuaces de Lopez Rega
Los crímenes de la Triple A son de “lesa humanidad”
Con el voto favorable de Freiler y Cattani, el tribunal consideró imprescriptibles los homicidios cometidos por la Alianza Anticomunista Argentina durante el gobierno de Isabel Perón. Está pendiente el pedido de extradición de la ex presidenta.



La ex presidenta Isabel Martínez de Perón junto a José López Rega, mentor de la Triple A.
Subnotas
El regreso de Almirón
Los crímenes de la Triple A

Por Irina Hauser
La Cámara Federal abrió una oportunidad histórica para que se esclarezcan los crímenes cometidos por la Triple A durante el gobierno constitucional de Isabel Perón y se castigue a sus responsables. Lo hizo a través de un fallo donde define a los homicidios, secuestros y atentados de aquella organización terrorista como “crímenes de lesa humanidad” que, como tales, no prescriben. La decisión despeja el camino para que avance la investigación que involucra hasta ahora a la ex presidenta, a los ex policías Rodolfo Almirón y Miguel Angel Rovira, ambos jefes operativos de la banda, y a Felipe Romeo, que dirigía su órgano de difusión.
La existencia de la Triple A y su vinculación con el entonces Ministerio de Bienestar Social que encabezaba José López Rega es algo que (salvo los imputados) nadie pone en discusión. Ni sus asesinatos, privaciones ilegales de la libertad y otras aberraciones que incluso se cometían a plena luz del día y luego eran reivindicadas por la propia organización. Aún así, nunca hubo condenas por aquellos crímenes.
Lo novedoso del fallo que firmó ayer la Cámara Federal es que sostuvo que todavía pueden y deben ser juzgados por ser delitos de lesa humanidad. Por empezar, la mayoría del tribunal argumentó que puede haber crímenes de este tipo en el contexto de un gobierno constitucional. En este caso, explicó, fueron parte de “un ataque generalizado o sistemático contra la población civil” ejecutado por “una asociación ilícita concebida en un sector del Estado con el objetivo de perseguir clandestinamente” a “opositores políticos”. Pero además, tuvieron un rasgo distintivo: que ocurrieron al amparo de un sistema de impunidad.
La resolución no fue unánime. La postura de mayoría fue firmada por Eduardo Freiler y Horacio Cattani. La de minoría, por el juez subrogante Eduardo Farah, que afirmó que hubo una asociación ilícita mafiosa cuyos delitos (comunes) caducaron. Lo que precipitó el pronunciamiento fue la decisión del gobierno español de concretar la extradición del ex subcomisario Almirón, de 72 años, quien llegará hoy a las seis y media de la mañana en un vuelo de Aerolíneas Argentinas. Almirón debería ser indagado por el juez Norberto Oyarbide, que instruye la causa. Pero cerca de Su Señoría tienen grandes dudas de que vaya a declarar. Dicen que está enfermo y con un gran “deterioro físico y mental” (ver nota aparte).
Almirón fue descubierto en España por una investigación del diario El Mundo a fines de 2006. Vivía en un pueblito de Valencia, como si nada. Había llegado a ese país como custodio de López Rega, en su huida en 1975. Allí ya se había hecho conocido cuando en 1983 se supo que encabezaba la custodia del dirigente filofranquista Manuel Fraga Iribarne. La noticia de su paradero obligó al juez Oyarbide a ver qué había en ese expediente referido a la Triple A que tenía guardado en un estante, con fecha de apertura en 1975, y cuyos papeles ya estaban a punto de deshacerse. Allí encontró un dato revelador: Almirón tenía un pedido de captura pendiente desde 1984. Pero no era el único. Lo acompañaban, como imputados estelares, el ex comisario Juan Ramón Morales y Rovira, acusados de al menos ocho asesinatos.
Fue el renacer de la causa judicial. Oyarbide dijo que no tenía ninguna duda de que los crímenes de la banda de López Rega fueron “de lesa humanidad” parte de “una política criminal y terrorista, institucionalmente implementada”. De la investigación surge que compraban las armas con fondos del Ministerio de Bienestar Social. Pidió la extradición de Almirón para indagarlo, y mandó a detener a su ex suegro, Morales, y a Rovira. Aunque fue más lejos aún: también pidió la extradición de María Estela Martínez de Perón ya que por lo que hizo o dejó de hacer tuvo una “colaboración esencial” con los crímenes. También ordenó detener a Felipe Romeo, ex director de la revista El Caudillo, órgano de difusión de las Tres A, luego de que Página/12 lo ubicara en Buenos Aires reciclado como restaurador de cúpulas.
