lunes, 17 de marzo de 2008

Informe especial: la colaboracion civil con el terrorismo de Estado
La Triple A dentro del Ejército

Página/12 accedió a documentación de la Prefectura y de la ex Dirección de Inteligencia bonaerense que prueba que, durante la dictadura, miembros de la CNU de Mar del Plata participaron de operativos del Grupo de Artillería de Defensa Aérea 601.



Uno de los documentos de la Dipba y el ex fiscal Demarchi, acusado de integrar la CNU.
Subnotas
Prefectura: el silencio es salud
El caso Demarchi
Impunidad en Mar del Plata


Por Diego Martínez
Ex miembros de la agrupación de ultraderecha Concentración Nacional Universitaria de Mar del Plata, formados en la Facultad de Derecho de la Universidad Católica y hoy abogados con óptimos contactos en la Justicia federal, integraron después del golpe de Estado de 1976 patotas del Grupo de Artillería de Defensa Aérea 601, unidad del Ejército responsable de secuestros, torturas y desapariciones. Documentos de Prefectura y de la ex Dirección de Inteligencia de la Provincia de Buenos Aires (Dipba) –a los que accedió este diario– certifican los relatos brindados en el Juicio por la Verdad que instruye el Tribunal Oral Federal marplatense. El caso CNU es un ejemplo contundente del rol de civiles que colaboraron con el terrorismo de Estado a quienes el corto brazo de la Justicia aún no alcanzó: el único ex CNU con orden de captura permanece prófugo.
La CNU nació en La Plata. En 1969 llegó a la UCA de Mar del Plata. “Respondió a las inquietudes de los estudiantes peronistas que mancomunaron esfuerzos para rescatar la universidad asaltada en 1955 por la trenza del reformismo liberal marxista”, explicó uno de sus miembros en una entrevista de 1971 citada en Luna Roja, una investigación del abogado Carlos Bozzi. Adrián Feijó, que se abrió de la CNU en 1971, explicó que hasta entonces “respondía a la conducción estratégica de Perón y Rucci. Por desviaciones posteriores se la considera un movimiento parapolicial, oculto, ilegal, pero cuando ingresé en 1968 era un movimiento estudiantil de centroderecha vinculado con la Doctrina Social de la Iglesia, que se presentaba a elecciones en los claustros con la lista Martín Fierro”.
El 6 de diciembre de 1971, durante una asamblea en la universidad provincial, un grupo encabezado por Juan Carlos Gómez y Héctor Corres asesinó a la estudiante Silvia Filler. Cinco miembros de la CNU fueron procesados con prisión preventiva. En mayo de 1973 quedaron libres gracias a la amnistía de Héctor Cámpora. Desde 1975, los secuestros y ejecuciones de la CNU fueron moneda corriente. Siempre con zonas liberadas por militares y policías. A partir de las declaraciones recibidas desde 2001, el TOF pedirá en los próximos días a la Justicia federal la reapertura de esas causas.
“Purificar las facultades”
Durante la última dictadura, las delegaciones de Prefectura elaboraron informes detallados en respuesta al Plan de Capacitación contra la Insurgencia Terrorista de la Armada Argentina (Placintara). Se dividían en factores, método que –según la investigación de espionaje en la base Almirante Zar– la Armada aplicó hasta el año pasado, y en teoría ya no realiza. Los informes de la delegación Mar del Plata llevan las firmas de su jefe, prefecto principal Juan Eduardo Mosqueda, que llegó a conducir la fuerza en 1985, y del jefe de informaciones, subprefecto Ariel Macedonio Silva. En junio de 1976, con el subtítulo “Factor subversivo”, apuntan que “la colaboración” de la CNU con el GADA 601 fue “indispensable para la identificación de los elementos de izquierda” y permitió “purificar las distintas facultades” de la universidad nacional.
El informe de octubre muestra la interna entre Fuerzas Armadas. Destaca “la efectividad de la Fuerza de Tareas 6” de la Armada en contraste con el GADA 601, cuyos miembros “efectuaron rastrillajes sin éxito”. Critica que “cada organismo militar actúa por su cuenta”. Destaca que “es evidente que la Fuertar 6 es la que mejor se ha movido y los resultados están a la vista”. Los resultados se medían en secuestros. Los desaparecidos para la sociedad estaban “a la vista” del subprefecto Silva. El GADA, en cambio, “no cuenta con personal capacitado en inteligencia” y “en un primer momento de esta guerra se valió de personas civiles que militaban en la Concentración Nacional Universitaria, que llegaron a actuar con total impunidad en la ciudad”. En un momento “la CNU fue dejada de lado por el GADA”, que “quedó sin la corriente informativa que las circunstancias aconsejan”. Silva no hablaba de oídas. En septiembre dejó constancia que “los efectivos de la Fuertar 6 cuentan con la colaboración de personal de esta Unidad desde que comenzaron los operativos”. Silva está denunciado como interrogador del centro clandestino que funcionó en la delegación del puerto de Prefectura. Aún está libre.
De las aulas a La Cueva
La Comisión Provincial por la Memoria, que desclasificó y gestiona el archivo de la ex Dipba, entregó este mes pruebas “que confirman la participación de civiles en el aparato represivo de Mar del Plata”, dijo su directora Ana Cacopardo. La primera, un informe de 1985 de la delegación Mar del Plata, incluye un detalle de miembros que distingue militantes de simpatizantes. Destaca a los “detenidos y procesados” por el homicidio de Filler en 1971: Horacio Luis Raya, Raúl Viglizzo, Alberto Dalmasso, Juan Carlos Gómez, los hermanos Marcelo y Beatriz Arenaza, y Eduardo Ullúa. Omite los crímenes de 1975 y dedica un párrafo al rol de la CNU: “Después del golpe de marzo de 1976, algunos colaboraron con el Ejército en la lucha antisubversiva, como (Eduardo) Cincotta, (Jorge) De la Canale, (Eduardo Salvador) Ullúa y (Mario Ernesto) Durquet. Posteriormente, y en razón de que se sospechaba eran autores de diversos delitos, comienzan a ser investigados y algunos se van del país, tal el caso de Dourquet”.
