domingo, 16 de marzo de 2008

EL PRIMER JUICIO DE FILIACION POST MORTEM DE VICTIMAS DE LA DICTARURA EN LA PROVINCIA
Un largo recorrido hasta la propia identidad
Rosario/12 tuvo acceso al fallo judicial que le dará a Sebastián Berra de 32 años, la posibilidad de ponerse legalmente el apellido de su padre, Oviedo. El joven nació luego de que su padre fuera asesinado por la dictadura y recién en 1999 recuperó los restos de su papá que estaba enterrado como NN en la capital provincial.



Sebastián, su abogado Pedraza y su madre Marta Berra (con una mano en el cuello), cuando recibieron los restos de Oviedo.
Subnotas
Expedientes que durmieron en el cajón


Por Juan Carlos Tizziani
Desde Santa Fe
"Gracias por encontrar a mi viejo...". El abrazo y los ojos húmedos de Sebastián cerraban una búsqueda y un duelo que parecían eternos. Era setiembre de 1999. El no había conocido a su papá, un militante montonero que cayó en Santa Fe, el 8 de setiembre de 1976 porque nació dos meses después de su muerte, así que la madre, Marta Berra, lo había anotado con su apellido. Las investigaciones de la entonces fiscal federal Griselda Tessio (hoy vicegobernadora de la provincia) alentaban sentimientos encontrados: el dolor de recuperar los restos de su padre que habían permanecido 23 años como NN en el cementerio municipal y devolverle su identidad: Evaristo Rolando Oviedo, se mezclaba con la esperanza de recuperar también su derecho al nombre paterno. Hoy, nueve años después de aquella búsqueda del destino final, la Justicia santafesina declaró que Sebastián, que nació el 1º de noviembre de 1976, a los dos meses de la caída de Oviedo, es su hijo y ordenó inscribirlo en el Registro Civil con su apellido paterno. El fallo de la jueza en lo Civil y Comercial de la 5ª nominación de Santa Fe, Liliana Michelassi -al que tuvo acceso exclusivo Rosario/12- es el primero en la provincia en un juicio de filiación extramatrimonial post morten de víctimas de la dictadura. "Después de 32 años, Sebastián pudo recuperar su identidad paterna, un derecho humano fundamental, del que fuera privado por el terrorismo de Estado", dijo el abogado Jorge Pedraza, que patrocinó la demanda.
Oviedo apenas había superado la adolescencia cuando un grupo de tareas asaltó su casa, la noche del 8 de setiembre de 1976 y secuestró a su pareja, Marta Berra, embarazada de siete meses y a un matrimonio amigo: Pedro Guillermo Guastavino (vicegobernador de Entre Ríos hasta el año pasado cuando asumió como senador nacional) y su esposa, Liliana Ríos. "Chito" -el nombre de guerra de Oviedo- y Marta vivían en un departamento interno, en un pasillo de Aristóbulo del Valle 5050, donde compartían sueños, la edad -los dos tenían 22 años-, la militancia y la gran espera: el bebé. En el departamento del fondo estaban los Guastavino.
En los primeros días de setiembre de 1976 había comenzado una ofensiva militar en la capital santafesina. El martes 7, un grupo armado rodeó una casa de dos plantas en Martín Zapata 2526, a dos cuadras de donde vivían los Oviedo y ejecutó a dos militantes montoneros: Miguel Angel Fonseca, de 18 años, y Luis Alberto Vuistaz y secuestró a la compañera de éste, Vilma Pompeya Gómez.
A la noche siguiente, el blanco fue el pasillo de Aristóbulo del Valle 5050. El asalto comenzó entre las 10 y las 11 de la noche -recordó Berra cuando le tocó declarar ante la justicia federal en setiembre de 1999-. "Yo estaba en el patio cuando dos personas me ponen algo encima. Alcanzo a ver a los que me agarraron: uno era rubio, delgado, de tez muy blanca y cabello algo enrulado y el otro de pelo largo oscuro, con una gorra con visera para atrás y bigotes". Oviedo había quedado adentro del departamento, de donde lo sacaron muerto. Marta terminó en la parte de atrás de un vehículo, mientras en otro se llevaban a los Guastavino. "Ellos estuvieron desaparecidos varios días. A ella (Liliana Ríos) la vuelvo a ver después en la Guardia de Infantería Reforzada, donde me cuenta que en el momento del operativo escuchó un disparo en mi departamento, donde estaba mi compañero Evaristo Rolando Oviedo", relató Berra.
Un mes y medio después, en la segunda quincena de octubre de 1976, la suben en un avión junto con un contingente de detenidas que terminan en la cárcel de Villa Devoto. El 1º de noviembre, en la maternidad Sardá, en Buenos Aires, nació Sebastián. "No me dejaron inscribirlo con el apellido del padre y lo tuve que anotar con mi propio apellido", reveló Berra.
En 1999, la ex fiscal Tessio avanzó con sus investigaciones sobre el destino final de los militantes montoneros que habían sido inhumados como NN entre el cementerio de Santa Fe, en 1976 y 1977, entre ellos Oviedo, que era oriundo de Zárate, igual que su pareja. Para ello, convocó al Equipo Argentino de Antropología Forense que exhumó e identificó los restos y reveló la causa de muerte: "El impacto de proyectiles de arma de fuego en la región cefálica", dice el informe de los antropólogos. El 17 de setiembre de 1999, el Juzgado Federal Nº 1 de Santa Fe declaró que los restos hallados eran de Oviedo y ordenó entregarlos a su compañera y al hijo de ambos.
Pero aún faltaba el juicio de filiación que Sebastián -con el patrocinio del doctor Pedraza- inició el 24 de noviembre de 2000 ante el Tribunal Colegiado de Familia Nº 3 de Santa Fe, donde aportó pruebas del vínculo biológico: la sentencia del Justicia Federal que identificó los restos de su padre y un informe del Banco Nacional de Datos Genéticos -también pedido por la doctora Tessio- que confirmó la paternidad. "El señor Evaristo Rolando Oviedo tiene una posibilidad del 99,99 % de ser el padre biológico de Sebastián Martín Berra", dice el estudio de ADN.
"El alto grado de certeza que conlleva la prueba pericial y los demás elementos de pruebas agregados a este proceso me conducen a concluir que la demanda debe ser admitida. Por lo que resuelvo: admitir la demanda, declarar que Sebastián Martín Berra es hijo de Evaristo Rolando Oviedo y en consecuencia, disponer la correspondiente inscripción en el Registro Civil de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires", resolvió la jueza Michelassi.
"Este fallo nos pone muy contentos porque Sebastián puede recuperar su identidad paterna, un derecho humano fundamental, del fuera privado por el terrorismo de Estado, después de tantos años y demorado por algunas cuestiones burocráticas tan propias de los santafesinos", concluyó Pedraza.