Morales murió el año pasado. La situación de la ex presidenta no está definida en España, pero el fallo de la Cámara llevaría al juez a insistir en su extradición. Romeo está prófugo. Rovira cumple arresto domiciliario y había apelado su procesamiento ante la Cámara. Su caso es el que, en efecto, el tribunal ayer resolvió. Sólo en un aspecto los tres jueces le dieron parcialmente la razón: dijeron que no está probada todavía su participación material, directa, en los crímenes. Pero no pusieron en duda que fue un hombre clave de la organización.
El voto de Freiler especifica que “el grupo originario se concentró en la custodia del ex ministro López Rega, cuyos hombres más influyentes fueron Almirón, Morales y Rovira”. Los crímenes a los que alude el fallo son asesinatos cometidos en 1974: del diputado Rodolfo Ortega Peña, de Pablo Laguzzi (un bebé de cinco meses, hijo del entonces decano de la Facultad de Derecho de la UBA), del abogado Alfredo Curutchet, del ex subjefe de la Policía Bonaerense Julio Troxler, del abogado Silvio Frondizi y su yerno Luis Mendiburu, del periodista Pedro Barraza y su amigo Carlos Laham, de Daniel Banfi y Luis Latrónica.
El camarista Horacio Cattani hace una enumeración del derrotero judicial de estos casos para mostrar que todos los expedientes terminaron en sobreseimientos o, como en el caso de Laguzzi, no se registran actuaciones judiciales. “La gravedad de la situación no tuvo correlato alguno con las pesquisas realizadas”, dice el juez. Hasta López Rega, que llegó a ser arrestado y extraditado, murió en 1989 antes de recibir condena.
Según Cattani, la impunidad que permitía la multiplicación de los crímenes, se extendía en todos los poderes del Estado. Describe que en el ámbito parlamentario “cundía el terror”: se evitaban alusiones a la Triple A o el oficialismo las impedía. Los que “alzaron su voz en solitario fueron perseguidos, amenazados, incluso muertos”, en alusión, entre otros, a Ortega Peña. También enumera intimidaciones a los medios de prensa y dice que “ni siquiera la Iglesia estaba exenta de ser blanco de la Triple A basta rememora el asesinato del padre Carlos Mujica”.
Freiler hace hincapié en que el poderío de la organización fue tan grande que “neutralizó” al poder del Estado y ejerció de facto un poder absoluto. Esto, sostuvo, constituyó “la antecámara del colapso total de las instituciones que tuvo lugar con la dictadura militar”. Recordó la participación de la Triple A en el centro clandestino conocido como Automotores Orletti. A diferencia de sus dos colegas, puso en duda que el poder de la banda de López Rega fuera tan grande y extendido. A su entender, el sistema democrático funcionaba y dice que la propia sentencia del Juicio a las Juntas afirma que el gobierno de Isabel Perón al momento de su derrocamiento “contaba con los medios necesarios (normas) para combatir el terrorismo”. “Es difícil percibir en consecuencia que la voz de la tristemente célebre organización hubiese sido aquélla del Estado”, afirma Farah. “La democracia respiraba”, añade.
Tanto Freiler como Cattani recuerdan un episodio que resurge en varios testimonios: una reunión de gabinete del 8 de agosto de 1974 en Olivos, presidida por Isabel Perón, donde López Rega y el comisario Alberto Villar proyectaron diapositivas de quiénes debían ser asesinados, como Ortega Peña y Troxler, desde las estructuras paralelas.
El número de víctimas de la banda parapolicial nunca fue precisado. La Conadep hablaba de algo más de 400 entre 1973 y 1975. Varios organismos de derechos humanos hablan de 1500. Entre los primeros asuntos que debería definir Oyarbide es si acepta investigar los más de 600 casos que le fueron planteados. También es factible que la causa llegue a la Corte.