Si la Justicia investiga, es probable que la lista se agrande. Familiares de desaparecidos que fueron al GADA a entrevistarse con su jefe, coronel Pedro Barda, vieron a Ullúa y a Cincotta. Uno los vio “con carpetas debajo del brazo en la oficina de Barda”. Otro vio a Cincotta “con uniforme de fajina”. Un sobreviviente dijo que lideraba el grupo que lo secuestró. Cincotta fue secretario general de la universidad provincial, que desde 1975 es nacional. Allí gestionó las contrataciones como personal de seguridad de sus compañeros de la CNU: Ullúa, Durquet, Carlos “Flipper” González, Fernando Delgado y otros. Sus contactos con el Servicio de Inteligencia Naval le permitieron seguir en la universidad tras el golpe. Renunció en mayo de 1976. Luce en su estudio una distinción del Ejército por servicios “en la lucha contra la subversión”.
Testigos del Juicio por la Verdad vinculan a la CNU con el asesinato de María del Carmen Maggi, decana de Humanidades en la UCA, que tras el asesinato de Filler había expulsado al núcleo duro de la CNU. Maggi era mano derecha del obispo y rector honorario, Eduardo Pironio. Se discutía la unificación de la universidad provincial con la Católica. Los primeros pretendían que dejara fuera de carrera a docentes y no docentes de la UCA. Pironio y Maggi se resistían. Coca Maggi fue secuestrada el 10 de mayo de 1975 por jóvenes que se movilizaban en siete autos. La CNU repudió el secuestro para alejar sospechas, pero sus adherentes coparon ambas universidades y la Iglesia envió a Pironio a un destino seguro: Roma. Al mes del secuestro, el fiscal Gustavo Demarchi admitió que tenía “implicancias políticas”, pero dictaminó el sobreseimiento de la causa. Demarchi era coordinador académico de la universidad que empleaba a los CNU y Ullúa era oficial segundo de su fiscalía. El cadáver de Maggi apareció el 23 de marzo de 1976 enterrado en Mar Chiquita. Testimonios recogidos por el TOF sindican a Durquet, hoy radicado en La Plata, como autor material de su muerte.
Los muchachos
Eduardo Brito vio a Ullúa mientras esperaba con su padre que lo recibiera el mayor Alfredo Arrillaga, jefe de inteligencia del GADA. La patota del Ejército había dado vuelta su casa. El mayor lo interrogó y ordenó: “Hace pasar a los muchachos”. No pudo verlos, pero reconoció la voz de Ullúa. Arrillaga le informó que quedaba bajo libertad vigilada, pero debía presentarse todas las semanas. Al jueves siguiente vio a Ullúa bajar de un Falcon. “Soy personal civil afectado a tareas de inteligencia del Ejército”, le confió. Se conocían del barrio.
El suboficial retirado Orestes Vaello, que en 1973 saltó de la CNU al Batallón de Inteligencia 601, denunció que el “jefe del comando” de esa agrupación en Mar del Plata era Ullúa, en 1984 “propietario de la agencia de investigaciones Oasis, subsidiaria de Magíster, a la cual considera por pruebas que posee como cabecera de la Triple A”. Vaello adjudicó a la CNU el secuestro de Jorge Toledo en 1976. Su madre declaró que se lo llevó “un grupo de civiles al mando de Arrillaga” y que su destino fue La Cueva, el centro clandestino del GADA. En 1996, Ullúa fue condenado a 17 años de prisión por contrabando de drogas en la Operación Langostino. Su desconoce su paradero.
Durante un asado entre policías y sindicalistas en el destacamento 9 de Julio de la policía bonaerense, donde estaba secuestrado, Oscar González se encontró con el abogado Jorge de la Canale.
–¿Qué hace usted en esta comisaría? –preguntó González.
–Yo acá tengo amigos.
De la Canale defendió a Carlos Monzón en la causa por el asesinato de Alicia Muñiz, encabezó la organización de los Juegos Panamericanos en 1995 y dirige la Asociación Marplatense de Atletismo. La última vez que Barda fue trasladado a Mar del Plata lo visitó en la Policía Federal.
La conexión
El 22 de enero de 1980, al allanar un departamento, agentes de la policía bonaerense encontraron 16 panes de trotyl, detonadores, 6 metros de mecha y fotos de miembros de la CNU. Pronto supieron que un ex empleado de la inmobiliaria que debía alquilarlo, Juan Carlos Defalco, le había prestado las llaves a su amigo Luis Felipe Colombino. Ante la sospecha de que era “confidente del GADA” le informaron al Ejército que iban a arrestarlo. Colombino explicó que era dueño del salón de bailes Patio de Tango, donde trabajaba como vigilante “el sargento Castillo”, quien hasta 1979 se desempeñaba en la sala de armas del GADA. Castillo le pidió que lo guardara “para hacer un desmonte”.
La Dipba asentó que el jefe de subzona 15, coronel José Caridi, envió a su segundo al Cuerpo I para pedir instrucciones, “ya que el detenido es `colaborador’ de los mismos”. El enviado volvió con la orden de pedir las actuaciones y el detenido para “proseguir las averiguaciones”, que allí murieron. La publicación del hallazgo de “armas y explosivos” que “pertenecerían a un grupo subversivo” obligó al comando a desmentirlo. “El hecho no está vinculado con la subversión”, informó. El comunicado no aclaró que el tenedor del trotyl era un buchón de la CNU.
El informe de la Delegación Regional dejó asentado que Colombino y sus socios en Patio de Tango eran miembros de la CNU que con “otros jóvenes” tuvieron “especial actuación en la lucha contra el terrorismo y la subversión (...), lo que evidentemente los coloca en una relación cierta con elementos de las fuerzas legales, particularmente con hombres del Ejército. Estriba allí entonces la confianza que se exterioriza entre Colombino y Castillo (...) a tal punto que retira del lugar explosivos y otros efectos”. Uno de los dos socios era Osvaldo Forese, apodado “Paquidermo”, miembro de la banda de Aníbal Gordon que actuó en el centro clandestino Orlett. Forese murió en 1999. El segundo era Eduardo Ullúa, el asistente del fiscal Demarchi.





