miércoles, 26 de marzo de 2008











El Gobierno pide la detencion del ex ministro de la dictadura Martinez de Hoz
El ejecutor del plan económico de Videla

La Secretaría de Derechos Humanos reclama el arresto del ex funcionario de Videla y aporta documentación sobre el asesinato de Juan Carlos Casariego, ex funcionario de Economía.



José Alfredo Martínez de Hoz.



Juan Carlos Casariego de Bel era abogado, funcionario de carrera del Estado y director del Registro de Inversiones Extranjeras del Ministerio de Economía de José Alfredo Martínez de Hoz a partir de la dictadura. El 15 de junio de 1977, Casariego de Bel llamó a su casa para avisarle a su mujer que esa noche volvía más tarde: tenía una reunión a las 20.30 en el despacho del secretario de Planificación Guillermo Walter Klein, en medio de las negociaciones por la estatización de la Compañía Italo Argentina de Electricidad SA (Italo). Casariego de Bel era una figura clave en la negociación y su firma frenaba una operación millonaria. Pero luego de aquel llamado su familia no volvió a verlo.
La Secretaría de Derechos Humanos de la Nación hoy se presentará como querellante del caso, conocido como la “causa Italo”. Pedirá en el juzgado de Daniel Rafecas la detención e indagatoria para Martínez de Hoz, Klein y Juan Alemann como cómplices o responsables del presunto delito de asociación ilícita y homicidio calificado del ex funcionario.
Luis Eduardo Duhalde anunció la decisión de su secretaría ayer, en una conferencia de prensa en el Ministerio de Justicia. Además, estuvo su segundo Luis Hipólito Alen y María Casariego de Gainza, la hija de la víctima.
“En casa mi papá no hablaba de Martínez de Hoz, pero sí de la política económica”, dijo ella a Página/12. “En cuanto a la negociación nos mencionó que se estaban sobrefacturando los gastos, que para él ocho millones de dólares era lo máximo que se podía pagar por las instalaciones y las indemnizaciones, pero al final se pagaron 394 millones.”
Las tratativas por la Italo empezaron durante la dictadura, cuando se decidió re-estatizar la compañía de electricidad a un precio millonario, y cuando sólo faltaba un año para el vencimiento de la concesión y, por lo tanto, de las obligaciones del Estado. En ese contexto, Casariego de Bel debía firmar los documentos que avalaran la pretensión de la firma de aparecer como una sociedad argentina, pero de capitales extranjeros pese a que no lo era.
Un informe de la Comisión de Investigación de la Trasferencia, elaborado por la Cámara de Diputados de la Nación, en 1985 fue la base que usó la Secretaría de Derechos Humanos para documentar la información.
En ese momento, la Comisión explicó que todo empezó en 1975 cuando un dictamen del procurador del Tesoro Edgar Sá pidió la nulidad de la concesión y la intervención de la compañía. La solicitud dio origen al decreto 648/76 que puso en marcha todo el proceso.
Martínez de Hoz fue presidente de la Italo hasta el 28 de marzo de 1976 y luego asumió como ministro. Klein asumió como secretario de Planificación Económica y Juan Alemann como secretario de Hacienda. Bajo esa nueva cúpula, el ministerio creó comisiones para evaluar condiciones y el monto. Luego de un año, el decreto 977/79 aprobó emisiones de bonos de la Argentina y de letras para la operación por un precio final de 394 millones dólares contra 75 millones de la oferta oficial.
Argentina pagó con bonos en francos suizos de la Unión de Bancos Suizos. El representante de esa Unión era Roberto Alemann, hermano del secretario de Hacienda y ministro a su vez de futuros períodos de la dictadura. Según la denuncia, la entidad también era accionista de la Italo. Es decir, que todos ellos están acusados de haberse pagado a sí mismos como si hubiesen estado de uno y del otro lado del mostrador.
Casariego de Bel era una pieza en todo eso: había sido nombrado director del Registro de Inversiones Extranjeras. Tenía 54 años; desde los 24 había trabajado en la administración pública y luego de su desaparición, ni Martínez de Hoz ni Klein recibieron a su mujer o a su hija.
“Claramente, Casariego de Bel desapareció como consecuencia de su negativa a avalar documentos que favorecieran la posición de la Italo”, dijo Duhalde en su presentación. “Toda la operativa fue producto de un complot urdido por personajes vinculados con la Italo que aprovechando sus cargos en el gobierno de la dictadura forzaron la aprobación de un acuerdo que solo trajo beneficios al grupo económico al que pertenecían.”
Martínez de Hoz tiene otras dos causas. Una en el juzgado de Ariel Lijo por su participación en el golpe de Estado junto a la cúpula militar; otra en el juzgado de Norberto Oyarbide que dictó la inconstitucionalidad del decreto de indulto, una medida que fue apelada por la defensa y ahora está en manos de la Cámara Federal. La causa de Rafecas por el caso Italo se inició por la presentación de las comunidades gallegas en el país, dado que Casariego era de España y ahora está reforzada por esta presentación.









