sábado, 15 de marzo de 2008

Distintas lecturas sobre pasado y presente
Alperovich designó como juez a un funcionario de la dictadura y en Tucumán estalló la polémica
Organismos de DDHH protestan por el nombramiento de Sassi Colombres, quien dijo a Perfil.com que en 1982 colaboró con la "transición democrática".

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Por Tomás Eliaschev 14.03.2008 17:56
Alperovich designó como juez a un funcionario de la dictadura y en Tucumán estalló la polémica Fuente: Gentileza El Siglo Web
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La polémica se instaló en la provincia de Tucumán alrededor del nombramiento de un ex funcionario de la última dictadura como uno de los cinco vocales de la Suprema Corte de Justicia provincial. Se trata del abogado Francisco Sassi Colombres, quien fue propuesto para el cargo por el gobernador kirchnerista Jorge Alperovich y cuya nominación fue aceptada este mediodía por los legisladores tucumanos con una amplia mayoría. Organismos de derechos humanos salieron a golpear a Alperovich y lo acusaron de nombrar a "alguien que fue funcionario de primera línea de la dictadura militar y convalidó el terrorismo de Estado", al tiempo que destacaron "la incongruencia con la política de derechos humanos del gobierno nacional". Los voceros del gobernador contestaron que el funcionario en cuestión fue "sólo un técnico" y que ocupó el cargo "al final de la dictadura". El mismo Sassi Colombres admitió haber participado del la administración del gobernador Antonio Merlo como Secretario de Gobierno en el año 1982, pero aclaró que fue "con la misión de colaborar con la transición democrática" y reivindicó tener "amigos desaparecidos". Sassi Colombres fue luego designado Fiscal de Estado, cargo que ocupa hasta el momento. En conversación telefónica con Perfil.com, el futuro juez dio su versión de los hechos. "Cuando se empezó a hablar de la transición a la democracia me pidieron que yo actuara porque tenía vinculación con la clase política, esa es mi vinculación con la ultima etapa de la dictadura. Ya no había desaparecidos. Siempre he actuado por el sistema democrático", explicó.

recordó que participa de la gestión pública desde 1970. "Estoy desde la época de (Alejandro Agustín) Lanusse", comentó, olvidando tal vez que ese también fue un gobierno militar.
"Quiero aclarar que tengo amigos muy queridos desaparecidos de esa época. Mi concuñado, o sea el esposo de la hermana de mi señora, Hugo Diaz, o personas muy amigas como Guillermo Miguel, hijo del ex gobernador", dijo, con la intención de demostrar su rechazo al terrorismo de Estado.
El subsecretario de Prensa y Difusión del gobierno tucumano, Ignacio Golobisky, señaló a Perfil.com que Sassi Colombres tiene "un perfil estrictamente técnico" y que es "un experto en derecho administrativo".
Golobisky remarcó que Alperovich tiene "autonomía", tal como indicó esta mañana el mismo gobernador, respecto al disgusto que podría haber causado la designación en el ámbito del gobierno nacional, donde los gestos a favor de los derechos humanos son considerados como algo no menor.
Los organismos de derechos humanos de la provincia están que trinan. En conversación con este medio, Emilio Guagnini, de la agrupación Hijos por la Identidad, la Justicia, contra el Olvido y el Silencio (HIJOS-Tucumán), dijo que "todo funcionario de primera línea que haya formado parte del gobierno de facto, en este caso a nivel provincial, sin duda alguna avaló el terrorismo de Estado, desde el mismo momento que asume como funcionario".
Guagnini, señaló que en el año 82, Sassi Colombres "tenía cabal conocimiento" de los crímenes de lesa humanidad perpetrados por los gobernantes militares.
"En el 2003, el gobierno nacional dictó el decreto 222 que establece que "se debe ponderar en la selección de los candidatos a cubrir las vacantes en la Corte la correcta valoración de sus aptitudes morales, su idoneidad técnica y jurídica, su trayectoria y su compromiso con la defensa de los derechos humanos y los valores democráticos", recordó Guagnini, quien remarcó que difícilmente, "alguien que fue funcionario de la dictadura puede defender los derechos humanos".
"Ésta designación va a contramano de la política nacional de Derechos Humanos", finalizó Guagnini.
Un ex funcionario de Lanusse quedo detenido por la masacre de Trelew
Un nuevo preso y un nuevo prófugo

Ezequiel Martínez se puso a disposición del juez. Le dieron arresto domiciliario. El otro acusado pidió la eximición de prisión desde Buenos Aires. Lo consideran prófugo.



El aeropuerto de Trelew, donde se entregaron los presos políticos en 1972.
Imagen: Gentileza Diario Chubut
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Sabe y puede


Por Adriana Meyer
Uno viajó a Rawson y se puso a disposición del juez, el otro está prófugo. Esta es la situación de los dos nuevos imputados de la causa por la masacre de Trelew, el brigadier mayor retirado Ezequiel Martínez y el ex ministro de Defensa Eduardo Aguirre Obarrio, ex funcionarios de la dictadura del general Alejandro Agustín Lanusse, acusados como autores mediatos del fusilamiento de los 19 presos políticos que se habían fugado del penal de esa ciudad, en agosto de 1972. Martínez se presentó ayer en el juzgado de Hugo Sastre, acompañado por su hijo, y dijo padecer serios problemas de salud. El magistrado le concedió el beneficio del arresto domiciliario y lo indagará en Buenos Aires. Aguirre Obarrio presentó un escrito ante la justicia federal porteña pidiendo eximición de prisión.
Tras haber procesado a cinco marinos como autores materiales de la masacre, el juez Sastre decidió avanzar en la cadena de mandos hacia los responsables intelectuales. En tal sentido, emitió el jueves una orden de captura nacional para que Martínez y Aguirre Obarrio fueran apresados. La Policía Federal acudió al primer domicilio que le proporcionó la Justicia, que resultó ser un estudio jurídico donde no encontraron al ex ministro de Defensa de Lanu-sse. Si no se presenta en forma espontánea en el juzgado de Rawson, y hasta que la policía lo encuentre, su condición es la de prófugo. El escrito que entregó su abogado, Miguel Almeyra, ante el juez federal Ariel Lijo, que estaba de turno hasta hoy, debió hacerlo llegar al despacho de Sastre, explicó a Página/12 una fuente judicial. Además, esa iniciativa puso en evidencia que está al tanto de que lo requiere la Justicia. Lijo remitió por fax el pedido de eximición de prisión a su colega chubutense. Almeyra invocó problemas de salud de su defendido, que tendría más de 80 años. Aguirre Obarrio fue abogado del brigadier Jorge Isaac Anaya en el Juicio a las Juntas y defendió al ministro de la Corte Eduardo Moliné O’Connor en el Jury que lo destituyó.
El brigadier retirado Martínez –ex secretario de Planificación de Lanusse y ex candidato presidencial en 1973– apareció ayer en el juzgado federal de Rawson, acompañado por su hijo, que es abogado pero no ejercerá su defensa. De hecho, una fuente local comentó a Página/12 que Martínez se puso en contacto con los defensores oficiales para afrontar la indagatoria. El juez Sastre accedió a interrogarlo en Buenos Aires, y lo hará cuando viaje para concretar el mismo trámite con el general retirado Eduardo Betti, designado jefe de la zona de emergencia decretada luego de la masacre, y del capitán de navío Jorge Enrique Bautista, de 82 años y con problemas cardíacos, que instruyó el sumario que plasmó la versión oficial por orden del almirante Hermes Quijada. Martínez fue director de Líneas Aéreas del Estado (LADE) en 1968, jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas entre marzo y octubre de 1971 y luego ejerció como secretario de Planificación de la Junta Militar de Lanusse.
Las capturas de Martínez y Aguirre Obarrio fueron pedidas al juez por el secretario de Derechos Humanos, Eduardo Luis Duhalde, por considerar que formaban parte de la cadena de mandos que decidió el asesinato de 16 detenidos políticos y la tentativa de homicidio de otros tres.


La Justicia española autorizo la extradicion de Cavallo
Pasaje de vuelta para un represor

La Justicia española decidió archivar la causa contra el marino de la ESMA para dar prioridad al pedido de extradición de la Argentina. Los abogados que siguen el caso allí apelarán la medida. El represor podría estar de vuelta en un mes.

Ricardo Miguel Cavallo.


Por Oscar Guisoni
Desde Madrid
La Audiencia Nacional española autorizó ayer la extradición a Buenos Aires del ex represor de la ESMA Ricardo Miguel Cavallo para que pueda ser juzgado en la Argentina. La decisión fue tomada en un auto en el que el tribunal acordó archivar la causa que Cavallo tiene pendiente en España, sobreseyéndolo por los delitos de genocidio, terrorismo y torturas cometidos durante la última dictadura militar. La acusación particular representada por el abogado Carlos Slepoy anunció que presentará un recurso ante el Tribunal Supremo en disconformidad con la medida, para que se continúe el juicio en Madrid y además pedirá al Consejo de Ministros que retrase la entrega hasta que el máximo órgano de la Justicia se pronuncie. Pero si nada se interpone en su camino, Cavallo será trasladado a Buenos Aires en el plazo de un mes.
El gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero había autorizado la extradición el pasado 29 de febrero, pero la decisión final le correspondía al tribunal.
Cavallo estaba en prisión en España desde 2003 cuando fue extraditado desde México, donde fue descubierto por sus víctimas cuando se desempeñaba como funcionario del Registro Nacional de Vehículos (Renave).
El abogado de la acusación particular en Madrid, el argentino Carlos Slepoy, lamentó la decisión, aunque aclaró a Página/12 que “el hecho de que Cavallo sea extraditado es positivo, incluso se puede interpretar que durante estos casi ocho años haya estado en prisión en custodia de la Justicia internacional. Nosotros no nos oponemos a la extradición, sólo pedimos que primero se lo juzgue aquí donde el proceso está mucho más avanzado”. Slepoy anticipó ayer que presentarán un recurso “ante el Tribunal Supremo y que luego, con ese recurso, recurriremos al Consejo de Ministros para que atrase la extradición, que según los plazos debería llevarse a cabo aproximadamente en un mes, hasta que el Supremo decida”.
En la Argentina los organismos de derechos humanos prefieren que los juicios se realicen en el país pero, en este caso, no ven con malos ojos que se haga primero en Madrid. “Por principio debería regir la subsidiariedad, es decir que los acusados sean juzgados en la Argentina y que la jurisdicción universal quede reservada a los casos en los que no haya procesos en el país. Pero no se trata de una regla que haya que aplicar a rajatabla. Como el juicio en España está avanzado y aquí no están siendo del todo eficaces, es mejor que haya una condena rápida y segura”, señaló Gastón Chillier, director ejecutivo del CELS.
El presidente de la sección tercera de la Audiencia, Alfonso Guevara, justificó la decisión de permitir el traslado de Cavallo a la Argentina argumentando la necesidad de dar “absoluta prioridad” al país donde se cometieron los delitos de lesa humanidad y para permitir la “necesaria unidad en el enjuiciamiento de otros procesados”, en una clara referencia al resto de los juicios que se llevan a cabo en el país contra los responsables de los crímenes cometidos por la última dictadura. La Justicia española puso especial énfasis en estos procesos cuando regían las leyes de Obediencia Debida y Punto Final. Ahora que la situación se modificó, Madrid tiende a sentar precedente a favor de la Argentina.
Cavallo fue detenido en México en agosto de 2000 después de que el juez español Baltasar Garzón ordenara su detención. En junio de 2003, el represor fue extraditado a España y en 2006 el juez argentino Sergio Torres solicitó la entrega del imputado a la Argentina.
De haber sido juzgado en Madrid, a Cavallo le hubieran caído como mínimo 13.332 años de cárcel. La fiscalía española solicitó 17.010. De todos modos, nadie puede pasar más de 20 años en una cárcel española por más que su condena haya sido de varios miles de años en prisión.

URUGUAY Y BRASIL resumen prensa DH 12 marzo

Resumen elaborado por la Secretaria de Derechos Humanos del PVP.
ULTIMAS NOTICIAS PAG. 7Fiscal a favor de conceder extradición a represores. A ARGENTINA POR ROBO DE BEBÉS DURANTE LA DICTADURA.
LA FISCAL penal Olga Carballo se pronunció a favor de conceder las extradiciones a Argentina del teniente coronel (r) José Nino Gavazzo, los coroneles (r) José Arab y Luis Maurente y al capitán (r) Ernesto Soca, a quienes la Justicia del vecino país pretende juzgar en una causa que indaga robo de bebés durante la dictadura. El dictamen de la Fiscalía fue remitido al juez Homero Da Costa. Actualmente, el magistrado se encuentra a la espera de que los abogados de los ex represores contesten el traslado que se les dio sobre el pronunciamiento de Carballo, y luego emitirá su fallo, dijeron fuentes judiciales consultadas por Ultimas Noticias. La representante del Ministerio Público y Fiscal consideró que la solicitud cursada por el juez argentino Norbaito Oyarbide se ajusta a las normas previstas para las extradiciones entre ambos países, aunque no se expidió sobre el fondo del asunto, cosa que no corresponde juzgar en Uruguay, sino en Argentina, explicaron las fuentes. No obstante, en caso de que el juez Da Costa haga lugar a la solicitud de extradición, los ex represores no podrán ser trasladados a Argentina hasta tanto no cumplan la condena en las causas por las que fueron enjuiciados en Uruguay. Solamente Soca podría ser extradita-do de inmediato, ya que no enfrenta proceso penal ante la Justicia uruguaya. La causa judicial en Argentina vincula a los ex represores con el robo de niños en el marco del "Plan Cóndor". Concretamente, Gavazzo, Arab, Maurente y Soca son acusados por el secuestro en 1976 de Simón Riquelo, el hijo de la militante del Partido por la Victoria del Pueblo (PVP) Sara Méndez que se encontraba detenida en Argentina. Riquelo fue encontrado en el año 2002 tras una investigación realizada por el senador Rafael Michelini y el periodista Roger Rodríguez. El niño fue trasladado el 13 de julio de 1976 al desaparecido Hospital Norte, donde fue entregado esa misma noche a un agente que se encontraba de guardia en la Seccional 33 de la Policía Federal. ULTIMAS NOTICIAS PAG. 7Niegan prisión domiciliaria para Blanco. APELACIONES. EL TRIBUNAL de Apelaciones en lo Penal de 2º de Turno confirmó la decisión del juez Roberto Timbal de desestimar la solicitud de prisión domiciliaria que había realizado el ex canciller Juan Carlos Blanco, según confirmó a Ultimas Noticias el abogado Carlos Curbelo Tammaro, defensor del ex funcionario: Blanco se encuentra recluido en Cárcel Central, pero el año pasado y a principios de 2008 estuvo internado por una importante afección respiratoria, cosa que motivó que su abogado realizara el pedido de reclusión domiciliaria. Los ministros del Tribunal consideraron que en función de las pericias médicas realizadas al ex canciller, se encuentra en condiciones de estar detenido en un centro penitenciario.
BRASIL-PLAN CONDOR/ DIPUTADOS IRAN A ITALIA POR ACUSADOS DEL PLAN CONDOR Brasilia, 14 de marzo (Télam).- Legisladores de Brasil viajarán a Italia próximamente para encontrarse con autoridades judiciales que enjuiciaron a miembros de la dictadura brasileña acusados de integrar el Plan Condor de coordinación represiva de los gobiernos militares sudamericanos en los 70 y 80. "El diputado Pompeu de Mattos, presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, nos confirmó que un grupo viajará a Italia para acompañar los pedidos de extradición a la Justicia" dijo Jair Kirschke, del Movimiento Justicia y Derechos Humanos, citado por la agencia italiana de noticias ANSA. Los parlamentarios esperan reunirse con la jueza italiana Luisana Figliolia, quien el 24 de diciembre ordenó la detención de 11 brasileños y otros 129 ex represores sudamericanos por la desaparición o muerte de italianos en el marco de las acciones del Plan Cóndor. La Justicia italiana solicitó la detención y deportación de los implicados brasileños en la desaparición de los ítalo-argentinos Horacio Campiglia e Ismael Viñas, ocurridas en 1980. Por su parte, el ministro de Justicia de Brasil, Tarso Genro, admitió que a partir del proceso en Italia contra los 11 sospechosos, el gobierno brasileño también puede impulsar causas ante la justicia local, pero descartó la extradición. La decisión del diputado Mattos "nos puede permitir conocer finalmente la verdadera historia de Brasil en esos años", afirmó Kirschke, investigador del Plan Cóndor en Brasil, quien colaboró con el fiscal italiano Giancarlo Capaldo, promotor de la causa en Roma. Mattos, elegido recientemente titular de la Comisión de Derechos Humanos, también solicitará informaciones a Uruguay y Argentina sobre la muerte del ex presidente Joao Goulart, en Argentina, el 6 de diciembre de 1976. Jair Kirsche dijo que esas informaciones "pueden aportar esclarecimientos de un caso en el que puede estar la mano del Cóndor", pues hay sospechas de que Goulart fue envenenado por miembros de los servicios de inteligencia uruguayos. En tanto, el senador Cristovam Buarque, impulsor de una serie de audiencias en la Cámara alta sobre la represión militar, dijo que es "receptivo a todo y cualquier pedido que nos puedan hacer los jueces italianos sobre informaciones que puedan ser útiles en la investigación del Cóndor". (Télam)

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