OPINION
Trelew


Por Juan Schjaer
¿Cuántas muertes nos hubiéramos ahorrado todos los argentinos si las prisiones preventivas dictadas la semana pasada por el juez federal Hugo Sastre contra los responsables de la Masacre de Trelew hubieran sido dictadas el mismo 22 de agosto de 1972? Es difícil responder, pero seguro que muchas, miles. Porque, para mi generación, la impunidad de aquella masacre fue determinante cuando debíamos decidir qué hacer, cuando tuvimos que decidir si mirábamos hacia otro lado o nos incorporábamos a alguno de los movimientos políticos vigentes, independientemente del compromiso que estuviéramos dispuestos a asumir. Del compromiso y de los riesgos que, por cierto, no dependían de nosotros. En mi caso, los fusilamientos de Trelew terminaron con la felicidad de nuestra casa familiar, un ambiente muy politizado pero siempre pacifista, por donde habían pasado intelectuales, artistas, militantes políticos de distintos partidos, con nombre y apellido verdaderos, con trayectorias públicas reconocibles, cargados de historias que el tiempo transformó en leyendas.
El bombardeo a Plaza de Mayo pertenecía a la historia, era parte de la leyenda urbana, tenía algo de irreal para los adolescentes que en 1972 teníamos 16 años. Los fusilamientos de Trelew, en cambio, eran una canallada que se podía sentir en carne propia, eran una amenaza. Y cualquiera de nosotros se podía identificar fácilmente con cualquiera de los jóvenes que habían intentado escaparse de la cárcel de Rawson una semana antes de que los fusilaran. Envidiábamos la tranquilidad con la que se habían entregado luego de perder el avión que los hubiera llevado a la libertad, la convicción con la que actuaban.
En aquel entonces yo me devoraba toda la prensa política que caía a mis manos y, aunque confieso que me costaba creer, ya en aquel entonces, que fuéramos capaces de torcer el rumbo del mundo, no podía dejar de sentirme solidario con aquellos militantes que habían sido fusilados por un puñado de cobardes.
De a poco fueron llegando a casa algunos militantes relacionados con la tragedia. Un viudo, la hermana de una de las mujeres asesinadas, que no usaba corpiño (ante mi ingenuidad, siempre repetía “el que no conoce que aprenda y el que conoce que admire”), el abogado de uno de ellos, y de a poco todos nosotros fuimos reemplazando a nuestros antiguos amigos por otros, nuestras fantasías de estudio y de progreso profesional por otros proyectos, y aprendimos a crecer con la sombra y la amenaza de Trelew sobre nuestras conciencias.
Cuántas vidas nos hubiéramos ahorrado si las prisiones dictadas hoy contra los asesinos de aquel entonces se hubieran decidido en el momento adecuado, estableciendo una barrera infranqueable entre el bien y el mal, entre lo justo y lo injusto. Es verdad que ni la democracia ni los derechos humanos pertenecían a nuestro universo político, pero si en algún momento hubiéramos recibido desde el Estado alguna señal inequívoca de justicia, otra hubiera sido nuestra historia, y mejor. Quizás haya sido necesario el sacrificio de gran parte de una generación para que el juez Sastre hoy pueda dictar estas prisiones. Ojalá no haya sido en vano. Ni la muerte de mi hermana Soledad, ni la de su marido, ni la de Liliana Lesgart, que no usaba corpiño y que me permitió soñar durante diez años de cárcel con un amor redondo y completo.




LA HISTORIA DE UNA MUJER DESAPARECIDA DURANTE LA DICTADURA EN SANTA FE
Alicia, la descendiente del Brigadier

Militante de las Ligas Agrarias, Alicia López -descendiente directa de quien fuera gobernador de la provincia, Estanislao López- fue secuestrada por una patota civil el 21 de octubre de 1976 en Santa Fe. Por este caso, el represor Facino acaba de ser procesado por la justicia.


El frente de la tétrica comisaría 4ª de la ciudad de Santa Fe.
Subnotas
Un día en la Cuarta
El ritual de la muerte

