miércoles, 12 de marzo de 2008



Carta abierta a los responsables de la Masacre de Trelew

Por Alicia Bonet *
Me dirijo a los que programaron, decidieron, ejecutaron, fueron actores directos o cómplices de la masacre de Trelew. Hace 35 años el pueblo no les creyó las diferentes versiones que inventaron para justificar el primer acto de terrorismo de Estado que ustedes llevaron adelante y a pesar de ello continúan mintiendo, silenciando, olvidando, hoy delante de la Justicia.
Los presos de Rawson, cuando organizaron la fuga del penal, estaban con las armas que fueron recuperando a medida que iban tomando el penal. Con esa armas, el grupo de 19 que queda en el aeropuerto de Trelew hizo un acuerdo con ustedes para rendirse. Acto mayor de coraje y humildad que las tres organizaciones deciden para evitar que en el enfrentamiento contra ustedes muera el centenar de civiles que estaba en el aeropuerto. Ellos depositan sus armas y ustedes los traicionan con sus órdenes: en vez de reintegrarlos al Penal de Rawson, los llevan a la Base Almirante Zar.
Cuando nosotros los familiares fuimos a Rawson y a Trelew, el 15, 16 y 17 de agosto de 1972 tocando todas las puertas para que nos permitieran llevarles comida, ropa, medicamentos, ustedes dieron la orden de apresarnos. Llovieron las amenazas y meses o años después ustedes mataron a gran parte de los familiares y de los abogados de Trelew.
Nosotros sabíamos, el 22 de agosto, que era imposible fugarse de la Base, en medio del desierto patagónico, rodeado de cientos de ustedes con todo tipo de armamentos. Por ese convencimiento fue que inmediatamente exigí que abrieran el cajón para reconocer si era Rubén, y su cuerpo con cada detalle de lo que vi me acompaña como una fotografía que no se puso amarilla con los años. Era mi esposo, tenía balas y hematomas en diferentes partes del cuerpo, pero además, y sobre todo, tenía la cabeza destrozada.
Cuando una semana después les inicio juicio en Capital Federal, el juez ordena la autopsia. En la morgue judicial está el número, el día y los médicos que procedieron a realizarla y en los archivos de Tribunales los resultados. Aquí se los comunico: las heridas de bala que tiene en el cuerpo no son mortales, el tiro de la cabeza es dado en posición horizontal a poca distancia, con arma de fuerte calibre que entra por la oreja y sale por la cabeza. Ese tiro es mortal.
Cuando se continúa el juicio y se constituye el juez en la enfermería de la Cárcel de Devoto, los tres sobrevivientes, Haidar, Camps y Berger, están heridos, incomunicados y con fuerte custodia policial y militar y a pesar de ello tienen el coraje –ellos dicen el “deber”– de declarar delante de nosotros (juez, familiares y abogados) para que nos encarguemos de decir a la Argentina la verdad de toda la operación que ustedes planificaron y llevaron a cabo para matar a los presos que estaban bajo la responsabilidad del Estado, de ustedes, del general Lanusse y sus camaradas de las Fuerzas Armadas.
“Cambiaron la guardia ese día, nos levantaron a las 3 de la madrugada entre gritos e insultos, nos hicieron salir de las pequeñas celdas enfrentadas y desde el frente del pasillo comenzaron a ametrallarnos, los que estaban en las primeras celdas murieron en el acto, los que estábamos más lejos nos tiramos al suelo y esperamos, conteniendo la respiración, escuchamos el cese de los tiros y después pasaron celda por celda y nos tiraron con el arma que tenían en sus cinturones a quemarropa. Nunca pensaron que podía quedar alguno vivo.” Estas declaraciones las sigo escuchando cada vez que se habla de Trelew.
Los militares que vienen a tomar servicio en la mañana del 22 de agosto encuentran seis heridos: Astudillo, Kohon, Berger, Haidar, Camps y Bonet. Ellos los llevan a la enfermería de la Base.
Haidar, Camps y Berger cuentan que estuvieron en el piso de la enfermería toda la mañana sin ninguna asistencia médica y que ven morir a su lado primero a Kohon y luego a Astudillo. Cerca del mediodía los trasladan en avión al hospital de la base de Bahía Blanca, Rubén está vivo y la última que lo ve con vida es María Antonia Berger, a quien trasladan cerca de las 13.00; ella cuenta que no había perdido el conocimiento, que los escuchaba a ustedes inventando explicaciones de “intentos de fuga” y sabe la hora porque tenía un reloj delante de ella.
Ustedes mataron e hicieron desaparecer a los tres sobrevivientes de la masacre de Trelew, unos años después, cuestión de borrar cualquier intento de que la verdad de sus actos trascendiera.
Los diarios de la mañana del 22 de agosto dan cuenta de 15 muertos y 4 heridos. Ahora quiero que ustedes me contesten ¿quién le dio a las 12.55 un “tiro de gracia” a Rubén?, tal vez el doctor Louis, que firmó el acta de defunción donde figuran estos datos, recuerde lo que paso ese día. Los otros certificados de defunción empiezan a las 3.30 y siguen hasta la mañana. ¿Quién dio la orden, y por qué, de fusilar dos veces a mi marido?
Todo esto está en manos de la Justicia, hay testimonios, hay libros, la Historia se escribe a pesar de querer cambiarla, con la Verdad y la Memoria.
Ustedes tienen un pacto de silencio, de sangre, de muerte, por el cual niegan, mienten, se callan o se suicidan sobre los actos que cometieron, ustedes que tuvieron coraje y valentía para torturar, vejar, violar, matar, robar, quemar, lanzar al agua a Hombres y Mujeres Argentinos que no estaban de acuerdo con sus ideas y su accionar, ahora se callan.
El ejemplo que dan a la Historia y al pueblo argentino y del mundo es su cobardía. Morir moriremos todos, pero nos diferencia el orgullo que tenemos y que continuamos transmitiendo de generación en generación por haber tenido un familiar al que ustedes mataron por querer un país más justo y libre y solidario.
Sus silencios y mentiras hacen de ustedes lo peor que tuvo y tiene que vivir la sociedad argentina, ustedes siempre creyeron estar por encima de las leyes, del Estado de derecho, de la Justicia, se atribuyeron la capacidad de ser dioses que podían decidir sobre la vida y la muerte de sus compatriotas.
Ese pacto que continúan reivindicando los sitúa fuera de lo que se llama “Humanidad”.
A pesar de todo: Espero sus respuestas.
- Viuda de Rubén Bonet, fusilado el 22 de agosto de 1972 en la Base Almirante Zar.

