martes, 12 de febrero de 2008

SE REMITIRÁ AL TRIBUNAL ORAL




El juez Bejas rechazó la apelación de la elevación a juicio contra BUSSI



El juez federal subrogante Nº 1, Daniel Bejas.
En un decreto firmado el 7 de febrero pasado, el juez federal subrogante Nº 1, Daniel Bejas, echó por tierra la apelación que presentó la defensa del represor Antonio Domingo Bussi contra la elevación a juicio oral de la causa en la que se investigó el secuestro y desaparición del ex senador provincial Guillermo Vargas Aignasse. El magistrado concluyó que la elevación a juicio “es inapelable” en base al artículo 352 del Código Procesal Penal de la Nación, por lo que en los próximos días remitirá el expediente al Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Tucumán. Allí, su presidente Gabriel Casas y los jueces Carlos Enrique Jiménez Montilla y Alicia Noli, deberán fijar la fecha del juicio, que se convertiría en la primera audiencia pública contra Bussi por los delitos de lesa humanidad cometidos durante los años negros de la última dictadura militar.

Lunes 11 de Febrero del 2007


Roy Cornejo Córdoba



Habiendo sido informados por la Comisión por los DDHH de la ciudad de Trenque Lauquen, provincia de Buenos Aires, integrante del espacio JusticiaYa!, de la designación de Roy Cornejo Córdoba como Director de Contralor General en el Municipio de esa ciudad, los abajo firmantes repudiamos dicho nombramiento y exigimos al señor Intendente Dr. Jorge Barracchia que revea tal designación teniendo en cuenta que Cornejo Córdoba formó parte del levantamiento militar carapintada de 1987 cuyo resultado fue la sanción de la ley de Obediencia Debida que brindó impunidad total a los genocidas durante casi 20 años y que fue anulada gracias a la lucha inclaudicable del pueblo todo encabezado por los organismos de derechos humanos.

Asociación Anahí
Asociación de Ex Detenidos-Desaparecidos
Asociación de Abogados en Lucha (APEL)
Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (CEPRODH)
Comisión de Derechos Humanos de Uruguayos en Argentina
FIDELA
Instituto de Relaciones Ecuménicas (IRE)
Liberpueblo
Liga Argentina por los Derechos Humanos (LADH)
Vecinos de San Cristóbal contra la Impunidad


Enviar adhesiones a:

aedd@exdesaparecidos.org.ar
ddhhtlauquen@hotmail.com




INFORME DE LA COMISION POR LOS DERECHOS HUMANOS DE LA CIUDAD DE TRENQUE LAUQUEN-PROV. DE
BS.AS.


A partir de fines del año 2007 la Comisión por los Derechos Humanos comenzó a manifestar su rechazo a la designación de un ex militar, Jorge Roy Cornejo, que participó en el alzamiento "carapintada" de 1987, como nuevo director de Contralor General del municipio de Trenque Lauquen. En nuestra primera declaración pública dijimos que el compromiso con la democracia resulta un valor esencial para ser funcionario, tanto más en cuanto el protagonista del hecho no parece haber realizado autocrítica alguna con respecto a su inclusión entre las tropas que desconocieron los preceptos constitucionales y pusieron en vilo al recientemente recuperado sistema democrático.
Ante respuestas irrisorias del Intendente y del Secretario de Gobierno, que nos acusaron de prejuiciosos por aludir a un pasado que según ellos sólo incumbe al funcionario cuestionado, al que consideraron exento de cualquier responsabilidad en virtud de no poder desoír el llamado de Aldo Rico, emitimos una segunda declaración que titulamos "La obediencia debida insulta a la condición humana", aclarando que no existen justificaciones válidas para acatar órdenes inmorales, y fundamentalmente que el resultado concreto de la rebelión "carapintada" fueron las leyes de impunidad que obturaron por dos décadas la búsqueda de justicia para las víctimas del genocidio perpetrado por la última dictadura militar.
Aparte de las declaraciones públicas realizadas a través de los principales medios de comunicación trenquelauquenses, la Comisión presentó en el órgano deliberativo local una nota solicitando que los concejales instaran al Poder Ejecutivo a revisar la designación del ex "carapintada". Sin embargo, luego de dos sesiones cargadas de tensión por la presencia de una suerte de "barra brava" adicta al oficialismo, el intento naufragó y nada parece suficiente para que el Intendente recapacite y escuche un reclamo fundado en la necesidad de reforzar las instituciones democráticas, impidiendo el acceso a cargos relevantes a personas que participaron de hechos que pusieron en jaque nuestra tantas veces vapuleada vida en libertad.
Por ello ahora les pedimos a los compañeros que integran los Organismos de Derechos Humanos nucleados en Justicia Ya que se sumen a nuestro reclamo, haciendo llegar a los medios de Trenque Lauquen y de cualquier otro lugar del país su opinión, para lograr con la fuerza conjunta de muchas voces que ni en nuestra ciudad ni en ninguna otra una persona que amenazó la continuidad del sistema democrático pueda asumir responsabilidades dentro de dicho sistema.