Por Alicia Simeoni
"Era una mujer mínima, apenas superaba el metro 50 de altura y los 40 kilos de peso, hablaba poco pero se expresaba mucho por escrito y tenía la capacidad de ser necesaria y pasar desapercibida". Una síntesis apretada y muy significativa que María Isabel Rodríguez, la hija mayor de la militante de las Ligas Agrarias Chaqueñas, Alicia López, ensaya con la voluntad común de algunos de quienes la conocieron para que no la desaparezcan otra vez. Muy poco se contó sobre Alicia López, víctima del represor Mario José Facino cuando estaba al frente de la tétrica comisaría 4ª de la ciudad de Santa Fe. Ahora acaba de ser procesado por el juez federal Reinaldo Rodríguez como responsable de supuesta privación ilegítima de la libertad, tormentos, encubrimientos y homicidio sobre Alicia López quien fue secuestrada con la violencia propia de las patotas civiles el 21 de octubre de 1976. Más de un año antes habían detenido a su esposo, Luis Juan Rodríguez, hoy juez provincial en la capital santafesina y así quedaban tres niños atravesados por la ausencia de la madre, a quien no volverían a ver, y del padre que estuvo siete años a disposición del Poder Ejecutivo Nacional y la mayor parte del tiempo en el penal de Rawson. Esta es la primera vez que tres de sus familiares más directos la recuerdan en forma pública, quien fue su esposo, su hija mayor y la cuñada que crió a sus hijos. Alicia López ensayó una de las formas más interesantes de comunicación popular. Lo hizo en la provincia del Chaco a través del periódico El campesino, donde los obreros del algodón planteaban sus posturas y aunque Alicia editaba las notas ellos podían reconocerse en esos escritos. Una forma también de aprovechar de una publicación la posibilidad que brinda para la organización de los diversos sectores. Pero también tenía pasión por la literatura y cuando trabajaba como docente en escuelas medias se esforzaba por elevar el nivel de comprensión y conocimiento de un medio difícil y que no había tenido buenas posibilidades como el agrario chaqueño.
Alicia fue una militante consecuente, que deseaba una sociedad más justa y por eso fue secuestrada y asesinada cuando sus tres pequeños hijos tenían 7 (María Isabel), 5 (Cecilia) y 3 años (Luis Estanislao). Su desaparición fue denunciada por José Schulman, hoy presidente de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre ante el juez español Baltasar Garzón (ver aparte).
Alicia y Luis Juan se fueron desde Santa Fe al Chaco para trabajar junto al obispo Italo Distéfano. El ya era abogado y ella se recibió por ese tiempo de profesora de letras. El primer destino fue Tres Isletas, una localidad a 50 kilómetros de Presidencia Roque Saénz Peña donde nació María Isabel. Los dos venían del catolicismo, y justamente Distéfano y la Iglesia Católica eran en Chaco la caja de resonancia de los padecimientos y angustias de los sectores campesinos que trabajaban en las distintas tareas relacionadas con el sector algodonero.
Luis Rodríguez contó a este diario que el obispo Distéfano lo había llamado a colaborar y así se relacionaron con las Ligas Agrarias, uno de los movimientos sociales más importantes y con fuerte inserción entre el sector de base que lo componía. Alicia daba clases en el secundario y hacía profundos esfuerzos por elevar las posibilidades educativas de sus alumnos, despojados de muchísimos derechos.
El juez Luis Juan Rodríguez recuerda que no era fácil en una sociedad agraria y con muchas necesidades hacer conocer los pensamientos más avanzados. "Ella -dice- tenía mucha iniciativa... Recuerdo que utilizaba un poema de Jorge Luis Borges con los alumnos de los primeros años del secundario". Se refiere a "El general Quiroga va en coche al muere": El madrejón desnudo ya sin una sed/ y una luna perdida en el frío del alba/ y el campo muerto de hambre, pobre como una araña..."
"Alicia no quería nada extraño, quería más justicia, que el mundo fuera mejor. Deseaba todo aquello en lo que piensan las personas con ideas de transformación y cambio", relató a Rosario/12 quien fue su esposo y padre de sus tres hijos, María Isabel, Cecilia y Luis Estanislao. Alicia López era descendiente directa de quien fuera gobernador de la provincia, el brigadier Estanislao López.
