jueves, 27 de marzo de 2008

A 32 años del golpe genocida
marcha de Olimpo a Orletti

Cronograma de actividades:
· Viernes 28 de marzo de 17 a 18:30 hs Radio Abierta en Av. Rivadavia y Av. Olivera
· Viernes 28 de marzo a partir de las 18:30 hs nos concentramos en el Predio ex-Olimpo para marchar juntos hacia Orletti
Orletti, una espina impune en el corazón del barrio
Organizan:
Vecinos por la Memoria Olimpo-Orletti - Comisión x la Memoria , la Verdad y la Justicia de Mataderos, Liniers y Villa Luro - Comisión x la Memoria , la Verdad y la Justicia de Lugano, Celina y Soldati - Ex alumnos del Dámaso Centeno por la Memoria , la Verdad y la Justicia - Comisión de Arte y Política del ex Olimpo - Mesa de Trabajo y Consenso ex CCDT y E Olimpo - Centro de Participación Crítica y Política – Grupo de Apoyo de FEDEFAM - Murga Los Mocosos de Liniers - La Llamarada - Centro Cultural FORJA - Asamblea Barrial de Floresta - Junta Interna ATE (Vialidad Nacional) - Radio Comunitaria FM Bajo Flores - Espacio Cultural Sebastián Borro - M.O.E.S - UTE CETERA Capital - CTA Capital - Juventud CTA Capital - Barrios de Pie - FTV - FB 19 de diciembre - Agrupación Envar el Kadri - Libres del Sur - Encuentro por la Democracia y la Equidad (Flores/Floresta).


CINCO PROYECTOS DEL EJECUTIVO PARA ACELERAR LOS JUICIOS A REPRESORES
“Para derribar la impunidad”

El secretario de Legal y Técnica, Carlos Zannini, explicó los proyectos que entrarán por Diputados para modificar el Código Procesal Penal. Recompensas para los militares que aporten información y la creación de una Cámara de Casación Penal.



Estela de Carlotto, Cristina Kirchner y Hebe de Bonafini.
Imagen: DyN
Subnotas
Festejo contra Pertusio


Cristina Kirchner presentó ayer públicamente un proyecto de ley para crear una nueva Cámara de Casación Penal que –de aprobarse– conviviría con la que ya existe, que ha sido uno de los principales embudos en las causas contra represores acusados de violaciones a los derechos humanos. Ese anuncio fue parte de un paquete de cinco propuestas que ingresarán al Congreso a través de la Cámara de Diputados y que llevan como meta acelerar los juicios sobre los crímenes de la última dictadura. El paquete incluye levantar la prohibición de recompensar a los militares que aporten datos a las investigaciones; también abarca reformas de cuestiones procesales y un sistema de subrogancias para evitar se paralicen los tribunales del interior.
La Presidenta firmó los cinco proyectos para reformar el Código Procesal Penal ayer a la tarde, pero el que habló fue su secretario Legal y Técnico, Carlos Zannini. “Queremos dar un impulso para la celeridad de los juicios y derribar el muro de impunidad”, dijo, y aclaró que el objetivo es lograr que mejore todos los procesos penales en general. En la reunión participaron también el ministro Justicia, Aníbal Fernández; el jefe de Gabinete, Alberto Fernández; el secretario de Derechos Humanos, Eduardo Luis Duhalde. Estuvieron la titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto; el Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel, las diputadas Victoria Donda y Diana Conti y el legislador Juan Cabandié, entre otros.
Según estimó Zannini, los proyectos podrían ser aprobados en “30 o 40 días, porque tendrán un impulso importante”, aunque dependerá –claro– de los tiempos reales que manejen ambas cámaras.
- Una de las propuestas es modificar la ley que prohíbe recompensar a miembros de las Fuerzas Armadas y permitirlo para quienes aporten datos sustanciales sobre el Terrorismo de Estado y para ubicar a represores imputados que se encuentran prófugos de la Justicia. Para esto se creará una unidad especial dentro del Ministerio de Justicia.
- La creación de una Cámara de Casación Penal, si resulta aprobada, pretende lograr una mejor distribución de los expedientes, además de traer un nuevo elenco a un tribunal donde varias salas han sido proclives a beneficiar a los represores. A los escollos habituales, el año pasado un fallo de la Corte hizo los procesos más engorrosos al obligar a Casación a pronunciarse sobre cuestiones de hechos y pruebas y no sólo de derechos. La nueva Cámara, plantea el proyecto, tendría jurisdicción sobre la ciudad de Buenos Aires y absorbería el 50 por ciento de los 4000 expedientes en trámite. La Cámara ya existente mantendría potestad sobre el resto del país. Además, el tribunal distribuiría las causas en distintos tribunales, para no recargar a uno sólo, como ocurre ahora con las causas ESMA y Primer Cuerpo de Ejército. Los nuevos jueces de Casación deberán ser propuestos por el Consejo de la Magistratura en 120 días.
- Otra reforma apunta a que los recursos de Casación no interrumpan la elevación a juicio en un proceso penal.
- Los recursos de Casación tendrían un trámite con audiencias orales, públicas y un plazo para ser resueltos en 30 días. Habrá una oficina de gestión para administrarlos.
- Se promueve también un régimen para que, si hay vacantes en los tribunales orales, pueda subrogar cualquier otro juez de tribunal oral o los miembros de las cámaras. Se pretende superar la parálisis de las causas contra represores en el interior.