Triple A
Se demora el vuelo de Almirón

El regreso hoy al país de Rodolfo Eduardo Almirón, ex jefe operativo de la Triple A extraditado por España, se demoró porque el avión de Aerolíneas Argentinas en que viajaba sufrió un inconveniente y debió aterrizar en Recife, Brasil.


Almirón es trasladado por agentes de Interpol en el vuelo 1135 de la ex compañía de bandera, que debía aterrizar en el aeropuerto de Ezeiza a las 6.30 de la mañana.
El Jumbo 737 sufrió problemas de presión de aceite en una de sus turbinas y se encendió la alarma en la cabina de pilotos, informó Aerolíneas Argentinas en un comunicado.
Se prevé que el ex subinspector sea embarcado en un avión que partirá a la una de la tarde de Recife y arribaría a la noche en Ezeiza, desde donde sería trasladado a las dependencias que la Policía Federal tiene en las avenidas General Paz y Roca.
La extradición de Almirón, 70 años y con algunos problemas de salud, fue requerida por el juez federal Norberto Oyarbide en la causa en que investiga algunos de los crímenes de la Alianza Anticomunista Argentina (Triple A o AAA) durante el Gobierno peronista de 1973 a 1976.
En la causa número 6511, caratulada "López Rega, José, sobre asociación ilícita", Almirón está imputado de presunta "asociación ilícita en concurso real con homicidio doblemente agravado en hechos reiterados" por cuatro asesinatos políticos cometidos en 1974, entre el casi millar de crímenes que la propia Triple A se atribuyó durante el Gobierno de María Estela Martínez de Perón, también residente en España.
En los años '70 Almirón había sido exonerado de la Policía Federal por presuntas connivencia con delincuentes pero en 1973 el entonces ministro de Bienestar Social del tercer gobierno peronista (1973/76) José López Rega lo reincorporó a la fuerza junto al comisario José Ramón Morales y asignó a ambos tareas de custodia suya y de la Presidente "Isabel Perón".
La Triple A debutó mediante un atentado con bomba al entonces senador radical Hipólito Solari Irigoyen, que sufrió heridas en las piernas y salvó su vida de milagro, y a partir de allí ejecutó entre 800 y 1.000 atentados contra la oposición política y la guerrilla, además de amenazas a intelectuales, artistas y cantantes.
Los investigadores sospechan que Almirón fue quien ametralló al diputado nacional Rodolfo Ortega Peña (Peronismo de Base), el 31 de julio de 1974 mientras descendía de un taxi en la intersección de las calles Carlos Pellegrini y Arenales, que iba acompañado de su esposa Elena Villagra, la cual resultó herida.
A mediados de 1975 en medio de protestas populares por el plan económico denominado "Rodrigazo", López Rega abandonó el Gobierno y fue enviado por "Isabel" a vivir España como embajador plenipotenciario, junto a Morales y Almirón. Todos se instalaron en la residencia "17 de Octubre" del barrio madrileño Puerto de Hierro en que Juan Perón vivió exiliado.
En 1983 el semanario "Cambio 16" destapó que Almirón trabajaba de jefe de jefe de custodias de Manuel Fraga Iribarne, por entonces jefe del partido opositor y de centroderecha Alianza Popular, que posteriormente sería Presidente de la Xunta de Galicia durante varios años.
A raíz de ese escándalo, el dirigente Alberto Ruiz Gallardón, por entonces colaborador de Fraga y actual alcalde de Madrid, le ordenó a Almirón dejar su trabajo en el partido bajo promesas de que lo ayudarían a sobrevivir.
Entonces el ex subcomisario desapareció de los lugares públicos, aunque algunos aseguraron haberlo visto de 'maitre' en la afamada confitería madrileña "Chicote".
El año pasado el diario madrileño "El Mundo" lo reencontró, ya jubilado de gastronómico y con doble nacionalidad hispano-argentina, viviendo en un departamento del popular barrio Xenillet, de Valencia, junto a su segunda esposa, la rosarina y ex azafata Ana María Gil, y un perro ovejero.
En la única entrevista que concedió hasta ahora, Almirón aseguró que "yo no sé quién la inventó" a la Triple A.













Los crímenes de la Triple A


Nota madre:Los crímenes de la Triple A son de “lesa humanidad”

Por Rodolfo Mattarollo
La resolución de la Cámara Federal, que califica los delitos cometidos por la Triple A como crímenes de lesa humanidad, es tal vez la más importante, política, jurídica y éticamente desde el juicio a los integrantes de las tres primeras juntas militares. Ese fallo coincide con las orientaciones de la jurisprudencia internacional en casos similares.
En efecto, los miles de asesinatos, secuestros y voladuras de locales cometidos por la Triple A son atrocidades que presentan similitudes con las juzgadas por el Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia (TPIY), precisamente cuando esos actos gravísimos no fueron cometidos abiertamente por el Estado.
En primer lugar aparece en el accionar de la Triple A, y en casos similares juzgados por el TPIY, el carácter generalizado que es propio de los crímenes de lesa humanidad por la escala en que se perpetraron. Los hechos denotan asimismo una metodología que respondió a un plan criminal y una organización estatal o paraestatal –carácter sistemático– y no consistieron en delitos aislados, fruto de iniciativas individuales.
El Special Rapporteur de la Comisión de Derecho Internacional de Naciones Unidas se pregunta: “¿Necesita un acto afectar a una masa de gente para constituir un crimen de lesa humanidad?”. Y responde: “En ocasiones, un acto inhumano cometido contra una sola persona puede también constituir un crimen de lesa humanidad si es parte de un sistema, o es llevado a cabo de acuerdo con un plan, o tiene una naturaleza repetitiva que no deja dudas sobre las intenciones del autor”.
Es importante señalar que los requisitos ataque “generalizado” o “sistemático” son alternativos y no acumulativos.
En la jurisprudencia del TPIY se encuentran fallos que contribuyen a definir qué se entiende por ataque generalizado o sistemático en contextos que hacen enteramente pertinente el enfoque comparativo.
En efecto en la sentencia de la Cámara de Primera Instancia I, del 14 de diciembre de 1999, en el caso Goran Jelisie, dijo ese Tribunal: “La existencia de una política que tiene en cuenta una comunidad particular, la creación de instituciones paralelas que tienen como función la aplicación de esa política, la implicación de autoridades políticas o militares de alto nivel, la importancia de los medios financieros, militares o de otro tipo empleados, la amplitud o el carácter repetido, uniforme y continuo de las exacciones cometidas respecto de una misma población civil, cuentan entre los factores que pueden poner en evidencia el carácter masivo o sistemático de un ataque”.
A continuación el Tribunal define con amplitud el concepto de “población civil” como víctima. El TPIY estima que la noción de población civil, tal como la utiliza el artículo 5 de su Estatuto engloba, “a más de los civiles en sentido estricto, a todas las personas puestas fuera de combate al momento de la perpetración del crimen”. O sea, también puede abarcar a los resistentes que no están haciendo uso actual de la fuerza.
Es discutible que la responsabilidad por los crímenes de la Triple A corresponda al caso hipotético de la actuación de grupos no estatales. En la constitución y operaciones de la Triple A hubo una directa responsabilidad estatal, por acción y por omisión. Sin embargo, aun desde la perspectiva de delitos cometidos por grupos no estatales, los miembros de la Triple A son individualmente responsables de crímenes de lesa humanidad.
Dice el TPIY en el caso Tadic: “En este sentido el derecho en relación con los crímenes de lesa humanidad se ha desarrollado para tomar en cuenta fuerzas que, aunque no son las del gobierno legítimo, tienen control de facto sobre un territorio definido o son capaces de moverse libremente dentro de él”.
Una conclusión inevitable del carácter de crímenes de lesa humanidad de las atrocidades cometidas por la Triple A es su imprescriptibilidad y el hecho de que la asociación ilícita para cometer crímenes de lesa humanidad constituye a su vez un crimen de lesa humanidad, por su naturaleza, imprescriptible.