Cuando en abril de 1975 detuvieron a Luis Rodríguez lo llevaron a la alcaidía de Resistencia y en enero de 1976 lo trasladaron al penal de Rawson. Alicia quedó sola en Sáenz Peña con los tres niños.
María Isabel Rodríguez, su cuñada y homónima de la hija mayor, cuenta que trajeron a Alicia con los chicos a la ciudad de Santa Fe. Esta mujer que ahora tiene 70 años y es hermana de Luis Juan Rodríguez se interrumpe acongojada cuando habla con este diario y recuerda la terrible noche en que Alicia fue secuestrada. En esos días todos vivían en su casa y como no había lugar para que durmieran allí, Alicia lo hacía en la casa de sus suegros, cercana, con el niño menor, de tres años, Luis Estanislao.
Una patota de civil, hombres jóvenes de jeans y zapatillas, rodearon la casa de María Isabel Rodríguez que estaba casada con Alan López. Cuando comprobaron que la militante de las Ligas no estaba allí fueron hasta la vivienda de los suegros: "Buscaron hasta debajo de la cuna del niño, Alicia no tenía nada y allí se la llevaron, primero creíamos que al Tiro Federal, después nos enteramos que estaba en la 4ª".
María Isabel contaba con una cierta solvencia económica y llevó adelante la crianza de sus tres hijos y de los tres de Alicia y Luis: María Isabel de 7, Cecilia de 5 y Luis Estanislao de 3 cuando su madre fue secuestrada.
Alan Rodríguez, cuñado de Alicia, había sacado a pasear a los perros ese 21 de octubre de 1976 cuando la patota llegó al lugar. Uno de esos hombres apuntó al pecho de María Isabel, vestida con camisón, porque creía que era Alicia, y le sacó el seguro al arma.
"A Alicia alguien la entregó", comenta la hermana del juez Rodríguez, porque cuando fueron a buscarla a la casa de sus suegros ella identificó a una de las personas y le dijo: "¿Qué hacés vos acá?".
El juez Rodríguez que trazó una semblanza de quien fue su mujer contó que ella tenía una salud muy delicada, sus defensas estaban bajas casi siempre y de allí que era frecuente que contrajera procesos infecciosos.
"La deben haber sometido a tantas torturas que no lo pudo soportar", dice su cuñada que también aclara que ella no estaba de acuerdo con el pensamiento de su hermano Luis Juan ni de Alicia "pero no podía ser que los persiguieran y mataran por pensar distinto o por el terrible 'algo habrán hecho'". Parece grande el mérito de esta mujer que recibió rechazos, cuestionamientos y abandonos de una parte de la pacata, indiferente y tradicionalista sociedad santafesina.
María Isabel Rodríguez recuerda que trataron de mover todas las relaciones por la vida de su hermano que ya estaba en Rawson y por Alicia, entre ellos al obispo Distéfano "que me contestó que ya no tenía nada que ver con las Ligas... Nunca nos habló, ni siquiera por teléfono para confortarnos espiritualmente", dice.
La hija mayor del matrimonio Rodríguez, María Isabel, hoy abogada, era muy pequeña. Tenía siete años pero los dos últimos los había vivido en el medio del terror de la detención de su padre. Y cuenta -antes lo había hecho su padre Luis- que las Ligas Agrarias Chaqueñas, una organización que todavía perdura, tenía un periódico de circulación interna llamado El campesino del cual su madre era editora. "En esa publicación muchas cosas las escribían los mismos campesinos, la mayoría con poca instrucción... Cuentan que mi madre tenía la habilidad de tomar sus notas, corregirlas y redactarlas de tal forma que los que las habían escrito se reconocían en ellas y podían decir 'la hemos hecho nosotros mismos'. Tenía esa capacidad de ser necesaria y pasar desapercibida al mismo tiempo. Era una mujer de estatura baja, pesaría unos 40 kilos, hablaba poco, todos los que la recuerdan, y yo misma, digo de ella que era de pocas palabras. Pero se expresaba mucho por escrito. Su voz me ha llegado a través de largas cartas en las que se explayaba y contaba su mirada de la realidad. Ella tenía 30 años cuando fue secuestrada y yo 7. Fue tanta la violencia de su muerte, que hoy otra vez el papel prensa parece hacerla desapercibida detrás de ese 'nosotros' de las víctimas de la dictadura. Quizás ella levanta su voz mínima a través mío, que igual que ella, me expreso mejor por escrito y por carta".