EL ALEGATO DEL REPRESOR BERTHIER EN EL JUICIO POR LA APROPIACION DE UNA NIÑA
Una defensa con citas a Videla

Alejandro Macedo, abogado del militar que entregó a María Eugenia Sampallo Barragán, utilizó todos los lugares comunes de los defensores del terrorismo de Estado. Puso en duda el análisis genético y hasta la desaparición de los padres de la joven.



María Eugenia Sampallo Barragán, la hija de desaparecidos que querelló a sus apropiadores.


Por Laura Vales
En el juicio oral por la apropiación de María Eugenia Sampallo Barragán fue el día del alegato de defensa del ex capitán Enrique Berthier. Dijo su abogado, Alejandro Macedo: “Como expresó el general Videla, el desaparecido es una incógnita, no está ni vivo ni muerto, es un desaparecido. No podemos dar por probada la desaparición de Leonardo Sampallo ni de Mirta Barragán. Tampoco está probado que María Eugenia sea su hija; el examen genético habla de una probabilidad del 99 por ciento y resalta en negrita que se trata de eso, de una pro-ba-bi-li-dad. Dentro de 20 o 30 años podríamos encontrar que la persona que creemos que es no es”. Dijo también: “En la Argentina hubo una guerra. Los terroristas utilizaban a los niños como cobertura para los actos de terror. El código de conducta de Montoneros prohibía a los integrantes de la organización tener relaciones sexuales entre ellos, por lo que las mujeres se veían obligadas a abortar a sus hijos o a abandonarlos”. Dijo también: “En este juicio no se ha probado nada de lo que se le imputó a mi cliente, y por lo tanto pido su absolución”.
El ex capitán está acusado de haber entregado a María Eugenia Sampallo Barragán, cuando era una recién nacida, al matrimonio de María Cristina Gómez Pinto y Osvaldo Rivas, quienes la anotaron como si fuera hija propia. La querella y la fiscalía han pedido que se lo condene a 25 años de prisión.
En su defensa, Berthier negó haber tenido nada que ver con la entrega y se declaró inocente. El militar tuvo entre el público una barra de apoyo, la de Cecilia Pando y unos veinte integrantes de la Asociación de Familiares y amigos de los presos políticos en la Argentina, el grupo de respaldo de los represores llevados a juicio. El tribunal los ubicó en la bandeja del primer piso de la sala de audiencias y debió desalojarlos sobre el final del alegato, cuando se pararon para aplaudir al abogado de Berthier. El defensor alegaba en ese momento sobre la inocencia de su cliente, parangonándolo con la figura de Sócrates, condenado a muerte tras un juicio injusto.
Berthier es el único de los acusados del caso que perteneció a las Fuerzas Armadas. Según surgió en las audiencias, es un amigo de la adolescencia de María Cristina Gómez Pinto, la apropiadora de la joven. La mujer señaló en su primera declaración indagatoria que el ex capitán fue la persona que entregó a la niña a su marido, aunque más tarde se desdijo. También María Eugenia, que hoy tiene 30 años, contó que Berthier reconoció ante ella que fue él quien la entregó a Rivas.
Ayer, el abogado Macedo buscó desacreditar su testimonio y dijo que la joven, la primera hija de desaparecidos en querellar a sus apropiadores, “ya desde pequeña tenía un avezado odio hacia los uniformes”.
María Eugenia recuperó su identidad en el año 2001, después de presentarse voluntariamente a la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad para hacerse el estudio de ADN. Así se reencontró con su familia de sangre: una abuela, dos tías y un hermano. En el pedido de penas que formuló como querellante, los abogados de la joven resaltaron que la apropiación la privó del vínculo con su familia, que la buscó durante 24 años.
En el alegato, el defensor de Berthier planteó varios clásicos del ideario castrense: dijo que no hubo ningún plan sistemático para el robo de bebés, que en los ’70 el país atravesó una guerra interna y que no hubo terrorismo de Estado. También acusó al secretario de Derechos Humanos, Eduardo Luis Duhalde, de ser “un ex terrorista” y de haber buscado incriminar con datos falsos a su cliente. En la versión de Macedo, su defendido tampoco actuó en ningún centro clandestino de detención.
El tribunal oral fijó para el 1º de abril la próxima audiencia, cuando será el turno de que los querellantes y los fiscales hagan su réplica


