martes, 11 de marzo de 2008



Caso Sampallo Barragan
La querella pide 25 años para los apropiadores
Los abogados de la querellante María Eugenia Sampallo Barragán pidieron hoy 25 años de prisión para los tres acusados del robo y cambio de identidad de la mujer, cuando ella era bebé, durante la última dictadura.

María Eugenia Sampallo Barragán
Imagen: Bernardino Avila



El pedido de la máxima pena prevista para estos delitos recayó sobre los apropiadores Osvaldo Rivas y María Cristina Gomez Pinto, y sobre el militar Enrique Berthier.
Mañana se escuchará el pedido de la fiscalía en la segunda jornada de alegatos en el juicio que lleva adelante el Tribunal Oral Federal 5.




Procesan por homicidio a cinco marinos responsables de la Masacre de Trelew
Cinco fusiladores sin coartada

El juez Sastre ratificó la prisión preventiva y procesó por homicidio a los oficiales Luis Sosa, Emilio Del Real, Rubén Paccagnini y al cabo Carlos Marandino. El contraalmirante Mayorga, “cómplice necesario”.

Subnotas
“Olor a muerte”
“Algo se preparaba”
Grupo de contención
El prófugo en Miami



Por Nora Veiras
El penal de Marcos Paz, donde están alojados militares y policías represores, tendrá nuevos internos. El juez federal Hugo Sastre procesó a cinco marinos retirados por la Masacre de Trelew, en la que fueron fusilados diecinueve guerrilleros el 22 de agosto de 1972. A partir del encuadramiento de los crímenes como “delitos de lesa humanidad”, les ratificó la prisión preventiva y dispuso embargos de más de dos millones de pesos a cada uno. Los oficiales Luis Emilio Sosa, Emilio
Jorge Del Real, Rubén Norberto Paccagnini y el suboficial Carlos Amadeo Marandino, fueron señalados como “probables autores materiales, penalmente responsables del delito de privación ilegítima de la libertad y homicidio premeditado”. El contraalmirante Horacio Alberto Mayorga, será juzgado como “cómplice necesario” por “haber dictado las normas generales” para el trato de los presos. En los considerandos del fallo, el juez destacó “la falta de colaboración y disposición a la que el Tribunal se ha visto sometido, por parte de la Armada Argentina durante los pasos de esta difícil investigación”.
En la última carilla de la resolución de 44 páginas, el juez federal de Rawson, Chubut, dispone el traslado y alojamiento de Sosa, Paccagnini, Del Real y Mayorga al penal de Marcos Paz. Tras una minuciosa enumeración del testimonio de testigos y fusiladores, Sastre desarmó el relato oficial de la Armada que durante casi treinta y seis años justificó la masacre en un supuesto intento de fuga.
Los hechos
El 15 de agosto de 1972 se había producido la fuga de 25 presos de distintas organizaciones armadas del penal de Rawson. Los seis que integraban la conducción de ERP, Montoneros y FAR lograron abordar un avión de línea en el viejo aeropuerto de Trelew y llegaron a Santiago de Chile. Roberto Quieto, Fernando Vaca Narvaja, Roberto Santucho, Marcos Osatinsky, Enrique Gorriarán Merlo, Domingo Menna terminaron en Cuba. Los otros 19 llegaron cuando la nave ya estaba decolando, tomaron de rehenes a pasajeros que estaban en el aeropuerto. Intervinieron los militares apostados en la Base Naval Almirante Zar. El capitán Luis Sosa,a cargo de las tropas se puso al frente de las negociaciones, quienes se entregaron ante la presencia del entonces juez federal Alejandro Godoy y de un médico.
Sosa les había dado su “palabra de honor”: serían llevados nuevamente al penal de Rawson. El compromiso se diluyó apenas los subieron a un micro de la Marina. Por orden superiores fueron llevados a la base naval. El 22 de agosto, Sosa acudió al lugar donde estaban los prisioneros “aproximadamente entre las 2.30 y las 3.30 horas, en compañía del teniente Bravo, Emilio Del Real, entre otros, y luego de que abrieran las puertas de las celdas se abrió fuego contra los detenidos”, señaló el juez en la resolución. “La versión que ha transmitido el imputado Sosa, sólo tiene asidero en sus propios dichos”, advirtió el juez al desestimar la supuesta agresión que habría sufrido el oficial y que, en la versión oficial, había sido el detonante del fusilamiento.