En Tucuman, Sassi presenta renuncia a la Suprema Corte
Vocal por dos días
Como adelantó Página/12, el ex fiscal de la dictadura Francisco Sassi Colombres confirmó que hoy dimitirá a la vocalía de la Corte provincial. La Legislatura había acordado su designación el viernes.



Para el gobernador, Sassi Colombres es “un hombre de bien”.
Imagen: DyN



Finalmente, el gobernador tucumano José Alperovich debió dar marcha atrás en la designación de Francisco Sassi Colombres como vocal de la Suprema Corte de Justicia provincial. Sassi Colombres fue funcionario de la última dictadura militar y –como informó este diario– Néstor Kirchner le recordó a Alperovich que el PJ reiteró su compromiso con los derechos humanos. Así, en tan sólo un fin de semana, el ex secretario de Gobierno y Fiscal de Estado designado por el interventor militar Antonio Merlo en 1982 debió resignarse a anunciar que hoy presentará formalmente la renuncia. El gobernador, por su parte, insistió en que Sassi Colombres “es un hombre de bien” y negó haber recibido presiones del gobierno nacional.
El viernes, tras la aprobación de su pliego en la Legislatura provincial, Sassi Colombres abandonó su cargo de Fiscal de Estado (pasados los años, Alperovich lo nombró nuevamente en el mismo cargo que Merlo), ya que tenía previsto asumir en la Suprema Corte este miércoles. Pero la situación alcanzó estado público, los organismos de derechos humanos levantaron la guardia y el gobierno se vio forzado a dar explicaciones. “Ante la repercusión en los medios nacionales, el doctor (por Sassi Colombres) me dijo que iba a renunciar porque privilegiaba el proyecto de gobierno antes que las apetencias personales”, aseguró Alperovich, para después añadir: “Eso habla de su hombría de bien. Es un gesto de grandeza que yo valoro mucho y celebro”.
Rodeado, Sassi Colombres le habría informado al gobernador de su renuncia el viernes por la noche. Se esperaba que el ex funcionario alegara razones de salud para explicar su dimisión. Pero, según publicó el diario La Gaceta, nada de eso ocurrió: “Tengo muy claro que intereses por todos conocidos han tratado de desprestigiar injustamente a mi persona durante los últimos días usando los métodos ya conocidos, la infamia y la calumnia”, contraatacó. Hombre del riñón del gobernador, el secretario de Derechos Humanos de la provincia, Daniel Posse, se limitó a señalar en conversación con Página/12 que “ahora hay que sacar a los que hayan estado en la dictadura”.
Sin embargo, al ser consultado sobre si hay actualmente más funcionarios en la misma situación que Sassi Colombres, Posse titubeó: “Me da la impresión de que no...”, dijo. De fondo, pesa sobre el Ejecutivo tucumano la alianza silenciosa que mantiene con Fuerza Republicana, el partido del represor Antonio Bussi.
Para los organismos de derechos humanos, la renuncia simboliza una victoria. “Estamos muy contentos. Que no asuma es una bocanada de aire fresco para la democracia en Tucumán. Era necesario que se dé una contundente señal pública de que no se van a permitir funcionarios de la dictadura”, afirmó Valentina García Salemi, de la organización de Abogados y Abogadas del Noroeste Argentino en Derechos Humanos y Ciencias Sociales (Andhes).
Informe: Diego González.