La casa de Chicha


El Gobierno firmó un convenio para desarrollar la puesta en memoria de la casa de la familia de una de las fundadoras de Abuelas de Plaza de Mayo, María Isabel “Chicha” Chorobick de Mariani, donde la dictadura militar secuestró a su nieta Anahí y mató a cinco personas en 1976. Al encuentro que encabezó Cristina Fernández de Kirchner asistieron las autoridades de la Fundación Anahí, el abogado Alejo Ramos Padilla, el juez español Baltazar Garzón y el secretario de Obras Públicas, José López. “Con la firma del acuerdo, el Gobierno se comprometió a aportar la financiación que permitirá hacer una restauración o puesta en memoria de la casa que hace más de 30 años está abandonada”, aclaró el secretario. Por su parte, la abuela Chicha Mariani agradeció al Gobierno y manifestó que “he hablado tanto en 30 años por la desaparición de niños y en especial de mi nieta desde que se produjo este ataque, y siempre tuve que correr detrás de Anahí y hasta ahora sigo buscándola”. El juez español Baltazar Garzón señaló, como testigo de la firma del convenio, que “estos actos son imprescindibles para la memoria”.















Domingo, 23 de Marzo de 2008
SOLO DIEZ PROCESADOS EN LA CAUSA SOBRE EL MAYOR CENTRO CLANDESTINO DE DETENCION DEL PAIS
Campo de Mayo, una deuda de la Justicia

Se estima que por Campo de Mayo pasaron más de cinco mil personas. Funcionaron allí cuatro centros clandestinos y una maternidad. Los querellantes pidieron la detención de más de 70 represores, pero apenas diez están procesados.
Por Diego Martínez