Memoria. EL DESPIECE DEL FALCON A OTRO AÑO DEL GOLPE
Como esqueleto de dinosaurio

Un símbolo devenido en objeto artístico, como elemento central de la muestra "Autores Ideológicos", que quedará inaugurada mañana a las 19.30 en el Museo de la Memoria.



Este Falcon perteneció efectivamente a la policía.
Imagen: Alberto Gentilcore
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Ni olvido ni perdón



Por Guillermo Lanfranco
Sostenidas a metro, metro y medio del suelo, sus casi 70 piezas mecánicas y de carrocería desguazadas, blancas de toda blancura, parecen inofensivas, neutrales, como el esqueleto de un dinosaurio de museo. Hay que rearmar mentalmente ese rompecabezas para tomar conciencia de que se está frente a una de las herramientas más siniestras del aparato represivo de los `70, la que servía para perseguir, atrapar y transportar a las víctimas hacia su destino de muerte o desaparición. El Ford Falcon, surgido a principios de los `60 como el vehículo de "la familia argentina", por siempre estará asociado al terror de la dictadura. Un símbolo devenido en objeto artístico, como elemento central de la muestra "Autores Ideológicos", que quedará inaugurada mañana a las 19.30 en el Museo de la Memoria (Aristóbulo del Valle y Callao) en el marco de las recordaciones del 32º aniversario del golpe. "1976: Nuevamente la Argentina encuentra su camino. 1977: Nuevo año de fe y esperanza para todos los argentinos de buena voluntad. Ford Motor y su gente se comprometen en el esfuerzo para la realización de los grandes destinos de la Patria. Nuevamente Ford le da más", decía el aviso publicado por la multinacional estadounidense cuando la dictadura no había pasado diez meses de instaurada. Y vaya si Ford cumplía su promesa de darle más. Por esos días, los vehículos salidos de la línea de montaje de la planta de General Pacheco iban y venían al servicio de la Policía Federal y las Fuerzas Armadas. No solo eso. En la misma fábrica se había instalado un centro clandestino de detención, donde 25 empleados fueron víctimas de detenciones ilegales y torturas. AL menos uno de ellos continúa desaparecido.
A partir de estos elementos, un grupo de artistas plásticos porteños integrado por Omar Estela, Javier Bernasconi, Marcela Oliva, Marcelo Montanari, Luciano Parodi y Margarita Rocha, montaron "Autores Ideológicos", ni menos que un auténtico Falcon verde de los `70 cortado en dos mitades, desarmado en decena de piezas y todo pintado de blanco. "Es como ver un escenario histórico donde desaparecieron muchas personas, encontrarse con esa falta de respuestas, de vacío que uno relaciona con hechos del pasado", señala Marcelo Montanari, mientras plano en mano trabaja en el montaje de la obra. "Lo cortamos al medio porque queríamos que esta máquina no volviera a funcionar y lo desarmamos porque de alguna manera es como buscar respuestas a lo que pasó", agrega Javier Bernasconi.
-Impresiona ver desarmado un objeto que en su época formó parte de algo tan poderoso, es como dejar sus partes íntimas a la vista.
-M.M.: Poder debilitarlo como máquina tan acorazada, como tanque, poder verlo desmembrado como esqueleto blanco, pieza por pieza, te permite acercarte más y sentirte adentro de la máquina.
-J.B.: También lo pintamos de blanco porque no queríamos caer en el reclamo tradicional de hablar solo de las Fuerzas Armadas y justamente se llama "Autores Ideológicos" porque todavía hay una parte de la sociedad que no hizo su autocrítica. Había varios sectores como la Ford Motors, que tenía un centro clandestino dentro de la fábrica.
-El aparato represivo no sólo eran personas sino también herramientas como los vehículos para cargar la gente y secuestrarla.
-M.M.: Este era el auto de la familia argentina, que integraba un aparato social que formaba parte de ese momento histórico.
-¿Cómo reacciona la gente al ver la obra?
-J.B.: Tenemos reacciones muy diversas. Eso significa que todavía la sociedad no está reconciliada en cuanto a este tema. Hay gente que nos dice: "Muy bueno, zurditos" o "Este fue un gran auto para la Patria". Pero la mayoría muestra alivio porque podamos mostrar en estado de Derecho algo que en otro momento estuvo en manos de la represión y que ahora lo observamos y hablamos en libertad de esto.
-Además este auto es un auténtico Falcon verde de las fuerzas represivas.
-M.M.: Pertenecía a la Policía Federal, tiene la cédula, modelo '82, incluso en el baúl encontramos un uniforme, camisa y pantalón. La Federal hizo un remate y fue a parar a un desarmadero, donde lo compramos porque iba a volver a circular.
-J.B.: Estaba en la época, en el lugar y era una de las herramientas de la represión. Queríamos rescatar que esta parte de la historia, que este escenario no volviera a blanqueare en el mercado de autos y que se olvidara el significado que tiene para nosotros. Que se comenzaran a lavar esas evidencias o esas herramientas que se usaron. Incluso en el Museo Histórico del Ejército Argentino tienen un Falcon como muestra de sus armamentos. Pero para nosotros este es como el Falcon del museo del pueblo.
-La empresa Ford Motors Argentina y su casa madre nunca reconocieron su participación en la dictadura.
-J.B.: Incluso tenían publicidades donde mostraban con orgullo estar participando del "proceso". Esa imagen de la "raza fuerte" de "la máquina del futuro" que quería dar la Ford. Ellos sin dudas fueron autores ideológicos y materiales.
EL EX REPRESOR QUE ASESORA EN “INTELIGENCIA ECONOMICA” A SARKOZY Y ES VINCULO CON LOS PARA DE COLOMBIA
Talento argentino para el gobierno de Francia
Mario Sandoval hizo su aprendizaje en la nefasta Coordinación Federal y luego se “internacionalizó” como “experto”. Hizo buenos amigos entre la derecha armada de Colombia y en medios de inteligencia y universitarios franceses.



Mario “Churrasco” Sandoval en una conferencia donde fue presentado como profesor y especialista en inteligencia económica.