PRESENTACION QUERELLAS CIUDADANOS URUGUAYOS DESAPARECIDOS EN POZO DE BANFIELD LA COMISIÒN DE DD.HH. URUGUAYOS EN ARGENTINA, integrantes del COLECTIVO JUSTICIA YAPresentará el día 18 de Marzo a las 11:30 hs. ante el Juzgado Federal Nº 3 de La Plata a cargodel Juez Dr. Arnaldo Coraza querellas de familiares de uruguayos desaparecidos en Pozo de Banfield y Pozo de QuilmesHacemos un llamado para contar con la presencia solidaria de Uruguayos Residentes en Argentina y Organismos de Derechos Humanos Argentinos.
Comisión de Derechos Humanos de Uruguayos en Argentina.

El país / Edición Impresa
Alberto durán, polémico asesor de Scioli y futuro ministro
Se prueba las pilchas de Stornelli

Actual juez, ex funcionario de la dictadura y amigo de jefes de la "Maldita Policía", fue nombrado al frente de un comité de notables que asesorará en Seguridad. Fuentes del gobierno bonaerense aseguran que será ministro. Repudio de diputados.

Javier Romero
17.03.2008
Segunda chance. Durán no pudo hacer pie en Seguridad durante el duhaldismo porque quiso integrar a un torturador en el staff.
Alberto Durán acaba de asumir como presidente de un comité de notables bonaerense. El juez tendrá la difícil tarea de asesorar a Daniel Scioli en Seguridad. Pero el propósito de su nombramiento va mucho más allá de una consultoría: fuentes muy cercanas al gobernador bonaerense aseguraron que estudia la posibilidad de que este ex funcionario de la dictadura y fogonero de la denominada "maldita policía" ocupe el ministerio del área, hoy a cargo del cada vez más asediado Carlos Stornelli.Durán fue convocado por Stornelli pero no por voluntad propia sino a pedido de Scioli. "Está en carpeta para el ministerio, pero por ahora no hay mayores novedades", dijeron a este diario fuentes de la gobernación de la provincia.Alberto Ramón "Tito" Durán es uno de los mas polémicos jueces bonaerenses. Integra la Sala I de la Cámara Federal de La Plata, fue profesor de la Escuela de Policía Juan Vucetich y fue amigo de quien fuera jefe de la "maldita policía", Pedro Klodczyc, ya fallecido.Durante la última dictadura, el experto que asesora a Scioli en Seguridad trabajó en el Ministerio de Gobierno, Jurisdicción 03, ítem 12, Subsecretaría de Asuntos Legislativos, Dirección de Proyectos, en calidad de agente temporario con retribución equivalente al cargo de "abogado C".A Durán se lo acusa de boicotear los Juicios por la Verdad. Se opuso, por ejemplo, al secuestro del fichero del ex secretario del vicariato castrense Emilio Graselli e intentó devolverle a Aldo Rico el archivo de inteligencia policial secuestrado por la cámara, fichero que hoy forma parte del patrimonio de la Comisión por la Memoria de la provincia.En los 80 comenzó a prestar servicios en el Poder Judicial de la provincia de Buenos Aires, también durante el gobierno de facto. Pasó de ser juez de primera instancia de Lomas de Zamora a camarista, de la mano del ex presidente Eduardo Duhalde.Allí tuvo su primer traspié cuando, al ser tentado para asumir en la Secretaría de Seguridad, tuvo que declinar el cargo por proponer como subjefe al comisario mayor Darío Delfín Rojas –torturador y represor– ascendido por Ramón Camps a raíz de su participación en el caso Graiver.Esa especial relación de Durán con la "maldita policía" provocó que los diputados kirchneristas Rosario Romero, Remo Carlotto, Héctor Recalde y Araceli Méndez de Ferreira y dos del ARI, Emilio García Méndez y Leonardo Gorbacz, presentaran un proyecto de resolución en la cámara de Diputados de la Nación, preocupados por las "profundas violaciones a la garantía de imparcialidad que debe esperarse de un juez de la Nación".En el escrito señalan que "los vínculos del Dr. Alberto Durán, integrante de la Sala I de la Cámara Federal de La Plata, con la institución policial, la cual debería ser objeto privilegiado de su control, conspiran