Por la Comisión por los Derechos Humanos (Trenque Lauquen)
Pablo E. Carabelli Diego F. Tiseira Néstor E. Basselli


Domingo 10 de Febrero de 2008



La fiscalía pidió que Labate avance con el resto de los imputados



NEUQUÉN (ACE).- El fiscal federal José María Darquier le solicitó al juez que tiene a cargo la investigación de los delitos cometidos durante la dictadura que indague al resto de los imputados que participaron en las mismas denuncias por las que se involucró a militares que están a la espera del juicio oral.

Darquier requirió que se cite a declarar a siete policías federales, provinciales y penitenciarios que formaron parte de secuestros y torturas de las 17 víctimas cuyos casos serán ventilados en juicio oral este año; por el cual están procesados siete militares.

En el planteo judicial la fiscalía avanzó con la necesidad de llamar a indagatoria "a los casos correspondientes a las víctimas que estuvieron en (el centro clandestino) La Escuelita y a la totalidad de los casos investigados a la fecha", por el que se reclamó que la indagatoria de 26 imputados militares, 1 gendarme, 4 policías penitenciarios, dos policías federales, 10 policías rionegrinos y un policía neuquino.

El requerimiento fiscal fue realizado durante la habilitación de feria en enero.

Los que comparecerán ante el Tribunal Oral Federal por los dos primeros tramos que el juez Labate consideró concluídos son jefes militares, un médico con rango militar e integrantes de inteligencia del Ejército: Enrique Braulio Olea, Oscar Lorenzo Reinhold, Luis Alberto Farías Barrera, el médico Hilarión de la Pas Sosa, Mario Alberto Gómez Arena, Jorge Eduardo Molina Ezcurra, Sergio Adolfo San Martín y Francisco Julio Oviedo.

En una causa que tiene más de 60 presentaciones de víctimas, Labate dio por finalizada la investigación de 17 denuncias en las que están responsabilizados los militares antes mencionados.

Por ello la fiscalía federal pidió que se indague a otros siete imputados que están involucrados en esas mismas denuncias elevadas a juicio, que continúe con las indagatorias de otras víctimas que estuvieron en el centro clandestino, y también de aquellos torturados en comisarías u otras dependencias con la misma modalidad, y en algunos casos por el mismo grupo represivo.

"Solicita este ministerio la recepción de indagatoria a la totalidad de las personas imputadas por cada hecho, sin efectuar distingo alguno en función a su pertenencia a la fuerza armada o de seguridad. Ello a efectos de evitar que, al ser el mismo hecho ventilado en distintos juicios orales, las víctimas y testigos sean expuestos reiteradamente a declarar sobre el mismos caso", se requirió.

Entre los siete imputados que Darquier reclamó que se cite a declarar por los hechos que ya fueron procesados los militares, el único detenido (por otra causa, en Buenos Aires) es Raúl Guglialminetti; en tanto el resto son comisarios policiales retirados (de la provincia de Río Negro, de la policía federal y del servicio penitenciario) y un médico policial.

Algunos se encuentran en la zona del Alto Valle y otros residen en Buenos Aires, en tanto un grupo menor fue notificado de esta causa en otros destinos del interior del país.