Se sabe menos de lo ocurrido en Campo de Mayo que en otros centros: los pocos sobrevivientes permanecieron encadenados y encapuchados.
Junto con las investigaciones de los crímenes cometidos en la ESMA y el Cuerpo I de Ejército, Campo de Mayo es la mayor causa por delitos de lesa humanidad que instruye la Justicia federal. Por sus centros clandestinos y maternidades se estima que pasaron 5000 personas. Sólo un puñado sobrevivió para contarlo. Los querellantes ya pidieron la detención de más de 70 represores pero apenas diez están procesados, frente a 42 en ESMA y 44 en Cuerpo I. Seis gozan de arresto domiciliario y sólo dos, los únicos que no pertenecen al Ejército, están presos en una cárcel común. Entre las celebridades impunes sobresale el ex jefe de Inteligencia del Comando de Institutos Militares y responsable de "El Campito", general (R) Fernando Verplaetsen.
La megacausa "Riveros, Santiago y otros s/ privación ilegal de libertad, tormentos, homicidios y otros" investiga la represión ilegal en la ex zona IV, norte del Gran Buenos Aires. Campo de Mayo tuvo varios centros de detención: "El Campito", "Las Casitas", la cárcel de encausados y el Hospital Militar, donde más de 30 mujeres parieron en cautiverio. Además de oficiales y suboficiales del Ejército, prestaron servicios allí agentes de la Policía Federal, Prefectura y Gendarmería, que aportaron guardias e interrogadores. La Zona IV incluyó también lugares de detención en decenas de comisarías de la policía bonaerense.
El general de brigada (R) Santiago Omar Riveros, jefe del Comando de Institutos Militares y luego de la zona IV, fue detenido y procesado en 1985. No pudo ampararse en la obediencia debida, pero recuperó la impunidad con el indulto de Carlos Menem. Poco después fue detenido por apropiación de menores, pero la investigación sobre su rol en Campo de Mayo hibernó durante más de quince años. En octubre de 2003 el pleno de la Cámara Federal de San Martín ordenó la reapertura de la causa archivada en 1987. El 17 de noviembre de 2004, luego de que el Congreso anulara las leyes de impunidad, el juez federal Alberto Suares Araujo ordenó las primeras detenciones. Cinco días más tarde la Cámara declaró que la flamante ley era inconstitucional y liberó a los represores. En febrero de 2005, el mismo tribunal sumó otro obstáculo: resolvió que el indulto a Riveros era constitucional. Recién en septiembre de 2006 la Cámara de Casación Penal anuló esa resolución, medida que confirmó la Corte Suprema de Justicia. Suares Araujo dispuso de inmediato las detenciones de los imputados por el caso de Floreal Avellaneda (ver recuadro). La causa volvía a renacer, con varios cuerpos de desventaja. El juzgado de Suares Araujo analiza 310 casos. Algunos son víctimas particulares, otros refieren a fábricas como Mercedes Benz, Ford o cerámicas Lozadur, a cementerios o a localidades como Zárate-Campana.
De obstáculos y torpezas
Una dificultad específica de la causa Campo de Mayo debe buscarse en la "eficiencia", desde la óptica militar, con que el Ejército ejecutó la represión ilegal. A diferencia de la ESMA, donde un grupo de cautivos fue utilizado como mano de obra esclava al servicio del almirante Emilio Ma-ssera y pudo identificar a sus victimarios, los pocos sobrevivientes de Campo de Mayo permanecieron encadenados, encapuchados, sin poder hablar ni moverse excepto hasta la sala de torturas. Para suplir la carencia el juzgado, a propuesta de las querellas, les tomó declaración testimonial a más de 300 ex conscriptos. Sus testimonios son fundamentales para conocer a los oficiales y suboficiales que participaron de cada operativo, como el asesinato el 3 septiembre de 1976 del matrimonio Lanuscou-Miranda, sus hijos de 6 y 4 años, y el secuestro de Matilde, de apenas seis meses.
Un problema básico es la falta de querellantes. En teoría, el fiscal Jorge Sica tiene el deber de impulsar los casos de todas las víctimas y el juez de investigarlos. La práctica es otra. "Hay miles de víctimas pero 30 querellas, que es lo que la Justicia investiga. Muchos creen que haber declarado en Conadep es suficiente para que la Justicia avance. No es así. Es imprescindible que los familiares se constituyan como querellantes", explica Miguel Fernandez, director de Derechos Humanos de Moreno y miembro de la Comisión por la Recuperación de Campo de Mayo que impulsa la causa. "Mientras estaba preso en la U9 llegó un grupo de ferroviarios y otro de obreros de Ford que venían de Campo de Mayo. Es esencial ubicarlos. En Moreno buscamos a todos los familiares de los compañeros. El problema es que muchas víctimas estaban de paso. Eso dificulta la búsqueda", agrega.
Algunos querellantes consideran que por la magnitud de la represión en Campo de Mayo la cantidad de empleados del juzgado de Suares Araujo, que tiene una secretaría ad hoc con diez personas, y del fiscal Sica, con sólo un auxiliar dedicado al expediente, es insuficiente. Citan como ejemplo la aparición constante de nuevos testigos y víctimas. "La causa es una caja de Pandora. Cada semana aparecen nuevos sobrevivientes, ex conscriptos o testigos con datos relevantes. Recién ahora el juzgado está tomando conciencia de la dimensión de la represión en Campo de Mayo", considera el abogado Pablo Llonto.
Otros querellantes apuntan que los juzgados que investigan megacausas tienen menos personal y resaltan lo que consideran estrategias inadecuadas para investigar crímenes masivos y sistemáticos. Por ejemplo, la citación de oficio a empleados que aún prestan servicios en el Hospital Militar y que no aportaron datos de valor. Un cuestionamiento generalizado es la investigación de casos aislados, sin un cruzamiento de variables como lugar de trabajo, fecha de secuestro y ámbito de militancia. Esa deficiencia derivó en un trabajo de coordinación y colectivización de datos por parte de las querellas, que comenzaron a presentar denuncias por grupos de víctimas. Así surgió la Comisión, que incluye a sobrevivientes, familiares, abogados, testigos y militantes sociales.
Desde Abuelas de Plaza de Mayo son duros críticos del juzgado, que acaba de ordenar citaciones solicitadas a fines de 2006. "En lugar de detener a imputados por secuestros y apropiaciones el juez los citó a prestar declaración indagatoria para abril y no ordenó que se les prohíba salir del país. Es una invitación a fugarse", razona el abogado Luciano Hazán. También le cuestiona que "no libró orden de captura internacional contra el médico Norberto Bianco, responsable de la sección epidemiología del Hospital Militar donde funcionó una de las maternidades clandestinas".
El rol de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación como querellante también genera posiciones encontradas. Algunos impulsores de la causa admiten que, al carecer de un equipo de abogados capaz de hacer un seguimiento exhaustivo del expediente, el aporte de la SDH es simbólico, pero reivindican el valor del símbolo. Otros resaltan la importancia crucial de los informes de investigación que aporta el Equipo de Investigación del Area Conadep, con datos detallados de secuestros y nóminas de imputados, pero lamentan que al ser la SDH parte en la causa el juez relativice su valor por considerarlos subjetivos.
© 2000-2008 http://www.pagina12.com.ar/República Argentina