con la posibilidad de una correcta administración de Justicia, muy particularmente en aquellas causas altamente sensibles a la problemática de los derechos humanos, que investigan crímenes de lesa humanidad cometidos por integrantes de la policía de Buenos Aires, en el marco de la represión ilegal llevada a cabo durante la última dictadura militar. Los estrechos vínculos de Durán con la policía de Buenos Aires conspiran contra la posibilidad de una correcta administración de Justicia y violan la garantía de imparcialidad".También apuntan que Durán "ha tenido una estrecha vinculación a lo largo de su carrera profesional con los cuadros operativos de la dictadura militar" y "fue miembro de su aparato tanto como funcionario de su Ministerio de Gobierno como también en cuanto miembro de su Poder Judicial, llegando a prestar tareas de evidente conformidad con el sistema represivo inconstitucional".Crítica de la Argentina lo consultó sobre algunas de sus ideas para mejorar la seguridad en la provincia. Por ejemplo, que los agentes se desplacen en bicicletas antes que en patrulleros–En una ciudad del conurbano, un patrullero tarda 20 o 25 minutos, en cambio en una bicicleta o en un ciclomotor, en 2 o 3 minutos se llega. Se trata de sentido comúm.–¿Cómo calificaría la gestión de los últimos ministros de Seguridad de la provincia?–No debemos rasgarnos las vestiduras diciendo que existe un acto de corrupción en la fuerza policial. Los actos de corrupción no acontecen en las fuerzas, los desarrollan las personas. Son individuales. Hay personas de bien y personas de mal. No se puede castigar a la institución.–¿Usted quiere decir que (León) Arslanian castigó a la policía?–No, para nada. En todo caso castigó a la gente. Si yo desarmo un hospital, no castigo a los médicos, porque van a seguir cobrando su sueldo.–¿Qué piensa de Scioli?–Tengo un gran respeto por él. No está sentado en un sillón dorado, con una varita en la mano.–¿Qué quiere decir? ¿Que no es como Felipe Solá?–No. Usted compara, yo no.–¿Lo conoce a Duhalde?–Sí, cuando era juez en lo Penal de Lomas de Zamora.–¿Cree que hay que volver a la instrucción policial?–Por supuesto. -¿Existen delincuentes incorregibles?–No. Es un absurdo. ¿Por qué me lo pregunta?–Lo dijo Stornelli.–Se equivocó. Hay veces que se nos va la boca.EL JUEZ ERA UN AMIGO DE FIERROHijo de Laureano "El Cholo" Durán, varias veces presidente de Gimnasia y Esgrima de La Plata, el juez Alberto Durán se declara fanático de los triperos. Se enorgullece del enorme vitral que adorna el frente de su casa, que tiene como emblema un yelmo, un peto y sendas espadas. Es el escudo de Gimnasia.Asiduo concurrente de la popular, en mayo de 1991, Durán fue al velatorio de uno de los capos de la barra y fue el encargado de pronunciar el responso laudatorio del caído. "Al velatorio de Fierro fuimos todos porque él era un guapo de verdad. Hace poco, él solo se encargó de colgar esa bandera que tenemos de cien metros en la Bombonera. Y hay que ser muy guapo para hacer eso solo y de noche. Por eso era muy respetado y por eso al velatorio fuimos todos, desde el ciudadano más ilustre hasta el más desconocido. Lo conocí como gimnasista, sin otras connotaciones. Y como gimnasista, me enorgullezco de haberlo tratado".Durán se refería a Marcelo Gustavo Amuchastegui, más conocido como el "Loco Fierro", antiguo líder de la barra brava tripera, quien había sido muerto por la policía rosarina en la madrugada del 28 de mayo de 1991. Lo sorprendieron robando en un barrio de las afueras de Rosario.El Loco Fierro no era un barrabrava más. En el libro Donde manda la patota, el periodista Gustavo Veiga lo señala como un conspicuo miembro de la Alianza Anticomunista Argentina, más conocida como la Triple A, el cuerpo parapolicial creado por Jose López Rega en los 70.

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