LA SEGURIDAD PRIVADA, UN NEGOCIO AL QUE CONFLUYERON REPRESORES DE LA DICTADURA
El prófugo que dirige una agencia

El coronel retirado Aldo Alvarez, prófugo de la Justicia por delitos de lesa humanidad, dirige en las sombras una agencia de seguridad privada. Fue jefe de Inteligencia del V Cuerpo y compañero de promoción y amigo del represor Ramón Camps.

Coronel retirado Aldo Mario Alvarez, ex jefe de Inteligencia del V Cuerpo de Ejército.
Subnotas
Los fiscalizadores no detectan testaferros
Por Diego Martínez
El coronel retirado Aldo Mario Alvarez, compañero de promoción y amigo de Ramón Camps y prófugo de la Justicia por delitos de lesa humanidad cometidos cuando era jefe de Inteligencia del Cuerpo V de Bahía Blanca, controla en las sombras una agencia de seguridad privada. Fue gerente de Alsina SRL hasta 1998 y dueño hasta marzo de 2000, cuando le cedió las acciones a su yerno. Nueve meses antes se había sancionado la Ley 12.297 que regula el negocio de la inseguridad en la provincia de Buenos Aires e inhabilita a poseer o integrar las empresas a represores indultados o impunes por las leyes de impunidad. Alvarez se benefició con la Obediencia Debida, pero su caso nunca fue detectado. La Ley 1913 de la Ciudad de Buenos Aires es aún más generosa: sólo excluye a indultados y condenados. Las agencias fiscalizadoras no sólo carecen de mecanismos para detectar testaferros. Ante un pedido formal de Página/12, la Dirección General de Seguridad Privada (Dgspr) de la Ciudad respondió que la sociedad civil sólo puede conocer nombres de empresas y saber si están habilitadas, pero no quiénes son sus dueños. Mientras cientos de genocidas no han sido identificados, el Estado no dispone de una ley nacional que controle al millar de ejércitos privados que les da trabajo.Las normas que regulan el funcionamiento de la seguridad privada excluyen al personal en actividad de las Fuerzas Armadas, de seguridad y organismos de inteligencia. Ello explica por qué la mitad de los agentes que emplean los 850 empresas registradas en la provincia cobran en negro y no están inscriptos como exige la ley. El dato lo difundió el Ministerio de Seguridad hace un mes, cuando intervino la Dirección Fiscalizadora de Agencias de Seguridad Privada en respuesta al aumento de robos a personas que por propia voluntad se encierran en barrios privados. La cantidad de agentes registrados en la provincia llega a 45 mil hombres, apenas 6 mil menos que la Policía Bonaerense. En los partidos de alta concentración de vecinos enrejados como Pilar la cantidad de agentes supera 13 veces a la de policías. La ciudad de Buenos Aires es la segunda jurisdicción con mayor desarrollo. Según la Dgspr existen 435 agencias habilitadas, con 23.966 empleados.Ninguna ley nacional impide que ex miembros de grupos de tareas de la guerra sucia tengan ejército propio, con uniforme y escudo, al servicio de quien esté dispuesto a contratarlo. Sólo el decreto 1002/99, con el que se buscó crear una instancia federal de control dependiente de la Secretaría de Seguridad Interior que nunca llegó a concretarse, permite que el Archivo Nacional de la Memoria objete a los candidatos a poseer o integrar las agencias. Pero su opinión no es vinculante para las direcciones fiscalizadoras.Hace dos años, al cuestionar a la Dgspr por habilitar a ex policías y penitenciarios que se negaban a informar sus destinos durante la dictadura, la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Ciudad le notificó a su titular que la Ley 1913 "no asegura que los responsables de delitos de lesa humanidad cometidos en el marco del terrorismo de Estado sean excluidos de prestar estos servicios". Agregó que la seguridad privada es "una actividad de interés público que desarrollan particulares", es "complementaria, subsidiaria y subordinada a la seguridad pública" y consideró "de vital trascendencia para toda la sociedad la forma en que dicha actividad debe desarrollarse". La respuesta fue contundente: la subsecretaría dejó de ser consultada.