Alperovich requirio la salida de Luis Ocaranza
Pedido de renuncia para el represor




En Tucumán, el asesor de Economía fue escrachado el lunes.



Por Diego Martínez
Un día después de ser escrachado por los organismos de derechos humanos de Tucumán, el gobernador José Alperovich le solicitó ayer la renuncia como asesor del Ministerio de Economía al oficial retirado del Ejército Luis Edgardo Ocaranza, supervisor militar del Departamento de Inteligencia (D2) de la policía provincial y responsable durante la última dictadura del centro clandestino que funcionó en la Jefatura Central de Policía, donde se hacía llamar Alberto Frías.
Según la denuncia pública formulada por la agrupación H.I.J.O.S. regional Tucumán y la organización El Andamio, entre mayo y diciembre de 1977, cuando Ocaranza prestó servicios, fueron vistas en la Jefatura 33 personas, incluidas tres mujeres embarazadas, que permanecen desaparecidas. Página/12 llamó anoche al domicilio del funcionario, quien prefirió no formular declaraciones.
El nombre y apellido de Ocaranza figuran en los listados de represores tucumanos desde 1979. Dos meses atrás los organismos se enteraron de su cargo como asesor. El lunes, en el aniversario del golpe, las tres mil personas que marcharon desde la Jefatura de Policía se detuvieron a cien metros, en Junín 665, y empapelaron la calle de afiches con el prontuario del vecino del 4º A, titulados “aquí vive un genocida”.
“Era supervisor del SIC, el Servicio de Información Clandestino creado en 1975 como control militar sobre el D2. Era la inteligencia del Ejército dentro de la jefatura de policía, la primera escala de la mayor parte de los secuestrados tucumanos”, explicó Julieta Vitar, militante de H.I.J.O.S. “Figura en el informe de la Comisión Bicameral que investigó el terrorismo de Estado en la provincia. En su legajo consta que estaba en el Regimiento de Infantería 19 destinado al Operativo Independencia, es decir a Tucumán”, agregó la abogada. El represor se benefició con la ley de punto final, en los ’90 llegó a ser jefe del Regimiento de Infantería de Montaña 26 y, desde 2004, forma parte del gabinete del gobernador Alperovich.
Desde la reapertura de las causas, la Justicia tucumana procesó apenas a cinco represores. El martes los organismos le reiteraron al juez federal Daniel Beja el pedido de indagatoria de 70 represores que actuaron en la Jefatura de Policía. “La causa tiene cien víctimas y queremos que se eleve a juicio este año. Hay abundancia de pruebas. No queremos que la Justicia se detenga sólo en Bussi o Menéndez”, concluyó Vitar.




Los apropiadores de Maria Eugenia Sampallo pidieron la absolucion
“Se le dieron todas las vacunas

Argumentaron que no sabían que era hija de desaparecidos. Y que tenían buenas intenciones. No explicaron por qué la anotaron como propia. Citaron otros casos de penas leves.