APDH
Pidió juicio, castigo y cárcel común para los genocidasSan Luis
(Pelr) 25-03-08. Dos actos conmemorativos del inicio del denominado "Proceso de Reorganización Nacional" se realizaron ayer en esta capital. En uno de ellos, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos reclamó que a los responsables de los crímenes de lesa humanidad "se los condene a reclusión perpetua de cumplimiento efectivo en cárcel común, utilizando la figura del genocidio" y al gobernador de San Luis, Alberto Rodríguez Saá, la remoción inmediata del ex militar Guillermo López del cargo de ministro de Seguridad provincial. En el primer acto, realizado en la Universidad Nacional de San Luis, su Rector, José Ricardo, señaló que "a 32 años de uno de los períodos mas sombríos de la historia argentina, nos toca vivir una época mas favorable para el esclarecimiento de crímenes de la dictadura, las Leyes de Amnistía han sido anuladas y resurge la esperanza de que la justicia condene a tantos responsables impunes, de la masacre de Trelew, del asesinato de Graciela Fiochetti en San Luis, de la desaparición y muerte de Mauricio López", primer rector de esa casa de altos estudios, detenido y desaparecido desde el 1º de enero de 1977."Exigimos al estado se brinden los medios para que la desaparición de Mauricio López sea investigada con toda la intensidad que merece, a veces librada a vericuetos judiciales y paupérrimas condiciones de investigación para los fiscales de estado", dijo Ricardo.Luego, pasado el mediodía, en la plaza Pringles, la APDH filial San Luis realizó otro encuentro conmemorativo, donde brindó un pormenorizado detalle de las causas que se ventilan en la justicia federal local por la desaparición forzada de personas, el asesinato y tortura de militantes sociales. Esther Picco, ex rectora de la UNSL e integrante de la APDH, recordó que "en breve estaremos asistiendo al debate oral y público de la causa de Graciela Fiochetti, Pedro Ledesma, Santana Alcaraz", detenidos en septiembre de 1976, la primera asesinada en las Salinas del Bebedero, mientras que los jóvenes están aun desaparecidos.Desde el organismo de DDHH pidieron a los magistrados federales de San Luis que se acumulen en una "la totalidad de las causas de homicidios, desapariciones forzosas y torturas de los compañeros", puesto que "toda la actividad criminal del terrorismo de Estado en San Luis fue llevada a cabo por la misma estructura represiva organizada a través del Área 333, dependiente del Tercer Cuerpo de Ejército de Córdoba, cuyo máximo responsable en San Luis era el teniente coronel (R) Fernández Gez y su plana mayor del Gada 141".A su turno, Francisco Ledesma, hermano del desaparecido Pedro Valentín y querellante en la causa que se sigue contra los militares retirados Miguel Ángel Fernández Gez, Carlos Esteban Pla, y los policías retirados David Becerra, Juan Carlos Pérez y Luis Alberto Orozco, integrantes "de los grupos de tareas" acusados de secuestrar, torturar, asesinar y desaparecer personas."Este grupo de tareas tenia su base de operaciones en la Jefatura Central de Policía, que funcionaba en la esquina de calle San Martín y Belgrano y contaba con varios centros de detención clandestina, como la Granja La Amalia y Rodeo del Alto que pertenecían al Ejercito"."Por eso centros pasaron, como otros tantos compañeros, Graciela Fiochetti antes de ser asesinada, Pedro Valentín Ledesma y Santana Alcaraz antes de sus desapariciones".Pero también pidió que se incriminara en la causa "a toda la plana mayor del GADA 141", responsable de las acciones que se realizaban en aquellos días.







Recordaron a las víctimas en la Plaza de la Constitución
Acto en el Día de la Memoria