Policía particular
Alsina SRL nació en 1948 bajo el nombre de "Policía Particular, empresa dedicada a la investigación y a la realización de informes comerciales y particulares", según explica en su sitio. En 1958 hizo sus primeros servicios de vigilancia y seguridad. El año del golpe de Estado, 1976, la empresa "decide ampliar sus horizontes y comienza a brindar servicios en la provincia de Buenos Aires". Alvarez era entonces jefe del Departamento II Inteligencia del Cuerpo V, que abarcaba el sur bonaerense y la Patagonia.Como garantía de eficiencia, Alsina SRL informa que su personal es "retirado de las Fuerzas Armadas o fuerzas de seguridad" y cuenta con "armas de puño y armas largas". Presta servicios de protección física, vigilancia, implementa "acciones preventivas en forma sistemática" y tiene una central de operaciones comunicada con cada uno de "nuestros objetivos" las 24 horas. Entre sus servicios adicionales ofrece "investigaciones y seguimientos" para "determinar los responsables de acciones cometidas en perjuicio de particulares, empresas y organizaciones de distinto tipo". Su casa central funciona en Alsina 909, piso 3. Su sucursal bonaerense en Hipólito Yrigoyen 1526, Florida, Vicente López.Alvarez renunció a su cargo de gerente en 1998, una década después de obtener su impunidad gracias a la ley de Obediencia Debida. En marzo de 2000, ante la posibilidad de que la agencia fiscalizadora lo descubriera, le cedió a su yerno Rubén Héctor Burgos sus 12 mil cuotas parte, el equivalente a dos tercios del capital de la empresa. Como socio con el otro tercio asumió Juan Balanesco, un principal dado de baja de la Policía Federal. En 2002, Burgos le cedió la mitad de sus acciones a la esposa del coronel, Elizabeth María Icazatti.A fines de 2005 se reabrió la causa por los crímenes en La Escuelita bahiense, que funcionaba a 200 metros de la oficina de Alvarez. El 8 de mayo pasado, el juez federal de Bahía Blanca, Alcindo Alvarez Canale, ordenó su detención. Cuando fueron a buscarlo a su departamento de Virrey del Pino 1875, ya no estaba. El 15 de junio, el juez pidió su captura. El 19 de julio, cuando el coronel llevaba un mes prófugo, su esposa volvió a cederle las acciones y el cargo de gerente al marido de su hija.Alvarez y Burgos también son vecinos en Laguna del Sol, un barrio cerrado de General Pacheco que cuenta con una laguna de agua transparente de ocho hectáreas para pescar y practicar deportes náuticos, 750 lotes de mil metros cuadrados y "un servicio de seguridad privada las 24 horas que les permitirá vivir con la tranquilidad necesaria que usted y su familia merecen". Ambos tienen domicilio en Coronel Encalada al 1200: el militar en el lote 229; su hija y su yerno, en el 19. Cuando la policía lo buscó allí, Elizabeth María Alvarez Icazatti explicó que sus padres se habían esfumado.En la administración del country responden que "no hay ningún Alvarez registrado". Allegados a la familia aseguran que, cuando dejó el barrio cerrado, el coronel se siguió reuniendo con Burgos y Balanesco, y que su último refugio fue en Picaflores 75 de Pinamar. Esa casa figura en la guía a nombre de su esposa y –según la mujer que atiende el teléfono– está alquilada por la temporada. Cuando este cronista tocó el portero eléctrico de Alsina SRL le respondieron que Balanesco estaba de licencia y Burgos había salido. El yerno del coronel no respondió los mensajes de Página/12 que recibió en la empresa y en su casa.