Osvaldo Rivas, apropiador de María Eugenia Sampallo Barragán.
Imagen: Rolando Andrade


Por Laura Vales
Los defensores de Osvaldo Rivas y María Cristina Gómez Pinto, los apropiadores de María Eugenia Sampallo Barragán, pidieron al tribunal oral que el matrimonio sea absuelto en el juicio que se les hace por haber criado a la niña como si fuera propia. El argumento principal fue que la pareja no sabía que María Eugenia era hija de desaparecidos. “Eran personas de barrio que no tenían forma de saber que en el país había militares que sustraían bebés”, le dijo a los jueces el defensor oficial Víctor Valle. El propio Valle admitió, sin embargo, que Rivas anotó a la niña como si fuera hija propia usando un certificado de parto falso firmado por el médico militar Julio César Cáceres Monié, luego de recibirla, a la edad de dos meses, de manos del capitán Enrique Berthier.
Este es el primer juicio oral en el que una hija de desaparecidos querella a sus apropiadores. Hace diez días, María Eugenia, quien tiene hoy 30 años, y los fiscales hicieron su pedido de penas; coincidieron en solicitar que se aplique el máximo posible de prisión –25 años– a los acusados, Rivas, Gómez Pinto y Berthier. El ex militar deberá hacer hoy su alegato; es el único de los tres que está detenido y también el único que tiene abogado particular.
La defensa de Rivas y Gómez Pinto fue encarada con una estrategia conjunta por los defensores oficiales. Los defensores Víctor Valle y María del Pilar Millet reconocieron exclusivamente lo que quedó por escrito y firmado: que Rivas inscribió en mayo de 1978 a la niña como si fuera su hija, usando un certificado de nacimiento falso. En cambio, sostuvieron que su ex mujer no participó en este delito (aunque María Eugenia haya sido anotada también como propia), ya que su firma no aparece en los certificados. Así planteadas las cosas, Valle pidió que se considere inocente a Cristina Gómez Pinto. En segundo lugar propuso que se declararan prescriptas las acusaciones dado el tiempo transcurrido. Finalmente, y para volver posibles estos pedidos de absolución, los defensores cuestionaron la idea de que la apropiación de hijos de desaparecidos pueda ser encuadrada dentro de los delitos de lesa humanidad y, por lo tanto, imprescriptibles.
María Eugenia es hija de Mirta Mabel Barragán y Leonardo Sampallo. Mirta estaba embarazada de seis meses cuando los secuestraron; los llevaron al centro clandestino de detención El Atlético y luego a El Banco. Mirta fue sacada de allí en febrero del ’78 para dar a luz. Gómez y Rivas la recibieron tres meses después, por una gestión del militar Berthier, amigo de la apropiadora.
Millet fue quien desarrolló el planteo de que ninguno de los dos se enteró del origen de la beba. Dijo que aunque haya sido un militar quien les dio a la niña, “esto no implica que ellos hayan conocido su origen”. Alegó: “En el ’78, el ciudadano común no tenía información suficiente acerca de lo que acontecía en el país. La mayoría de la sociedad, al desconocer las aberraciones del gobierno militar, lo legitimaba y era su sostén. La gente desconocía la existencia de los centros clandestinos de detención”.
Valle completó la descripción de sus defendidos. Los pintó como si se tratara de una pareja ingenua y bienintencionada: “Lo que se pretendió con esta inscripción falsa fue darle una familia. La niña fue a la escuela, se le dieron todas las vacunas y hasta aprendió idiomas”, sostuvo. También habló de los malos tratos que María Eugenia contó haber recibido durante toda su infancia. Los vinculó casi a una cosa de mala suerte: “Fueron la consecuencia de que Rivas y Gómez Pinto hayan tenido un mal matrimonio”. Y apuntó que “los informes psiquiátricos y nuestra propia impresión es que Gómez padece de serios trastornos en la personalidad”.
El cierre del alegato fue un pedido para que, en el caso de que el tribunal los condene, lo haga con penas menores que les permitan continuar en libertad. ¿El argumento? Que otros apropiadores con historias mucho peores recibieron condenas leves. Los defensores citaron casos: “A Samuel Miara, quien actuó en la represión ilegal, se apropió de dos menores y se fugó al Paraguay, lo condenaron a siete años y medio (aunque la Cámara elevó esa pena); Eduardo Ruffo, ex agente de la SIDE que se fugó para eludir la Justicia, fue condenado a seis años; Rodolfo Silva, policía bonaerense, a tres años; el ex SIDE Miguel Angel Furci a siete; el ex subcomisario Rubén Lavallén, a tres”. La enumeración fue bastante impresionante. Tal vez incluso para el propio defensor, quien cuando terminó el listado aclaró: “Claro que de estos casos aislados no puede colegirse la existencia de un plan sistemático de apropiación de menores”.