DENUNCIA PENAL A GOBERNADOR JAQUE Y MINISTRO POR PONER EN ALTO CARGO A SUPUESTO EX REPRESOR

BUENOS AIRES, mar 17 (DyN) - El Centro de Abogados por los Derechos Humanos (CADHU) denunció hoy penalmente al gobernador de Mendoza, Celso Jaque (PJ), por haber puesto de subsecretario de Seguridad a un comisario acusado de represor durante la última dictadura, se informó en los tribunales.Se trata del comisario mayor Carlos Rico Teijeiro, que supuestamente actuó en el grupo de tareas que tenía como sede el centro clandestino de detención "D2", el cual funcionó de 1976 a 1978 dentro del Palacio de la Policía, en la ciudad de Mendoza La denuncia alcanzó también al ministro de Seguridad de Mendoza, Juan Carlos Aguinaga, y quedó radicada en el juzgado federal de Claudio Bonadio y la fiscalía de Miguel Angel Osorio.En la presentación, concretada por el abogado Marcelo Parrilli, se planteó que Jaque y Aguinaga deben ser imputados de los presuntos delitos de "violación de los deberes de funcionario público" y "abuso de autoridad", para los cuáles el Código Penal prevé condenas de hasta 2 años de prisión e inhabilitación por doble tiempo.Para los denunciantes, el gobernador y el ministro incumplieron las leyes, basadas en tratados internacionales, que obligan a los gobernantes a excluir de los cargos públicos a personas acusadas de violaciones a los Derechos Humanos.







Corazza admitio que no hay ninguna pista sobre Julio Lopez
“Ha sido un fracaso”

Los abogados querellantes en la causa por la desaparición de López –que hoy cumple un año y medio– estuvieron con el titular de la Corte. Se quejaron por “el estado desastroso” de la investigación.



Adriana Calvo, acompañada por otros querellantes de Justicia Ya! estuvieron en la Corte Suprema.
Imagen: Sandra Cartasso


Por Adriana Meyer
A un año y medio de la desaparición de Jorge Julio López la investigación judicial sobre su destino es un “fracaso”. Así lo admitió ante Página/12 el juez de la causa Arnaldo Corazza, y agregó que no tienen ninguna “pista concreta”. El magistrado está a punto de indagar a una veintena de agentes del Servicio Penitenciario Federal (SPF) por haber frustrado la obtención de pruebas durante un allanamiento que ordenó el año pasado al penal de Marcos Paz. Ese hecho es quizás la evidencia más contundente de lo que los querellantes calificaron hace tiempo como una mezcla de “inoperancia, complicidad y encubrimiento” que ejercieron durante este tiempo “los funcionarios y las fuerzas de seguridad” a cargo de la búsqueda del testigo y sus captores. Cinco representantes de Justicia Ya! fueron recibidos ayer por el juez de la Corte Suprema Ricardo Lorenzetti, quien se mostró sorprendido de que el expediente aún no haya sido caratulado como “desaparición forzada de persona”, ya que, según expresó, “el Gobierno lo reconoció así”.
Cuando todavía resonaban voces oficiales y de las otras diciendo que López, el testigo que con su declaración contribuyó a la condena del represor Miguel Etchecolatz, estaba debajo de un puente o se había ausentado por su voluntad, la Justicia inició la investigación como una simple búsqueda de persona. Incluso cuando el caso pasó al fuero federal el expediente siguió denominándose “su denuncia”. Por la insistencia de los querellantes, el juez Corazza aceptó la propuesta del fiscal Sergio Franco de cambiarlo a “López, Jorge Julio, su desaparición”.
El detalle no es menor. Si hubieran considerado el hecho como una desaparición forzada de persona habrían podido disponer de otras herramientas de investigación que la legislación habilita para estos casos. “Así habrían superado las limitaciones materiales de las que se queja el juez Corazza”, explicó a este diario la abogada Guadalupe Godoy, que junto a Myriam Bregman representó a López en aquel juicio. Pero la importancia de cambiar la calificación reside en que esa figura conlleva el reconocimiento de que el Estado es responsable por no haber evitado la desaparición y por la falta de respuesta posterior.
Los querellantes apelaron ante la Cámara Federal platense el rechazo del juzgado al cambio de calificación, como así también la negativa de apartar de la investigación a la Policía Bonaerense, otro persistente reclamo. Si bien es cierto que, como dicen en el juzgado, casi todas las medidas fueron realizadas por las tres fuerzas asignadas, además de la Bonaerense la Policía Federal y la Secretaría de Inteligencia, varias de las más groseras irregularidades fueron cometidas por los uniformados provinciales, según vienen denunciando los querellantes.
Bregman, Godoy, Adriana Calvo (Asociación de Ex Detenidos-Desaparecidos), Carlos Leavi (CTA La Plata) y Cristina Gioglio (Unión por los Derechos Humanos, expusieron ayer por la tarde al ministro Lorenzetti sobre el “estado desastroso” en que se encuentra la causa, su preocupación porque “está paralizada”, y responsabilizaron no sólo al juez y a los fiscales del caso sino también a los gobiernos provincial y nacional. “No sólo son los que están a cargo de las fuerzas de seguridad que intervinieron en la investigación sino que tuvieron posibilidad de generar herramientas para resolver esto y no lo hicieron”, fue la frase que utilizó Godoy. Según relató la abogada, Lorenzetti se asombró de que sus interlocutores denunciaran la “indiferencia del Poder Ejecutivo”, porque, según dijo, el ex presidente Néstor Kirchner no dejó nunca de mencionar a López en sus discursos.
Mientras esperaban un café o un vaso de agua que nunca llegaron, el juez de la Corte les preguntó sobre el desempeño de la fiscalía. Le respondieron que “recién ahora” el procurador general, Esteban Righi había aportado un nuevo contrato de refuerzo. Y no dejaron pasar la oportunidad para recordar que Righi dictaminó a favor de que la causa quedara en la Justicia ordinaria y no pasara al fuero federal.
Luego de que los visitantes le detallaron las “nefastas falencias” de la causa, el supremo les explicó que la Corte tiene limitaciones jurisdiccionales para intervenir. Sin embargo, les pidió que entreguen por escrito el informe que acababan de hacerle y los representantes de Justicia Ya! salieron del despacho con su compromiso de interesarse en la cuestión. “No le estamos pidiendo un per saltum sino que intervenga por denegación de justicia en este caso que tiene gravedad institucional”, le aclararon antes de irse.
La pista frustrada en Marcos Paz por el SPF era fundamental, según el fiscal Franco, y apuntaba a los vínculos de los represores que están presos allí con un grupo que habría operado desde el exterior. El juez Corazza fijó para después de la Semana Santa las declaraciones indagatorias en esa causa conexa, iniciada por el fiscal tras comprobar las irregularidades del allanamiento al penal. “Asumo la responsabilidad que me toca, nunca tuve una causa tan compleja como ésta y voy a seguir trabajando”, dijo el magistrado a este diario tras haber reconocido su derrota en la resolución del misterio que rodea la desaparición de López. De sus palabras y sus recientes decisiones surge que intentará avanzar, al menos, en el esclarecimiento de los encubridores del caso.