Otras joyas
El caso de Alvarez es el primero que se conoce sobre un responsable de delitos de lesa humanidad prófugo con ejército propio. Pero nada sugiere que sea el único. Los ex represores o civiles vinculados con el terrorismo de Estado dueños de empresas de seguridad son más bien regla que excepción:- El teniente coronel Héctor Schwab, subordinado de Antonio Bussi en la Brigada de Infantería V de Tucumán, fundó en 1998 la agencia Scanner SA. Allí acogió a la apologista del genocidio Cecilia Pando, quien junto con su hija María Pía fue cara visible de una autodenominada Asociación de Familiares y Amigos de los Presos Políticos de la Argentina. En 2003, Schwab estuvo preso por orden del juez español Baltasar Garzón. En 2006 fue procesado por hostilizar a empleados tercerizados de Movicom y Telefónica. En Tucumán está acusado por un secuestro extorsivo y por la desaparición de un subordinado.- El coronel (R) Jorge Luis Toccalino, detenido desde septiembre por la Justicia federal de Necochea por secuestros y torturas en esa ciudad, además de tener empresa propia preside la Cámara de Empresas Líderes de Seguridad e integra el tribunal de honor de la Asociación Argentina de Seguridad Privada.- Félix Alejandro Alais, acusado de haber integrado la Triple A de Bahía Blanca cuando era subcomisario de la Policía Federal, figuró hasta 2004 como socio de Fast Cooperativa de Trabajo Limitada. En 1976 torturó a profesores de la Universidad Nacional del Sur detenidos en el marco de una parodia de juicio por "infiltración ideológica marxista". En 2004, Fast ganó una licitación en el rectorado de la UBA. Un gremialista lo escuchó presentarse como "comisario Alais", investigó su prontuario, lo denunció y el rectorado revocó la adjudicación. Cuando la noticia trascendió varios camaradas pusieron sus empresas a nombre de esposas y yernos. En Bahía Blanca le fue mejor: hasta el año pasado prestó servicios en el departamento de agronomía de la UNS y la Justicia nunca lo citó.- El director ejecutivo del diario La Nueva Provincia, Vicente Massot, creó en 1997 la empresa Megatrans. Se especializa en localizar vehículos y transmitir datos móviles. Desde 2001 controla 150 patrulleros de la Policía Federal y 1500 de la Bonaerense. En plena dictadura, Massot visitaba en la ESMA a su director, almirante Jacinto Chamorro. Tres meses después del golpe de Estado, dos obreros gráficos de sus talleres, que durante los años previos habían encabezado reivindicaciones laborales, fueron secuestrados, torturados y asesinados. El juez Alcindo Alvarez Canale considera que son crímenes imprescriptibles, pero nunca investigó, ni citó a declarar a los dueños de La Nueva Provincia.
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A DOS MESES DEL PRESUNTO HOMICIDIO DE FEBRES
La plancha
Las fotos que ilustran esta página muestran las escandalosas condiciones en que cumplía su prisión preventiva el prefecto Febrés, quien murió envenenado hace hoy dos meses. Fueron tomadas en la base naval de Azul, estaban en su computadora y forman parte del expediente en el que la jueza Sandra Arroyo Salgado sostiene que lo asesinaron para que no implicara a oficiales de la Armada en el robo de bebés en la ESMA.
Febrés en la base naval de Azul. Detenido por crímenes de lesa humanidad en remojo.
Subnotas
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¿El almirante Maceta?
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¡Por Dios!


Por Horacio Verbitsky
Las condiciones en que transcurrió la prisión preventiva del prefecto mayor (R) Héctor Febrés, que la jueza federal de San Martín, Sandra Arroyo Salgado, calificó de "escandalosas", quedaron en evidencia al levantarse el secreto del sumario en la causa por su homicidio, del cual hoy se cumplen dos meses. Las fotografías secuestradas en su computadora muestran al procesado por crímenes de lesa humanidad durante sus vacaciones con su esposa, haciendo la plancha en la piscina de la base naval de Azul, posando como buenos amigos junto al jefe de esa unidad, capitán de fragata Mario Francisco Pérez, montando a caballo y exhibiendo a su perro. La fulminante investigación, que insumió tres semanas de trabajo intenso sin pausas, señala la aberración de una custodia encargada a la misma fuerza de seguridad a la que pertenecía Febrés y que era afectada por la suerte del proceso que se le seguía, dada la noción prevaleciente de camaradería y el propósito de reivindicar la actuación institucional. Pérez era un retirado, en servicio activo por convocatoria especial según el artículo 62 de la ley orgánica del personal militar. Fue jefe de la base entre 2003 y 2005. El Ministerio de Defensa ordenó que fuera sancionado, igual que el capitán de fragata Jorge Humberto Carrara, quien estuvo a cargo de Azul durante otra de las vacaciones de Febrés.