El oficialismo no dio quorum en la Camara de Diputados
Sin sesión para derogar los indultos



El proyecto de la CC toma argumentos de Patricia Walsh, presente ayer.
Imagen: Guadalupe Lombardo



Por Miguel Jorquera
La ausencia del oficialismo transformó la sesión especial de ayer, prevista para derogar los indultos a los condenados jerarcas militares de la última dictadura, en una convocatoria testimonial. Igual, cerca de 40 diputados opositores bajaron al recinto para insistir una vez más en la anulación de los decretos menemistas que “postergan indefinidamente los juicios contra los delitos de lesa humanidad”.
El proyecto para anular los indultos de la diputada Marcela Rodríguez (Coalición Cívica) fue elaborado en base a un dictamen de la Comisión de Asuntos Constitucionales –que varios legisladores kirchneristas rubricaron con su firma– y recoge los mismos argumentos jurídicos que esgrimió la ex diputada Patricia Walsh en la iniciativa con que el Congreso anuló las leyes de impunidad.
“Ante la ausencia de diputados, ha fracasado la sesión oficial”, dijo el diputado kirchnerista Ruperto Godoy, quien presidió la sesión solicitada por la oposición. Hacía poco más de media hora que la chicharra del Congreso convocaba a los legisladores y sólo 22 estaban sentados en sus bancas. En el recinto, el proyecto de Rodríguez fue acompañado por los diputados de su bancada y de los bloques de la UCR, el ARI Autónomo, el socialismo y otros unipersonales. El PRO no respaldó la iniciativa, pero estuvo representado por un puñado de legisladores. Después de que Rodríguez solicitó que los legisladores pudieran expresarse en minoría sobre la convocatoria, otros veinte diputados ocuparon sus bancas.
La diputada de la CC dijo que “tomaba la posta de Patricia Walsh” en su persistencia por la anulación de las leyes de Obediencia Debida y de Punto Final y que continuará hasta anular los indultos. Rodríguez fundamentó su proyecto en que los delitos de lesa humanidad previstos en los tratados internacionales de derechos humanos, que tienen jerarquía constitucional, “no pueden ser objeto de amnistía, indulto o conmutación de pena, bajo sanción de nulidad absoluta del acto que lo disponga”.
Pero también cargó contra la ausencia del oficialismo. “Llegaron a decir que este proyecto no debía tratarse en memoria de los 30 mil desaparecidos. Jamás pensé que iba a escuchar semejante barbaridad”, dijo la diputada de la CC. El radical Pedro Azcoiti celebró que la Justicia haya considerado “delitos de lesa humanidad los crímenes de la Triple A” y recordó que la reforma constitucional del ’94 se perdió la oportunidad histórica “de anular la rémora monárquica del indulto”.
“La ausencia del oficialismo y su decisión de no dar debate en una de las instituciones de la república no es más que confirmar la ausencia del Congreso en la discusión de los problemas del país y de las demandas de su población”, insistió el arista disidente Eduardo Macaluse. “No se puede estar en contra de la Obediencia Debida y ser obediente a quien ordena no sentarse a debatir”, completó la diputada cordobesa Norma Morandini para criticar la actitud del oficialismo en la Cámara baja.

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