“Ninguno de los imputados convocados por este tribunal, y que estuvieron presentes en el momento del hecho, hasta ahora ha manifestado que Sosa fue agredido –Del Real no declaró y Marandino le atribuyó a Sosa haber disparado una ametralladora PAM contra los detenidos. En sus declaraciones Paccagnini (jefe de la Base Naval en aquel momento) y Mayorga (responsable máximo del área), repiten lo que Sosa les dijo, el primero por lo que éste le contó y el segundo por lo que el entonces Jefe de Base le expresó. así se desprende de sus respectivas declaraciones indagatorias. Esta hipótesis no es otra que la semilla que diera origen a la explicación oficial dada a conocer por la Armada Argentina y que sostuvo el gobierno de facto, a través del presidente Alejandro Agustín Lanusse en esa época”, sintetizó el magistrado.
El Mayorga insistió en su declaración ante el juez en que el fusilamiento es “una falsedad propagandística” porque en ese caso no hubiera habido sobrevivientes. El contraalmirante fue procesado como partícipe necesario por haber sido el responsable de ordenar medidas de “máxima seguridad” al capitán Paccagnini. “Se recurriría a las armas aún cuando hubieran tomado rehenes para facilitar el canje”, dijo el alto oficial que llegó a denunciar que se habría pagado a algún suboficial para denostar a la Marina.
El único de los imputados que sigue prófugo es el teniente de navío retirado Roberto Bravo. Página/12 reveló que Bravo vive en Florida, Estados Unidos, es dueño de RGB Group Inc, firma que lleva sus iniciales, factura millones de dólares y provee de servicios a las Fuerzas Armadas de ese país. A través de sus abogados, Bravo se mostró dispuesto a declarar en los Estados Unidos y repitió la versión oficial.
Donde hubo fuego
El cabo Marandino dijo en su declaración que dos oficiales en actividad de la Marina, Juan Martín Poggi y Angel Vázquez, lo citaron al Edificio Libertad en octubre pasado para ponerlo al tanto de su situación en la causa por la Masacre de Trelew. Ambos capitanes fueron interrogados por el juez Sastre y ratificaron que se reunían institucionalmente con todos los camaradas involucrados en “delitos de derechos humanos”. Página/12 informó sobre el funcionamiento de ese, conocido en la jerga, “Grupo de contención”y por decisión del Ministerio de Defensa todos los ocupados de esas tareas fueron pasados a retiro o a disponibilidad (ver aparte).
El fallo de Sastre señaló que “familiares de las víctimas sufrieron la persecución en los años sucesivos, como también sus abogados defensores, debiendo algunos exiliarse y otros siendo eliminados como el caso de la familia de Mariano Pujadas (uno de los presos fusilados)”. El juez también destacó la actitud cómplice de la Armada que “a Bravo, Sosa, Del Real, Herrera y Marandino, se los cambió de destino en forma repentina (...) Y llama la atención que en el caso de los dos primeros y de Marandino, se los haya enviado a la Agregaduría Naval de la embajada argentina en los Estados Unidos, país en el que Bravo y Marandino hicieron su vida desde hace treinta y cinco años, regresando solamente Sosa (...) Llama la atención que Marandino, luego de obtener el retiro, haya sido contratado por la propia Agregaduría Naval, desempeñando funciones como chofer hasta hace aproximadamente dos años (...) Estos datos son indicativos de la protección brindada a los imputados, otorgándoles un manto de impunidad durante todos estos años”.