Nueve años de descontrol
Hay otros escándalos en el caso. Febrés pasó detenido nueve años en prisión preventiva, como otros represores, duración inadmisible de un proceso penal sin elevación a juicio. Según la jueza, los privilegios que se le concedieron eran la contraparte de la vigilancia que se ejercía sobre sus estados de ánimo y que permitieron asesinarlo cuando se disponía a revelar datos sobre la participación de oficiales de la Armada en el tráfico de hijos de detenidos desaparecidos que nacieron en su Escuela de Mecánica. Cuando sólo su situación fue elevada a juicio, Febrés se sintió abandonado por la Armada y escribió notas de las que la jueza infiere un cambio en su estrategia de defensa, ante la inminente condena. Hasta ese momento sostenía, como le dijo a un amigo, que "tengo un seguro de vida que es no hablar". Entre los objetos de Febrés había un plato de una unidad de inteligencia con los tres monos que significan no ver, no oír, no hablar. El defensor oficial de Febrés, Rodolfo Catinelli declaró que en marzo de 2006 su cliente lo recibió en compañía del jefe de inteligencia de la Prefectura, quien dijo que la elevación a juicio sólo de Febrés era un "globo de ensayo" lanzado por los marinos. Su camarada, el prefecto general Roberto Astiazarán, declaró que le había aconsejado que identificara a todos los marinos que estuvieron con él en la ESMA. El manuscrito que encontró la jueza dice "contar todo".

Prefectura y Armada
Sin embargo, la misma resolución de Arroyo Salgado reproduce declaraciones judiciales de Febrés en 1999 y 2001, en las que ya había declarado que la responsabilidad correspondía a marinos de jerarquía superior a la suya. Incluso identificó a varios de ellos: el almirante Rubén Chamorro, los capitanes de navío Jorge Perrén, Jorge Vildoza y el capitán de navío médico Ricciardi, el capitán de fragata Jorge Acosta y el oficial médico Jorge Magnacco (quien en 2005 fue condenado a diez años de prisión). La jueza da por supuesto que la Prefectura y la Armada siguen actuando en conjunto en el presente, que hay entre ambas comunión de intereses y que la Prefectura tiene "cierto nivel de inferioridad respecto de la Armada". Este es el punto débil de sus fundamentos, ya que pasa por alto los graves conflictos que en las últimas décadas han enfrentado a ambas fuerzas por el control de la pesca furtiva, las comunicaciones costeras, el ordenamiento de la navegación en canales y puertos, el despacho de buques, la seguridad de la navegación desde el punto de vista náutico, las habilitaciones como piloto de yates y en buceo, las tareas de búsqueda y rescate en ríos y el mar. En 2001 los marinos impulsaron un proyecto de absorción de la Prefectura, que el ministro de Defensa Horacio Jaunarena fundamentó en razones económicas. La Prefectura resistió y el proyecto fue rechazado en el Congreso por una mayoría que no aceptó confundir una vez más funciones de Defensa con otras de Seguridad Interior.

Un mal momento
Las autoridades de la Prefectura Zona Delta no trataban a Febrés como a un preso acusado por los más graves delitos, sino como a un superior jerárquico que estaba pasando un mal momento. Incluso comentaban en su presencia cuestiones operativas secretas. En los actos oficiales compartía la mesa principal con el jefe de la unidad, prefecto mayor Rubén Amado Iglesias, quien ahora está procesado como partícipe necesario en el homicidio. En la misma sede se realizó el almuerzo de su promoción, cuyos integrantes asistieron con sus esposas. Celebró allí el bautismo de sus nietos y dio una fiesta para agasajar a su esposa, Stella Maris Guevara, el día en que cumplió sesenta años. Entre sus visitas, que no eran registradas en los libros de la unidad, estaban los sucesivos jefes de la Prefectura, Juan José Beltriti y Carlos Fernández, a quienes ahora la jueza investiga. Cuando su amigo Víctor Hugo Giuliani pidió que lo registraran, Febrés ordenó que lo borraran. "Sos zonzo, vos. Si te anotan nadie viene a visitarme", le dijo.