La querella pidio 25 años de prision para los apropiadores de Sampallo
“La trataron como a un objeto”

Por haber retenido y ocultado a una hija de desaparecidos, además de haber falseado su identidad, los abogados de María Eugenia Barragán Sampallo solicitaron la máxima pena para Gómez y Rivas y para el militar que la entregó.


Sampallo es la primera nieta recuperada que denuncia a sus apropiadores. Hoy será el alegato de la fiscalía.
Imagen: Rolando Andrade Stracuzzi



Por Laura Vales
Los abogados de María Eugenia Barragán Sampallo pidieron que se condene con 25 años de prisión a los apropiadores de la joven, hija de desaparecidos, así como también al militar Enrique José Berthier, quien la entregó al matrimonio cuando era un bebé de dos meses. María Eugenia, que hoy tiene 30 años, es la primera nieta recuperada que querella a sus apropiadores. Ayer, en el alegato, reclamó a través de sus abogados que el tribunal oral les aplicara el máximo de las penas previstas.
Tanto el ex capitán Berthier como los otros dos acusados, María Cristina Gómez Pinto y su ex marido Osvaldo Rivas, fueron a la audiencia. Berthier fue llevado esposado a la sala por un agente del Servicio Penitenciario, ya que cumple prisión preventiva. Gómez y su ex pareja se sentaron lejos de él, dejando un espacio de varias butacas libres, y lo mismo hicieron entre sí, como si las cosas no estuvieran bien entre ellos. En las audiencias prácticamente no se hablan.
El alegato de la querella fue realizado por Tomás Ojea Quintana y Elizabeth Gómez Alcorta, en nombre de María Eugenia y su abuela Azucena Flora Barragán. Los abogados abrieron la acusación con un racconto del caso: María Eugenia Sampallo es hija de Mirta Mabel Barragán y Leonardo Sampallo. Su mamá era trabajadora de la fábrica SIAP (Sociedad Industrial de Aparatos de Precisión), delegada gremial y militante del Partido Comunista Marxista Leninista. Su papá trabajaba en el astillero Río Santiago, era subdelegado y también militante del PCML. Mirta estaba embarazada de seis meses cuando, en diciembre de 1977, la secuestraron junto a su hijo mayor, Gustavo, que entonces tenía tres años, y a su pareja. El niño fue recuperado por su familia, mientras sus padres eran llevados al centro clandestino de detención El Atlético y después a El Banco. Mirta fue sacada de este lugar en febrero del ’78 para dar a luz. Se cree que María Eugenia nació en el hospital militar. Pero la fecha exacta de su nacimiento todavía no se conoce.
En mayo de aquel año, cuando tenía dos o tres meses, fue entregada por Berthier al matrimonio Gómez-Rivas, que la inscribió como hija propia. Para hacerlo usaron un certificado de nacimiento falso firmado por el médico militar Julio César Cáceres Monié, ya fallecido.
Cuando María Eugenia tenía 7 años, Gómez y Rivas le dijeron que no era su hija. Le dieron versiones cambiantes sobre su origen: primero, que sus padres habían muerto en un accidente de tránsito; después, que su madre era una empleada doméstica que la había regalado; otra vez, que era una azafata que vivía en Europa y había quedado embarazada de una relación extramatrimonial. Como parte de esas versiones, y como ella preguntaba, una amiga de la familia llegó a decirle que era hija de Berthier. La niña lo conocía porque el militar solía ir a la casa, ya que conocía a Gómez, su apropiadora, desde que eran adolescentes.
Para los abogados de la querella, en el juicio quedó probado que Gómez y Rivas sabían que María Eugenia era hija de desaparecidos y que había sido robada: por eso la inscribieron como propia, en lugar de hacer un trámite legal de adopción. Ojea Quintana recordó el testimonio que dio en las audiencias una vecina. La mujer contó que Gómez le gritaba frecuentemente a la niña y, en una ocasión, especialmente irritada, le dijo que tenía que ser “hija de guerrillera para ser tan rebelde”. El abogado recordó, además, los maltratos que María Eugenia vivió durante su infancia, relatados por ella en el juicio y corroborados por personas que vivían en el mismo edificio. La joven, que se fue a vivir sola cuando empezó a trabajar, fue a la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad para hacerse las pruebas de ADN, gracias a las que recuperó su identidad y se reencontró con su abuela.