Por Nora Veiras
Con casi 55 años se desdibujaron los motivos que le hicieron ganar el mote de “Churrasco”. “Era buen mozo, un ‘churro’, como se decía antes”, comenta un memorioso al referirse a Mario Alfredo Sandoval, profesor de ciencias políticas radicado en París y miembro del Consejo de Defensa del presidente de Francia Nicolas Sarkozy. El currículum estelar tiene un pasado oscuro: en los setenta, como egresado de la Escuela de Policía Ramón Falcón, actuó en Coordinación Federal de la mano de represores de la talla de Evaristo Basteiro, jefe del centro clandestino que funcionaba en esa dependencia. También supo brindarle “servicios” a la Marina. El hombre viene acumulando pergaminos y hace gala de sus contactos en Colombia: como parte de la comitiva francesa llegó a integrar las negociaciones para liberar a Ingrid Betancour. Claro que perdió protagonismo porque sus “amigos” están del lado de los paramilitares y no son la mejor carta de presentación para llegar a los guerrilleros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
En 1977, Sandoval tenía como domicilio de destino Moreno 1417, séptimo piso, es decir Coordinación Federal. Con el número de legajo 1076/1163 de la Comisión Nacional sobre Desaparición de Personas (Conadep) aparece mencionado el secuestro de un estudiante de Arquitectura en el barrio de Belgrano. La familia Abriata declaró que el oficial a cargo del operativo se presentó como “Sandoval, de Coordinación Federal”. En 1976, Sandoval había sido destinado con el grado de subinspector a la Comisión de Asuntos Políticos. El jefe era el comisario inspector Evaristo Basteiro, responsable del centro clandestino que funcionaba en dependencias de la Superintendencia de Seguridad Federal, quien quedó impune por la aplicación de la Ley de Punto Final.
Reciclado
Ya en democracia, Sandoval ha tenido otras causas menores con la Justicia por defraudación y violación de correspondencia pero ha sabido reciclarse. A fines de los ochenta, como egresado de la licenciatura en Seguridad de la Universidad de la Policía Federal, estuvo entre quienes impulsaban una asociación de graduados de esa especialidad. En la Argentina, se supo poco de él hasta que en 2002 reapareció en la Escuela Superior de Guerra. Con la “chapa” de delegado de la Unión Europea para conversaciones de paz en Colombia, consiguió autorización para llevar a dos colombianos a darles un curso a militares argentinos. En medio de la exposición uno de ellos se presentó como “comandante de las Autodefensas Unidas de Colombia”, un hombre de Carlos Castaño, el jefe de las AUC. Los oficiales dieron por terminado el encuentro y al responsable de haberlo permitido casi le cuesta la carrera, porque Sandoval no le había advertido quiénes serían los expositores. Por esos años, había comenzado una campaña sucia para vincular a los grupos piqueteros con las FARC.
En un artículo publicado el año pasado, el diario El Tiempo de Colombia recordó que “el 23 de Julio de 2001, durante la presidencia de Andrés Pastrana, tuvo lugar en las llanuras del departamento de Córdoba, en Colombia, una reunión convocada por los jefes de las Autodefensas Unidas de Colombia, con el fin de ‘refundar la patria’. Tras este noble propósito se buscaba extender el poder militar de las autodefensas al orden de lo político, ubicando para ello, y mediante la financiación del narcotráfico, ciertas fichas claves en las alcaldías, las gobernaciones y el Congreso de la República. El pacto, operado entre un sector de la clase política colombiana y los jefes paramilitares, fue suscrito por ‘11 congresistas y una veintena de dirigentes regionales’, según la revista Semana. Cinco años después, uno de los políticos involucrados, Miguel de la Espriella, reveló la existencia de este pacto secreto. A partir de ese momento las investigaciones de la Fiscalía y de los medios de comunicación han llevado a prisión a 23 de los asistentes”.
El diario colombiano destacó que en la firma del pacto participaron “varios profesores de La Sorbona” con el objetivo de exponer el proyecto político de las Autodefensas. Meses después se supo que uno de los “profesores” era Mario Sandoval, el francoargentino adscripto a la Universidad de París 3 como experto en conflictos internos de América latina. El mismo policía de la dictadura argentina que eligió el estudio para seguir haciendo carrera y contactando “amigos” por el mundo.
El mensuario francés Le Monde Diplomatique publicó en mayo del año pasado un artículo de la periodista Laurence Mazure, que denuncia que “el escándalo sobre la vinculación de altos responsables políticos colombianos con el paramilitarismo, todos relacionados con el presidente Alvaro Uribe Vélez, también ha sacado a relucir los posibles apoyos internacionales de los que se han beneficiado los paramilitares. Incluyendo a Francia”. En la nota vuelve a aparecer la participación de Sandoval en la reunión con las Autodefensas y Mazure agrega otros datos sobre el versátil argentino que llegó a Sarkozy: “También está vinculado a los medios llamados de la inteligencia económica”. A finales de noviembre 2006 el sitio web de la embajada de Francia en Chile indicaba que Sandoval “universitario encargado de misión en la dirección de Inteligencia económica de la ACFCI [Asamblea de las Cámaras francesas de Comercio y de la Industria]”, fue parte de una “importante delegación alrededor de la persona de Alain Juillet –sobrino de Pierre Juillet, ex consejero del presidente Jacques Chirac–, gran patrón, próximo de los medios de la defensa, director de la Dirección General de la Seguridad Exterior, DGSE, en 2002, y nombrado recientemente por Nicolas Sarkozy como director de Inteligencia Económica en el gabinete del Primer Ministro”.
Sandoval se convirtió en un hombre de mundo. Desde 1975 empezó a recorrer distintos países de América y Europa. En 1985 conoció Colombia, donde ha sabido tejer sólidos vínculos. Gracias a sus relaciones también se lo señala como uno de los organizadores de viajes de Vladimiro Montesinos a la Argentina. En los periplos del monje negro del destituido presidente Alberto Fujimori, habría contado con la colaboración de una agente de la Secretaría de Inteligencia del Estado (Side) vinculada a la Marina.
El “argentino en París” ha recorrido un largo camino hasta recalar en el gabinete del derechista Sarkozy. La presidenta argentina, Cristina Fernández de Kirchner, se encontrará el próximo 7 de abril con su par francés. La situación de los rehenes de las FARC en Colombia, especialmente después del asesinato de Raúl Reyes, será uno de los temas de agenda. CFK se comprometió personalmente con la madre de Ingrid Betancour, la ex candidata a presidenta que lleva más de seis años en cautiverio, en hacer todo lo posible para lograr la liberación. Sarkozy actuó en el mismo sentido teniendo en cuenta la nacionalidad francesa de Betancour. Se desconoce qué hará Sandoval ese día.