Baño en suite
No habitaba una celda sino el departamento de dos ambientes con un baño en suite asignado al jefe de Logística de la unidad, que el procesado cerraba con llave desde adentro. Se comunicaba mediante un teléfono celular y dos de línea, pese a que su uso estaba restringido al personal, y por e-mail y chat desde una computadora con servicio de banda ancha. Los presos de la Armada en la causa ESMA perdieron ese privilegio luego de la muerte de Febrés y entienden que viola su derecho de defensa, como si los 60 mil presos en todo el país tuvieran computadora con acceso a internet en sus celdas. La jueza señaló que de esa manera se transgredía la finalidad de la prisión preventiva, que era impedir que eludiera la acción de la justicia o entorpeciera las investigaciones. Después de la muerte, Iglesias y Volpi la retiraron de la habitación y borraron el contenido de su disco duro. Las piezas que se conservan fueron grabadas antes de la desaparición de la máquina por la hija de Febrés. El procesado tenía libre acceso a todas las dependencias del edificio, incluyendo la terraza y la cancha de tenis, en la que jugaba junto con sus teóricos carceleros. Su esposa y sus hijos, el subprefecto Héctor Ariel Febrés y la diseñadora gráfica Sonia Febrés, lo visitaban sin limitaciones de horario ni duración. Se había colocado una segunda cama en el dormitorio, en la que muchas noches se quedaba a dormir su esposa. Durante la semana recibía visitas de sus amigos con quienes almorzaba en el casino de oficiales, servido por mozos de la Prefectura. Además le habían asignado un suboficial chofer, que llevaba a su esposa de compras.

Brindis con los amigos
Los sábados por la noche Febrés también recibía al coronel en actividad Eli Justo Tato y al comisario Luis María Díaz y a sus esposas. Los seis cenaban con bebidas alcohólicas y luego jugaban a las cartas hasta la madrugada, en una mesa con ocho sillas. El departamento también tenía horno de microondas y cafetera, televisor y reproductor de DVD. Cuando sus familiares y amigos se retiraban los acompañaba hasta la puerta como un buen anfitrión. A veces la familia o los amigos le traían alimentos que no eran controlados por la inexistente requisa. Otras, pedían delivery a una parrilla y una pizzería cercanas. El empleado que hacía la entrega llegaba hasta la habitación de Febrés sin ser controlado. La jueza considera inconcebible que se hubiera permitido al preso conservar una billetera con dinero, con el que pagaba esos consumos, una tijera, cinco trajes, un impermeable, sus documentos de identidad, su carnet de conducir, una tarjeta de débito, una botella de vermouth, un pomo de adhesivo sintético y enorme cantidad de medicamentos. Cada mañana le llevaban el diario a su habitación, nada de lo cual es permitido por la ley de ejecución de la pena privativa de la libertad y por los reglamentos penitenciarios y de manejo de detenidos de la propia Prefectura. Esas normas limitan la cantidad y duración de las visitas, los días y horas de la semana en que se admiten, y fijan rutinas de control para ellas y para los paquetes que porten. Sólo se permite ver al detenido en presencia del personal de custodia, que debe aguardar en la puerta de acceso del lugar de alojamiento. Cada visita debe anotarse en el Libro de Registros. "Cabe preguntarse si estaba realmente privado de su libertad", dice la jueza.