Gómez y Rivas fueron acusados por la querella como coautores de los delitos de retención y ocultación de un menor de diez años, en concurso con la alteración de su estado civil (ya que inscribieron a la niña como propia) y falsedad de documento público. Pidieron para ellos 25 años de prisión, más su inhabilitación permanente y absoluta. La misma pena fue reclamada para Berthier, bajo los cargos de ocultación de un menor y la participación necesaria en los otros delitos. Los abogados plantearon, además, que se trata de delitos de lesa humanidad, enmarcados en el terrorismo de Estado.
“Rivas y Gómez nunca fueron una familia para ella”, señaló Ojea Quintana. Se apropiaron de María Eugenia “para satisfacer un deseo egoísta de tener un hijo, la trataron como a un objeto, suprimieron su identidad y la privaron del vínculo con su familia, que la buscó durante 24 años. Si la pena máxima fue prevista para un caso extremo –dijo—, entiendo que aquí nos encontramos frente a ese caso.”
Los apropiadores han reconocido algunos de los hechos, pero en general se echaron culpas mutuamente. Gómez declaró que fue su ex marido “quien me trajo (a la niña) con los papeles”. Asegura que fue él quien la inscribió como propia. Rivas reconoció que era verdad que le dieron distintas versiones sobre su nacimiento, como la de la empleada doméstica. Berthier admitió ante María Eugenia que fue él quien la entregó, aunque nunca quiso darle más información. No se sabe, por eso, con quién estuvo ella los primeros dos meses de vida y existe la sospecha de que el mismo Berthier la tuvo en su casa: en esa época, él y su mujer estaban realizando un tratamiento de fertilidad porque no podían tener hijos.
El juicio oral continuará hoy, a las 10.30, con el alegato de la fiscalía.
Un represor custodiará mañana a Cristina en QuilmesMañana la presidenta Cristina Fernández de Kirchner visitará Quilmes para inaugurar una escuela en el humilde barrio de La Matera que prometiera hace dos años su marido cuando ejerció la presidencia.
Pero seguramente la Presidenta no sabe quien será el encargado de coordinar la seguridad del acto junto a las fuerzas federales y provinciales: Se trata nada más y nada menos que de un ex represor que integrara durante la dictadura militar la Brigada de Investigaciones de La Plata, el "grupo de tareas" comandado directamente por Camps y Echecolatz: El ex comisario Domingo Orlando Segura, legajo de la Policía Bonaerense 11.502.Segura fue exonerado dos veces de la fuerza. La primera vez por recibir una condena judicial; y luego por su participación en la causa conocida como "Aduana Paralela".Este ex comisario, a quien Aldo Rico quiso reincorporar sin éxito en el año 2000 cuando ocupaba el Ministerio de Seguridad con Carlos Rockauf, fue designado en enero último por el intendente Francisco Gutiérrez, un lugarteniente del fallecido Lorenzo Miguel que juró al asumir por "la memoria de los 30 mil desaparecidos".Hoy tiene a su cargo el área de Seguridad Ciudadana y es quien brinda apoyo a los inspectores municipales cuando realizan clausuras en comercios e industrias. Su nombre aparece claramente en el organigrama oficial de la Municipalidad de Quilmes (www.quilmes.gov.ar/organigrama-municipalidad-de-quilmes.php ), en el área de la Secretaría de Gobierno.Sobre el ex comisario segura aparece mucha información en Internet, pero seguramente la más jugosa es la que escribiera el periodista Horacio Verbitsky, en diciembre de 1999 en Página 12 con el título de "PLIN CAJA". (a la que se puede acceder en el sitio www.pagina12.com.ar/1999/99-12/99-12-19/pag10.htm ).En Quilmes varias organizaciones populares han manifestado su malestar por la designación de este ex policía quien, pese a que no se encuentra inhabilitado para la función pública, representa una parte del pasado más nefasto para los argentinos: y7 están organizando una suerte de queja pública el 24 de marzo cuando se conmemore un nuevo aniversario del golpe militar.
Por orden de la Justicia federal en la megacausa ESMA
Un “marche preso” para 18
El juez Sergio Torres requirió la detención de 18 marinos acusados de delitos de lesa humanidad cometidos en la Escuela de Mecánica de la Armada. Una vez detenidos, serían trasladados al penal de Marcos Paz.