ATEN PIDE UN PARO NACIONAL EN EL ANIVERSARIO DEL ASESINATO DE FUENTEALBA
"Una acción nacional unitaria para reclamar el juzgamiento de los responsables del crimen"
La Asociación Trabajadores de la Educación de Neuquén (ATEN) impulsa la realización de un paro nacional de la CTERA para el 4 de abril próximo cuando se cumpla un año del crimen del maestro neuquino Carlos Fuentealba.



En el último Congreso, los delegados de la Asociación Trabajadores de la Educación de la provincia (ATEN) plantearon la realización de "una acción nacional unitaria para reclamar el juzgamiento de los responsables del crimen del docente neuquino".
El secretario de Prensa de ATEN, Alejandro García, informó que la propuesta será analizada en el plenario de secretarios generales de la CTERA el 26 de este mes.
El gremio docente neuquino con los integrantes de la Comisión "Carlos Presente, Justicia Ya" organizaron una serie de actividades para el mes de marzo con la intención de concretar el 4 de abril una jornada de movilización nacional en la ciudad de Neuquén.
El 4 de abril se cumplirá un año del crimen de Fuentealba ocurrido durante una protesta docente reprimida por la policía en la ruta nacional 22 en cercanías del paraje Arroyito.
Fuentealba recibió en la cabeza un disparo de granada lacrimógena que le ocasionó la muerte.
Por el crimen está procesado con prisión preventiva el policía Darío Poblete, presunto autor del disparo mortal quien este año podría ser juzgado en un juicio oral y público.
En otra causa son investigadas las responsabilidades de la cadena de mandos policial y ex funcionarios de la administración encabezada por Jorge Sobisch.
Este mes se realizará una campaña de difusión en las escuelas y en la vía pública con la imagen de Fuentealba junto a las consignas "Juicio y castigo a los responsables", "Cárcel a Sobisch" y "Sobisch asesino" en alusión al ex gobernador de la provincia que ordenó la represión que le costó la vida al docente neuquino.


La Dictadura de Pinochet en los tribunales franceses a partir del 19 de mayo
"Este proceso marcará la culminación de más de treinta años de una difícil lucha por la justicia"
El primer proceso en Francia contra la dictadura chilena del general Augusto Pinochet, muerto hace un año y medio sin ser juzgado, tendrá lugar del 19 al 23 de mayo ante la corte criminal de París.



"Este proceso marcará la culminación de más de treinta años de una larga y difícil lucha por la justicia", afirmó este mismo día en París la Asociación de ex-prisioneros políticos chilenos.
"Para miles de otras familias de víctimas, este proceso representará el reconocimiento internacional de un derecho que la justicia chilena no siempre supo respetar", agregó la Asociación en una declaración.
Pinochet figuraba como el principal acusado del expediente judicial por secuestro y desaparición de cuatro franceses durante la dictadura que él dirigió entre 1973 y 1990.
A través de los casos de los franco-chilenos Jean-Yves Claudet, Georges Klein, Etienne Pesle y Alfonso Chanfreau, serán evocados los crímenes de la dictadura chilena, responsable de más de 2.000 asesinatos y desapariciones y torturas a 27.555 víctimas.
Los acusados son 15 allegados al dictador, en su mayoría militares, los que serán juzgados en ausencia durante más o menos una semana.
El general Pinochet había sido inculpado de ser "cómplice de crímenes, de detenciones arbitrarias, de detenciones y secuestros acompañados de torturas o actos de barbarie, al ser quien daba las órdenes de cometerlos".
Su muerte en diciembre de 2006 le permitió escapar al conjunto de las acusaciones que pesaban sobre él, tanto en Francia como en Chile, provocando reacciones de frustración en todo el mundo y airadas críticas a la justicia por su lentitud.
Si Pinochet no será jamás juzgado, su responsabilidad en los crímenes de la junta militar que dirigió Chile, desde el golpe de Estado contra el gobierno del presidente Salvador Allende, en septiembre de 1973, hasta 1990, estará presente durante el proceso.



El juez era miembro de la Camara de Casacion Penal
Bisordi presentó la renuncia

El juez Alfredo Bisordi, quien meses atrás había dejado la presidencia de la Cámara renunció a su cargo en la Cámara Nacional de Casación Penal.



La dimisión de Bisordi, tiene fecha 31 de marzo, pero hay que esperar a que la presidenta Cristina Fernández de Kirchner la acepte.En caso de que la dimisión no le sea admitida, Bisordi seguirá siendo sometido a juicio político, promovido por el oficialismo.
Bisordi había sido cuestionado duramente por el ex presidente Néstor Kirchner por los retrasos en los juicios a miembros de la dictadura militar por violaciones a los derechos humanos.
El juez le contestó a Kirchner y entonces se desató una polémica que tuvo su punto culminante con el pedido de juicio político promovido por representantes del oficialismo.
En ese marco, Bisordi se apartó de la presidencia del máximo tribunal penal del país pero continuó integrándolo.
MINISTERIO PUBLICO QUIERE BASE DE DATOS PARA VINCULAR PRUEBAS Buenos Aires, 11 de marzo (Télam).- La Unidad Fiscal de Coordinación y Seguimiento de las causas por violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura militar trabaja en la elaboración de una base de datos que posibilite la vinculación de pruebas entre las distintas causas que llevan las fiscalías de todo el país. Según explicó a Télam Pablo Parenti, el subdirector general de esta Unidad que depende del procurador general de la Nación, Esteban Righi, la idea es "aprovechar más eficazmente los testimonios" surgidos en las diferentes causas, cuando se trata de una misma víctima o de un mismo autor. La Unidad, a cargo del fiscal federal del Chaco, Jorge Eduardo Auat, trabaja desde el año pasado en la elaboración de esta base de datos que permite seguir el trámite procesal de los expedientes de todo el país a la distancia. "La idea es que esta base de datos sea una herramienta común a todas las fiscalías, que se pueda utilizar a la distancia, para aprovechar mejor la información y las pruebas existentes" que surgen de las diferentes causas que se llevan en las distintas jurisdicciones, dijo Parenti. Este plan se desarrolla en el marco de la política delineada por la Procuración General de la Nación (PGN), que busca que se "aceleren" los procesos judiciales vinculados a causas por violaciones a los derechos humanos cometidos durante la dictadura militar, para lograr que lleguen a juicio oral, con condenas efectivas para sus autores. En 2003, durante la gestión del ex presidente Néstor Kirchner, se reabrieron las megacausas por delitos de lesa humanidad en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) y en el Primer Cuerpo del Ejército, además de distintos procesos vinculados con violaciones a los derechos humanos en varias provincias. Desde ese entonces, sólo fueron a juicio oral los represores Miguel Etchecolatz, Héctor Febres y Christian Von Wernich. Por este motivo, la PGN instruyó a sus fiscales de todo el país para que se aceleren estas causas que ya llevan más de treinta años. A tal fin, se elaboró un "plan de trabajo" con cada una de las fiscalías federales que tienen causas por delitos de lesa humanidad cometidos durante la dictadura militar. Las fiscalías que concentran mayor cantidad de hechos de terrorismo de Estado son las de La Plata, Capital Federal, Córdoba, Rosario, Bahía Blanca y Tucumán; también figuran La Rioja, Chaco y Mendoza. Por otra parte, la PGN decidió el viernes último reforzar con recursos humanos a la fiscalía de La Plata para actuar en juicios orales en causas de derechos humanos y también para la investigación por la desaparición del testigo Jorge Julio López. informó en un comunicado. También decidió trasmitir al Poder Judicial "la necesidad de asignar recursos humanos y materiales para los juzgados a cargo de la instrucción de las causas", se informó. (Télam)
'JUICIOS SIGNIFICATIVOS' ES EJE PARA ACELERAR EXPEDIENTES Buenos Aires, 10 de marzo (Télam).- La Procuración General de la Nación (PGN) trabaja con las fiscalías de todo el país en la elaboración de "juicios significativos" que unifiquen la mayor cantidad de hechos o de autores, para acelerar las causas por delitos de lesa humanidad, en sintonía con el pedido del gobierno nacional. A tal fin, se encomendó armar un "plan de trabajo" en cada una de estas fiscalías federales con la colaboración de la Unidad de Coordinación y Seguimiento de las causas por violaciones a los derechos humanos durante la dictadura militar, a cargo del fiscal federal del Chaco, Jorge Eduardo Auat, y coordinada por Pablo Parenti. "La idea es elaborar juicios significativos. Los modelos a evitar son los de los represores Héctor Febres, Cristian Von Wernick, Miguel Etchecolatz", donde había más autores involucrados en estos delitos que no fueron incluidos en los juicios orales, explicó a Télam Pablo Parenti, coordinador de la Unidad. Mencionó que "las primeras causas (por delitos de lesa humanidad) que están llegando a las diferentes jurisdicciones lo hacen en forma atomizadas, por pocos hechos y pocos autores, y esto no es por falta de pruebas sino por razones procesales". Parenti explicó que la regla que debe primar es la de "conexidad objetiva, en cuanto a los hechos vinculados históricamente que se investigan en diferentes causas, y subjetiva, respecto a los autores", principio que está establecido en el artículo 41 del Código Procesal pero que no siempre se utiliza. La necesidad de aplicar esta regla surgió luego de un diagnóstico de la Procuración, realizado en agosto del año pasado en base al relevamiento en las fiscalías federales, de donde surgió la "ineficiencia" para elevar casuas a juicio oral, "juicios raquíticos y aislados", según calificó Parenti. El problema que quedó en evidencia fue "la multiplicidad de expedientes respecto a un mismo hecho" o un mismo autor, así como también "las demoras en la instrucción y en la elevación a juicio oral", aunque en esto también tienen un papel fundamental los jueces. Por este motivo, la Unidad de Coordinación de estas fiscalías elaboraron un plan de acción para cada jurisdicción, con el objetivo de coordinar su aplicación con los fiscales que actúan, para evitar la acumulación de causas. "Lo que se busca es traducir estas pautas en un plan de trabajo concreto para cada jurisdicción", dijo Parenti. En total, precisó Parenti, en el país hay unos 850 expedientes por violaciones a los derechos humanos durante la dictadura militar. Los núcleos que concentran la mayor cantidad de estos hechos son Capital Federal, La Plata, Rosario, Córdoba, Bahía Blanca, Tucumán, y más atrás Mendoza, que coinciden con los centros de represión que funcionaban en esa época. La idea es que se dicten menos cantidad de autos de procesamiento (luego de cada indagatoria), para que el juez los pueda resolver en una sola pieza, consignó. La semana pasada, la PGJ, a cargo del procurador Esteban Righi dictó una resolución en la que instruyó a los fiscales del ministerio público a acelerar los procedimientos legales para elevar a juicio oral las causas por delitos de lesa humanidad. Esta medida constituyó un fuerte impulso y puso a la vista de los demás poderes el "criterio" que utiliza la Procuración para instruir a sus fiscales pero, dado que en estas causas está involucrado también el Poder Judicial, con sus jueces, habrá que ver si también va a hacer algo en este sentido la Corte Suprema de Justicia de la Nación. En su discurso ante el Congreso de la Nación, el primero de marzo, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, pidió al Poder Judicial que se aceleren los juicios a los represores que actuaron durante los setenta, durante la dictadura militar. Durante la anterior gestión del presidente Néstor Kirchner, se anuló la ley de punto final y obediencia debido y eso permitió abrir las causas por delitos de lesa humanidad. (Télam)

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