Man tan tiru liru la
El traslado a la base de Azul en tres de los nueve veranos de detención preventiva fue solicitado por su abogado defensor al juez federal Sergio Torres, aduciendo que en la Prefectura no podía seguir su tratamiento para la diabetes. Su señoría concedió la autorización sin la menor verificación ni en la Prefectura ni en la Armada. La resolución de la jueza Arroyo indica que en ninguno de esos alojamientos siguió ninguna dieta especial. En el registro de sanidad no consta que siguiera ningún régimen de medicamentos ni alimenticio, dos rubros que Febrés regulaba por sí mismo. En el expediente judicial por los crímenes de la ESMA no aparece que el juez haya consultado a la Prefectura si Febrés no podía seguir allí su hipotético régimen alimentario, ni a la Armada si estaba en condiciones de alojarlo ni en qué condiciones lo haría. Esto sugiere una connivencia del magistrado con cada una de las fuerzas.
En su indagatoria el prefecto Iglesias dijo que durante su desempeño como jefe de la Zona Delta ni Torres ni los jueces del Tribunal Oral Federal 5, Guillermo Gordo, Héctor Farías y Daniel Obligado, concurrieron a controlar las condiciones de alojamiento del detenido ni le impartieron órdenes al respecto. En julio del año pasado un marinero asignado a la Zona Delta informó acerca de las condiciones de detención de Febrés, pero el secretario de derechos humanos de la Nación, Eduardo Duhalde, retuvo durante cien días esa denuncia, y no comunicó su contenido al ministerio del Interior, del que dependía la fuerza de seguridad implicada. Recién al comenzar el juicio oral a Febrés se acordó de presentarla. La secretaría de derechos humanos arguye que Duhalde carecía de facultades para investigar. Esto no explica por qué demoró más de tres meses en comunicar los hechos a quien sí las tenía y por qué no pidió al ministro Aníbal Fernández que promoviera actuaciones administrativas para constatar la verdadera situación en la Prefectura. El juez Torres, que había instruido el sumario de la ESMA, se limitó a pedir informes al jefe de la unidad de Prefectura, quien le respondió que se cumplían todas las normas vigentes y se dejaba debido registro de cada novedad. La jueza Arroyo consignó en su resolución que nada de ello era cierto. Tanto las víctimas de los delitos de Febrés como el ministerio de Defensa habían solicitado que fuera trasladado a una unidad penitenciaria sin las prerrogativas y fueros especiales que la Constitución prohíbe, pero los jueces no hicieron lugar, sin fundamentarlo. Aníbal Fernández prohibió el alojamiento de detenidos en unidades policiales, por lo que es presumible que hubiera hecho lo mismo de haber sido puesto en conocimiento de la situación por Duhalde.
Diversos organismos de derechos humanos, encabezados por Adolfo Pérez Esquivel pidieron a raíz de ello el juicio político de los cuatro jueces. En cambio no hay un procedimiento de remoción establecido para un secretario como Duhalde, si su decoro no le impone alejarse. Cuando el Consejo de la Magistratura trate la situación de los jueces, Duhalde deberá explicar por qué retuvo la denuncia del marinero durante tantos meses. Hasta ahora el único funcionario jerárquico sancionado fue el entonces jefe de la fuerza de seguridad, prefecto general Carlos Fernández, quien debió renunciar y que ahora es investigado por la jueza.

¿Homicidio o suicidio?
Si bien aclara que está en una etapa preliminar de la investigación, la jueza descartó que Febrés se hubiera suicidado. Sin embargo, en el expediente constan varias referencias del entonces procesado a la posibilidad de quitarse la vida y el temor de dos amigos a que lo hiciera. Ningún peritaje psicológico fue solicitado para discernirlo. Sólo consta en el expediente el testimonio del sacerdote Diego Zupán, amigo y confesor de Febrés, quien no cree que se haya suicidado, dada su formación basada "en los pilares Dios, Patria y Hogar". La jueza computa a favor de su interpretación todos los pasos dados luego de la muerte para borrar pistas por Iglesias y por el encargado directo de la custodia de Febrés, el prefecto Angel Mario Volpi, también procesado por homicidio. Pero esa conducta también sería coherente con la hipótesis del suicidio, dado que la muerte de Febrés amenazaba con revelar todas las irregularidades del cumplimiento de su prisión preventiva, como de hecho ocurrió. Menos macabro, tampoco el suicidio hubiera sido posible en un contexto distinto, sin el descontrol reinante. Al procesar a la esposa y los hijos por encubrimiento, la jueza afirma que ayudaron a borrar rastros para no comprometer a Iglesias y Volpi, con quienes se sentían en deuda por los beneficios que les brindaron durante nueve años. Pero el argumento soporta mal el cotejo con la hipótesis del homicidio. Es difícil imaginar a dos hijos y una esposa protegiendo a los asesinos del pater familias. El avance del proceso determinará si lo mataron o se quitó la vida. En cualquier caso, la rigurosa investigación de Arroyo marca un punto de inflexión para las demás causas por graves violaciones a los derechos humanos. Jueces, funcionarios del gobierno y responsables de las Fuerzas Armadas y de seguridad deberán asumir de una vez que sus autores ya no pueden ser tratados con estos irritantes privilegios que, al mismo tiempo, comprometen su seguridad y obstaculizan la realización de justicia.

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