Ayer se conmemoró el Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia en recuerdo del 32º Aniversario del golpe militar que depuso al Gobierno de María Estela Martínez de Perón y dio comienzo a la última dictadura militar en la Argentina, que se extendió hasta 1983, cuando retornó la democracia con el ex presidente Raúl Alfonsín. En nuestra ciudad, ayer se rindió un “acto homenaje a los compañeros asesinados en Villa Constitución por el Terrorismo de Estado”. Estuvieron presentes, el intendente municipal Horacio Vaquié; el presidente del Concejo Municipal, Níver Moreyra; los ediles Gustavo Báez, Osvaldo Medicina y Roberto Bertholaga; el senador provincial Héctor Aquino; la secretaria de Gobierno, Gabriela Chiariotti; autoridades municipales; el concejal de la ciudad de Rosario, Arturo Gandolla; diferentes grupos de Buenos Aires, Santa Fe Capital, Rosario, familiares de desaparecidos, entre otros.Poco después de las 10.00, se inició al acto con palabras a cargo del periodista Carlos Del Frade, quien recordó: “Así empezó la masacre del 24 de marzo de 1976, en Villa Constitución, el 20 de marzo del ’75 por decisión de Acindar y de Martínez de Hoz”.Luego de las diferentes acciones protocolares llegó el momento de los discursos. El primero en subir al escenario fue el intendente Horacio Vaquié, quien señaló: “La historia es la memoria de los pueblos que se va construyendo entre luces y sombras, entre el dolor y la esperanza. Es importante que estemos aquí inaugurando un monumento que será la representación de la memoria colectiva de Villa Constitución. Es necesario hacer memoria y que ésta permanezca en la mente y en el corazón”. Seguidamente, Cátulo Bogado y Eduardo Kess, representantes de la Agrupación Ex Metalúrgicos del 70 lista Marrón se presentaron ante el público allí reunido. Bogado dijo: “Ellos sin pensarlo dieron su vida, ellos no preguntaron por quién iban a dar su vida. No me arrepiento de lo que hice, porque el hombre que se arrepiente de lo que ha hecho se arrepiente de su propia historia”. FamiliaresEn representación de todos aquellos familiares de desaparecidos, María de Lobotti, madre de Miguel Ángel Lobotti -desaparecido y asesinado el 10 de abril de 1975- brindó testimonio.“Que en un momento de tanta emoción y recuerdos tenga que decir algunas palabras es como retroceder en el tiempo, volver a vivir y transitar en el tiempo un camino lleno de dolor. Me sacaron junto con mi hijo un pedazo de mi vida. Nuestro sacrificio y dolor como padres, no se olvida”, dijo emocionada. Placa Conmemorativa Luego, se invitó a todos los presentes a que se trasladaran hasta el centro de la Plaza “De la Constitución” para descubrir la placa conmemorativa que recuerda a aquellos trabajadores secuestrados en Villa Constitución, a los nativos de nuestra ciudad desaparecidos en otras localidades y a aquellas personas de distintas ciudades que se encontraban aquí al momento de su desaparición desde 1975 hasta 1978. El descubrimiento estuvo a cargo de Horacio Vaquié, Níver Moreyra, Cristian Horton, Alberto Piccinini y Carlos Alegre, quien durante su mandato como edil presentó la propuesta en el Concejo.Luego se dio lectura al pedido de dicha placa y al decreto del Concejo que aprobaba el mismo. Por su parte, el secretario general de la UOM Villa Constitución, Victorio Paulón, expresó en referencia a esto, “lo que sucede hoy en Villa Constitución es un hecho histórico, que esté escrito en la plaza de nuestra ciudad el nombre y el apellido de cada uno de los compañeros que fueron asesinados desde la Triple A hasta la dictadura militar, para que definitivamente la historia no se repita. La historia de cada uno de ellos será relatada, porque hoy vinimos a institucionalizar los recuerdos de esa generación de luchadores”.





Homenaje a la familia Amestoy a 31 años de la Masacre de la calle Juan B. Justo

A 31 años de la Masacre de la calle Juan B. Justo, se realizó en San Nicolás un emotivo homenaje para recordar los crímenes de Omar Amestoy, su esposa María del Carmen Fettolini, sus hijos Fernando, de tres años, y María Eugenia, de cinco, y Ana María del Carmen Granada, en un operativo conjunto entre militares y policías federales y bonaerenses. Familiares e integrantes de organizaciones de derechos humanos encabezaron el acto en reclamo de justicia del que también participó Manuel Gonçalves, el único sobreviviente del hecho. Además, la familia Amestoy colocó una placa en el cementerio de Nogoyá en la que se reclamó por "memoria, verdad y justicia", ante la presencia de amigos y compañeros de Omar y Pochi.En la Plaza de los Inmigrantes, en San Nicolás, se desarrolló por tercer año consecutivo un acto donde hubo distintas actividades artísticas coordinadas por la Juventud de la Central de Trabajadores Argentinos (CTA). Grupos musicales y obras teatrales dieron marco al homenaje en memoria de las víctimas de la denominada Masacre de la calle Juan B. Justo, en la que fueron asesinados cuatro entrerrianos.A pesar de la inestabilidad del tiempo, que obligó en un momento suspender la actividad, la jornada tuvo la presencia del numeroso público que concurre al paseo costanero de la ciudad. Luego continuaron los actos en el local de CTA, entre pizzas y alguna bebida.El Grupo de Teatro del Hogar de Día Cooperanza presentó una obra dirigida por Víctor Cisterna. También actuaron varias bandas locales, como Becuadro, La Usurpada y otras; y entrada la noche, alumnos de la Escuela Media Número 3 de San Nicolás, que realizaron la investigación y el video documental No nos han vencido para el Programa Jóvenes y Memoria de la Comisión Provincial por la Memoria, dieron testimonio del trabajo realizado en el transcurso del año y que fuera presentado recientemente en el Encuentro de Chapadmalal."A cada paso en la Justicia, damos otro por la memoria. Ojalá el año próximo, para esta época ya estén condenados los responsables y después de tanto sembrar memoria, finalmente cosechemos un poco de justicia", afirmó el dirigente del Sindicato Único de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires (Suteba), José María Budassi, que también padeció en carne propia el horror de las botas y los fusiles.
En las primeras horas del
19 de noviembre de 1976:


Las fuerzas de seguridad llegaron con tanques, camiones y un arsenal de armas; cerraron el paso a tres cuadras a la redonda para impedir que los vecinos puedan acercarse a la zona e irrumpieron en la casa de calle Juan B. Justo 676. Una veintena de efectivos ingresó a los tiros a la vivienda. Primero fue asesinada Ana María del Carmen Granada estando ella en un rincón, con las manos levantadas, suplicando a su matador que no lo hiciera. Las balas también alcanzaron a Omar Amestoy y María del Carmen Fettolini, ambos oriundos de Nogoyá. María Eugenia y Fernandito murieron en el baño, ahogados por los gases lacrimógenos que habían sido lanzados desde la claraboya por los represores. Manuel, que pudo esquivar entre las sábanas los balazos que impactaron en el ropero en el que su madre buscó protegerlo, fue internado y a los pocos meses dado en adopción. Recién pudo conocer su historia y recuperar su identidad en 1995.Omar Darío Amestoy era el mayor de cuatro hermanos nacidos en Nogoyá (Entre Ríos). A los 17 años terminó el secundario y se fue a estudiar a Santa Fe. Primero intentó Ingeniería Química, pero enseguida abandonó la carrera y comenzó a estudiar Derecho. A los 23 años se recibió de escribano y se volvió a su ciudad, donde lo esperaba María del Carmen Fettolini, su novia desde la infancia y con quien se casó al poco tiempo. Ella era una de cinco hermanos de una familia que vivía sin sobresaltos y había sido una de las primeras maestras jardineras y trabajaba en el Colegio del Huerto.En 1969, Amestoy se hizo cargo del Registro de la Propiedad del Automotor de Nogoyá. Para ese entonces, Omar era también un activo militante barrial de Nogoyá, donde realizaba una ardua tarea de militancia barrial, en una ciudad en la que las necesidades eran muchas. "Se sacaba el saco y se iba a trabajar a los barrios", cuentan sus familiares. A la llegada de la dictadura, huyeron primero a Paraná y luego cruzaron a Santa Fe, hasta que se instalaron en San Nicolás, donde fueron asesinados.

Sólo dos represores

Por lo pronto, sólo dos represores permanecen procesados y detenidos: el teniente coronel Manuel Fernando Saint Amant -de 72 años e imputado por 147 desapariciones de personas, 27 secuestros y torturas, robos, apropiaciones de menores y asesinatos, entre ellos el homicidio del obispo Carlos Ponce de León- y el entonces jefe de la Policía Federal, comisario Jorge Muñoz -que poseía especialización en temáticas de represión de guerrilla urbana y había dictado cursos sobre ello en distintas unidades del Ejército Argentino-. En tanto, el policía Carlos Alberto Azzaro, que confesó haber asesinado a Granada, tiene actualmente una falta de mérito. El fiscal federal Juan Patricio Murray solicitó las detenciones del ex comisario Fernando Meneghini y el ex subcomisario Omar Marelli. Pero en el hecho hubo por lo menos 20 personas involucradas que no han podido ser identificadas todavía.

El año próximo podría elevarse a juicio
la causa por el asesinato de la
familia Amestoy