En la megacausa ESMA ya están detenidos y procesados casi dos decenas de oficiales de la Armada.
Imagen: Pablo Piovano
Subnotas
Los mellizos de Raquel Negro

Otros dieciocho represores deben ser detenidos en la megacausa ESMA, acusados de los delitos de lesa humanidad que cometieron en el campo de exterminio que funcionó en la Escuela de Mecánica de la Armada. La decisión del juez federal Sergio Torres afecta a los marinos Luis Wis Navarro, Rodolfo Remoti, José Néstor Estévez, Leopoldo Suárez del Cerro, Mario Palet, Rubén Franco, Eduardo Girling, Edgardo Aroldo Otero, Ricardo Lynch Jones, Alberto Vigo, Carlos Daviou, Miguel García Velazco, Miguel Angel Alberto Rodríguez, Julio Binotti y Carlos Octavio Capdevilla.
Con la intervención del secretario Diego Slupski, Torres libró los respectivos oficios a la Policía Federal, a la Prefectura Naval y a la Armada para que dispongan las detenciones de los involucrados. La lista incluye al prefecto Jorge Manuel Díaz Smith y a los policías Claudio Pittana y Juan Carlos Fotea, que el año pasado fue extraditado desde España. La mayoría de los imputados permanecen en libertad y nunca antes habían sido responsabilizados por delitos de lesa humanidad.
Algunos de los oficiales de la Marina “deben responder por su propia actuación”, tales los casos de García Velazco, Rodríguez, Wis Navarro, Lynch Jones, Daviou, Bino-tti y Capdevila. Por su parte, Remoti, Estévez, Suárez del Cerro, Palet, Franco, Girling, Otero y Vigo aparecen involucrados “por la responsabilidad que les correspondería en razón de su posición en la cadena de mandos”. El juez y el fiscal Eduardo Taiano acusaron a Remoti de 64 hechos entre 1980 y 1982; a Estévez, de 89 entre 1978 y 1979; a Suárez del Cerro, de 169 entre 1978 y 1982; a Palet, de 8 en 1983; a Franco, de 225 entre 1977 y 1981; a Girling, de 64 entre 1979 y 1982; y a Otero y Vigo, de 319 cada uno entre 1977 y 1982.
Tras las detenciones, el juez les tomará declaración indagatoria –a lo que cualquier imputado en causa penal se puede negar sin que sea usado en su contra– para lo cual dispondrá sus traslados a los tribunales de Comodoro Py. Luego, el magistrado tendrá diez días hábiles para resolver sus situaciones procesales, estimándose que, por la gravedad de los delitos que se les imputan, dispondrá que permanezcan detenidos en el penal de Marcos Paz, el mismo donde ya se encuentran presos otros represores.
En la denominada megacausa ESMA ya están detenidos y procesados casi dos decenas de oficiales de la Armada, entre ellos Jorge “Tigre” Acosta, Jorge Rádice, Alfredo Astiz, Carlos José Pazo, Jorge Perren, Alberto González Menotti y Pablo García Velazco, que integraron el Grupo de Tareas represivas 3.3.2 de la ESMA. El centro clandestino que funcionó en la ESMA es considerado como el mayor campo de la muerte de la dictadura: según sobrevivientes, habrían pasado por allí 4500 víctimas rumbo a los “vuelos de la muerte”, en los que desde aviones navales eran arrojados vivos y narcotizados al mar.

Una muestra recupera fotografias de la represion en los ’60 y ’70
Imágenes en busca de la memoria
La Asociación de Reporteros Gráficos inaugurará el próximo lunes 24 la exposición Archivos Incompletos, donde se exhibe material que perteneció a tres diarios y fue rescatado de la basura. La mayoría de las fotos fue tomada por la policía.
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Federico Frontini, alias Grillo, Oscar del Hoyo, Raúl Dávila y Eduardo Fernández, miembros del Ejército Guerrillero del Pueblo.

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Archivos Incompletos. Bajo ese nombre aparecerán las imágenes que relatan las historias de militantes de las primeras guerrillas guevaristas del país. La primera foto muestra a cuatro miembros del Ejército Guerrillero del Pueblo (EGP) secuestrados en 1964. A partir de su arresto el 5 de marzo en campamentos clandestinos descubiertos en Salta comenzó el fin de su organización. En otra imagen, de perfil se ve a Luis María Aguirre, médico, miembro del Frente Argentino de Liberación (FAL), asesinado en un enfrentamiento en 1977.
Todo el material fotográfico, reflejo de esa época, perteneció a las redacciones de los diarios La Razón, Tiempo Argentino y El Cronista Comercial. Estuvo tirado en un volquete, en la calle, y hoy integra la muestra que la Asociación de Reporteros Gráficos de la Argentina inaugurará el próximo lunes 24 de marzo.
Federico Frontini, alias “Grillo”, Oscar del Hoyo, Raúl Dávila y Eduardo Fernández, miembros del EGP, fueron fotografiados por la policía, después de ser detenidos. Lo que no supieron los agentes fue que entre los “extremistas” –según anotaron junto a la imagen– se encontraba Fernández, un miembro de su propia fuerza que se había infiltrado tiempo atrás. Formaban parte de un grupo de cubanos, entre los que se encontraba Dávila –cuyo nombre real era Alberto Castellanos– y un grupo de argentinos, algunos disidentes del Partido Comunista. Eran una organización de casi 30 guerrilleros que intentaba preparar el desembarco del Che en el país. Eran liderados por Jorge Ricardo Masetti –el periodista fundador de Prensa Latina, compañero de Rodolfo Walsh– y estaban decididos a instalar un foco guerrillero en Salta. Muchos de ellos fueron asesinados por las fuerzas de seguridad. Otros, desaparecieron en la selva, algunos fusilados por sus compañeros cuando intentaban desertar.
“Es un poco milagroso, porque el material también estaba destinado a desaparecer”, explica Inés Ulanovsky, una de las organizadoras de la muestra. Hace unos siete años, unos 500 sobres fueron encontrados en cajas tiradas tras la limpieza de archivos fotográficos que realizaron las redacciones de La Razón y El Cronista Comercial, que a su vez manejaba los registros del desaparecido Tiempo Argentino.
La mayoría de aquel material había sido producido por la policía en 1975 y enviado a los medios donde luego se publicaba. Ulanovsky junto a Lucila Quieto está a cargo de la fototeca de Argra, con el objetivo de generar un archivo de imágenes de todos los tiempos. Ellas llevaron el material al Archivo General de la Nación (AGN) y al Equipo Argentino de Antropología Forense, donde hallaron nombres e imágenes de personas que hasta el momento no se conocían.
Aguirre, Malamud y Pedro Tomás Bibiano, un carpintero nacido en 1946, formaban parte de las FAL. Según el informe oficial, todos fueron arrestados cuando la policía realizó un operativo para evitar el asesinato del general de brigada Rudecindo Pascual Nadal, comandante de arsenales del Ejército Argentino entre 1967 y 1970. Fueron fotografiados por sus captores como sospechosos y entre el ’76 y el ’77 fueron desaparecidos.
“Uno siempre se imaginó cómo quedaban los lugares después de ser allanados, pero nunca es lo mismo poder verlo en una foto”, anticipa Ulanovsky. En la “cárcel del pueblo” –otro epígrafe policial–, que se ubicaba en Neuquén 1840, en el barrio porteño de Flores, la policía registró su propio accionar, fotografiando depósitos de publicaciones del ERP, sus armas y sus banderas. Los originales de aquella violencia quedarán plasmados en las paredes de Argra.


Renuncio Alfredo Bisordi, el cuestionado juez de la Camara de Casacion
Adiós a un dinosaurio judicial
Estaba acusado por “trabar” los juicios contra los represores. Se va después de tramitar su jubilación. Ya había renunciado a la presidencia del tribunal porque sus compañeros le quitaron el apoyo. Hace unos días, casi se pelea a los golpes con otro juez.



El juez Alfredo Bisordi. Su renuncia se hará efectiva el 31 de marzo.

El juez Alfredo Bisordi presentó su renuncia. Se fue después de conseguir que le otorgaran su jubilación. Quedará en un cajón el pedido de juicio político en su contra que presentaron hace un año organismos de derechos humanos por trabar las causas contra represores. Desde septiembre ya no presidía la Cámara de Casación Penal. Abandonó ese cargo porque sus compañeros del tribunal se negaron a ascender a su sobrina y a su mujer. El 31 de marzo, cuando se haga efectiva la renuncia que entregó el 29 de febrero, dejará de ser magistrado.
Bisordi se convirtió en un emblema de los jueces vinculados con la última dictadura. Cuando se reabrieron los expedientes sobre el terrorismo de Estado tras la anulación de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, organismos de derechos humanos lo recusaron. El contestó ese escrito calificando a Graciela Daleo, sobreviviente de la ESMA, como “delincuente terrorista”. Esas palabras le valieron un pedido de destitución que el Consejo de la Magistratura convirtió en una simple falta disciplinaria.
En febrero del año pasado, Página/12 publicó que la Cámara de Casación, el segundo tribunal del país después de la Corte Suprema, se había convertido en el “tapón” para los expedientes sobre los crímenes de la última dictadura. En ese momento, había en esa Cámara casi 200 recursos vinculados con causas de terrorismo de Estado que esperaban ser resueltos. Algunos de ellos estaban allí hacía más de tres años. Un par de semanas después, 61 sobrevivientes de la última dictadura se presentaron en el Consejo y no sólo pidieron la remoción de Bisordi sino también la de otros compañeros suyos en la Cámara de Casación. Esa denuncia es la que estaba en curso. La demora de ese trámite (dividieron el expediente, mandaron a hacer auditorías) le garantizó al magistrado una salida elegante.
Las trabas y acusaciones, de todas formas, no alcanzaron para catapultar a Bisordi a la fama. Fue el discurso del ex presidente Néstor Kirchner el 24 de marzo pasado el que lo convirtió el protagonista. En esa oportunidad, Kirchner se quejo por la demora en los juicios contra los represores y pidió que el Consejo de la Magistratura tomara cartas en el asunto. En el Poder Judicial algunos tomaron el discurso como una “injerencia” del Ejecutivo. Bisordi aprovechó para confrontar. Dijo que el ex presidente buscaba la “suma del poder público”, y sostuvo que en 40 años (dictadura incluida) nunca había visto “una intromisión en la labor de los tribunales” como la de Kirchner.
La pelea con el ex presidente le sirvió al magistrado para aparecer en los diarios. Pero no mejoró mucho su situación. De hecho, sus colegas en la Cámara de Casación, incluidos algunos de los que figuraban en la denuncia en el Consejo, le reprocharon su exposición. Las relaciones con los integrantes del tribunal empeoraron con los meses. Tanto es así, que en septiembre Bisordi decidió no seguir como presidente de la Cámara. Es que ya de salida, el juez había querido mejorar la situación de su mujer y su sobrina (Déborah Betina Silva y María Dolores Carbia,) que trabajan en la Cámara de Casación, y sus compañeros se lo impidieron. “Se ha generado en mí un profundo sentimiento de aversión respecto de la mayoría de los miembros del tribunal”, aseguró Bisordi en el texto de aquella renuncia.
El juez siguió conviviendo con sus colegas y lo seguirá haciendo hasta el 31 de marzo. Entregó la renuncia al ministro de Justicia, Aníbal Fernández, el 29 de febrero, tres días después de conseguir su jubilación. Había cumplido 60 años el 18 de febrero.
“En marzo, habíamos pedido en una audiencia oral en el Consejo de la Magistratura que no esperaran a que Bisordi renunciara. Lo tenían que echar. Creemos que estaban dadas las condiciones para configurar mal desempeño. La decisión del Consejo fue política. Lo que podemos sacar en limpio es que deja el tribunal y eso no es menor. Esperamos que la renuncia sea rechazada para que pueda terminar el juicio político y solicitamos que el Consejo siga el trámite contra los otros magistrados denunciados”, señaló a este diario el abogado Rodolfo Yanzón, quien hizo la presentación en el Consejo.
Su trabajo para que no avanzaran los juicios contra los represores no fue el primer cuestionamiento en la carrera de Bisordi. En 1999 la DAIA lo denunció porque consideró que había tergiversado (junto a sus compañeros de sala) en forma intencional hechos sujetos a su juzgamiento para proteger a neonazis que habían atacado a un hombre mientras le gritaban “heil Hitler” y “mueran los judíos”. Como secretario de la Corte Suprema, fue el ideólogo de la “teoría de la implosión” en la Embajada de Israel, que apuntaba a que la bomba la habían puesto las víctimas.
El currículum del juez además incluye la renuncia, a una semana de ser nombrado, al cargo de adjunto del fiscal Julio César Strassera en el Juicio a las Juntas. Strassera dijo que Bisordi reivindicaba métodos de la represión ilegal. La Asociación de Abogados impugnó su nombramiento como miembro de la Cámara de Casación, pero Bisordi la desestimó con el argumento de que sus acusadores eran “marxistas”. Ante la Comisión de Acuerdos del Senado, Bisordi justificó la subordinación de la Justicia a los militares durante la dictadura y se quejó de que el juicio a los ex comandantes “le costó mucho dinero al país” porque las Fuerzas Armadas pagaron los abogados defensores.
Uno de los últimos actos de Bisordi antes de irse fue defender a su secretario Daniel Enrique Madrid, acusado penalmente por una irregularidad cometida en una causa por apropiación de un menor durante la última dictadura. Bisordi le reprochó a Juan Fégoli, quien lo reemplazó en la presidencia del tribunal, por abrir un sumario contra su empleado. La discusión se llevó a cabo en un pasillo de los tribunales de Comodoro Py. Dicen los que la presenciaron que casi termina a los golpes.


"Embargo para los represores" Pagina 12, Seccion: El país, pagina 9

El abogado Rodolfo Yanzón pidió a los jueces que llevan adelante las causas del primer Cuerpo y Campo de Mayo una serie de medidas para intensificar el control judicial en esos procesos por violaciones a los derechos humanos. El letrado solicitó que se trabara embargo "sobre los haberes y/o pensiones u otras retribuciones" que perciben los represores imputados en las causas, que se investigue el accionar de la Dirección de Bienestar del Ejército y sus consecuencias en el avance de los procesos, que se disponga que "ningún imputado sea alojado en dependencias militares", que se establezca "el grado de efectividad con el que se han llevado a cabo, hasta el presente, los arrestos domicialiarios", y que se disponga "el traslado a cárceles comunes de las personas que se hallan gozando de arrestos domiciliarios, con el fin de evitar que las instituciones armadas ejerzan cualquier control sobre ellos y pongan en riesgo la integridad física de los imputados".
Título: "La trataron como a un objeto"
Medio: Página 12

Link: http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-100523-2008-03-12.html
Nota: Por haber retenido y ocultado a una hija de desaparecidos, además de haber falseado su identidad, los abogados de María Eugenia Barragán Sampallo solicitaron la máxima pena para Gómez y Rivas y para el militar que la entregó.
Los abogados de María Eugenia Barragán Sampallo pidieron que se condene con 25 años de prisión a los apropiadores de la joven, hija de desaparecidos, así como también al militar Enrique José Berthier, quien la entregó al matrimonio cuando era un bebé de dos meses.
Título: Carta abierta a los responsables de la Masacre de Trelew
Medio: Página 12

Link: http://www.pagina12.com.ar/diario/contratapa/13-100521-2008-03-12.html
Nota: Por Alicia Bonet *
Me dirijo a los que programaron, decidieron, ejecutaron, fueron actores directos o cómplices de la masacre de Trelew. Hace 35 años el pueblo no les creyó las diferentes versiones que inventaron para justificar el primer acto de terrorismo de Estado que ustedes llevaron adelante y a pesar de ello continúan mintiendo, silenciando, olvidando, hoy delante de la Justicia.

Título: Problemas para el prófugo de Trelew
Medio: Página 12
Link: http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-100546-2008-03-12.html
La embajada de Estados Unidos se comunicó con el juzgado federal de Rawson para interiorizarse sobre la situación procesal del marino Roberto Guillermo Bravo, sobre quien pesa un pedido de captura tramitado ante Interpol en la causa por la masacre de Trelew, ocurrida en 1972. La comunicación fue "informal y vía telefónica". Se produjo el mismo día en que el juez federal Hugo Sastre procesó con prisión preventiva a otros cinco marinos retirados que ya estaban detenidos en la misma causa.

Título: Imágenes en busca de la memoria
Medio: Página 12
Link: http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-100547-2008-03-12.html
Nota: La Asociación de Reporteros Gráficos inaugurará el próximo lunes 24 la exposición Archivos Incompletos, donde se exhibe material que perteneció a tres diarios y fue rescatado de la basura. La mayoría de las fotos fue tomada por la policía.
Archivos Incompletos. Bajo ese nombre aparecerán las imágenes que relatan las historias de militantes de las primeras guerrillas guevaristas del país. La primera foto muestra a cuatro miembros del Ejército Guerrillero del Pueblo (EGP) secuestrados en 1964. A partir de su arresto el 5 de marzo en campamentos clandestinos descubiertos en Salta comenzó el fin de su organización.

Título: DERECHOS HUMANOS La Corte rechazó la excarcelación de tres acusados por delitos de lesa humanidad
Medio: télam

Link: http://www.telam.com.ar/vernota.php?tipo=N&idPub=96816&id=215829&dis=1&sec=1
Nota: Se trata de Raúl Harsich, César Amadeo y Ricardo Miguel Chomicky, procesados con prisión preventiva acusados de cometer los delitos de privación ilegal de la libertad, amenazas y torturas durante la última dictadura. Habían interpuesto recursos extraordinarios pidiendo su libertad.

Título: Más detenciones por la causa ESMA Principio del formulario
Medio: crítica digital

Link: http://www.criticadigital.com.ar/index.php?secc=nota&nid=533
Nota: Lo dispuso el juez federal Sergio Torres. La orden abarca a más de media docena de agentes de la Prefectura, la Policía y la Armada.

Se fue el hombre que administraba el maximo tribunal desde los dias de dominio menemista
Fin de una era en la Corte Suprema

Nicolás Reyes dejó su cargo de administrador general del cuerpo. Había llegado a ese puesto de la mano del menemista Julio Nazareno y era el único sobreviviente de la época de la mayoría automática. Su poder ya no era el de entonces.
Los actuales jueces de la Corte Suprema acotaron el accionar de Reyes y consiguieron que renunciara.
Imagen: Gustavo Mujica
Subnotas
Un rechazo para Uberti

Por Irina Hauser
Nicolás Reyes usa anteojos cuadrados. El armazón dorado, pesado, se apoya sobre su ancha nariz. Tiene pómulos prominentes y su tez oscura siempre se ve satinada. El año pasado, en medio de una Conferencia de Jueces, Carmen Argibay lo hizo pasar al frente y le pidió que explicara con cifras ante trescientos magistrados por qué al Poder Judicial nunca le alcanza el presupuesto. A Reyes, Administrador General de la Corte Suprema desde 1995, se lo veía nervioso, o protagonizando una magnífica actuación. Del brillo de su piel brotaron gotas mientras buscaba aquietar su cuerpo bajo y compacto. “Perdón, no estoy acostumbrado a hablar en público”, se disculpó en un susurro. No, claro. Reyes, desde que llegó al tribunal de la mano de Julio Nazareno, estuvo para otra cosa, no para mostrar las cartas en público. Lo suyo fueron intrigas palaciegas, pactos subterráneos y puentes con el poder político. Hasta ayer, que anunció ante Sus Señorías su decisión de dejar la corona.
Uno de los memorables premios que obtuvo por su labor fue una comida en el Plaza Hotel que le organizaron los supremos en 2002, después de que logró salvarlos del juicio político tras el primer fallo anti-corralito. Reyes amasó a más no poder su relación con el entonces titular de Diputados, Eduardo Camaño, hasta que logró parar la máquina del enjuiciamiento. Durante el banquete –al que sólo faltaron Carlos Fayt y Gustavo Bossert– hasta Enrique Petracchi, ajeno a la mayoría automática que aún reinaba, hizo un brindis en su honor.
En aquel congreso donde Argibay lo invitó a exponer(se) Reyes, contador y abogado nacido en La Rioja, habló de lo que se le pedía aunque marcó sus lealtades. “En 1994 –destacó– la Justicia disponía, en proporción, de mucha más plata que ahora”, dijo. Más a regañadientes parafraseó al actual titular de la Corte, Ricardo Lorenzetti, quien suele quejarse de que el Poder Judicial no puede gastar plata sin pedirle permiso al Jefe de Gabinete.
Reyes era el único sobreviviente de la era de la mayoría automática en la Corte. Aunque nunca tuvo tanto poder como durante la presidencia suprema de Petracchi en la transición hacia la nueva Corte. Cuando se consolidó el recambio, las cosas ya no volvieron a ser como eran. Perdió terreno, trabajo, confianza, y además enfermó gravemente.
El 18 de diciembre el tribunal creó el cargo de Subadministrador General, donde terminó nombrado a propuesta de Lorenzetti su coprovinciano santafesino Héctor Marchi, quien había sido secretario de Hacienda del ex gobernador Jorge Obeid. Le dieron una categoría equivalente a la de camarista, aunque es contador. El reglamento ahora lo permite. Reyes leyó el mensaje. Ayer fue personalmente al plenario de jueces para anunciar su retirada. En Tribunales, donde lo llaman “el hombre que conoce todas las puertas” se hablaba de “el fin de una era”.
Cuando desembarcó entre los cortinados supremos, Reyes traía mucha práctica previa. Su gran habilidad: estar cerca de la cocina de los poderes de turno. El mismo suele jactarse de haber trabajado “para los militares” de Juan Carlos Onganía. Las dictaduras no lo amilanaron y siempre se acomodó en su provincia. En democracia se radicó en Córdoba, donde fue secretario de Coordinación del ex gobernador radical Eduardo Angeloz. Año más tarde cambió de bando: estuvo con Erman González en los ministerios de Economía y Defensa. Donde iba, Reyes cuidaba los números.
La Corte de nueve miembros lo nombró Administrador General en 1995 por recomendación del ex ministro de Economía Domingo Cavallo. Tuvo en sus manos, desde entonces, las decisiones sobre qué hacer con el dinero de la Justicia y cuándo aumentar sueldos. Pero además fue un funcional operador político de Nazareno y de su ex segundo, Eduardo Moliné O’Connor, con llegada directa a las jefaturas de Gabinete y ministerios de Economía de los sucesivos gobiernos. Todavía seguía aportando sus contactos.
Los jueces, todos, lo necesitaban por otras razones: custodiaba sus declaraciones juradas patrimoniales, que hasta hace poco eran secretas a menos que algún juez u organismo las solicitara. Reyes recibió en 2005 un pedido de informes de la Unidad de Información Financiera (UIF) sobre los bienes del ex supremo Adolfo Vázquez luego de que un banco de Luxemburgo le rechazara la apertura de una cuenta por 1,5 millón de dólares ante la sospecha de que era dinero de corrupción. La pesquisa tramitaba con total sigilio hasta que Vázquez apareció en la UIF con una copia del pedido que había llegado a la oficina de Reyes.
En los comienzos del Consejo de la Magistratura en 1998, Nazareno –que lo presidía– le dio allí un lugar a Reyes. Se convertía, así, en el administrador de todo el Poder Judicial. Pero tuvo que dejar ese cargo al año siguiente cuando se supo que había cobrado una retroactividad de casi 300 mil dólares de la Anses por una jubilación de privilegio. Reyes luego se defendió diciendo que le pidió al máximo tribunal que no le liquidara más el sueldo íntegro. Plata no le va a faltar. La Corte emitió ayer un comunicado de prensa que le reconoce “los inestimables servicios prestados durante más de una década”.

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