CONTACTOS DEL CHURRASCO EN COLOMBIA
Un amigo de los para
Varios testimonios, algunos penales, colocan al argentino en la reunión fundante del pacto paramilitar colombiano, junto a otro argentino. Sus amistades en esta derecha armada y su libre tránsito por círculos de París.

Por Eduardo Febbro
Desde París
Hay cruces misteriosos, tan complejos como la presencia de dos universitarios argentinos de La Sorbona que oficiaron como consejeros políticos de los jefes de las Autodefensas Unidas de Colombia que son, en realidad, los paramilitares antaño dirigidos por el desaparecido Carlos Castaño y el encarcelado Salvatore Mancuso. Los dos argentinos habrían estado en la reunión de los paramilitares en Santa Fe de Ralito, cuando lanzaron lo que fue el primer manifiesto político destinado a participar plenamente en la vida política colombiana.
Los dos profesores son Mario Sandoval y Juan Antonio Rubbini Melato. Su paso por aquellos paisajes ha sido atestiguado por otros protagonistas de esta cumbre. El ex senador Miguel de la Espriella y Carlos Ordosgoitia, un alto funcionario del gobierno colombiano en calidad de director del Instituto Nacional de Concesiones, INCO. Miguel de la Espriella es una de las personalidades colombianas implicadas en el escándalo de la llamada parapolítica, es decir, los vínculos de los dirigentes políticos con los paramilitares. El ex senador fue condenado a 43 meses y 15 días de cárcel por sus lazos con las Autodefensas Unidas de Colombia, que admitió. En cuanto a Ordosgoitia, el ex director del INCO y ex gobernador de Córdoba también está acusado por la Fiscalía de “concierto para delinquir agravado” por haber participado en la cita de Ralito.
Esa reunión dio lugar al llamado “Pacto de Ralito”, que estableció una suerte de alianza secreta entre sectores políticos del Caribe colombiano y los jefes paramilitares de esa región. En el texto, se comprometían a refundar el país. De la Espriella fue muy locuaz. Además de revelar el nombre de los demás firmantes del pacto, el ex senador confirmó en su momento la presencia de los dos universitarios argentinos. Según declaró al diario colombiano El Tiempo en noviembre de 2006, los universitarios “propusieron un movimiento comunitario y político que, en cierta medida, tendría la misión de defender las ideas de las Autodefensas y conduciría al proceso de paz”. Ordosgoitia también certificó la presencia de los dos argentinos: “Expusieron una estrategia cuya meta consistía en convertir a las Autodefensas en un actor político reconocido del conflicto interno”, explicó a la Cadena Caracol el 29 de noviembre 2006.
Sandoval y Rubbini Melato tienen una trayectoria poco común y algo controvertida y, en el caso de Sandoval, poco clara en lo que atañe a su pertenencia o no a ciertos cuerpos del Estado francés o a determinadas instituciones universitarias. Sandoval fue miembro del Instituto de Altos Estudios de América Latina, IHEAL, de La Sorbonne Nouvelle, y de la Universidad de Marne-la-Vallé. Sin embargo, sus actividades más recientes lo vinculan con los medios encargados de la inteligencia económica. Rubbini Melato es un hombre muy ligado a los jefes de los paramilitares y reconoció al semanario El Espectador que había asistido a la cumbre. En 1999 comenzó a colaborar con los capos paramilitares Carlos Castaño y Salvatore Mancuso. Se lo conoce como “El Profesor” y “Rubiño”. El 25 de febrero de 2007, le dijo a El Espectador: “Yo creo que ellos hallaron en mí un interlocutor de buena fe, sin prevenciones, sin prejuicios, con quien podían hablar de una forma que no les resultaba fácil con personalidades o personajes de la vida política e intelectual colombiana. Entonces yo pienso que la inconciencia mía les sorprendió en el sentido de tener la cara descubierta y estar dispuesto a resolver sus inquietudes sin ponerles condiciones. Creo que hubo empatía mutua que se fue generando a partir de que uno ha actuado honestamente”.
Sandoval aparece en varios escenarios. A finales de 2006, en el portal de la embajada de Francia en Chile, Sandoval era presentado con el status de “un universitario encargado de misión en la dirección de la inteligencia económica de la Asamblea de las cámaras francesas de Comercio e Industria (Acfci)”. Sandoval integraba entonces una delegación presidida por Alain Juillet, hombre cercano a los círculos de la defensa francesa y que en 2002 fuera director de la Dirección de la Seguridad Exterior (DGSE), los servicios secretos. Juillet fue nombrado por el presidente Nicolas Sarkozy como director de inteligencia económica. La presencia de Sandoval en el portal de la embajada se explica por su participación en un coloquio en el Museo Militar de Santiago sobre un tema que todos los asistentes conocían muy bien, “La inteligencia económica, defensa y seguridad”. El coloquio fue organizado por Sandoval y por la Universidad Bernardo O’Higgins. Según Le Monde Diplomatique de mayo de 2007, de Colombia llegaron a Chile representantes de la ONG Verdad Colombia, que la publicación francesa identifica como una “para ONG” cuya meta consiste en “apoyar las instituciones y los sectores democráticos que luchan contra los grupos armados de ideología marxista, tanto dentro como fuera del país”.
El gran tema es saber si Sandoval es, como pretende en ocasiones, miembro de un Consejo de Defensa del presidente Sarkozy. Esto fue negado por los medios oficiales. Pero Le Monde Diplomatique en su artículo dice que junio de 2006, en un coloquio en la Maison d’Amérique Latine bajo el lema “Francia- América latina, competencia y cooperación”, Sandoval estaba presente junto Juillet y a Stéphane Witkowski, presidente del Consejo de Gestión del Instituto de Altos Estudios de América latina. Según la revista, Sandoval recibió los elogios públicos de un tal Philippe Clero, entre cuyas ocupaciones se encuentra la inteligencia económica.



La historia de Coordinación Federal

Por Carlos Rodríguez
En los años sesenta, pero sobre todo a partir del golpe que en junio de 1966 encabezó el general Juan Carlos Onganía, la Superintendencia de Coordinación Federal pasó a ser el eje de la represión política en el área metropolitana. Si en un acto político o gremial –realizados siempre en la clandestinidad– se escuchaba el grito de advertencia “vienen los de Coordina”, el desbande era inmediato. Coordinación Federal fue contemporánea y luego sucesora, dentro de la Policía Federal, de lo que durante la segunda presidencia de Juan Domingo Perón fue la “Sección Especial”, que funcionaba en la comisaría 8ª, frente al Hospital Ramos Mejía, en General Urquiza al 500, bajo las órdenes del coronel Jorge Osinde. Desde 1974 y sobre todo luego del golpe del 24 de marzo de 1976, Coordinación Federal, en el lúgubre edificio de Moreno 1417, a una cuadra del Departamento Central de Policía, fue uno de los más activos centros clandestinos de detención de la Capital Federal.
“Hacía varios días que percibía que me estaban siguiendo. Eran las tres y media de la mañana cuando me desperté con el ruido de vidrios de las ventanas que se quebraban y vi que estaban empujando la puerta de mi habitación. Me encañonó el comisario (Juan Carlos) Morales. Con él estaban (Alberto) Villar y (Luis) Margaride. Me sacaron a la terraza y la lluvia de puntapiés no terminaba más. Como tenía un taller de reparaciones de radios para hacerme un manguito, ahí mismo agarraron la punta de los cables y me picanearon. Me llevaron a Coordinación Federal y me siguieron picaneando durante dos semanas.” El relato fue hecho a Página/12 en agosto del año pasado por el uruguayo Antonio Viana Acosta, detenido en Buenos Aires el 21 de febrero de 1974. Estuvo tres meses preso y luego fue enviado al Uruguay, donde la dictadura lo tuvo en cautiverio ocho años más. En su detención participaron grupos que pertenecían a la Juventud Peronista de la República Argentina (JPRA), que lideraba en esos años Julio Yessi, mano derecha de José López Rega en el Ministerio de Bienestar Social de la Nación.
Los métodos de Coordinación Federal fueron acuñados por el comisario Alberto Villar, creador dentro de la policía del cuerpo de Guardia de Infantería. Un grupo encabezado por el propio Villar había estado, en 1969, durante la represión de obreros y dirigentes gremiales que participaron del Cordobazo, en mayo de ese año.
En materia de persecución política, Coordinación Federal ya comenzó a destacarse, junto con la Sección Especial, durante los primeros gobiernos del general Perón. Uno de sus jefes, en ese tiempo, fue el capitán Abel Rodríguez. En la dictadura militar que comenzó en 1976, su jefe más reconocido fue el coronel del Ejército Alejandro Arias Duval. Desde fines de 1975, en el edificio de Moreno 1417, se asentó el Grupo de Tareas 2, que dependía del Comando del Primer Cuerpo de Ejército, a cargo del general Carlos Guillermo Suárez Mason. La “patota” del GT-2 estaba asentada en el tercero y en el cuarto piso del edificio, que hasta hoy mantiene casi sin variantes su antigua estructura.
Los pisos cinco, seis y siete fueron utilizados como centro clandestino de detención. Los detenidos permanecían en condición de “RAF” (en el aire), es decir que sus nombres no figuraban en ninguna nómina legal de personas privadas de su libertad. También existieron muchos casos de prisioneros a los que luego se les dio el “traslado final”, como se llamaba la orden de ejecución sin juicio. Uno de los casos más conocidos fue el ocurrido la noche del 2 de julio de 1976 y en los días sucesivos. Decenas de personas fueron asesinadas a mansalva como represalia por un atentado cometido por la guerrilla contra el edificio de Coordinación Federal.
De ese asesinato en masa fue prueba el libro de entradas de la Morgue Judicial de la Capital Federal, donde en ese mes y año se elevó en forma notoria el número de cadáveres N.N. ingresados. Durante años, el total de entradas era de uno o dos cuerpos N.N. por día. Entre el 3 y el 7 de julio de ese año, el total de cuerpos llegó a 46, casi todos con la misma causa de muerte: “Heridas de bala en cráneo, tórax, abdomen y pelvis, hemorragia interna”. En todos los casos, acompañaba un informe similar: “Hallado junto con otros siete cadáveres en el interior de una playa de estacionamiento en Chacabuco 639, Capital”.
Otros 30 cuerpos aparecieron en otra ocasión en el partido de Pilar. “Uno (de los detenidos) me comentó que la noche anterior al hallazgo de 30 cadáveres en Pilar habían sacado treinta presos de Coordinación Federal” (Legajo 6976 de la ex Conadep).
“Las tres estábamos vendadas y esposadas, fuimos manoseadas durante todo el trayecto y casi durante todo el traslado. La misma persona vuelve a aparecer con alguien que dice ser médico y quiere revisarme, ante lo cual fui nuevamente manoseada sin ningún tipo de revisación médica seria. Estando medio adormecida, no sé cuánto tiempo después, oí que la puerta del calabozo se abría y fui violada por uno de los guardias.” El relato, hecho en su momento ante la Comisión Nacional Sobre la Desaparición de Personas (Conadep), es una muestra del trato que se daba a la mujeres en el centro clandestino de Coordinación Federal.
Patrick Rice, sacerdote católico irlandés que estuvo secuestrado en el mismo lugar, vio que entre las detenidas estaba María del Socorro Alonso, que fue torturada a pesar de que estaba embarazado, lo que le provocó la pérdida del bebé. “Allí me pusieron en una celda y había unos seis presos en el mismo pasillo en otros calabozos, otros cuatro muchachos en una celda grande y otras tantas mujeres en otra celda grande. Había una cruz svástica pintada en la pared del fondo (...) según me comentaron, algunos guardias abusaban de las mujeres allí” (Legajo 6976 de la ex Conadep).
El grupo central de represores que actuó en Coordinación Federal (Morales, Villar, Arias Duval) conjugaba a personeros del peronismo de extrema derecha con altos funcionarios de la dictadura militar. En 1975, antes de ser ministro del Interior de la dictadura, el general Albano Harguindeguy fue jefe de la Policía Federal y como tal, responsable de la formación del GT-2 que funcionó en Coordinación Federal. En los últimos años de la dictadura encabezada por Jorge Rafael Videla, como para tender un manto de olvido, la vieja “Coordina” recibió el nombre edulcorado de Superintendencia de Seguridad Federal, y en democracia pasó a ser Seguridad Metropolitana.

LA DICTADURA QUE QUERIA VIVIR
Curarse en salud

Kirchner comunicó a Alperovich que en el justicialismo no hay lugar para funcionarios de la dictadura. La Legislatura tucumana venía de aprobar el pliego del ministro de la Suprema Corte Francisco Sassi. Razones de salud le impedirán asumir. En cambio, Jaque mantiene en Mendoza al discípulo de Seineldín, Carlos Rico Tejeiro, pese a los mensajes de CFK, Kirchner, Alberto y Aníbal Fernández y Juan Mazzón. Cristina suspendió el envío de 40 millones de pesos a Mendoza para seguridad.
Subnotas
Cama y comida
Tercer Reich
El juego de las internas


Por Horacio Verbitsky
El viernes por la tarde la legislatura tucumana dio el acuerdo para la designación como miembro de la Suprema Corte de Justicia provincial del ex Fiscal de Estado de la dictadura Francisco Sassi Colombres. Dos horas después el ex presidente Néstor Kirchner le comunicó al gobernador José Alperovich que el Congreso del Partido Justicialista había reiterado el compromiso con los derechos humanos y negado a sus violadores la posibilidad de integrarlo. Alperovich descubrió que Sassi Colombres tenía problemas de salud que no le permitirían asumir el cargo, lo cual hace aconsejable un análisis a fondo de los candidatos, incluyendo su pasado y su estado psicofísico. En cambio, los gobernadores de Mendoza, Celso Jaque, y de San Luis, Alberto Rodríguez Saa mantienen a cargo de la seguridad en sus provincias al comisario Carlos Rico Tejeiro, entrenado en secuestros y asesinatos por Mohamed Ali Seineldín, y al coronel Guillermo Gustavo López, quien reivindicó en público el Operativo Independencia y está procesado por robo. Rodríguez Sáa está fuera del control político y partidario del gobierno nacional, pero lo contrario ocurre con Jaque, quien tarde o temprano tendrá que seguir el mismo camino que Alperovich, pero luego de un gran desgaste producto de su empecinamiento.
Jaque perpetuo
Jaque resiste la remoción de Rico Tejeiro, pese a los mensajes coincidentes que le transmitieron la presidente CFK, el ex presidente Néstor Kirchner, el jefe de gabinete Alberto Fernández y el ministro de Justicia, Derechos Humanos y Seguridad, Aníbal Fernández, quien le habló luego de leer un lapidario informe de la Secretaría de Derechos Humanos de su cartera, cuya existencia Jaque ha desmentido, pero del que guarda copia el ministro. Su explicación es que gobierna en alianza con el Partido Demócrata, cuyo líder Juan Carlos Aguinaga es el ministro de Seguridad que designó a Rico Tejeiro y a otros policías incriminados por su actividad en la represión. El gobernador cree que la salida de Rico lo mostraría vulnerable frente a la oposición, formada por el radicalismo del vicepresidente Julio Cobos y por el kirchnerismo de la senadora Marita Perceval y del diputado nacional Jorge Alvaro, El Pampa, que compartió la militancia con Kirchner en La Plata. Alvaro fue uno de los treinta y cinco diputados que la semana pasada firmaron una declaración en la que reclaman la renuncia y el enjuiciamiento de “los torturadores y sus profesores” y contrastan el avance de las causas por los crímenes de la última dictadura con estos nombramientos. Otros diputados kirchneristas firmantes fueron Victoria Donda, Remo Carlotto, Héctor Recalde, Edgardo Depetri, Vilma Ibarra, Ariel Basteiro, Turi Perié, Juan Carlos Gullo y Adela Segarra.
Jaque sobrevalora el único apoyo nacional con que cuenta, el del manipulador político Juan Carlos Mazzón, el mismo que sostuvo su candidatura. Eso lo alentó a declarar que “el gobernador soy yo y mi compromiso con la seguridad es innegociable”. Bajo la influencia de Mazzón, Jaque ha favorecido diversos negocios del empresario petrolero José Luis Manzano, quien se ha curado de su cleptomanía regia. Luego de ser electo presidente del justicialismo Kirchner transmitirá en público a Jaque lo que le ha hecho saber en privado y lo mismo que le dijo a Alperovich: en ese partido que se propone renovar y convertir en eje de una convergencia pluralista y comprometida con los derechos humanos no hay lugar para quienes amparan a sus violadores. Por lo pronto, la presidente CFK suspendió el envío de 40 millones de pesos a Mendoza para equipamiento de seguridad y no firmará ninguna partida mientras el comando de Seineldín siga en su cargo.
Voces de ultratumba
La parálisis de Jaque, que no ha podido dedicarse a otra cosa en tres meses, abre espacio para que avancen los procedimientos judiciales. En la Legislatura no se alcanzaron los dos tercios necesarios para remover a Rico, pero la fiscal María Gloria André pidió al juez federal Walter Bento que lo procesara por su participación en crímenes de lesa humanidad y que acumulara el caso a los que ya están en trámite. Bento hizo lugar a la realización de las pruebas solicitadas por la fiscal.
Nuevas incriminaciones en contra de Rico se originan en dos colegas muertos. Uno es el ex Jefe del Departamento D2 de la Policía de Mendoza, Pedro Dante Sánchez Camargo, quien involucró en el secuestro, torturas y de-saparición de personas a la unidad formada por Rico, el Centro de Instrucción Contrasubversivo. El 9 de febrero de 1976 el delegado sindical y militante montonero de la Comisión Nacional de Energía Atómica Miguel Angel Gil fue detenido en su domicilio por dos policías de civil. Sus padres acudieron a la sección de inteligencia, D2, donde le dejaron ropa y supieron que como consecuencia de las torturas tenía una herida muy grave en una pierna y una infección generalizada. Trasladado a la Penitenciaría Provincial, murió el 22 de febrero, de lo que informó la prensa local. Se inició entonces una causa por apremios ilegales. Varios presos políticos que pasaron por el D2 declararon ante el juez Gabriel Guzzo haber sido secuestrados, vendados, torturados a golpes y con picana para que firmaran declaraciones autoincriminatorias. A pedido del fiscal federal Otilio Roque Romano el Juez Guzzo archivó la causa, porque dado el tiempo transcurrido no había forma de comprobar los apremios. Según Sánchez Camargo, en los secuestros de entonces participaron 84 hombres de distintas unidades, entre ellas la de Rico Tejeiro. Identificó a las víctimas de esos operativos con nombres de encubrimiento, entre ellos Nicolás. Ése era el que usaba Jorge Vargas Alvarez, quien vivía con su esposa y un matrimonio: Juan José Galamba y Alicia Morales de Galamba. Los cuatro fueron secuestrados en un mismo operativo en junio de 1976, cuando Rico Tejeiro ya integraba el Centro de Instrucción Contrasubversivo, según la nota que el 26 de julio de 1976 dirigió el jefe de la Policía Federal, general Edmundo René Ojeda, al de Mendoza, vicecomodoro Julio Santuccione. Estos datos coinciden con el testimonio de Alicia Morales ante el Juzgado Federal de Mendoza: en junio de 1976 reconoció a Carlos Rico Tejeiro en los pasillos del D2.
El otro acusador de ultratumba es Jorge Aldo Cornejo, un oficial subinspector mendocino que formó parte del Grupo Especial Mundial 78 de Rico Tejeiro. Murió en mayo de 1978 durante la instrucción. La prensa de la época informó que había sufrido graves heridas durante el entrenamiento, o que se había accidentado y que murió por las “lesiones recibidas”, que ningún diario describió. Sin embargo, el certificado de defunción consigna como causa de la muerte “destrucción de masa encefálica”. Su hijo homónimo, que entonces tenía cuatro años y ahora ha presentado una denuncia judicial, sostiene que la destrucción de masa encefálica fue provocada por un disparo en la cabeza. Por la reconstrucción que hizo entre diversos compañeros de Cornejo, entre ellos varios familiares que también eran policías, Cornejo (h) supo que su padre acababa de pedir su separación del Grupo Especial, en discrepancia por el tipo de operaciones antisubversivas que realizaban. Una hermana del oficial muerto y tía del denunciante fue cesanteada de la policía cuando intentó averiguar más detalles sobre lo sucedido.
Record tras record
En el tiempo record de una semana el gobernador de Tucumán José Alperovich consiguió colocar como juez de la Suprema Corte de Justicia provincial a Francisco Sassi Colombres. Sassi fue Secretario de Gobierno y Fiscal de Estado durante la dictadura, designado por el interventor militar, general Antonio Merlo (aquel que en 1983 intentó disolver una manifestación pistola en mano). Alperovich ya lo había nombrado en el mismo cargo que Merlo, Fiscal de Estado. Envió su pliego a la Legislatura el viernes 7 y obtuvo el acuerdo constitucional el viernes 14, sin ningún escrutinio previo de sus antecedentes. El procedimiento fue fulminante: cuando el gobierno nacional quiso averiguar qué eran esas versiones sobre un funcionario de la dictadura en la Suprema Corte, Sassi ya había sido confirmado por el Senado. Entonces Kirchner habló con el gobernador Alperovich y Sassi batió su propio record. En apenas unas horas descubrió que su estado de salud no le permitiría asumir. Era el segundo funcionario de la dictadura que llegaba a la Suprema Corte. El otro es René Mario Goane, designado por el mismo interventor militar que nombró a Sassi Colombres. Al defender su desempeño de aquellos años, Sassi pretende que fue un interlocutor con los partidos políticos para ayudar en una “transición ordenada a la democracia”. Concluida la dictadura, el gobernador Fernando Riera los cesanteó a ambos, que instalaron un estudio jurídico en la calle Rondeau 284 de San Miguel. Allí, Sassi actuó en varias causas como abogado del ex dictador Domingo Antonio Bussi. Un ex empleado del estudio, entrevistado para esta nota bajo condición de anonimato, contó que había una habitación cerrada, de la que sólo tenía llave Sassi Colombres. En 1984, cuando empezó a actuar la Conadep, Sassi le pidió ayuda para llevar al campo y quemar las cajas que había en esa habitación. “Contenían listas de personas que habían hecho desaparecer”, afirma el ex empleado.
En la comisión parlamentaria de Peticiones y Acuerdos que trató el pliego, el legislador radical José Cano le preguntó qué opinaba sobre la dictadura y los crímenes de lesa humanidad. Sassi Colombres respondió que él era “un hombre de la democracia”, admitió que como abogado nunca denunció violaciones a los derechos pero dijo que no hubo desapariciones durante su gestión en el gobierno militar. Explicó que era una persona dialoguista y que “una vez que esté en la función, todo lo pasado desaparecerá”. En la Nación rige el decreto 222/03, que establece entre los requisitos de idoneidad para ser juez de la Corte Suprema el compromiso con la defensa de los derechos humanos y los valores democráticos. Habría que extenderlo a todo el país y agregarle un examen psicofísico.
Al por mayor
Alberto Rodríguez Saá designó como ministro de Seguridad al coronel Guillermo Gustavo López, quien antes había sido director del Servicio Penitenciario. López se jactó de haber participado en el Operativo Independencia, en Tucumán. Por su actuación penitenciaria está procesado por robo. Un hombre fue sorprendido al robar una moto y antes de entregarse pidió que llamaran a López, quien le había dado un permiso de salida, cuya legalidad analiza ahora la Justicia. El funcionario dice que fue por orden judicial. En San Luis hay otros seis militares que hicieron su carrera durante la dictadura designados por el actual gobierno. Contra ellos no pesan denuncias por actos cometidos en la represión. Pasado mañana el gobierno provincial comenzará la conmemoración del golpe de 1976 con un depósito de libros hasta cubrir las escalinatas de la Legislatura. Al anunciar el acto, el vicegobernador Jorge Luis Pellegrini rindió homenaje a Rodolfo Walsh y al Semanario CGT que dirigió. Pero cuando el periodista de Radio Nacional, Wences Rubio, le preguntó si además de repudiar los crímenes de la dictadura el gobierno había consultado los antecedentes del ministro de Seguridad, Pellegrini se negó a contestar, por respeto “al espíritu de esta convocatoria, sin juzgar esta cuestión, que tanto nos sigue doliendo a los argentinos, como es el 24 de marzo”.







EL EX COMISARIO JORGE “EL FINO” PALACIOS DETRAS DE LOS UNIFORMADOS QUE IMAGINA MACRI
Una policía finísima
El jefe de Gobierno porteño se apresta a dar a conocer su proyecto para la policía porteña. El Fino Palacios, desplazado en 2004 y ex jefe de seguridad de Boca Juniors, busca hacerse un lugar en la nueva fuerza de seguridad. Lo acompañan William Godoy, delegado del FBI en la Argentina, y Ross Newland, ex jefe de la CIA en Buenos Aires.


Por Nora Veiras
La seguridad es una de las obsesiones de Mauricio Macri. Sabe que para sus ansias de poder es crucial resolver el tema. Su electorado no le perdonaría esa falla. Ante el fracaso de las negociaciones con la Nación para conseguir el traspaso de la policía con el financiamiento garantizado, el jefe de Gobierno porteño anunció que creará su propia fuerza del orden. Esta semana presentará el plan y el proyecto de la Academia para formar a los futuros agentes. Detrás de esa formalidad se está librando una batalla por el manejo de la información y de los negocios. Personajes de la talla del ex comisario Jorge “El Fino” Palacios, quien fue desplazado por el ex presidente Néstor Kirchner de la cúpula de la Federal y William Godoy, delegado del FBI en la Argentina, están operando para llenar de “contenido” a los nuevos uniformados.
Hace un mes, el legislador de PRO Cristian Ritondo presentó un proyecto para crear la policía comunal o aceptar la transferencia del personal de la Policía Federal. En ese momento todavía no se había realizado el almuerzo entre Macri y el jefe de Gabinete, Alberto Fernández. El ex presidente de Boca Juniors que ofició de anfitrión en el palacio municipal se convenció de que no le darían la plata. El ministro de Justicia y Seguridad, Guillermo Montenegro, fue instruido entonces para acelerar los trámites.
El ex juez federal, quien llegó al gabinete macrista de la mano de la vicejefa de Gobierno, Gabriela Michetti, sería partidario de mantener una buena relación con la Federal. No levantar olas. Sin embargo, desde el riñón de Ritondo aparecen los viejos “barones” de la Federal y pugnan por aceitar las relaciones con El Fino Palacios. El ex superintendente de Investigaciones es un viejo lugarteniente de Macri que añora desembarcar en el equipo del líder de PRO. Hasta mediados del año pasado fue jefe de Seguridad de Boca Juniors y desde allí hizo todo lo posible para quedar desvinculado de la causa por la masacre del 20 de diciembre del 2001 en Plaza de Mayo.
En el 2004, Kirchner ordenó la remoción de Palacios. El desencadenante del desplazamiento fue la transcripción de un diálogo entre Palacios y Jorge Sagorsky, el reducidor de autos acusado por el fiscal Jorge Sica de ser miembro de la banda que mató a Axel Blumberg. Palacios argumentaba dentro de la Policía Federal que su única relación con Sagorsky era el tipo de contacto que un oficial mantiene con un informante. En el entorno kirchnerista adujeron que habían perdido la confianza del hombre que estaba a cargo nada menos que de la Superintendencia de Investigaciones y a cargo de la Dirección de Unidad de Investigaciones Antiterroristas (Duia).
La participación de oficiales de policía en el robo de autos fue la que impidió una investigación profunda del atentado contra la AMIA y la que garantizó que los secuestradores de Axel Blumberg disfrutaran de una zona liberada –liberada de toda seguridad por parte del Estado– para privar de su libertad a una persona y matarla.
Palacios ya estaba en el llano cuando la jueza federal María Servini de Cubría le trabó un embargo de dos millones de pesos sobre sus bienes y lo procesó por el delito de “homicidio imprudente” de cinco manifestantes en Plaza de Mayo. Ese 20 de diciembre, durante la debacle del gobierno de Fernando de la Rúa, Palacios no estaba de servicio, pero dijo que se acercó a la plaza para cumplir con su deber. “Por una cuestión moral”, declaró.
El año pasado, Servini se apartó de la causa con un escrito por demás llamativo. Dijo sentirse agraviada por las “insinuaciones” del comisario general Rubén Santos y de su “consorte de causa, Enrique Mathov (ex secretario de Seguridad), buscando apartarme del sumario”. “Si a estas circunstancias, per se extrañas, sumo los comentarios que escuchara respecto de las amistades y vínculos que mantendrían los oficiales superiores Jorge Palacios y Rubén Santos con varios miembros del Poder Judicial, se percibe que se estaría procurando cualquier excusa que impida el tratamiento del fondo de la cuestión y con eso lograr mi apartamiento”, explicó la jueza.
La causa todavía no llegó a juicio, pero la situación judicial de Palacios mejoró. Tener cerrado ese flanco es esencial para las aspiraciones políticas del comisario retirado que encuentra ahora la oportunidad de colar a su gente en la nueva estructura porteña.
Las excelentes relaciones de Palacios con el delegado del FBI, William Godoy, le sumarían méritos a los ojos de quienes quieren tener a los “expertos” custodiando la principal metrópoli del país. Otro estadounidense, Ross Newland, ex jefe de la CIA en Buenos Aires, fan de Boca Juniors, sería de la partida en la búsqueda de información y negocios.
La publicación en Página/12 de la foto de Newland provocó un escándalo político entre el gobierno de De la Rúa y la central de Inteligencia, que se vio obligada a relevar al agente secreto cuya identidad había sido develada. En Washington estaban convencidos de que fue la SIDE la responsable de la filtración de ese “secreto” y en aquel momento ya se mostraban proclives a confiar en Palacios. Desde la Dirección de Lucha Antiterrorista y Delitos Transnacionales, El Fino se había granjeado la simpatía de los agentes de El Norte.
Los contactos siguen intactos y ahora están haciendo lobby
para copar la estructura que creará Mauricio Macri. Queda por verse el rol que jugará la Policía Federal.


Acto en Campo de Mayo

A 32 años del golpe militar de 1976 y en el marco del Día de la Memoria, se realizará el acto de señalización de la guarnición militar Campo de Mayo como centro clandestino de detención. El secretario de Derechos Humanos, Eduardo Luis Duhalde, y su par bonaerense, Sara Dorotier de Cobacho, encabezarán el miércoles la ceremonia en la que descubrirán los tres pilares de hormigón de siete metros de altura que llevan al frente la inscripción “Memoria”, “Verdad” y “Justicia”. Las columnas están unidas en la parte inferior por una viga con un texto que dice: “Aquí funcionó el centro clandestino de detención de Campo de Mayo durante la dictadura militar que asaltó los poderes del Estado entre el 24 de marzo de 1976 y el 10 de diciembre de 1983”. La actividad cuenta con el apoyo de la Comisión por la recuperación de la memoria de Campo de Mayo que se formó hace tres años. La Comisión está integrada por sobrevivientes, familiares, organismos de derechos humanos, agrupaciones políticas y sindicales.


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