El año que viene podría elevarse a juicio oral la causa por la Masacre de la calle Juan B. Justo, en la que fueron asesinados los nogoyaenses Omar Amestoy, María del Carmen Fettolini y los hijos de ambos, María Eugenia y Fernando; y Ana María del Carmen Granada, de acuerdo a las estimaciones del secretario de Derechos Humanos del Sindicato Único de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires (SUTEBA) y de la Central de Trabajadores Argentinos (CTA) de San Nicolás, José María Budassi. El dirigente, ex detenido político y activo militante, reconoció que "esperamos mayor celeridad", aunque destacó el trabajo del fiscal Juan Murray.Para Budassi, la causa más avanzada y próxima a juicio oral en San Nicolás es la conocida como la Masacre de la calle Juan B. Justo, en la que fueron asesinados cuatro entrerrianos y Ana María del Carmen Granada, a manos de fuerzas conjuntas de las policías federal y bonaerense y militares, el 19 de noviembre de 1976."Estimamos y esperamos que en el transcurso del año que viene lleguemos a la instancia de juicio oral. Se trata de procesos que llevan unos cuantos años. Esperamos que nuestras madres puedan ver al menos un gesto reparador de Justicia", dijo Budassi.La semana pasada también estuvo en San Nicolás Luis Alem, que es jefe del Gabinete de Abogados de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y "solicitó una audiencia con el juez federal Carlos Villafuerte Ruzo para plantearle una serie de inquietudes en las causas. Fundamentalmente en los casos de los asesinatos de (Osvaldo) Cambiaso y (Eduardo) Pereyra Rossi ocurrido a mediados de 1983, en los que se encuentra implicado el ex comisario Luis Patti, y en la causa que investiga la muerte de monseñor Carlos Horacio Ponce de León. En este último caso, preocupado por precisar la posición ante la Justicia de revisar las actuaciones llevadas en su momento -plagadas de errores y omisiones- sumado a los testimonios y pruebas documentales que sientan la hipótesis de un atentado".Sobre la opinión que le merece la actuación de Villafuerte Ruzzo, Budassi consideró que "en lo personal como sobreviviente y compartiendo la ansiedad de las familias de nuestros compañeros desaparecidos, debo decir que esperamos mayor celeridad", aunque destacó el trabajo del fiscal Murray, "que ha tomado contacto directo con los casos, se ha sensibilizado y manifestado buena disponibilidad. Concretamente en el caso del ex comisario Mastrandrea, imputado en la causa de los ex alumnos del Don Bosco, su actitud soberbia y prepotente frente al personal judicial -muy al contrario de lo que sucede con la conducta que nuestras abogadas por la parte querellante- marca de alguna manera cómo el proceso de memoria y justicia incide en la subjetividad de los protagonistas".Asimismo, destacó que "el juez no ha fallado correctamente al rechazar nuestras presentaciones como querellantes, a diferencia de la Justicia de La Plata donde sí fuimos admitidos con ese rol. De todos modos hemos apelado el dictamen que está en la Cámara Federal de Rosario".Asimismo, destacó el trabajo que se ha realizado a través de los Encuentros Regionales por Memoria y Justicia que se concretaron durante el primer semestre del año, y al trabajo que se viene haciendo desde 2001 con las escuelas y la Comisión Provincial por la Memoria, señaló que este año participaron varias escuelas de San Nicolás y La Emilia, vinculado a los juicios.




DICTADURA MILITAR Cobra impulso investigación judicial por represión a trabajadores rurales de Virasoro
Ha tomado impulso la causa que se investiga en el juzgado federal de Paso de los libres por la desaparición de Marcelo Peralta, obrero rural, subdelegado de FATRE en Virasoro, con el reciente testimonio de su ex exposa.
La causa fue retomada luego de que la tomara un conjuez, el Dr Tomas Chalup, tras más de 15 declinaciones de jueces y profesionales del medio.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Numerosos actos en repudio al golpe militar del 76
Peralta era tarefero y trabajaba para el Establecimiento Las Marias. Al momento de su desaparición,según el relato de su mujer, Díaz de Peralta, testigo presencial del operativo, ante la justicia federal, Peralta vivía en una barraca de obreros en la estancia "Maria Aleida, propiedad de la Familia Moglia-Rorres Queirel.
Diaz de Peralta declaró que el 28 de Junio de 1977 a la madrugada irrumpieron en las barracas efectivos militares buscando a su esposo.
En esa ocasión dijo que vio cómo detenían y maltraban a los peones rurales de las inmediaciones, Ramón Falcón y Ramon Peralta, este último hermano mellizo de Marcelo. Cuando por fin dieron con Peralta, este intentó escabullirse pero fue " acribillado a balazos", por los efectivos militares Dijo que permaneció con su beba en brazos paralizada en el interior del galpon sin atreverse hasta el amanecer cuando vio huellas de camiones y rastros de sangre.
"Nunca más supo de él", declaro.
La desaparición de Peralta se produjo días despues del secuestro y desaparicion del secretario adjunto de Fatre, en Virasoro, el tractorista Neri Pérez.
Por otra parte, según se informó a momarandu.com tambien avanzan las actuaciones por el caso en el Juzgado Federal de Posadas, Misiones, donde los familiares de Neri Pérez han presentado querella por su "secuestro y desaparición".
Testigos dijeron haber visto con vida a Peralta en centros clandestinos de detencion de Misiones.
Se espera para os próximos días el tstimonio de Ramona Pérez, viuda de Neri Pérez, testigo tambien del secuestro de su marido a manos de personal militar y fuerzas policiales de la provincia.
Estos testimonios y los previstos para los próximos dias intentan reconstruir lo acontecido a un grupo de trabajadores rurales, todos sindicalizados y vinculados al establecimiento yerbatero Las Marias.

Marcha a lo de Macri



Los docentes de los talleres gratuitos que se dictan en los centros culturales porteños realizarán hoy una manifestación frente a la casa del jefe de Gobierno porteño, Mauricio Macri –ubicada en Ortiz de Ocampo al 3100, en Palermo–, en reclamo, según denuncian, por el cierre de más de 600 cursos, dado que hasta el año pasado se llevaban adelante más de 1200. La protesta está anunciada para las 19. El conflicto comenzó cuando el Gobierno de la Ciudad anunció a principios de marzo que se iniciaba la inscripción para 680 talleres, con cupo para 24 mil vacantes.

No hay comentarios: