lunes, 31 de marzo de 2008

ORGANISMOS DE DD.HH.
SE PRONUNCIAN
(Agradecemos la difusión de esta declaración)

Sobre el lock-out patronal

Los Organismos de Derechos Humanos abajo firmantes reafirmamos nuestro compromiso con el camino institucional elegido por el pueblo argentino y rechazamos los intentos de desestabilización política y golpista de algunas instituciones representantes de los sectores económicos, políticos y sociales que propiciaron, sostuvieron y participaron en todos los golpes dados en nuestro país a partir de 1930 y que en 1976 impusieron, mediante el terrorismo de Estado, un modelo económico neoliberal que conlleva la violación sistemática de los derechos de la población de menores ingresos y cuyas consecuencias aún estamos padeciendo.
Detrás de los legítimos reclamos de los campesinos y pequeños productores, a los que apoyamos, se presentan como defensores del campo los mismos actores que para imponer sus políticas económicas, fueron ideólogos y cómplices del terrorismo de Estado y de sus métodos: asesinatos, desapariciones, torturas, prisión, exilio, violaciones, robo de niños.
Estas instituciones NO SON EL CAMPO. Representan la ambición egoísta de los capitalistas del agro y los pool de siembra en los que participan grandes grupos financieros no necesariamente agropecuarios. Representan a los 936 terratenientes que – según el Censo Agropecuario de 2002– poseen un promedio de 38 000 has. cada uno, mientras 140 mil agricultores poseen un promedio de 16,7 has. y que en los `90 mantuvieron silencio mientras 300 mil pequeños productores eran expulsados de sus campos. Representan a los Cargill y los Monsanto, que manejan el negocio de los agroquímicos y las semillas transgénicas. Representan el modelo que no admite que el Estado controle la renta agraria lograda con el sostén de un dólar alto y subsidios en combustibles a costa del esfuerzo de toda la Nación. Mientras emplean al 75% de los trabajadores rurales en negro y pagan sueldos miserables a los trabajadores en blanco.
El Estado tiene el deber de llevar a cabo una justa distribución de la riqueza y para tal fin consideramos que deben utilizarse las atribuciones que las leyes le otorgan como las retenciones a las exportaciones que generan enormes ingresos a los 'dueños' de la tierra y a grupos exportadores. Estas retenciones no les impiden ganar sumas fabulosas, simplemente les producen una disminución de sus ganancias. Los fondos recaudados de las retenciones a las exportaciones agrarias, y todo el superávit que genera el comercio exterior de alimentos, energía, minería y otros deberían destinarse a revertir una situación de polarización social. De esa manera, a la legalidad de las medidas se sumaría la legitimidad del cometido
Las entidades rurales que protagonizan el lock-out patronal no representan –según sus propias declaraciones– a las miles de familias agrupadas en Movimientos de Campesinos y de indígenas existentes en Santiago del Estero, Córdoba, Formosa, que no se dedican al cultivo de la soja transgénica –que ha devastado bosques, contaminado suelos y aguas, envenenado el ambiente y eliminado mano de obra– sino que se dedican a la producción de alimentos.
Hoy esas entidades utilizan para expresar su rechazo a las retenciones los mismos métodos que critican defendiendo 'el derecho a la circulación' cuando los usan desocupados, trabajadores mal pagos o familias con hambre. Y no sólo cortan las rutas sino que impiden –obligando a derramarlos en un derroche ofensivo– que los alimentos lleguen a los que tienen derecho a alimentarse.
Las retenciones son medidas necesarias pero insuficientes. Se requiere contemplar la modificación estructural del sistema impositivo, ineficaz, injusto e inequitativo. Los movimientos de campesinos, actores fundamentales, no pueden estar ausentes de una mesa de diálogo donde, además de la política de retenciones graduales y el destino de esos fondos, se discuta el modelo de producción agropecuario, y se contemplen créditos y subsidios amplios para las actividades perjudicadas por el monocultivo sojero.
Convencidos de que es deber del Estado intervenir en la actividad económica para garantizar una justa distribución de las riquezas, los organismos de derechos humanos abajo firmantes reiteramos nuestro compromiso con las políticas que tiendan a la participación democrática en un proyecto de liberación nacional, dirigidas a construir un país solidario, con plena vigencia del Estado de Derecho y que priorice a los sectores más vulnerables y desposeídos. Rechazamos el lock-out patronal y los proyectos monopólicos y desestabilizantes de la Sociedad Rural y sectores afines, avalamos las retenciones a los grandes propietarios y exportadores y apoyamos los reclamos de campesinos y pequeños productores.

Buenos Aires, 30 de marzo de 2008


Abuelas de Plaza de Mayo
Asamblea Permanente por los Derechos Humanos
Buena Memoria
Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones
Políticas
Herman@s por la Verdad y la Justicia
H.I.J.O.S.
Liga Argentina por los Derechos del Hombre
Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora
Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos
Servicio Paz y Justicia

CONTACTO

Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas
49536465 / 49535646 / 15665291'06
Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora
43431926 / 48039759



Nueva linea de investigacion en la causa por la desaparicion de Lopez
El regreso de la pista policial

Mientras continúan las disputas internas en la Justicia federal platense, hoy se intentará avanzar en la hipótesis de “una operatoria por encargo” que involucraría a la Policía Bonaerense en el secuestro de Jorge Julio López.

La interna judicial amenaza con paralizar el expediente sobre el testigo desaparecido hace un año y cinco meses.
Imagen: DyN



Por Adriana Meyer
Mientras el testigo Jorge Julio López sigue desaparecido, la Justicia encontró una nueva línea de investigación sobre su secuestro y hoy intentará avanzar en ese sentido. A pesar de que el juez federal Arnaldo Corazza no cuenta con el expediente, que le fue requerido por el camarista Ramón Alberto Durán, la realización de la medida prevista no se suspendió. Por su posible relevancia, la naturaleza de la misma fue mantenida en reserva por la fuente consultada. Sin embargo, Página/12 pudo saber que la nueva hipótesis vuelve a la pista policial y se refiere a “una operatoria por encargo”. Esto ocurre en medio de la caliente interna de la Justicia federal platense, con la causa López como reactivadora de antiguos enconos. Lo que está en juego es la posible paralización del expediente.
Nunca hubo tanta gente en la sala de sorteos de la Cámara Federal de La Plata como el martes de la semana pasada, cuando el caso fue asignado a la sala I. Es que, según algunos de los presentes, el camarista Tito Durán esperaba ansioso que cayera en sus manos como una oportunidad para pedir el juicio político al juez Corazza. Ambos magistrados mantienen un enfrentamiento que fue acumulando rencores mutuos desde hace varios años. El último capítulo terminó con una denuncia cruzada entre Durán y Corazza, archivada en noviembre por el Consejo de la Magistratura, porque el primero se negó a entregar el expediente de la causa sobre la Brigada de Quilmes para que fuera digitalizado en la Comisión Provincial por la Memoria.
A un año y cinco meses de la última vez que fue visto el testigo, ¿cómo es que el expediente llegó a la Cámara? La querella de Justicia Ya! –integrada, entre otros, por las abogadas de López durante el juicio al represor Miguel Etchecolatz– viene insistiendo desde el principio con dos cuestiones que considera fundamentales: que la policía bonaerense sea apartada de la investigación y que el caso sea calificado como desaparición forzada de persona. El fiscal federal Sergio Franco estuvo de acuerdo con lo primero, y lo pidió también, pero no acompañó el segundo reclamo por considerar que no estaba dado uno de los requisitos de los tratados internacionales, que es la “aquiescencia” (consentimiento) del Estado en la desaparición de López. Sin embargo, Franco no consideró que se tratara de una “desaparición común” y, por eso, en su momento instó a que la causa se mantuviera en la órbita federal, tal como terminó resolviendo la Corte Suprema. De todos modos, el juez Corazza no accedió a ninguno de los dos pedidos y la querella de Justicia Ya! apeló esta decisión ante la Cámara.
El problema surgió cuando supieron que su apelación sería resuelta por la sala I, integrada por el camarista Durán, a quien ya recusaron en diciembre de 2005 en la denominada causa Raffo y en todos los procesos por violaciones a los derechos humanos cometidos en La Plata y aledaños. El jueves volvieron a recusarlo, y también a la camarista Alicia Di Donato. Diputados del ARI y del Frente para la Victoria habían denunciado en la Cámara baja que los estrechos vínculos de Durán con la policía bonaerense “conspiran contra la posibilidad de una correcta administración de justicia y violan la garantía de imparcialidad”. Los legisladores utilizaron en su proyecto de resolución los argumentos utilizados por Justicia Ya! en la recusación de 2005. Ahora esas razones cobran validez porque el cuestionado camarista debía resolver, precisamente, sobre la continuidad de la bonaerense en el caso López.
“Ya sabíamos que la causa estaba muerta, pero verla pasar fue como presenciar el paso del féretro”, comentó la abogada de Justicia Ya! Guadalupe Godoy, que presenció cuando los empleados trasladaban el voluminoso expediente. De hecho, Durán pidió enseguida todos los cuerpos y los anexos, que superan el centenar, y exigió que fueran los originales “en el estado en que se encuentren”. En principio esto apareció como un impedimento para continuar la investigación del caso. Aunque le advirtieron que no se desprendiera de la causa sin sacar copias, Corazza no lo hizo. Decidió abrir un nuevo legajo, dado que la nueva pista aparecida es independiente del resto, y seguirá con sus planes. De todos modos, Página/12 averiguó que pedirá al tercer integrante (no recusado) de la sala I que le devuelva el expediente, ya que es ocioso que quede en Cámara el indeterminado tiempo que implicará la resolución de la recusación de sus compañeros Durán y Di Donato. Y si esto no se produce, el juez presentará una denuncia ante el Consejo de la Magistratura.
El entusiasmo del juzgado respecto de la nueva pista tiene que ver con que el coordinador de las fuerzas de seguridad que intervienen en la investigación, el comisionado Carlos Prost, director de Casos Especiales, manifestó que era “la primera vez” que estaba ante “algo verosímil”.
La querella representada por el abogado de la familia López, Alfredo Gascón Cotti, se reunió con el camarista Durán para expresarle su preocupación por que “nada demore el trámite del expediente”, y para que resuelva si se aparta o no “con la mayor celeridad posible”. El abogado dijo a este diario que la recusación le parece “muy forzada” y consideró que los recusados camaristas “han tenido una actitud intachable en las causas por violaciones a los derechos humanos”. Cotti enfatizó que, “si bien el caso tiene su relevancia institucional”, no quiere que “ningún elemento politice el expediente”. Respecto de los asuntos que motivaron las apelaciones, el letrado no quiso anticipar su posición. Por su parte, el fiscal general Marcelo Molina estaría dispuesto a respaldar la apelación de Justicia Ya!, con argumentos propios.
Hace tres semanas esa organización presentó su apelación y pidió que cuando la Cámara requiriera la causa le enviaran copias, con la idea de evitar que la interna entre jueces la paralizara. Así como recusó de inmediato al camarista, Justicia Ya! viene siendo crítica también respecto de la actuación de Corazza, quien –como reconocen sus propios colaboradores– está más cerca de jubilarse que de seguir lidiando con la compleja investigación sobre el testigo desaparecido.






La Camara Federal anularia el indulto a Jose Alfredo Martinez de Hoz
Hacia un final anunciado con barrotes

El perdón al ex ministro de la dictadura sería revocado y quedaría preso por secuestro y asesinato. Las maniobras de la defensa.



La semana pasada, la Secretaría de Derechos Humanos reclamó el arresto de José Alfredo Martínez de Hoz.
Imagen: Télam



Por Irina Hauser
Es sólo cuestión de tiempo. José Alfredo Martínez de Hoz lo sabe bien. La Cámara Federal tiene la llave para dejar preso al ex ministro de Economía de la dictadura: el tribunal ya anuló varios indultos a represores y, a simple vista, no hay razones para pensar que hará una excepción en su caso. Por eso, cada vez que los camaristas están en condiciones de resolverlo, la defensa del ex funcionario del terrorismo de Estado los ataca con recusaciones que dilatan lo que ya es un final anunciado y que, según vaticinan en tribunales, tampoco debería demorar tanto. A lo sumo algunas semanas.
Martínez de Hoz está acusado, junto con el dictador Jorge Rafael Videla y el ex ministro del Interior Albano Harguindeguy, del secuestro extorsivo de los empresarios Federico y Miguel Ernesto Gutheim el 5 de noviembre de 1976. Padre e hijo fueron detenidos por un decreto y puestos a disposición del Poder Ejecutivo con el objetivo de forzarlos a que su empresa, la textil Sadeco, sellara un acuerdo de exportación con Hong Kong, por el cual la dictadura obtendría una línea de créditos. Durante su cautiverio, de hecho, fueron trasladados cuatro veces a las oficinas donde transcurrían las negociaciones con los chinos en las que siempre participaba un representante del Ministerio de Economía. Los liberaron el 6 de abril de 1977, también con un decreto que pretendía dar aspecto de legalidad a los hechos.
Los tres, Martínez de Hoz, Videla y Harguindeguy, fueron procesados y estuvieron presos en 1988 por orden del entonces juez (ahora camarista) Martín Irurzun. Al año siguiente fueron indultados por Carlos Menem. Esto interrumpió su juzgamiento e impidió que recibieran sentencia. En septiembre de 2006, el juez federal Norberto Oyarbide aceptó reabrir la causa sobre los Gutheim a pedido de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre y la Asociación de ex Detenidos Desaparecidos, que ya habían conseguido que impulsaran la causa el fiscal nacional de investigaciones administrativas, Manuel Garrido, y el fiscal Federico Delgado.
Los fiscales enmarcaron el secuestro de los empresarios en el ataque generalizado y sistemático propio del terrorismo de Estado. El fin en este caso puntual, explicaron, era presionarlos para cerrar un negocio que se había frustrado según había tomado conocimiento Martínez de Hoz en un viaje oficial a Hong Kong. Finalmente, entonces, Oyarbide declaró inconstitucionales los indultos que habían beneficiado a los imputados con el argumento de que están en juego delitos de lesa humanidad, que no pueden ser indultados ni amnistiados y que el Estado tiene la obligación de investigar. En ese momento el magistrado no ordenó sus arrestos.
Ante la insistencia de la Secretaria de Derechos Humanos, Harguindeguy fue detenido en febrero último después de que un guardavidas avisó que lo había visto en una playa de Pinamar. En esos días, la jueza María Servini de Cubría subrogaba a su colega Oyarbide y fue ella quien decidió mandar a buscar al ex ministro, que también está acusado por su participación en el Plan Cóndor y en el plan para ejecutar el golpe militar de 1976. Harguindeguy estaba preso al momento de recibir el indulto y, por eso, frente a la nulidad del perdón, su nuevo arresto era una consecuencia casi directa. Videla ya cumple arresto domiciliario por otras causas. Como Martínez de Hoz había sido excarcelado antes del perdón presidencial, Oyarbide optó por esperar hasta tener un aval de la Cámara antes de ponerle las esposas.
En eso estaban los camaristas Eduardo Freiler y Horacio Cattani, cuando los defensores del ex ministro de la dictadura –que son su hijo homónimo y el abogado Carlos Franco– comenzaron a echar mano de artimañas legales para frenar el fallo que se avecinaba. Para empezar, recusaron a Freiler con el argumento de que no es un juez imparcial porque está vinculado con la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, “merced a la cual conoció a la actual presidenta Cristina Fernández de Kirchner”. Y agregaba, con un típico tono castrense: “Estamos en presencia de lo que se ha denominado por algunos doctrinarios el derecho penal del enemigo”.
Ese primer intento de embarrar la cancha fue desestimado de plano por Cattani y otro camarista, Eduardo Farah. Pero Martínez de Hoz volvió a la carga con un recurso extraordinario (que pretende llegar a la Corte Suprema) en rechazo a esa decisión. Frente a esta nueva situación los camaristas deben decidir si “abren” el recurso, como se dice en términos jurídicos. Si se niegan a concederlo pueden, sin esperar siquiera un minuto, pronunciarse sobre los indultos. La semana pasada estaban terminando las notificaciones burocráticas previas y era cantado que la semana próxima podrían resolver. Más aún teniendo en cuenta que Freiler regresa después de unos días de licencia.
Todo esto explica por qué el viernes Martínez de Hoz volvió a la carga y esta vez también recusó a Cattani. La excusa fue una publicación periodística que anunciaba la cercanía del fallo y la posible detención, algo obvio para cualquier abogado avezado. En rigor, las resoluciones anteriores de la Cámara hablan por sí mismas. En una decisión de todos sus miembros el año pasado anuló los indultos a Videla y a Emilio Massera en el expediente del Juicio a las Juntas. Pero, además, las dos salas que componen el tribunal tuvieron pronunciamientos previos en el mismo sentido en distintos casos.
Pero éste no es el único frente en el que peligra la comodidad que tuvo el ex ministro de Economía de Videla en los últimos veinte años. La semana pasada, la Secretaría de Derechos Humanos reclamó también su arresto ante el juez Daniel Rafecas por el asesinato de Juan Carlos Casariego de Bel, director del Registro de Inversiones Extranjeras durante la gestión de Martínez de Hoz. Casariego fue secuestrado cuando se negó a poner su firma en una maniobra para la nacionalización a un valor millonario de la Compañía Italo Argentina de Electricidad, que había presidido el propio Martínez de Hoz hasta el golpe. El 15 de junio de 1977 llamó a su mujer para avisarle que regresaría más tarde porque tenía una reunión por ese asunto en el despacho del secretario de Planificación, Guillermo Walter Klein. Nunca más volvieron a verlo.
El juez Rafecas ya cuenta, entre otros elementos, con un informe que en 1985 elaboró la Comisión de Investigación de la Transferencia de la Cámara de Diputados sobre el caso de Casariego y la Italo. A la Cámara Federal sólo le queda superar los nuevos escollos del laberinto kafkiano para dejarle a Oyarbide el camino despejado.




Cavallo llega hoy al pais, extraditado por España
Con un represor en el avión



El represor Ricardo Cavallo dejó el aeropuerto de Barajas anoche.
Imagen: EFE



El represor Ricardo Cavallo dejó el aeropuerto de Barajas en España a las 0.55 de anoche para embarcar en un vuelo de Air Europa UX041 con destino a Buenos Aires. Cavallo llegará al país extraditado por un pedido del juez argentino Sergio Torres, para ser juzgado en el marco de la llamada megacausa de la ESMA como responsable, entre otros crímenes, del homicidio del periodista y escritor Rodolfo Walsh, de las monjas francesas Léonie Duquet y Alice Domon y de las Madres de Plaza de Mayo Esther Ballestrino de Careaga, María Ponce de Bianco y Azucena Villaflor.
Según los argentinos que siguieron su juicio en España, la extradición de Cavallo es “temporaria” y puede estar condicionada a los avances de la causa en el país.
“Tuvimos la mala suerte de que un juez español decidió no juzgarlo”, dijo a Página/12 Carlos Slepoy, abogado y uno de los impulsores de los juicios a los represores en España. “Si algo nos ha enseñado este inmenso trayecto que recorrimos es que la jurisdicción universal permite juzgar a los represores en el país en que mejores condiciones existan. Y eso sucedía en España porque la causa está completamente avanzada: por eso, es una verdadera vergüenza que la Audiencia Nacional española no haya podido juzgarlo.”
Cavallo está detenido desde el año 2000, cuando una investigación periodística de José Vales lo descubrió en México. España lo requirió tres años más tarde en una causa del juez Baltasar Garzón por genocidio, torturas y terrorismo. El expediente se archivó por orden de la Audiencia Nacional el último 14 de marzo y desencadenó la extradición.
A instancias del Consejo de Ministros, la Audiencia aceptó ese mismo día la extradición por el principio de “locus delicti”, el criterio que indica darle prioridad tribunalicia al sitio donde se cometieron los hechos, en contra del principio de jurisdicción universal, la herramienta que permitió en todo el mundo avanzar contra los represores.
La extradición pedida hace una semana por Torres coincide con los deseos del propio Cavallo, cuyos abogados dijeron que luchó “siete años” para “ser juzgado en Argentina ante el juez natural”.

política
Denuncia de organismos de derechos humanos
Polémica por el pasado del secretario de Seguridad salteño, acusado de hacer inteligencia para la dictadura

Jorge Amado Skak -según la denuncia- se desempeñó como servicio de inteligencia en ámbitos educativos en la época del Terrorismo de Estado.
La designación del abogado Jorge Amado Skaf como Secretario de Estado de Seguridad de la provincia de Salta acusado de haber realizado tareas de inteligencia para el gobierno militar genera una polémica que con el correr de los día se tornó en un tema que exedió el ámbito provincial.Las organizaciones defensoras de los derechos humanos salteñas Encuentro por la Memoria y Asociación por los Derechos Humanos "Lucrecia Barquet" remitieron sendas cartas a Madres de Plaza de Mayo y Madres de Plaza de Mayo – Línea Fundadora advirtiendo sobre el nombramiento de Skaf, a quien acusan de haberse desempeñado como "como oficial superior de la Policía Federal en 1977/80 y a partir de allí como oficial de la Policía de la provincia".Las notas, dirigidas a las respectivas líderes de las organizaciones, Hebe de Bonafini y Nora Cortiñas, recuerdan que "Skaf fue reconocido por Cristina Cobos, esposa del compañero Víctor Brizzi, desaparecido mientras cumplía con el servicio militar obligatorio y hermana de un joven de 17 años asesinado por las fuerzas represivas en 1976". Según la nota, Skaf se desempeñaba como "'topo' que realizaba tareas de inteligencia en las Universidades de Salta y en ámbitos docentes, durante la última dictadura"."Solicitamos que vuestra asociación se pronuncie pidiendo la remoción de Jorge Skaf del cargo de secretario de Seguridad de la Provincia", reclamaron las organizaciones en sus notas, firmadas por David Leiva, por Encuentro por la Memoria, y Emiliano y Roberto Gareca, por la ADH "Lucrecia Barquet".Fuente: DyN

COMUNICADO DE PRENSA

Los abajo firmantes, Organismos de Derechos Humanos y Organizaciones de la Sociedad Civil tucumana, quieren hacer público SU REPUDIO FRENTE AL ACCIONAR ARBITRARIO DEL GOBIERNO PROVINCIAL quien, mediante decreto del PE, dejó cesante de la Secretaría de Derechos Humanos de la Provincia, al Dr. Matías Lorenzo Pisarello.

Las argumentaciones verbales esgrimidas por el mismo Secretario de Derechos Humanos de la Pcia., Daniel Posse, fueron que el Estado estaba en proceso de reorganización administrativa, que la “orden” de cese de funciones fue enviada directamente por la gobernación, y que podría “haberle tocado” a cualquiera de dicha Secretaría. Como agravante agregó: “esto es el Estado, no una ONG. Tus pergaminos aquí no valen”.

El Dr. Matías Lorenzo Pisarello —nieto del ilustre abogado Ángel Pisarello, asesinado por el terrorismo de Estado de la última dictadura militar— prestaba servicios profesionales en dicha repartición gubernamental desde el año 2006, siendo uno de los pocos que presentan, en esta Secretaría, una fuerte formación técnica en materia de Derechos Humanos. El Dr. Lorenzo Pisarello es, además, miembro de ANDHES (“Abogados y Abogadas del Noroeste Argentino en Derechos Humanos y Estudios Sociales”) y de la Comisión de Derechos Humanos del Colegio de Abogados de Tucumán, habiendo trabajado con anterioridad en el INADI - Tucumán (Instituto Nacional contra la Discriminación, Xenofobia y Racismo) y en FUNDEF (Fundación por los Derechos Fundamentales).

Como organismos de derechos humanos y de la sociedad civil, queremos resaltar la seriedad y compromiso del trabajo del Dr. Lorenzo Pisarello desde la Secretaría de Derechos Humanos de la Pcia. A modo de ejemplo, vale destacar su accionar tramitando graves denuncias de violaciones a los derechos fundamentales —casos de abusos policiales y detenciones arbitrarias— como los informes de situación realizados por este profesional, en cuanto a violaciones colectivas de derechos ocurridas en la provincia, tal la represión sufrida recientemente por diversos ciudadanos y periodistas tucumanos en la protesta por la suba del cospel.

Atento a lo mencionado, consideramos que este injusto cese de funciones se enmarca en una actitud persecutoria de tinte político, por parte del Superior Gobierno de la Provincia, en clara contradicción con las políticas nacionales de derechos humanos, dado que sin más razones —frente a la solidez del trabajo y trayectoria profesional del Dr. Lorenzo Pisarello— el Estado tucumano sólo pudo argumentar, para su despido, meros pretextos formales de reorganización administrativa, además de las opiniones vertidas por Daniel Posse, Secretario de Estado de Derechos Humanos.

Al contrario de todo lo ocurrido, creemos que un verdadero Estado democrático de derecho debe bregar para que profesionales, como el Dr. Matías Lorenzo Pisarello, continúen trabajando desde lo público, aportando así al fortalecimiento de las instituciones y a la plena vigencia de los derechos humanos de toda la población.

ANDHES (“Abogados y Abogadas del Noroeste Argentino en Derechos Humanos y Estudios Sociales”) – H.I.J.O.S. Tucumán en la Red Nacional (“Hijos por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio) – APDH (Asamblea Permanente por los Derechos Humanos) – FADETUC (“Familiares de Desaparecidos de Tucumán”) - Grupo Fogón Andino – Organización El Andamio-Avalancha Norte – Secretarías General y Gremial del CEFAU (Centro de Estudiantes de Arquitectura y Urbanismo de la UNT) -
Las adhesiones remitir a: ANDHES, lo más pronto posible por favor.
GraciasA:
comunicacion@andhes.org.ar,

domingo, 30 de marzo de 2008

RECUSACION EFECTUADA POR LA COMISION POR LOS JUICIOS VERDAD JUSTICIA Y MEMORIA AL FISCAL GENERAL JUAN MANUEL PETTIGIANI DE LA CIUDAD DE MAR DEL PLATA

T.O.C.F.
CAUSA Nº 890/12

RECUSA A FISCAL GENERAL

Excmo. Tribunal:

Gloria del Carmen León, abogada inscripta en el T° 059 F° 602 C.F.A.M.d.P., T° VII F° 329 CAMDP Leg. Previsional 57.631-4 , CUIT e IB 27-11135935-6, Resp. MT , con domicilio legal constituido en calle Jujuy Nº 636 de Mar del Plata, en autos caratulados: “COLEGIO DE ABOGADOS DE MAR DEL PLATA y otros S/ DESAPARICION FORZADA DE PERSONAS s/inc. Universidad Nacional de Mar del Plata, s/actividades de inteligencia de la represión ilegal”,” de trámite por ante este Excmo. Tribunal, a V.E. respetuosamente digo:

I.- Que vengo por el presente, y confome Art. 71 CPPN, legislación vigente y jurisprudencia aplicable al caso, a recusar al Sr. Fiscal General por ante este Tribunal Dr. Juan Manuel Pettigiani, por los motivos que a continuación expongo:

II.- La actitud asumida por el Señor Fiscal respecto a la vista que este Tribunal le corriera, cuya respuesta fue primero dada a la prensa (Diario La Capital del martes 18 de marzo ppasado, pag. 28 y ver fecha de presentación en la causa) pone de manifiesto una absoluta falta de seriedad respecto al ejercicio de su investidura como miembro del Ministerio Público Federal.

Pero más aún, y más grave: pone de manifiesto su posición personal respecto a la caracterización jurídica de los delitos a investigar. Y digo personal, pues del análisis de su presentación (de la cual me notifiqué de manera espontánea pues no se me ha dado traslado), se concluye que hace un relato histórico-político de los acontecimientos que marcaron el período de tiempo 1974/1975. Pero no analiza en absoluto las constancias obrantes en autos, respecto a documentación (por ej. causa Nº 401/75 caratulada: "ARGIBAY JORGE Y OTROS S/ INF. ARTS. 90, 104,149 bis,162 y 210 C.P.") y testimonios brindados por testigos y víctimas, tales como declaración de Isabel Eckert, Eduardo Soares, María Laura Chino, Josefina Chino, Jorge Giordano, Jorge Casales, Gonzalo Chávez, Elena Arena, Luis Rafaldi, Susana Ure, Mirta Clara, Carlos Cervera, Jorge Agüero, Zenón Márquez, Andrés Cabo, Ricardo Muñoz, Juan Gaspari, Elsa Portugheis, Noelia Pantano, Gregoria Marín, Susana Salerno, Juan Carlos Suarías, Carlos Kifer, testimonio del 4 de febrero 2008 (testigo de identidad reservada), Beatriz Alicia Sebreiro, María Elena Sammartino, Carlos Alberto Tabbia.

Testimonios de los cuales surge la participación de personas debidamente identificadas y que actuaron con la complicidad, apoyo logístico y operativo de las fuerzas de seguridad y militar y de distintos órganos del Estado, tal la Universidad Provincial (en 1975 nacionalizada), el Poder Judicial Federal y Provincial, por lo cual esta parte entiende que se dan los presupuestos básicos para instar la acción penal.

Pues de lo que se trata es de perseguir penalmente delitos que por su naturaleza pertenecen a la categoría jurídica de delitos de lesa humanidad, no de simples hechos “terroristas”.

III.- Es preciso delimitar normativamente este tipo de delitos, y su diferencia con los delitos comunes y por ende precriptibles.
III-1.- Y para ello, y no abundar, me remito a la reciente jurisprudencia emanada de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que con fecha 10 de Mayo de 2005, el caso Lariz Iriondo como pauta interpretativa, en el cual se analiza y se concluye, por mayoría, que los actos cometidos por los grupos “terroristas” sin la participación del elemento Estado no constituyen delitos de lesa humanidad y son, por ende, juzgados por el derecho penal interno, que prevé y reprime delitos contra la vida, abuso de armas, delitos contra libertad individual, extorsión, daños, delitos contra la seguridad pública, delitos contra el orden público; todos ellos de naturaleza común y prescriptible.
Pero ni la Triple A ni la CNU cuadran en este concepto de grupo político como es el analizado por la CSJN en el caso de referencia. No son delincuentes “terroristas” que actúan conforme una estrategia que el grupo se da, sino que sistemáticamente sus actos cuentan con el apoyo operativo y logístico de diversos órganos del Estado, desde la policía hasta la Justicia. Sus delitos no son delitos comunes y prescriptibles, como la Corte ha determinado que lo son los cometidos por las organizaciones político militares que actuaran sin la aquiescencia del Estado.
Nótese, al respecto, que nunca se ha hecho referencia a que estas organizaciones criminales (Triple A, CNU) fueran catalogadas como “subversivas”. De lo que se colige, entonces, que se está frente a otra categoría de actores y de delitos.
III-2.- Y llegados a este punto, hago referencia al reciente fallo de la Cámara Nacional Criminal y Correccional Federal, Sala 1: Delitos de lesa humanidad. Crímenes cometidos por la organización “Triple A”. Imprescriptibilidad, Buenos Aires, 14 de marzo de 2008.- Rovira, Miguel Angel.

El Dr. Eduardo Freiler hace un repaso del recorrido de la categoría de delito de lesa humanidad por el proceso de codificación, en el ámbito internacional, desde su moderna significación, que “se acuñó por primera vez en la Carta del Tribunal Militar Internacional que funcionó en Nüremberg. La categoría de crímenes contra la humanidad también se incluyó -con los mismos alcances que para el mencionado Tribunal Militar Internacional- en el artículo 5 c) del Estatuto del Tribunal Militar Internacional para Lejano Oriente, cuya base jurídica fue un decreto del Comandante en jefe de las fuerzas aliadas Douglas MacArthur, del 19 de enero de 1945”.

Señala “que la Ley Nº 10 del Consejo de Control Aliado acogió el tipo de crímenes contra la humanidad pero con algunas añadiduras y una modificación esencial: mientras que los Estatutos de Nüremberg y de Tokio exigían una relación entre el crimen contra la humanidad y los crímenes de guerra o la agresión, en la Ley Nº 10 desaparece esta accesoriedad. Esto permitió que fueran castigados como crímenes contra la humanidad actos cometidos con bastante anterioridad al inicio de la guerra (Gil Gil, Alicia, Derecho Penal Internacional, Tecnos, Madrid, 1999, p. 1117, nota 39)”.

Continúa: “El proceso de codificación de estos crímenes culminó con la adopción del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional que entró en vigencia el 1 de julio de 2002. Se estableció la jurisdicción del Tribunal Internacional respecto de "los crímenes más graves de trascendencia ), entre los que se enumeró al crimen de lesa humanidad internacional" (art. 1 )”.

Entiende: "Por ataque contra una población civil en el contexto de esos elementos -se refiere a los últimos elementos de cada crimen- se entenderá una línea de conducta que implique la comisión múltiple de los actos indicados en el párrafo 1 del artículo 7 del Estatuto contra una población civil a fin de cumplir o promover la política de un Estado o de una organización de cometer esos actos. No es necesario que esos actos constituyan un ataque militar. Se entiende que la política...de cometer esos actos requiere que el Estado o la organización promueva o aliente activamente un ataque de esa índole contra una población civil".

La definición contenida en el Estatuto fue especialmente tenida en cuenta por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en los precedentes "Arancibia Clavel" y "Simón", y en el más reciente fallo "Derecho, René Jesús s/Incidente de prescripción de la acción penal 24.079-" (D. 1682. XL, rta. el 11 de julio de 2007).

III-3.- En los autos "Simón", particularmente especificó el Máximo Tribunal que "la descripción jurídica de estos ilícitos contiene elementos comunes de los diversos tipos penales descriptos, y otros excepcionales que permiten calificarlos como crímenes contra la humanidad porque: 1- afectan a la persona como integrante de la "humanidad", contrariando a la concepción humana más elemental y compartida por todos los países civilizados; 2- son cometidos por un agente estatal en ejecución de una acción gubernamental, o por un grupo con capacidad de ejercer un dominio y ejecución análogos al estatal sobre un territorio determinado." (Voto del Dr. Ricardo Luis Lorenzetti -consid. 13‑).

“El segundo aspecto requiere que la acción no provenga de otro individuo aislado, sino de la acción concertada de un grupo estatal o de similares características que se propone la represión ilícita de otro grupo, mediante la desaparición física de quienes lo integran o la aplicación de tormentos. No se juzga la diferencia de ideas, o las distintas ideologías, sino la extrema desnaturalización de los principios básicos que dan origen a la organización republicana de gobierno”.
“No se trata de juzgar la capacidad del Estado de reprimir los delitos o de preservarse a sí mismo frente a quienes pretenden desestabilizar las instituciones, sino de censurar con todo vigor los casos en que grupos que detentan el poder estatal actúan de modo ilícito, fuera del ordenamiento jurídico o cobijando esos actos con una ley que sólo tiene la apariencia de tal. Por ello, es característico de esos delitos el involucrar la acción organizada desde el Estado o una entidad con capacidad similar, lo que comprende la posibilidad del dictado de normas jurídicas que aseguran o pretenden asegurar la impunidad" (del voto del Dr. Ricardo Luis Lorenzetti -consid. 13‑).

“Este extracto ilustra y delimita correctamente la razón de ser de los delitos contra la humanidad, aspecto ineludible y dirimente a la hora de trazar una diferencia con los crímenes comunes -reservados a la soberanía de los Estados- y también de establecer quién puede cometerlos.”

“El Dr. Lorenzetti en el voto más arriba reproducido, remarca que los crímenes contra la humanidad afectan "los bienes que constituyen la base de la coexistencia social civilizada" y desnaturalizan "los principios básicos que dan origen a la organización republicana de gobierno", violando derechos fundamentales que "no pueden ser suprimidos por el Estado Nacional" ni por "un grupo con capacidad de ejercer un dominio y ejecución análogos al estatal sobre un territorio determinado", pero que si lo son tienen tutela internacional”.

“La definición, entonces, debe construirse a partir del componente de dominación política, en tanto éste explica no sólo la dimensión y alcance de los crímenes sino también el por qué de la reacción de los Estados civilizados -como entes que también ejercen dominación política pero como ámbito de realización, y no supresión, del hombre- en auxilio del individuo.

“Bajo las condiciones apuntadas se satisface el elemento político -policy element- que distingue a los crímenes contra la humanidad, en el sentido de que el ataque generalizado o sistemático contra una población civil debe llevarse a cabo de conformidad con la política de un Estado o de una organización de cometer esos actos o para promover esa política”.

“Los antecedentes mencionados bastan para representar la hipótesis de imputación: homicidios, privaciones ilegítimas de la libertad y pertenencia a una asociación ilícita concebida en un sector del Estado con el objetivo de perseguir clandestinamente, por medio de tales acciones y otras, a opositores políticos”.

“Debe recordarse que la Corte Suprema de Justicia, in re: "Arancibia Clavel" consideró, con apego a la definición mencionada, que formar parte de una agrupación destinada a perseguir opositores políticos, por medio de homicidios, desaparición forzada de personas y tormentos, con la aquiescencia de funcionarios estatales, constituía delito de lesa humanidad y un atentado al derecho de gentes tal como lo prescribe el artículo 118 de la Constitución Nacional (Fallos 327: 3312)”.

"La asociación conocida como "Triple A" fue proyectada, materializada y conducida por agentes públicos -alguno de ellos encumbrados en la organización del Estado-, que las autoridades nacionales de entonces toleraron su actuación y procedimientos de acción, y que su objetivo fue presionar, amedrentar y eventualmente aniquilar a opositores ideológicos o partidarios, a otros actores sociales que pensaran o actuaran de modo diferente al que pretendían sus mentores, o a quienes no acataran las instrucciones que se les dirigían".

“Los rasgos institucionales reducidos a un papel meramente ornamental, definitivamente fueron abandonados con el golpe militar de marzo de 1976 que reveló un trazo continuo a través de la participación trascendente de la Triple A en el centro clandestino de detención conocido como "Automotores Orletti" que funcionó entre mayo y noviembre de 1976, bajo la dependencia operacional de la SIDE, en el contexto del plan criminal aprobado por los ex comandantes de las fuerzas armadas -v. c. 13/84 de este Tribunal, capítulos XI y XX de la sentencia- (c. 39739 "Guglielminetti, Raúl y otros s/ procesamiento", 19/7/07, reg. 804)-“.

·El patrón de la presencia del Estado, ya sea en su versión de terrorismo de Estado -dictadura- o bien como aquí se describió, parece ser también la razón de que la Corte Suprema de Justicia de la Nación haya reconocido el derecho a cobrar el beneficio que prevé la ley 24.411 por hechos anteriores al 24 de marzo de 1976 en los que hubiesen participado personal de las fuerzas armadas, de seguridad o de grupos paramilitares (Fallos 327:4048), y no, por ejemplo, en supuestos donde él no haya tenido responsabilidad directa ni indirecta (Fallos 326:3032)”.

El camarista Horacio Cattani hace una enumeración del derrotero judicial de estos casos para mostrar que todos los expedientes terminaron en sobreseimientos, tal como ocurrió con los casos que se exige se reabran, o no se registran actuaciones judiciales. “La gravedad de la situación no tuvo correlato alguno con las pesquisas realizadas”, dice el juez. Hasta López Rega, que llegó a ser arrestado y extraditado, murió en 1989 antes de recibir condena.
Según Cattani, la impunidad que permitía la multiplicación de los crímenes, se extendía en todos los poderes del Estado. Describe que en el ámbito parlamentario “cundía el terror”: se evitaban alusiones a la Triple A o el oficialismo las impedía. Los que “alzaron su voz en solitario fueron perseguidos, amenazados, incluso muertos”, en alusión, entre otros, a Ortega Peña. También enumera intimidaciones a los medios de prensa y dice que “ni siquiera la Iglesia estaba exenta de ser blanco de la Triple A basta rememora el asesinato del padre Carlos Mujica”.
Freiler hace hincapié en que el poderío de la organización fue tan grande que “neutralizó” al poder del Estado y ejerció de facto un poder absoluto. Esto, sostuvo, constituyó “la antecámara del colapso total de las instituciones que tuvo lugar con la dictadura militar”.

III-4.- De los párrafos señalados precedentemente extraemos la fundamentación de porqué los delitos que solicitamos se les impute a los miembros de la CNU son delitos de lesa humanidad.

Nos referimos a secuestros y homicidios, llevados a cabo, tal como lo denuncian los testimonios señalados, por la organización CNU y Triple A “grupo originario” y bajo el amparo del Estado. El informe de la D.I.P.B.A. entregado por la Comisión Provincial de la Memoria (de lo cual la prensa ha dado pormenorizada cuenta) y los informes de inteligencia provenientes de la PNA entregados por el Archivo Nacional de la Memoria, al Tribunal, contienen datos más que relevantes sobre personas y hechos.

III-5.- A título ejemplificativo sobre el valioso material que obra en poder de este Tribunal y del Ministerio Público (y del que he tomado conocimiento por haber consultado personalmente el Archivo Nacional de la Memoria), transcribo un párrafo del informe de Prefectura “Plan de colección de informaciones. Placintara 1975. Prefectura MdP, sección informaciones”, bibliorato 95:

…El GADA 601, que siempre mantuvo hermetismo respecto de sus operativos, no cuenta con personal capacitado en inteligencia, en la medida que las circunstancias lo aconsejan y en un primer momento de esta guerra se valió de personas civiles que militaban en la CONCENTRACIÓN NACIONAL UNIVERSITARIA que llegaron a actuar con total impunidad en la ciudad, para cubrir tal falencia, dejando de lado a los Servicios de fuerzas amigas (PF, PBA, FT6, etc). Luego, cuando la CNU fue dejada de lado por el GADA, éste quedó sin la corriente informativa que las circunstancias aconsejan y en la actualidad daría la impresión de que está “tirando blancos” sin mayor criterio y sin lograr resultados positivos”. (fs. 94)”

El resaltado es mío y no es posible pasar por alto el significado de esa frase “y en un primer momento de esta guerra se valió de personas civiles que militaban en la CONCENTRACIÓN NACIONAL UNIVERSITARIA que llegaron a actuar con total impunidad en la ciudad…” No caben dudas acerca de cuál es ese primer momento, teniendo en cuenta el año al que estos informes hacen referencia.

Pero nada ha dicho en su dictamen el Sr. Fiscal sobre este valiosísimo material incorporado en autos. (Y de consulta exclusiva para el Tribunal y el Ministerio Público, tal como se me notificara en oportunidad de pedir esta parte tomar vista del mismo)

Pero sí se explaya en una defensa del gobierno de Isabel Martinez de Perón. La génesis de los delitos de lesa humanidad, para ser considerados como tales, deben ser de una gravedad tal que ofenden a la conciencia humana más allá del daño infringido a nivel personal y deben ser cometidos por el Estado o con la aquiescencia del Estado, circunstancia que ha quedado demostrada en autos.

Pero confunde dicha participación, necesaria, estatal, con la asunción de una política expresa del gobierno, y llevada a cabo por todo el gobierno de entonces, lo cual ciertamente no es posible afirmar que así fuera. Pero no puede escapar al entendimiento de los hechos acaecidos que la responsabilidad sobre la organización Triple A y los subgrupos que operaron en el interior del país, no fueron responsabilidad exclusiva del Ministro Lopez Rega, pues ido éste del país el accionar criminal de estos grupos continuó.

III-6.- Otro párrafo del voto del Dr. Freire: “El diputado Porto agregó a fs. 81/88 copia de una carta, organigrama y sobre que le remitió Paino.(Testigo) Allí obra una "lista de López Rega" en la que se señala al Cnel. Damasco, Ortega Peña, Tomás Hernández, Padre Mugica, Chavez padre e hijo, "Laferrere de la UOM", Troxler, "Universidad (no recuerda nombre)"; "atentados (conexión C.N.U.)", Clarín, Descamisado, Militancia, Noticias, El Mundo, así como la directiva de confundirse con ERP o Montoneros para ver el clima. Del organigrama se desprende que del "enlace Carlos G.A. Villone", dependía el "grupo A", a cargo de Almirón y el "B", bajo el mando de Rovira”.

“Respecto del modo en que estaba estructurada la organización, el Juez tuvo en cuenta que los testimonios de Salvador Paino y de Peregrino Fernández aludieron a una actuación dividida en grupos y subgrupos. “

IV.- En relación al accionar criminal de la CNU en nuestra ciudad, conjuntamente con miembros de la misma organización y de la Triple A provenientes de la ciudad de La Plata y Buenos Aires, se ha testimoniado en ante este Tribunal (declaración de Juan Gaspari, Gonzalo Chávez, Eduardo Soares, Susana Salerno, Juan Carlos Suarías), y ha quedado demostrada la participación de distintos órganos del Estado brindando cobertura legal a sus miembros: todos eran empleaos de la Universidad (Provincial y Nacional), y algunos también eran empleados de la fiscalía Federal. Basta con ver los legajos adjuntados a estos autos.

V.- Reitero la gravedad de la forma elegida por el Señor Fiscal para dar a conocer su dictamen, pues deja de lado las necesarias formalidades procesales para formar parte de una ¿campaña? de desnaturalización y desprestigio del juicio por la Verdad y las causas penales que a partir de éste se formalizan. Vuelve a salir en el diario La Capital el lunes 24 de marzo página 7.

Me refiero concretamente a la nota periodística, en la misma página en que el diario publica una crónica de la jornada del día lunes 17 del Juicio por la Verdad, crónica deliberadamente suspicaz y con el inocultable propósito de confundir a la opinión pública, desmereciendo la importancia y seriedad de este Juicio.

Señalo el párrafo en que el diario afirma: (referido al secuestro del Lic. Roberto Sammartino)”…Su caso fue tratado ayer en una nueva audiencia del Juicio por la Verdad que sirvió para ratificar la nebulosa, la falta de testigos y de precisiones que aun reina sobre su muerte”…

Pero lo que aquí importa, y motiva esta presentación, es la actitud del Señor Fiscal, si puede procesalmente seguir ejerciendo su ministerio o si debe ser separado.

Y en opinión de esta parte, la actitud asumida por el miembro del Ministerio Público denota claramente, y más allá de la actitud personal respetuosa desplegada por el mismo, una manifiesta enemistad encuadrable en el inc. 11 del art. 55 CPPN.

Pues de lo que se trata es de determinar, no literalmente una enemistad desde el punto de vista estrictamente personal, sino, fundamentalmente, procesal.

Pues, qué garantía de Justicia podremos tener cuando exigimos la investigación y consecuente castigo a los responsables de ese plan de exterminio que comenzó a ponerse en práctica con anterioridad al golpe de Estado de 1976.

Cómo podremos confiar el ejercicio de la acción penal a quien, desde el punto de vista procesal, debe ejercerla, si ya se ha manifestado que respecto a estos casos, no hay delito.

No podemos tolerar que un fiscal de la Nación, que considera que los crímenes cometidos por la tiple A y la CNU, están comprendidos entre los delitos del Derecho Penal común y por lo tanto han prescripto, contradiga las pautas interpretativas que brinda, a través de sus pronunciamientos, la Cámara Nacional Criminal y Correccional, las directivas emanadas de la UNIDAD FISCAL DE COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS CAUSAS POR VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS COMETIDAS DURANTE EL TERRORISMO DE ESTADO.

Reproduzco párrafos de la nota al Dr. Rodolfo Mattarollo (Ex Sub Secretario de Derechos Humanos de la Nación) en Página 12 del 18/03/08:

“La resolución de la Cámara Federal, que califica los delitos cometidos por la Triple A como crímenes de lesa humanidad, es tal vez la más importante, política, jurídica y éticamente desde el juicio a los integrantes de las tres primeras juntas militares. Ese fallo coincide con las orientaciones de la jurisprudencia internacional en casos similares”.

“Una conclusión inevitable del carácter de crímenes de lesa humanidad de las atrocidades cometidas por la Triple A es su imprescriptibilidad y el hecho de que la asociación ilícita para cometer crímenes de lesa humanidad constituye a su vez un crimen de lesa humanidad, por su naturaleza, imprescriptible.”

“En la constitución y operaciones de la Triple A hubo una directa responsabilidad estatal, por acción y por omisión. Sin embargo, aun desde la perspectiva de delitos cometidos por grupos no estatales, los miembros de la Triple A son individualmente responsables de crímenes de lesa humanidad”.

La mayoría del tribunal argumentó que puede haber crímenes de este tipo en el contexto de un gobierno constitucional. En este caso, explicó, fueron parte de “un ataque generalizado o sistemático contra la población civil” ejecutado por “una asociación ilícita concebida en un sector del Estado con el objetivo de perseguir clandestinamente” a “opositores políticos”. Pero además, tuvieron un rasgo distintivo: que ocurrieron al amparo de un sistema de impunidad.

VI.- PETITORIO: Por las razones expuestas, solicitamos se de curso a la presente, haciendo lugar al pedido de acusación del Sr. Fiscal General Juan Manuel .Pettigiani-

Tener presente y proveer de conformidad

Que será Justicia


II.-
Caso 1.- IZUS, RENE ARMANDO:

Causa Nro. 99, caratulada: “Izus, René Arnaldo s/ Muerte”
Fecha del hecho 19 de febrero de 1975.-

Caso 3.- Elizagaray, Enrique – Videla, Guillermo Enrique – Videla, Jorge Enrique – Videla, Jorge Lisandro.-
Causa Nro. 108, caratulada: “Elizagaray, Enrique – Videla Guillermo Enrique – Videla, Jorge Enrique – Videla, Jorge Lisandro S/ Muertes”
Fecha del hecho: 21 de marzo de 1975

Caso 4.- Goldemberg, Bernardo Alberto.-
Causa Nro. 109, caratulada: “ Goldenberg, Bernardo Alberto s/ Muerte”
Fecha del hecho: 21 de marzo de 1975

Caso 5.- Gasparri, Daniel – Stoppani, Jorge.-
Fecha del hecho: 25/4/75

Caso 6.- Maggi, María del Carmen.-
Causa Nro. 260, caratulada: “Maggi, María del Carmen s/ Privación Ilegal d ela libertad”.-
Fecha del hecho: 09 de mayo de 1975

Caso 7.-­Soarez, Eduardo Adolfo.-
Causa Nro. 163, cartulada: “Soares, Eduardo Adolfo s/ Muerte”
Fecha del hecho: 27 de mayo de 1975.-

Caso 8.- Tortosa, Juan José –Tortosa, Ricardo Emilio.-
Causa nro. 191: “TORTOSA, JUAN JOSE S/ MUERTE”.-
Fecha del hecho: 31 de mayo de 1975

Causa nro. 278: “TORTOSA, RICARDO EMILIO S/ MUERTE”.-

Caso 9.- Sammartino, Roberto Hector.-
Causa Nro. 282, caratulada: “Sammartino, Roberto Héctor s/ victima de homicidio”
Fecha del hecho: 5 de junio de 1975

Caso 10.-Kein, Victor Hugo – Del Arco,Jorge Osmar.-
Causa Nro. 277 (se agregaron en aquella época las causas nro. 275, caratulada: “Kein, Victor Hugo s/ victima de homicidio; y 276, caratulada: “ Del Arco, Jorge Odsmar s/ victima de homicidio”), caratulada: “Kein, Victor Hugo –Del Arco, Jorge Osmar s/ Privación Ilegítima de la libertad”.-
Fecha del hecho: 11 de junio de 1975.-

Causa nro. 277: “KEIN, VICTOR HUGO – DEL ARCO, JORGE OSMAR S/ PRIVACIÓN ILEGAL DE LA LIBERTAD”.-
Causa nro. 275: “KEIN, VICTOR HUGO S/ VICTIMA DE HOMICIDIO”.-
Causa nro. 276: “DEL ARCO, JORGE OSMAR S/ VICTIMA DE HOMICIDIO”.-
Con igual fecha que en el caso anterior

Caso 11.- Crespo, Juan Manuel – Azorin, Emilio
Causa Nro. 513, caratulada: “Azorín, Emilio – Crespo, Juan Manuel Horacio s/ Víctimas de sus homicidios
CJVJM Comisión por los Juicios VERDAD JUSTICIA y MEMORIA - Mar del Plata

SOCIEDAD RURAL ARGENTINA IDEÓLOGA DEL GOLPE



"Debemos recordar que el presidente Videla ha expresado que la Nación está dispuesta a apoyar al sector agropecuario el cual, en el momento de la prueba, hace cuatro años, fue el primero en ponerse en pie y dar el sí a la convocatoria del Proceso de Reorganización Nacional".

Jorge Zorriegueta, Secretario de Agricultura y Ganadería, 20 de mayo de 1980.


Decimos que la rural es uno de los sectores del poder económico que impulsó el Proceso de Reorganización Nacional porque fue partícipe del núcleo duro de la Asamblea Permanente de Entidades Gremiales Empresarias (APEGE). Aquí se aglutinó el establishment argentino para desestabilizar el gobierno de Isabel Martinez de Perón al intensificar la crisis institucional para que las Fuerzas Armadas Genocidas se apropien del Estado.
O sea, según dicen sus solicitadas en los matutinos, pretendían “ la rectificación total de la filosofía político, económica y social que ha llevado a nuestra Argentina al borde del caos”.
APEGE desarrolla sus actividades entre agosto del 75 y marzo del 76. Su secretariado directivo estaba integrado por el Sr. Celedonio Pereda (Sociedad Rural Argentina), Dr. Armando Braun (Cámara Argentina de Comercio), Sr. Jorge Sabate (Unión Comercial Argentina), Sr. Jorge Aguado (CARBAP), Sr. Federico Peña (Cámara de Sociedades Anónimas) y el Ing. Cesar Polledo (Cámara Argentina de la Construcción).
Tras una serie de reuniones con otras entidades empresarias de los diferentes rubros de la economía y en distintos puntos del país, deciden convocar a un lock out patronal para el lunes 16 de febrero de 1976. Es así que la SRA vuelve a condicionar a los pequeños y medianos trabajadores del campo – siendo que ni si quiera los representa – para que se manifiesten a favor de un modelo de país netamente injusto, económicamente dependiente y sometido políticamente a las potencias extranjeras
SOCIEDAD RURAL ARGENTINA BENEFICIARIA DEL GOLPE
Entrado el 24 de marzo de 1976 la economía argentina nuevamente es digitada por un hijo pródigo de la SRA: José Alfredo Martinez de Hoz; quien es bisnieto de uno de los fundadores de la centenaria entidad, que se apropio de las tierras de miles de nativos tras ser cruentamente asesinados por el ejército de línea del Gral Roca.
Por si fuera poco otro miembro de la rural ocupó un puesto estratégico en la dictadura oligárquica: el lobbista Jorge Zorreguieta fue quien representó los intereses de los dueños de la tierras como Subsecretario de Agricultura, y el 6 de abril de 1979 sube algunos escalones al asumir como Secretario de Agricultura y Ganadería tras la renuncia de Mario Cadenas Madariaga.
Con gran parte del Estado en sus manos, y como es su costumbre la SRA lloraba a través de su presidente, el Sr. Celedonio Pereda en la exposición del 76: “Para poder realizar esta política es requisito indispensable desterrar definitivamente los gravámenes, impuestos o derechos a las exportaciones y mantener un tipo de cambio realista”.
Y para ratificar su apoyo al genocidio - que estaba en su pico más sangriento - , Pereda en la exposición del 77 remarcó: “ El proceso de moralización iniciado en marzo de 1976 se nota en todos los niveles del cuerpo social. Es indudable que cuando las autoridades dan el ejemplo con su actitud de austeridad, ecuanimidad y sobrio uso del poder promueven la emulación y el respeto de todos”.
Así es, el gran objetivo de cambiar de rumbo el modelo del sistema político, social y económico de la Nación, se le estaba haciendo realidad a este grupo de aristócratas terratenientes; enfocando sus miradas hacia su “civilizado” mercado externo en perjuicio del “bárbaro” mercado interno. Es decir, resolvieron que era más conveniente enviar carnes y granos al resto del mundo que alimentar a un pueblo que desde hacia mucho tiempo se venía levantando en anhelos de justicia social.
Por lo tanto, es por la sangre derramada de nuestros compañeros - que se atrevieron a cuestionar la matriz de la distribución de las riquezas -, que desde el último golpe hasta la actualidad se profundizo el proceso de concentración de tierras como nunca antes se vió en la Argentina. Miles de familias emigraron del campo a la ciudad ya que los aumentos en las tasas de creditos, y la falta de subsidios para obtener tecnología importada para aumentar la producción hicieron que fuera insostenible la propiedad de un campo de pocas hectáreas.
Ahora la SRA nos presiona para que nuestro país se perpetúe en el tiempo como un modelo neocolonial, transgénico y biotecnológico. Lo que quiere decir que no haya condiciones para invertir en la industria, que un pequeño grupo de familias sean las dueñas de gran parte de las tierras; que otro grupo de intereses extranjeros se apropien de otra gran parte de la tierra; que un grupo de pooles de siembra multinacionales alquilen los campos de los pequeños agricultores para cultivar soja, y que estos sigan migrando del campo a la ciudad; que el ganado vacuno se traslade desde el centro hacia el norte del país, reduciéndose en cantidad y calidad; que las políticas de investigación cientifica de los institutos nacionales y privados se orienten a establecer la mejor manera de que el pueblo argentino deje la carne por la soja; y que se agudice el cambio climático y se atente contra la biodiversidad a través de los desmontes, el uso intensivo de fumiguicidas y el desgaste y erosionamiento de los suelos.




Por su activa participación en la Conquista del desierto, por su planificación del Proceso de Reorganización Nacional y por su actual pretensión de querer consolidarnos como republiquita forrajera con pronta fecha de vencimiento, decimos:

SOCIEDAD RURAL ARGENTINA, 142 AÑOS IMPULSANDO EL HAMBRE Y LOS GENOCIDIOS EN NUESTRO PAÍS.

TIERRA, TRABAJO Y JUSTICIA.

DISTRIBUCIÓN DE LA RIQUEZA





30 000 COMPAÑEROS DESAPARECIDOS PRESENTES!!!


H.I.J.O.S. Regional Río Cuarto en la Red Nacional






RadarDomingo, 30 de Marzo de 2008



El’75
Cuando hace unos años los archivos fotográficos de La Razón, Tiempo Argentino y El Cronista Comercial fueron tirados a la basura, la Asociación de Reporteros Gráficos de Argentina los rescató. Pero como si salvar esa riqueza documental no fuera suficiente, entre las pilas de papeles aparecieron sobres repletos de un material inesperado: prontuarios, informes, comunicados de prensa y fotos de armas, casas allanadas y personas detenidas, golpeadas y luego desaparecidas. Todo, fechado en 1975. Todo, material que la policía repartía a los medios para informar sobre la “actividad subversiva”. Hoy, todo eso, parte de la muestra Archivos incompletos, aporta información sustancial sobre la actividad ilegal de las fuerzas del Estado antes del golpe, la planificación del terrorismo de Estado y el borramiento de la historia previa al ’76.


Por Hugo Salas
La dictadura que gobernó a sangre y fuego el país entre 1976 y 1983 es responsable de más de un vacío. El vacío de cada una de esas personas que hoy deberían estar y faltan, el vacío de las discusiones políticas, condenadas a girar hasta el absurdo en los límites de un liberalismo aviesamente chato, un innegable vaciamiento económico –que, merced a la colaboración de la sucesión democrática, significa aún hoy la vida en la miseria para millones– y también un vacío histórico: el total borramiento de la historia de las organizaciones armadas antes y durante lo que ellos llamaron el Proceso de Reorganización Nacional. En más de un sentido, el interés por mantener vivo el recuerdo del criminal accionar de las Juntas ha contribuido a difuminar la historia, los pormenores y las contradicciones del principal objeto de su encono (vicisitud que, desde hace unos años a esta parte, comienza a ser aprovechada, de manera perversa, por los grupos de derecha que demandan una “memoria completa”).
Allí, justamente, radica el interés de Archivos incompletos, muestra inaugurada por la Asociación de Reporteros Gráficos de la República Argentina (Argra) el 24 de marzo pasado, donde puede verse material sobre tres organizaciones armadas de las que poco suele escucharse (y mucho menos verse): el Ejército Guerrillero del Pueblo, las Fuerzas Argentinas de Liberación y la Junta Coordinadora Revolucionaria (de la que formaba parte el ERP). Con una peculiaridad; estas fotos no han sido tomadas por fotoperiodistas, tampoco por fotógrafos aficionados, ni por miembros de los propios grupos, sino por las “fuerzas del orden”, que luego las enviaban a los diarios, donde eran diligentemente publicadas. Cómo estas fotos de prontuario y difusión antisubversiva llegaron a la Fototeca de Argra, desnuda en parte el sutil proceso de destrucción generalizada de la historia.
Izquierda: Según consigna la información policial, esta valija de doble fondo habría sido encontrada en poder de las hermanas Graciela y Sandra Alvarez Daisson al momento de su detención, el 31 de marzo de 1977. Ambas continúan desaparecidas.Derecha: “Bibliografía subversiva”: abajo de todo asoma El Capital en dos tomos.
LA CAMARA DELATORA
“Al venderse La Razón, hace casi diez años ya, gran parte de su archivo fotográfico fue a parar a la calle”, comenta Inés Ulanovsky, desde el año pasado a cargo de la Fototeca de Argra junto a Lucila Quieto. “En ese momento, alguien informa telefónicamente lo que acaba de ocurrir y el entonces presidente de Argra, Osvaldo Baratucci, va con una camioneta y carga todo lo que encuentra: bolsas de residuos y cajas, dentro de las cuales había distintos sobres con membrete. Tiempo después, lo mismo estuvo a punto de pasar con el archivo de El Cronista Comercial, que a su vez se había quedado con el de Tiempo Argentino, pero en esa oportunidad se rescató antes de que fuera a dar a la calle.”
Desde entonces, las cajas y bolsas permanecieron a buen resguardo, pero cerradas, hasta que el año pasado Ulanovsky y Quieto se hicieron cargo de la coordinación de la Fototeca. Durante los primeros meses de trabajo, cuentan, todo fue abrir cajas y sobres y visualizar: qué tenía cada foto, cuáles estaban identificadas al dorso y cuáles no, de dónde provenían. Así comenzaron a aparecer sobres que llevaban las leyendas “subversión”, “extremistas”, “allanamiento policial”, y que en su mayoría coincidían en la fecha: 1975. En ellos encontraron recortes periodísticos, prontuarios policiales, circulares de prensa oficiales y fotos, las mismas que hoy pueden verse expuestas en las paredes de Argra.
“En su mayoría –señala Quieto–, se trata de operativos realizados por la policía en 1975, vale decir en pleno auge de la Triple A. Son fotos de lugares allanados, como la imprenta y la fábrica de armas de la JCR o la cárcel del pueblo de las FAL, pero también de personas encarceladas, golpeadas, muchas de las cuales desaparecieron o fueron asesinadas poco tiempo después, durante la dictadura militar.” La muestra cobra así un efecto inquietante: el de desnudar la poca ruptura y mucha continuidad que hubo dentro de las fuerzas entre uno y otro momento; vale decir, que ya durante el gobierno de Isabelita se aplicaba el terrorismo de Estado, y que los datos así obtenidos fueron utilizados a mansalva durante los años siguientes.
Más que elocuentes, fotografías de algunos de los miembros de la JCR detenidos en 1975, tomadas en sede policial. El viernes 11 de abril, La Razón las utilizaría, con sus respectivos nombres, para ilustrar una nota a doble página con la volanta “8 hombres y 15 mujeres constituían una vasta organización extremista internacional”.
LA PRUEBA INVERTIDA
La investigación, dedicada a establecer en algunos casos qué había ocurrido con las personas cuyo nombre se indicaba al dorso de las fotos y en otros la identidad de los retratados, puso a las curadoras en contacto con el Archivo de la Memoria, cuyos responsables se sorprendieron del material, habida cuenta de lo mucho que cuesta conseguir pruebas de actividades represivas antes de 1976. Más tarde fue el turno del Archivo General de la Nación y del Equipo de Antropología Forense, que permitió completar la información que forma parte de la muestra, y a su vez sacó un beneficio: la foto de Luis María Aguirre, médico maoísta y dirigente de las FAL, asesinado en 1977 y la de su mujer, Lidia Marina Malamud de Aguirre, cuyas imágenes eran desconocidas.
“Cuando vimos el interés que despertaba –comenta Ulanovsky–, nos dimos cuenta de que no sólo era necesario rescatar este material sino también exhibirlo, sobre todo para hacer un llamado de atención: esto que hoy nos parece tan importante estuvo a punto de desaparecer, tirado en la basura. Entonces abrimos ese archivo, escaneamos todo, lo compartimos con las instituciones y la idea es dárselo a todo aquel que quiera tenerlo, que circule, porque es realmente impresionante. Sobre todo porque son fotografías tomadas por la policía. Desde lo fotográfico, justamente, es impactante: los detenidos acaban de caer, los llevan a una comisaría, los ponen contra un fondo blanco y les da de lleno un flash... un flash que, por otro lado, deja ver todo: cortes, golpes, lastimaduras. En algunos prontuarios, por ejemplo, algunos aparecen tapados del cuello hacia abajo por una frazada... Andá a saber qué había debajo de la frazada. Y no deja de ser curioso, a modo de reflexión sobre la fotografía, que el mismo medio que ellos utilizaban para registrar su accionar hoy para nosotros sea una prueba en su contra.”
Curiosamente, la atención y el cuidado que no ponían al fotografiar a los prisioneros aparece en las imágenes de los allanamientos, de los objetos, minuciosamente distribuidos en encuadres compuestos con obsesivo rigor. Algunas tomas, si uno olvidase su siniestra procedencia, incluso podrían parecer “lindas fotos”, con esa imparcialidad despiadada que tiene –como todas las máquinas– la cámara fotográfica. La cuestión del autor, sin embargo, queda fuera de los alcances de Archivos incompletos, como reconoce Ulanovsky: “Suponemos que ninguna de estas fotos fue tomada por un reportero gráfico. Tal vez sí, tal vez en algún caso el medio haya enviado un fotógrafo, pero en general creemos que casi todas son fotografías policiales”. Habrá que aceptar que la que exponen estas fotografías, entonces, es una curiosa poética policial.
5 de marzo de 1964: la foto más antigua. El día anterior, en el campamento La Toma, Gendarmería Nacional detiene a los integrantes del Ejército Guerrillero del Pueblo (EGP), primera experiencia guevarista en la Argentina, que opera en la provincia de Salta entre mediados de 1963 y 1964. Junto a los militantes, caen detenidos dos agentes de la DIPA, infiltrados en el grupo. Así, en estas fotografías de la rueda de presos puede verse a Federico Frontini, el cubano Oscar del Hoyo, Alberto Castellanos y el infiltrado Víctor Eduardo Fernández, cuya identidad Gendarmería desconocía. Los tres primeros cumplieron cuatro años de prisión.
ARCHIVESE
“Cualquiera que hubiese abierto esas cajas se habría dado cuenta de que era un material valioso e importante –dispara Lucila Quieto–. Entonces, la pregunta es cómo y por qué llega a la basura, donde supuestamente habría de perderse.” “No es accidental –reflexiona Inés Ulanovsky–, y no pasa sólo con la fotografía. Todos sabemos que ATC borró la historia de la televisión, grabando una y otra vez sobre los mismos soportes, por ejemplo, y en general la Argentina es un país que tiene problemas con los archivos. Incluso en el uso cotidiano, cuando se dice ‘Archivalo’ no necesariamente significa que se trata de algo valioso que hay que resguardar sino más bien de condenar algo al olvido.”
En realidad, Archivos incompletos dispara múltiples preguntas, difíciles de responder. La primera, y más obvia, es qué tipo de material, similar, parecido o igual a éste, habrá en los archivos de los otros dos grandes diarios activos en la época, y por qué a ningún fiscal o juez se le había ocurrido, hasta ahora, solicitar su cooperación. Si las caras de “guerrilleros”, “subversivos” y “extremistas” conformaban el menú habitual de la indigesta noticia que circulaba en los ’70, ¿por qué no se le ocurrió a nadie echar un vistazo allí, justamente, a la hora de recabar información o incluso elementos probatorios? ¿Por qué esos diarios no investigan sus propios archivos? Y por otra parte, tratándose de información tan necesaria, tan acuciante, ¿es lícito esperar su decisión, su buena voluntad o que, en un descuido, la tiren a la calle?
Otra serie de preguntas atañe directamente a la práctica del periodismo en sí mismo. Mucho se ha hablado de su connivencia ideológica con el poder político en los ’70, de lo que se callaba, no se decía o no se publicaba (salvo honrosas excepciones). Hoy, sin embargo, las paredes de Argra permiten entrever una arista más compleja; en el modo automático e insensible en que estos diarios convertían la circular de prensa policíaca en noticia, había ya algo más efectivo y siniestro, pero sin duda menos silencioso, que la connivencia activa: se garantizaba, sin mediaciones, la difusión del discurso del poder. Que el periodismo medianamente sincero muere frente a la gacetilla, es una verdad de Perogrullo que no requiere de excesiva comprobación; entender hasta qué punto puede ser nociva y cómplice esa práctica deshonesta –que continúa extendida hoy en los más diversos ámbitos de la información–, es lo que permite entender hoy Archivos incompletos.
La muestra puede visitarse de lunes a viernes, de 12.30 a 18, en la sede de la Asociación de Reporteros Gráficos de la República Argentina, Venezuela 1433.


Un estudio medico establece que el represor Rodolfo Almiron puede declarar
En condiciones de ir a prisión

El ex jefe operativo de la Triple A fue extraditado desde España la semana pasada, pero no pudo ser indagado porque un primer informe del Cuerpo Médico Forense decía que tenía problemas de salud. Ahora sería citado.

Rodolfo Almirón está acusado de haber participado en diez homicidios cometidos por la Triple A.
Imagen: Télam


Por Irina Hauser
El horizonte de Rodolfo Eduardo Almirón, el ex jefe operativo de la Triple A extraditado la semana pasada, se parece cada vez más a las paredes del penal de Marcos Paz. Según un nuevo estudio forense al que fue sometido el jueves, el ex subcomisario no estaría ni loco ni desmemoriado. O al menos se encontraría en condiciones de enfrentar la indagatoria del juez Norberto Oyarbide, que le imputa haber participado en diez homicidios cometidos por la banda terrorista que operó, bajo el liderazgo de José López Rega, durante le gobierno de María Estela Martínez de Perón.
Almirón llegó a la Argentina la semana pasada y de inmediato fue examinado por el Cuerpo Médico Forense que, en su primer parte, concluyó que no estaba en condiciones de declarar. El informe hablaba de un déficit psíquico global y daba cuenta de la existencia de las secuelas de antiguos infartos y otros males cardíacos. Pero los propios peritos decían que ese resultado inicial podía explicarse por la fatiga del viaje, sumada a sus 72 años. De hecho, aun ese día, nada impidió que le funcionaran los reflejos para contestar a la pregunta que alcanzó a hacerle un periodista. “¿Se arrepiente?”, inquirió el reportero. “¿De qué me tengo que arrepentir?”, desafió Almirón.
El ex policía estuvo durante todos estos días alojado en el hospital de la cárcel de Marcos Paz. Por recomendación de los forenses, anteayer le hicieron una nueva revisión. Oyarbide todavía no recibió las conclusiones por escrito pero, según pudo saber Página/12, obtuvo un adelanto de las nuevas conclusiones: Almirón podría ser indagado tomando algunos simples recaudos.
La preocupación por constatar el real estado de salud de Almirón respondió, en parte, a que su esposa, Ana María Gil Calvo, había enviado unas cartas alarmantes al juez, a la Cámara Federal y a Aerolíneas Argentinas advirtiendo que su esposo podía morir en el vuelo que lo trasladaría desde España, donde vivía desde 1975, cuando se fue custodiando a López Rega en su huida. La mujer se apoyaba en informes del propio Ministerio del Interior español que incluso ya estaban en poder de Oyarbide y decían que tenía alteraciones de la memoria, desorientación temporal e inestabilidad para caminar.
Cuando tenga el parte forense definitivo en papel, firmado y sellado, Oyarbide definirá qué día le toma indagatoria. Según fuentes judiciales, podría ser la semana próxima. Almirón está acusado de haber integrado una asociación ilícita que mataba, secuestraba y amedrentaba y que desplegó su accionar por lo menos entre 1973 y 1976, aunque tuvo su continuidad después del golpe militar. La denuncia que dio lugar a la causa sobre la Triple A data de 1975. Además de implicar a Almirón, apuntaba entre otros a su suegro el ex comisario Juan Ramón Morales –que falleció el año pasado– y a otro policía, Miguel Angel Rovira, que tiene arresto domiciliario. Los tres habían sido custodios del Brujo López Rega, que murió en 1989, cuando iba rumbo a ser condenado.
Almirón fue hallado en Valencia por una investigación periodística del diario El Mundo a fines de 2006. Eso fue lo que disparó la reapertura de la causa, donde había pedidos de captura pendientes de veintidós años de antigüedad nunca concretados. Para poder avanzar, Oyarbide firmó una resolución en la que decía que los crímenes de la Triple A debían considerarse delitos de lesa humanidad, por lo tanto imprescriptibles. Esa definición fue confirmada por la Cámara Federal antes de la llegada de Almirón. Ahora España debe definir si extradita o no a Isabel Perón, a quien el juez atribuyó por acción u omisión una “colaboración esencial” con los crímenes de la Triple A.
Por ahora el expediente abarca los asesinatos cometidos en 1974 del diputado Rodolfo Ortega Peña, de Pablo Laguzzi (un bebé de cinco meses, hijo del entonces decano de la Facultad de Derecho de la UBA), del abogado Alfredo Curutchet, del ex subjefe de la Policía Bonaerense Julio Troxler, de Silvio Frondizi (hermano del ex presidente) y su yerno Luis Mendiburu, del periodista Pedro Barraza y su amigo Carlos Laham, de Daniel Banfi y Luis Latrónica. El juez deberá definir si acepta incluir otros 600 casos que fueron presentados desde que se reabrió la causa.

UN REVÉS PARA LA DEFENSA

Un fiscal opinó en contra de que Bussi y Menéndez sean juzgados por escrito


El ex gobernador de facto espera ahora la decisión del Tribunal.

Para el fiscal general ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Tucumán, Alfredo Miguel Terraf, los represores Antonio Domingo Bussi y Luciano Benjamín Menéndez tienen que sentarse en el banquillo de los acusados para ser juzgados por la desaparición y secuestro del ex senador provincial Guillermo Vargas Aignasse. La opinión de Terraf –no vinculante- será tenida en cuenta por los miembros del Tribunal para tomar una decisión final.
La defensa de los represores Antonio Domingo Bussi y Luciano Benjamín Menéndez tuvo un revés en su planteo de que ambos sean juzgados por escrito en el marco de la causa por el secuestro y desaparición del ex senador provincial Guillermo Vargas Aignasse. El jueves pasado, el fiscal general ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Tucumán, Alfredo Miguel Terraf, firmó su dictamen en contra del planteo del abogado Horacio Conesa Mones Ruiz, y a favor de que los represores sean sentados en el banquillo de los acusados.
Ahora la opinión de Terraf, que si bien no es vinculante, será tenida en cuenta por los miembros del Tribunal, Carlos Jiménez Montilla (presidente), Gabriel Casas y Josefina Curi (vocales), quienes tendrán que resolver finalmente si los militares retirados serán sometidos a un juicio oral o por escrito. primerafuente confirmó la decisión de Terraf, sin conocer hasta el cierre de esta edición los argumentos de su dictamen. Sólo se supo que entre sus fundamentos citó jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
El abogado defensor no quiere que sus clientes se sienten en el banquillo de los acusados en el que será el primer juicio por los derechos humanos que se realizará en Tucumán. “Prefiero que se los juzgue por escrito porque las palabras se las lleva el viento y los papelitos cantan. Y personalmente no quiero ningún circo después de 30 años”, manifestó ante la consulta telefónica de primerafuente, durante la semana pasada.
El letrado hizo el planteo ante el Tribunal Oral en base al artículo 12 de la Ley 24.121 sobre Implementación y Organización del Proceso Oral Penal. Según Conesa Mones Ruiz, Bussi y Menéndez tienen que ser juzgados en base al Código Procesal Penal que regía al momento de los hechos, salvo que ellos manifiesten lo contrario. Y en el marco de esa vieja norma –según señaló- los juicios son por escrito.

La Camara Federal le nego la excarcelacion
Guglielminetti se queda en Marcos Paz



Guglielminetti comparte pabellón con Etchecolatz y Von Wernich.
Imagen: Rolando Andrade


El ex personal civil de inteligencia (PCI) del Ejército Raúl Guglielminetti no podrá por el momento volver a pisar La Mapuche, su bonita casaquinta en las afueras de Mercedes. Los camaristas Martín Irurzun y Eduardo Farah, miembros de la Sala I de la Cámara Federal porteña, rechazaron ayer un nuevo pedido de excarcelación presentado por su defensa. El “Mayor Guastavino”, como se hacía llamar en los centros clandestinos de la última dictadura, seguirá compartiendo sus días en el “pabellón de lesa” del penal de Marcos Paz, en compañía de Miguel Etchecolatz, Cristian von Wernich y otras celebridades.
Guglielminetti, un símbolo de la mano de obra de la dictadura reciclada en democracia, fue detenido el 9 de agosto de 2006, en su casa, por su participación en Automotores Orletti, centro de detención de la Secretaría de Inteligencia del Estado dependiente del Cuerpo I de Ejército, por el que pasaron más de 300 personas secuestradas. En teoría estaba prófugo desde la reapertura de las causas en 2003. En la práctica, todo el pueblo de Mercedes sabía dónde vivía. El 6 de septiembre el juez federal Daniel Rafecas lo procesó como responsable de 65 casos de privación ilegítima de la libertad y torturas, por su actuación en los centros clandestino El Banco, El Olimpo y Automotores Orletti, todos dependientes del Cuerpo I de Ejército. En abril de 2007 la Sala I de la Cámara Federal porteña, con las firmas de Gabriel Cavallo y Eduardo Farah, confirmó el procesamiento.
En la negativa a la excarcelación de ayer, que ratifica un pronunciamiento de Rafecas, el camarista Farah admitió que en general la prisión preventiva se aplica “excepcionalmente”, pero destacó que Guglielminetti estuvo prófugo y que no podía descartarse que “intentará eludir la acción de la Justicia y entorpecer el curso de la investigación en caso de recuperar la libertad”. El magistrado consideró además que por las tareas que desempeñó durante el gobierno de facto, es altamente probable que conozca “el destino real de las víctimas de los sucesos que se le imputan”, es decir de los desaparecidos
Durante la declaración ante el juez Rafecas, Guglielminetti admitió que perteneció a inteligencia del Ejército entre 1971 y 1979 pero aseguró ser ajeno a los delitos del ex Batallón 601, negó los secuestros y torturas que se le adjudican y dijo que estaba preso por “cuestiones políticas”.
El ex lugarteniente de Aníbal Gordon también tuvo una participación activa en las patotas que durante 1974 y 1975 actuaron en las universidades nacionales del Sur y del Comahue, de Bahía Blanca y Neuquén respectivamente, como secretario del rector interventor, el rumano Remus Tetu. Sin embargo, la Justicia patagónica aún no lo citó a indagatoria.
Con el retorno de la democracia Guglielminetti fue custodio del ex presidente Raúl Alfonsín. Estuvo involucrado en secuestros extorsivos, integró el “grupo Alem” de inteligencia paralela, fue detenido en España en 1985, se benefició con la Ley de Obediencia Debida en 1987, pero siguió preso hasta 1989 en otra causa por tenencia de armas de guerra.

Medidas urgentes para que el represor de la ESMA no quede en libertad
Cavallo hace las valijas

El juez Sergio Torres ordenó que una comitiva de Interpol viaje de inmediato a Madrid para traer de regreso a “Sérpico”. El represor iba a ser juzgado en España, pero ese país decidió que el proceso se realice en la Argentina.





El juez federal Sergio Torres ordenó ayer que efectivos de Interpol viajen a España para concretar de inmediato el traslado a la Argentina del capitán de corbeta (R) Ricardo Miguel Cavallo, ex miembro de los grupos operativos de la Escuela de Mecánica de la Armada bajo los alias “Sérpico” y “Marcelo”, cuya extradición quedó habilitada por recientes resoluciones de las autoridades españolas. Torres cursó oficios con carácter de “muy urgente” a la Policía Federal y a la Cancillería, ya que según las leyes españolas Cavallo quedaría en libertad el próximo lunes. El magistrado precisó en su resolución que la entrega de Cavallo es “temporal” y queda sujeta a la eventual reapertura de la causa por terrorismo y genocidio que se le sigue en España. Ayer mismo Cancillería gestionó los exhortos ante las autoridades españolas. Los abogados querellantes en la megacausa ESMA celebraron la celeridad de la medida de Torres, que trabaja contrarreloj en la preparación de la indagatoria del marino, que espera concretar en cuanto llegue al país.
El 14 de marzo pasado la Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional resolvió el sobreseimiento y archivo de la causa contra Cavallo en España. El tribunal argumentó que debía dar “absoluta prioridad” al país donde se cometieron los crímenes y mostrar una “necesaria unidad en el enjuiciamiento de otros procesados” luego de que Torres, que ya procesó y detuvo a más de cuarenta marinos en la Argentina, solicitara la extradición. La resolución de la Sala Tercera, que investigaba a Cavallo por los delitos de genocidio, torturas y terrorismo como miembro de un grupo de tareas de la ESMA, generó un rechazo unánime entre los organismos de derechos humanos de argentinos residentes en España, que incluso organizaron una manifestación de repudio.
La decisión “es escandalosa e improcedente”, consideró el abogado Carlos Slepoy, que representa a la Comisión de Solidaridad con las Familias de Desaparecidos y Muertos en la Argentina (Cosafan), porque “contradice una decisión previa del Tribunal Supremo español, del propio Consejo de Ministros y va en contra de la ley de enjuiciamiento criminal”.
El abogado lamentó que el sobreseimiento, además de coartar la posibilidad de aplicar una vez más el principio de justicia universal, ocurrió cuando “Cavallo está a punto de ser juzgado en España, mientras en la Argentina se abriría una larga etapa de instrucción”. El marino afrontaba en España una pena mínima de 13.332 años de cárcel y máxima de 17.010 años, por los mismos delitos por los que fue juzgado y condenado a 1085 años de prisión el compañero de tareas Adolfo Scilingo.
Sin embargo, la medida no es definitiva. Slepoy anunció que presentará un recurso de “súplica” para pedir que el pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional revea la decisión de la Sala Tercera y, en caso de no prosperar, puede presentar también un recurso de casación ante el Tribunal Supremo. También Antonio Segura, que ejerció como acusación popular en representación de la Asociación Argentina pro Derechos Humanos-Madrid (AAPDH-M), criticó con dureza al titular de la Sala Tercera, Alfonso Guevara, al considerar que con su decisión “se ríe de las víctimas” y se abocó a estudiar la sentencia que “no es firme” y “puede ser contraria a derecho”, ya que “está negando a las víctimas un proceso con todas las garantías”.
De todos modos, las acciones judiciales no permiten suspender el trámite de entrega del represor a la Argentina. Sólo el gobierno de España podría frenar la extradición, tal como se lo solicitaron el lunes las acusaciones populares, pero se descarta que no lo hará. El 29 de febrero pasado el Consejo de Ministros español concedió la extradición bajo la condición de que el marino “deje extinguidas las responsabilidades contraídas” en ese país, condición que se concretó con el fallo de la Audiencia Nacional.
Según constancias del sumario, tras el sobreseimiento del 13 de marzo las autoridades españolas decidieron comunicar a Torres la necesidad de proceder con “urgencia” para llevar a cabo la entrega de Cavallo “dado el prolongado período de prisión provisional en que se encuentra”, en referencia a sus ocho años de detención, entre México y España.
La “entrega temporal” se basa en las condiciones pactadas en el Tratado de Extradición y Asistencia Judicial en Materia Penal entre la República Argentina y el Reino de España. “Atento a la premura que fuera señalada”, ayer a media mañana Torres mandó adelantar su decisión por fax a la Cancillería para que el oficio fuera puesto en conocimiento de las autoridades de España vía diplomática. El juez cursó oficio también al Departamento Interpol de la Policía Federal “para que, con carácter urgente, se conforme una comisión que se traslade a la ciudad de Madrid, Reino de España, haciendo saber a la misma que deberá comunicarse de manera inmediata con este Tribunal una vez que arribe al país”.
El abogado Rodolfo Yanzón, representante de varios querellantes en la causa ESMA, destacó la “celeridad” que el juez le imprimió al trámite aunque lamentó los “vaivenes” que tuvo la situación procesal del marino en España. Yanzón confrontó los “casi siete años que se tomó la Justicia extranjera para decidir que no juzgaría a Cavallo”, con la “urgencia” que las autoridades de España le reclamaron a Torres. “Ahora hay que proceder con la máxima celeridad para evitar que un represor que cometió delitos aberrantes quede en libertad”, concluyó.








viernes, 28 de marzo de 2008




Corrientes: 17ª jornada de la "Causa RI9"



Rómulo, más presente que nunca
Miguel Nievas y Patricia Bernardi del EAAF (Equipo Argentino de Antropología Forense) brindaron su testimonio como expertos, explicando muy didácticamente el procedimiento por medio del cual se logró la identificación de Rómulo Artieda, tras la exhumación de su cuerpo del Cementerio de Empedrado.Con prolijas animaciones de PowerPoint y claras explicaciones que incluían desde el objeto de estudio hasta la metodología empleada, Nievas primero, y Bernardi después, describieron al Tribunal su trabajo.Antes, el Dr. Buompadre quiso dejar constancia de que no habían participado en la elaboración de la prueba, por lo que no prestaban su consentimiento a la inclusión de la misma. En rigor de verdad, mal pudo participar de la elaboración de una prueba en un juicio del que no formaba parte, cual es la averiguación de identidad de cuatro cadáveres NN, donde no había a priori ningún indicio de que pudiera alguno de ellos tratarse del cadáver de Artieda.No obstante, ambos profesionales dejaron claro que pueden perfectamente realizar una contraprueba, ya que lo único que se extrajo del cuerpo es el tercer molar y un segmento de fémur.El 26 de junio del 2006 se realizaron las excavaciones, hallándose cuatro cuerpos solamente, cuando eran cinco los que se buscaban. Uno no pertenece a desaparecidos ya que se trata de un menor de aproximadamente 15 años. Era el único cuerpo además, que fue inhumado con cajón y ropa. El Dr. Gesino pregunta acerca del procedimiento de exhumación, fundamentalmente si estaba presente algún funcionario judicial, a lo que Nievas refiere que "si, estaba presente el Dr. Soto Dávila" y funcionarios de la Justicia Federal.Patricia Bernardi es Licenciada en Ciencias Antropológicas y Coordinadora del laboratorio del EAAF. Describe los pasos que se realizan cuando llegan los huesos al Laboratorio, es decir la limpieza, la reconstrucción, el rotulado y la extensión en posición anatómica, luego de atravesar los pasos que dictan los protocolos internacionales en la materia.Se busca primeramente el perfil biológico (sexo, edad, raza, estatura, patologías y análisis odontológicos) a fin de elaborar la hipótesis de trabajo, o para decirlo en términos más asequibles, para determinar que persona pudiera ser aquella de la que solo se tienen sus huesos.Efectuado el análisis de ADN, luego de los pasos descriptos, cotejando una muestra sanguínea de Ramón Artieda y tejido extraído del tercer molar y segmentos de fémur del cuerpo identificado como CR.EMP-04 se llega a la conclusión indubitable de que ambos comparten la línea materna, es decir que son hermanos. Rómulo deja de llamarse CR.EMP-04 y "vuelve para contar su historia".
El albañil que aún busca
Humberto Pedregosa es un albañil jubilado que vive en Buenos Aires, confiesa que nunca ha dejado de buscar a su compañera de entonces, detenida en mayo del "77 al igual que Rómulo.No está seguro si lo conocía a Artieda, pero si se acuerda de alguien que estaba con el en sus últimos momentos, aquella que muchos sobrevivientes del RI9 recuerdan como "la gorda" que ayudaba a Rómulo a servir la comida de los detenidos. No solo la recuerda, sabe que se llamaba (está desaparecida) Lucía Juárez Robles, y vivía junto a su pequeño hijo en la misma casa que Humberto y su pareja tenían en Claypole, provincia de Buenos Aires. También compartía transitoriamente la vivienda el matrimonio Morel-Ayala quienes tenían un hijo pequeño, al igual que Lucía.Humberto nunca dejó de buscar a su compañera, pero no solo eso, también buscó siempre a la "gorda" Lucía y el matrimonio Morel. Supo por los Organismos de DDHH que Lucía fue vista junto a Rómulo en el RI9 y el matrimonio Morel fue visto en el Chaco."Morel era del litoral del país, al igual que Artieda" dijo, y está convencido que estas personas se conocían.El Dr. San Emeterio, abogado de De Marchi y Barreiro, pregunta si fue reporteado oportunamente por Página 12 y en virtud de que. Humberto refiere que sí, que se le hizo una nota cuando murió Gorriarán Merlo, a lo que San Emeterio pregunta porqué a él. Mas tarde sería mas directo y le indaga acerca de si conoce a Roberto Santucho, Benito Urteaga, Gorriarán Merlo, Ramón Rosa Giménez y otros nombres vinculados al PRT (Partido Revolucionario de los Trabajadores), a lo que Humberto responde sin titubear que sí, que los conoce a todos. No satisfecho, y por si no quedó claro, le pregunta de que profesión es. Albañil dice Pedregosa. ¿Trabajó usted en la empresa de Chávez? Sí, le dijo. ¿Habían allí muchos obreros del PRT? La pregunta, claramente destinada a determinar la ideología y militancia del testigo, como si se tratara de un imputado de un juicio militar, no fue admitida por el Tribunal.El Dr. Bosch pregunta si ese grupo conformado por su pareja, los Morel-Ayala, Lucía Juárez Róbles y Artieda eran perseguidos políticos, a lo que responde que si. Allí San Emeterio vuelve a la carga y pregunta de que movimiento eran, y el testigo responde con la misma calma: del Partido Revolucionario de los Trabajadores. San Emeterio se da por satisfecho, había obtenido por fin la respuesta que esperaba. Había alivio en su rostro, y satisfacción, casi parecía querer decir: vieron...por algo será.
Yo soy el hijo que no está
Reynoso, acusado de hacer "inteligencia"
María Esther, la sobrina de Rómulo Artieda, complica la situación de quien venía siendo escasamente mencionado, el gendarme Reynoso. Cuenta que lo conoció en su casa de Chaco y Rivadavia y en la casa de su abuela, Esther Galarza de Artieda, lo veía asiduamente durante todo el año 1976 y parte del "77. "Mis hermanos y yo le decíamos tío", recuerda, y cuando no teníamos noticias de Rómulo, Reynoso decía a mi abuela "yo soy tu hijo que no está". Yo también le creía, nunca pensé que estaríamos donde estamos, agregó.Agradable, de modales correctos, entró a la intimidad de la familia Artieda como "novio" de la compañera de estudio de su madre, Doris Díaz, y no tardó en ganarse la confianza de la hermana de Rómulo e incluso de su madre a quién visitó muchas veces e incluso una vez con su esposa. Esto desconcertó mucho a la adolescente que por entonces era Maria Esther, ya que ella lo conocía como el novio de Doris y no sabía que tenía esposa, por eso recuerda perfectamente ese hecho."Mi abuela confiaba en él, y le regalaba artículos de crochet que tejía, yo estoy segura que si sabía algo de Rómulo ella se lo diría, ya que Raúl insistía en que lo hiciera 'para poder ayudarlo'", dice.Le preguntan si su abuela Esther lo buscó mucho a Rómulo, y responde con firmeza que sí, no hubo juzgado o cuartel al que no haya ido, hasta el día de su muerte.Sólida, poco dispuesta a dejar que la acosen, responde con solvencia ante los embates del Dr. Ross, quien se da por vencido después de preguntar banalidades del tipo ¿sabe si Doris Díaz vive aún?. María Esther contesta que los hechos que narra sucedieron entre el "76 y el "77, no tengo idea y no tengo porqué saber qué ha sido de la vida de las compañeras de estudio de mi madre, han pasado más de treinta años dijo, con todo el sentido común que no se apreciaba en las preguntas.
La tortura a un niño de dos años
Víctor Hugo Benítez, de 57 años, afirma conocer a De Marchi cuando se le pregunta sobre las generales de la ley, y narra que estuvo detenido desde noviembre de 1977 hasta julio de 1981. Antes, aproximadamente un año atrás, había sido detenido e interrogado por De Marchi, quien lo liberó en poco tiempo. Conoce bien a De Marchi porque siempre estacionaba su camioneta frente a la casa de sus padres.En noviembre del "77 lo vuelven a detener y esta vez no saldría sino hasta el año 1981. Lo interrogan acerca de "donde imprimen los volantes" y le aplican la tortura conocida como "la parrilla".Le aplican corriente eléctrica en encías, axilas, testículos y en el ano, y cada tanto se acerca un hombre de fuerte perfume y le dice paternalmente "viste boludo, tenés que hablar". Luego me pegan con una regla en el extremo del pene y me desmayo del dolor."Un día siento el grito desgarrador de un chico que tendría unos dos añitos" recuerda, y "me dicen: mirá, ahí tenemos a tu mujer y tu hijo, y le estamos dando máquina porque no hablás". Intenta liberarse pero lo reducen. Mas tarde sabría que no era a su hijo a quien torturaban, pero oyó hablar de un matrimonio que permanece desaparecido junto a su pequeño hijo de dos años. Eran oriundos de Misiones.Cuando acaba su declaración, Víctor Hugo quiere efectuar una denuncia: el Cabo que le extendió la citación para declarar en la "Causa RI9" le dijo con sorna: "todos los testigos (de la querella) van a ir preso por falso testimonio, porque no es creíble su historia". "Yo le dije que el que va a ir preso sos vos (por coaccionar a los testigos)", "y es por eso que quiero dar su nombre ya que se encuentra su firma en la citación, se trata del Cabo Ramón Maidana", dijo.El Dr. Leguizamón, abogado de la Comisión de DDHH de Corrientes dijo que debía efectuarse la denuncia del caso, y pidió que se eleve a la autoridad competente, la declaración del testigo en ese tramo en que refiere lo que le sucedió con el Cabo Ramón Maidana.
Reynoso nuevamente, y el inefable Barreiro
Luís Delgado estaba haciendo "la colimba" en el Regimiento de Monte Caseros cuando lo detienen en julio del "77. Hoy tiene apenas 49 años y es uno de los sobrevivientes más jóvenes."En Monte Caseros me pegaron mucho", afirma. Luego lo trasladan a Curuzú Cuatiá y después a Paso de los Libres (en Gendarmería). Finalmente es llevado a la U7 del Chaco donde finalmente logra su libertad tiempo después.Delgado identifica a Barreiro y Reynoso como sus captores, y los señala en la sala de debates como hicieran anteriores testigos con estos y otros represores.Nombra a otros detenidos con los que compartió prisión en la U7 y entre ellos recuerda al conocido dirigente barrial Duilio Aponte, fallecido sin poder contar su historia en persona en el debate.Luís cierra un día negro para la defensa de Reynoso, aquél que tuvo el cinismo de decir a una madre de desaparecido que "él era el hijo que no está" y eso se hizo visible en el rostro del Dr. Ross, quien ya no se mostró somnoliento como en otras jornadas.

Lo que antecede no es un comunicado de prensa de la Comisión de Derechos Humanos de Corrientes, sino la difusión de una nota de su portal de noticias (http://www.cpdhcorrientes.com.ar/). Se autoriza su libre difusión parcial o total. Si no desea seguir recibiendo estas noticias responda este mail modificando el asunto por "desuscribirme".
Urgente. Hostigamiento policial a abogada de DH en Salta


Reenviamos el texto de la presentacion judicial de la abogada Tania Nieves Kiriaco, y la nota del único medio de Salta que publica la grave denuncia.
Es importante la difusion de esta noticia.




En la ciudad de Salta, a los dieciocho días del mes de marzo del año dos mil ocho, a las once y treinta horas, comparece ante esta Fiscalía Federal nº 1 de Salta, a los fines de efectuar una denuncia penal, una persona que dice llamarse NIEVES KIRIACO, Tania, argentina; con instrucción, abogada de la Red Nacional de Abogados de Derechos Humanos; -Salta, identificada con quien se encuentra acompañada por la Sra. Nora Beatriz Leonard, y de Mariana Gamboa, Abierto el acto por el Señor Agente Fiscal, se procede a hacerle conocer las penalidades del art. 245 del Código Penal y prestando juramento de decir verdad se le concede la palabra y expresa: Que el día 17 del cte. mes y año concurrió hasta la Jefatura de Policía de la Provincia sita en calle Gral. Güemes y Balcarce de esta ciudad, a hs. 13:30, a fin de solicitar autorización para sacar unas fotos de los cuadros de los jefes de policía, exhibidos en dicha institución, que habían prestado servicios durante la última dictadura militar, período 1976/1983, con la finalidad de realizar un trabajo vinculado al terrorismo de estado para la Comisión de Derechos Humanos del Colegio de Abogados de la Provincia, de la cual es coordinadora, ante la proximidad del 24 de marzo, fecha en la que se recuerda el golpe de estado. Agregó, que pidió autorización al personal que se encontraba dentro de la oficina donde estan los cuadros de los jefes de policía: Gentile, Juan Carlos Grande y Victor Mendía, entre otros, oportunidad en la que el personal femenino la hizo pasar para entrevistarse con el comisario González, actual Jefe de la Policía. Que en dicha oportunidad le explicó a González, el motivo de su presencia en el lugar a lo que el nombrado le contestó lo siguiente: "los Derechos Humanos se deberían abocar a los Derechos Humanos actuales y no estar investigando lo que ya pasó", a lo que ella le respondió si contaba con su autorización o no, ya que son oficinas públicas a la que puede acceder previa autorización, conforme lo dispuesto por el art. 75 inc. 22 . Que en tal momento el nombrado la autorizó a extraer las fotos de los cuadros que se encuentran expuestos en una oficina anterior a la de su despacho. Agregó que en ese momento se encontraba también en el lugar a los fines de realizar filmaciones, el periodista José Niz, en representación de un Cable de Televisión, logrando extraer las fotos de los mencionados. Aportó que cuando se entrevistó con González se encontraban también otros dos efectivos de los cuales desconoce el nombre. Posteriormente se dirigió a su domicilio y aproximadamente a hs. 15:00, se comunica a su celular (0387- 154074281) María Pacce (Secretaria de Derechos Humanos de la Provincia), quien registra el número 155029088, la cual comenzó a interrogarla sobre cuales fueron los motivos por los que se presentó ante la Central de Policía a lo que le respondió la denunciante, "como es que se había enterado que estaba en la Central. Su interlocutora le respondió que no importaba como ella se había enterado y en forma reiterada insistió inquisitivamente los motivos de su presencia en ese lugar. Que en dicho momento, la dicente le preguntó para que lo quería saber, a lo que Pacce le contestó que se lo habían solicitado pero que no podía darle tal dato. Que la dicente le aclaró que no sólo cumplía funciones como asesora jurídica de la Secretaría de Derechos Humanos, sino también como profesional desarrolla actividades vinculadas a los Derechos Humanos. Explicó que en dicha circunstancia su interlocutora se mostró molesta y exigente en el pedido, situación que la puso nerviosa. Agregó que luego, se dirigió a su estudio sito en calle Balcarce n° 39 de esta ciudad, sin tener problema alguno para posteriormente dirigirse a su domicilio y aproximadamente a hs. 3:00, de la madrugada, mientras ella dormía, sonó el portero a lo que respondió en forma inmediata : quien? Le contestaron "policía de la provincia", que ella nuevamente dijo quien? , no recibiendo contestación alguna. Dijo que tal situación la puso muy intimidada y amenazada, logrando afectar su estado de ánimo como consecuencia del temor que sufrió. solicitando la ayuda de la Sra. Nora Leonard, quien se comunicó con la Policía Federal los fines de comentar la situación, oportunidad en la que concurrió personal de la Delegación para interiorizarse de lo que le había ocurrido, retirándose luego. Finalmente solicitó se arbitren las medidas pertinentes en contra de la o las personas que resulten responsables de los hechos denunciados. Agregó que como abogada querellante de las causas de Derechos Humanos que se investigan en la justicia federal, se encuentra amparada por el programa de protección al testigo y abogado y que desde hace quince días aproximadamente se siente presionada e intimidada para desarrollar las tareas de representante técnica en las causa de derechos humanos, ya que los organismos a los que ella representa, junto al Dr. David Leiva, fueron quienes pidieron, en función de las constancias del juicio de la verdad , informes a la provincia sobre la persona de Jorge Amado Skaf, actual Secretario de Seguridad de la Provincia. No siendo para mas, se da por finalizado el acto, por lo que paso a dar lectura en alta voz de la presente acta, firmando la denunciante, Dra. Tania Nieves Kiriaco en su carácter de abogado de la Red Nacional de Abogados de Derechos Humanos, después del Señor Fiscal por ante mí que doy fe .
Santa Fe. documento querellantes, denunciantes y testimoniantes.


>>>> MEMORIA, VERDAD Y JUSTICIA>>>>
Juicio al terrorismo de estado en Santa Fe>> Somos querellantes, testigos y denunciantes .>>>> Nos mueve el convencimiento y la necesidad de aportar al esclarecimiento> de> causas judiciales, que es también aportar a la aproximación de la verdad> histórica y contribuir a la construcción de una justicia independiente y> sobre todo JUSTA. En este sentido pretendemos QUE NUNCA MÁS alguien> padezca lo que nosotros padecimos en manos de quien manejaron la> injusticia.>>>> No venimos a vengarnos de nadie, tampoco permitiríamos, que los represores> de ayer padezcan lo que nos hicieron a nosotros. Sólo queremos justicia y> que nadie sufra el estado de indefensión, de anomia, de escarnio, de> vejación corporal que hemos denunciado en estas causas. Y que a manos de> estos personajes hemos padecido y visto padecer a otros junto a nosotros.>>>> El caso que nos ocupa no es sólo la causa que fue elevada a juicio oral> sino> que constituye el inicio del juicio al terrorismo de estado en Santa Fe> cuyo objetivo último era imponer un plan económico de destrucción nacional> y> social que es el padre de la exclusión social que hoy vivimos.>>>> Nuestra participación en este juicio no es un mero acto de reivindicación> personal, en nosotros también vienen, son nuestro motor y fuerza, cientos> de> personas, de compañeros, que hoy no están aquí para decir su verdad, que> padecieron horrores en manos de estos personajes y de otros, que esperan> y> demandan justicia.>>>> Hay montones de actos que cometieron y nos hicieron, de los que sabemos> que> se han borrado las pruebas materiales (seguramente no encontraremos como> en> la edad media el potro de tormento), pero de todos modos superaremos ese> dolor profundo que nos produce recordar lo que hemos padecido en sus> manos.> Seremos objetivos en el testimonio para que los jueces puedan producir un> veredicto imparcial y que la sociedad se entere lo que hicieron y sucedió> hace nada mas que unos 30 treinta años atrás.>> Pretendemos que este juicio sea también una enseñanza de múltiples> ejemplos> que fortalezca la democracia; decimos esto porque enganchados en la> mentira> y en el contubernio político estos personajes escalaron posiciones y> ocuparon cargos que son impensables para una sociedad democrática y> recibieron apoyos públicos, lo que debe hacernos reflexionar. Lo mismo en> cuanto a lo sucedido con la elección de conjueces, ya que pareciera un> acto> casi mágico conseguir alguien que se anime a ser imparcial y justo ante> las> pruebas.>> Más allá del tiempo transcurrido, de los avatares y contramarchas de la> causa, de que por razones procesales o de procedimientos algunos> personajes> como Rolon y Marcellini eludieron transitoriamente el alcance del juicio,> nos congratulamos de haber aportado las suficientes pruebas en nuestros> testimonios para que finalmente, el juez, haya encontrado motivos para> elevar la causa a juicio oral, siendo esto un hecho absolutamente> auspicioso, para la democracia, la justicia y la lucha contra la> impunidad> .>>>> Sabemos que por distintas razones en este juicio no están todos los que> son> y deberían estar.>>>>
SANTA FE FUE PARTE DEL CIRCUITO REPRESIVO DEL SEGUNDO CUERPO DE EJÉRCITO> CON> SEDE EN ROSARIO QUE ABARCABA TODAS LAS PROVINCIAS DEL LITORAL. ALLÍ> ACTUARON COORDINADAMENTE EJÉRCITO, AERONÁUTICA, GENDARMERÍA, POLICÍA> FEDERAL> Y POLICÍAS PROVINCIALES, CON LA COBERTURA DE LA JUSTICIA FEDERAL. MUCHOS> DE> LOS CASOS DENUNCIADOS MUESTRAN EL ENTRECRUZAMIENTO DE FUERZAS Y ZONAS> GEOGRÁFICAS
El terrorismo de estado en Santa Fe produjo entre otras.>>>>
MAS DE 71 DESAPARICIONES FORZADAS.>>
No menos de 13 MASACRES disfrazadas de supuestos enfrentamientos donde al> menos 33 personas fueron muertas de muchos de ellos sus cuerpos permanecen> desaparecidos.>> Numerosos nacimientos de bebes en centros clandestinos que fueron> apropiados> y que se desconoce su paradero.>> Cientos de hombres y mujeres que fueron sometidos a las más oprobiosas> formas de tormentos, vejaciones, detenciones sin el más mínimo y elemental> respeto por sus derechos.>> Dentro de este último punto merece especial identificación el de los> centros> clandestinos de tortura y desaparición de personas como el conocido como> "la> casita", y los centros de interrogación y torturas como las comisarías> cuarta y primera, los centros de detención, G I R, Bomberos, la cárcel> de> Coronda, verdadero campo de concentración, manejado por gendarmería, en> donde murieron personas por falta de atención medica o malos tratos y> otras> fueron sacadas y fusiladas.>> Conocemos perfectamente que en algún lugar hay una política de dilación> para> hacer que el tiempo alcance antes a los culpables que la propia justicia,> que también hay una protección corporativa desde las sombras tratando de> evitar que algún imputado se quiebre y de información (como en el caso> Febres, asesinado impunemente en un organismo estatal de seguridad) y que> ésta misma corporación sigue operando con niveles de impunidad que no son> propios de una democracia que se precie de tal, como lo demuestra el caso> de> Julio López, o las amenazas que hemos sufridos muchos de nosotros, tanto> en> Santa Fe como en distintas partes del país, obligando a instrumentar un> programa de protección de testigos.>>>> Sabemos que ese poder corporativo tiene "apoyo y protección" de los> grandes> intereses económicos que fueron sus gestores, por eso vemos como> personajes> como Martínez de Hoz o Caballo no se les puede hacer ni una "infracción> de> tránsito".>>>> A pesar de todas las dificultades que se opongan continuaremos obstinada e> inclaudicablemente en busca de verdad y justicia para construir una> democracia auténtica, aportando desde nuestro testimonio y comprometiendo> todo el esfuerzo que nos sea posible para que TODOS los responsables del> terrorismo de estado y del genocidio, en nuestra ciudad y en el país,> reciban el castigo que se merecen en un juicio justo.>>>>
CON NOSOTRA/OS HAY MUCHAS/OS MÁS COMPAÑERAS/OS DISPUESTOS A ACOMPAÑARNOS Y> TOMAR NUESTRO LUGAR SI ES NECESARIO.>>>>
Firman: Anatilde Bugna, Daniel O. Gatti, Stella M. Vallejos, Ernesto> Suarez, Patricia Traba, Ana M. Cámara, Roberto Cepeda, Froilan Aguirre,> Francisco Klarick, Luis Larpín, Carlos Raviolo, Amalia Ricotti, José> Villarreal, Silvia Abdolatif, Daniel García, Alba Sánchez, Dr. Jorge> Pedraza, entre otra/os.

Jujuy: Uno de los actos del 24 de marzo.


"Sólo la Educación
puede garantizar
una Revolución"


La militante jujeña por los Derechos Humanos, Soledad López, presa política del gobierno de Isabel Perón y de la última dictadura militar en Argentina, instó a los jóvenes de todas las condiciones sociales y aún de los más pobres y desnutridos, a superarse y educarse para construir el mundo mejor por el cual soñaron y lucharon las generaciones de los '70 y de los '80. Concluyó que no obstante que ambas detenciones que sufrió en esos años la "destrozaron por dentro, porque perdí mi primer hijo…" sigue con fuerzas para continuar la lucha. Una lucha, recalcó, que debe plantearse sin falsas divisiones en el seno del pueblo y a través de la educación, porque sólo con ella "se puede garantizar la revolución". La Municipalidad de Jujuy le hizo un homenaje el 25 de marzo y luego Soledad agradeció.


Quiero decir unas palabras de agradecimiento a esta gestión. Y aunque lo haya dicho -medio en broma- que los radicales le van a dar un reconocimiento a una peronista. Sí era una broma, pero era una broma con dolor. Yo realmente siempre he esperado que en años anteriores el gobierno peronista, porque cuando fui detenida yo era una peronista de la UES (Unión de Estudiantes Secundarios), me hubiera hecho este reconocimiento o, al menos, me hubiera escuchado. Acá la compañera Ada Galfré dijo que por mucho tiempo hemos tenido una mordaza puesta. Talvez sí, compañera, pero quiero decirle que yo a la mordaza no la he tenido puesta cuando he golpeado puerta por puerta las de algunos peronistas, para decirles que yo estaba mal; que necesitaba ayuda; que necesitaba apoyo para salir adelante por mis constantes depresiones y caídas. Sin embargo no he tenido eco; no he tenido respuestas. Muchos no me recibieron siquiera. Eso hizo quizá que uno se tuviera que poner la mordaza, porque no quedaba más remedio. Si mis propios compañeros –digamos- o los mismos peronistas no me estaban recibiendo, ¿qué puerta iba yo a golpear entonces?

Cuando yo salí de prisión, me encontré con un mundo totalmente distinto. Aquella chica alegre, que cantaba, que tenía amigos, que participaba en un club de deporte, que enseñaba a los niños en los barrios, que daba clases de apoyo, que andaba para conseguirles remedios para sus madres, ya no existía cuando yo salí. Me han destrozado por dentro. Había una chica con temor, con dolor y mucho sufrimiento. Mi actividad desde ese entonces, las clases de apoyo, era un poco también guiada por mi compañero, hoy desaparecido. Era Orlando Farfán, del Colegio Nacional Nº 1. Él decía siempre: la educación es lo único que puede garantizarnos que haya un mundo mejor. La gente se va a plantear que puede existir un mundo mejor a través de la educación. Yo, mucho no entendía. Siempre me gustó mucho estudiar. Siempre fui muy buena alumna; siempre me interesaron mucho los conocimientos.

Nos dividieron

Más tarde, después de la cárcel; después de que yo sola llegué a prepararme y a saber por qué estuve detenida; porque empecé a pensar y no entendía por qué estuve detenida, porque todavía era muy chica y muy inocente para entender que por dar clases de apoyo tuviera que estar presa…después ya entendí. Hay una raya muy marcada que ellos dejaron. De este lado estaban ellos, los militares, los que pensaban distinto que nosotros, los que querían y propiciaban un poder económico que luego vino y nos destruyó la Argentina. Y ellos mismos nos pusieron del otro lado a todos y en la misma bolsa: peronistas, radicales, Montoneros, ERP, PI, PO, no sé, todos. Eso más tarde lo hablamos con mis compañeras y lo aprendimos. Hay una frase que ellas solas marcaron: que nosotros debemos aprender; que estamos de ese otro lado de la raya y no nos tenemos que dividir. No nos tenemos que fraccionar en diez mil pedazos. Si nos ven divididos, pasa –o puede pasar- lo que pasó en aquella época.

Yo recuerdo que en la época en que fui detenida, algunas personas conversaban que la agrupación tal se dividió; que la agrupación cual se dividió, la otra se formó así y luego se dividió en tres pedazos. Yo no entendía nada de eso, porque no participaba de las reuniones. No era una persona adoctrinada, digamos; no me alcanzaba mi comprensión para eso. Pero después eso me alcanzó para comprender que, claro, cuando se empezaron a dividir todos, se propició que entraran todos los militares y, lo que es peor, tuve que reconocerme detenida en el '74, por un gobierno que mi madre, mi gente, mis hermanos habían votado. Mi madre era muy amante de Evita y yo quizá era peronista por herencia de mi madre, que amaba mucho a Evita. Nunca supe lo que era el peronismo, ni nada y creo que hoy en día no soy peronista. Porque, desgraciadamente lo que he visto en todo el transcurso del tiempo que he vivido me demostró que no era lo que yo pensaba, ni lo que pensaba mi compañero desaparecido.
Creo también que muchos compañeros que dijeron "la vida por Perón", no se imaginaron que iban a venir las cosas que vinieron.

Luchar y aprender

…Quiero también expresar mi agradecimiento a la gestión de Raúl "Chuli" Jorge, de Rodolfo Nieto, que en un gobierno anterior fue mi director en el Mercado y ambos me conocen muy bien, porque de alguna manera -y como dijo ya otro compañero- nos están devolviendo la ciudadanía. De alguna manera yo paso a ser ahora una luchadora, como dice mi decreto; una persona sensible que ha buscado un mundo mejor; que ha apuntado a la educación porque cree que ella garantiza los cambios sociales y la que hace que perduren en el tiempo. Porque sin educación seguimos a cualquiera y aunque digan que no nos van a defraudar…nos defraudan. Sólo la Educación garantiza una Revolución. Eso también lo escuché de algún grande, alguna vez. Por eso me interesó mucho la educación.

Hace algunos años yo empecé a estudiar la carrera que los militares no me dejaron. Cada vez que yo quería ingresar a la universidad, me pedían la planilla prontuarial y ¡afuera! Inicié mi carrera que en seis años he concluido, porque he cursado todas las materias. Me quedan sólo nueve materias para recibirme y esta depresión y estas secuelas; este golpe que he recibido, de perder mi primer hijo en una detención en 1980, es algo que aún no puedo superar. Todas estas cosas ahora, me estas impidiendo terminar mi carrera. Aquí está presente el decano de mi Facultad y él sabe que he sido buena alumna, que tengo ocho de promedio. Entonces, cómo puede ser que de la noche a la mañana mi memoria se haya ido y haya fallado. Cómo puede ser? Algo pasa en mí; necesito ayuda para poderme curar…

Por eso agradezco esto, porque sé que me va a servir de alguna manera para poder buscar los médicos que me den una mano para que pueda terminar mi carrera. Y esto no se trata de tener un título que me dé otra jerarquía. Nada que ver; sino para decirle a la gente pobre, a la gente de los barrios pobres adonde yo iba y de donde yo misma salí, que se puede.

Vengo de lo muy humilde

Quiero que ustedes sepan que yo vengo de una familia muy humilde. Quiero que sepan que yo sacaba de los tachos de basura del Mercado de Abasto, para llevar cosas a mi casa para comer. Pedía de los restoranes pan duro para llevar a mi casa para poder comer. Pedía carnes de las carnicerías y me regalaban carne podrida y fea para llevar para comer. Vengo de ese hogar.

Por eso me interesa que la gente pobre se eduque y que sepa y comprenda que sí se puede, aunque no tengamos un padre que nos banque una carrera. Yo pude trabajar, estudiar, vender, atender a mis hijos y nada descuidé. Sí se puede; sólo que ahora me enfermé. Bueno, pero un joven puede hacerlo. Por eso quiero instar a toda la juventud, a los niños de los barrios pobres, que no crean que porque son pobres o mal nutridos, no van a poder un día tener una carrera o estudiar o cumplir sus sueños. No es cierto. Sí se puede. Yo quiero demostrarlo que sí se puede y que es necesario hacerlo.

Es más. Yo estuve cuatro veces internada por desnutrición y hay gente que dice: los desnutridos no pueden estudiar. Yo estuve cuatro veces internada por desnutrición y estoy por terminar una carrera. Sí se puede compañeros.
Para los barrios pobres les digo SÍ, SE PUEDE. SÓLO LA EDUCACIÓN GARANTIZA UN CAMBIO SOCIAL Y UN MUNDO MEJOR; CON JUSTICIA SOCIAL; CON UNA MEJOR DISTRIBUCIÓN DE LA RIQUEZA, PARA QUE NO HAYA MÁS MISERIA NI MÁS POBREZA.

Eso es todo. Gracias compañeros.

…………………………………………………………………………………………….

"En memoria de Marina"

"Nosotras, como compañeras de Marina Vilte*, queremos defender los derechos del docente y los derechos de los niños a esa educación para todos que formen al futuro ciudadano para la libertad y para la participación, sobre todo. En nombre de ADEP y de los familiares de tantos colegas desaparecidos, les doy infinitas gracias por esta inquietud maravillosa que tuvieron ustedes para con estas dos maravillosas personas. Porque creo que más allá del dolor, que es imposible enterrar, queda esto: el reconocimiento de ser ejemplo para los jóvenes y tener la valentía, como la suya, Soledad, de estudiar y de darle una mano a los jóvenes para ser alguien en esta Argentina que puede dar mucho más de lo que hoy tiene".

Loly Arquez, Jubilados de ADEP

*Dirigente de ADEP y CTERA, detenida-desaparecida de la dictadura militar en 1976.

"Centralizar las causas"

"Durante la última época del gobierno de Isabel Perón, como es de público conocimiento, comenzó a actuar una organización que tenía vinculación con el Estado, y que se llamaba Alianza Anticomunista Argentina, la Triple A, y que ya en esa época comenzó a imponer el terrorismo de estado. Al respecto y en este momento hay una causa que está tramitando el juez Oyarbide y en la que se investigan los delitos de la Triple A. Uno de los resultados de esa causa es el pedido de extradición de uno de los condujo esa organización terrorista, como es el comisario Almirón. En Jujuy hay también una causa en el Juzgado Federal Nº 2, a cargo del Dr. Olivera Pastor, en la que –como pasa con otras causas- las organizaciones de Derechos Humanos piden que se centralicen las investigaciones, para hacer todo esto más ordenado. Esto se hace, fundamentalmente porque el terrorismo de estado fue un plan sistemático de detenciones, torturas, ejecuciones clandestinas y desaparición forzada de personas".

Pablo Baca, abogado jujeño y de los Derechos Humanos.

"La burguesía asustada"

"Evidentemente el 24 de marzo de 1976 lo que hizo fue "legalizar", nada más, la represión. Esta había comenzado mucho antes, porque creo que los sectores dominantes se vieron amenazados desde mucho antes del '76 y las reacciones fueron típicas y universales, como son las de una burguesía muy asustada, en donde pasó prácticamente a una "solución final" igual al término que usaron los nazis para la cuestión judía. Esa solución final fue la del aniquilamiento que empezó de una manera solapada y que se concretó con la toma del poder de las clases dominantes en el '76 para institucionalizar todo este proceso represivo".

Ernesto Aguirre, poeta y militante socialista

Los derechos de Mr. Bush

"Cuando hablamos de Derechos Humanos es muy evidente que la visión y los conceptos de George Bush y Evo Morales deben ser muy diferentes. Por eso cuando el presidente de USA reclama en la ONU por lo que según él pasa en Bolivia, se ve un transfondo y un origen social y cultural entre ambos, absolutamente diferente. Por eso, para lo que el señor Bush plantea como una defensa de los Derechos Humanos, para Evo Morales debe ser un ataque a los derechos de los bolivianos. Es hasta "gracioso", si uno pudiera decirlo así, porque es trágico. Pero es tal la ingenuidad, la torpeza de Bush y compañía que pueden creerse con el derecho de "corregir" al gobierno boliviano". Esas son las paradojas. Mientras al gobernador de Nueva York, salir con una prostituta le costó la gobernación, en la misma página sale la noticia de las 600.000 víctimas civiles en Irak y nadie dice nada".

Ernesto Aguirre

Impresa Politica CBA DOM 23 MAR 09:06
Unificarán causas para acelerar juicios
Se unificarán las causas por "campos", por hechos ocurridos en La Perla, Campo de la Rivera, la Penitenciaría y la D-2.


Carlos Paillet
De nuestra Redacción
cpaillet@lavozdelinterior.com.ar


En Córdoba hay gestiones avanzadas para unificar la avalancha de causas judiciales abiertas por violaciones a los derechos humanos durante la dictadura militar que gobernó al país entre 1976 y 1983. El tema, que apunta a apurar la elevación a juicio de esos expedientes, es motivo de análisis entre las partes querellantes, el Juzgado Federal N° 3, a cargo de Cristina Garzón de Lascano, y la Fiscalía de Graciela López de Filoñuk.



Los abogados de organismos de derechos humanos Martín Fresneda y Claudio Orosz explicaron a La Voz del Interior que se intenta repetir en Córdoba lo que se hizo en otras jurisdicciones, de manera particular en Capital Federal y provincia de Buenos Aires.



"Está a discusión acumular las causas por 'campos'. En Buenos Aires, por ejemplo, están las de la Esma (Escuela Superior de Mecánica de la Armada), Campo de Mayo, el Primer Cuerpo de Ejército o el circuito Camps", explicó Orosz.



¿En Córdoba cómo se traduciría esto? Se podrían enumerar para ello los hechos ocurridos en La Perla, la D-2, la Penitenciaría (UP1), Campo de la Rivera e Hidráulica, entre otros.



"Muchos de los casos individuales de estas distintas causas se están tramitando. Lo que se pretende hacer es, por un lado, coordinar el avance y, por otro, tener criterios de unificación. La cuestión es que cuando se llegue al Tribunal Oral, las causas estén unificadas", dijo Orosz.



Afirmó, por caso, que todos los hechos que se ventilan por delitos de lesa humanidad perpetrados en La Perla "se van a acumular en uno solo".



Hasta ahora ha sido elevado a juicio oral y público el caso "Brandalisis", que tiene procesado, entre otros, a Luciano Benjamín Menéndez, por privación ilegítima de la libertad, tormentos y asesinato de Humberto Brandalisis, Carlos Enrique Lajas, Ilda Flora Palacios y Raúl Cardozo, quienes fueron ultimados en un simulacro de enfrentamiento con las fuerzas de seguridad, en diciembre de 1977.



Este juicio, que debe ventilar el Tribunal Oral Federal N° 1 de la ciudad de Córdoba, arrancaría a fines de junio o principios de agosto próximos; luego se abrirían las puertas para elevar a proceso oral otros casos ya avanzados en la instrucción.



Allí se inscriben el homicidio, en 1977, del estudiante del Colegio Monserrat Diego Hunziker (entre los procesados se anota el ex represor y ex carapintada Ernesto Barreiro); y la causa Bruno Laborda (Enrique), el coronel del Ejército que a mediados de 2004 confesó haber participado de aplicación de tormentos y asesinato a prisioneros del terrorismo de Estado en el ámbito del Tercer Cuerpo de Ejército.



Avalancha de trámites "Hoy debemos tener un criterio mancomunado entre las querellas y el Ministerio Público Fiscal, de acumulación de causas", insistió Fresneda.



Indicó que ello lo puede disponer, incluso, el propio Tribunal Oral. "De acuerdo a los criterios de conexidad objetiva y subjetiva, el Tribunal puede preguntar a la jueza qué causas están para elevar a juicio y acumularlas", completó.



En Córdoba hay unos 100 imputados, militares, policías y civiles, por delitos aberrantes cometidos durante los años de plomo; 50 de ellos están detenidos, algunos con arresto domiciliario, como es el caso del represor Menéndez.



Los letrados precisaron que en los Tribunales Federales de Córdoba hay alrededor de 1.500 casos en averiguación por violaciones a los derechos humanos entre 1976 y 1983. "Por cada víctima estaríamos hablando de tres hechos: privación ilegítima de la libertad, tormentos y asesinato", agregó Fresneda.



Al aludir a las "causales de conexidad" como criterio procesal, Orosz dijo que en muchos hechos participa siempre el mismo imputado. "Por eso vamos a apoyar que las causas más avanzadas de La Perla las juntemos a todas, y las que vienen más retrasadas que vayan en otro 'paquete', pero que no haya tantos juicios", coincidieron los abogados.



En este escenario, hay un dato que no es menor: la Procuración General de la Nación, a cargo de Esteban Righi, se pronunció por la "acumulación" de causas para evitar repetir el desfile de testigos por las audiencias orales y públicas y no "exponerlos a situación de riesgo", luego de antecedentes graves en esa materia, como la desaparición de Jorge Julio López, testigo en el juicio que terminó con la condena por genocidio de Miguel Etchecolatz.



"Máquinas de impedir". A 32 años del golpe de Estado de marzo de 1976, Orosz y Fresneda tuvieron gestos de reconocimiento, por su labor en estos años, tanto para la jueza Garzón de Lascano cuanto para la fiscal López de Filoñuk. Sin embargo, distinta fue la evaluación sobre los tribunales de alzada.



"Así como en Capital Federal hubo un juicio ejemplar a las Juntas (militares del proceso), en la gran mayoría de las localizaciones en el interior del país la Justicia Federal fue una máquina de impedir", lanzó Orosz.



El abogado puntualizó que en Córdoba, "concretamente", el proceso contra Menéndez tuvo sucesivas trabas de parte de la Cámara Federal de Apelaciones.



Aseguró que cuando los querellantes y la Fiscalía plantearon la inconstitucionalidad de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida y del indulto (rechazado en primera instancia por la jueza de Instrucción), "la actual composición de la Cámara Federal demoró dos largos años" para resolver al respecto.



"Después de que la Corte (Suprema de Justicia de la Nación) dijo que las leyes eran inconstitucionales, recién la Cámara Federal se animó a decir que eran inconstitucionales", apuntó Orosz.



Elogios y críticas. Fresneda ponderó lo realizado por Garzón de Lascano y López de Filoñuk, pero criticó la actitud "corporativa" de otros estamentos judiciales.



"Hay una actitud corporativa de una institución acostumbrada a resolver otros conflictos", puntualizó.



Y continuó: "Hoy tenemos un problema muy grave en la Argentina, que es resolver las causas de los derechos humanos, y lo que nosotros acusamos es la dinámica de la Justicia. Una dinámica que tiene a funcionarios que pertenecieron a una época en que entendían que estas causas estaban solidificadas en cuestiones políticas; así le quitaban el valor y la credibilidad jurídica", dijo.



Con todo, comentó que aquella actitud "corporativa" no debe opacar "a la gente que tiene un buen desempeño" en la Justicia Federal.



"López de Filoñuk es una fiscal que ha buscado y sigue buscando reconciliar a la Justicia Federal con la sociedad argentina", dijo Fresneda.



Desde otra perspectiva, el abogado de organismos de derechos humanos rescató "el esfuerzo que realizan la jueza Garzón de Lascano y los equipos que ella armó".



"Si usted nos pregunta dónde estuvieron las demoras, no caben dudas. La respuesta es: en la Cámara Federal de Córdoba", remató Orosz.

http://www.lavoz.com.ar/nota.asp?nota_id=173897

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Extradicion de Cavallo
Aceleran el trámite para evitar que el represor quede en libertad

Fuentes de la Cancillería confirmaron hoy que "a media mañana recibieron los exhortos del juzgado de Sergio Torres y se han gestionado de manera inmediata ante las autoridades de España", quedando así concretados los pasos para extraditar al represor Ricardo Miguel Cavallo.


En tanto, el abogado Rodolfo Yanzón, representante de querellantes en la causa por violaciones a los derechos humanos en la ex ESMA, destacó la "celeridad" que el juez Torres imprimió al trámite de extradición al país del ex marino.
Pero criticó, en cambio, los "vaivenes" que tuvo la situación procesal del represor en España, donde, desde enero de 2007, está detenido "exclusivamente por el pedido de extradición de Torres".
Yanzón confrontó los "casi siete años que se tomó la justicia extranjera para decidir que no juzgaría a Cavallo", con la "urgencia" que las autoridades de España reclamaron a Torres "dado el prolongado período de prisión provisional" del ex marino.
De acuerdo a una primera postura, en España se había concedido la extradición de Cavallo, pero dejando supeditado al juzgamiento y cumplimiento de una eventual condena en ese país.
Pero como el represor fue sobreseído en la causa que se le sigue en España por genocidio, torturas y terrorismo, quedó habilitada, hace un par de semanas, la extradición.
"Ahora hay que proceder con la máxima celeridad para evitar que un represor, que cometió delitos aberrantes, quede en libertad", apuntó Yanzón.
El abogado afirmó que los querellantes que representa no se oponen, sino que propician el juzgamiento de Cavallo en España.
Cortos por la memoria



En el marco de las actividades que se realizan en el Museo de Arte de Tigre (Paseo Victorica 972, Tigre, provincia de Buenos Aires), en conmemoración del Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, que recuerda el derrocamiento del gobierno constitucional, instaurando la última dictadura militar que sufrió nuestro país, hoy a las 18 la Comisión Argentina de Filmaciones del Incaa exhibirá un programa de cortometrajes alusivos al tema. Con entrada libre y gratuita se verán los siguientes cortos: Líneas de teléfono, de Marcelo Brigante (1996); Aluap, de Hernán Belón y Tatiana Meñenuk (1997); En ausencia, de Lucia Cedrón (2002); Identidad perdida, de Nicolás Gil Lavedra (2005); Veo veo, de Benjamín Avila (2007). La duración total del programa será de 96 minutos.

UNA DISPUTA ENTRE JUECES FRENO AUN MAS LA INVESTIGACION
La causa López está empantanada



Por Adriana Meyer
Si la causa por la desaparición de Jorge Julio López marchaba a paso muy lento, ahora quedó empantanada. El camarista platense Alberto Durán ya tiene en su despacho los más de 40 cuerpos y los 40 anexos del expediente porque debe resolver las apelaciones planteadas por la querella. Esto no sería noticia si el magistrado no hubiera pedido los originales del caso “en el estado en que se encuentren”, por lo que el juez federal Arnaldo Corazza técnicamente no puede seguir investigando. Ayer la querella recusó al polémico Tito Durán, presidente del comité de notables en seguridad que asesora al gobierno provincial. Se trata de un ex funcionario de la dictadura, de estrechos vínculos con la “maldita policía” y recusado ya en todas las causas de derechos humanos de La Plata.
El juez Corazza tiene entre manos una importante diligencia, de realización inminente, y por eso mañana le pedirá a Durán que le devuelva el último cuerpo del expediente. A Corazza le sugirieron que, ya que Durán no quiso usar copias, él las sacara antes de desprenderse de la voluminosa causa. Esto no ocurrió y ahora está en juego esta nueva pista. La querella había apelado la decisión de Corazza de no apartar a la policía bonaerense y de no recalificar el caso como “desaparición forzada de persona”. Tras el sorteo la apelación recayó en la sala I, que integra Durán, a quien ayer recusaron porque tiene como relator al hijo de una persona investigada en la causa López, y porque su condición de asesor del gobernador Daniel Scioli lo convierte en “juez y parte”.

Represores comprometidos


Agustín Luis María Magallanes, ex jefe de automotores de la base Almirante Zar al momento de la Masacre de Trelew, declaró como testigo en la causa en la que se investiga aquel asesinato de 16 militantes y comprometió todavía más a los represores que ya están detenidos por aquellos hechos, ocurridos el 22 de agosto de 1972. Magallanes no sólo situó en el lugar de la matanza –como ya está acreditado– a Luis Emilio Sosa, Emilio Del Real y Carlos Amadeo Marandino, sino que les atribuyó un papel activo y aseguró que los dos últimos “dispararon una pistola”. El ex teniente de corbeta contó en el juzgado de Hugo Sastre que llegó al lugar a los pocos minutos de la masacre y relató que la directiva que les dieron la noche anterior fue “duerman vestidos para un mayor alistamiento”.
Viernes, 28 de Marzo de 2008


musicaandres calamaro, despues de haber ganado su segundo gardel de oro
“Los cacerolazos son para las dictaduras”


El músico lucía exultante en los camarines del Gran Rex, con las cinco estatuillas obtenidas gracias a La lengua popular. Pero no se privó de hablar del tema del momento: “Yo soy del centro y sé cómo es esa gente...”.
Imagen: Guadalupe Lombardo
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Por Karina Micheletto
Andrés Calamaro está exultante. Feliz, sin más, sin preocuparse por disimularlo, portador de un tipo de felicidad expansiva. Pasaron pocos minutos desde que se anunció que La lengua popular lo hizo ganar su segundo Gardel de Oro, después del de 2006 (Charly García es el otro único doble ganador del galardón dorado, con la diferencia de que aquel doblete se dio en épocas de menor legitimación mediática del premio). Los camarines del Gran Rex, dispuestos en medio de un intrincado laberinto de pasillos de metal, parecen devolver el espíritu de fiesta que intentan transmitir los Premios Gardel, y que en el desarrollo de la entrega se hace tan difícil de sostener. Aquí, en cambio, hay ánimo de vestuario ganador: llegan los cantitos de la barra de Bajofondo, hay abrazos varios, sonrisas por todos lados. La de Calamaro, entre ellas. Ya en su camarín, el músico descorcha un champagne y propone: “Brindemos porque, a pesar de todo, existe una noche para la música”. Su noche, claro.
Rodeado de algunos periodistas, Andrés Calamaro está con ganas de hablar, y esta vez sin el mail de por medio, su vía dialógica favorita para dar forma a las entrevistas. Hace un rato, les dijo a los que lo escuchaban agradecer su premio: “Ahora pueden volver a sus casas o irse a algún piquete paquete”. Así que el tema de los piquetes paquetes, además de ser el tema nacional del momento, también es el que elige Calamaro para empezar a bajar a la realidad en medio de tanta expansión celebratoria. “No hay que fiarse de la reacción de Buenos Aires, ya sabemos cómo votó hace poco. En ese sentido, es una ciudad que se parece mucho a Madrid”, comienza su reflexión. “Como a todos, me sorprendieron las imágenes que mostraba la televisión, me sorprendió este fenómeno que se dio. Vi que los primeros que salieron con un micrófono fueron los de CQC. Otra vez, apareció el humor como la forma más seria de meterse con algunas cosas. Todo lo que vi por tele me trajo imágenes del pasado, me recordó esa guerra que nunca ganamos en las Malvinas o al Mundial teñido de sangre. ¿Qué es lo que pienso de todo esto? Que los cacerolazos hay que hacérselos a las dictaduras, nunca a la democracia. Y por suerte o por desgracia yo tengo años suficientes para recordar el silencio con el cual se toleró el período más trágico de nuestra historia.”
Y sigue Calamaro: “Acá hay un tema técnico que es la Sociedad Rural y la Federación Agraria juntas. Desconozco la interna de las negociaciones de la protesta, desconozco qué es lo que empuja a la gente a celebrar nuestras tragedias. Tampoco sé cuál es la verdadera tragedia, si hay tragedia en las retenciones o en la falta de alimentos en las góndolas. Pero estoy seguro de que desconfío de un piquete en Callao y Santa Fe, o en Las Cañitas, o en Recoleta. Lo dice él, un chico de departamento de Barrio Norte, que tantas veces habló y cantó desde esa sensibilidad. Y lo reafirma: “Yo soy del centro y sé cómo es esa gente...”.
–Entre sus palabras de agradecimiento habló del fin del disco, y dijo que no ve solución al problema. ¿Realmente no ve ninguna?
–Es que sé que no hay solución. Hay debates en la blogosfera que proponen una suerte de David y Goliat. En todo caso, el momento para abrir ese debate hubiese sido diez años atrás. Ya pasó el tiempo. Sabemos lo que significa el disco, es el envase de nuestra cultura. La pérdida del disco como objeto físico y la proliferación absoluta de la música ofrecida en un formato virtual es un hecho. Esto ya no va a cambiar. Y no es el negocio del disco lo que se acaba, porque sabemos que hace décadas que las antiguas compañías de discos fueron absorbidas por las multinacionales, que quién sabe qué ramificaciones tienen. Suena frívolo que diga que faltó un piquete contra el IPod a tiempo... Pero el disco para nosotros era como un cuadro o un libro, y que desaparezca es tan grave como si desaparecieran los cuadros o los libros. Crecimos mirando vidrieras de disquerías, yendo a preguntar si ya salió el disco que esperábamos, yo hice todo el circuito de discos usados de Parque Rivadavia o Parque Centenario. Y no me parece justo ni poner al músico en papel de víctima, ni pensar que tocando en vivo se van a salvar todos. Entre otras cosas porque yo hace 25 años era un delfín de Miguel Abuelo, y en 25 años voy a tener 70 años. Y me va a pesar tener que vivir de las giras, ¿no?
–La Cámara del Disco Argentina, que es la que organiza estos premios, tiene una única estrategia: la denuncia a la piratería. ¿Le parece una buena estrategia?
–Yo no tengo una estrategia para salvar el oficio artesanal de los músicos que grabamos discos. Hace ocho años edité en forma de disco quíntuple una solución que pensé posible para mí, que era la anarquía y el caos absolutos. En aquel momento pensé que el CD tenía un sobreprecio digno del tráfico de armas. Fue la solución que se me ocurrió entonces. Ahora, no se me ocurre otra.
–Al recibir el premio también recordó a Miguel Abuelo. ¿De qué manera estuvo presente para usted en esta noche?
–Hace un par de semanas me di cuenta de que esta noche coincidía con el aniversario redondo de la muerte de Miguel. Por eso escribí esto: “20 años no es nada según Gardel, pero son muchos años sin Miguel”. Miguel nos faltó cada día de estos 20 años y nos quedó mucho por descubrir de él. Fue un poeta fértil de verdad, auténtico, valiente, profundo. Y en estos 20 años fue recordado sólo dentro del marco de los ’80, de Los Abuelos, salió perjudicado por el mal uso de la palabra pop. Para mí sólo existe el rock. Una prueba la tuvimos en estos premios: Emmanuel Horvilleur ganó como mejor artista pop; Dante estaba ternado en rock. No tiene ningún sentido, si son hermanos de la misma costilla.
–Ganó dos Gardel de Oro, en poco tiempo pero en momentos bien diferentes de su carrera. ¿Qué diferencia al de 2006 de éste?
–Aquel Gardel era épico, heroico. La Bersuit lo había ganado el año anterior y me ofreció su amistad y su infraestructura moral y artística para tocar. Pero, después de tanto tiempo sin tocar, la sensación de estreno era pesada. Aquel año, la mochila era haber dejado las giras por cinco años. Y una cosa es dejar de andar en bicicleta cinco años; otra es volver a andar con cinco mil personas mirándote fijo, a ver si te caés. Esta noche, en cambio, yo me conformaba con aplaudir a mis colegas y amigos, a Bajofondo, a Catupecu, a tantos, y espero estar acá para aplaudirlos el año que viene.
Ya es madrugada, queda mucha gente esperando para felicitar al Gardel de Oro, y la manager de Calamaro llega al camarín para anunciar que, afuera, “los piqueteros están bajando por Corrientes”. Y que es mejor desalojar el teatro pronto. La estrategia da resultado y Calamaro deja de hablar, toma el último sorbo de champagne, saluda con amabilidad, agradece. Lo espera su esposa detrás de la puerta. Afuera del teatro no hay ningún piquete, claro. Sólo los técnicos desarmando las últimas escenografías, los teatros de Corrientes ya cerrados y la ciudad preparada para pasar la madrugada