Juicios por la verdad
Familiares quieren determinación de los jueces
San Luis (Pelr) 17-03-08 "Hemos pasado 32 años pidiendo justicia, es hora que los jueces den un paso adelante y le pongan fecha al juicio oral y público", dijo Francisco Ledesma, hemano de Pedro Valentín, desaparecido en setiembre de 1976.
Ledesma es uno de los querellantes en la causa en la que se investiga la desaparición forzada de su hermano, de Santana Alcaraz y Graciela Fiochetti.
En diálogo con Periodistas en la red informó que todavía no había fecha para el jucio oral y público y que dos de los jueces se habían apartado de la causa. Al Dr. Fourcade se lo había recusado y "se apartó voluntariamente", indicó, mientras que Pedro González (h) se excusó "por mantener amistad con la señora de un imputado".
De esta manera, el tribunal quedará conformado por Raúl Alberto Rodríguez, Roberto Julio Nasiff y Jorge Burad.
El abogado de la APDH Enrique Ponce presentó una oposición al pedido de la fiscal del Tribunal Oral Federal que ha solicitado exámenes psiquiátricos para los familiares de las víctimas y también que Segundo Valentín Ledesma, el padre del joven desaparecido en el 76, realice una declaración anticipada.
"Mi padre quiere declarar en el jucio oral y público, está muy bien psiquica y físicamente. Él quiere hacerlo en la audiencia pública", remarcó Ledesma.
"Treinta y dos años de impunidad es demasiado tiempo", insistió Ledesma, "urge que los jueces den un paso adelante", dijo finalmente.


Actividades a 32 años del golpe
Memoria en las facultades


A 32 años del golpe militar de 1976, que se cumplirán el próximo lunes, varias universidades organizaron actividades, muestras y debates por la memoria.
La Universidad Nacional del Litoral acaba de inaugurar en su Facultad de Ingeniería Química la exposición fotográfica Cómo miran tus ojos, de María Soledad Nívoli, hija de Mario Alberto Nívoli, egresado de la FIQ y desaparecido desde 1977. Se puede visitar hasta fin de mes. Por otra parte, hoy, a las 20, la Federación Universitaria del Litoral y el Programa de Derechos Humanos de la casa harán un acto en la explanada del rectorado. Las actividades continuarán la semana que viene, después de las manifestaciones del lunes. Desde el martes hasta el 10 de abril, se podrá ver la muestra “Santa Fe: días calientes, tensión latente”. El miércoles, a las 18, en Humanidades y Ciencias, habrá un panel con los politólogos Hugo Quiroga y María Matilde Ollier, entre otros docentes.
En la Universidad Nacional de La Plata, desde ayer y hasta el jueves 27, se exhibe la muestra nacional “Diseño por la identidad”, organizada por la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo (filial Mar del Plata), que incluye producciones artísticas gráficas de artistas y estudiantes de diferentes provincias. Los interesados pueden recorrerla en el Centro Cultural Islas Malvinas, ubicado en la avenida 19, entre 50 y 51 (La Plata).
Mientras continúa hasta el 25 de abril la muestra multimediática “Imágenes para la memoria”, en la Universidad Nacional de Quilmes, el próximo martes a las 18, se inaugurará un sitio memorial por los desaparecidos de la universidad pública, en Roque Sáenz Peña 180 (Bernal).


Mauricio Macri anuncio que el 1º de mayo arranca la convocatoria de personal para la Policia Metropolitana
Eramos pocos en la ciudad y habrá nueva policía
El jefe de Gobierno envía hoy a la Legislatura el proyecto para crear la nueva policía porteña. Cobrarán desde 2800 pesos mensuales. Se capacitarán en 40 semanas y estarán en la calle en octubre de 2009. Prometen que no habrá aumentos de impuestos para su financiamiento.

Macri, con la vicejefa de Gobierno y el ministro de Justicia y Seguridad, durante el anuncio. Lo acompañó todo su gabinete.
Imagen: Pablo Piovano
Subnotas
“Ojo con los sin gorra”
“No más de mil”, de 85 mil efectivos


Por Eduardo Videla
Mauricio Macri cumple hoy 100 días de gobierno y lo celebra con el anuncio de la creación de su propia policía, la Metropolitana. En rigor, se trata de un capítulo más en la disputa con el gobierno nacional por el traspaso de un sector de la Policía Federal, un objetivo al que el macrismo no renuncia a pesar del anuncio de ayer. El gobierno porteño presentó un proyecto cuyos primeros resultados podrían verse en octubre de 2009, con el egreso de los primeros 1600 efectivos, según los cálculos del ministro de Justicia y Seguridad, Guillermo Montenegro. Hubo imprecisiones ante las dudas más básicas: no se sabe aún cómo estará distribuida territorialmente ni qué inversión demandará al presupuesto porteño. La coordinación con los actuales federales “dependerá de los convenios que se firmen con el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación”, afirmó Macri. Por lo pronto, el proyecto deberá pasar por el filtro de la Legislatura, donde ayer se escucharon críticas de distinto signo (ver nota aparte), pero que no hacen prever un rechazo.
El jefe de Gobierno dijo ayer que el nuevo cuerpo policial se financiará con recursos propios de la ciudad y aseguró que no habrá aumentos de impuestos ni creación de nuevas tasas para financiar el proyecto. “Se financiará con los recursos aprobados en el presupuesto”, dijo, sin dar mayores precisiones. Montenegro aclaró que “se necesitarán entre 90 y 100 millones de pesos, no previstos, que se obtendrán mediante reasignación de partidas”. Sin embargo, un simple cálculo permite saber que para abonar los salarios de 1600 efectivos, con los montos anunciados, durante un año, se necesitan no menos de 54 millones de pesos.
El proyecto para crear la Policía Metropolitana fue enunciado ayer por Macri, junto con la vicejefa de Gobierno, Gabriela Michetti, y el ministro Montenegro. Lo acompañaba su gabinete en pleno, legisladores del bloque Pro y el jefe de los auditores, Santiago de Estrada. “Estamos acá porque somos solidarios, entendimos las angustias de los vecinos por la falta de seguridad y no nos podíamos quedar con los brazos cruzados”, enunció Macri.
El anuncio se hizo después de haber fracasado la negociación con el gobierno nacional para lograr el traspaso de la Superintendencias de Seguridad Metropolitana y de Investigaciones de la Federal, con los recursos presupuestarios correspondientes. Macri había advertido en febrero que adoptaría esta medida si el gobierno nacional no respondía a esa demanda.
La nueva policía se presentó como parte de un Plan de Seguridad que incluye otros tres ejes: la prevención mediante la ejecución de políticas sociales; la creación de un Centro Inteligente de Comando y Control, que actuará como sistema de alerta y coordinación, y “el fortalecimiento de la Justicia”.
El sistema de alerta incluye la instalación de cámaras de video en distintos puntos del espacio público y en los accesos a la ciudad, que se integrarán con las 280 que ya están funcionando para el sistema de control de tránsito, y distintos ministerios.






Mataron a su hijo alegando que el arma se disparo al tropezar, y ahora la balearon a ella
Bonaerenses con patas negras
En octubre de 2007 el policía de San Nicolás Juan Manuel Malizia dio muerte a Manuel Maturana. Dijo que su arma se le disparó al tropezar cuando salía del auto. Ahora, la madre del chico fue baleada por otro policía que alegó también un traspié.
Por Horacio Cecchi
El 7 de octubre, le mataron a su hijo, Manuel Gutiérrez Maturana. Verónica, su madre, que venía sosteniendo el juicio contra el acusado de homicidio culposo, el policía (sin pase a disponibilidad) Juan Manuel Malizia, en servicio (activo) en la comisaría 2ª de San Nicolás. La versión maliziosa sostenía que al salir de su auto se tropezó y su pistola se disparó. La bala vino a dar en la cara del chico que supuestamente fugaba armado y en bicicleta. La noche del sábado pasado, un día antes de declarar, la mujer llegó a su casa y encontró todo revuelto, especialmente el cuarto que había pertenecido a su hijo. Llamó a la policía. Acudió una patrulla de la segunda. Los policías revisaron, con escopetas. Se ve que cargadas. A uno de ellos se le disparó la escopeta. Una bala, de goma, vino a dar en el abdomen de la mujer, madre y testigo. No hubo negligencia. Sólo un tropiezo con Malizia.
En la investigación inicial, la versión del oficial Malizia sostuvo que dos chicos habían intentado robar una moto el sábado 7 de octubre durante la mañana. El motociclista logró zafar, pero cuando los dos chicos escapaban, Malizia, que pasaba por allí de franco, los persiguió. Según el policía, uno de ellos le apuntó con su arma, siempre pedaleando en bicicleta. El policía salió de su auto con su pistola en mano, pero tropezó, el arma se disparó con tanta mala suerte que el proyectil rebotó contra el piso y vino a dar en la nuca del chico, que murió en el acto.
El caso desató en San Nicolás una serie de marchas en reclamo. Pero los nicoleños tienen su temperatura propia. Las marchas no reclamaban justicia para Maturana, sino la pérdida de los “ejemplares padres de familia” (en referencia a Malizia), según lo definió una solicitada de la CGT y las 62 Organizaciones.
Usted se preguntará por la relación. Ninguna, salvo que Malizia fue chofer y custodio de Brunelli, el mandamás de los metalúrgicos nicoleños, y que el abogado que defiende al ejemplar padre de familia se llama Jorge Ingrata y trabaja para la UOM.
Curiosamente, unos días después de la solicitada, publicada durante el escaso período que pasó entre rejas Malizia, rompieron los vidrios de la casa del defensor oficial Gabriel Ganón. Ganón intenta representar a la familia pese a la oposición del camarista Eduardo Alomar, cuyo nombramiento había sido rechazado por organismos de derechos humanos. Todo un mundillo a los pies de la virgen.
Presiones son presiones. Finalmente, Malizia quedó libre, imputado de homicidio culposo, y para no echar a perder al raleado semillero de padres ejemplares, lo dejaron seguir trabajando en la misma comisaría. El caso ameritó cambios a nivel de base: una suela nueva en sus zapatos.
El caso no terminó allí, porque la investigación derivó en un juicio por homicidio culposo contra el teniente en funciones. A todo esto, Malizia ya llevaba varias causas o denuncias en su contra. En una de ellas, presos de la segunda lo acusaron de fabricar una causa. Uno de los alojados en la comisaría sostuvo en su denuncia que el propio Malizia recorría las celdas mostrando las fotos de los detenidos en la causa armada con la recomendación, la atendible sugerencia de que los reconociera. El caso finalmente fue abandonado y Malizia, sobreseído.
El encuentro en la calle Mitre, entre Rondeau y Alvarez, de San Nicolás, aquel sábado 7 de octubre, cuando se produjo el supuesto intento de robo, no parece haber sido un encuentro casual. Y, si lo fue, tenía su antecedente. Con el chico Maturana había una historia anterior.
El joven había estado detenido y era conocido por los de la segunda nicoleña. Poco tiempo antes del singular tropezón, el chico había sido detenido en dos ocasiones por el propio Malizia. Algún entrevero entre ambos hubo. Y Maturana, detenido y con las muñecas esposadas por detrás, le había roto la nariz de un cabezazo al padre ejemplar.
Con esa historia colgando sobre sus hombros, la descripción que hizo el policía sobre el chico huyendo y apuntándole con su arma mientras pedaleaba en bicicleta es casi como la descripción de un equilibrista de circo. Pero mucho más complicada aparece la sucesión de casualidades que derivaron en la muerte del ciclista en fuga.
Pero si el caso Maturana sumaba esta serie de curiosas fatalidades, la experiencia por la que pasó Verónica Gutiérrez Maturana hace dos días ya es excesiva. Al llegar a su casa, el domingo a la 1.20 de la madrugada, descubrió que ladrones destrozaron su puerta a patadas, entraron en la casa y con impunidad de uniformados destrozaron todo. En el cuarto que había pertenecido al joven Manuel, vaciaron el placard y echaron la ropa al piso. Cuando llegó la mujer, se asustó y llamó a la policía. Pero más se asustó cuando los que llegaron eran de la segunda.
Los uniformados revisaron, escudriñaron los rincones. Uno de ellos le preguntó a Verónica. “Señora, ¿quiere venir en el patrullero a la segunda a hacer una denuncia?”. La mujer se asustó y respondió que no. Enseguida se oyó un disparo y la mujer se tomó el abdomen. “¿Por qué disparaste?”, preguntó el que estaba a cargo. “Me tropecé”, respondió el uniformado.


Enjuician a dos federales por robar, golpear y querer matar a un boliviano
El odio racial con uniforme

El caso ocurrió en marzo de 2006. Los policías atacaron a Edgar Espejo Parisaca. Los acusan con la Ley Antidiscriminación.

Le dijeron “boliviano de mierda, venís a sacarnos trabajo”.

Por Carlos Rodríguez
El 28 de marzo se reanudará el juicio contra dos policías federales que están siendo acusados, en juicio oral y público, por el delito de tentativa de homicidio y robo en perjuicio del ciudadano boliviano Edgar Espejo Parisaca. El receso se debe a que la fiscal del juicio, Susana Dallorso, solicitó al Tribunal Oral 22 que ampliara la acusación para que se agrave la pena por violación a la Ley Antidiscriminatoria. En el mismo sentido se había manifestado, antes del inicio de la audiencia, el Instituto Nacional Contra la Discriminación, Xenofobia y el Racismo (Inadi). Esto se debe a que la víctima denunció que el 12 de marzo de 2006, en el barrio porteño de Villa Soldati, lo privaron ilegalmente de su libertad, lo golpearon, lo balearon y lo robaron por su nacionalidad. “‘Boliviano de mierda, negro de mierda, te vamos a matar. Por qué no te quedás en tu país a trabajar’. Me trataron de narcotraficante. ‘Vos eres cómplice de Evo Morales. Cocalinero’”, recordó Espejo Parisaca que le dijeron los policías Hernán Matías Martínez y Javier Armengol.
“La fiscal solicitó ampliar la acusación contra Martínez, ya que el juicio está suspendido, por el momento, en lo que respecta al policía Armengol, cuyos defensores alegaron que tiene un problema mental que lo hace inimputable. Este pedido está siendo analizado por un equipo de médicos forenses que debe presentar un informe complementario. Hasta que ellos no se expidan, el proceso sigue adelante sólo en el caso de Martínez”, explicó a Página/12 el abogado Melquiades Oña, defensor del joven Espejo Parisaca, que tenía 18 años cuando ocurrieron los hechos.
Con la actual acusación, “tentativa de homicidio y robo agravados” por la condición de policía de los imputados, la pena a solicitar por la fiscalía y la querella podría oscilar entre los 15 y los 20 años. Si se agrega el agravante por discriminación, se podría llegar incluso a los 25 años, estimaron fuentes judiciales consultadas por este diario. El artículo segundo de la ley 23.592 (Antidiscriminatoria) establece que se elevará “en un tercio el mínimo y en un medio el máximo de la escala penal de todo delito” contemplado en el Código Penal “cuando sea cometido por persecución u odio a una raza, religión o nacionalidad”.
El abogado Melquiades Oña comentó, además, que la querella está tratando de que el tribunal incorpore otras figuras penales a la imputación. “Nosotros creemos que hubo también privación ilegítima y torturas por los golpes y las amenazas de fusilamiento que sufrió mi defendido”, recalcó el letrado. Espejo Parisaca fue detenido cerca de las 17 del 12 de marzo de 2006, cuando fue a un negocio ubicado en avenida Roca y Varela, en Villa Soldati. “Tardaron mucho en atenderme y cuando salí me encontré con dos personas (de civil) que iban en un auto verde oscuro. Yo me asusté y corrí. Me siguieron y me envarillaron (hace señas dando a entender que le pusieron las esposas), me pegaron, me subieron al auto y luego de interrogarme, me dijeron que me iban a matar.”
“Uno de ellos sacó su arma y me la colocó en la boca. Disparó, pero no tenía balas. Me dijeron que era cocalinero, cómplice de Evo Morales. Les dije que sabía que era mi presidente, pero que no lo conocía, les pedí que no me mataran. Ellos me respondieron: ‘Maricón, vas a morir porque les viniste a sacar el trabajo a mis paisanos’.” De acuerdo con el relato que Espejo Parisaca realizó frente a los miembros del Tribunal Oral 22, Patricia Cusmanich, Domingo Alpieri y Pablo García de la Torre, el que llevaba la voz cantante era el policía Martínez, secundado por Armengol.
La víctima reconoció a Martínez, presente en la sala, y lo señaló como la persona que le introdujo el arma en la boca. Después se lo llevaron, dentro del auto, cerca del Riachuelo. Allí le volvieron a disparar tres veces, siempre con el revólver en la boca, pero no salió ningún disparo. Fue entonces que lo tiraron al agua, en un riacho no muy profundo, y lo dejaron allí, pensando que se había desmayado. “No caí dentro del agua y cuando creí que se habían ido, me levanté y traté de escapar, pero ellos me vieron y esta vez me dispararon.”
Espejo Parisaca fue herido en la espalda y en el cuello. Después de estar un rato tirado en el piso, los policías se fueron y se acercaron algunos testigos presenciales de lo ocurrido, que llamaron al SAME. Una ambulancia lo llevó al Hospital Pirovano, donde quedó internado. Estuvo un año hospitalizado o en reposo, hasta que pudo recuperarse, aunque le quedaron algunas secuelas. Además del maltrato y de las lesiones y heridas sufridas, al joven Espero Parisaca, los policías le quitaron todas las pertenencias que llevaba ese día. “Me robaron el celular, el reloj, el dinero que llevaba. Tenía dos discos compactos y también me los sacaron.”
Por eso los acusan también por robo.
María José Lubertino, titular del Inadi, aseguró que los policías involucrados en el caso “cometieron un hecho gravísimo por la forma en que trataron a la víctima y deben tener una pena agravada por discriminación”. Para Lubertino “no quedan dudas de que estamos ante el caso de un ‘crimen por odio’ y por eso esperamos que la sentencia, en el fallo y en los fundamentos, sea ejemplificadora. Hubo lesiones que deben ser agravadas porque también hubo discriminación”.

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